La privatización del agua avanza imparable

Primero privatizaron las empresas públicas (Aznar) y ahora Rajoy privatiza la enseñanza, la sanidad, la justicia y hasta el agua: ya son más de la mitad los Ayuntamientos que han privatizado la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración del agua a 25 millones de españoles. Un servicio que se reparten casi en exclusiva dos empresas (Agbar y FCC-Aqualia), que aspiran a gestionar el 70% del agua. Para los Ayuntamientos, es una tentación cobrar en mano un alto canon por ceder la gestión durante 30 años y dedicar ese dinero a tapar agujeros. Pero para los usuarios, la privatización ha supuesto una fuerte subida de tarifas, menos inversiones en infraestructuras y peor calidad del agua (somos el tercer consumidor europeo de agua embotellada). El agua no es una mercancía, sino un bien esencial con el que no se debe hacer negocio. Y menos si tiene que duplicar su precio para equipararlo con Europa.

enrique ortega a partir de un vinilo de chispun

La privatización de la gestión del agua, acelerada desde 2009, supera ya el listón de la mitad de los Ayuntamientos españoles, tras los últimos casos en 2012 y 2013: Lugo (85.000 habitantes), Puerto de Santa María (85.000), Barcelona (adjudicación –paralizada- a Acciona del servicio en alta de Aigues del Ter Llobregat, con 4,5 millones de clientes en el área metropolitana de Barcelona) o Jerez de la Frontera (206.000 habitantes), junto a miles de pueblos pequeños como Candeleda (Ávila) o Laguna de Duero (Valladolid), en medio de una creciente protesta ciudadana. Y en Europa, las protestas contra la privatización del agua en varios paises han llevado un millón de firmas a Bruselas.

Una lista que se suma a las 33 capitales de provincia que ya tienen privatizada la gestión del agua: Barcelona (desde hace 70 años), Tarragona, Lleida, Girona, Teruel, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Huelva, Jaén, Granada, Almería, Guadalajara, Toledo, Ciudad real, Albacete, Cáceres, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Melilla, Ávila, Salamanca, Zamora, León, Palencia, Valladolid, Soria, Santander, Oviedo, Orense y Pontevedra. Y miles de pequeños municipios, sobre todo menores de 50.000 habitantes. En total, tienen privatizada la gestión del agua un 53% de los municipios (38% privada y 15% mixta). Y ya son 25 millones de españoles a los que les gestiona o envía su recibo del agua una empresa privada.

Para los Ayuntamientos, privatizar la gestión del agua ha sido “una gran tentación”: una empresa llega con 80 millones bajo el brazo, a pagar ya, por la concesión del servicio del agua durante 30 años. Los ediles cogen el dinero y tapan agujeros, gastándolo en todo menos en el agua. Resuelven por hoy una parte de sus problemas y el que venga detrás que arree (es una hipoteca por 30 años). La excusa es que necesitan dinero, pero también hay un componente ideológico: la mayoría son alcaldes del PP, que creen que lo privado es mejor que lo público por definición. Así, la alcaldesa de Jerez (PP) lo intentó en 2003 y cuando ha vuelto al poder, en 2011, lo anunció a los tres meses de tomar posesión.

La privatización del agua ha creado una “burbuja hídrica”, inflada por constructoras que han cambiado el ladrillo por el agua. Un duopolio que se reparten Agbar (45% mercado, 13 millones de clientes) y FCC-Aqualia (34%, 9 millones de clientes), con Acciona (2,9 millones abonados). Para ellas, es un doble negocio: construcción de infraestructuras y gestión del agua. Un negocio redondo: pagan un canon y se aseguran durante 20, 30 y hasta 50 años unos recibos seguros (el 95% se pagan), a unos precios que se revisan anualmente. En Jerez, por ejemplo, FCC-Aqualia paga 80 millones (en un año) por gestionar durante 25 años un servicio de aguas que ganaba 9 millones al año (9x25= 225 millones). Un chollo. Y más si cuenta con la garantía de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: tiene que haber un equilibrio económico-financiero y si el contratista pierde dinero, el Ayuntamiento debe permitirle resarcirse subiendo tarifas.

El problema de la privatización es doble. Por un lado, se privatiza la gestión de muchas empresas municipales que ganan dinero, sólo para conseguir liquidez. Por otro, las empresas privadas pagan el canon con créditos bancarios, con la garantía de las tarifas que van a cobrar. Así que el usuario paga por tres conceptos: el coste del agua, el pago de los intereses del crédito (este es un negocio también para bancos y Cajas) y el beneficio de las empresas (el sector del agua gana unos 1.000 millones). Por ello, las empresas privadas suelen subir más las tarifas tras la privatización: es lo que ha pasado en Huelva (subida tarifas +40,7% desde enero 2011), San Fernando (+117% desde 1.974) o Barcelona (+27% en 2013).

Pero hay más pegas. La primera, que las empresas rebajan sus inversiones en agua, para conseguir beneficios. Y eso repercute en el servicio (cortes, presión) y en la calidad del agua. De hecho, se ha duplicado la venta de agua embotellada en las dos últimas décadas y España es el tercer consumidor europeo (136,5 litros per cápita). Y lo peor, no están interesadas en el ahorro de agua: cuanto más consumo, más facturación y más beneficios. Además, en muchos casos, no se controla bien su gestión y le dedican menos recursos de los que obliga la concesión. Por todo, la gestión privada del agua es menos eficiente que la pública, según un estudio realizado en Andalucía por la Universidad de Granada.

Y más cara. En los últimos años, las tarifas han subido entre un 24% (Madrid) y un 100%, más en las que tienen la gestión privatizada. En 2012, el precio medio estaba en 2,87 euros por m3, tras subir un 5%, según FACUA, cuyo estudio revela que el precio del agua es tres veces más caro en unas ciudades (Murcia, Cádiz o Palma) que en otras (Valladolid). Critican que no haya una tarifa según el número de miembros de la familia y no se penalicen más los consumos excesivos. Y que cada Ayuntamiento haga lo que quiera con el agua. De hecho, muchos expertos piden  una Agencia estatal del Agua, que ponga orden y transparencia, como existe para la luz y el gas (Comisión de la Energía) o en la telefonía (CMT). Debería establecer obligaciones de suministro, fijar estándares de calidad, homogeneizar recibos, vigilar tarifas y asegurar una gestión transparente y eficaz del agua.

Pero no se va por ahí y la previsión de las propias empresas es que sigan las privatizaciones hasta conseguir el 70% del mercado en 2014, tras varios concursos sustanciosos que están esperando: Vitoria, Zaragoza, Burgos, mancomunidad de Canales de Taibilla (79 municipios y 3 millones de abonados en Alicante, Murcia y Albacete) y sobre todo Madrid: en 2012 se paró la privatización del Canal de Isabel II (6 millones abonados), pero el presidente Ignacio González está empeñado en hacerlo para 2014.

El problema del agua no es sólo su gestión, que ha de ser eficaz. Hacen falta grandes inversiones (16.000 millones), sobre todo para depuración (Bruselas nos obliga a construir un millar de pequeñas depuradoras, el 20% que falta) y alcantarillado (está hecho un desastre y es causa de  muchas inundaciones), así como para modernizar viejos abastecimientos. Y esto obliga a subir tarifas, que, de media, sólo cubren el 70% de los costes: habría que duplicar el precio del agua en unos años, para homogeneizarlo con Europa. Pero los usuarios no podemos, además, pagar más para financiar las privatizaciones.

Hay que pagar más por el agua, para asegurar el suministro y la calidad. Vale. Pero no para pagar el beneficio de las constructoras privadas. Pagar más con transparencia y control público de inversiones y tarifas. Con facturas claras como el agua.

Infraestructuras: un recorte suicida

Uno de los mayores tajos del Presupuesto 2012 se da a la inversión en infraestructuras, por tercer año consecutivo: España va a invertir en obras públicas la mitad que en 2010. Se trata de la mayor paralización de obra civil de las últimas décadas, lo que se traducirá en más paro, cierre de empresas y pérdida de competitividad. No se trata de hacer obras faraónicas, sino salvar la brecha con Europa en transportes, comunicaciones, obras hidráulicas, depuradoras de aguas y equipamientos sociales. Hace falta pactar un Plan de infraestructuras para una década y pelear con Bruselas para financiarlo, con créditos y ayudas europeas, que se acaban. Nos jugamos la competitividad y el futuro.

Hemos pasado de un extremo al otro en tres años: de ser el país de Europa que más invertía en infraestructuras (unos 25.000 millones al año en el boom 2004-2008) a recortar la inversión a menos de la mitad (- 20.000 millones en los últimos 3 años). De la burbuja de las infraestructuras, con obras faraónicas por doquier, a no tener presupuesto para hacer depuradoras, arreglar viejas carreteras o terminar obras hidráulicas contra la sequía.

En el Presupuesto 2012, la inversión en infraestructuras de Fomento (11.386 millones) cae un 22,2%, que se suma a los recortes de 2011 (-31,7%) y 2010 (-19%), con lo que es ya la mitad que hace dos años (21.240 millones en 2010). El mayor tajo se lo llevan las obras hidráulicas     (-36,3%), cuando España tiene un serio problema de sequía y Bruselas nos ha llamado la atención por la mala depuración de las aguas residuales. También caen las inversiones medioambientales (-64% en 2 años) y en puertos (-33,1%), donde ha habido un exceso de hormigón. Sube la inversión en carreteras (+7,8%), aunque apenas hay dinero para conservación: 873 millones, la mitad de lo que haría falta, según la Asociación Española de la Carretera, que denuncia que tenemos” la peor red de carreteras en 25 años”.

La mitad del presupuesto se lo lleva el ferrocarril, sobre todo la alta velocidad (4.187 millones para el AVE), con fuertes inversiones en los accesos a Galicia (1.217 millones) y al País Vasco (1.080 millones AVE Norte), donde habrá elecciones en 2013. Y 135 millones  para el AVE a Extremadura, que ya no continúa a Portugal. El Gobierno Rajoy (gallego como la ministra de Fomento) apuesta por llevar el AVE a Galicia, más de 10.000 millones para una dudosa inversión: no llegará a 2 millones de pasajeros cuando harían falta más de 3 (en el primer trimestre, el AVE Orense-Santiago-A Coruña ha transportado una media de 68 pasajeros por tren). Mientras, Cercanías se lleva sólo 28,5 millones del Presupuesto 2012, aunque las utilicen millones de pasajeros. Y la mayoría de los puertos y aeropuertos siguen sin conexión con el ferrocarril.

A este recorte de 3.300 millones en Fomento hay que sumarle el de autonomías y Ayuntamientos, con lo que el tajo serán unos 8.000 millones, que van a provocar unos 150.000 despidos y la asfixia de muchas empresas. Sobre todo, porque hay muchas obras ya comprometidas (1.700 millones heredados en carreteras y 28.000 millones en ferrocarril, según Fomento), con lo que apenas habrá obra nueva. Y eso supone la puntilla para las empresas, que ya han sufrido una drástica caída de la licitación pública: de 47.198 millones en obras públicas (2006) se ha pasado a 13.659 (2011).

Este tijeretazo en las obras públicas se da en un país que todavía tiene un gran retraso de infraestructuras frente a Europa. La propia patronal CEOE ha pedido al Gobierno que se inviertan 80.000 millones en infraestructuras en 5 años, en tres frentes. Uno, construir 5 corredores ferroviarios (Bruselas sólo va a ayudarnos a financiar el Mediterráneo y el Atlántico), invirtiendo 50.000 millones, para duplicar el transporte de mercancías por tren (van sólo el 4%, frente al 11% en Europa). Dos, invertir 16.000 millones en el ciclo del agua, con infraestructuras y depuradoras. Y tres, invertir en equipamientos sociales: 4.600 millones en 30 nuevos hospitales y 10.000 millones en residencias de ancianos (en Dependencia podrían crearse un millón de empleos, según CEOE).  

Para financiar estas obras, los empresarios plantean invertir ellos la mitad, a cambio de concesiones, tarifas y créditos. El Gobierno Rajoy está preparando para julio un Plan de infraestructuras 2012-2024, donde contempla invertir 225.000 millones (unos 16.000 al año, frente a los 20.000 de los ocho años anteriores). Para financiarlo, contempla pedir créditos al Banco Europeo de Inversiones (BEI), abrir una línea de crédito oficial (ICO) y buscar capital privado, a cambio de darles concesiones y privatizar la gestión de las obras (ya lo han hecho con hospitales y residencias).

Hay que volcarse en este Plan, porque es la última oportunidad para recuperar el retraso en infraestructuras frente al norte de  Europa, con quien tenemos que competir. Y la última oportunidad de optar a fondos europeos (los de cohesión se nos acaban en 2014). Invertir en infraestructuras que hagan falta es clave para relanzar la inversión, el empleo (18 empleos por cada millón invertido) y los ingresos públicos (580.000 € de ingresos fiscales y menos gastos en desempleo por cada millón invertido). Y para conseguir una industria y un transporte con menos costes y menos consumo de energía, más competitivos.

Ha habido muchos excesos: AVEs sin viajeros, autopistas sin coches, puertos sin barcos o aeropuertos sin aviones. Pero recortar la inversión en infraestructuras es un suicido para un país en recesión, que va camino de los 6 millones de parados y que todavía tiene retrasos frente a Europa en transportes, comunicaciones, gestión del agua, equipamientos y medioambiente. Hace falta un gran Pacto de infraestructuras para una década  y sumar esfuerzos para financiarlo. Y pelear con otros países de la Europa del Sur para conseguir más fondos europeos. El Plan Marshall del que se habló en la Cumbre europea de enero y que quedó en agua de borrajas. Un Plan de grandes obras para salir de la recesión invirtiendo en futuro. No podemos esperar más.