Más dinero para impulsar la Dependencia

Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503 dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación (muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera  y mejorar ayudas y servicios. Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda.

                              Enrique Ortega

Este 2026 se cumplen 20 años de aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 para garantizar ayudas y servicios a los dependientes, en su mayoría mayores. Es la 4ª pata del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), pero ha resultado una “pata coja”: ha atendido a 4 millones de personas dependientes, pero otro millón más de dependientes se han muerto sin recibir ninguna ayuda, por una falta de financiación y un exceso de burocracia, que mantiene unas altísimas listas de espera: a finales de mayo, 265.503 dependientes estaban “desatendidos” (+7.293 más que a finales de 2025), a la espera de ser valorados (110.108) o de recibir una ayuda o servicio que tienen legalmente reconocido (otros 155.352 dependientes “en el limbo”). Y este año, hasta mayo, 13.503 de estos dependientes han fallecido esperando…

Los problemas de la Dependencia tienen su origen  en la escasa financiación con que nació la Ley y su falta de recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho” (ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para reforzar la Dependencia (+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto estatal de 1.347 millones en 2018 a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los mayores dependientes.

En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734 millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758 millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976 millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos (sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado atender a los dependientes con tres “trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender” a más con poco.

La primera medida o “truco” es implantar unos trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110 días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.

Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”: retrasar la concesión efectiva de esas ayudas a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen más de 80 años, muchos se mueren antes.

El tercer “truco” de las autonomías para atender con recursos escasos a más dependientes es buscar ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785 dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares del dependiente (4 de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”, con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día (ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros, de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el “copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una ayuda  para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los dependientes) son los Centros de día y noche, costosos y escasos.

Como se ve, las ayudas son escasas y además son incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos (copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las familias en la sanidad y la educación.

Ante este panorama (escasa financiación, listas de espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para “hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron 11 autonomías en 2021, 9 en 2022 y 6 en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre autonomías. Así, la inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España, pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía (7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900). Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384 euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684), Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y  la Rioja (10.282 euros).

Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan de choque para gastar  6.200 millones más en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513 millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia en 2027, como pedían las autonomías.

El Plan de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el 1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno es aumentar “el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes dependientes”), la ayuda actual  subirá de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia severa”), la ayuda  pasará de los 130 euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.

Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021, cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el “nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19 millones en 2024,2025 y 2026, la misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de este “nivel acordado”: es lo que les pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).

La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a medias) es el “nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una prioridad, como puede verse en su inversión en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco (479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias (366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178 euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid (251) y Aragón (255).

El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en la Dependencia tiene 3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además de ser una exigencia social, el Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.

Los Directores de Servicios Sociales creen que la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios: procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus familias”.

Al final, la Dependencia nos afecta a todos, porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en 2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.

Drástico recorte a los ancianos en Dependencia

El superrecorte de Rajoy no sólo afecta al IVA, funcionarios, parados, jóvenes o autónomos. Gobierno y autonomías han dado un tajo a las ayudas a los dependientes (ancianos y discapacitados): habrá 6.000 millones menos en dos años, se recortan prestaciones, sube el copago y muchos ancianos tendrán que esperar dos años más para recibir alguna ayuda, con riesgo de morirse antes. El sector cree que con estas medidas se deroga en la práctica la Ley de Dependencia, un derecho reconocido desde 2007 y que siempre ha tenido una financiación escasa, aunque beneficia a 768.000 dependientes, la mitad mayores de 80 años . El problema es cada vez habrá más personas mayores necesitadas de cuidados que no pueden prestarles sus familias. Y faltan recursos, residencias y voluntad política para atenderles dignamente, después de toda una vida trabajando. Un drama que debería conmocionarnos.

Hay unos 3 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos, entre ancianos y discapacitados. La  Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, ha concedido alguna ayuda a 1.364.732 dependientes o a sus familiares. Pero siempre ha tropezado con falta de recursos, ya que Zapatero la gestó en pleno boom sin una financiación clara. Y en los dos últimos años, con la crisis y los recortes, la Ley estaba casi paralizada: apenas entraban beneficiarios e incluso se morían más de los que entraban. Y las autonomías, que gestionan la Dependencia, han tratado de salir del paso y reducir el gasto retrasando expedientes y ayudas.

Así, la Ley de Dependencia agonizaba entre cuatro problemas graves. Uno, que junto a 768.611 dependientes que reciben ayudas o servicios hay otros 258.951 que tienen el derecho reconocido pero que están “en el limbo”, a la espera de recibir la ayuda, algunos más de los 6 meses legales de demora. Otro, que dos tercios de los dependientes son atendidos en su casa, por un familiar (46%), ayuda a domicilio (12%) o teleasistencia (12,7%) y sólo el 26 % de los grandes dependientes van a Residencias (y un 6% a Centros de día). La razón es simple: pagar a un cuidador cuesta entre 300 y 800 euros y una Residencia (que no hay) le sale a la autonomía por 1.800. Otro problema es que el Estado aporta cada vez menos a la Dependencia: financia un 30 %, lo que obliga a una mayor aportación de las autonomías (60%), dado que los dependientes tienen pocos recursos (aportan el 10%). Y con ello, cada autonomía hace su política: la atención al anciano depende de dónde viva. El sector da buena nota a Castilla y León (9,6 puntos), País Vasco (7,9) y Andalucía (7,5), mientras suspende a diez autonomías, sobre todo la Comunidad Valenciana (0,4 puntos), Canarias (2,1) y Baleares (2,5).

Al final, la falta de recursos ha creado un sistema perverso: se retrasan los expedientes, se endurecen las condiciones, se retrasan las entradas (se mueren los solicitantes) y se buscan los servicios más baratos (familiares) para “atender” al mayor número de ancianos posible con el menor presupuesto. Y ahora, el Estado ha impuesto a las autonomías recortes y cambios, coincidiendo con el superajuste de Rajoy, que dan la puntilla a la Ley Dependencia.

El primer recorte, aprobado el 13 de julio, son 195 millones menos que el Estado dará a las autonomías (-13% por dependiente) y que se suman al recorte de 283 millones para la Dependencia aprobado con el Presupuesto 2012. Además, el Estado ahorrará otros 220 millones al dejar de pagar la cotización a la Seguridad Social a los cuidadores familiares, unas 180.000 personas (en su mayoría mujeres, hijas y esposas), que así podían un día tener derecho a pensión y que ahora se lo tendrán que pagar ellas.

Con otras medidas, son las autonomías las que ahorran a costa de la Dependencia. Por un lado, recortar un 15% o más (como ya ha dicho Castilla y León) lo que pagan a los cuidadores familiares de los dependientes (cobran una media de 400 euros al mes), con lo que ahorrarán 285 millones. Se empeoran y reducen servicios (sobre todo ayuda a domicilio) y se hace incompatible recibir varios (por ejemplo, ir a un Centro de día y la ayuda a domicilio, aunque el anciano no pueda levantarse y asearse sólo para ir al Centro). Y se les da un plazo de 8 años para compensar a los dependientes que reciben ayudas con retraso (antes, con más 6 meses de demora y ahora, con más de 2 años).

Hay otras medidas de más calado. Una, simplificar los baremos, en tres niveles (grandes dependientes, dependencia severa y dependencia moderada, ésta sin ayudas), quitando los dos grados que había en cada uno, con lo que se puede caer más fácilmente de un nivel a otro (más barato). Dos, retrasar hasta julio 2015 (al menos) las ayudas a los dependientes moderados (30.000 al año). Tres, y más importante (permitirá ahorrar 5.000 millones), retrasar dos años el tiempo en que se pueden conceder las ayudas sin generar atrasos: un 54% de los dependientes (260.000 en espera y 60.000 más en dos años) tienen más de 80 años y su esperanza de vida es 3 años, con lo que ahora serán más los que morirán (10% cada año, unos 16.500 en total) sin recibir ayuda .Y por último, se sube el copago de los servicios de los dependientes, según sus ingresos (incluyendo el 5% del valor de su casa), quedando entre el 40 y el 90%.

Al final, el tajo (6.000 millones largos) supone “la derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, según el sector, que habla de “medidas desalmadas y crueles“ con los ancianos. Y eso cuando España gasta la mitad que otros países de la OCDE en dependencia, 6.450 millones en 2011, mucho menos que en los otros tres pilares del Estado del Bienestar: Sanidad (88.828 millones), Pensiones (85.800 millones) y Educación (52.000 millones). Una cifra que se va a multiplicar por seis en las próximas décadas, según la OCDE, ya que España será el país más envejecido de occidente a partir de 2021: los mayores de 65 años se van a duplicar, superando los 15 millones para 2050. Y de ellos, un 46% necesitarán atención, el doble que ahora, según un estudio del CSIC.

En definitiva, vamos a tener cada vez más ancianos, que vivirán más y necesitarán más cuidados: en 2050, un 12 % de los españoles tendrán más de 80 años. No podemos limitarnos a hacer recortes y a la beneficencia más urgente. Hay que hacer un gran pacto político para financiar la Dependencia, que además crea empleo (la patronal CEOE estima que habría que invertir 10.000 millones y podrían crearse un millón de empleos), devuelve ingresos (40% de la inversión en impuestos y cotizaciones) y reduce gastos sanitarios. Hay que buscar ingresos ad hoc, desde recargos a cotizaciones, como propuso la Comisión de Expertos. Pero sobre todo, no podemos dejar tirados a nuestros mayores: se han ganado con creces nuestra ayuda.  

El cuidado a los ancianos, en el aire

Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia. Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda  312.000 personas con derecho reconocido. Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia “no es viable” y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.

enrique ortega

La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los 3 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos. El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas. Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.

Y algo más grave: hay 8 autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes,  a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).  

En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios). Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.

Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos. Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.

El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su “empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla”. Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.

Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia “no es viable”, lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas. De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.

Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados  estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).

Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.