Esta semana vuelven a
las aulas la mayoría de los 8,25
millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Será otro curso “extraño”, donde los alumnos irán con mascarilla y los 30.000
centros
se reconvertirán para reducir contagios. Pero lo hacen sin
medios: no les han llegado los 2.000 millones prometidos por el
Gobierno ni han contratado más profesores
(sólo 20.000 de los 30.000 prometidos, cuando faltan 70.000) y sin material informático para impulsar la
enseñanza online (hasta finales de septiembre no les llegan los 500.000
ordenadores prometidos). Y con un reparto de alumnos por aula diferente en cada autonomía. Así que la
vuelta a clase será un riesgo más de contagios, que intentarán paliar los
centros y familias, que esperan nuevas ayudas para cuidar niños en
cuarentena. Al final, el coronavirus revela lo vulnerable que es
nuestra educación, tras años de
recortes: sin medios, sin inversión,
sin digitalización. Hay que aprovechar la pandemia para volcarse en los colegios y cambiar el modelo educativo (manifiestamente mejorable).
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| enrique ortega |
Por una vez, íbamos a ser un país previsor: el 11 de junio, el Ministerio de Educación
y las 17 autonomías fijaron unas
normas comunes para abrir los
colegios este curso (sólo con la oposición o abstención de Madrid, Euskadi y
Cataluña). Se publicaron en el
BOE el 24 de junio, dos meses y medio
antes del comienzo de curso, con tiempo para que las autonomías y los
colegios se prepararan. La recomendación era crear grupos de 15 niños hasta 4º
de Primaria (grupos “burbuja”, aislados del resto) y 20 alumnos por clase en el
resto, lo que suponía hacer desdobles de clases y buscar nuevos lugares para
colocar los nuevos grupos. Y en los casos de alumnos más mayores, una enseñanza
presencial y online. Y para facilitar esta reconversión, el Gobierno prometía a
las autonomías un Fondo de 2.000
millones de euros, a repartir según el número de alumnos de cada región (ver
reparto del Fondo por autonomías).
Hasta ahí todo bien. El problema han sido los rebrotes y la
segunda oleada de contagios en julio y sobre todo agosto, con lo que la
vuelta al cole se complica: porque cuando se publican las normas
(finales de junio) hay 141 nuevos contagios
diarios y el 14 de agosto tenemos ya 2.987
contagios diarios (22 veces más). Y las familias y la opinión pública se
asustan sobre la vuelta al
cole en estas condiciones. Y sobre todo los centros, porque
directores y profesores saben que no se ha hecho casi nada: ni se han
preparado los desdobles, ni se han hecho nuevas contrataciones ni han mejorado
las plataformas informáticas. Las autonomías no han avanzado en los protocolos
y los
2.000 millones no han llegado.
El 25 de agosto, el
presidente Sánchez comparece para llamar a la calma, para comprometerse a que la
vuelta al cole será “segura”. Y el Gobierno (ministerios de Educación y
Sanidad) y las autonomías vuelven a reunirse, el 27 de agosto, para aprobar otras
normas de vuelta al colegio (como si no estuvieran las del 11 de junio), a la vista de la 2ª oleada de contagios y de
los medios realmente disponibles. Y aprueban 29 medidas y 5 recomendaciones (verlas
aquí) que, en esencia, son las de junio más una importante: la obligación
de que los alumnos lleven mascarilla a
partir de los 6 años. Y normas más estrictas de distanciamiento e higiene, más
test masivos a profesores. Pero ya no se habla de 20 alumnos por clase, porque
se sabe que es imposible conseguirlo en días, dado que no se han contratado los
30.000 nuevos profesores previstos ni ha llegado el dinero para los desdobles y
el reforzamiento de la enseñanza digital.
Con estas
segundas normas, que ahora
apoyan todas las autonomías, cada Gobierno regional aprueba unas normas
propias, con criterios comunes pero con muchos otros diferentes (ver
aquí). En especial, los ratios, el número de alumnos por clase.
Así, Madrid
aprueba 20 alumnos por clase en infantil y primaria (en junio se
recomendaban 15), lo mismo que Asturias, la Comunidad Valenciana o Murcia,
mientras Galicia, Murcia, Navarra y Castilla y León aprueban 25 (y Castilla y León
entre 22 y 25). Y en el caso de 1º y 2º de la ESO, bajan los alumnos de 30 a 23, mientras otras autonomías los dejan
entre 25 y 30 (cuando en junio se recomendaban 20). El problema es que las autonomías y sus centros educativos no han preparado los “desdobles”
(hacer de 2 clases 3, por ejemplo), porque eso exige invertir en obras en los
centros y contratar más profesores.
Para eso estaba destinado el Fondo de 2.000 millones (a fondo perdido, sin tener que
devolverlos) que el Gobierno Sánchez aprobó
el 16 de junio. Pero ese Fondo no ha
llegado y todo apunta a que Hacienda no lo transferirá hasta finales de
septiembre. Con ese dinero, las autonomías iban a promover obras de
trasvase y contratar 30.000 nuevos profesores para los centros públicos y
concertados (1,5 profesores por centro, muy poco). Y ahora, cuando el curso
comienza, sólo
se han contratado unos 20.000 profesores de refuerzo (con cargo a
las debilitadas cuentas autonómicas), básicamente en la Comunidad Valenciana y
Asturias (Madrid prometió contratar 10.000, pero no
han llegado).
Sin desdobles y sin más profesores, los centros educativos han
tirado de imaginación para repartir alumnos y guardar distancia de
seguridad, a costa de un mayor trabajo de los profesores y la colaboración de
alumnos y padres. La mayoría tampoco puede contratar
una enfermera/o, que ayudaría a
la prevención: en Madrid, por ejemplo, sólo el 20% de los centros educativos
cuentan con un enfermero/a. Y los centros han tenido que pedir a los
Ayuntamientos ayuda para la limpieza
y desinfección continua que
necesitan.
Otra inversión que no se ha hecho en la mayor parte de
centros es en crear plataformas online
para la enseñanza a distancia, que podría complementar la enseñanza presencial
a partir de 2º de la ESO. Muchos centros carecen de los medios necesarios, al
igual que muchos alumnos, sobre todo los de familias más desfavorecidas. De
hecho, España está a la cola de la OCDE
en accesibilidad a la educación online: ocupamos el puesto 24º en un
estudio sobre 30 paises desarrollados, con un 78,4% de alumnos que
tienen ordenador en casa, frente al 95% en Noruega, el 97,6% en Holanda, el
92,9% en Alemania, el 84,1% en Francia o el 72,5% en Italia. Y además, somos el
14º país con el acceso a Internet más caro. Para paliar este retraso digital,
el Gobierno aprobó el 16 de junio el
Plan Educa Digital, para dotar a los colegios de 500.000 ordenadores y
tablets. Pero no ha llegado ninguno y se
retrasarán hasta finales de septiembre o en octubre, por problemas en los
contratos de suministros.
Al final, mejorar la seguridad de los centros educativos
ante el COVID 19 no es sólo cuestión de mascarillas y distancia de seguridad: exige
invertir. Para reducir los alumnos por clase a 20, habría que contratar 70.746 profesores (no los 30.000 previstos), según
un reciente estudio de CCOO. Y además, hay que invertir en renovar físicamente
los centros, en crear plataformas digitales, comprar equipos informáticos y ordenadores
para los alumnos más vulnerables, una factura total que CCOO
estima en 4.666 millones de
euros.
Y no basta con esto. La pandemia y la vuelta a clase va a
afectar mucho a las familias, sobre
todo cuando aparezcan brotes
en algunas aulas y centros, que obliguen a la cuarentena de alumnos
y al posible cierre temporal de clases y centros. Por eso, se va a ampliar el
Plan MeCuida, que hasta el 20 de
septiembre permite a los padres negociar con la empresa una reducción de
horario (incluso hasta el 100%) en caso de que se tengan que quedar en casa
para cuidar un hijo que está en cuarentena. Y también es posible reducir la jornada
laboral (reduciendo el salario). Pero el Gobierno estudia ir más allá y quiere
aprobar pronto una medida nueva: que los padres se cojan una baja
laboral en caso de cuarentena de sus hijos (aunque tengan PCR negativa).
La medida exigirá que esa baja la pague la Seguridad Social (ahora la pagan las
empresas los primeros días y no
quieren) y puede crear un problema a los médicos de familia que la dan y
que están hoy saturados de trabajo.
Al final, los colegios, las familias, las autonomías y el
Gobierno “cruzan los dedos” para que la vuelta a las aulas no dispare los
contagios. Hay dos cosas claras. Una, que las medidas de prevención tomadas en los colegios son incluso mayores
que en otros ámbitos, desde la calle a los centros de trabajo a los
transportes y la hostelería. Y la otra, que los contagios en niños son bajos:
sólo el 3,4% de los niños diagnosticados
de COVID 19 contagiaron a sus familiares, según un reciente estudio
realizado por el Hospital Vall D´Hebron. En cualquier caso, son 8.250.000
niños y adolescentes, junto a sus familias, un colectivo demasiado grande como
para no preocuparse seriamente. Pero la otra opción, cerrar los colegios,
es demasiado drástica y les afectaría muy profundamente. Así que hay
que elegir entre los riesgos y la necesidad ineludible de educar a nuestros
hijos.
Eso sí, habría que aprovechar
esta pandemia para cambiar la
educación que tenemos porque es claramente mejorable: somos líderes en Europa en abandono escolar, tenemos el tercer mayor porcentaje de alumnos repetidores y estamos en el
puesto 17 de 19 paises europeos en el informe PISA. Y todo ello, por nuestra
baja inversión en educación (el 4% del PIB frente al 5% de media en Europa:
11.000 millones menos de gasto cada año) y por el modelo de enseñanza que
tenemos, demasiado “memorístico” y asentado en enormes temarios más que en
desarrollar habilidades y fomentar el razonamiento. Quizás ahora, cuando los
colegios se plantean cómo rehacer los
temarios (el tercer trimestre del curso pasado no se dio completo, al estar
los colegios cerrados y hacer la enseñanza online), sea el momento de reajustar los programas, centrándose en
enseñar lo fundamental y desarrollar que los alumnos busquen, discurran,
piensen, no sólo memoricen. Y a todo eso puede
ayudar la enseñanza online, en las edades superiores: trabajos conjuntos,
investigaciones, análisis… Una enseñanza más útil para lo que les van a exigir
mañana los nuevos trabajos.
Pero, sobre todo, hay que aprovechar la pandemia para volcarse en la educación, que ha estado
desatendida
estos años y ha sufrido especialmente los
recortes (como la sanidad): la educación perdió 9.000 millones de euros
entre 2008 y 2015, con 2.214 docentes menos que hace una década y un 62% más de
profesores precarios que en 2009. Y además de gastarse poco en educación, se
gasta de forma muy desigual por autonomías: el País Vasco invierte 6.502 euros por alumno, un 60% más que Madrid (3.945 euros por alumnos).
Es hora de negociar un Pacto de Estado por la Educación, para acordar un suelo de gasto (el 5% del
PIB), más medios y más profesores, y sobre todo pactar un nuevo modelo de enseñanza, al margen de la política. De hecho,
en el Congreso se está debatiendo la
nueva Ley de Educación, la
LOMLOE (la 8ª de la democracia), aprobada por el Gobierno el 3 de marzo, y
cuenta con la
oposición del PP, Vox y Ciudadanos. Habría que intentar acuerdos políticos para que
si se aprueba, ya para el curso
2021-2022, sea por casi unanimidad.
En definitiva, que hay
que volver al cole, aunque la seguridad al 100% sea imposible y los riesgos parezcan enormes. Pero hay que
exigir al Gobierno y las autonomías que
se coordinen más, que doten a
los centros de medios, profesores y
equipos informáticos y que ayuden a las familias a conciliar el trabajo con ser
padres. Tenemos muchos retos como país, pero las 2 prioridades deben ser la salud y la educación. En eso hay que
volcarse.
