Gasto sanitario muy desigual por autonomías

En los últimos meses, se han multiplicado en media España las manifestaciones y protestas  de sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o necesita cambios. Y  la peor valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco, Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000 enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.

                        Los hospitales se llevan el 62% del gasto sanitario público

La mayoría de españoles ven claro el deterioro de la sanidad pública, agravado tras la pandemia, aunque son una amplia mayoría los que prefieren que les atienda la sanidad pública antes que la privada si tienen un problema grave. El último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por Sanidad y el CIS, refleja una nueva pérdida de confianza de los españoles en la sanidad pública: el 20,2% de los encuestados opina que funciona “mal” (en 2009 eran sólo el 4,1%) y el 27,1% creen que necesita cambios (23,3% en 2009), aunque todavía el 51,7% señalan que “funciona bien” (eran el 72,1% en 2009). A la hora de valorar la sanidad pública, la nota media que dan es 6,02 sobre 10, muy por debajo de los 6,74 puntos que daban en 2019. Eso sí, la nota varía mucho por autonomías. Es mucho más baja en Andalucía (5,37), Ceuta (5,39) Melilla (5,56), Canarias (5,77), Castilla la Mancha (5,99) y la Comunidad Valencia (5,99 sobre 10). Y dan la mejor nota a la sanidad pública de Cantabria (6,68 puntos), País Vasco (6,54), Castilla y León(6,40), Murcia (6,38), Rioja y Baleares (6,35 sobre 10).

Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019). Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95 días).

La atención de los especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10), debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista (128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria (7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el 061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población, frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias, una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención primaria y especialistas.

A pesar de estas valoraciones a la baja de todos los servicios, el 74,6% de los españoles indica que prefiere la sanidad pública para ingresos hospitalarios y casos complejos frente a la opción privada. Pero debido a las abultadas listas de espera, hay 12,8 millones de españoles que han contratado un seguro médico privado, aunque el  65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública si enfrenta un problema de salud importante, según el Barómetro Sanitario. Y el 74% de estos pacientes con seguro privado prefiere ir a las urgencias de los hospitales públicos si tiene un problema grave de salud.

La clave de esta valoración a la baja de la sanidad pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas: hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9 millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en 2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.

El gasto sanitario público en España fue de 101.739 millones de euros en 2024 (último dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama la atención es que este gasto público sanitario es menor, en porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634 millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa. Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).

Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos, según los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid (1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja (1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242 euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza (PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).

Estas enormes diferencias en el gasto sanitario público por autonomías responden a tres factores, según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62% del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público, pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25% del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en atención primaria, el 10,9%.

El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit  de financiación, personal y medios, iremos a peor.

Los expertos que denuncian la infra financiación de la sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143 millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982 millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras” Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.

Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos: aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria (sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.

Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra el cáncer ha denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da una nota a la sanidad de las 17 autonomías. En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios, por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular” Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia (82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía (66), Baleares (77) y Murcia (78).

Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año, que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las plantillas sanitarias: el Ministerio de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada cuatro para reforzar la Atención Primaria.

Pero además, una parte mayor del gasto sanitario debería dirigirse a prevención, porque es la inversión sanitaria más rentable. El estudio gallego señala, con simulaciones de la OCDE,  que si España redujera a los niveles de los mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad, tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para ello debe subir del mínimo 3% actual.

Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no basta con eso: urge un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además, hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos, con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías que no existe.

En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas: un pacto para articular una nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías con más población mayor y dispersa) y un pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.

Nos invaden los alimentos ultraprocesados

Cuando vamos al supermercado llenamos el carro de alimentos ultraprocesados, comida y bebida con exceso de grasas, azúcares, sal y aditivos que provocan sobrepeso y obesidad, la causa de múltiples enfermedades. Una “comida basura” más atractiva y barata que los alimentos frescos y que las industrias publicitan sin control, atrayendo sobre todo a niños y jóvenes. Un reciente estudio alerta que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta mundial y pide medidas a los Gobiernos frente a esta “pandemia global”. En España, 4 de cada 10 niños y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso, como la mitad de los adultos, provocando enormes costes sanitarios y económicos. El Gobierno obligó al etiquetado de los alimentos y subió el IVA a las bebidas azucaradas, con poco éxito. Ahora, va a controlar la alimentación en hospitales y residencias de ancianos, tras aprobar un Decreto para controlar los menús escolares. Pero la batalla contra la comida basura y el sobrepeso es de todos y empieza en las familias. El sobrepeso mata.

                  Alimentos ultraprocesados: triplican su peso en nuestra dieta y agravan el sobrepeso 

En las últimas dos décadas hemos sufrido la avalancha de alimentos ultraprocesados en las estanterías de los supermercados. No son alimentos naturales sino preparaciones industriales  que utilizan grandes cantidades de aceites y grasas, azúcares y sal más una serie de aditivos artificiales (conservantes, texturizantes, saborizantes y edulcorantes) para mejorar la apariencia de los alimentos (sabor, olor y textura) y prolongar su vida útil. Se trata de “comida basura”, elaborada para estimular artificialmente nuestro apetito: bebidas azucaradas, “snacks” empaquetados (patatas fritas y otros) galletas y bollos, comida rápida, cereales endulzados, embutidos, carnes procesadas (salchichas), “nuggets”, barras de chocolate, helados, rebozados y platos preparados.

Cada día compramos más alimentos ultraprocesados porque tenemos menos tiempo para cocinar y porque la industria alimentaria innova constantemente para ofrecernos productos que son más baratos que los alimentos frescos (frutas, verduras, legumbres, carnes y pescados). Un reciente estudio de 43 expertos mundiales, publicado hace unos días en la revista The Lancet, ha dado la alarma: “la comida basura domina la dieta mundial, impulsada por el afán de lucro de las grandes multinacionales de la alimentación”. Y añaden que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta en todo el mundo, propagados como “una especie invasora”, tanto en los paises desarrollados (donde su consumo ha crecido un 20% en los últimos 15 años) como en paises de ingresos medios (crecen un 40%) y sobre todo en los paises pobres (crecen mucho más, un 60% entre 2007 y 2022).

El consumo de esta “comida basura” oscila entre el 9% de la dieta energética en Irán al 60% en EEUU, según el estudio, con un consumo intermedio del 14% en Italia o el 46% en Reino Unido y Suecia. En España, la ingesta de calorías procedente de ultraprocesados se ha triplicado, pasando del 11 al 32% de la dieta en los últimos 30 años. De hecho, un estudio de la Red Europea de Nutrición, con datos de 2021, reflejaba que los alimentos ultraprocesados aportaban el 25% de la energía de la dieta de los españoles, algo menos que en el conjunto de Europa (27,2%), más que en Italia (13,4%) o Portugal (22,15%) y menos que en Suecia (42%), Paises Bajos (37,1%) o Alemania (38,4%).

El estudio alerta también sobre el modelo de negocio de los ultraprocesados, que se basa en manipular a gran escala materias primas baratas (maíz, trigo, soja o aceite de palma) para convertirlos en productos “llamativos, apetecibles y sabrosos”, que se diseñan para ser muy atractivos (“adictivos”) y se comercializan muy agresivamente (con enormes gastos en publicidad) para fomentar su consumo repetido, especialmente entre niños y jóvenes. Una estrategia dirigida no a alimentar a la población sino a conseguir enormes beneficios. Y para asegurarlos, denuncian, emplean sofisticadas técnicas y presiones, para bloquear regulaciones, involucrarse en litigios legales (para retrasar medidas),  influir en debates científicos, presionar a políticos (y comprarlos) y “manipular” a la opinión pública, según el estudio, que ve paralelismos entre estas industrias y las tabaqueras.

En definitiva, concluye el estudio publicado en The Lancet, las multinacionales de la alimentación gastan millones en desarrollar nuevos alimentos y bebidas que publicitan sin límite para aumentar sus ventas y beneficios, a costa de la salud de millones de personas. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta consumir estos alimentos ultraprocesados: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebro-vasculares, renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y depresión. Y además de daños a la salud, la “comida basura” atenta contra el medio ambiente, por las emisiones que generan la producción, procesamiento y transporte de estos alimentos, más millones de envases de plástico generados.

En paralelo a la publicación de este estudio, la OMS ha enviado una carta donde reitera que “el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, insistiendo en que este tipo de alimentos los consumen más los paises y familias pobres, cuya dieta es baja en frutas, verduras, carnes y pescados frescos. La UNICEF también ha publicado un editorial donde denuncia que la proliferación de alimentos ultraprocesados se ha convertido en “una de las amenazas más urgentes para la salud humana en el siglo XXI” y aboga por “defender a los niños de esta plaga”, que se  prioricen la salud y la alimentación sobre los beneficios.

En España, el consumo de ultraprocesados es muy elevado, según los datos europeos, sobre todo los productos de panadería y bollería industrial, las galletas, salchichas, productos lácteos endulzados y las salsas. Y es especialmente preocupante en los alimentos que consumen niños y adolescentes. De hecho, el 80% de los alimentos infantiles comercializados en España no cumplen los criterios nutricionales establecidos por la OMS, según la 1ª tabla de composición nutricional de alimentos para niños elaborada por investigadores catalanes, que recoge 850 productos de 42 marcas disponibles en los supermercados. También alertan que el 60% de los artículos estudiados contienen exceso de azúcar , que el 30% incorporan  azúcares o edulcorantes añadidos o jugos concentrados y que el 98% presentan mensajes promocionales no autorizados.

Esta avalancha de “comida basura” (y bebidas azucaradas) es un factor clave para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad en el mundo y en España, según todos los expertos. Los datos son muy preocupantes: 4 de cada 10 niños y niñas españoles tienen exceso de peso (de ellos, el 19% de los niños y el 14% de las niñas tienen obesidad, un porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años), según el informe Aladino 2023. Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso. Entre los adultos españoles, el 55,8% tienen exceso de peso (31,7% tienen sobrepeso y el 18,7% tienen obesidad), según los datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Unos datos muy preocupantes, por sus consecuencias sobre la salud de los españoles y que suponen altos costes. De hecho, la OCDE realizó en 2019 un estudio económico de la obesidad en 52 paises y estos fueron sus resultados para España: la obesidad supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (en el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del 2,9% (46.000 millones anuales). Y añaden que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos costes, la OCDE proponer tomar medidas, algo que creen muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El Gobierno ha tomado estos años algunas medidas contra los alimentos ultraprocesados y la obesidad. En 2021, el etiquetado de alimentos en España comenzó a incorporar el sistema de calificación nutricional Nutriscore (con letras y colores)  y se reforzaron las normas sobre la información del país de origen, la cantidad de ingredientes clave y la etiquetado de alérgenos y bebidas alcohólicas. Pero este etiquetado sigue siendo voluntario, por lo que lo utilizan sólo las empresas alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Otra medida fue la aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas, al subirlas el IVA del 10 al 21% en enero de 2021, medida que inicialmente frenó el consumo para subir después. Pero no se ha actuado sobre la publicidad de alimentos y bebidas no saludables: un estudio de la Gasol Foundation constató que el 80% de los niños y adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Y piden regularlo con urgencia.

El 10 de junio de 2022, el presidente Sánchez presentó, con la Gasol Foundation y la OMS, el Plan Estratégico Nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con 200 medidas sobre nutrición, fomento del ejercicio, la alimentación infantil, el uso de pantallas y la educación nutricional, con el objetivo de reducir el sobrepeso infantil un 25% y bajar un 40% la brecha social asociada (la pobreza infantil “alimenta” el sobrepeso). Al hilo de este Plan, se han aprobado dos medidas este año. Una, el 15 de abril, un real decreto para limitar la presencia de los alimentos ultraprocesados en los centros escolares no universitarios, medida que entrará en vigor en 2026, cuando se renueven los contratos con las empresas de catering. Y la otra, un decreto aprobado en mayo por Consumo y Sanidad, para garantizar la alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores, decreto que ha estado en periodo de audiencia pública y que se espera aprobar definitivamente en breve.

Son pasos adelante, pero falta mucho por hacer. El informe The Lancet propone varias medidas a nivel mundial: impuestos para gravar los productos insanos y ayudas a los productos frescos, mejora del etiquetado y la inclusión de mensajes sobre los riesgos de la comida basura (como en las cajetillas de tabaco), regular su presencia en centros escolares y sanitarios y limitar su millonaria publicidad. Por su parte, la OCDE propuso a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús, promover la actividad física y programas de actividad en los centros de trabajo. Y la Federación Mundial de la Obesidad propuso en 2023 siete  medidas para frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios periódicos, financiar los tratamientos  (con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener objetivos auditables.

Los expertos del estudio The Lancet urgen a “desescalar” el avance de la “comida basura” y la obesidad, porque ya domina nuestra dieta e irá a más. Las perspectivas para España son preocupantes, según el Atlas de la Obesidad Mundial 2025: si ahora tenemos un 50% de adultos con sobrepeso y el 15% de ellos tienen obesidad, auguran que en 2030 todavía tendremos un 33% de la población adulta con sobrepeso (13.200.000 personas), de ellas un 13,2% con obesidad (5.350.000 adultos). Unas cifras todavía impresionantes, que exigen tomar medidas eficaces para reducirlas desde ya.

En resumen, tenemos un problema de mala alimentación, con una alto consumo de comidas y bebidas basura, que han calado entre niños y jóvenes y que anticipan una España con más obesos, como ya se ve en muchos paises desarrollados. Urge actuar desde la Administración, forzando y pactando una comida más saludable con la industria alimentaria (la 2ª más poderosa, tras el turismo). Pero al final, la mayor responsabilidad está en las escuelas y las familias, que deben tener más sensibilidad ante los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, acostumbrándose a no comprarlas y a educar a hijos y nietos en una dieta más natural y saludable. Porque la comida basura y el sobrepeso matan.

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia. 

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios” para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras”. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.

Pandemia: UCIs llenas y vacunación desigual

Los contagios han seguido subiendo las 2 últimas semanas y llevamos 40 días de esta 4ª ola, más suave (“olita”), que podría tocar suelo pronto, al agotarse los contagios de Semana Santa. Pero hay dos motivos de preocupación: media España (8 regiones) sufre un nivel de contagios “extremo” (más de 250 casos por 100.000 habitantes) y los hospitales están saturados, sobre todo las UCIs de 9 autonomías: acumulan enfermos de la 3ª y 4ª ola, más jóvenes y con cuadros más graves por la variante británica, que supone más del 70% de los nuevos contagios. Mientras, mejora el ritmo de vacunaciones, pero hay una gran divergencia por edades: falta la 2ª dosis a un 25% de los mayores de 80 años y los de 70 a 79 tienen menos dosis completas que los demás. Habría que completar la vacunación de los mayores de 60 años y asegurar 1 dosis al resto antes de julio. Vacunar a más gente con las vacunas disponibles. Y movernos poco.

Enrique Ortega

La pandemia sigue repuntando en todo el mundo, con un nivel de contagios que ronda los 900.000 diarios, el doble que hace dos meses y el récord desde el inicio del COVID-19. En total, hoy se han contabilizado 147.194.897contagiados en 192 paises, según las estadísticas de la Universidad John Hopkins. El epicentro sigue en América (60.950.456 contagiados), pero se acerca Europa (50.702.775 contagiados), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (19.965.648), Oriente Medio (8.822.942), África (3.274.714) y Pacífico (2.336.827), según la OMS. Por países, lidera el ranking de contagios EEUU (32.077.196), pero se han disparado en la India (17.313.163, con un récord de más de 350.000 contagiados diarios) y siguen altos en Brasil (14.340.787 contagios), seguidos de lejos por Francia (5.559.121), Rusia (4.708.640), Turquía (4.629.969), Reino Unido (4.420.443), Italia (3.962.674) y España (3.468.617 contagios, 1,52 millones más que a principios de año).

Los muertos por la pandemia también crecen en todo el mundo, alcanzando unos 14.000 diarios, el nivel más alto desde hace 2 meses. En total, son ya 3.109.444 muertes por COVID-19, habiéndose alcanzado el tercer millón en los últimos tres meses, según la Universidad John Hopkins. Lideran el ranking de muertes América (1.481.263 fallecidos) y Europa (1.061.137), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (254.958), según la OMS. Y por paises, destacan EEUU (572.200 muertes), Brasil (390.597), México (214.947), India (195.023), Reino Unido (127.681), Italia (119.238), Rusia (106.017), Francia (103.017), Alemania (81.671) y España (77.591), que es el país 18º del mundo en muertos COVID (163,4 por 100.000 habitantes), por detrás de casi toda Europa, salvo Francia o Alemania.

En Europa han descendido los contagios en la mayoría de los paises, con un 80% de penetración de la variante británica y una media de 426 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Sólo tienen una baja incidencia Reino Unido (42,2 contagios por 100.000 habitantes), porque tiene vacunados ya al 60% de los adultos, Portugal (70,6 contagios por 100.000, cuando tenía 427 el 19 de febrero), Irlanda (109,5) Y Rumanía (226,7). Y les sigue España, con 235,5 contagios por 100.000 habitantes el viernes 23 de abril. Están peor  Alemania (348) e Italia (336,9) y sobre todo Francia (700 contagios por 100.000 habitantes, el doble que hace un mes), según los últimos datos de Sanidad. Y tienen un alto nivel de contagios Suecia (806), Polonia (610), Paises Bajos (618), República Checa (427), Bélgica (453), Austria (380) y Suiza (343 por 100.000 habitantes).

España lleva 40 días de aumento de contagios, desde que el 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo de 127,80 contagios/100.000 habitantes). El viernes 23 alcanzamos los 235,5 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días), tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 8 regiones en situación de “riesgo extremo” (más de 250 contagios): País Vasco (523,48), Melilla (454,78), Navarra (400,79), Madrid (398,27), Ceuta (332,53), La Rioja (270,39), Cataluña (278,43) y Aragón (266,21). Y otras 5  autonomías con “riesgo alto” (150-200 contagios): Andalucía (248,78), Cantabria (231,77), Castilla la Mancha (207,65), Castilla y León (203,68) y Asturias (167). En “riesgo medio” (50-150 contagios) están 5 regiones: Extremadura (130,73), Canarias (128,91), Galicia (96,12), Murcia (64,65) y Baleares (60). Y sólo tiene un nivel “bajo” de contagios (25-50) la Comunidad Valenciana (40 por 100.000 habitantes).

España está realizando muchas pruebas para detectar contagios (571.562 PCRs y 301.774 test de antígenos la última semana), con una media de 820 pruebas por 1.000 habitantes, que es menor en Andalucía (566), Castilla la Mancha (563) o Madrid (946) y mucho más alta en Navarra (1.222 pruebas/1.000 habitantes), País Bajo (1.177), la Rioja (1.113) o Cataluña (1.059), que detectan más contagios porque hacen más pruebas. El porcentaje  de positivos ha bajado algo (del 7,76% hace dos semanas a 7,46% el viernes 23), aunque hay 5 regiones con un “riesgo alto” (+ del 10% de pruebas positivas): Aragón (10,95%) Melilla (10,65%), Castilla la Mancha (10,14), Andalucía (10,06) y casi Madrid (9,94%). El problema sigue siendo que no se rastrean bien los contagios, por falta de personal: sólo se detectan 2 contactos por caso, cuando debían ser entre 6 y 7, según los expertos. Y además, se conoce poco el origen (su  “trazabilidad): se desconoce el origen del 34,8% de los contagios (el 64,3% en Cataluña, el 64,3% en Baleares y el 21,6 % en Madrid, frente a sólo el 8,4% de casos sin origen conocido en el País Vasco o el 10,2% en Asturias), según Sanidad.

El problema más preocupante de esta 4ª ola sigue siendo que aumentan las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs. Las hospitalizaciones han subido de 7.649 (26 marzo) a 9.989 el viernes 23 de abril, un 7,93% de camas ocupadas con enfermos COVID, un “riesgo medio” (5-10% de ocupación COVID), según Sanidad. Pero hay un “riesgo extremo” de ocupación (+15%) en Madrid (15,80%) y el País Vasco (15,77% camas ocupadas por enfermos COVID). Y un “riesgo alto” (10-15%) en Melilla (14,29%), Ceuta (13,07%) y La Rioja (10,37%). En el otro extremo, no hay problema en los hospitales de Baleares (1,81% ocupación camas COVID) y Murcia (1,89%) y un “riesgo bajo” (2-5% ocupación hospitalaria) en la Comunidad Valenciana (2%), Galicia (2,42%), Extremadura (2,89%) y Canarias (4,80%), teniendo un “riesgo medio” (5-10% ocupación) las 8 autonomías restantes.

En  las UCIs es donde más empeora la situación, pasando de 1.830 pacientes (26 marzo) a 2.297 el viernes 23 de abril, con una ocupación media del 22,8% (“riesgo alto”). Y se detecta que los pacientes COVID en las UCIS son más jóvenes  (entre 35 y 55 años) y tienen cuadros más agudos, empeoran rápido y exigen largas estancias, quizás porque la variante británica supera el 70% de los nuevos contagios (y más del 90% en 7 autonomías, según Sanidad).  Lo más preocupante son las 9 regiones con “riesgo extremo” (+25%) en la ocupación de UCIS: Madrid (44,34%), Ceuta (41,18%),  La Rioja (39,62%), Cataluña (37,61%), País Vasco (36,22%), Melilla (29,41%), Castilla y León (226,82%), Navarra (26,28%) y Aragón (25%), según Sanidad. Y otras 5 autonomías tienen “riesgo alto” en las UCIs (15-25% ocupación): Castilla la Mancha (24,18%), Asturias (21,17%), Canarias (17,40%), Andalucía (16,55%) y Cantabria (16,10%). Sólo Murcia (3,50%) tiene “normalidad” en las UCIS, mientras las 4 autonomías restantes tienen un “riesgo bajo” (5-10% ocupación).

Y al final están las muertes, que siguen bajando: en las últimas 2 semanas (9-23 de abril) se han producido 1.263 muertes por COVID-19, menos que la quincena anterior (1.318 muertes)  y  la mitad que a mediados de marzo (2.752 muertes), según Sanidad. Pero son una media de 90 muertos diarios, una barbaridad (hubo 148 muertos el miércoles 21). Esta menor cifra de fallecidos se debe a la vacunación en las residencias, que ha permitido bajar drásticamente la mortalidad: de 790 fallecidos a la semana a principios de enero a 7 muertos en la segunda  semana de abril, según Sanidad. También es clave haber vacunado a muchos mayores de 60 años. La mortalidad media es de 163,4 por 100.000 habitantes, pero hay 10 autonomías que la superan, en especial Castilla la Mancha (284,7), Castilla y León (282,3), Aragón (257,7) y Madrid (220,4 muertos/100.000 habitantes), estando a la cola de la mortalidad Canarias (32,98), Baleares (67,15), Galicia (87,7) y Cantabria (94,7).

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 22 de abril: hay 8 autonomías en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4 (Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, la Rioja, Ceuta y Melilla), más las provincias de Segovia, Guadalajara, Toledo, Palencia y Granada. En alerta 3 hay 5  autonomías: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha y Castilla y León. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están otras 5 regiones: Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia y Extremadura, más Málaga. Y queda Canarias, en alerta 2.

Ahora, todo apunta a que el ritmo de nuevos contagios será menor y que en las próximas dos semanas tocará suelo esta 4ª ola, aunque existe un riesgo por la mayor movilidad en todas las autonomías y la generalización de la variante británica, que es más contagiosa. La clave va a seguir estando en las vacunaciones, que se han acelerado en los últimos días (con varios récords de pinchazos (456.777 el miércoles 20 de abril). De momento, se han aplicado ya (datos del 22 de abril) un total de 14,2 millones de dosis (el 92% de las vacunas recibidas), que han servido para aplicar una dosis a 10.405.863 personas (el 22% de la población) y las dos dosis a 3.862.789 personas (el 8,1%) de los españoles. Vamos mejor, pero quedan 30 millones de pinchazos para cumplir el objetivo de inmunizar al 70% de españoles para finales de agosto. Son 234.375 pinchazos diarios, algo que ahora parece alcanzable.

El debate es si hay que adelantar ese objetivo y tratar de que el 70% de la población tenga pinchada una dosis a finales de junio, dado que aplicar 1 dosis de las vacunas autorizadas asegura un 70% de inmunidad. Es la apuesta que ha hecho el Reino Unido y otros paises. En España, el Consejo territorial de Sanidad acordó la semana pasada no retrasar la 2ª dosis y completarla a los que ya tienen la primera. Puede ser una buena opción para asegurar más la inmunidad de los mayores de 60 años (12.131.055 personas), pero habría que replantearse qué hacer con el resto. Y quizás sería más eficaz, a la vista de las limitaciones en la llegada de vacunas y los medios disponibles para aplicarlas, modificar la estrategia para la vacunación de los que tienen entre 25 y 60 años: intentar que todos tengan al menos una primera dosis a finales de junio, para reducir drásticamente los contagios y tener más garantías de movilidad en julio y agosto, claves para el turismo. Y ponerles la segunda dosis después, en julio y agosto, cuando ya todos tengan la primera.

Es la propuesta que hacen algunos epidemiólogos. Pero antes, hay que poner orden en el calendario de vacunación de los mayores de 60 años, los más vulnerables, que avanza de una forma desordenada, según el ritmo de llegada de las vacunas, los retrasos por las dudas sobre AstraZeneca y Janssen y la estrategia de cada autonomía. Y si no, vean el balance, con los datos de Sanidad a 22 de abril. La vacunación de los mayores de 80 años no está completada: falta inyectar la 2ª dosis al 25%. Y la vacunación de los mayores de 70 a 79 años va más retrasada (al 59% se les ha puesto 1 dosis y sólo el 4,1% tienen las 2 dosis) que la de las personas de 60 a 69 años (42% con una dosis y 5,3% con las dos dosis) y sobre todo de los que tienen entre 50 y 59 años (12,9% con una dosis y 6,2% con dos dosis), porque en estos dos grupos hay muchos trabajadores esenciales. Incluso entre las personas de 25 a 49 años (11,3% con una dosis y 4,7% con dos dosis) se ha avanzado más en completar la vacunación que con las personas de 70 a 79 años. Un sinsentido sanitario.

La prioridad sigue siendo vacunar, vacunar y vacunar, pero debería cambiarse el calendario de vacunación: centrarse los pinchazos en aplicar la 2ª dosis a todos los mayores de 80 años y completar en paralelo la vacunación de los de 70 a 79 años en mayo. Y después, intentar vacunar con 2 dosis a los de 60 a 69 años, para mediados de junio. Y debatir si deben concentrarse el resto de los esfuerzos en pinchar una dosis a todos los que tienen entre 25 y 60 años (23,7 millones de personas, un 12% con una dosis ya aplicada).

Mientras se aceleran las vacunaciones, las autonomías no deben abrir más la mano (como están haciendo) en los confinamientos, toques de queda y aforos y horarios de bares, restaurantes y comercios, al menos mientras tengamos un 23% de las camas UCIs ocupadas por enfermos COVID-19 y no se termine la vacunación de los mayores de 60 años. Eso indica que deberíamos restringir la movilidad hasta finales de junio, lo que va a resultar muy difícil si el Gobierno levanta el estado de alarma el 9 de junio y no se buscan alternativas. Estamos cansados de tantas restricciones, pero algo debíamos haber aprendido: cada vez que se “abre la mano”, se abre la llegada de otra ola de contagios y muertes, que hunden la salud la economía. Seamos sensatos y hasta que no estemos vacunados la mayoría (sólo un 22% tienen una dosis), restrinjamos los movimientos. El virus sigue ahí y, por mucha mascarilla que llevemos, contagia y mata.