El Gobierno aprobó en agosto el anteproyecto de Ley de Universidades (la LOSU),
la 4ª reforma de la democracia. Pero no puede mandarla al Congreso
porque, en la fase de consulta pública, ha sido vetada por los rectores y los alumnos. Y tampoco gusta al
gobierno catalán. Así que la Ley Castells
está bloqueada, aunque la haya retocado
dos veces estos meses. El problema
es “cuadrar” los intereses de rectores, profesores, alumnos y autonomías,
que gestionan los Campus. La Ley busca reducir
la precariedad de los profesores (un tercio, temporales), ordenar la carrera docente, mejorar la gestión y una Universidad más relacionada
con las empresas y el mundo. Suena bien, pero no resuelve 2 asignaturas pendientes: más recursos públicos (para bajar coste matrículas) y una enseñanza
que tenga más que ver con el mercado
laboral, dejar de ser “una fábrica de parados” (15%
licenciados en paro frente al 6% en la UE y el 4% en Alemania). Nos jugamos
mucho en reconvertir la Universidad. |
| Enrique Ortega |
Las Universidades
españolas (50
públicas y 33 privadas) han tenido 3
Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de
1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
de 2001 (Aznar) y la modificación
parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los
requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999).
Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma
legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU), cuyo
anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.
Los grandes objetivos
de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores
universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus,
auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar
su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el
empleo. Y en paralelo, negociar con las
Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una
mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.
El gran problema en el funcionamiento diario de las
Universidades es la tremenda precariedad
laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se
calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos),
por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre
2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los
contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores
asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para
oscurecer el panorama, se calcula que el
53,5% de los profesores permanentes se
jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el
90% de los actuales catedráticos…
La Ley intenta afrontar este grave
problema laboral de la Universidad pública española (en la privada
hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en
2022, el Presupuesto permite
contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las
autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la
Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado
funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada
de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no
doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se
establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.
Otro problema que afronta la
nueva Ley es la gestión de las
Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos,
la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus,
introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad
docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y
tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de
dirección de las Universidades (sólo
hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de
la Ley es intentar ordenar la carrera
docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de
progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.
Otro punto
clave de la Ley es promover la
producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las
Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que
reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo,
pretende mejorar la relación de la Universidad,
las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la
docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de
alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior
(FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar
estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de
FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los
licenciados tengan una formación “más práctica”.
Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización
de las Universidades españolas,
fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre
todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores
extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de
acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el
extranjero puntuará a favor de todo los profesores.
Es sólo un resumen,
que “suena bien”.
Pero la Ley, al entrar en cuestiones
relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras
docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy
contrapuestos. Por eso, aunque el ministro
Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha
chocado con muchas críticas. Y por ello, ha
hecho algo inaudito: cambiar por dos
veces el anteproyecto de Ley aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó
un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que
no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado”
de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre
elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre,
Castells presentó
un 3º texto de la Ley, dirigido a los
sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la
participación de los alumnos.
Pero los cambios no han convencido. Y
así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se
han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo,
criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco
han emitido su informe preceptivo
las asociaciones de estudiantes, que convocaron
protestas
y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12
autonomías. Y en paralelo, el Gobierno
catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más
autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo
envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras el periodo de información pública, con lo que
se
retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una
de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.
El fondo de las críticas
a la LOSU es que los rectores de las
Universidades quieren
más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su
Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de
profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no
se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal
unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para
evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea
de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto
más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más
posibilidades de consensuar una Ley que
sea poco eficaz. En esas estamos.
Pero al margen de la
LOSU, las Universidades españolas han de afrontar
otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo
dos: la
financiación de las Universidades y su utilidad para el reto
de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de
afrontar “la competencia” de las Universidades
privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el
filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de
10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la
Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos
e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la
Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue
comprada por el Fondo británico CVC (el que ha
comprado parte de LaLiga) y en 2021
el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional
española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las
Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.
La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3%
de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de
media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un
estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al
0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública
que las Universidades extranjeras. A
lo claro, eso significa que les
faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos
recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es
menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos
autonómicos que gastan más que la
media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco
(8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana
(7.500 euros) y otras que gasta mucho
menos, como Madrid (5.000 euros
por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o
Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).
Esta escasa
financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la
Universidad pública española sea la 2ª más cara de Europa, junto a
Holanda, según
el ministro Castells. Y somos el 11º país
europeo (de los 23 estudiados) con
las tasas universitarias más altas, según un
estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga
casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como
Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los
universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con
una gran
diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a
700 euros en Galicia. Claro que la
privada es impagable: más de
1.000 euros al mes en Madrid.
El sistema de becas
es también “insuficiente” (2.000
euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la
última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota
exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando
los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos
1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4
meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el
Presupuesto siguiente, lo que crea
serios problemas a sus familias.
La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a
la financiación, es la adecuación de sus
estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio,
porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen
un exceso de Grados (se ha
pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y
esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no
cubren el 75%.
El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de
estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en
el curso 2020-21 (últimos
datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades
públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o
Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el
6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más
empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia
de España con otros paises europeos es que somos el país con menos
universitarios matriculados en titulaciones
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un
28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un
37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el
último informe de la CRUE.
La consecuencia es que las
empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y
sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que
han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%),
según Infoempleo
y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que
buscan las empresas se ve claro en dos
datos dramáticos. Uno, que la tasa
de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de
Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en
Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92%
en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama
de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios
en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo
les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34
años): en
España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de
licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.
Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo
de nuestros universitarios (sepamos además que un
tercio están subempleados, “sobrecualificados”:
trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de
supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que
lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de
calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su
cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.
