El alto coste del envejecimiento

Todos los días damos vueltas a los problemas más inmediatos: paro, empleo, sueldos, vivienda, pensiones, sanidad, educación…Pero hay otros problemas de fondo de los que hablamos menos. Dos son los mayores retos del siglo XXI, junto al cambio climático, según el Banco de España: la revolución tecnológica y el envejecimiento, especialmente preocupante para España, porque somos el país europeo donde nacen menos niños y donde más años se vive, con lo que un tercio de españoles tendrán más de 65 años en 2050 y habrá pocos jóvenes para trabajar. Un grave problema que va a recortar el empleo y el crecimiento, agravando el agujero de las pensiones y el déficit público. Pero nadie plantea medidas para favorecer la natalidad y la familia, reformar las pensiones y los impuestos y mejorar la formación y el empleo, para evitar este “suicidio demográfico”. La baja natalidad y el envejecimiento son un problema de Estado, gobierne quien gobierne. Y resolverlo exige tomar medidas ya, porque tardan décadas en surtir efecto en la demografía. 

A partir de una escena de El séptimo sello. enrique ortega

El bajo número de nacimientos y el envejecimiento de la población son los dos graves problemas demográficos de todos los paises desarrollados, de Japón a EEUU y Europa. Pero España los sufre más, porque tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y un país con una de las mayores esperanzas de vida, con lo que hay cada vez más viejos y menos jóvenes, un auténtico “suicidio demográfico” que lastra la economía y el futuro, como han reiterado la OCDE y el FMI y ahora el Banco de España, que considera los cambios demográficos y los avances tecnológicos como “las dos tendencias estructurales que van a condicionar la economía de las próximas décadas”.

El primer problema es que cada vez nacen menos niños, en Occidente y sobre todo en España. Si en 1975 nacieron en España 669.378 niños, en 2017 nacieron casi la mitad, 390.024 niños (1.068 diarios), menos incluso que en 1939 (419.848) y muy lejos del récord histórico de 1964 (697.697 nacimientos, casi 2.000 diarios). Y en 2018 han vuelto a bajar, con 179.800 nacimientos hasta junio (último dato del INE). Los nacimientos se han desplomado por dos causas. Una, porque hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: hay un millón menos que en 2009. La otra, porque las españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las españolas eran madres a los 28,5 años de media, en 2018 lo son a los 32 años. El resultado es que la tasa de natalidad ha caído bruscamente, de los 2,76 niños por mujer en 1975 (3,15 en 1900 y 3,01 en 1964) a 1,31 niños en 2018.

Y con ello, España tiene la 2ª tasa de natalidad más baja de Europa, 1,30 niños por mujer en 2017, por detrás de Malta (1,26 niños por mujer), lejos de la media europea (1,59 niños por mujer UE-28) y por debajo incluso de los paises del sur de Europa: Italia y Chipre (1,32 niños/mujer), Grecia (1,35) y Portugal (1,38). Y estamos muy alejados de la mayor natalidad de la Europa del norte, encabezada por Francia (1,90 niños por mujer), Suecia (1,78), Irlanda (1,77), Dinamarca (1,75), Reino Unido (1,74) e incluso Alemania (1,58 niños/mujer), según los datos de Eurostat (de 2017). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (a los 30,9 años en 2017), tras los 31,1 años de Italia y los 29,1 años de media en la UE-28. Y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,5% de los hogares con hijos frente al 15% en Europa) y menos cuartos (2,8% de hogares frente al 6% en Europa).

Si estos datos de natalidad son preocupantes, lo es más que va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065). Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 32 años actuales bajará a 31,40 años en 3031 y subirá a 33 años en 2065. El resultado será que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: de 1,31 niños por mujer en 2018 a 1,36 en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de unos 370.000 nacimientos en 2018 se bajará a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 nacimientos en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esta caída de la natalidad ya sería preocupante por sí sola (menos niños y jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos), pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es también uno de los paises con más viejos, además de tener menos niños. El problema deriva de algo muy positivo: tenemos más esperanza de vida que la mayoría del mundo (por nuestra excelente sanidad y el estilo de alimentación y vida): 83,4 años de media (2017), 3 años más que la media de la OCDE. De hecho, somos el 5º país con más esperanza de vida a los 65 años (21,4 años), por detrás de Japón (22,1 años), Hong-Kong (21,9), Francia (21,7 años) y Macao (21,5 años), según las estadísticas de la ONU. Y esta longevidad provoca que tengamos más viejos, que seamos uno de los paises con mayor porcentaje de mayores de 65 años: el 19,2% de los españoles en 2018, lo que nos coloca entre los 15 paises más envejecidos del mundo, por detrás de Japón (27,9% superan los 65 años), Italia (23,6%), Portugal (22,3%), Alemania (21,9%), Bulgaria (21,3%), Grecia (20,8%), Croacia (20,5%), Francia (20,4%), Malta (20,3%),Eslovenia y Letonia (20,2%), Finlandia (22%), Suecia (20,2%) y Dinamarca (20% de mayores 65 años), según la ONU.

El problema del envejecimiento de la población española se va a agravar, porque la esperanza de vida en España va a seguir creciendo, más que en el resto del mundo: los 83,4 años que vivimos de media serán 85,8 años en 2040, superando al país ahora más longevo, Japón (donde se vivirá hasta 85,7 años). En 2050, los españoles hombres vivirán 85 años (casi 5 más que los 80,42 de 2018) y las mujeres 89,43 años (frente a 85,80 hoy). Y para 2067, la esperanza de vida de las mujeres superará los 90 años (90,78) y la de los hombres será de 86,35 años: vivirán 5 y 6 años más que ahora, según el INE. Y eso, que es bueno, provocará que se multipliquen los mayores: si hoy, un 19,2% de españoles tienen más de 65 años, en 2033 serán el 25,2%. Y España será uno de los paises más envejecidos del mundo para mediados de siglo: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años en 2050, frente al 28% de media en la OCDE (34 paises desarrollados de Occidente), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE. Sólo nos ganará a viejos Japón, con el 36,5% de población mayor de 65 años.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico (pocos niños y muchos viejos) tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizaciones para pagar las pensiones y servicios públicos, en 2050 será aún peor. Porque si en 2018 hay 2 activos (16-64 años) por cada dependiente (menores de 16 años y mayores de 65), en 2050 habrá 1,3 activos por cada inactivo: sólo algo más de la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a casi la otra mitad, niños y jubilados. Eso sí que será un grave problema, para todo Occidente pero más para España, como vienen alertando el FMI y la OCDE. Y ahora, el Banco de España, que considera el envejecimiento y la tecnología como los dos grandes problemas que van a condicionar la economía en este siglo XXI.

El reciente informe del Banco de España analiza las consecuencias del envejecimiento para la economía española sobre el consumo, el ahorro, la inversión, el crecimiento y el gasto, sobre todo en pensiones, sanidad y dependencia. Su conclusión es que el aumento de personas mayores aumentará el consumo de alimentos y bienes no duraderos, pero no de bienes duraderos y vivienda (que ya tienen), lo que reducirá el crecimiento y el empleo. Otra tendencia será el aumento del ahorro, pero si los mayores tienen que ayudar a sus hijos (como ahora), podría incluso bajar. Y bajará la inversión, al caer la población ocupada y las necesidades de bienes duraderos y vivienda, lo que desplazará los capitales de los paises más envejecidos a los más jóvenes (en desarrollo).

Todos estos efectos, más una caída de los jóvenes y los activos provocarán una bajada de la inflación (y de los salarios: los jóvenes entran cobrando menos que sus padres), el empleo y el crecimiento (PIB), que será menor en las próximas décadas por la demografía (y por los cambios tecnológicos). También estima el Banco de España que el envejecimiento reducirá la productividad, al haber menos empleados jóvenes y más mayores (peor formados y con menos habilidades tecnológicas). Además, el envejecimiento, al reducir el empleo y los salarios, reducirá los ingresos por impuestos y cotizaciones, agravando los problemas del gasto público y las pensiones, al haber más personas jubiladas que necesitan también mayores atenciones sanitarias y más ayudas a la dependencia.

Aquí va a estar el mayor problema, la peor consecuencia del envejecimiento de la población: exigirá más gasto público mientras se reducen ingresos y cotizaciones. El primer problema es el futuro de las pensiones, cuyo déficit actual (-18.000 millones en los últimos tres años) se va a agravar en el futuro si no se toman medidas. Sobre todo a partir de 2026, cuando se jubilen los españoles nacidos en los años del “baby boom” (1960-1975). Se van a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

El informe del Banco de España señala que si las pensiones contributivas se llevan hoy el 10,6% de la riqueza (PIB), este gasto podría dispararse al 17% del PIB en 2050 si no se hacen reformas de fondo. El factor clave, el que tira más del gasto, es la demografía, el envejecimiento de la población: la tasa de dependencia (proporción de jubilados/activos) se va a duplicar, pasando del 29,8% hoy al 51-68% en 2050, según distintas previsiones. Así que sólo queda actuar en otros dos frentes: retrasar la edad de jubilación (para que hay menos jubilados que pagar) y que cobren menos en el futuro, teniendo en cuenta que van a vivir más años. Actualmente, la pensión media en España es el 57,7% del último salario, un porcentaje de los más elevados de Europa, según las estadísticas que aporta el Banco de España: la pensión es el 42% del último sueldo en Alemania, el 50,5% en Francia, el 58,9% en Italia, el 38,6% en Suecia o el 27,8% en Reino Unido. En su escenario alternativo, el Banco de España propone bajar la pensión futura un 10-12%, por solidaridad intergeneracional, para asegurar no sólo las pensiones actuales sino las de sus hijos y nietos.

Otro problema económico derivado del envejecimiento es el aumento del gasto sanitario, debido a que un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050 (y un 12,7%, 6,15 millones, tendrán más de 80 años). Los expertos estiman que si el gasto en salud para una persona de menos de 65 años es inferior a 1.800 euros, entre 65 y 70 años supera ya los 2.000 euros, oscila entre 2.200 y 2.500 a partir de los 70 y supera los 3.000 euros por persona para los mayores de 80 años. Eso implica que si el gasto sanitario y los cuidados de larga duración se llevan hoy el 7% del PIB, en 2050 rondarán el 10%, no sólo por el envejecimiento sino porque la tecnología y los tratamientos farmacológicos encarecerán también la sanidad.

Y queda un tercer frente de gasto muy sensible al envejecimiento: el gasto en Dependencia, para atender a los mayores que no se pueden valer por sí mismos. Hoy hay 3 millones de dependientes (1.300.000 con ayudas reconocidas), pero se estima que los dependientes se duplicarán para 2050, según el CSIC, por el aumento de la esperanza de vida. Si ahora harían falta unos 2.700 millones más al año (hasta gastar 9.800 millones anuales en Dependencia), para reducir las listas de espera (250.000) y mejorar los servicios, para 2050, habría que gastar unos 20.000 millones al año para atender la Dependencia, otro 1,8% del PIB.

En definitiva, que el envejecimiento se puede llevar, entre pensiones, sanidad y Dependencia, del 27 al 30% de la riqueza del país (PIB) en 2050. Y eso puede provocar una grave crisis de las cuentas públicas, máxime si hay menos gente que trabaja, cotiza y paga impuestos. Por eso es preocupante la demografía y el problema de tener menos niños y más viejos. Y por eso urge actuar ya contra el “suicido demográfico” de España, porque las medidas tardan años en dar frutos. Y actuar en varios frentes, no sólo con recortes.

En primer lugar, hay que actuar en el frente demográfico: intentar aumentar los nacimientos, con ayudas e incentivos a las mujeres y a las familias, para que tengan más hijos. Actualmente, las ayudas por hijo son más bajas que en Europa: 24,25 euros por cada uno de los 4 primeros, frente a 133/357/542 en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres. Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, hay que aumentar los permisos de maternidad y paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas para estudios, libros y transporte escolar  y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Otro frente de actuación es el frente fiscal. No se puede hacer frente a los costes futuros del envejecimiento con la baja recaudación fiscal que tenemos: en 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en afrontar el envejecimiento. Y eso pasa por subirlos impuestos, no a la mayoría que ya pagamos sino a los que pagan menos: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Y además, habría que subir algunas cotizaciones sociales, en línea con Europa, para financiar mejor las pensiones.

El tercer frente de actuación es el frente económico. Hay que modernizar la economía, potenciar la industria, la tecnología y la digitalización, conseguir empresas más competitivas y unos trabajadores mejor formados,  para producir más y con más eficacia, para que haya más empleo para más gente, la única manera de pagar de verdad la factura del envejecimiento, con más gente trabajando: hoy trabajan el 67% de los españoles mayores de 20 años, frente al 73,2% de los europeos, el 71,3% de los franceses y el 79,9% de los alemanes, según Eurostat. No basta con ser más españoles: tiene que haber más trabajo. Y hay que fomentar la inmigración regulada, para compensar con mano de obra extranjera (que cotiza y paga impuestos) la caída de la población nacida en España.   

Como hemos visto, el envejecimiento es uno de los grandes retos del siglo y más para España. Habría que conseguir otro Pacto de Estado por la demografía, al margen del partidismo, empezando quizás por crear un Ministerio de la Familia (como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía) y un Plan 2020-2050, para revertir tendencias y marcar objetivos, medidas y recursos. Hay que actuar cuanto antes, porque, en demografía,  los cambios exigen tiempo. Si no hacemos nada, el envejecimiento nos comerá.

¡ Ojo al crédito ! : volvemos a endeudarnos

Los españoles no consiguen ahorrar y por eso tienen que pedir un crédito para comprar coche, cambiar la nevera y los muebles o irse de vacaciones. Y, sobre todo, para comprar casa. Con la crisis, el crédito se desplomó y las familias aprovecharon para devolver deudas. Pero ahora se ha “despertado” el crédito, sobre todo los créditos al consumo, que se han duplicado desde 2014 y no paran de crecer, como las compras a crédito con tarjetas. Y también llevan tres años creciendo las hipotecas, en medio de una “guerra de ofertas” de la banca, que ahora las subirá para compensar la sentencia del Supremo. Todo ello ha llevado al Banco Central Europeo  y al Banco de España a “alertar” a los bancos españoles, para que vigilen y moderen los créditos que dan, intentando evitar problemas futuros. Sobre todo, porque en 2019 empezarán a subir los tipos de interés en Europa y eso puede disparar la morosidad de las familias y los problemas de la banca. ¡Ojo a endeudarse de más otra vez¡

enrique ortega

Los españoles ahorramos poco, de siempre, porque tenemos menos renta y menos empleo y  porque tenemos “mentalidad de propietarios”: lo que ahorramos lo gastamos en comprar una vivienda. Antes de la crisis, a principios de siglo, el ahorro rondaba el 10% de la renta bruta disponible, frente a una media del 14% en la zona euro. Luego, el ahorro se desplomó hasta 2008, por la compra de casas y porque empezó el paro y la caída de salarios: el ahorro español bajó del 6% de la renta (2008) frente a más del 12% en Europa. Curiosamente, en los primeros años de la crisis, los españoles aumentaron su ahorro, gastando al mínimo, hasta un máximo histórico del 13% de la renta, por temor a lo que se les venía encima. Pero en los años siguientes, se “comieron ese ahorro”, para reducir deudas y sobrevivir. Así  llegamos a 2018 con el ahorro en mínimos históricos: un 5,1% de la renta disponible, menos de la mitad del ahorro de la zona euro (12,3% de la renta) y mucho menos que Alemania (ahorra el 17,3% de su renta), Francia (13,7%) o Italia (9,5%), aunque más que Reino Unido (2% de ahorro), según un reciente estudio de la CNMV.

Los españoles ahorramos menos de la mitad que Europa y, en consecuencia, cuando tenemos un gasto extra importante, tenemos que pedir un crédito, endeudarnos. En los años anteriores a la crisis, el endeudamiento de las familias españolas se disparó, hasta un máximo de 910.537 millones de euros en 2008, el 74,5% para comprar piso (678.448 millones prestados para vivienda en 2008), según los datos del Banco de España. A partir de ahí, muchos españoles perdieron su trabajo y les bajaron el sueldo, con lo que vieron peligrar el pago de sus créditos y se lanzaron a devolver lo más posible, a costa de su ahorro y sus menores ingresos. Y así, en 2013 ya debían 769.800 millones (140.737 millones menos) y 705.977 millones a finales de 2017: se habían quitado un 22,4% de la deuda (204.560 millones) en nueve años, un esfuerzo de ajuste que no ha hecho nadie en Europa.

Después de quitarse parte de la losa de la deuda, cualquiera podría pensar que los españoles no querrían ni oír hablar de pedir más créditos. Pero ya saben, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra… Y como los sueldos no dan, pues volvemos a pensar en comprar a crédito. Los datos lo demuestran. El crédito al consumo (para comprar coche, cambiar electrodomésticos o muebles y pagarse vacaciones o caprichos) se ha duplicado entre 2014 (16.330 millones) y 2017 (29.389 millones) y este año, hasta agosto, se han concedido más créditos al consumo (22.807 millones) que en todo 2015 (19.747 millones), según los datos del Banco de España. Las compras a crédito con tarjeta han crecido otro 50% entre 2014 (8.850 millones) y 2017 (13.290 millones de saldo). Y las hipotecas también crecen, un 43,9% en los últimos tres años: de 27.007 millones nuevos concedidos en 2014 a 38.863 millones para hipotecas en 2017. Parece que no hay miedo a endeudarse.

Lo que más crece son los créditos al consumo porque son los de menor importe y donde la banca gana más y arriesga menos. En los dos últimos años hay una verdadera “guerra de ofertas” bancarias para colocar créditos al consumo, porque a las entidades les sobra liquidez y tienen poca demanda solvente de otros créditos a empresas y particulares. Y así, nos “colocan” créditos sin pedirlos (“preconcedidos”) y nos facilitan cambiar de coche o de muebles y viajar. Un dinero a corto plazo (1 a 5 años) y con un interés muy alto, gastos y comisiones aparte. Así, el tipo de interés del crédito al consumo era en España del 8,24% en agosto de 2018 (el coste oficial del dinero en Europa es el 0%...), frente a una media del 5,17% que se cobraba en la zona euro, según los datos del Banco de España. Y en Francia se están cobrando al 3,61%, al 6% en Alemania o al 6,71% en Italia, según datos de Bankia.

Pero además, al calor de esta mayor oferta de créditos al consumo han proliferado empresas de “créditos rápidos”, de 300 a 6.000 euros, que conceden más fácilmente créditos (“al instante, sólo con llamarnos”) a cambio de cobrar unos intereses abusivos, por prestarnos pequeños a uno o tres meses sobre todo (el TAE puede superar el 1.000%) Y luego están las comisiones y penalizaciones. En esta “guerra” por colocarnos un crédito rápido no sólo están los bancos sino que se les han unido las financieras especializadas (como Cofidis y Cetelem), empresas de microcréditos (300 a 500 euros), como Vivus o Moneyman, y hasta empresas de telecomunicaciones: Movistar creó (con la Caixa) en 2017 Movistar Money, para ofrecer créditos en 48 horas y en 2019 Orange hará lo mismo con Orange Bank.

Otra vía para pagar a crédito es pagar con una tarjeta de crédito aplazando el pago, lo que se llama una tarjeta “revolving”. Un tercio de todas las tarjetas de crédito que tenemos (unos 12 millones de las 35,77 millones de tarjetas de crédito que había en junio de 2018) son así: compramos con ellas y tenemos una especie de crédito por el que pagamos una cantidad fija (o un porcentaje del saldo) al mes, a cambio de abonar un interés que es muy elevado: ronda el 20% anual (interés mensual del 1,5%). A eso hay que añadir el coste anual de la tarjeta (de 35 a 45 euros) y los elevados costes por descubierto si superamos los límites de la tarjeta: se pagan dos comisiones, una por reclamación de posiciones deudoras (35 euros) y otra por descubierto (30 euros), más intereses de demora (20% TAE).

Y luego están los créditos más abultados y complicados de devolver, las hipotecas. Tras los años más duros de la crisis, entre 2008 y 2014, los españoles han vuelto a pedir hipotecas, animados por la bajada de tipos, que permite contratar ahora las hipotecas más baratas de la historia: se pagaban en agosto de 2018 al 2,28% en España, frente al 1,85% en la zona euro, según la última estadística del Banco de España. Eso supone que una hipoteca de 150.000 euros a 20 años cuesta al mes 678 euros, bastante menos que un alquiler (si se tiene dinero para la entrada y los gastos, un 25% del coste de la vivienda). La clave es que el banco nos conceda la hipoteca, aunque sea barata, porque miran con lupa el contrato y los ingresos del solicitante. Pero en el último año, a la vista de que no tienen muchos clientes solventes donde elegir y les sobra liquidez, la banca ha abierto la mano e incluso hay una cierta “guerra de hipotecas”, aprovechando que el Euribor (se cobra tipo inicial primer año + diferencial +Euribor el resto de años) sigue siendo negativo y ha mejorado el empleo y los salarios de algunos españoles.

Por todo ello, se están dando más hipotecas: 29.287 en julio de 2008, casi el doble que en 2014 (17.949 en julio), aunque lejos de las 89.642 hipotecas al mes que se daban en 2008. Y también se pide más importe, superando la hipoteca media los 125.000 euros (125.120 en julio), según los datos del INE, que refleja un tipo medio para las hipotecas variables del 2,36% (el mínimo histórico) y un tipo fijo del 3% para las hipotecas a tipo fijo, que son el 40% de las nuevas hipotecas que se hacen este año (eran sólo el 10% en 2016). Con todo ello, el dinero nuevo concedido para comprar casa  ha subido de 27.007 millones en 2014 a 38.863 millones en 2017 y podría superar los 42.000 millones este 2018, aunque juega en contra el enorme lío que ha montado el Tribunal Supremo con la sentencia de quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados, que va a frenar la concesión en octubre y noviembre.

Un inciso sobre esta sentencia del Supremo: decida lo que decida finalmente este 5 de noviembre, lo pagarán los clientes de las hipotecas, no los bancos. Las cuentas son sencillas. Si finalmente confirma que paguen el impuesto los bancos, lo trasladarán a sus clientes y no se darán casi cuenta: subir un 0,10% sólo el tipo de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años supone pagar 2.043 euros más en interés a lo largo de la vida del crédito, según el cálculo hecho por Cinco Días. Un ingreso extra que les da de sobra para pagar el impuesto e incluso ganar en la operación: un 1% de impuesto en una hipoteca de 150.000 euros son 1.500 euros a pagar. Les daría incluso para compensar un 1,35% de impuesto. Y si el Supremo, en plan salomónico reparte el impuesto, les bastaría con subir un 0,05% el tipo de la hipoteca. Imperceptible para el cliente, no para su bolsillo. De momento, algunos bancos, como CaixaBank e Ibercaja, ya han subido por si acaso sus hipotecas entre un 0,15 y un 0,40%.

Volviendo al crédito y a cómo se ha vuelto a disparar, sobre todo el crédito al consumo, el Banco Central Europeo (BCE) ya dio en mayo “un toque” a la banca española, recomendado “que frene su ritmo de concesión de créditos al consumo” por ser un producto con menos garantía y más riesgo que una hipoteca. Y el Banco de España le ha dado ya a la banca dos llamadas de atención sobre el crecimiento del crédito, una en septiembre (en el Informe trimestral) y otra el 5 de octubre, en persona: el gobernador advirtió en Bilbao a los banqueros que “no pueden descuidar la vigilancia sobre las condiciones de concesión de sus créditos, especialmente en los préstamos al consumo a las familias”. Y señaló, como el BCE, que el riesgo es que aumente la morosidad y estos “créditos pasen de ser una fuente de ingresos a una fuente de pérdidas para la banca española”.

Advertidos quedan, pero los bancos prefieren arriesgarse y prestar  a las familias que dedicar su dinero a comprar deuda pública (el BCE se la va a dejar de comprar en diciembre) o prestar a empresas con riesgo dudoso o dejar ese dinero improductivo. Y más si sacan una elevada rentabilidad, que supera el 8%, más comisiones y otros ingresos colaterales (tarjetas, seguros, Planes de pensiones…). Además, algunos expertos señalan que “el riesgo no es para tanto”, porque el peso del crédito al consumo sobre el total del crédito al sector privado es bajo (6,9%) y similar al de la eurozona (6,6%), Italia (7,1%), Francia y Alemania (7,3%), según un informe de CaixaBank. Incluso sobre el crédito total de la banca a las familias, los créditos personales suponen en España el 12%, un porcentaje similar al de Alemania e inferior al de Francia, porque la mayoría de la financiación va a las hipotecas, según Funcas. Y además, la morosidad ha bajado, no ha subido con el crédito: del 7,7% sobre el total del crédito al consumo en 2014 al 5,2% de morosidad en 2017, según el Banco de España.

Haya o no riesgo ahora con el despunte del crédito, lo cierto es que el riesgo se va a agravar en los próximos años, con la esperada subida de los tipos de interés en Europa, a partir del otoño de 2019. De hecho, los tipos oficiales del BCE siguen en el 0% (mientras EEUU los ha subido ya 8 veces, la última en septiembre de 2018, al 2-2,25%), pero ya ha anunciado que subirán poco a poco a partir del verano próximo. Y el Euribor, la principal referencia para las hipotecas a tipo variable (pagan un tipo inicial y luego el Euribor +un diferencial) lleva 7 meses subiendo, aunque todavía está en negativo (-0,155 en octubre frente a -0,180 en octubre 2017 y +0,338 en octubre 2014). Con ello, las hipotecas que se han revisado en septiembre y octubre han tenido unos céntimos de subida en la cuota y será mayor en los próximos meses, sobre todo dentro de un año. La previsión de AFI es que el Euribor a un año suba un 0,4% en diciembre de 2019 y un 1,5% para diciembre de 2021, mientras Bankia apuesta por una subida del 1% para finales de 2020. Sólo con esta subida del Euribor, sin tener en cuenta cambios impositivos o subidas de la banca, una hipoteca media, de 150.000 euros a 20 años, se encarecería en 80 euros al mes para dentro de 2 años (de 678,72 a 758,80 euros si sube el Euribor un 1% y a 839,4 euros si sube un 2,1%).

Quizás no parezca una subida importante, pero los tipos podrían subir más y asfixiar a los endeudados si los mercados se ponen nerviosos ante un riesgo de nuevas turbulencias o de una nueva crisis. En cualquier caso, endeudarse será más caro y lo más preocupante es que hay 10 millones de españoles vulnerables (inactivos, parados, con empleos precarios o sueldos bajos), según un estudio de Fedea y Accenture, familias que si vienen "mal dadas" tendrían problemas para devolver su crédito personal o pagar el plazo de su tarjeta o su hipoteca. Y más si suben mucho los tipos. Por eso y porque ya nos ha pasado antes, ¡ojo a endeudarse! . No tropecemos dos veces con la misma piedra.

La venta del Banco Popular, una vergüenza

El Banco Popular, el 6º mayor banco español, ha sido vendido esta madrugada al Banco Santander por 1 euro, por decisión del Banco Central Europeo (BCE), con el apoyo o el silencio del Banco de España y del Gobierno. Una decisión que  perjudica a los 300.000 accionistas del Banco Popular, cuyas acciones hoy no valen nada, y que beneficia a los Fondos de inversión extranjeros que han especulado contra el banco y al Banco Santander, que ha comprado por 1 euro lo que ayer valía en Bolsa 1.300 millones de euros, consolidando su liderazgo en la banca española, que ahora es más cosa de tres (Santander, CaixaBank y BBVA), con lo que este reforzado oligopolio bancario podrá imponer mejor servicios y comisiones a los clientes.

 

El Banco Popular era uno de los bancos más rentables del mundo hasta que llegó la crisis y se vio acuciado por un exceso de crédito a promotores, empresas y pymes. Pero no mucho más que el resto. Y los supervisores, los vigilantes de la banca europea y española (el BCE y el Banco de España), no habían detectado problemas graves en el Popular, a pesar de los cuatro test de estrés realizados al Popular y al resto de la banca en 2011, 2012, 2014 y en junio de 2016, hace sólo un año. El problema es que sus gestores no dieron sensación de saber lo que hacían y los especuladores vieron una oportunidad de hacer negocio atacando al Popular, operando a la contra del banco más débil. ¿Cómo?. Pues estos Fondos especulativos piden prestadas acciones del Popular (pagando un interés por ello), las venden (acelerando su bajada) y esperan a que bajen más, para luego poder comprarlas más baratas para devolvérselas al que se las prestó. Y así, cuanto más caigan las acciones del Popular, los especuladores ganan más. Se llama "operar en corto" (vean lo que es). Así llevan varios años, ganando más y más dinero cuanto más caía el valor del Popular. Especulando con su caída. Es legal.

Y aquí nadie ha tomado medidas. Ni la Comisión nacional del Mercado de valores (CNMC), limitando o controlando más estas compras especulativas. Ni el Banco de España, obligando y ayudando a reforzar el banco. Ni el Gobierno Rajoy, defendiendo al banco y presionando a los gestores a buscar una salida a tiempo. Ni el auditor privado del Popular, PwC, que emitió en marzo una auditoría "limpia" sobre las cuentas de 2016 (quien paga, manda). Nadie vio nada. Y sigue la especulación, forzando la cotización del Popular a la baja, semana tras semana. Y llega un momento en la normalidad "salta por los aires" y  se teme lo peor. Se multiplican las fugas de depósitos y el Popular se queda sin liquidez. Pero el Gobierno, el viernes anterior al rescate, dice que “tranquilidad”, que aquí no pasa nada, que el Popular es un banco rentable. Y tres días después, permite que se venda por 1 euro, cuando el día anterior valía en Bolsa 1.300 millones. Y hace un año 6.000 millones de euros.

El Gobierno Rajoy permite también que el Popular sea el primer banco europeo donde el BCE aplique su nueva receta para las futuras crisis bancarias: no hay ayudas públicas y los accionistas pierden todo su dinero. Y se vende a quien lo quiera, pagando un euro simbólico. Una estrategia que no se ha aplicado ni con el Deutsche Bank alemán ni con el intervenido banco italiano Monte dei Paschi. Así que el conejo de indias del BCE ha sido España y el Popular, a costa de 300.000 accionistas a los que hasta ayer se defendía la solvencia y viabilidad del banco y que hoy han perdido todo su dinero. Y otros perdedores serán los 12.000 empleados del Popular, muchos de los cuales serán “prejubilados”, o sea, despedidos, a la vez que se cerrarán oficinas duplicadas con las del Santander.

Y queda hablar del comprador, el Banco de Santander. Hay quien dice que nos ha hecho un favor, quedándose con el Popular y sus problemas por 1 euro. Pero todo apunta a que Ana Botín ha hecho un gran negocio, digno de su padre. Porque en cuanto capitalice el banco (aportará 7.000 millones de euros)  y lo meta bajo su paraguas, va a empezar a ganar dinero con sus 4 millones de clientes y el tradicional negocio del Popular (empresas y pymes), clientes que empezarán a pagar más comisiones. También se ahorrará impuestos en los próximos años por la compra del Popular: se habla de 5.000 millones de euros. Y además, se consolida como líder de la banca en España, adelantando con creces a CaixaBank y al BBVA. Todo ello sin poner un duro. Ha tenido el "temple pasiego" de esperar a que el Popular fuese un enfermo terminal: si hubiera pujado por él hace un mes, cuando se lo ofrecieron, habría tenido que pagar por él.

Con todo, los que más ganan son los fondos extranjeros que han especulado hundiendo el valor de las acciones del Popular: ahora no tendrán a quien devolver las acciones y si las devuelven será a cero euros. Un negocio redondo para los que las compraron a 3 o 10 euros. Y recuerden: todo legal. Nadie puede echarles nada en cara ni pedirles daños y perjuicios por haber ayudado a hundir el banco.

Entre todos le mataron y él sólo se murió. Si el BCE, el Banco de España, el Gobierno, los auditores y los gestores del Popular hubieran cumplido con su deber hace años e incluso meses, la situación no se habría podrido y el banco sobreviviría, sin costes para sus accionistas y empleados. Pero todos han mirado para otro lado y buscan ahora "justificarse", insistir en que la venta "es la mejor solución". Visto lo visto, espero que coincidan conmigo: la venta del Popular es una gran vergüenza.