Incertidumbre: aranceles, tipos, Europa, política...

No es habitual que a finales de julio haya tanta incertidumbre en la economía mundial, europea y española. Casi en vacaciones, no sabemos qué va a pasar con los aranceles de Trump a Europa, que van a afectar a múltiples empresas y a los precios, recortando el crecimiento. Y tampoco sabemos si el BCE bajará o no este jueves los tipos, por temor a la inflación y ante la fortaleza del euro, que dificulta las exportaciones europeas. Mientras, Europa afronta su próximo Presupuesto 2028-34, recortando algunos gastos (-80.000 millones para el campo) mientras quintuplica la partida de Defensa y Seguridad y con dos retos pendientes: las políticas climáticas (que se suavizan) y de emigración (que se “derechizan”). Y en medio de este panorama, España tiene un problema de bloqueo político e institucional que impide aprobar unos nuevos presupuestos y avanzar en las necesarias reformas (un bloqueo que ya nos ha restado Fondos europeos). Demasiadas incertidumbres que podrían frenar la buena racha de la economía española  y del empleo.

La mayor incertidumbre de la economía internacional son los aranceles de Trump, cuyo alcance real se debería despejar esta semana. Los anunció a bombo y platillo el pasado 3 de abril, con un  arancel general del 10% que subía al 20% para Europa y hasta el 34% a China y el 46% a Vietnam, más el 25% a sus vecinos México y Canadá. Pero a partir de ahí, Trump se ha dedicado a amenazar a los paises para que negociaran contrapartidas a cambio de rebajas en los aranceles, con lo que es un galimatías saber cómo quedan para cada país. Sí sabemos que sólo ha llegado a acuerdos con dos paises, Reino Unido (10%) y Vietnam (20%), alcanzando el 12 de mayo una tregua de 90 días con China. Y lo más importante, amenazando a Europa con un arancel del 30% (mayor del 20% inicial), que entraría en vigor el 1 de agosto si antes no se alcanza un acuerdo.

Eso sí, estos son aranceles “complementarios” sobre los que ya ha impuesto Trump a todos los paises: un 25% a las importaciones de aluminio y acero (desde el 12 de marzo), otro 25% a los automóviles, piezas y recambios y un arancel general del 3 al 10% para todo el mundo. Y además, ha anunciado un arancel global del 40% al cobre y otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos, ambos desde el 1 de agosto.

En el caso de Europa, siguen las reuniones con la Administración Trump para evitar ese arancel general del 30% desde el 1 de agosto, sin demasiadas esperanzas de conseguir rebajarlo sustancialmente. Así como China ha sido firme frente al chantaje de Trump (aprobado unos “contra aranceles” que han llevado a la actual tregua), la postura europea ha sido menos firme, buscando antes el acuerdo que las contramedidas, aunque Bruselas dice que tiene preparada una lista de artículos y partidas comerciales USA a las que aplicaría aranceles si no se llega a un acuerdo esta semana: industria aeronáutica, automóviles, productos alimenticios y bebidas (bourbon, soja, vino), productos químicos, maquinaria y equipos electrónicos y médicos. Esta 2ª lista de represalias europeas (72.000 millones) se sumaría a una primera lista (20.000 millones), que se aprobó el 9 de abril, en respuesta a los aranceles del 25% al aluminio y al acero, pero que no ha entrado en vigor, para “no entorpecer la negociación” para rebajar el arancel general con que amenaza Trump (30%).

Mientras Europa negocia contra reloj, como Japón, Corea y sobre todo China, lo evidente es que Trump va a imponer al resto del mundo unos aranceles que van a dañar seriamente a la economía mundial. De hecho, los aranceles ya en vigor suponen elevarlos del 2,5% que estaban en enero de este año a un 16,6% actualmente, según la Universidad de Yale. Una subida espectacular ya que en su anterior mandato, Trump sólo subió los aranceles USA del 1,5 al 2,5%. Y si se cumplen las amenazas de aranceles planteadas para el 1 de agosto, el arancel promedio de EEUU al resto del mundo subiría al 20,6%, el más alto desde 1910. Eso supondría un estancamiento del comercio mundial, un freno a las cadenas internacionales de producción, un aumento generalizado de la inflación y un estancamiento de la economía mundial, con una fuerte inflación y una crisis también en EEUU.

Hasta ahora, las amenazas y los continuos vaivenes en los aranceles impuestos por Trump no han dañado a la economía, porque los inversores esperan hechos (y no amenazas) y porque muchos paises han adelantado importaciones y exportaciones. De hecho, las Bolsas todavía no son pesimistas: el Nasdaq USA ha subido casi un 7% este año, el Euro Stoxx otro +12% y el Ibex español sube un 22% este año, a pasar de las amenazas arancelarias de Trump. Pero si sigue adelante y se agravan a partir del 1 de agosto, las consecuencias negativas llegarán: primero sobre el comercio, luego sobre la producción (encareciendo costes) y los precios (más inflación) y finalmente sobre el consumo y  la inversión, frenando el crecimiento. Y también en EEUU, donde la economía ha caído ya un 0,2% en el primer trimestre, con una inflación del +2,7% en junio (2% en la eurozona).

En Europa, si Trump impone un arancel global del 20% (lo más posible), el mayor daño lo sufrirán los paises que más comercian con EEUU, en especial  Alemania, Francia e Italia. España podría “salvarse de la quema” de la guerra arancelaria, según Bruselas,  por el escaso peso del comercio con EEUU (sólo supone el 4,7% de todas nuestras exportaciones, frente al 10,4% que suponen las exportaciones alemanas a USA), por el tirón del turismo y el consumo y por el empujón inversor de los Fondos Europeos. Pero está claro que los aranceles nos acabarán afectando, sobre todo en las regiones que más comercian con EEUU (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) y en los sectores que más exportan allí: automóvil y piezas, multinacionales energéticas, empresas de bienes de equipo y semimanufacturas, empresas textiles y de manufacturas de consumo, farmacéuticas y empresas químicas y sectores de alimentación, en especial aceites, vino y frutas.

La Comisión Europea estima que están “en riesgo” 4.500 millones de los 18.179 millones exportados por España a EEUU en 2024. Un riesgo menor al del conjunto de Europa, donde  la Comisión cree que están en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU, nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de 531.600 millones de euros). De momento, las exportaciones europeas a EEUU han seguido creciendo en abril (+3,8%) y mayo (+4,4%), según Eurostat, con lo que Europa ha mejorado su superávit comercial con USA tanto en abril (+17.700 millones, +16,6% sobre abril de 2024) como en mayo (+18.400 millones de superávit de la UE con EEUU, +29,5% sobre mayo 2024), debido a que muchas empresas han querido anticipar ventas (y compras) antes de materializarse los aranceles finales.

En el caso de España, el viernes salió el dato de las exportaciones en mayo, que crecieron un +0,8% a todo el mundo (mientras caían las de Alemania e Italia), aunque caían nuestras exportaciones a Estados Unidos (-14,4%), lo que ya pasó también en abril (-13,8%). Con estas dos bajadas de nuestras ventas en abril y mayo, las exportaciones a USA en los 5 primeros meses de este año(enero-mayo) han caído un -4,8%, mientras las importaciones han crecido un +8% (por anticipo de compras). Con ello, el déficit comercial de España con EEUU se ha agravado: -5.890 millones hasta mayo, frente a -4.553 millones al inicio de 2024. Con aranceles más altos desde agosto, lo normal es que las exportaciones caigan más, lo que obligará a nuestras empresas a buscar nuevos mercados, como ya han hecho en abril y mayo.

Además del problema de los aranceles, los europeos tenemos otro problema: la debilidad del dólar (por la política errática de Trump y su elevada deuda), que ha reforzado al euro en lo que va de año: si empezó el año cotizando a 1,035 dólares, el viernes costaba ya 1,1624 dólares, lo que supone una revalorización del euro del +12,30%. Esto significa que todos los productos europeos cuestan ahora un 12,30% más caros para los países de fuera del euro, lo que dificulta la competitividad de los productos y servicios europeos (también encarece los viajes a Europa, retrayendo el turismo a España). Así que además de aranceles en USA, en Europa tenemos un problema adicional: la revalorización del euro.

Esto afecta también a los tipos de interés, porque una manera de “bajarle los humos” al euro sería seguir bajando los tipos de interés en Europa, aunque el tipo oficial (2%) ya es mucho más bajo que el de EEUU (4,50%). Pero el BCE, que se reúne este jueves, tiene difícil aprobar una nueva bajada, porque teme que los aranceles futuros suban la inflación en Europa, que de momento está controlada (en el 2%). Esta incertidumbre sobre el futuro de los tipos ha frenado ya la caída del Euribor, que está a mediados de julio en el 2,076%, prácticamente igual que en junio (2,081%), lo que frena también la rebaja que podrían conseguir en el futuro los hipotecados. Así que está todo relacionado: más aranceles, más difícil bajar los tipos y menos bajarán las hipotecas para las familias.

Pero hay más incertidumbres económicas en el horizonte. La principal, cómo se configura el futuro de Europa, una economía que lleva varios años estancada y que pierde competitividad frente a Estados Unidos y China. La nueva Comisión Europea, más derechizada tras las últimas elecciones, parece haber perdido el empuje que demostró frente a la pandemia y la crisis inflacionista y no acaba de unirse para afrontar sus mayores retos: el impulso económico y tecnológico, la digitalización y la descarbonización, la lucha contra la crisis climática y la creación de una Defensa Europea que cubra el vacío dejado por Trump y la OTAN. Hace unos meses (septiembre 2024), Mario Draghi, el expresidente del BCE, trazó una “hoja de ruta” para que la Unión Europea modernizara su economía y la hiciese más competitiva, con un ambicioso Plan que preveía invertir 800.000 millones en 4 años. Pero ha pasado el tiempo y no hay ningún Plan, sólo divergencias a la hora de afrontar la emergencia climática, la llegada de inmigrantes, la renovación tecnológica y la Defensa Europea.

El último eslabón de la incertidumbre sobre el futuro de la UE ha sido la reciente presentación de los Presupuestos europeos para 2028-2034. Tienen dos problemas. Uno de fondo: el gasto es ridículo. Se propone un Presupuesto de 1,8 billones de euros para 7 años (257.000 millones anuales), que supone el 1,6% del PIB de la UE. Sólo el Presupuesto de España es el doble al año del propuesto para los 27. Y el Presupuesto de EEUU es 10,13 billones de euros anuales, el 37,6% del PIB USA (30 veces más). Estos datos revelan el problema de fondo: son los paises europeos los que ingresan y gastan y la Comisión Europea apenas tiene instrumentos para ingresar y gastar, es un Gobierno europeo “sin medios”.

El segundo problema de los futuros Presupuestos europeos, que se van a debatir los próximos dos años, es que ha cambiado la filosofía: los programas de los Fondos estructurales y el gasto agrícola se van a descentralizar, con programas a través de los paises: serán más planes nacionales que luego ratificará el Gobierno europeo (“menos Europa" en vez de más). Además, las nuevas prioridades como Defensa y Seguridad van a quintuplicar el gasto (131.000 millones), a costa de reducir otros programas (el campo tendrá 300,000 millones, 80.000 menos que ahora. Y el Fondo de Competitividad, la partida clave, tendrá sólo 451.000 millones (incluyendo Defensa), la mitad de lo que proponía Draghi. Pocos recursos para modernizar la economía europea y dar un salto tecnológico e industrial que permita competir mejor.

Y mientras, en España tenemos otra incertidumbre de fondo: la política. La economía va bien, lleva 4 años creciendo más que el resto de Europa y creando el 40% del empleo del continente. Pero la polarización política y el enfrentamiento institucional podrían afectar a la economía, si la coyuntura internacional se agrava y el Gobierno no tiene mayoría para tomar medidas y seguir con las reformas necesarias. Una paralización política que ya nos cuesta dinero: el 7 de julio, Bruselas recortó en 1.100 millones de euros el 5º pago de los Fondos europeos a España (ingresó 24.137 millones) por no haber compensado a los funcionarios interinos (626 millones) y por no aprobar un impuesto al diesel exigido por Bruselas: votaron en contra, en diciembre, PNV y Junts, a los que se sumaron Podemos, PP y Vox. Ahora, hay otras reformas pendientes sin las que España no recibirá los restantes Fondos UE.

En resumen, que hay demasiadas incertidumbres internacionales (aranceles, tipos, guerras) a las que sumar el incierto futuro de una Europa estancada y el parón político en España, con un Gobierno en preocupante minoría que tiene muy difícil legislar y gobernar. Son retos preocupantes con los que nos vamos de vacaciones y que seguirán ahí, quizás agravados, a la vuelta en otoño. Un panorama preocupante, fuera y dentro de España, porque podría afectar a las familias (menos consumo) y a las empresas (menos inversión), paralizando reformas y proyectos y poniendo en riesgo el llamativo despegue económico de España tras la pandemia. Por eso, urge más que nunca el diálogo y el consenso. Pero parecen imposibles.

Bloqueo político: 4 años perdidos

Hoy y mañana se debate en el Congreso la investidura de Sánchez, que puede no salir y abocarnos a otra votación en septiembre o a nuevas elecciones en noviembre. Pero, según las encuestas, esas elecciones valdrían para poco, porque se repetirían 2 bloques sin mayoría para gobernar. Y perderíamos otros  6 meses, cuando  España lleva 4 años de bloqueo político, desde que en octubre de 2015 se convocaron elecciones. La economía sigue creciendo, por  inercia, pero amenazan vientos en contra desde fuera (crisis comercio mundial, estancamiento UE, tipos y  petróleo al alza) sin que España haya hecho las reformas más urgentes: empleo y normas laborales, pensiones, vivienda, sanidad, educación, dependencia, desigualdad y pobreza, demografía, financiación autonomías, Ciencia y formación, digitalización, reindustrialización, inversiones públicas y lucha contra el Cambio climático. Y una reforma fiscal que permita recaudar más de los que pagan poco y gastar en lo mucho que hace falta. Problemas serios que hay que afrontar cuanto antes, con medidas pactadas. Para eso queremos a los políticos.

enrique ortega

En 2015 se acabó un periodo político de la reciente democracia española: el bipartidismo. Hasta entonces, el centro, la izquierda o la derecha habían conseguido gobernar y hacer reformas (algunas duras y nefastas), a golpe de mayorías absolutas o con acuerdos con los nacionalistas. Pero en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 (20-D), se configuró una España de cuatro partidos y dos bloques, sin mayorías claras, que han impedido gobernar y tomar medidas de fondo en estos casi 4 años de “bloqueo político”, desde que el 26 de octubre de 2015 se convocaran las elecciones  del 20-D.

El problema de fondo es que retrasar la investidura y convocar nuevas elecciones para noviembre de 2019 (las cuartas en 4 años) no va a resolver nada. Porque las últimas encuestas indican que aumentaría mucho la abstención (hasta el 32,4%) y que seguiría habiendo dos bloques sin mayoría para gobernar (176 diputados): uno de izquierdas (PSOE con algunos diputados más y Podemos con menos, 168 diputados frente a los 165 de ahora) y otro con “las tres derechas” (PP con algo más diputados, Cs con menos y Vox con la mitad que ahora, unos 149 diputados frente a los 147 de ahora). Y así, tendríamos nuevo bloqueo político en diciembre, tras haber perdido otros 6 meses más.

Y lo grave es que España lleva 4 años en este bloqueo político, desde octubre de 2015, sin afrontar los problemas de fondo, que se agravan mes a mes. La economía sigue creciendo, con la inercia de la recuperación, y la Comisión Europea nos augura un crecimiento del 2,3% para 2019, el doble que la zona euro (+1,2%) y más que Alemania o Francia (+12,2%). Pero no hay que confiarse. Primero, porque una parte de ese crecimiento ha venido de la ayuda exterior desde 2014, en forma de bajos tipos de interés y bajos precios del petróleo, más las compras de deuda del BCE. Pero ahora, el temor es que los vientos exteriores soplen de frente, por la crisis del comercio mundial (proteccionismo), el estancamiento de Europa y las subidas del petróleo y tipos. Y, sobre todo, porque España tiene una serie de problemas de fondo que exigen reformas, abandonadas desde 2015 por falta de Gobiernos estables y pactos.

El primer problema a afrontar es aprobar un Plan de choque por el empleo y contra el paro, el primer problema para los españoles, según todos los CIS. Este año 2019 se va a crear menos empleo (+350.000, frente a 566.200 en 2018 y +475.000 en los tres anteriores). Y el problema es que el 91% son empleos temporales y un tercio a tiempo parcial, casi todos mal pagados (menos de 1.000 euros netos al mes). Y la mitad de los parados llevan más de dos años en el paro y casi la mitad no cobra ya el desempleo, con lo que malviven sin perspectiva de trabajar, sobre todo los mayores de 45 años. Y los jóvenes y las mujeres sufren más la precariedad en el empleo y en los sueldos, ganando los jóvenes hoy igual que hace 20 años.

Además de volcarse en el empleo, reformando las oficinas del SEPE (que ni buscan empleo ni forman a los parados), haría falta apostar por las políticas activas de empleo, con ayudas a la contratación y reforzando la FP con los empleos que necesitan las empresas. Y conseguir una reforma laboral que reduzca la precariedad y mejore la productividad española, cada vez más alejada de Europa: somos más pobres que la UE (tenemos el 90% de su renta) porque aquí trabaja menos gente (67% de adultos 20-64 años frente al 73,2% en la UE-28 y el 79,9% en Alemania, según Eurostat) y trabajan con menos eficacia (la productividad por hora trabajada ha crecido en España un +17,5% entre 1995 y 2018 y en Europa un +37,1%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie).

El otro gran problema sin resolver son las pensiones. No se ha hecho nada desde que Rajoy y el PNV pactaron, en abril de 2018 una subida de las pensiones del 1,6% y retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (rebajar la pensión inicial en función de la esperanza de vida). La mayor subida de las pensiones (en 2018 y 2019) ha aumentado el gasto de la Seguridad Social, mientras no suben tanto los ingresos por sueldos (bajos) y cotizantes. Y así, a finales de junio, se ha batido un récord de gasto en pensiones: 9.773 millones, más casi otro tanto para la extra (19.000 millones en total), con lo que la SS ha tenido que acudir a un préstamo del Tesoro, porque “la hucha” está casi agotada. Y ya se pagan 9.733.234 pensiones (a 8,8 millones de pensionistas), con una pensión nueva más alta: 990 euros de pensión media y 1.410 euros las nuevas jubilaciones de junio.

Al final, el envejecimiento de la población está aumentando el número de pensiones y pensionistas, que cobran cada vez más porque han tenido salarios más altos. Y sin embargo, los 2,8 nuevos empleos creados con la recuperación son precarios, con bajas cotizaciones. Esto crea un déficit de la Seguridad Social  que ha sido de -18.500 millones en los últimos tres años y que podría superar los -20.000 millones en 2019.Un déficit que se agravará a partir de 2027, cuando se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975) y sobre todo para 2050 (cuando habrá 15 millones de pensiones). Por eso, urge tomar medidas desde ya, tratando de aumentar ingresos (vía cotizaciones e impuestos) y atemperar los gastos, con medidas varias: retraso edad de jubilación, computar lo cotizado en toda la vida laboral, ajustar las subidas al PIB y no sólo al IPC y rebajar algo las pensiones iniciales para asegurarlas durante más años que vive ahora el pensionista.

El tercer gran problema a resolver es la vivienda, que es, junto al empleo y los salarios, el tercer factor que provoca hoy mayor vulnerabilidad entre jóvenes y familias: hay 8,5 millones de españoles en situación de exclusión social, un 18,4% de la población, según el informe FOESSA. Una causa clave es que los alquileres se han disparado desde 2014, subiendo un 46% y alcanzando máximos históricos en 25 capitales. De hecho, 1,5 millones de españoles no pueden pagar un alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. Esto ha llevado a muchas familias a la exclusión social, al tener dedicar  la mitad y más de sus ingresos al alquiler (el 40% de los excluidos viven en alquiler). Y hay 2.100.000 hogares (el 11%) que viven en situación de “exclusión residencial”: 1,3 millones en viviendas con graves deficiencias (“infraviviendas”)o sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000), sin contrato de alquiler, con riesgo de desahucio o con situaciones de violencia intrafamiliar.

La solución al grave problema de vivienda de millones de familias y jóvenes no pasa por limitar legalmente los alquileres (como pretenden Podemos y algunos Ayuntamientos), porque eso retraería a los propietarios a alquilar, ni por conceder 150 euros de ayuda al alquiler de los jóvenes como promete el alcalde de Madrid (terminan subiendo más el alquiler), sino aumentando la oferta de pisos en alquiler, incentivando a alquilarlas a los propietarios que las tienen vacías (bajándoles el IBI y el IRPF) y, sobre todo, ampliando el parque de viviendas públicas (VPO) en alquiler, con compras de pisos sin vender y nuevas promociones en suelo público. Porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1.989 se terminaban más de 100.000 VPO al año. Es posible promover 20.000 al año y sacar al mercado otras 20.000 vacías o sin vender, unas 50.000 viviendas en alquiler más al año que tirarían a la baja de los precios.

El 4º gran problema a afrontar en España es recuperar el Estado del Bienestar, tras  recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (según Hacienda) en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. En Sanidad, habría que gastar como la media europea (el 7% del PIB, unos 12.000 millones más al año), aumentando y regularizando las plantillas de médicos y enfermeras (1/3 tienen contratos temporales), ampliar los especialistas, renovar tecnológicamente los hospitales y reducir con ello las abultadas listas de espera (584.000 españoles esperan una operación y el 43% esperan 57 días de media para ir al especialista) y las enormes diferencias de servicio entre autonomías. En Educación, urge un Pacto educativo para gastar también como europeos (el 5% del PIB, 11.200 millones más al año) y para reformar a fondo la educación, desde infantil a la universidad, para reducir los repetidores (1 de cada 3 estudiantes), el fracaso escolar (18,3%) y el elevado paro de los jóvenes (35% los menores de 25 años).

En Dependencia, la atención a mayores y discapacitados ha sufrido serios recortes (-4.600 millones entre 2012 y 2017) y el resultado es que, en junio de 2019, junto a 1.083.329 dependientes atendidos (la mayoría, con servicios “low cost”, no en residencias), hay todavía 256.821 dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir ningún servicio o ayuda, porque su autonomía no tiene recursos. Y lo grave es que la mayoría son ancianos muy mayores, con lo que 80 dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda a la que tienen derecho, según los Directores de Servicios Sociales. En cuanto a los servicios sociales, el gasto en 2018 (1,57% del PIB) fue 2.300 millones menos que en 2010 (1,68% del PIB), con grandes desigualdades entre la cuantía y la calidad de la atención social en Castilla y León, País Vasco o Navarra (las mejores) y Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias (las peores), según los Directores de Servicios Sociales. Y urge relanzar las ayudas a la familia y a la natalidad, para frenar nuestro “suicidio demográfico”

Otra 5ª prioridad, que lleva años esperando, es un Plan integral contra la pobreza y la desigualdad social, que han aumentado con la crisis. España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad entre 2008 y 2017 y el 4º país más desigual de Europa, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el 90% restante (que se lleva el 44,6%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50% más pobre (7,20%). Eso lleva a que España tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población (12.338.187 españoles) están en riesgo de pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo parados, inmigrantes y mujeres solas con niños (+50% son pobres). Y 1 de cada 3 menores de 16 años están en situación de pobreza: 1.400.000 niños pobres, según Save the Children.

Una 6ª prioridad que no puede esperar más (el clima, la sequía y los incendios nos lo “gritan”) es la lucha contra el Cambio Climático, donde España tiene una posición de partida peor que el resto de Europa, porque somos el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%, sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del sur. El Gobierno Sánchez envió a Bruselas, a finales de febrero de 2019,  el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos. En esencia, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040).

En paralelo a la reconversión hacia una economía más limpia, la energía debe ser la 7ª prioridad a afrontar en los próximos años, con el doble objetivo de conseguir una energía más limpia y más barata, en especial la electricidad: hoy España tiene la luz para uso doméstico un 43,8% más cara que Europa (0,187 €/Kwh frente a 0,130 €) y la luz industrial un 32,4% más cara (0,094 €kWh frente a 0,071 € la UE-28), según Industria. Y eso se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar a Sánchez, no han sido capaces de imponer una auditoría  y recortar a las eléctricas los costes que nos cobran de más en el recibo (un tercio).

Otra 8ª prioridad debería ser apostar por la Ciencia y la tecnología, tras años de recortes en I+D+i (-21.728 millones desde 2009), traducidos en abandono de proyectos y fuga de investigadores. España es uno de los paises que menos gasta en Ciencia (1,20%  del PIB en 2017 frente al 2,07% de la UE-28, el 3% de Alemania o el 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de gastar poco, lo gastamos mal, porque el 60% del Presupuesto es vía créditos que no se piden (hay Universidades y Centros que tienen prohibido endeudarse más), con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones). Y en paralelo, las empresas gastan poco en tecnología e innovación.

La 9ª prioridad de futuro debería ser modernizar la economía, apostando más por la industria (en España aporta el 16% del PIB frente al 17,5% en la UE-28 y el 23,2% en Alemania), que aporta empleo más estable, la exportación,  las inversiones públicas en infraestructuras, agua y medio ambiente, la innovación y la digitalización, buscando aumentar el tamaño de las empresas (tenemos demasiadas pymes, menos eficientes que las grandes empresas)  y mejorando la productividad, con una mayor apuesta por la formación y la mejor organización de las empresas, fomentando la participación en la gestión del día a día.

Y por fin, la 10ª gran tarea pendiente: una nueva reforma fiscal, para conseguir recursos suficientes para afrontar las tareas anteriores. El gran problema de España, y por el que tenemos todavía el 4º mayor déficit público de Europa (el 2,48% en 2018, tras 2,5% Francia, 2,1% Italia y 4,8% Chipre), no es que gastemos más (gastamos menos: un 41,3% del PIB frente al 45,6% que gasta la UE-28) sino que ingresamos mucho menos que el resto de Europa, según Eurostat. Así, en 2018, España recaudó el 38,9% del PIB, mientras los paises europeos recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que la media europea, 89.410 millones menos que los paises euro y 177.612 millones menos que Francia. Pongamos 80.000 millones menos de ingresos, que darían para reducir el déficit y gastar más en lo que hace falta.

Así que el gran reto del próximo Gobierno no es hacer más recortes, como ya pidió la Comisión Europea en junio (15.000 millones de “ajuste” entre 2019 y 2020 para seguir bajando el déficit), sino recaudar más, en línea con Europa. Y para ello, hay que aumentar la recaudación en el IRPF (reduciendo deducciones, que benefician a los ingresos más altos) y en el IVA (quitando tipos reducidos al 10% sin justificación, como hoteles y restaurantes), en los impuestos verdes (subiendo impuestos al gasóleo y gasolina, menores que en Europa), y, sobre todo, aumentando el impuesto de sociedades a los bancos, grandes empresas y multinacionales, así como a los más ricos, que pagan menos de lo que deben. Se trata de hacer una reforma fiscal donde el 95% paguemos igual o menos y un 5% pagarán más. Y reducir el fraude fiscal y cobrar a los que evaden. Medidas de las que no quieren hablar las tres derechas, que prometen bajar impuestos, cuando el camino es recaudar más.

Son bastantes retos, muy importantes, donde apenas se ha hecho nada en los últimos 4 años de bloqueo político y Gobiernos débiles. Y son reformas que exigen pactos, acuerdos y consensos, con recursos suficientes y tiempo, sin politiqueos egoístas, buscando mejorar la vida de los ciudadanos y ser un país más eficiente, más moderno y socialmente más justo. Es lo que necesitamos los españoles. Para eso queremos a los políticos. No para llevarnos a bloqueos políticos que agravan los problemas y retrasan las soluciones.