Curso escolar 2018-19: cambios retardados

Esta semana, casi 8,2 millones de niños y jóvenes empiezan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán 21.700 profesores más, aunque un 30% serán interinos, el doble que en 2011. Y no se han superado los recortes: hay menos gasto en educación que en 2009, con grandes diferencias entre autonomías. Y siguen faltando plazas en guarderías públicas, lo que dificulta que las mujeres trabajen. Lo nuevo será que el Gobierno Sánchez aprobará este viernes14 de septiembre un proyecto de Ley educativa que derogue los recortes ligados a la LOMCE (aprobada en solitario por el PP en 2013), como los alumnos por clase, el horario docentes o la religión. Pero los cambios de esta nueva Ley educativa (la 8ª de la democracia), no entrarán en vigor hasta el próximo curso 2019-2020. Y eso si se aprueba, porque si no consigue mayoría o convocan elecciones, no habrá cambios educativos hasta 2020. Un drama para un país líder en abandono escolar, baja formación de adultos y desempleo. Urge un pacto educativo, sin perder dos años más.

enrique ortega

Otro curso más, aumentarán poco los alumnos de enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta rondar los 8.178.000 niños y jóvenes en colegios e institutos este curso 2018-2019, unos 723.000 más que hace 10 años. Volverán a bajar los niños en educación infantil  (unos 1.768.000), sobre todo por la caída de la natalidad en 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Se mantendrá la cifra de los que estudian en primaria, los más numerosos (2.945.000), aumentarán sobre todo los alumnos de la ESO (1.945.000) y seguirán bajando los alumnos de Bachillerato (675.000), que, otro año más, serán superados por los alumnos que estudian Formación Profesional (FP), unos 845.000 alumnos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso en colegios e institutos públicos (el 67,26% de los centros educativos), aunque año tras año sigue ganando peso la enseñanza concertada y la privada (sobre todo en enseñanza infantil y en la ESO), especialmente en algunas comunidades: País Vasco (el 49,2% de los centros de enseñanza son concertados o privados), Madrid (45,9%), Navarra (35,6%), Cataluña (34,7%) y Baleares (33,1%), mientras hay autonomías con bajo peso de la enseñanza privada o concertada, como Canarias (24,4%), Andalucía (26,2%), Galicia (27,7%), Asturias(28,5%) y Cantabria (29,3%), según los datos 2017-18 del Ministerio de Educación. En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada/privada han ganado unos 50.000, según un informe de CCOO, gracias a las ayudas y subvenciones de algunas autonomías.

La mayor novedad de este curso 2018-19 es que los alumnos van a encontrar 21.700 nuevos profesores, que aprobaron oposiciones en junio y julio, aunque casi 2.000 quedaron fuera, un 8,94% de los presentados, mientras en algunas autonomías el porcentaje de no admitidos fue tremendo: 29,6% en Ceuta, 26,8% en Euskadi, 24,7% en Melilla o 20,4% en Madrid (449 de 2.200 plazas). Con estos nuevos docentes, habrá en España unos 720.000 profesores en colegios e institutos, de ellos 535.000 en centros públicos, unos 40.000 más que en 2009. Pero este dato es engañoso, porque las plantillas de profesores han crecido estos años con contratados (de 77.718 en 2011 a 150.210 en 2017), mientras se recortaban drásticamente los profesores con plaza fija: de 425.668 a 365.683, casi 60.000 menos. En definitiva, que los chavales tienen más profesores pero un 29,12% son interinos, según el último informe de CCOO. Y un 40% dan clase media jornada, mientras 32.000 son despedidos cada mes de junio para contratarles en septiembre. Mucha precariedad.

Pocos más alumnos, pocos nuevos centros y más profesores para un curso escolar 2018-19 con pocas novedades para alumnos y familias. El Gobierno Sánchez ha prometido aprobar en el próximo Consejo de Ministros, el 14 de septiembre, un proyecto de Ley  que revierta los principales recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en abril de 2012 (Real decreto 14/2012) y los cambios educativos aprobados luego en la LOMCE (la Ley de educación aprobada en solitario por el PP en 2013). Pero los cambios no entrarán en vigor (si logra mayoría simple para aprobarlos) hasta el próximo curso 2019-2020, según ha reconocido la ministra de Educación.

Los dos principales cambios son para revertir los recortes aprobados por el Gobierno Rajoy en 2012, con el real decreto14/2012. Por un lado, se reducirán otra vez los alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% en 2012 (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO), siendo las autonomías las que fijarán los alumnos por aula, recorte que ya han puesto en marcha este curso Andalucía y Extremadura y que podrían hacer otras más este curso. Por otro, se reducirán las horas de clase de los docentes, tras haberse aumentado en 2012 (25 horas semanales en infantil y primaria  y 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). El tercer cambio, que habrá que sustituir a los profesores que se cojan la baja al día siguiente y no a los 10 días como ahora, será el único cambio que podría implantarse en el momento de aprobarse la nueva Ley (a principios de 2019), sin tener que esperar al próximo curso.

Otro cambio en la LOMCE que estudia aprobar el Gobierno Sánchez es que la religión no sea una asignatura evaluable y no cuente para la nota media, mientras se aprueba una nueva asignatura obligatoria: “Valores cívicos y éticos”. Además, se confirma que no habrá reválidas (en 4º ESO y final de Bachillerato), aunque se mantiene la prueba de acceso a la Universidad. Además, la ministra de Educación ha prometido derogar los itinerarios segregadores a los 13 años (elegir Bachillerato o FP), recuperar las ayudas a alumnos con problemas y mejorar la formación de profesores, recuperando la participación de la comunidad educativa en los Consejos escolares y modificando los criterios de selección de directores de centros públicos, dos temas claves de organización docente que cambió la LOMCE del ministro Wert.

Otro cambio que se anuncia para el siguiente curso (2019-2020) es el sistema de becas, dado que la reforma impuesta por el ministro Wert en 2013 (más becas con menos importe y nuevos requisitos) ha provocado protestas de alumnos y familias. Mientras, este curso 2018-2019, el Gobierno Sánchez aprobó en julio 10 millones de euros más para becas (unos 1.400 millones en total), lo que supone un aumento de 100 euros anuales por becario. A esas ayudas hay que sumar las becas de las autonomías, una oferta muy dispar, donde algunas subvencionan la compra de uniformes mientras en otras faltan recursos para comedores, libros y transporte.

Mientras docentes, alumnos y familias esperan que se apruebe o no otra Ley educativa (sería la 8ª de la democracia), el gran problema de fondo de la educación en España sigue siendo la falta de recursos públicos, sobre todo de las autonomías, que financian el 85% de la educación pública en España. Este año 2018, el gasto público en educación rondará los 48.000 millones de euros, todavía menos dinero que en 2009, antes del ajuste (53.374 millones en educación), a pesar del esfuerzo de algunas autonomías por subir su presupuesto educativo estos tres últimos años. Con ello, España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%).

Los recortes han supuesto menos dinero para la educación pública (menos profesores con plaza y más precariedad laboral, pocos centros nuevos y recorte del gasto en educación compensatoria y para alumnos con problemas educativos), pero han aumentado las dotaciones públicas a la escuela concertada, vía subvenciones y cheque escolar para educación infantil y FP, según un informe de CCOO. Y todas las autonomías, mientras recortaban sus presupuestos, han aumentado el porcentaje del gasto que dan a la enseñanza concertada: 5.915 millones anuales, un 14,1% del gasto público en educación, un porcentaje que aumenta en el País Vasco (un 24,4% del gasto público en educación va a los centros privados y concertados), Navarra (21,1%, Madrid (19,6%), Baleares (19,3%) y Cataluña (17%), mientras es un porcentaje bajo en Extremadura (8%), Canarias (8,1%), Castilla la Mancha (9,1%) y Andalucía(10%), según Educación.

Pero quizás el mayor problema es que los recortes en educación han mantenido las diferencias de gasto entre autonomías, configurando una España con 17 sistemas educativos, desigualmente financiados. Así, el País Vasco gasta en educación no universitaria 8.973 euros por alumno, casi el doble que Madrid (4.593 euros), una diferencia que ya se daba en 2009 (9.530 euros frente a 4.842). Las otras 9 autonomías que, junto a Euskadi, gastan más que la media española (5.436 euros/alumno) son  Navarra (6.951 euros), Asturias (6.679), Cantabria (6.595), Galicia (6.460), Castilla y León (6.399), Extremadura (6.255), Baleares (5.917), La Rioja (5.863) y Aragón (5.631), según las estadísticas de Educación (con datos 2015). Y gastan menos que la media, además de Madrid, Andalucía (4.735 euros/alumno), Castilla la Mancha (4.885), Murcia (5.074), Canarias (5.102), Cataluña (5.197) y la Comunidad Valenciana (5.246). Y un dato preocupante: sólo 3 de las 17 autonomías gastan más hoy en educación que en 2009: Madrid, Aragón y Extremadura.

El recorte del gasto público en educación se ha traducido en un aumento del gasto educativo de las familias: ha subido de 9.013 millones en 2009 a 12.290 millones en 2016, un 36% más, según los datos de Educación. Esto se debe a un aumento de los costes de matrícula, libros, comedor, transporte y diversas actividades escolares y extraescolares, junto al recorte de becas y ayudas. Y mucha de la factura se debe al elevado coste de las guarderías, de la educación de 0 a 3 años, donde faltan plazas públicas subvencionadas y han subido mucho las guarderías privadas. El resultado es que más de 200.000 familias no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, según los datos de la Asociación AMEI.

En definitiva, tenemos una educación con recursos recortados, pocos profesores y una oferta muy dispar, por autonomías y tipos de centros. No basta con cambiar la LOMCE, si se consigue. Habría que alcanzar de una vez un pacto educativo basado en recursos y reformas. Un pacto que garantizara un gasto público educativo del 5% del PIB, lo que supondría gastar en educación 10.000 millones más, en un plazo por ejemplo de 5 años (2.000 millones más al año). Eso exige subir la recaudación (no bajar impuestos como defienden PP y Ciudadanos) y modificar el sistema de financiación autonómica, creando un Fondo de compensación para que todas las autonomías gasten lo mismo y no haya “educación de primera y de segunda”.

Pero no sólo hace falta más dinero para la educación. Hacen falta más profesores, unos 150.000 más en cinco años según los sindicatos, para reducir la precariedad (bajar los interinos del 29 al 8%), cubrir los despedidos y los jubilados. Y, sobre todo, gastarse más en formar mejor a los profesores, volviendo a la idea de “un MIR para docentes”. Y conseguir que tengan empleos estables y bien pagados, porque su trabajo es básico para el futuro. Y hace falta pactar una reforma educativa estable, para varias décadas, atendiendo a las propuestas de la comunidad educativa (docentes, centros, alumnos y familias). Una reforma que ayude a los alumnos con problemas y se centre en una educación de calidad, ligada al empleo y a la revolución tecnológica que nos amenaza.

Todo el mundo dice que “la educación es la clave del futuro”, pero los políticos son incapaces de alcanzar un pacto educativo, que España necesita más que el resto de Europa, al menos por tres razones de peso. Una, porque somos líderes europeos en abandono escolar, tras Malta: el 18,3% de los jóvenes abandonan sus estudios, frente al 10,6% en Europa, según Eurostat. Dos, que el nivel de competencias de nuestros jóvenes, en matemáticas o comprensión lectora, son bajos, según el informe PISA. Y tres, que los españoles tienen un bajo nivel educativo: el 41,7% de los adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera) frente al 20,3% en Europa, un 22% tiene formación media (Bachillerato y FP básica) frente al 46,4% en Europa y un 35,7% alta (universitarios o FP Superior) frente al 33,4% en Europa, según el informe Education at a Glance 2017 de la OCDE. Tres datos que explican bien por qué España tiene el doble de paro, general (15,1% frente a 6,8%) y juvenil (33,4 frente a 16,6%), que Europa.

Recapitulando. Otro curso escolar atados a la polémica LOMCE y otro curso escolar sin pacto educativo, sin los recursos y profesores suficientes para que nuestros hijos y nietos reciban una educación de calidad. Con los políticos en sus peleas, mientras las familias tratan de pagar la educación de sus hijos y que aprueben y los centros educativos tratan de hacer equilibrios para tapar agujeros y cubrir deficiencias, con profesores precarios y mal pagados. No podemos permitirnos seguir así, jugarnos el futuro con una educación deficiente. Sobre todo la pública, cada vez más devaluada. Otro curso más, urge mejorar la educación. Una demanda de todos, que no puede demorarse uno o dos años.