Funcionarios: la mitad se jubila en 10 años

Los sindicatos denuncian que desde el 1 de abril están paralizadas las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos, porque la nueva normativa exige sustituirlos por jóvenes con contrato fijo y eso no lo pueden hacer los Ayuntamientos, autonomías y la Administración central sin convocar oposiciones. Además, los funcionarios de carrera no pueden acogerse a la jubilación parcial desde 2012 y la nueva Ley de Función Pública que se lo permitirá está paralizada en el Congreso desde julio de 2024. Así que hay problemas para que los jóvenes sustituyan a los empleados públicos, más envejecidos que el resto de los trabajadores: el 57% de los funcionarios tienen más de 50 años y casi 90.000 se jubilarán en los próximos 10 años. Por eso es importante facilitar su relevo por jóvenes, permitiendo su jubilación parcial a partir de los 62 años, algo imposible hoy y que sí pueden hacer las empresas privadas. Hay que fomentar la entrada de jóvenes en la Administración, para dinamizarla y modernizarla.

                    Los funcionarios son los trabajadores más envejecidos (57,16% tienen más de 50 años)

España es un país envejecido, tanto en su población (el 43% tienen más de 50 años) como en su mano de obra (el 33,5% de los trabajadores asalariados tienen más de 50 años). Pero el envejecimiento es mayor entre los empleados públicos (44,96%) que entre los que trabajan en empresas privadas (sólo el 30,82% tienen más de 50 años). Y dentro de los trabajadores de la función pública, los más envejecidos son los funcionarios y personal estatutario (personal sanitario), donde más de la mitad de los empleados (el 57,16%) tienen más de 50 años, según el último informe del Ministerio de la Función Pública.

Así que los que trabajan para la Administración pública (3.521.900 empleados en junio, según la EPA)  tienen más edad media que el resto de trabajadores, lo que va a provocar que en los próximos 10 años se jubilen casi la mitad, algo que hay que preveer desde ya porque si no se deteriorarán más los servicios públicos, en general faltos de personal y con plantillas muy precarias: 908.800 trabajadores públicos, el 27,8% del total tienen contrato temporal, un dato por el que nos ha llamado la atención Bruselas y los Tribunales europeos. Mientras el Gobierno se compromete a bajar esta tasa al 8% a medio plazo, con oposiciones y regularizaciones.

El reciente estudio del Ministerio de la Función Pública se centra sólo en el envejecimiento de una parte de los empleados públicos, los funcionarios de carrera y el personal estatutario (de la sanidad) de la Administración General del Estado, en total 539.257 personas (de los 3,5 millones que trabajan para el sector público), sin informar de los funcionarios y empleados que trabajan en autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. De ellos, 282,003 son personal de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y Administración de Justicia, por lo que el estudio se centra en los 242.409 empleados públicos restantes que trabajan en Ministerios, empresas públicas , Agencias estatales y Universidades no transferidas.

Pues bien, de estos 242.409 empleados públicos en la Administración Central, el estudio se fija en el envejecimiento de los funcionarios de carrera (141.426 personas, el 57,58% con más de 50 años) y del personal laboral fijo (39.504 personas, el 66,29% con más de 50 años), el “cogollo” del personal de la Administración central del Estado, con una tasa de envejecimiento (57,16% tienen más de 50 años) muy superior a la del conjunto de los trabajadores españoles (el 33,4% tienen más de 50 años).

Este alto envejecimiento del núcleo de nuestra Administración pública se traduce en que la mitad se van a jubilar en los próximos 10 años, según el estudio del Ministerio: para 2035 se habrán jubilado el 49,53% de la plantilla actual: serán 89.690 empleados públicos jubilados en los próximos 10 años, 67.448 funcionarios de carrera y 22.242 del personal laboral, concentrados más en algunas categorías y Departamentos. Una pérdida de personal (repito, el 49,53% de los empleados actuales) que será muy importante en sus trabajos y cuya sustitución hay que preparar desde ya para mantener y no deteriorar los servicios públicos.

El estudio del Ministerio prevé convocar nuevas plazas y oposiciones en la próxima década, para incorporar a 104.789 nuevos empleados públicos (82.665 funcionarios de carrera y 22.124 personal laboral fijo), con lo que se cubrirían con creces  las 89.690 jubilaciones previstas (con un saldo neto de 15.099 empleados, todos funcionarios de carrera). El problema es que el estudio no informa de las jubilaciones previstas en el conjunto de la Administración pública, es decir, cuántos de los 3,5 millones que hoy trabajan para la Administración central, empresas públicas, autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos se van a jubilar de aquí a 2035. Si la tasa de envejecimiento es similar, habría que sustituir a 1,7 millones de trabajadores públicos en la próxima década, una tarea muy compleja, que exige convocar múltiples oposiciones y preparar numerosas contrataciones de personal público, si no queremos que se deterioren aún más los servicios públicos y la atención al ciudadano.

Una medida que podría ayudar a rejuvenecer las plantillas públicas es la jubilación anticipada o parcial de funcionarios y empleados públicos, para dar entrada a jóvenes en la Administración. En los últimos años, algunos empleados públicos han optado por la jubilación parcial: trabajar menos horas y cobrar una parte de jubilación anticipada y otra de sueldo, acogiéndose al Real Decreto1991 de 1984, modificado en 2011. Pero a finales de 2024, los sindicatos, la patronal y el Gobierno pactaron una nueva reforma de la jubilación parcial, que entró en vigor el 1 de abril de 2025. Y esta reforma ha frenado todas las peticiones de jubilación parcial que habían pedido muchos trabajadores públicos en Ayuntamientos, autonomías y Administración central. En paralelo, los funcionarios de carrera y el personal estatutario (sanidad) siguen sin poder pedir la jubilación parcial desde 2012, cuando lo prohibió Rajoy para colaborar así en la reducción del gasto público (los famosos “recortes”).

La reforma de la jubilación parcial que entró en vigor el 1 de abril permite a todos los trabajadores solicitar trabajar menos horas (un mínimo de 25% de la jornada y un máximo del 75%), sustituyendo ese menor sueldo con una parte de la pensión, siempre que tengan cotizados 33 años y 6 meses. Y la edad a la que se puede solicitar la jubilación parcial es de 62 años (si ha cotizado más de 38 años y 3 meses) y 63 años y 8 meses (si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses pero más de 33 años y 6 meses). Pero además, la nueva norma plantea una exigencia nueva: el trabajador que se jubila parcialmente ha de ser sustituido por un joven relevista (que esté en el desempleo) al que la empresa debe hacer un contrato indefinidos a tiempo completo ( o un contrato fijo discontinuo), que debe mantenerse 2 años después de la jubilación parcial del trabajador relevado.

Este cambio, el que obliga a sustituir al jubilado parcial por un joven con contrato indefinido a tiempo completo es el que imposibilita que los trabajadores públicos consigan ahora una jubilación parcial: exigiría que su Administración (Ayuntamiento, autonomía, Administración central o empresa pública) contratara fijo a un joven, algo que no pueden hacer porque el proceso de contratación en la Administración exige convocar pruebas y oposiciones, limitadas por sus maltrechas economías y las normativas vigentes. Y por eso, un Juzgado de lo social de Gijón ha rechazado en julio la petición de una enfermera de la Consejería de Derechos Sociales de Asturias para acogerse a una jubilación parcial, como informa el sindicato CSIF, que denuncia  la situación de muchos empleados públicos que ahora no pueden conseguir la jubilación parcial, al menos hasta que sus Administraciones convoquen nuevas plazas.

El problema se ha ido agravando y los sindicatos presionan a la Seguridad Social para que busque una solución que permita la jubilación parcial de los empleados públicos, como sí pueden hacer el resto de los trabajadores. Todo indica que la solución pactada será volver a la situación anterior al 1 de abril y permitir por un tiempo que los empleados públicos se puedan jubilar parcialmente siendo sustituidos por interinos “temporalmente”, como sucedía antes, a la vez que se aceleran las convocatorias de nuevas plazas de empleo público para que los sustitutos sean personal fijo (como en el resto de empresas).

El problema es que este “parche” puede resolver el problema del personal laboral que quiere optar a la jubilación parcial, pero no resuelve el problema de los funcionarios de carrera y personal estatutario (sanidad), que no pueden solicitar la jubilación parcial desde 2012. Se les buscó una solución, introduciendo una enmienda en la Ley de la Función Pública, para que ellos también se puedan jubilar parcialmente. Pero la Ley sigue paralizada en el Congreso desde julio de 2024, junto a otras tantas Leyes que sufren el actual bloqueo político.

A la vista del tremendo envejecimiento de las plantillas públicas, urge acelerar estos cambios, tanto para facilitar la jubilación parcial de los empleados públicos y de los funcionarios como para retrasar la jubilación de los funcionarios (hasta los 72 años), para impedir que desaparezcan la mitad de los empleados públicos en la próxima década. Se trata de redimensionar las plantillas públicas (escasas en muchos Departamentos tras los recortes de 2012 y la no reposición de los jubilados), reducir su precariedad (elevadísima en la sanidad y en parte de la educación) y planificar con tiempo el futuro, para afrontar las jubilaciones previstas y las necesidades crecientes de muchos servicios públicos.

Y no solo se trata de planificar el futuro de las Administraciones públicas y sus empleados. Otro reto es incorporar a la juventud a la función pública, porque en una gran mayoría de casos optan por las empresas privadas, generalmente porque pagan mejor. Y cuando hacen una oposición, es muchas veces por asegurarse un empleo más que por apostar por el servicio público, que lleva décadas denigrado y poco valorado en España. Pero es importante que la Administración pública del futuro cuente con los jóvenes, que pueden aportarla innovación, digitalización y modernización. Para eso, el camino del contrato de relevo, que un joven sustituya a un empleado público o a un funcionario con experiencia es la mejor escuela y una garantía de eficacia y calidad en los servicios públicos. Por eso, urge arreglar los problemas actuales y facilitar el relevo laboral en la Administración pública.

Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron “subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en “indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos”: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.

Los salarios no ganan a la inflación

Finalmente, 2023 acabó con una subida media de la inflación del +3,55%, menos de la mitad que en 2022 (+8,40%). Pero como los sueldos en los convenios subieron un +3,46%, los trabajadores volvieron a perder algo de poder adquisitivo el año pasado. Y van tres años seguidos: entre 2021 y 2023, los salarios han perdido un -8,67% frente a la inflación. Ahora, en 2024, todo apunta a que los salarios perderán algo de poder adquisitivo, por 4ª año consecutivo, con subidas entre el 3 y el 3,5%, algo menos de la inflación prevista. Y también los funcionarios perderán poder adquisitivo, aunque no los que cobran el salario mínimo (+5%) ni los pensionistas (+3,8%), que lo volverán a ganar. Mientras, las empresas suben más que la inflación sus ventas, beneficios, dividendos y sueldos de los ejecutivos, aumentando la desigualdad en el reparto del crecimiento. Ahora, la clave es moderar márgenes y beneficios para subir más los salarios, el requisito para crecer y crear empleo en 2024.

                  Enrique Ortega

La inflación cerró 2023 moderándose algo más, con una subida anual del +3,1% en diciembre, frente al 4,1% que teníamos en abril y el 3,5% de septiembre y octubre. Con ello, la inflación media de 2023 fue del +3,55%, menos de la mitad que en 2022 (+8,40%) y también por debajo de 2021 (+4,43%). Una buena noticia para los consumidores, aunque no podemos olvidar otra: la inflación ha subido más que los salarios de la mayoría de trabajadores en 2023. Y es ya el tercer año consecutivo en que los salarios pierden poder adquisitivo, tras lo perdido en 2021 y, sobre todo, en 2022. Veamos los datos.

En 2023, unos 11 millones de trabajadores asalariados, afectados por 3.512 convenios (con vigencia en 2023) tuvieron una subida media del +3,46%, según Trabajo,  superior a la subida de 2022 (+2,78%) y de 2021 (+1,47%), pero inferior a la subida media del IPC en 2023 (+3,55%, según el INE). Son los asalariados con convenio, porque hay otros (unos 6 millones) que no tienen convenio, porque no se ha firmado o porque trabajan en pymes sin convenio o son autónomos. Y en estos casos, lo habitual es que su subida en 2023 haya sido inferior al 3,46% de los convenios, con lo que esos trabajadores habrán perdido más poder adquisitivo.

Lo mismo les pasa a los 3,5 millones de funcionarios y personal de las Administraciones públicas. Según un acuerdo plurianual pactado con los sindicatos en octubre de 2022, en 2023 tuvieron una subida salarial del +3% (más otro 0,5% en caso de que el PIB supere el previsto, como así podría ser: +2,4% esperado frente al 2,1% estimado en los Presupuestos 2023). De momento, los funcionarios han perdido el año pasado -0,55% de poder adquisitivo, aunque podría acabar siendo sólo el -0,05% si se confirma el mayor crecimiento.

Eso sí, hay dos colectivos que han ganado poder adquisitivo en 2023. Uno, los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), mayoritariamente mujeres (empleadas limpieza y hogar), jóvenes y trabajadores del campo: el Gobierno Sánchez les aprobó una subida del +3,63% en 2023 (1.080 euros), algo superior a la inflación media final (+3,55%). Y también han ganado poder adquisitivo los 10 millones de pensionistas, cuya pensión sube este año una media del +3,8% (por encima del IPC medio de 3,55% en 2023), con una subida mayor, del 5 al 7%, para las pensiones mínimas.

Con este balance, la mayoría de trabajadores y funcionarios perdieron algo de poder adquisitivo en 2023, aunque mucho menos que en los dos años anteriores. En 2021, los trabajadores asalariados con convenio perdieron -2,96% (1,47% subieron los convenios y 4,43% la inflación media) y en 2022, el año con la inflación más disparada, perdieron -5,62% de poder adquisitivo (2,78% subieron los convenios frente al 8,40% de inflación media). Así que, en los tres últimos años (2021, 2022 y 2023), los 11 millones de trabajadores con convenio han perdido -8,67% de poder adquisitivo. Y 6 millones sin convenio, más.

En paralelo, los 3,5 millones de funcionarios y empleados públicos también han perdido poder adquisitivo estos tres últimos años, sobre todo en 2022 (cuando sus sueldos subieron un 3,5% y la inflación el 8,40% de media), aunque también en 2021 (sus salarios subieron un 1,4%, frente al 4,43% que subió la inflación ese año) y algo en 2023 (entre 0,5% y 0,05%). Sumando los tres años, los funcionarios y empleados públicos habrán perdido -8.43% de poder adquisitivo, en línea con lo perdido por el resto trabajadores (-8,67%).

El balance de estos últimos tres años es más positivo para los 2,5 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo (SMI), aunque también han perdido poder adquisitivo: su sueldo les subió un +13,68% entre 2020 (950 euros) y 2023 (1.080 euros), frente al 16,38% que subió  la inflación media entre 2021 y 2023. Una pérdida de poder adquisitivo del -2,70%, que se compensará en parte en 2024, con una subida del +5% que superará la inflación prevista (entre el 3 y el 3,5%).

Los únicos que no han perdido poder adquisitivo estos tres años de alta inflación son los 10 millones de pensionistas. Y eso gracias a que el 1 de enero de 2022 entró en vigor la nueva Ley (21/2021, de 28 de diciembre de 2021), que aprobó la revalorización automática de las pensiones con el IPC (suben cada año la inflación media hasta noviembre del año anterior), que salió adelante con el voto en contra de PP y Vox. Gracias al nuevo sistema, las pensiones han tenido subidas superiores a la inflación: +2,5% en 2022 (la inflación media entre diciembre 2020 y noviembre 2021), +8,5% en 2023 (+8,40% inflación 2022) y +3,8% en 2024 (+3,55% inflación en 2021). Ya antes, entre 2018 a 2021, también mantuvieron su poder adquisitivo: subían según el IPC esperado y luego, si era mayor, el Gobierno aprobaba un complemento (la “paguilla”), que se cobraba en enero siguiente.

En estos tres últimos años, España ha tenido menos inflación que la mayoría de Europa (cerró 2023 con una inflación homologable del 3,3%, frente al 3,4% de media en la UE-27, el 3,8% en Alemania, el 4,1% en Francia y el 0,5% en Italia, según Eurostat),  pero también los salarios han subido algo menos, con lo que los trabajadores españoles están entre los que han perdido más poder adquisitivo: han perdido un -0,4% desde el año 2.000, según la OCDE, y sólo tienen peor balance Grecia (-12,8%), México (-3,6%) e Italia (-0,9%). Y otro reciente informe de la OCDE alerta de la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores que menos ganan, por lo que piden reforzar los salarios más bajos en la negociación colectiva.

Los últimos datos disponibles (Eurostat) revelan que tanto en 2022 como en 2023 (los años de alta inflación), las subidas de sueldos en España han sido inferiores a la media europea y de los grandes paises. Así, en 2022, la subida media fue del +3%, frente al +4,4% en la UE-27 y en Alemania, el 3,7% de Francia, el 3,5% de Paises Bajos o el 4,3% de Portugal, siendo sólo menor la subida en Italia (+2,3%). Y en el tercer trimestre de 2023 (último dato), la subida anual de salarios era del +4,7% en España, frente al +6,1% en la UE-27, el 6,2% en Alemania, el 8,1% en Bélgica, , el 7,4% en Paises Bajos o el 4,7% en Portugal, siendo sólo menor la subida Francia (+4,2%) y en Italia (+3,1%).

Estas menores subidas de sueldos en España se arrastran desde 2009, por lo que se mantiene y crece la brecha de sueldos entre España y Europa. Así, en 2022, el sueldo por hora en España era de 17,50 euros, un 24% inferior al de la UE-27 (22,9 euros por hora) y un 42% inferior a Alemania (30,3 euros/hora), siendo también menor al de Francia (27,7 euros), Paises Bajos (30,7 euros), Bélgica (33,4 euros), Dinamarca (41 euros por hora) e Italia (21,2 euros por hora.), según Eurostat. Eso se traduce en que el salario medio mensual en España es de 1.822 euros (2022), frente a 2.302 euros de media en la UE-27, 3.148 euros en Alemania, 2.964 euros en Paises Bajos, 2.574 en Francia y 2.174 euros mensuales en Italia, según el IX Monitor anual de Adecco.

Cara a la negociación salarial en 2024, la ventaja es que se espera una inflación similar o algo menor a la de 2023 (3,55% de media): el Banco de España apuesta porque subirá el 3,3%, pero el Gobierno y Funcas (Cajas) apuestan por una inflación del 3,5 al 3,6%. Todo va a depender de lo que hagan la energía (petróleo y gas), la luz (la factura subirá, por la subida de impuestos y el nuevo sistema de fijación de precios) y los alimentos (clima), lo que dependerá mucho de los conflictos geopolíticos: si persisten la guerra en Ucrania y se colapsa el canal de Suez, por la guerra en Palestina, la inflación podría repuntar…

Suponiendo que no haya “sustos” y la inflación se estabilice entre el 3 y el 3,5% de media anual, los salarios no van a subir más que esa inflación y podríamos ver el 4º año de pérdida de poder adquisitivo (pequeña). El acuerdo salarial pactado en mayo pasado entre la CEOE, UGT y CCOO establece una subida del +3% en 2024, con la salvaguarda de que si el IPC anual supera el 3% (bastante posible), se recuperaría la mayor inflación en 2025 (hasta un 1% adicional). Y lo mismo para 2025. Según CCOO, conforme a este acuerdo,  la subida media ya pactada  para este año es del +4,1%. Pero eso sucede porque algunas grandes empresas contemplan subidas del 4% este año, pero la mayoría de empresas no están ofreciendo más del 3% de aumento. Y muchas ofrecen menos. De hecho, una Encuesta entre empresas hecha por Randstad indica que el abanico de subidas ofrecidas para 2024 oscila entre el +2 y el +3,5%. 

Veamos cómo apuntan las negociaciones en algunos sectores y grandes empresas para 2024. La banca ofrece una subida del +2,25% (mientras sus beneficios podrían haber subido un +24% en 2023) y los seguros un +3,25%. Las grandes del automóvil varían entre el +3,1% de Stellantis y el +3,25% de Ford. En el sector turístico, las subidas ofrecidas varían entre el +2,5 y el +3,5%. En distribución, las subidas llegan al 4,5% (y hasta el 6% Mercadona). En energía, la subida ofertada es del +1,75% (+0,5% en Repsol y +0,7% en Iberdrola). En la industria se ofrecen subidas del +3,6% y en la construcción el +3%. Y tanto Telefónica como Orange ofrecen subir el +3,1%.

Por este camino, no parece que en 2024 los salarios recuperen poder adquisitivo. El Banco de España estima que los salarios no lo recuperarán hasta 2026, cuando la inflación baje del  2% anual. La injusticia es que los salarios crecen moderadamente, por 4º año consecutivo, mientras las empresas han recuperado ya sus ventas, márgenes y beneficios de 2019, antes de la pandemia. En 2022, los ingresos de las empresas crecieron un +27% (y un +43% desde 2020), los resultados de explotación (beneficios brutos) un +23% (el triple que en 2020), los dividendos repartidos a accionistas rozaron los 26.000 millones, los más altos desde 2019) y sin embargo los sueldos medios de las 50 grandes empresas crecieron sólo un +8%, según un reciente Informe de Oxfam Intermón. Y según la Agencia Tributaria, en 2023 (hasta julio), el beneficio empresarial creció un +25% (y +17,5% en todo 2022) mientras los salarios declarados subieron un +8% (y sólo el 3,4% en todo 2022).

No se trata sólo de que los salarios españoles sean de los más bajos de Europa y que suban muy poco en relación al aumento de ventas, beneficios y dividendos de las empresas. Es que además, hay grandes diferencias de sueldos, que se mantienen y agravan año tras  año. En 2022, el salario de 74.258 directivos superó los 260.000 euros, 11 veces más de sueldo que el resto de asalariados (que ganan 23.464 euros de media), según la Agencia Tributaria. Y dentro de los trabajadores “normales”, hay discriminación en dos colectivos: los jóvenes (ganan de media 1.005,21 euros al mes, en 12 pagas, según el último Observatorio del Consejo de la Juventud) y las mujeres, que ganan de media un 20,9% menos que los hombres (22.601 euros brutos en 2021 frente a 27.322 euros, según el INE).

Visto el panorama, España tiene un problema de bajos salarios y una tremenda desigualdad a la hora de repartir la riqueza (el PIB), dado que los sueldos crecen mucho menos que las ventas, los márgenes, beneficios y dividendos de las empresas. Ha llegado la hora de que los salarios recuperen parte de lo perdido entre 2021 y 2023 y los beneficios empresariales se moderen, para poder subir algo más los salarios sin riesgo de que repunte la inflación. Porque en los dos últimos años, la subida extra de la inflación no ha sido por culpa de los trabajadores sino del aumento de costes y los mayores márgenes empresariales, que se ha trasladado a los precios, aumentando beneficios. Lo reconoce el Banco Central Europeo (BCE), al estimar que dos tercios de la inflación en 2022 se debieron a una subida de márgenes y beneficios empresariales. Y también la OCDE ha demostrado que tres cuartas partes de la subida de la inflación en Europa se ha debido a la subida de los márgenes (y beneficios) empresariales y que sólo la cuarta parte restante se debe a los salarios.

Ahora, cara a 2024, el dilema es claro: o los salarios se moderan (como proponen las subidas ofrecidas por la patronal) o las empresas moderan sus márgenes y beneficios, para poder subir algo más los salarios sin que repunte la inflación. Es lo que llaman un “Pacto de rentas”, algo de lo que no quieren hablar la patronal y la derecha. Y por eso, otro año más, intentarán “moderar” los salarios para no “moderar” los beneficios. Una opción que no sólo es injusta socialmente, sino también perjudicial para la economía: necesitamos que el consumo familiar  siga tirando de la economía, para que no se frenen el crecimiento y el empleo. Y eso será difícil si los sueldos crecen el 3% o menos, como muchos proponen. Así que las empresas deberían pagar salarios más altos (aunque porcentualmente ganen menos) para vender más y que la economía crezca en 2024. Si no, la economía se desinflará y todos saldremos perdiendo.

Presupuestos 2023: "vacuna" frente a la crisis

El pasado jueves llegaron al Congreso los Presupuestos 2023, que podrían prorrogarse para 2024. Estas cuentas públicas tienen un objetivo: evitar que España caiga en recesión, como se teme en Alemania y parte de Europa, por la inflación y la guerra en Ucrania. ¿Cómo? Tirando de la inversión pública (con Fondos europeos) y aumentando el gasto social a 25 millones de españoles (jubilados, funcionarios, parados, trabajadores, dependientes, beneficiarios del ingreso mínimo, bono social eléctrico y de transportes, jóvenes…), para sostener así su consumo, el crecimiento (la mitad) y el empleo, gracias al aumento de la recaudación, por la inflación y algunas subidas "selectivas" de impuestos. Es una nueva “vacuna” (social) frente a la crisis, muy diferente a la que aplicó Rajoy en 2012 (subida histórica de impuestos y drásticos recortes). Veremos si la mayor inversión y gasto social hacen de "locomotora" e impiden la recesión. Porque si la receta no funciona y la economía decrece,  sólo quedará subir impuestos y volver a los recortes. Crucemos los dedos.

Enrique Ortega

Los Presupuestos de un país son la política que elige un Gobierno para afrontar los problemas y diseñar cómo quiere que evolucione la economía.  Ahora, la gran prioridad de estos Presupuestos 2023 recién presentados es sortear la “recesión” (caída del PIB dos trimestres seguidos), seguir creciendo el año que viene, aunque menos: el gran objetivo de las cuentas públicas es crecer un +2,1% en 2023, la mitad que este año (+4,4%), pero más que la media europea (la UE-27 espera crecer +1,5%) y más que los otros grandes países europeos, más que Alemania (+1,3% estima la Comisión Europea, pero la OCDE prevé que caerán un -0,7%), Francia (+1,4%) e Italia (+0,9%). Y con este menor crecimiento del +2,1% (ojo: similar al +2% de 2019), se busca sortear la grave crisis de la inflación (la segunda en tres años, tras la pandemia) y subir incluso algo el empleo (+122.000 ocupados), llegando a rozar los 21 millones de españoles trabajando a finales de 2023, según el cuadro que acompaña a estos Presupuestos.

¿Cómo puede España evitar la recesión que amenaza a Europa? La estrategia es utilizar los Presupuestos 2023 como “un arma contracíclica”: cuando la economía está débil, cuando la inversión de las empresas y el consumo de los españoles se enfría, el sector público trata de hacer de “locomotora de la economía”, contrarrestar el pesimismo económico del momento con más inversión y más gasto público, que buscan “tirar de la actividad”, crecer aunque sea poco. Para ello, los Presupuestos 2023 utilizan dos instrumentos: aumentar más la inversión pública y el gasto social, para que estos mayores recursos públicos en la economía reanimen la actividad e impidan caer en recesión. Para aportar estos mayores recursos públicos (+6%), este mayor gasto (la “vacuna” contra la crisis), los Presupuestos 2023 contemplan tener más ingresos (+7,7%), recaudados gracias a la inflación, la mejora (pequeña) del crecimiento y el empleo y la subida de algunos impuestos. Veámoslo.

Empecemos por el aumento del gasto público, para sostener la economía. Los Presupuestos 2023 no “disparan” el gasto (como la derecha indica engañosamente), sino que son “moderadamente expansivos”, porque Bruselas no nos dejaría hacerlo, dada nuestra baja recaudación y elevado déficit público. Hay un “techo al gasto”, para cumplir las exigencias europeas, y el conjunto del gasto público (485.986 millones) crece un 7,6% en 2023, lo que supone (descontando un 4,1% de inflación prevista) un crecimiento real del gasto público del 3,5% en 2023. Y dentro de este futuro gasto, hay dos prioridades: el gasto en inversiones públicas y en gasto social, los dos “motores” que mantendrán el crecimiento.

Los Presupuestos 2023 destinan 43.084 millones a inversiones públicas, unas que harán el Estado y otras que transferirán para que las hagan otras instituciones. Lo más llamativo es que las inversiones directas que hará el Estado superarán los 10.000 millones por primera vez en nuestra historia, alcanzando los 11.867 millones de euros, un +33,1% más que en 2022 (y si descontamos la aportación de los Fondos UE, crece incluso un +28%). Estas inversiones públicas harán de locomotora de proyectos, arrastrando mayores inversiones privadas, que ayudarán al crecimiento y a la modernización de la economía.

El otro gasto que hará de “locomotora” de la economía será el gasto social, que crecerá un 10,5% el año próximo: 266.719 millones de euros, 6 de cada 10 euros del gasto presupuestado. La mayor partida de gasto es para pensiones, a las que se destinarán 190.687 millones de euros en 2023 (+11,4% que este año). El mayor aumento de este gasto es por la revalorización de las pensiones con el IPC anual esperado (diciembre 2021-noviembre 2022), un +8,5% de subida para 2023, que tendrá un coste extra para la SS de unos 20.000 millones de euros, a los que sumar las nuevas pensiones y la aportación que va a hacerse en 2023 a la “hucha de las pensiones”, por primera vez en 13 años: 2.957 millones.

Otro colectivo que se beneficia del mayor gasto social son los dependientes, que recibirán 620 millones más, hasta destinarse 3.522 millones a la Dependencia (+152% que hace tres años). También habrá 12.741 millones (+13,2%) para los jóvenes, con la prórroga del bono de alquiler de 250 euros (+200 millones) y las ayudas al alquiler accesible. Y aumenta el gasto público en educación y becas (5.354 millones, +6,6%), sanidad (7.049 millones, +6,7%), cultura (+13,5%), ingreso mínimo vital (sube un 8.5%), bono social térmico (+102 millones), bono transportes (el de cercanías gratuito se amplía a todo 2023) y ayudas familiares (los 100 euros por niño de 0 a 3 años los cobrarán todas las madres, trabajen o no). Sólo baja el gasto en desempleo (-5,3%), pero porque se espera reducir el paro, ya que los parados van a cobrar más en 2023: subirá la prestación asistencial (+3,6%) y la prestación contributiva, del 60% (al que lo recortó Rajoy en 2012)  al 70% de la base reguladora a los 6 meses de cobrar el desempleo (300.000 parados cobrarán 100 euros más al mes).

El objetivo de estas subidas del gasto social a mayores, dependientes, parados, familias con niños y jóvenes es compensarles el efecto de la inflación disparada y que su consumo no caiga en picado y anticipe la recesión. Otro colectivo importante que tendrá una subida importante son los funcionarios: su sueldo subirá un 2,5% en 2023, más un 1% adicional que va a depender de la inflación y del crecimiento del PIB. Y muy importante: antes de que acabe este año, recibirán una paga del 1,5% para compensarles (en parte) la pérdida de poder adquisitivo. En conjunto, el gasto de personal de los 2,7 millones de empleados públicos será de 20.502 millones en 2023, un 6,6% más que este año.

Fuera de este gasto social y del personal laboral, la tercera partida importante de gasto es el pago de los intereses de la deuda pública, que se llevará 31.300 millones en 2023 (+3,7%). Y esta factura para financiar el déficit público no es mayor porque el Tesoro ha anticipado la colocación de deuda este año, antes de la subida de tipos. Fuera de estos gastos, destaca el aumento del gasto en Defensa (12.317 millones presupuestados, +25,8%), para poder cumplir en los próximos años (para 2029) el compromiso con la OTAN de gastar un 2% del PIB en Defensa, en Ciencia (8.673 millones, +23%), en Seguridad Ciudadana (10.719 millones (+5,6%), en Justicia (2.291 millones, +0,3%) y en Política exterior y Cooperación (2.426 millones, +7,6), un desglose que detalla el Libro amarillo de los Presupuestos 2023.

Y todo este gasto público, ¿cómo se paga? Pues con impuestos y con déficit público. En los últimos años, por exigencias de Bruselas, las cuentas se hacen al revés: cuanto déficit público puedo presentar  y, en función de eso, cuanto puedo gastar y cuanto tengo que recaudar. Porque el Gobierno Sánchez y su vicepresidenta Calviño saben bien que han de presentar unas cuentas públicas “asumibles” por la Comisión Europea y “los mercados” (los inversores, para que no les pase como a la británica Truss), aunque ahora (primero por la pandemia y ahora por la inflación y la guerra) no esté en vigor el Pacto  de Estabilidad (prohibido tener más del 3% de déficit y más del 60% de deuda para poder estar en la zona euro). Por eso, el Gobierno ha reiterado que estos Presupuestos 2023 tienen “responsabilidad fiscal”: aumentan el gasto, pero reducen el déficit público (del -5% del PIB en 2022 al -3,9% en 2023 y el -3,3% en 2024) y la deuda pública (del 115,2% del PIB en 2022 al 112,4% en 2023 y en 110,9% para 2024).

¿Cómo se puede gastar más y a la vez bajar el déficit público y la deuda? Pues recaudando más. En principio, los Presupuestos contemplan ingresar 262.781 millones de euros por impuestos, un 7,7% más (+18.710 millones), gracias a tres factores: la inflación (que eleva la recaudación porque todo vale más y tributa más, al no “deflactarse” la tarifa, descontarse la inflación de ingresos y precios), el crecimiento (ligero) de la economía y el empleo y los cambios fiscales que ha aprobado el Gobierno y que entrarán en vigor en 2023 y 2024. En los Presupuestos 2023 se contemplan “medidas fiscales Robín Hood”: se reducen los impuestos a 4,5 millones de trabajadores (no se toca su tipo en el IRPF, pero se extiende la deducción por el trabajo a todos los que ganen menos de 21.000 euros anuales, el sueldo mediano en España), a casi 1 millón de autónomos (a los que se rebaja los módulos y se aumenta los gastos deducibles sin justificar) y a 407.000 pymes (se les rebaja los tipos del 25 al 23%) y , en contrapartida, se les suben a 3.600 grandes empresas (que ahora sólo podrán compensar la mitad de las deudas de sus filiales) y a 17.814 inversores,  contribuyentes que ingresan más de 200.000 euros anuales por intereses o dividendos. En paralelo, el Gobierno aprobará en las próximas semanas una Ley ad hoc con dos nuevos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero y durante 2023 y 2024: un impuesto a las energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas) y a la banca.

Con los cambios fiscales incluidos en los Presupuestos 2023, Hacienda ingresará 3.144 euros más entre 2023 y 2024: por las bajadas a trabajadores, autónomos y pymes perderá 2.559 millones y por la subida a grandes empresas e inversores ganará 5.649 millones. Y con los dos nuevos impuestos a energéticas y bancos, ingresará 7.000 millones extras en los próximos dos años. Además, se anuncia un Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que afectará a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, para compensar la pérdida de ingresos por la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, Madrid y otras autonomías del PP. Así, la estrategia es doble: ayudar a reanimar la economía reduciendo impuestos a los que más sufren esta crisis, pero seguir aumentando la recaudación neta, para afrontar el aumento del gasto y a la reducción del déficit. Más “gasolina” a la economía, pero financiándola con las grandes empresas y los más ricos.

Hasta aquí, la filosofía de los Presupuestos 2023, que podrían ser también los Presupuestos prorrogados para 2024 (si las elecciones son en diciembre 2023): una “vacuna” social, que pretende evitar la recesión gastando e invirtiendo más, a costa de recaudar más. Esta estrategia, seguida por el Gobierno Sánchez en los tres Presupuestos que ha hecho, coincide ahora con la estrategia en Europa, donde la Comisión, el BCE y la mayoría de los gobiernos defienden importantes ayudas públicas contra la inflación (y antes, contra la pandemia)  financiadas con subidas de impuestos a las grandes empresas y los más ricos. Una estrategia, una “vacuna” contra la crisis, que nada tiene que ver con la que defendía Europa en la pasada década y que aplicó Rajoy en los Presupuestos 2012 a 2015: subida histórica de impuestos y drásticos recortes de gastos. Ya sabemos por experiencia las consecuencias de esa medicina contra la crisis…Ahora hay que ver el fruto de esta otra vía, que ya hemos visto en la crisis COVID: corta recesión en 2020, empresas salvadas y más empleos.

Esta estrategia de gastos e ingresos de los Presupuestos 2023, en línea con Bruselas, va a tropezar con muchas incertidumbres. La primera y fundamental, la evolución de la guerra en Ucrania, los precios de la energía y la inflación. Si el conflicto se prolonga muchos meses y Europa no consigue frenar los precios del gas y la luz (siguen divididos sobre si poner topes y extender “la excepción ibérica”), las familias frenarán el consumo (a pesar del gasto social y los menores impuestos) y las empresas invertirán menos, rebajándose el crecimiento. Y más si Alemania y parte de Europa “pinchan” y entran en recesión. Harían falta más ayudas y eso obligaría a recaudar más o a seleccionar ayudas y gastos.

La otra incertidumbre son los tipos de interés. Si la inflación tarda en bajar, el BCE seguirá subiendo los tipos (a finales de octubre los pondrá ya en el 2%) y eso hará mucho daño a las familias (el Euribor está ya en el 2,42%, lo que encarece una hipoteca media más de 2.000 euros al año…) y a las empresas, aumentando la morosidad y frenando más la actividad, lo que ayuda también a acabar en recesión. Y eso siempre que la subida de tipos y la crisis en Europa no provoque otra “crisis de la deuda” como la de 2010-2012, lo que nos encarecería la financiación del déficit, restando recursos públicos.

Y un tercer tema clave es cómo gastemos los Fondos europeos, unos 25.000 millones anuales incluidos en los Presupuestos de 2021,2022 y 2023. Es un dinero básico, del que depende buena parte de la inversión prevista, pero que en su mayoría no se ha gastado y muchos de los proyectos están sobre el papel, no en ejecución. Todo apunta a que 2023 va a ser el año clave para ejecutar estos Fondos europeos. Y que de hacerlo bien o mal depende en buena medida que España crezca algo o nada el próximo año… Y ejecutar bien este dinero clave para modernizar el país depende en buena medida de una estrecha colaboración entre el Gobierno central, las autonomías y los empresarios, una relación que hoy resulta bastante polémica (y más en un año electoral).

Al final, que la “vacuna” social de estos Presupuestos 2023 “funcione” y nos salve de la recesión depende de que lo noten los 25 millones de españoles beneficiados (por el mayor gasto social y los menores impuestos), reduzcan su incertidumbre y consuman. No es fácil, porque el pesimismo del momento es evidente (“España está mal, aunque los españoles dicen que están bien”, según el último Barómetro del CIS) y existe una tremenda polarización política, que impide hacer necesarios Pactos frente a la crisis. Si los Presupuestos no ayudan a recomponer la confianza o el conflicto en Ucrania  y la inflación se agravan, no será posible crecer el 2,1% previsto en 2023 (el Banco de España prevé que creceremos mucho menos, el 1,4%, y la OCDE, un 1,5%). De ser así, de crecer menos o caer en recesión, las cuentas de los  Presupuesto 2023 no saldrían. Y sólo quedaría subir impuestos o recortar gastos otra vez, recetas que agravarían la situación. Crucemos los dedos para que la “vacuna” funcione.