Nueva Ley contra residuos y plásticos

El domingo 10 de abril entró en vigor la nueva Ley de Residuos, que traspone (con retraso) la Directiva europea de 2019. El objetivo es que España recicle más su basura (reciclamos el 36%, frente al 48% la UE), que aumente la recogida separada de residuos orgánicos y reducir drásticamente el uso de plásticos (dos tercios de todos los residuos). Además, se fomentará la recogida de envases (“devolver los cascos”) y se prohíben ya los plásticos de un solo uso  (bastoncillos, vasos, platos), obligando a bares y restaurantes a servir gratis agua a granel. Para incentivar el reciclaje, se aprueban 2 nuevas tasas, que se cobrarán desde enero de 2023: una tasa estatal a los que generan basuras (particulares, negocios, empresas) y otra a la fabricación de plásticos. Eso se traducirá en una subida del recibo de la basura a todos (40 euros al año por familia) y un encarecimiento de alimentos y artículos que llevan plásticos, que pagaremos también los consumidores. Es el coste de tener un país “más limpio”.

Enrique Ortega

El mundo sigue metido en una espiral infernal donde cada año consume más y genera más basura. Vivimos en “un mundo muy sucio”, según los datos de la ONU: generamos 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,27 millones de Tm. cada hora). Y un 20% de toda esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi un kilo por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y otro 5% se incinera) y acaba en vertederos o se tira a los ríos y al mar, provocando una peligrosa contaminación, emisiones y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), botellas (se consumen un millón cada minuto) y bolsas (5 billones al año) que acaban en los vertederos y en el mar, contaminando durante siglos. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia y Africa.

Si analizamos sólo la basura urbana (la quinta parte del total), sin tener en cuenta la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de residuos), los paises que generan más basura urbana son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm. al año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si analizamos la basura por habitante, resulta que los paises que generan más residuos urbanos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (620, Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (468), Finlandia y Reino Unido (482 kg de residuo por habitante y año).

España genera menos residuos totales por habitante que la mayoría de los paises europeos: 4.485 kg en 2018, por debajo de la media de la UE-27 (7.050 kilos), según Eurostat (datos 2018), lo que nos sitúa como el 8º país con menos residuos (sólo por delante de Letonia, Croacia, Portugal, Hungría, Chipre, Eslovaquia y Lituania), muy por debajo de los residuos totales que generan los paises ricos de Europa, como Finlandia (25.822 kg de residuos por persona), Suecia (15.763), Holanda (11.041), Bélgica (9.421), Austria (9.312), Alemania (6.763 kg por habitante), Francia (6.604) o Italia (4.705 kg/habitante). Y si miramos sólo los residuos urbanos, España también genera menos: 455 kg por habitante al año, frente a 505 kg de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2020). En este ranking, España es el 10º país europeo que genera menos basura urbana, sólo más que la mayoría de paises del Este, Bélgica y Suecia, pero mucha menos que Dinamarca (845 kg por habitante/año), Luxemburgo (790), Alemania (632), Finlandia (596), Austria (585), Francia (537), Holanda (535), Portugal (513) e Italia (505 kg/habitante/año).

España es un país “más limpio” que los grandes de Europa pero tiene un problema de fondo, que arrastramos desde hace décadas: reciclamos poco. De hecho, en 2020, reciclamos sólo un 36,4% de los residuos urbanos, frente a la media de la UE-27, que recicló el 47,8%, según Eurostat. Y además, nos hemos estancado e incluso bajado en el reciclaje: hemos pasado de reciclar el 39,7% de la basura urbana en 2008 al 39,3% en 2019 y el 36,4% en 2020 (mientras la UE-27 subió del 36,5% en 2008 al 48,1% en 2019 y al 47,8% actual). España es el 10º país europeo que menos recicla su basura urbana (36,4%), muy lejos de las tasas de reciclado de Alemania (67%), Italia (59,6%) o Francia (42,6%).

Y la consecuencia de reciclar poco es que la mayoría de la basura acaba en vertederos: un 51,86% de los residuos urbanos en España, frente al 23% de media en la UE-27 y sólo el 0,8% en Alemania, el 18% en Francia y el 20,8% en Italia, según Eurostat.  Y la tercera opción, incinerar la basura para recuperar energía, es también muy escasa en España: un 11,6% de los residuos urbanos frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. El exceso de basura que va a vertederos ha causado un grave problema a España con las autoridades europeas: ya hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar.

La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reducir los residuos. Ya en 2008, aprobó una Directiva sobre gestión de residuos con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% acabara en vertederos para 2020. Después, en 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo a los paises de 2 años (debía entrar en vigor en julio de 2021).

Pero llegó este plazo y España no tenía aún aprobada la nueva Ley de Residuos, que se había retrasado y que el Gobierno Sánchez no aprobó hasta el 18 de mayo de 2021. Y como el debate de la Ley también se retrasó, la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España el 9 de febrero de 2022, insistiendo en que la Ley de Residuos era una de las reformas estructurales exigidas por Bruselas para que España acceda a los Fondos Europeos. Finalmente, el 31 de marzo se ha aprobado la nueva Ley en el Congreso, con la abstención del PP y la oposición de Vox y ERC (por la gestión de las tasas).

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022).

La primera medida, que entró en vigor al día siguiente de publicarse la Ley en el BOE ( 9 de abril) es la prohibición de los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y además se prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Otra medida ya vigente es la obligación de bares y restaurantes de servir gratis agua a granel a sus clientes. Y se da amparo legal a los Ayuntamientos que quieran prohibir fumar en las playas.

La Ley aprueba 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta ahora, hay 10 autonomías que tienen tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además son muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se da un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa asociada a la gestión de residuos que prestan.

La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.

Otro cambio importante de la nueva Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada será “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obliga a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando así su reciclaje.  

Otra novedad importante es que se permite a los Ayuntamientos “la declaración de suelos contaminados”, si encuentran componentes peligrosos procedentes de actividades humanas o industriales, obligando a los responsables a reparar el daño causado al suelo. Y también se abre la vía para acabar con el amianto: se obliga a los Ayuntamientos a elaborar, en un año, un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada. Además, se prohíbe la utilización del Bisfenol A, un producto contaminante que se utiliza en la fabricación de envases de plástico (los rígidos y transparentes) y tazas, un producto que Bruselas va a prohibir.

Ahora falta traducir esta Ley a medidas concretas y plazos en relación a los envases, con la aprobación final del Decreto-ley de envases, aprobado en septiembre de 2021 y que, tras 2.500 alegaciones recibidas, será aprobado por el Gobierno este 2º trimestre, para que entre en vigor en verano. La patronal de la alimentación FIAB se ha quejado duramente de este Decreto, que concreta la Ley de Residuos en cuanto a envases, porque consideran que les costará 7.050 millones y les obligará a invertir otros 6.270 millones para adaptarse, lo que podría obligar a cerrar a 2.400 industrias y 26.500 empleos. Enfrente, las organizaciones ecologistas valoran positivamente la Ley, pero creen que debería ser más radical en la reducción de envases y que no garantiza una retirada de residuos orgánicos de calidad.

Al final, esta Ley de Residuos puede reducir la basura que generamos y conseguir un mayor reciclaje, pero habrá que pagar el coste. Y aunque se pretende que “quien contamine pague”, todo apunta a que los que más pagaremos seremos los consumidores. Primero, al comprar alimentos y productos envasados, donde nos trasladarán el nuevo impuesto. Y luego en todos los artículos, donde el fabricante calculará el precio del reciclado y tratará de repercutirlo al consumidor. Y sobre todo, subirá el coste de la recogida de basuras, con la tasa a los vertidos, sobre todo a los negocios, comercios, bares y particulares. De hecho, algunos cálculos estiman en 40 euros anuales la subida de la tasa municipal de basuras.

Es lo que hay: si queremos reducir los envases y residuos, reciclar más y tener un país más limpio, habrá que pagarlo. El problema es cómo se reparte esta factura: si nadie vigila, lo esperable es que se repercuta a lo largo de la cadena, hasta llegar al consumidor final, que será quien pague más por casi todo. Es lo que le falta a esta nueva Ley de Residuos: un mecanismo concreto y eficaz de reparto justo de costes. Así que pagaremos los de siempre.

España: poco reciclaje y muchos vertederos

Uno de los problemas más serios en este siglo es la basura: cada persona produce casi 1 kilo de residuos domésticos diarios, más los residuos industriales (4 veces más). Y el 70% de esta basura mundial acaba en vertederos. Cada minuto usamos 1 millón de botellas de plástico, mientras generamos 8 kilos de desechos electrónicos anuales por persona. En España, el problema es aún más grave, porque somos el 4º país europeo que menos recicla (el 34,8% de la basura) y el que tiene más vertederos ilegales, por los que el Tribunal de la UE nos ha multado varias veces. El Gobierno ha aprobado, en mayo, una Ley de Residuos, creando un impuesto estatal a la basura para que no vaya de una autonomía a otra, buscando donde menos se cobra. Y otro impuesto a los plásticos, prohibiendo los de un solo uso. El objetivo es cumplir la exigencia europea para 2035: reciclar el 65% de la basura. Difícil pero necesario: la basura nos come.

 

Enrique Ortega

Vivimos en un mundo muy sucio, que produce 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,2 millones de Tm. cada hora), según el último dato de la ONU. Y un 20% de esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi 1 kilo diario por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y un 5% se incinera) y acaba en vertederos, en tierra, ríos y el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), que en un 79% acaban en vertederos o en el mar. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia o Africa.

Si analizamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), sin contar la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de los residuos), los paises que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los paises que generan más residuos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734 kg/hab), Suiza (730 kg), Dinamarca (758), Alemania (620), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482 kg/hab).

España genera menos basura por habitante (sólo residuos urbanos) que la mayoría de paises europeos: 476 kilos por habitante y año en 2019, por debajo de la media europea (502 kilos/hab en la UE-27) y el país europeo nº 16 en la generación de residuos urbanos, según las últimas estadísticas de Eurostat. A raíz de la crisis de 2008, en España cayó la generación de residuos municipales, de 510 kilos por habitante en 2010 a un mínimo de 448 kilos en 2014, pero luego, con la recuperación, ha aumentado la basura generada, hasta los 476 kilos por persona de 2019, aún inferior a la de los grandes paises europeos.

Pero España tiene un problema más grave con la basura que el resto de Europa: recicla mucho menos residuos municipales (y también industriales). De hecho, en 2019 sólo reciclamos el 34,8% de los residuos municipales (reciclaje más compostaje), frente a una media de reciclaje del 48% en Europa, según Eurostat. Y somos el 10º país europeo que menos recicla, muy lejos de los paises líderes en reciclaje de residuos: Alemania (66,6%), Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Paises Bajos (56,9%), Bélgica (54,7%), Dinamarca (51,5%), Italia (51,3%) y Lituania (49,9%), todos por encima der la media. Además, hemos avanzado poco en el reciclaje de residuos urbanos: del 29,2% que reciclábamos en 2010 al 34,8% en 2019 (la UE ha pasado del 20% al 48%).

Otra parte de la basura no se recicla (reciclaje o compostaje) sino que se incinera, se quema en plantas especializadas. En Europa se incinera un 28% de los residuos urbanos, bastante más que en España, donde sólo se incineran el 11,2% de residuos municipales, según Eurostat. Una técnica que trata de reducirse, porque genera emisiones de gases de efecto invernadero (sobre todo metano, más peligroso para el cambio climático que el CO2), consume energía (muchas plantas no la recuperan) y, sobre todo, provoca riesgo de cáncer en la población cercana a las incineradoras, según distintos estudios científicos.

La tercera opción para la basura, cuando no se recicla ni incinera, es llevarla a vertederos, algunos legales y muchos ilegales. Es la opción más utilizada en España: un 54% de la basura urbana acabó en vertederos en 2019, frente a menos de la mitad, el 24% de media en la UE-27, según Eurostat. Esto nos coloca como el 4º país con más peso de los vertederos en Europa, sólo por detrás de Malta (91,6% de la basura urbana acaba en vertederos), Grecia (77,6%) y Chipre (67% de la basura en vertederos). Y muy alejada del peso de los vertederos en la basura de  Suecia, Finlandia, Bélgica y Holanda (menos del 0,6%), Alemania (0,8%), Francia (19,6%) o Italia (20,9%). Además, tampoco hemos avanzado mucho en los últimos años: en 2010 acababa en vertederos el 62,3% de la basura, frente al 54% ahora (mientras en la UE 27, el porcentaje de los vertederos ha bajado del 48% al 24%).

El problema además de España no es sólo que más de la mitad de la basura no se recicle ni incinere y acabe en vertederos. Es que hay demasiados vertederos ilegales junto a los legales. España tiene 182 vertederos de residuos municipales, más otras 50 plantas de gestión de residuos industriales y peligrosos, la mayoría instalados en el noreste de España (Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña), con unas 30 instalaciones de media en cada una de estas cuatro regiones, más otras 20 de media en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía. Pero junto a estos vertederos legales, España contaba en 2018 con 1.513 vertederos ilegales, según denunció la Comisión Europea, algunos hoy cerrados pero no la mayoría. Y eso ha provocado que el Tribunal de Justicia de la UE haya multado dos veces a España por ellos, desde 2015, la última por 61 vertederos (ver listado).

España recicla menos residuos urbanos y utiliza más los vertederos por una mala gestión de los residuos en origen: el 82% de los residuos urbanos no se separan correctamente, la basura está mezclada y eso dificulta su tratamiento. La Comisión Europea ya ha advertido varias veces a España que no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica, por lo que “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así no se pueden tratar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, lo que provoca que, después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se pueda reciclar y vender, con lo que acaba finalmente en los vertederos (legales e ilegales).

Pero además, las plantas de reciclaje de basura en España funcionan mal, según otro informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría aportados por Europa) para construir enormes plantas procesadoras de residuos, que concentran en un solo punto la basura de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas de tratamiento de residuos. Y además, las “macro plantas” españolas  son “poco eficaces”, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llega al 5%, con lo que el 95% restante acaba en vertederos (legales e ilegales), que proliferan por doquier, o se exporta.

Y no es solo la “basura tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal “la basura electrónica” (ordenadores, teléfonos y otros aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante al año, más que en Europa (16,6 kg) y casi el triple  que la media mundial (7,3 kg/habitante, según la ONU). Aquí, el porcentaje de reciclado es aún menor que en la basura urbana: el 25% (frente al 35% de basura electrónica que recicla la UE-27). Y el 75% restante se gestiona “de forma inadecuada”, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta a Africa o Asia (muchas veces ilegalmente) o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable, porque debemos recordar que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros) al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclaje. Se trata de “un fraude generalizado” en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

El grave problema de la basura preocupa mucho en Europa. Ya en 2008, la Comisión Europea aprobó una Directiva sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y que sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Después, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos el objetivo para 2020 (recordemos: reciclamos el 34,8% de los residuos urbanos frente al 50% propuesto), tendrá muy difícil cumplir los objetivos señalados para 2025 y 2035. Y sobre todo, algunas autonomías más retrasadas en el reciclaje, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan en torno al 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2018 a España y a otros 13 paises europeos (Finlandia, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y 8 paises del Este) para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje” porque corrían el riesgo de no cumplir el objetivo europeo de reciclar el 50% en 2020. Y antes, en febrero de 2017, Bruselas publicó un Informe donde señalaba los problemas de España con la basura: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos, falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías y ayuntamientos, que son los que tienen la competencia para la gestión de residuos, con escasos medios y financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que no aplicó ni el Gobierno Rajoy ni los sucesivos gobiernos de Sánchez. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los distintos impuestos autonómicos. La propuesta es simple: se necesita más dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado, y ese dinero deben pagarlo los que generan la basura (comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares). Y hoy por hoy, las tasas por vertidos que se pagan en España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa. Y además, sólo 10 autonomías tienen impuestos (diferentes cada una) sobre los residuos industriales (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas), lo que explica “el turismo de residuos”: empresas que llevan su basura a las regiones que no cobran, lo que explica que el mayor vertedero industrial de España esté en Almonacid del Marquesado (Cuenca). Y sobre los vertidos municipales, solo cobran tasas 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra), según este cuadro de los ecologistas.

Así hemos seguido, generando residuos y sin tomar medidas, a pesar de las alertas europeas. El 5 febrero de 2021, 16 organizaciones ecologistas y ONGs españolas presentaron una demanda por incumplimiento de los objetivos europeos ante la Comisión Europea, que estudia ahora si abre expediente a España. Esta denuncia, más la exigencia de reformas estructurales para recibir los Fondos europeos, ha llevado al Gobierno a acelerar la Ley de Residuos, aprobada en el Consejo de Ministros del 18 de mayo. Su objetivo es incentivar el reciclaje de residuos con la creación de 2 impuestos “verdes”. Un impuesto sobre la incineración y el depósito de residuos en vertederos (654,2 millones anuales) y otro impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso (723,8 millones). Además, se obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la recogida separada de basura orgánica en 2022 (y al resto en 2024), junto a recogidas separadas de textiles y aceites para 2025. También se prohíbe la venta de cubiertos y pajitas de plástico de un solo uso y se obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis, cuando se apruebe esta Ley.

El objetivo de esta Ley de Residuos, que debe entrar en vigor en 2022, es doble: reducir los residuos que generamos (un 15% en 2030 sobre los de 2010: de 510 kilos por persona a 433 kilos, 63 kilos menos que ahora) y aumentar el reciclaje de residuos (un 10%, hasta el 44,8% en 2030, aún lejos del 65% objetivo europeo en 2035). España está muy retrasada respecto a Europa en la gestión de residuos y no tiene fácil homologarse con la UE. Pero hay que intentarlo, con esta nueva Ley de Residuos, con fuertes inversiones en autonomías, ayuntamientos e industrias y con un cambio de hábitos de todos nosotros, separando y reciclando nuestros residuos. Urge hacerlo, porque la basura “nos come”.

El reciclaje, otra asignatura pendiente

La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos”. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.

enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different”. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son “bombas de efectos retardados”, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.