En 2025, los españoles batimos un récord de gasto en
alimentación (+5,8%): compramos algo más pero sobre todo hemos pagado más
por la subida de precios (+3,2%). Una subida que arrastramos
desde la pandemia: los alimentos han subido +38,5% desde 2020
a hoy, más del doble que los sueldos. Este consumo se concentra en los
super que ofrecen “marcas blancas”, en especial Mercadona, que copa
el 27% del mercado y que visitan el 93,2% de los compradores. Con
las subidas, las familias comparan más los precios y van más veces al súper
para hacer compras más pequeñas. Y pierden cuota los hipermercados,
mientras se recuperan las tiendas de barrio, no las
de alimentación. Ahora, los precios de los alimentos seguirán
altos, porque los fabricantes acaban de subir sus precios y por los
efectos del cambio climático: las fuertes lluvias de este
año han dañado muchas cosechas y acabaremos notándolo en subidas
de frutas, hortalizas, aceite, cereales y carnes. Con todo, comer será cada
vez más caro.
La alimentación es el 2º mayor gasto de los
hogares, tras la vivienda. En 2024 (último dato del INE), el gasto
medio de las familias españolas en alimentación fue de 5.391 euros, el 15,8%
del gasto total (39.944 euros), frente a los 4.286 euros que nos
gastábamos en 2019 (entonces era el 14,17% del gasto total), según la Encuesta de
Presupuestos Familiares. Y este peso de los alimentos ha subido más en
las familias con ingresos bajos (destinan el 19,4% de su presupuesto a
alimentación) y medios (gastan el 17,9% en alimentación) que en las
familias con más ingresos (gastan un 12% en alimentación), con lo que la subida
de precios y el mayor gasto en alimentación estos años se ha repartido
de forma desigual.
En 2025, el gasto medio en alimentación era ya de 6.259
euros por familia, según
la OCU, aunque varía mucho según el tamaño de la ciudad donde se viva (las
grandes ciudades son más caras). Y también varía mucho según dónde se
compre: la diferencia puede llegar a ser de 1.132 euros de media entre
los establecimientos más caros (Sánchez Romero, Supercor y Sorli Discau) y los
más baratos (Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash), siendo esta diferencia mucho
mayor en Madrid y otras grandes capitales.
La fuerte subida de los alimentos estos años ha modificado
los hábitos de compra de los consumidores, según
el estudio de WorldPanel. Por un lado, casi el 70% de los compradores compara
precios antes de hacer la compra, visitando más tiendas y supermercados
(visitan hasta 6 establecimientos al año) y complementando compras en
varios sitios, según los precios. Por otro, siguen
ganando terreno las “marcas blancas” (los productos con marca
del súper, no del fabricante), que suponen el 45,6% de las ventas de la
gran distribución (eran el 32% en 2018). También ganan peso en las ventas las ofertas,
promociones (2x1 o 3x2) y las tarjetas de fidelización y descuento. Otra
tendencia que avanza es ir más veces a comprar (240 compras por
hogar en 2025) y hacer compras más
pequeñas cada vez. Y además, crecen mucho las ventas de platos
preparados en los supermercados: en 2025, los platos preparados facturaron
3.750 millones, un 11% más que en 2024.
La tendencia a comprar cada vez más “marcas blancas”,
generalmente más baratas, sigue haciendo crecer más a los
supermercados “de surtido corto”, frente al resto de supermercados
e hipermercados, que ofrecen marcas blancas y de fabricantes. Así, en 2025, el
supermercado que más cuota ha ganado es Mercadona
(+0,6%), que ya supone el 27% de todas las ventas de alimentación (más perfumería
y limpieza). Su crecimiento en 2025 se ha apoyado en el aumento de las grandes
cestas (el 30%), las ventas en libre servicio de pescado y marisco, el aumento
de ventas de perfumería e higiene (+11%) y sobre todo el tirón de sus platos
de comida preparada, que supera en facturación (19% del total) a los bares
y restaurantes. Lo más llamativo de Mercadona no es sólo que venda más de la
cuarta parte de los alimentos que se compran en España sino que además, un
93,2% de los compradores visitan sus tiendas y un 29% son fieles y acostumbran
a comprar en Mercadona.
Junto a Mercadona, los
grandes súper “de ciclo corto”, que basan su negocio en marcas blancas son la
cadena alemana Lidl (6,9% de cuota, +0,5% que en
2024), que se consolida en las grandes cestas por sus precios y tarjeta de
fidelización, Dia (3,8% de cuota, +0,1%), que se consolida como
cadena de referencia en proximidad, con muchas ofertas y promociones, y la
alemana Aldi (2% de cuota, +0,2%), la que más ha crecido en
compradores. También son importantes los
supermercados regionales, que concentran un 18,5% de cuota
(+0,4% en 2025), destacando Consum (3,6% de cuota, +0,2%), con
gran penetración en Levante y Cataluña, junto al Grupo IFA (9,9% de cuota,
igual que en 2024), BonÁrea, BM, AhorraMas, Dinosol, Bonpreu, Lipa o Alimerka,
cuya mayor ventaja es la cercanía, la oferta de
alimentos frescos y la buena relación calidad/precio.
Dentro del Top
10 hay 3 hipermercados que han perdido cuota o se han
estancado en 2025. El mayor, Carrefour, el 2º gran distribuidor
tras Mercadona (3 veces mayor),con una cuota del 9% (-0,7% que en 2024).
Le sigue Alcampo, el puesto 7º del ranking, con una cuota del 2,8%
(por debajo de Lidl, Dia y Consum), que ha perdido un 0,2% en 2024. Y el
tercero, el Grupo Eroski, el 4º en el ranking, con un 4,3% de cuota
(la misma que en 2024). En los tres casos, no consiguen ganar clientes y cuota,
básicamente porque apuestan menos por
las marcas blancas, aunque tratan de abrir tiendas de proximidad y mejorar sus
ofertas. Hay un cuarto hipermercado, la
cadena norteamericana Costco, que lleva 10 años en España
(acumulando 150 millones de pérdidas), operando con almacenes gigantes (en
Madrid, Bilbao, Sevilla y Zaragoza), donde vende productos en formato mayorista
(y carburantes), cobrando por ser socio (tiene 750.000, que pagan 36 euros al
año).
Junto a estas grandes marcas de la distribución, están
cogiendo fuerza unos nuevos operadores, los
súper “ultra low cost”, que venden los alimentos y productos
que otros rechazan (porque tienen una caducidad próxima, con defectos o
excedentes de los fabricantes), lo que les permite ofrecer fuertes descuentos,
del 50 al 80%. El mayor operador es PrimaPrix, con 3,5 millones
de compradores en 2025 , que facturó 350 millones en 2024 en sus 280 tiendas, con
35 nuevas aperturas anuales. El otro grande es Sqrups, que tiene una
oferta variable según los fabricantes. Facturó 29,5 millones en 2025 en sus 121
tiendas y aspira a tener 1.000 tiendas en 2033. Ambos aprovechan la 2ª vida
de productos que no tienen otra salida, a precios superbajos, que cada vez
atraen a más compradores.
Y quedan las tiendas tradicionales de barrio,
que se hundieron tras la pandemia y el auge de las marcas blancas y las ventas
online, pero que parece que se están recuperando y ganan
terreno, aunque no las de alimentación, cuyas ventas crecen menos
que los super, empujadas por la cercanía y los productos frescos, pero con
dificultades para competir ante la subida de precios, costes y alquileres.
Una novedad importante en el mercado de los alimentos y
grandes distribuidores es que las
grandes industrias les han subido los precios, un +0,1% de media el
1 de diciembre, por primera vez desde julio de 2024, según el índice de
producción industrial del INE. La industria alimentaria justifica esta primera
subida a los distribuidores en que están bajando sus márgenes
(del 6,8% en 2024 al 6,1% en 2025), mientras los distribuidores (super a
híper) han subido sus márgenes a un máximo histórico (5,8% en 2025,
frente al 5,2% en 2024 y el 3,8%, el margen mínimo de 2013), según el Observatorio de
márgenes empresariales. De hecho, la asociación de consumidores CECU acaba de denunciar ante la Comisión de la Competencia (CNMC) la subida de estos márgenes de los supermercados, acusándoles de "oligopolio" y prácticas abusivas para "inflar el precio de los alimentos".
Los que no suben márgenes son los que producen
los alimentos, agricultores y ganaderos, que se quejan de que ellos
cobran poco y la industria y los distribuidores encarecen los alimentos.
Eso se comprueba en los índices de precios que publica mensualmente la
organización agraria COAG, los IPOD.
En el último (enero 2026) se comprueba que los productos agrícolas
multiplican su precio 3,76 veces entre el campo y el súper. Y los productos
ganaderos, 3,38 veces (ver
cuadro de alimentos). Cito algunos ejemplos (enero 2026). El ajo pasa
de 1,30 euros/kg que le pagan al agricultor a 7,87 euros que nos cobran en la
tienda (+505%). La patata, de 0,35 a 1,91 euros/kg (+446%). La naranja,
de 0,32 a 1,82 euros/kg (+469%). El plátano, de 0,48 a 2,33 euros/kg
(+385%). La carne de ternera, de 7,70 a 23,85 euros/kg (+210%). El pollo
de 1,03 a 3,52 euros/kg (+242%). Y el cerdo, de 1 a 6,75 euros/kg
(+568%).
El problema de los alimentos es que no podemos
prescindir de ellos, aunque muchas familias han cambiado su dieta
y consumen menos frutas, verduras, carnes y pescados, lo más caro. Y
sobre todo, que suben cada año, acumulándose unas subidas imposibles.
Así, los alimentos han subido un +38,5% entre enero de 2020 y enero de
2026, según
el INE. Una subida que es muy superior a la del IPC (+22,4% en estos
6 años) y que supera a la subida de las bebidas (+25,5%), a los gastos de
vivienda (agua, electricidad, gas y otros consumos: +25,7%), el transporte
(+15%) y los restaurantes y hoteles (+28,4%). Y una subida de los alimentos que
duplica con creces la
subida de salarios estos 6 años
(+17.15%).
Ahora, en 2026, se espera que los alimentos sigan subiendo más
que el IPC, lo que obliga a los consumidores a seguir comparando
precios y a buscar ofertas y promociones, comprando menos productos frescos y
más envasados (menos sanos), también más platos preparados. Y si los
fabricantes y la industria siguen subiendo precios este año, los super e
hiper nos trasladarán estas subidas a los consumidores. Además, el
clima no ayuda: las fuertes
lluvias de enero y febrero han dañado muchas cosechas, lo que se traducirá
en los próximos meses en subidas extras en algunos alimentos: aceite,
cítricos, hortalizas y frutas, huevos, carnes y cereales. De hecho, tres
productos que han subido mucho (el café, el chocolate y los piensos para
el ganado) se deben a problemas climáticos en paises productores (Brasil y
Vietnam para el café, Costa de Marfil y Ghana para el cacao) o a la guerra de
Ucrania (cereales y piensos). Y esa emergencia climática nos traerá nuevas
subidas de alimentos en 2026.
Cara al futuro, el precio de los alimentos va
a seguir oscilando con la demanda y las épocas del año (en verano y Navidad
siempre serán más caros). Y seguirá a fondo la guerra de precios,
en muchos casos a costa de un deterioro de la calidad de los productos y de
“trampas” (como vender productos al mismo precio pero con menos peso o
volumen). Pero lo más preocupante es que la crisis climática afecta muy
negativamente a la cesta de la compra, porque las olas de calor, la
sequía, las heladas o el granizo y las inundaciones deterioran las cosechas y
fuerzan a subir los precios de los alimentos, sobre todo los productos frescos.
Así que ya lo saben: comer
y beber será cada vez más caro y de peor calidad, mucho
importado. Y dado que la alimentación es nuestro 2º mayor gasto, este
encarecimiento de la comida afectará cada vez más a nuestros bolsillos y
será clave en los vaivenes mensuales de la inflación. Es lo que hay.
Conocemos bien el auge de la sanidad privada y de la enseñanza
privada en colegios y Universidades, sobre todo en las autonomías
gobernadas por el PP. Se conoce menos la privatización de la Formación
Profesional (FP): un tercio de los alumnos estudian en España
en centros privados, ante la falta de plazas y cursos atractivos en los
centros públicos (faltan más de 100.000 plazas).La FP en centros
privados ha crecido el doble que la pública, sobre todo los cursos a
distancia (online) y tiene un mayor peso en el País Vasco
(43,8% alumnos presenciales en la privada), Madrid (37,6%), Aragón
(35,9%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%). La gran demanda de
FP, porque permite encontrar trabajo mejor, ha atraído al sector a muchas
empresas (1.020 sólo en Madrid) y Fondos de inversión, que en
ocasiones ofrecen “chiringuitos” educativos sin calidad. Por eso,
el Gobierno anuncia un Decreto para reforzar las exigencias a los centros
privados de FP y evitar “chiringuitos”, un Decreto similar al aprobado para
frenar las Universidades privadas.
Los estudios de FP se
reparten entre 4 niveles. El primero, la FP Básica (86,124
alumnos este curso), formación profesional reglada y gratuita de dos años
de duración, diseñada para jóvenes de 15 a 17 años que no han finalizado la ESO
y desean aprender un oficio. Permite obtener un título profesional básico y el
título de Graduado en ESO. El segundo es la FP de Grado Medio (479.864
alumnos este curso), una enseñanza postobligatoria de dos años (2.000
horas) que capacita técnicamente para un oficio. Dirigida a quienes finalizaron
la ESO o FP Básica, combina teoría con prácticas obligatorias en empresas. Al
terminar, se obtiene el título de Técnico, facilitando la inserción laboral o
el acceso a Grado Superior. El tercer nivel es la FP de Grado Superior (642.584
alumnos este curso), una enseñanza profesional de otros 2 años que ofrece el
título de Técnico Superior. Combina teoría y prácticas (FP Dual), enfocada en
alta inserción laboral y permite el acceso directo a estudios universitarios. Y
hay un 4º nivel, los Cursos de especialización (9.765 matriculados
este curso), una especie de “Masters de FP”, que permiten especializarse
(estudios de 300 a 900 horas) en áreas profesionales de alta demanda (inteligencia
artificial, ciberseguridad, IoT o energías renovables).
La FP se ha disparado en España porque muchos jóvenes
han visto que es una enseñanza que ayuda a encontrar empleo
(muchos estudios rozan el 90% de colocados) y porque ha servido para
“recolocar” a jóvenes que habían abandonado los estudios antes de acabar la ESO
o que no quieren estudiar Bachillerato (la FP “gana” al Bachillerato
desde el curso 2014-15 y este curso casi le duplica: 1,2
millones de alumnos en FP frente a 707.778 en Bachillerato). Estudiando FP
hay más hombres (53,5%) que mujeres (46,5%) y casi un 10% de los
alumnos son extranjeros (120.950 este curso). Y dos tercios de todos los
estudiantes de FP se concentran en las 4 autonomías más pobladas: Cataluña
(228.053 alumnos este curso), Andalucía (207.865 alumnos), Madrid
(180.581) y Comunidad Valenciana (134.859).
La mayor parte de estos alumnos de FP estudian
en centros públicos (el 66,1% en el curso 2024-25), aunque lo más
llamativo es el gran salto que han dado los alumnos de FP que estudian en
centros privados (33,9%), ya que la
FP privada ha crecido el doble que la pública, como demuestra este
estudio de CCOO. Este fuerte aumento de la FP en centros privados se debe a
la falta de plazas en la FP pública, que no ha sido capaz de
aumentar su oferta al ritmo de la fuerte demanda. Y además, los centros
públicos de FP ofrecen ciclos formativos más adaptados a los nuevos empleos, mientras mucha oferta de los centros públicos se ha quedado
obsoleta. Y también juega en contra de la FP pública que tiene demasiados
alumnos por clase y que en muchos centros hay problemas para hacer
prácticas, mientras los centros privados suelen estar más ligados a empresas
locales.
Otra razón que explica el auge de la FP privada, según el
estudio de CCOO, es que han apostado por ofrecer FP a distancia, online,
con menos costes y una gran demanda en zonas rurales y ciudades con poca oferta
de FP presencial (en la España “vaciada”), también porque hay menos controles y
exigencias. Por todo ello, lo que nació como una FP complementaria se ha
convertido en una oferta clave. Y una oferta que lideran las empresas
privadas: si en el curso 2018-19 la FP a distancia llegaba sólo a
87.418 alumnos (30.420 en centros privados), en el curso 2024-25, los alumnos a
distancia eran ya 223.300 (2,5 veces más) y la mayoría ahora estaban
matriculados en centros privados (128.971 alumnos, 4 veces más,
frente a 94.323 alumnos online en centros públicos).
El tirón de la FP en centros privados se ha
dado sobre todo en las autonomías con más crecimiento económico y más demanda,
un proceso también amparado por los gobiernos del PP, que no han reforzado la
FP pública. Así, en el
curso 2024-25 había 6 autonomías donde el porcentaje de alumnos
presenciales en centros privados de FP superaban la media española (28,4%
estudian en centros privados presenciales y un 33,9% si contamos toda la FP,
presencial y online): País Vasco (43,8% alumnos presenciales estudian en
centros privados), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%), Cataluña (35,6%),
Andalucía (33,1%) y Cantabria (30,2% de los alumnos), según el
estudio de CCOO. Y sólo tienen un bajo porcentaje de alumnos en la FP privada
Canarias (8,7%), Castilla la Mancha (12%) y Extremadura (13,9%).
Esta fuerte presencia de la FP privada se concentra
en las autonomías con más demanda de los jóvenes y donde hay más déficit de
plazas públicas (Cataluña y Madrid), concentrándose además en las dos ramas con
más dinamismo, la FP básica y la FP a distancia. Pero hay otra razón: la FP
privada crece también porque ofrece
una serie de ciclos formativos más atractivos y tienen más
potencial de empleo, estudios que la FP pública apenas ofrece (por falta de
inversión en profesores y ciclos). El estudio
de CCOO cita las 8 titulaciones más atractivas que hacen crecer a la FP
privada porque no las ofrece o faltan plazas en la FP pública: Imagen para el
Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental,
Anatomía Patológica, Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo Aplicaciones Web, Educación Infantil e Integración Social.
La FP privada crece buscando la máxima rentabilidad
y para eso se concentra en las autonomías con más demanda (y menos plazas
públicas) y en las zonas rurales y ciudades desatendidas por la FP pública (con
la FP a distancia). Además, buscan concentrar su oferta en estudios ligados a
la industria e innovación (automoción, energía e industria) y a los
estudios más demandados. En Grado Medio, los estudios de Sanidad
(119.085 alumnos, el 50% en centros privados), Administración y Gestión (58.371 alumnos) e Informática y
Comunicaciones (51.235 alumnos). Y en Grado Superior, Sanidad
(108.428 alumnos, el 68% en centros privados), Informática y Comunicaciones
(96.215 alumnos, el 35% en centros privados), Servicios socioculturales
(77.920 alumnos,34% en centros privados) y Administración y Gestión
(76.306 alumnos, 29% en centros privados). Mientras, la FP pública dispersa sus
esfuerzos ofreciendo cientos de estudios, muchos obsoletos y con poca demanda.
La consecuencia de este auge de la FP privada es que las
familias de los estudiantes se ven obligadas a gastar en la formación de
sus hijos, que sería gratis (sólo Madrid y Cataluña cobran 800 euros en los
ciclos superiores de FP) si consiguieran una plaza en los centros públicos. En
los centros privados, el coste
de la FP básica y de Grado medio oscila entre 1.000 y 3.000 euros año
(por 2 años) y en Grado Superior y Especialización, el coste oscila entre
3.000 y 6.000 euros año (por 2 años), lo que retrae a muchas familias con
bajos ingresos (que son las que más apuestan por la FP) o las obliga a
endeudarse.
En definitiva, que la FP crece imparable, porque facilita
encontrar empleo, pero los centros públicos tienen pocas plazas (el
déficit supera las 100.000, la mitad en Madrid) y por eso crecen cada
año los centros privados, que anteponen la rentabilidad a la formación. Y
en muchos casos, según denuncia el estudio de CCOO, con menos exigencia y
controles educativos, sobre todo en la enseñanza a distancia. Así que la FP
ha empezado a ser “otro negocio más”, como la sanidad o la Universidad,
por el que están apostando empresas privadas y Fondos
de inversión, que llevan años desembarcando en España, con un volumen
de inversión en educación de 6.000 millones de euros solo en 2024.
El mayor inversor privado en la FP española es el
Fondo norteamericano KKR, que ha forjado un “imperio educativo en los
últimos años y facturó 174,5 millones en 2022. Opera a través de Educa Holdco y
tiene 17 empresas educativas en cartera, entre ellas Master D, la malagueña
Medac (la
compró en 2021 por 200 millones), Itep Formación, Implika Educación y
Obicex Formación. Otro Fondo, el suizo Crescendo compró el conocido grupo de
formación CCC. Otro gigante de la formación (no sólo FP) es E-Magister,
en manos de un Fondo que pertenece a Educaedu Group. En 2021, Invertindustrial
compró al grupo Planeta las firmas CEAC, Deusto Formación y Deusto Salud.
Otra empresa con cursos presenciales y online es Linkia Talentia, cuyo
accionista mayoritario es el Fondo Q Impact. Otra empresa con cursos de FP, Ilerna,
fue adquirida por el grupo francés Skill&You, propiedad del Fondo IK
Partners. Y Metrodora, que controla varios centros de FP tiene detrás al
Fondo Magnum Industrial Partners.
El problema de estos Fondos es que invierten en FP como
podrían hacerlo en inmuebles, hoteles o empresas tecnológicas, buscando un
beneficio rápido: tratan
de aumentar los alumnos y la facturación, para vender la empresa en unos años
con plusvalías. Por eso, muchos profesionales y expertos piden que se controlen
estas inversiones, dado que están ligadas a la formación y el futuro empleo de
nuestros jóvenes. CCOO
propone reforzar los controles y las auditorias a estos centros
privados de FP, siendo mucho más rigurosos en la autorización de nuevos
centros y ciclos formativos.
Al hilo de esta explosión de centros privados de FP, sobre
todo en Madrid (hay 1.020 empresas que ofrecen ciclos formativos de FP),
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, el propio presidente
Sánchez acaba de anunciar , el 4 de febrero, que el Gobierno “impedirá
la entrada de centros privados de FP sin calidad”. Y para ello, anuncia que se
aprobará en dos meses un
Decreto para frenar la creación de “chiringuitos” en la FP, como se ha
hecho con las Universidades privadas. Su idea es exigir una serie de requisitos
para que se autoricen esos centros en el futuro, una normativa que no necesita
ser convalidada por el Parlamento. Eso sí, lo esperable es que el “Decreto
anti-chiringuitos” en FP sea recurrido ante los Tribunales, como han
hecho los gobiernos de Madrid, Extremadura y Aragón con el Decreto que
establece requisitos mínimos para la apertura de Universidades privadas.
Al final, nos enfrentamos a un problema serio:
la FP ha duplicado con creces sus alumnos pero crece sobre todo por el fuerte aumento
de la oferta privada, porque los centros públicos están faltos de recursos,
medios y profesores y no pueden atender la creciente demanda, lo que alimenta
los centros privados (y su negocio). Urge apostar por los Centros públicos
de FP, aportando recursos y modernizando su oferta, con el apoyo de las
empresas (prácticas en la formación dual). Y eso porque tenemos el
doble de paro juvenil (23,4%) que Europa (14,7%) y
menos peso de la FP, que debe seguir creciendo: en España, sólo el 39%
de los alumnos que han pasado la ESO eligen la FP, frente al 51%
en Europa y el 44% en la OCDE. Para ello, hay que apostar por la FP
pública, dejando la FP privada como complementaria. Es lo mismo que pasa
con la sanidad o el resto de la educación: hay que apostar por lo
público y no permitir que la salud o la educación se gestionen como un
negocio privado más.
El euro se ha fortalecido frente al dólar desde
que gobierna Trump, revalorizándose un +14%, más por la desconfianza
de los inversores en sus medidas que por la mejora de la economía europea, paralizada
(como sus líderes). Esta revalorización del euro (llegó a costar 1,20
dólares el 27 de febrero) tiene ventajas e inconvenientes para Europa.
Por un lado, abarata nuestras importaciones y la factura del petróleo y el gas,
rebajando la inflación. Pero un euro más fuerte encarece los
productos europeos, reduciendo las exportaciones y la competitividad de
nuestras empresas. Y encarece Europa a los turistas con
dólares. Pero la debilidad del dólar puede aprovecharse para aumentar el
uso del euro en el mundo, ahora que los inversores huyen del dólar y
los bonos USA. El BCE quiere lanzar el euro digital, para sustituir
el pago con tarjetas que controlan las norteamericanas VISA y Master
Card (gestionan 80% de nuestros pagos). También que Europa emita masivamente
eurobonos, para atraer la inversión mundial. Más protagonismo del
euro y de Europa.
Ahora, el euro cuesta algo menos (1,1871 dólares el viernes 13 de febrero), pero eso
supone una revalorización del 14% frente al dólar desde la llegada de Trump
a la Casa Blanca. Una revalorización del euro que no es mérito de
Europa sino demérito de EEUU, que está pagando así las
consecuencias de las locas políticas de Trump: los inversores
castigan sus polémicas medidas, sus ataques a la independencia
de la Reserva Federal (su Banco central) y también su abultado déficit
público (1,9 billones de dólares, el 5,8% del PIB, más del doble del
déficit español, del 2,5% del PIB) y su disparada
deuda (38,3 billones de dólares, el 101% de su PIB), que le obligan a
emitir demasiados bonos USA, depreciando los actuales. Todo ello, incertidumbre
y deuda, provocan que muchos inversores internacionales apuesten por reducir
su posición en dólares, vendiendo, lo que deprecia la moneda USA.
Además, muchos expertos creen que Trump
busca precisamente que el dólar se deprecie, para ayudar a las
empresas norteamericanas a exportar mejor sus productos y a vender mejor su
petróleo y su gas, aumentando el crecimiento USA, aunque sea a costa de más
inflación (porque la debilidad del dólar encarece los productos importados),
aunque todavía no se haya disparado la inflación, que cerró el año 2025
con una
subida anual del 2,7% (superior al objetivo del 2% y mayor que el
1,9% de inflación en Europa).
Ahora, se espera que
el dólar siga depreciándose en 2026 y llegue a cotizar a 1,25
dólares por euro, lo que supondría ya una caída del 20% desde que
gobierna Trump. A favor de nuevas caídas del dólar está la errática
política económica y comercial de Trump y la estimación de los expertos de que
el déficit público USA seguirá subiendo (por las rebajas de impuestos),
hasta los 3,1 billones de dólares en 2036 (el 6,7% del PIB) y también
la deuda USA (hasta el 120% de su PIB), niveles que preocupan mucho a
los inversores. Y en paralelo, aumentan los inversores que buscan
destinos alternativos a los bonos de deuda USA. Así, el
gobierno chino ha pedido a sus bancos, en febrero, que reduzcan su
exposición a los bonos USA, algo que llevan haciendo años: en 2025, China tenía
en cartera bonos USA por valor de 682.600 millones de dólares, el nivel más
bajo desde 2008. Y ahora son el tercer mayor inversor en bonos USA, tras Japón
(1,25 billones) y Reino Unido (885.000 millones), que también están reduciendo
sus inversiones en bonos USA, lo mismo que algunas de las grandes gestoras
de fondos norteamericanas, como Pimco o Amundi.
La depreciación del dólar y la consiguiente revalorización
del euro (+14% desde la llegada de Trump y hasta un posible +20% este año) preocupa
en Europa, porque tiene consecuencias positivas pero también
negativas .La principal ventaja de que el euro se revalorice es que se
abaratan las importaciones que se pagan en dólares, en particular la
energía (petróleo y gas) y todos los demás productos industriales y de consumo.
Esto ayuda especialmente a los paises como España, que importan más de
lo que exportan, pero no a Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Paises Bajos,
paises
que exportan más de lo que importan. Con todo, un euro fuerte reducirá
la inflación en Europa, algo en principio positivo, pero no tanto ahora,
porque la inflación ya es baja (1,7%
anual zona euro en enero 2026) y eso puede debilitar más el bajo
crecimiento europeo, obligando al BCE a bajar más los tipos de interés (ya
bajos, en el 2%).
Pero la revalorización del euro tiene un grave
inconveniente: encarece los productos europeos (un 14% ahora y puede que
hasta un 20% después) y eso frena
las exportaciones europeas, uno de los motores del crecimiento europeo
(débil: +1,5% en 2025), lo que reduce la
competitividad de los productos y servicios europeos en el mundo. Y además, reduce
la llegada de los turistas que pagan sus viajes en dólares,
viajes que ahora son más caros (+14%), lo que afecta especialmente a España (un
16% de los turistas no son europeos).
En cualquier caso, con la depreciación del dólar se ha
acabado una época, un siglo de hegemonía indiscutible del dólar
como moneda de reserva y de inversión en el mundo. Sigue siendo la moneda
dominante, pero menos: acapara el 57,8% de las reservas de divisas mundiales
(frente al 72% en 1999), el 65,4% de la deuda internacional, el 52,2% de los
préstamos internacionales y el 57,2% de los depósitos, aunque todavía acapara
el 88,45% de las operaciones en divisas. Y han avanzado en las últimas décadas
el euro, el yen, la libra y sobre todo el yuan chino, con unos inversores y
paises que ahora reaccionan a la ruptura de la geopolítica mundial
diversificando inversiones y monedas.
En esta nueva realidad, el euro tiene más
posibilidades de ampliar su presencia internacional.
Actualmente, el
euro es la moneda común de 21 paises europeos (Bulgaria se sumó el 1 de
enero), que utilizan a diario 350 millones de europeos. Y la 2ª moneda
mundial, tras el dólar, con 60 paises (y 175 millones de personas) que
tienen vinculada su moneda (directa o indirectamente al euro). Además,
están en euros el 19,8% de las reservas mundiales (por delante del 5,5%
del yen japonés, el 4,9% de la libra y el 10,7% del resto de monedas, sobre
todo el yuan chino). Además, está en euros el 22,5% de toda la deuda mundial,
el 26% de los préstamos internacionales y el 23,3% de los depósitos, así como el
30,5% de las operaciones diarias en divisas. Y se emiten en euros la mitad
de los “bonos verdes” del mundo.
Ya en enero de 2021, la Comisión Europea aprobó una Estrategia
para fortalecer el papel internacional del euro, como moneda de reserva
y de transacciones, proponiendo un abanico de medidas a medio
plazo: llegar a inversores de terceros paises, promover los bonos verdes de la
UE, desarrollar índices de referencia y centros de negociación en euros,
fomentar los derivados sobre materias primas en euros y mejorar los derechos de
emisión de CO2 de la UE. Eso puede ayudar a mejorar el peso internacional del
euro, pero todos los expertos creen que,
en
las próximas décadas, el dólar seguirá siendo el rey (como lo es desde
finales de la II Guerra Mundial), aunque ahora se haya depreciado frente al
euro. Sigue siendo “la moneda refugio” del mundo y más en las crisis, como
se vio tras la invasión de Ucrania. Y eso, a pesar de los intentos de China por
comer terreno al dólar en el mundo con su yuan.
En cualquier caso, la Comisión Europea y el BCE creen
ahora que la depreciación del dólar y la política errática y disparatada de
Trump pueden ayudar a fortalecer el euro en el mundo. Y una de las
medidas en que más confían es promover
el euro digital, para conseguir una independencia estratégica del
sistema de pagos europeos, ahora muy dependiente de EEUU. El hecho es que los
pagos con tarjeta suponen un 39% de las operaciones en Europa (un 52% se hacen
en metálico, un 6% son pagos con móviles y el 4% son con otros medios) y estos
pagos están monopolizados por dos multinacionales USA, Visa y Master Card
(que controlan el 80% de las operaciones con tarjeta que hacen los
europeos). También otros pagos online que se hacen a través de Pay-Pal,
Google Pay, Apple Pay o Samsung. El BCE cree que con el euro digital, la
mayoría de los pagos podrían pasar a plataformas europeas.
Por eso, el BCE envió una carta al Consejo Europeo,
de cara a su reunión informal del jueves pasado, para que aceleren la llegada
del euro digital y no le pongan problemas, ni en la Comisión ni en el
Parlamento europeo y en los paises europeos, aunque el proceso está siendo
lento y el euro digital no se espera que sea una realidad hasta 2029.
Otra medida que propone el BCE, para promover el euro y
mejorar la economía europea es promover
emisiones de deuda en euros,
los famosos eurobonos, un
activo que hasta ahora no era bien visto por Alemania (“Europa no
tendrá deuda compartida mientras yo viva”, dijo
Angela Merkel en junio de 2012), Holanda, Austria y paises nórdicos, porque
temían un fuerte endeudamiento europeo que compitiera con su propia deuda. Pero
con la pandemia y las últimas crisis, la Comisión Europea ha roto “el tabú
de los eurobonos”, emitiendo deuda europea en tres ocasiones:
para financiar el Plan de recuperación de 2020 (Fondos Next Generation),
para financiar los proyectos de seguridad y compra de armas (SAFE) y para
financiar los créditos para Ucrania en 2026 y 2027. Pero son eurobonos
extraordinarios, de poco volumen. Lo que propone ahora el BCE es emitir
eurobonos en cantidad, para ayudar a financiar la economía europea
y las urgentes inversiones en industria, tecnología, innovación e inteligencia
artificial, digitalización medio ambiente, Defensa y Seguridad.
España, a
través del ministro de Economía, acaba de apoyar esta propuesta de
que Europa emita eurobonos y compita con los bonos USA por el ahorro mundial.
Actualmente, el desequilibrio es escandaloso: hay 1 billón de euros en deuda
europea y 33 billones de euros en deuda USA. Si Europa se lanza a este
mercado y emite deuda, ayudaría a potenciar el papel internacional del euro
y podría captar esas inversiones que ahora buscan salirse de la deuda USA,
porque tiene un volumen peligroso y por la política insensata de Trump. Y el
BCE cree que el
euro digital sería otro elemento clave, mientras plantea la
necesidad de que Europa integre de verdad sus mercados de capitales, algo que
no existe hoy. Y todo ello, para dar un empujón a la economía europea,
para que pueda competir mejor en el futuro frente a EEUU y China, con más financiación
y una moneda fuerte.
En resumen, que la locura económica y política de Trump se
traduce en una depreciación del dólar, que beneficia a la competitividad de
EEUU pero perjudica a las empresas europeas y a las exportaciones y al turismo español.
Pero Europa puede aprovechar la coyuntura para fortalecer el
papel internacional del euro, como moneda de reserva y de pagos,
lo que exige avanzar más rápido en el euro digital y que Europa
emita deuda, eurobonos, para captar inversiones internacionales que nos
ayuden a dar un salto económico frente a USA y China. Es hora de tomar medidas
monetarias y financieras para aplicar
el Plan Draghi y asegurar el futuro económico, financiero de seguridad
de Europa, algo que han discutido la semana pasada los líderes europeos en
Alemania sin
lograr acuerdos concretos. Despierten y afronten que el mundo ha
cambiado y que los europeos debemos reaccionar y actuar.
España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi
la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1
de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística
del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay
más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”,
personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas.
Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más
pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas,
están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy
vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza
infantil ronda los 2 millones de menores. Urge
tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el
subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el
crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan. 
Veamos los tres
indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más
importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan
menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los
solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran
el 19,5% de la población española, dos
décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en
2025, el número de habitantes pobres es casi igual (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres”
se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo
en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el
2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la
pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta
(37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad
Valenciana (26%), según
el INE.
El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa,
las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden
irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16
millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos
cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar
su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la
población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus
gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un
coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta
carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente
4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).
El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo,
trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de
los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a
pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas
3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles
(700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos,
varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los
más vulnerables de los vulnerables.
Otro dato que revela la Encuesta del INE es el
nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20
indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el
20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en
2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini,
que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2
en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero
todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66
veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia
(ganan 5,53 veces más los más ricos), según
Eurostat.
Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha
publicado otro dato importante, en su Encuesta de
Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar
a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5%
de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad
para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la
pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de
mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7%
en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad”
(25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos,
casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para
llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%),
aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar
a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o
más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a
fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía
(11,3%) y Ceuta (10,5%).
A la vista de estos datos, queda claro que España
tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes,
aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los
últimos años se hayan disparado
las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia
y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para
paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de
la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los
alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como
mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más
vulnerables.
Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso
en marcha el Gobierno Sánchez en
junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de
requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba
ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647
beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay
menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha
provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas,
según
un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las
recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que
13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid
(-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%)
y Andalucía (-79,8%).
A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de
muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de
Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la
pobreza) suponen
el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en
la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse
poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según
nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las
familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas,
porque el grueso de las ayudas son desgravaciones
fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la
mayoría con rentas medias y altas, porque las
rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de
22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los
considerados “pobres”).
La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024,
sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen
menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y
cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de
acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre
este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de
los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de
Condiciones de Vida del INE. Y que España
es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores
pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria
(11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27
(8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o
Alemania (6,5%), según
Eurostat.
Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar
el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar
la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar
las ayudas públicas, creando
“una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con
menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los
Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a
las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por
otro, hay que destinar
más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el
doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza
infantil, como reitera Save the Children.
De hecho, en 17 paises europeos existe una
ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo
aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una
ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3
años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se
reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más
concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la
baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en
peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno
Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.
Para que haya menos pobres y más gente “note” el
crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios,
porque son
muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad
de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de
los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582
euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5
millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre
1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha
subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido
poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65%
entre 2.000 y 2025, según
Trabajo, mientras la inflación
ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.
Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres,
culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros.
El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1%
entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su
vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el
14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de
alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre
los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las
cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia
contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más
vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la
vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como
en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la
coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas
sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales,
sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza
es muy lenta. De hecho, el
escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al
19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán
9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51
millones de habitantes…
Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los
salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos
más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto,
es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y
empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin
perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos,
un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían
tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan
de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor.
Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo
imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar
impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras
persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay
que repartir mejor el crecimiento, para reducir la
desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.
La mayor parte de la gente no puede ahorrar,
porque muchos sueldos y pensiones son bajos y se los come la inflación. Pero los
que sí ahorran tienen otro problema: apenas sacan rentabilidad
a su dinero. Las familias españolas tienen 1,1 billones en cuentas
corrientes y depósitos que apenas les rentan, para beneficio de los grandes
bancos, que en 2025 ganaron 34.000 millones (+7%). Lo mismo pasa en
Europa, donde las familias tienen 10 billones en cuentas y depósitos
sin casi rentabilidad. Y además, los que invierten se llevan su dinero a
EEUU (300.000 millones al año). Por esto, la Comisión Europea ha recomendado
a los paises que lancen una nueva Cuenta de ahorro e inversión, para
fomentar que el ahorro se dirija a empresas y proyectos europeos innovadores.
El Gobierno español ha abierto consultas para perfilar esta
cuenta, pero la banca intenta “desinflarla”, para que no atraiga
dinero de depósitos, Fondos y Planes que les reportan altos beneficios. Atentos
a esta futura cuenta, donde Europa se juega financiar su futuro.
Dentro de Europa, el país con la mayor tasa de ahorro es Alemania
(ahorran el 19,4% de su renta), seguido por Francia (18,6%), Austria
(17,34%), Paises Bajos (14,77%) y Bélgica (14,02%), por
delante del ahorro en España (el 12,8% de la renta bruta disponible al
inicio de 2025), que supera en ahorro a Italia (12%) y Portugal (12,4%), según
Eurostat. La media de ahorro en Europa (UE-27) está en el 14,6%, la más
alta desde 2021 (17,69%).
En España, la tasa de ahorro de los hogares ha sido
tradicionalmente baja, con una
media de ahorro del 8,7% de la renta bruta disponible entre 1999
y 2019, básicamente porque los sueldos son más bajos que en el resto de
Europa, la inflación alta y muchas familias han optado por comprar una vivienda
antes que ahorrar. Pero en 2020, con la pandemia, se frenó el consumo y se
disparó el ahorro, hasta el 14,8% de la renta bruta disponible en 2020 (7,4%
en 2019). Posteriormente, el ahorro ha ido bajando, en 2021 (13,8%),
2022 (7,2%) y 2023 (11,7%), para subir algo en 2024 (13,6% de ahorro). Y volvió
a bajar en 2025, alcanzando un 12% de ahorro sobre la renta
bruta disponible el tercer trimestre de 2025, según el INE.
Esta mayor tasa de ahorro en España (12% frente al
8,7% de media entre 1999 y 2019) se
explica por varias razones: hay más gente trabajando
(casi 2,5 millones más que en 2019), con contratos más estables y algo mejor
pagados, que ahora han ganado algo poder adquisitivo por una inflación
más moderada (+3,5% subieron los salarios en 2025, frente a una inflación
media del 2,7%) y hemos tenido unos tipos de interés altos (por encima
del 4% una buena parte de 2023 y 2024), lo que anima al ahorro, junto a las
fuertes subidas de las Bolsas.
Pero ¿quién puede ahorrar en España? Sólo el 43,7%
de los españoles ahorran de forma habitual, mientras el 19,4% no ahorran nunca
y el 36,9% sólo algunos meses, según
un estudio de Triodos Bank. Y entre estos que ahorran algo, el 39,5% solo
consiguen ahorrar el 10% de su salario y sólo el 20,3% ahorran el 20% de sus
ingresos, el porcentaje que recomiendan los expertos y que pocos pueden cumplir,
básicamente porque la
mayoría tiene bajos salarios (el 70% de los asalariados gana menos de 2.659
euros brutos) y pensiones
(la mitad son inferiores al salario mínimo, menores de 1.184 euros mensuales),
mientras la inflación se ha disparado en los últimos años (+23,5%
entre 2020 y 2025), sobre todo los
alquileres (+35%).
Si ahorrar es difícil, el gran problema que tienen
los que lo consiguen es sacar una cierta rentabilidad a sus ahorros,
algo que la mayoría no consigue. Básicamente, porque un tercio del ahorro de
los españoles (el
32,81% en 2025, según INVERCO) está en cuentas corrientes y depósitos, que apenas
dan rentabilidad: en diciembre de 2015, según
el Banco de España, las familias tenían 1.094.300 millones metidos
en cuentas a la vista (con el 0,14% de rentabilidad) y depósitos a plazo
(1,64% de rentabilidad), una cifra de “ahorro conservador” que ha
aumentado tras la pandemia (había 853.200 millones en cuentas y depósitos en
2019). Eso significa que este
ahorro no renta nada (los escasos intereses se los come la
inflación). Y los ahorradores no los mueven a otro lado por miedo al
riesgo y porque no tienen “cultura financiera” (España es
el 4º país europeo con menos formación financiera).
Otra parte del ahorro (567.500 millones en 2025, el 17,06%
del total) lo tienen las familias en Fondos
de inversión, un producto que está siendo rentable estos años pero por
el que pagan altas comisiones anuales a las gestoras (bancos). Y otra parte del
ahorro (390.515 millones, el 11,74% del total) está en
Bolsa, en acciones, que estos años reportan altas plusvalías (el Ibex ha
subido un +49,27% en 2025), pero que es una inversión poco elegida por los
ahorradores, por miedo a otra debacle: sólo el 12% de los españoles invierte
en Bolsa, frente al 19% los europeos y el 55% los norteamericanos.
Y otra parte del ahorro va a contratar Planes
de pensiones y seguros de vida o de ahorro, donde había 255.329
millones de euros en 2025 (el 7,7% del total invertido). En conjunto, los
activos financieros de las familias, la inversión de su ahorro alcanzó
los 3.324.603 millones de euros en 2025 (3,3 billones), según Inverco, el
triple de lo que tenían a principios de siglo (1,03 billones) y un 31,8%
más del valor de sus activos en 2019. Pero el problema, insisto, en que la
mayor parte de este dinero renta poco a los ahorradores, salvo en Bolsa
(últimamente) y algunos Fondos (con altas comisiones).
Esta baja
rentabilidad de buena parte del ahorro le
viene muy bien a la banca, que apenas remunera las cuentas corrientes y
depósitos, no sólo ahora (donde lo más que ofrecen por un depósito a plazo, con
muchos condicionantes, es el 2%) sino
cuando el tipo oficial del dinero superaba el 4%. Gracias a eso y al aumento de
las comisiones (por Fondos, acciones y seguros, más tarjetas y cuentas), la
banca española lleva varios años con altísimos beneficios, en buena
parte gracias a los ahorradores: en 2021, los 6 grandes bancos (Santander,
BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganaron 20.003 millones, en 2022
otros 20.850 millones, en 2023 ganaron 26.088 millones (+26%), en 2024 otros 31.768
millones (+21,7%) y en
2025 han ganado 34.000 millones (+7%). Si sumamos, el beneficio
de los 6 grandes bancos ha sido de 132.709 millones en los últimos 5 años…
Pero esta baja rentabilidad del ahorro no es un problema
sólo de España. En Europa se estima que los ahorradores tienen
concentrados 10
billones de euros en depósitos con bajos rendimientos, lo que
supone un 31,2% del ahorro en inversiones con baja rentabilidad, un porcentaje
que es casi la tercera parte en EEUU (sólo tienen el 12% en cuentas y depósitos
con bajo interés). Pero además, Europa tiene otro problema:
ahorramos mucho, pero una buena parte de ese ahorro se va fuera,
sobre todo a las empresas tecnológicas y a las Bolsas de EEUU. El informe
Letta ya alertó hace un par de años que si los europeos ahorran 1,2
billones al año, la cuarta parte (300.000
millones anuales) se van a EEUU.
Así que el problema del ahorro en Europa es doble: un
34% está poco remunerado y la cuarta parte se fuga a USA,
mientras nuestro continente tiene un déficit de inversión, sobre todo en nuevas
tecnologías e innovación. Por eso, el 18 de marzo de 2025, la Comisión Europea
lanzó una iniciativa, la
Unión de Ahorro e Inversiones, “para canalizar cientos de miles
de millones de euros de nuevas inversiones hacia la economía europea”. El
objetivo es avanzar en la integración financiera de Europa (ahora hay 27
mercados diferentes), con una estrategia apoyada en 3 ejes: avanzar hacia un
mercado financiero único, ofrecer a los ahorradores unos activos financieros
más atractivos y dirigidos a Europa (con el sello “Finance Europe”)
y mejorar la educación financiera de los europeos (sólo el 18% tienen un alto
nivel).
Avanzando en esta Estrategia, la Comisión Europea
aprobó el 30 de septiembre de 2025 una Recomendación a los
paises miembros para “lanzar una cuenta de ahorro e inversión
en toda la UE”, para conseguir el traspaso de buena parte del dinero que
está colocado en cuentas y depósitos sin casi rentabilidad a los mercados de
capitales (Bolsas), con un segundo objetivo de que ese ahorro se quede en
Europa, para financiar las enormes inversiones necesarias en
reindustrialización, Defensa, tecnología, digitalización y energías renovables,
donde Europa necesita invertir 750.000 millones de euros anuales, según
el Informe Draghi.
Tras esta Recomendación, son los paises los
que tienen la competencia de crear esa nueva Cuenta de Ahorro e Inversión
con el sello “Finance Europe”. La Comisión sólo exige
tres condiciones a esa Cuenta: que la cartera de inversiones incluya al
menos un 70% para empresas europeas, que el horizonte de inversión contemplados
sea al menos de 5 años y que una parte sustancial de la Cuenta se invierta en
Bolsa.
El Gobierno español ha
abierto en enero un periodo de reflexión
sobre esta nueva Cuenta europea de ahorro e inversión, dirigido a las Bolsas,
los bancos e instituciones, también abierta a particulares. Y tras cerrar este
proceso el 30 de enero, el ministro de Economía estudia ahora una propuesta
para enviar a Bruselas, como los demás paises. El problema va a
estar en la banca (española y europea), porque esta Cuenta le
puede quitar mucho del ahorro que ahora está (improductivo) en cuentas
corrientes y depósitos, desviándolo a la renta fija (deuda) y a las Bolsas. Por
eso, ahora están
presionando para “desinflar” esta Cuenta, en España y en el resto
de Europa, y quitarle atractivos (uno de ellos será su fiscalidad, su
tributación, que Bruselas quiere sea baja y con incentivos al ahorro dirigido a
inversiones europeas).
Esta futura Cuenta de ahorro e inversión europea parece
“un tema técnico”, pero es clave para Europa y para España, porque puede
ayudar a conseguir dos objetivos claves: que los europeos
ahorren con más rentabilidad y que Europa cuente con la inversión de los
europeos, reteniendo
aquí el ahorro necesario
para modernizar la economía europea y conseguir competir
con USA y China. El ahorro es la gasolina de la inversión y
necesitamos que compense más ahorrar y que ese dinero no se fugue
y se quede en Europa. Por eso es clave que esta Cuenta europea sea atractiva,
sencilla y rentable. A ver qué pasa.
