EPA junio 2026: a por los 23 millones trabajando

Los recientes datos de empleo y paro confirman que la economía española lleva 6 años creando empleo (hay 22,77 millones de personas trabajando, casi 3 millones más que antes de la pandemia) y bajando el paro, ahora por debajo del 10% (9,87%), algo que no sucedía desde marzo de 2008, con 6 autonomías por debajo del 8%. El motor de este pujante empleo es el fuerte crecimiento de la economía, empujado por el consumo, el turismo, las exportaciones, los Fondos europeas y los inmigrantes (ya hay 3,75 millones de extranjeros trabajando). Ahora se espera alcanzar los 23 millones de ocupados este año y superar los 24 millones en 2029.  Pero no podemos “dormirnos en los laureles”, porque tenemos más paro y menos empleo que Europa. Además, la incertidumbre internacional podría reducir el crecimiento y el empleo. Urge estar vigilantes y preparar medidas para fortalecer el empleo si hay problemas en los próximos meses. Hay que reciclar a los parados de larga duración y reformar de una vez las oficinas de empleo, que funcionan mal.

                           Enrique Ortega

El 2º trimestre del año suele ser bueno para el empleo, por la Semana Santa (cayó en abril) y por los contratos previos al verano. Este año 2026, tras un primer trimestre donde cayó el empleo (-170.300), el 2º trimestre ha seguido la tradición y se han creado 486.000 nuevos empleos, según la EPA publicada este martes, algo menos que la primavera de 2025 (+503.000 empleos). Con ello, se afianza  la recuperación del empleo iniciada en el verano de 2022, tras la pandemia, y la ocupación en España va camino de los 23 millones de personas: había 22.779.000 personas trabajando a finales de junio, la mayor cifra de ocupados de nuestra historia. Y 2.974.100 personas más trabajando que a finales de 2019.

Para valorar el carácter histórico de los 22,77 millones de ocupados basta hacer un repaso al empleo en los últimos 60 años: en 1965 había 12 millones de personas trabajando en España (12.024.150) y una cifra similar a la muerte de Franco (12.857.720 en 1975), para caer después a un mínimo histórico en 1985 (11.004.200 trabajando, por la reconversión industrial) y remontar a finales de siglo (14.689.830 ocupados en 1999). A partir de ahí, los ocupados crecen, hasta 16,6 millones en 2002, 18,9 millones en 2005 y se alcanza el máximo en septiembre de 2007 (20.753.500 ocupados). Con la crisis financiera, el empleo cae año tras año hasta alcanzar el mínimo en diciembre de 2013 (17.135.200 ocupados). Luego se recupera poco a poco, para cerrar 2019 con 19.966.900 trabajadores. Y la pandemia hunde el empleo a otro mínimo en 2020 (18.607.300 ocupados en junio). Pero a partir de este suelo, el empleo se recupera con fuerza y supera los 20 millones en marzo de 2022 (20.084.799) y los 21 millones en junio de 2023 (21.056.600), para superar ahora los 22,77 millones de trabajadores, 10 millones más de personas trabajando que hace 60 años.

En el 2º trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+397.400 empleos), sobre todo la hostelería y el turismo, pero también han creado empleo la construcción (+56.600) y la industria (+38.200), cayendo sólo en la agricultura (-6.200 empleos).  El empleo se ha creado básicamente en el sector privado (+501.600 empleos) y se ha perdido en el sector público (-15.600 empleos), por el fin de contratos en enseñanza y sanidad, según la EPA de junio. La creación de empleo se ha repartido casi por igual entre los hombres (+236.300 empleos) que entre las mujeres (+249.700). Y ha sido porcentualmente mayor la creación de empleo entre los menores de 25 años (+120.500 empleos) y entre los que tienen de 25 a 39 años (+201.200 empleos). Esta vez, la mayoría del empleo creado ha sido para extranjeros (+356.300 empleos, por el efecto de la regularización: ya hay 3.756.900 extranjeros trabajando en España) y ocupados con doble nacionalidad (+102.100 empleos: hay 1.249.100 trabajando), creciendo menos el empleo de los españoles (+143.800). Por autonomías, donde más creció porcentualmente el empleo fue en Baleares (+108.000), aumentando mucho en Cataluña (+130.800), Andalucía (+63.400) y Madrid (+62.100), cayendo sólo el empleo en Canarias (-25.100) y Galicia (-6.100).

La importante mejora del empleo en el 2º trimestre (+486.000 empleos) no se traducido toda en una bajada similar del paro (-213.300 parados), porque en paralelo han aumentado los españoles activos, las personas que buscan trabajo ahora: los “activos” han aumentado en +272.700 personas, impidiendo bajar más las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay 452.500 personas más buscando trabajo que hace un año). Y hay un récord histórico de adultos “activos” (trabajando y buscando trabajo): 25.274.300 activos, 2,11 millones más que antes de la pandemia (23.158.800 “activos” a finales de 2019). Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo.

El  paro ha bajado en el 2º trimestre (-213.300 parados) gracias a los servicios (-170.300 parados), por el tirón en el turismo, la hostelería y el comercio, y a los que perdieron su primer empleo hace un año (-57.700 parados ahora), mientras baja poco el paro en el campo (-22.400), la industria (-10.900) y la construcción (-5.400), con 53.400 jóvenes que buscan su primer empleo, según la EPA de junio. El desempleo baja más entre las personas de 25 a 54 años (-185.100 parados), los de más de 55 años (-47.800) y los de 16 a 19 años (-33.700 parados), aumentando sólo entre los que tienen de 20 a 24 años (+33.700 parados). Y baja el doble el paro entre las mujeres (-145.400) que entre los hombres (-67.900 parados), reduciéndose lo mismo entre españoles y con doble nacionalidad (-106.600) que entre extranjeros (-106.600 parados). Por autonomías, el paro baja porcentualmente más en Baleares (-47.400 parados), destacando la caída en Cataluña (-92.600 parados), Comunidad Valenciana (-23.200), Galicia (-14.900) y País Vasco (-12.400 parados). Y el paro sube sólo en Andalucía (+5.400), Murcia (+3.410), Asturias (+900) y Extremadura (+600 parados).

La cifra total de parados EPA baja de los 2,5 millones  (2.495.300 parados a finales de junio 2025), algo que no pasaba desde junio de 2008 (2.385.700 parados) y que supone 2,5 veces menos de parados que en lo peor de la crisis financiera (6.278.200 parados en marzo de 2013) Y la tasa de paro baja al 9,87%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde marzo de 2008 (9,60%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (6% en la UE-27 en junio) y casi triplicamos la alemana (3,9% de paro), según Eurostat. También baja este trimestre la tasa de paro de los jóvenes (menores 25 años), al 23,77% (15,5% en la UE-27).

Hay otros datos preocupantes del paro que también mejoran, según la EPA de junio. El primero, que hay 764.200 hogares con todos sus miembros en paro, 32.700 hogares menos que hace un año. El segundo, que sólo 8 regiones tienen una tasa de paro superior a la media (9,87%) : Ceuta (22.41% de paro), Melilla (20,74%), Andalucía (14,56%), Extremadura  (13,22%), Castilla la Mancha (11,81%), Canarias (11,60%), Comunidad Valenciana (10,88%) y Murcia (10,83% de paro). Y ya tenemos 11 autonomías con una tasa de paro rozando el 8% e incluso por debajo (6,11% de paro Baleares, 7,11% País Vasco, 7,34% Cantabria, 7,58% Madrid, 7,90% Cataluña y 7,94% Galicia). Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin encontrar trabajo: son 892.500 desempleados, el 35,7 % de todos los parados (eran el 38,8% hace un año).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En mayo de 2026, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.686.936 desempleados: menos de la mitad (47,28%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 1.027,4 euros de media y el resto (52,72%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Así que sólo el 73,60 de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.291.982 en junio) cobran algún subsidio. Pero en realidad, con los datos del paro estimado hoy (2495.300 parados), sólo cobran alguna ayuda el  67,6% de los parados EPA (en 2019 cobraban el 61,5%).

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer semestre, el 42,87% de los contratos firmados fueron indefinidos, un porcentaje similar al de la primera mitad de 2025 (42,67%) y de 2024 (43,56% indefinidos), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16.629.300 asalariados con contrato indefinido, el 84,9% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021, antes de la reforma laboral). Lo que también crece son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+22.600 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados (3.116.500 en junio), sobre todo por las mujeres (el 71,44% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero algo menos que en 2025, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +2,8% en 2025). El último cuadro macroeconómico, aprobado por el Gobierno el 29 de junio, prevé que crezcamos este año más de lo esperado en abril (+0,4%), a pesar de los conflictos geopolíticos y los altos precios de la energía, con lo que esperan que el empleo crezca en 2026 un +2,4% (+539.119 nuevos empleos), algo menos que en 2025 (+605.400 empleos), pero más de los empleos creados en 2024 (+468.100 empleos). Con ello, la previsión del Gobierno es alcanzar los 23 millones de personas trabajando a finales de 2026 ( y una tasa de paro del 9,9%). Y esa estimación prevé que el empleo siga creciendo (menos) en los años siguientes para superar los 24 millones de empleados en 2029 (4 millones más que en 2019), con una tasa de paro entonces del 8,5%.

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el 2º país de Europa (tras Finlandia) con la mayor tasa de paro: 9,87% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: en marzo de 2026,  trabajaban el 72,7% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 76,3% que trabajaban en Europa, el 75,2% en Francia o el 81,5% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,6 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar y modernizar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”  En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de los parados con más problemas para recolocarse : parados de larga duración (el 35% de todos los parados llevan buscando empleo más de un año), mayores de 55 años (son el 20% de los parados) y los parados con poca formación (el 46% de todos los parados no tienen la 2ª etapa de la ESO o más). Eso exige planes de formación y reciclaje para orientarles a los empleos que más se demandan e incentivos a las empresas que los contraten.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque están colapsadas (se tarda días en conseguir una cita previa para solicitar el subsidio) y además no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 3 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 93.395 empresas y 29.777 ofertas de empleo. Urge reforzar la plantilla de la SEPE (que tiene 2.000 trabajadores menos de los que necesita), mejorar su sistema informático (pésimo) y cambiar la operativa de estas oficinas (gestionadas de forma muy desigual según las autonomías), para que se dediquen menos a tareas burocráticas y más a recolocar a los parados.

En definitiva, todos debemos alegrarnos porque siga creciendo el empleo y haya 22,77 millones de personas trabajando en España, 10 millones más que hace 60 años. Pero todavía trabaja menos gente que en Europa (de los que están en edad de trabajar) y muchos empleos son todavía precarios, demasiados a tiempo parcial y con bajos salarios. Y, sobre todo, muchos empleos se concentran en los servicios, con altibajos en las contrataciones, y todavía pocos en la industria, las empresas tecnológicas y exportadoras, que ofrecen empleos más estables y mejor pagados. Además, no podemos olvidar que hay mucha incertidumbre en la economía mundial, por la geopolítica, las guerras y los nuevos aranceles de Trump, situación que acabará perjudicando al empleo. Así que habrá que estar vigilantes y dispuestos a tomar medidas para salvar estos 22,77 millones de empleos y conseguir que sigan creciendo, hasta esos 24 millones previstos para 2029. Debería ser nuestro gran reto como país.

Vacaciones 2026: otro verano récord y caro

Media España se va de vacaciones estos días y se encontrará con otro récord de turistas, nacionales y extranjeros, por tercer verano consecutivo. Se esperan 43 millones de turistas extranjeros entre junio y septiembre, 1,5 millones más que el año pasado, empujados más hacia España por la crisis de Oriente Medio. Y todos pagaremos más por los hoteles, apartamentos, restaurantes, bares y servicios, con una subida que supera el 60% desde antes de la pandemia. Pero no importa que playas, ciudades y pueblos estén saturados: la fiebre por viajar, aunque sea una semana, no amaina. Y España espera superar los 100 millones de turistas este año, otro récord que puede costarnos caro, porque hay zonas de España (Baleares, Cataluña, Costa del Sol y parte de Levante) supersaturadas y con las poblaciones locales agobiadas por el turismo. Por eso, el Gobierno y el sector tienen una hoja de ruta hasta 2030 para conseguir un turismo sostenible, de calidad, más diversificado y que no destroce los grandes destinos turísticos. ¡Feliz verano!

               Se esperan 43 millones de turistas extranjeros este verano, 1,56 millones más que en 2025

España espera otro verano récord, el 3º consecutivo, tras una primavera que ha sido excelente para el turismo. Sólo en mayo, visitaron España 10.260.000 turistas extranjeros, +9,5% que en mayo de 2025 y el mejor dato de la serie histórica, con un gasto también récord (13.553 millones de euros), según el INE. Y si analizamos los 5 primeros meses de este año (enero-mayo), han visitado España 36.821.120 turistas extranjeros, +5% que en el mismo periodo de 2025. Son 1,8 millones de visitantes extranjeros más, que se han gastado 50.257 millones de euros (+7,78%), un gasto medio de 1.365 euros por turista, aunque han reducido ligeramente su estancia media (a 7 días), por la subida de precios.

Para el conjunto del verano (junio a septiembre), el Gobierno espera que vengan a España 43 millones de turistas extranjeros, una cifra que supone recibir 1,56 millones más (+6%) de visitantes foráneos que el verano pasado (41.432.649 turistas extranjeros). Y lo más importante: se espera que aumente más su gasto (+8%), hasta los 64.000 millones de euros en estos cuatro meses. De momento, los hoteleros hablan de una ocupación media muy alta (90%), no sólo en los hoteles sino en apartamentos turísticos, casas rurales y campings, un aluvión de turistas llegados a España sobre todo por avión, dado que las aerolíneas internacionales han programado 322.500 vuelos de julio a septiembre, un 6,1% más que el verano pasado, a pesar del aumento de precios y el encarecimiento del keroseno.

España es uno de los mayores destinos turísticos del mundo, pero lo será más este verano porque el sector espera recibir turistas que otros años viajaban a Turquía, Egipto o islas del Mediterráneo y que el conflicto de Irán puede desviar a España. Además, creen que también atraerá turistas el eclipse de sol esperado el 12 de agosto, que ha aumentado las reservas en una franja de la España interior, desde Galicia a Baleares. Y también ayudará la ligera revalorización del dólar frente al euro (costaba en enero 1,204 dólares y ahora cotiza a 1,143 dólares), lo que abarata un 5% las vacaciones en España a los que paguen en dólares.

En contra de la llegada de turistas a España juega el bajo crecimiento en algunos paises europeos (sobre todo en Alemania, que no despega), las olas de calor (que facilitan el turismo en el norte de Europa y retrae viajar a la calurosa España), los elevados precios en nuestro país (algunos destinos en Baleares y la Costa del Sol cuestan más que el Caribe o Asia) y la saturación de algunos destinos (Baleares, Barcelona, Costa del Sol), que no olvidan los extranjeros llegados los últimos años.

Quizás el mayor riesgo del turismo, junto a la saturación en algunas zonas de costa, sean las subidas de precios, que también afectan muy negativamente a los turistas nacionales, que optan por tomar vacaciones menos días a la vista de la subida de hoteles, apartamentos, bares, restaurantes y el ocio. Los hoteleros dicen que sus precios sólo van a subir el +5% este verano, pero la realidad es que la alta demanda ha subido los hoteles hasta un 10%. Y los datos del INE (IPC junio) revelan que los hoteles y apartamentos han subido un +11,4% anual (y el 30,4% en lo que va de año), aunque lo peor es que las subidas se han ido acumulando y hoy un hotel cuesta un 63% más que antes de la pandemia (2019). También han subido las tarifas del tren (+6,2% anual), los viajes en autobús (+6,7%), menos los vuelos nacionales (+4,2%), cayendo en el último año el precio de los vuelos internacionales (-2,9%), aunque suben en verano. Y  los restaurantes y cafeterías suben un +4,4% anual.

El sector turístico ha aumentado mucho su facturación en el 2º trimestre (+4,2%) y espera volver a subirla (+3,2%) en el tercer trimestre, empujados por el aumento de turistas y la subida de precios, que justifican por las importantes inversiones realizadas (8.000 millones para mejorar la calidad de los hoteles en la última década). El motor de su actividad este verano será el aumento de los turistas extranjeros, aunque también esperan una mayor afluencia de turistas nacionales, si bien unos y otros reducirán algo su estancia (a 5 días los turistas nacionales y 7 días de media los extranjeros). Los destinos donde más aumentará el negocio turístico, según la patronal Exceltur, serán la Comunidad Valenciana (+12,5% ventas), Murcia (+9,5%) y Cataluña (+5,9%), aunque también aumentará el negocio en los destinos urbanos de Madrid (+7,2%), Extremadura (+9,2%) y Castilla la Mancha (+7,9%), así como algunos destinos de la España verde: Galicia (+5,2%), Asturias (+4,5%) y País Vasco (+3,9%). Y crecerá menos el negocio turístico este verano en las islas (+0,3% Canarias y +0,8% Baleares, muy saturadas), Andalucía (+1%), La Rioja y Cantabria (+1,8%).

Lo llamativo es que, tras este nuevo verano récord, el sector turístico espera un 4º trimestre muy bueno, con mayores llegadas de turistas (y mayor gasto) entre octubre y diciembre, a la vista de que las aerolíneas internacionales han reforzado sus vuelos a España para el 4º trimestre, aumentando también las reservas hoteleras. Por todo ello, el Gobierno espera superar este año 2026 los 100 millones de turistas: el año 2025 llegaron 96.770.515 visitantes extranjeros y si ese número creciera un 5% (como han hecho los turistas entre enero y mayo), acabaríamos el año con 101,6 millones de turistas extranjeros… Y con un gasto turístico que alcanzaría los 121.000 millones de euros (+5,3%). Eso supone que el turismo volverá a ser uno de los motores de la economía, aportando 228.396 millones al PIB (el 12,9% del total) y manteniendo 3 millones de empleos.

España superará los 100 millones de turistas en 2026, pero eso provoca una pregunta: ¿es sostenible esta masificación turística? . Es evidente que hay destinos turísticos saturados y no sólo las costas e islas en verano (Palma ha protagonizado una masiva manifestación contra la saturación turística), también muchas ciudades en cualquier fin de semana (Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga, Palma, San Sebastián, Toledo, Santiago, Alicante…). Viajar se ha convertido en una “necesidad” tras la pandemia y el turismo (interior y extranjero) colapsa aeropuertos, trenes, carreteras, hoteles, restaurantes, bares y zonas turísticas. Muchos expertos y hasta empresarios del sector creen que ha llegado el momento de parar y reflexionar, de evitar “morir de éxito”. Urge perfilar un turismo sostenible, no sólo para los propios españoles residentes sino para los turistas nacionales e internacionales, que pueden buscar otros destinos si se “agobian” en España, si nos identifican con “colas” en aeropuertos, carreteras, playas y restaurantes, con precios superiores a viajar a destinos más exóticos y lejanos…

Esta reflexión sobre el futuro del turismo en España se ha plasmado en la “Estrategia España Turismo 2030”, una “hoja de ruta” para el futuro  aprobada por el Gobierno el 21 de octubre de 2025, tras muchos meses de debate con 200 entidades públicas y privadas del sector turístico. El objetivo es “transformar el turismo español hacia un modelo sostenible, equilibrado e inclusivo”, que se pretende conseguir con 5 programas (sobre destinos, empresas, trabajadores, residentes y turistas) que incluyen 15 metas, entre ellas, transformar los destinos turísticos, fomentar el turismo verde y de interior, innovar y digitalizar empresas y aplicar criterios sostenibles para el medio ambiente, formación continua de los trabajadores, armonizar el turismo y la vida local de los destinos turísticos (elaborando un Atlas de “intensidad turística”) y promover un marketing de España como destino sostenible.

Muchas de estas acciones están en marcha dentro de programas turísticos aprobados con Fondos europeos, de los que 3.400 millones se han destinado a la reconversión y digitalización del sector turístico, además de acciones medioambientales y campañas de marketing para conseguir una diversificación geográfica, temporal y motivacional de los turistas, para promover el turismo de negocios, verde, cultural, gastronómico o deportivo, no sólo nuestro sol y playa. En paralelo, las empresas han realizado fuertes inversiones en hoteles, infraestructuras, digitalización, energía y medio ambiente, así como en múltiples ofertas de servicios, lo que permite en muchos casos no cerrar tras el verano y mantener un turismo permanente. Eso sí, el sector se queja de la “competencia desleal” de los pisos turísticos (341.000 en mayo) y pide al Gobierno más inversiones en infraestructuras (aeropuertos, trenes, carreteras y accesos a ciudades, muchos colapsados), una mejora de la formación  y la incorporación de las nuevas tecnologías, incluida la IA.

En definitiva, que volveremos a “sufrir” otro verano de récord, con una saturación de turistas y unos precios disparados no sólo en los destinos de sol y playa sino en muchas zonas del norte de España y la España interior, que ya tampoco son “un refugio”. Y mientras, la industria turística necesita seguir “reconvirtiéndose”, buscando mejorar su oferta y sus precios mientras afronta una necesaria diversificación geográfica, en el origen (el 83,2% de los turistas siguen siendo europeos) y en el destino del turismo (el 90,85% de los turistas se concentran en 6 regiones: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Madrid), así como una desconcentración temporal (el 43% de los turistas llegan en 4 meses, entre junio y septiembre), algo que ha mejorado sensiblemente este año.

En resumen, no se trata de batir el récord de turistas cada año, como si no hubiera tope ni existieran problemas medioambientales y de saturación de infraestructuras. Hay que buscar un turismo de más calidad, no más turistas, que sea compatible con la vida de los pueblos y ciudades donde llegan. Es un difícil equilibrio que exige planificación, inversiones y medidas, pero sobre todo acuerdos entre Administraciones. Hace falta un gran Pacto por el futuro del turismo, para que sea sostenible a medio plazo. Tras tantos récords y ante los 100 millones de visitantes, es hora de parar, sentarse y repensar el futuro del turismo. Por este camino, acabaremos teniendo que sacar ticket de reserva para viajar, ir a un hotel o a un restaurante y bañarnos en la playa… Así no compensa viajar.

España exporta más, pese a Trump

Las exportaciones españolas han crecido este año (+1,3% hasta mayo), más que las europeas, a pesar de las guerras y los aranceles impuestos por Trump. Eso sí, han caído las ventas a EEUU (-2,5%), aunque más las compras (-8,8%), con lo que hemos reducido el déficit comercial con USA, mientras los aranceles sí han dañado al conjunto de Europa, que ha reducido a la mitad su superávit con EEUU. El problema para Europa sigue siendo China, que ha aumentado su superávit comercial con la UE-27 (160.516 millones de euros, +9,7%) y con España: tenemos un “agujero” comercial de -17.895 millones, el 71% de todo nuestro déficit comercial. Ahora, si continúa el conflicto con Irán y los altos precios de la energía, las exportaciones pueden resentirse y con ellas, el crecimiento y el empleo. Urge un Plan para revitalizar las exportaciones europeas y diversificarlas (con acuerdos como Mercosur). Y promover las ventas españolas en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, donde ahora caen. Nos jugamos crecimiento y empleo.

                 Exportaciones españolas a Europa crecen, pero caen las ventas a Asia y América

Los aranceles de Trump, anunciados el 2 de abril de 2025 e implantados finalmente el 1 de agosto pasado, no han sido tan dañinos como se temía. En 2025, el déficit comercial de bienes de EEUU con el resto del mundo aumentó incluso un +2,1%, hasta los 1,24 billones de dólares, una cifra récord. Y este año 2026, el déficit comercial USA se ha reducido un -31% (-434.600 millones de dólares hasta mayo, frente a -633.000 millones entre enero y mayo de 2025), pero en mayo (último dato publicado), el déficit comercial USA ha subido: -105.800 millones de dólares (frente a -91.500 en mayo 2025), el mayor “agujero comercial” en más de 1 año. Y esa podría ser la tendencia de los próximos meses, según los expertos, porque EEUU está aumentando las importaciones de productos de consumo extranjeros, informática, semiconductores, aeronaves, generadores industriales y vehículos, a pesar de los aranceles y las presiones de Trump para que empresas y particulares consuman productos “made in USA”.

En definitiva, lo que está pasando es que EEUU crece y la inversión de muchas empresas en tecnología e Inteligencia Artificial (IA) está obligadas a aumentar las compras en el extranjero de equipos, componentes para Centros de Datos e infraestructuras tecnológicas, así como coches, bienes de consumo y bienes de equipo industrial, a pasar de los aranceles. Eso sí, EEUU ha reducido su déficit comercial con los otros dos grandes bloques comerciales, Europa y China.

En 2025, el retraso en la entrada de los aranceles y el aumento de las importaciones USA en el primer semestre (para anticiparse a los aranceles) provocó que el déficit comercial de EEUU con Europa (UE-27) aumentara incluso, hasta los 199.600 millones de euros (frente a 198.000 millones en 2024). Este año 2026, las exportaciones europeas sí se han visto reducidas por los aranceles (sobre todo las ventas de automóviles, acero y aluminio) y, por ello, el superávit comercial de la UE-27 con EEUU se ha reducido a la mitad hasta mayo: de +116.999 millones de euros que era el superávit comercial en 2025 a +49.310 en 2026, según Eurostat. Quien se ha visto menos afectada es China. Si en todo el año 2025, EEUU tuvo un déficit comercial de -201.500 millones de dólares, este año lo han reducido a la mitad: era de -58.278 millones de dólares hasta mayo, frente a -102.310 entre enero y mayo de 2025.

Tras los aranceles y los conflictos geopolíticos (que han vuelto a disparar el precio de la energía y otras materias primas), Europa se ha resentido en su superávit comercial con el resto del mundo, no sólo con EEUU. Ha habido tres meses (enero, abril y mayo de 2026) en que la UE-27 tuvo déficit comercial con el resto del mundo, cuando antes siempre tuvo superávit. Y con ello, entre enero y mayo de 2026, Europa tuvo un déficit comercial con el resto del mundo de -15.905 millones de euros, algo inédito, dado que en esos primeros meses de 2025 (y de los años anteriores) Europa tuvo un superávit comercial de +70.100 millones, según Eurostat. La culpa es del mayor coste de las importaciones energéticas, pero también del aumento de las importaciones de muchos paises, en especial de China. El déficit comercial con China ha aumentado mes a mes y en mayo sumaba ya -160.516 millones de euros, +9,7% más que el déficit de enero-mayo 2025 (-146.346 millones).

España no ha salido tan mal parada como la mayoría de Europa por los aranceles de Trump y la nueva crisis energética por la guerra en Irán. De hecho, las exportaciones han crecido hasta mayo, un +1,3%, más que en todo 2025 (+0,7%) y más que la subida media en la UE-27 (+0,7% aumentaron las exportaciones europeas entre enero y mayo), aunque crecen menos que las exportaciones de Alemania (+1,7%), Francia (+3,5%) e Italia (+3,4%) y más que las de Reino Unido (-10,4%), según los últimos datos de Comercio. Lo que ha “pinchado” este año son las exportaciones de alimentos (caen -1,4%), productos químicos y medicamentos (-8,2%), pero crecen todas las demás, incluidos los bienes de equipo y automóviles. Las importaciones crecen el doble (+3,1%, más que en cualquier país europeo), por la mayor factura energética (el coste de las importaciones de petróleo se duplicó en mayo) y el  crecimiento de la economía y el consumo, que “tiran” de los productos importados más que en otros paises.

Al crecer más las importaciones que las exportaciones, el déficit comercial de España ha aumentado este año, hasta los -25.094 millones de euros en mayo (frente a -21.524,8 millones entre enero y mayo de 2025). La mayor parte de este déficit comercial se debe al comercio con Asia (-29.864 millones de déficit), especialmente a nuestro déficit con China, que crece y supone casi las tres cuartas partes del total: era de -17.895 millones de euros hasta mayo, frente a 16.533 millones entre enero y mayo de 2025.También son importantes los déficits comerciales que tenemos con Vietnam (-2.028 millones, algo menos que en 2025), Japón (-1.786,4 millones, el doble que el año pasado), India (-1596,4 millones, casi igual que en 2025) y Corea del Sur (-998,3 millones, algo más que en 2025) . Y fuera de Asia, destacan los déficits comerciales que tenemos con dos paises a los que compramos mucho petróleo y gas: Nigeria (déficit de -1895 millones) y Argelia (-1.617 millones). Y con Brasil (-1.815 millones de déficit comercial hasta mayo).

Pero después de China (-17.895 millones), el mayor déficit comercial lo tiene España con EEUU, aunque se ha reducido este año, a pesar de los aranceles y críticas de Trump: ha sido de -4.906 millones de euros hasta mayo, un 16,7% menos que en los cinco primeros meses de 2025 (-5.890,3 millones de déficit). Y ese menor déficit comercial se debe a que han caído algo las exportaciones a USA, nuestro 6º mayor cliente mundial (-2,5%), sobre todo medicamentos y productos siderúrgicos, pero han caído mucho más nuestras importaciones de EEUU (-8,8%), sobre todo de energía, maquinaria y equipos de transporte. Así que seguimos con déficit comercial con USA, pero menos que antes de los aranceles. Todo apunta a que las exportaciones e importaciones de España a EEUU seguirán cayendo, aunque menos de lo que se temía, sobre todo en medicamentos, bienes de equipo y alimentos.

Junto al aumento del déficit comercial con China y la reducción con USA, España consigue este año casi mantener su alto superávit comercial con Europa (+16.148 millones hasta mayo, -5,8%) e incluso aumentar ligeramente su superávit comercial con la UE-27 (+11.190 millones hasta mayo, +0,38%). A pesar del bajo crecimiento en Europa y los conflictos geopolíticos que enturbian el comercio mundial, España dirige el 75% de sus exportaciones a Europa y mantiene superávit comercial con 13 paises, entre ellos Francia (+7.930 millones), Italia (+1.457 millones) y Portugal (+7.825 millones), más Reino Unido (+5.680 millones) . Y España mantiene déficit comercial con otros 13 paises UE, entre ellos Alemania (-3.491 millones), Paises Bajos (-3.823 millones) y Bélgica (-242 millones).

Cara al futuro, hay nubarrones en el horizonte de nuestras exportaciones (y de las europeas), sobre todo los conflictos geopolíticos que mantienen cara la energía y los nuevos aranceles de Trump (que afectan especialmente a los automóviles europeos, el acero, el aluminio, medicamentos y algunos alimentos). Y además, un grave problema que Europa no sabe cómo lidiar: China, que sigue vendiendo más cada año a Europa (ahora que tiene más dificultades para exportar a EEUU), agravando los déficits comerciales y poniendo en peligro empleos (la multinacional Volkswagen plantea recortar 100.000 empleos, el 16% de su plantilla).

El dato de que Europa tiene este año déficit comercial y no superávit con el resto del mundo debería haber disparado las alertas en Bruselas, porque las exportaciones son uno de los motores económicos de la UE (sobre todo de Alemania, Italia, Paises Bajos, Bélgica o Irlanda, también en España). Si estas exportaciones están en riesgo y se disparan las importaciones (sobre todo de China y el resto de Asia), los efectos sobre el crecimiento y el empleo serán inmediatos, en una coyuntura donde la UE lleva estancada varios años (creció +0,4% en 2023,+1,1% en 2024, +1,4% en 2025 y lo mismo se espera para 2026).

La Comisión Europea, a la vista de estos datos, debería aprobar un Plan de choque para apoyar las exportaciones europeas, que no sólo chocan con los aranceles de Trump y el empuje exportador de China sino que sufren un problema de fondo: una menor competitividad, por la falta de inversiones estratégicas y tecnológicas en Europa. Y a la vez, seguir avanzando en la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Precisamente, acaba de entrar en vigor el acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y en mayo ya crecieron las exportaciones europeas a estos paises un +4,2% (mientras las importaciones sólo crecieron un +1,8%).

En el caso de España, aunque estemos saliendo mejor parados de los problemas geopolíticos y comerciales, también es urgente tomar medidas para ayudar a los exportadores, sobre todo porque las exportaciones crecen gracias a que vendemos más al resto de Europa (+2,6% hasta mayo), a África (+5,5%) y Oceanía (+61,6%), pero han “pinchado” nuestras exportaciones a Norteamérica (-0,3%), Latinoamérica (-7,8%), Asia (-7,6%) y Oriente Medio (-23,1%). Esto exige más medidas y recursos para promoción, más financiación a los exportadores y una política exterior volcada en ganar mercados. Algo que nos importa a todos, porque las exportaciones aportan un tercio del crecimiento y mantienen 4,6 millones de empleos. Por eso, urgen medidas para apoyarlas en un año crítico.

La vivienda, la gran "vaca fiscal"

La vivienda es un grave problema para muchas familias y jóvenes, pero es una gran fuente de ingresos para el Estado, autonomías y Ayuntamientos: ordeñando la “vaca fiscal” de la vivienda recaudan más de 60.000 millones cada año, salvando sobre todo las cuentas municipales. En conjunto, se pagan hasta 16 tributos y tasas vinculados a la vivienda, desde los solares y la promoción a la compra, la venta y las herencias. Así, los impuestos representan el 25% del precio final de una vivienda. La injusticia es que autonomías y Ayuntamientos apenas gastan esta enorme recaudación en vivienda, aunque les salva sus cuentas. Lo normal sería que las instituciones públicas destinaran al menos un 25% de lo que recaudan (15.000 millones) a ayudas y promoción de vivienda, cuando ahora gastan menos de la mitad. Y que bajaran los impuestos a la promoción de viviendas protegidas (VPO), sobre todo a las destinadas a alquiler y primera vivienda de familias y jóvenes. No pueden ordeñar la vaca y luego no alimentarla.

                  La vivienda recauda 60.000 millones anuales y sólo se invierten 7.614 millones

La vivienda es una gran “vaca fiscal”, que permite a las distintas Administraciones públicas recaudar una parte importante de sus ingresos. Se estima que el 25% del precio final de una vivienda en España son impuestos, según un estudio de Fedea. Y si consideramos todo el proceso, desde el suelo, las licencias de obra, la promoción, las compraventas y hasta las donaciones o herencias, la vivienda paga hasta 16 tributos al Estado central (Hacienda), las autonomías y los Ayuntamientos, suponiendo el 62% del precio final. S estima que en 2024, la vivienda permitió recaudar 52.200 millones de euros en España, el 6,9% de toda la recaudación. Y con ello, somos el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda, sólo tras Luxemburgo (9,7% de sus ingresos), Francia (8,1%) y Bélgica (7,7%), muy por encima de Italia (5,7%), Portugal(4,3%), Paises Bajos (3,9%) o Alemania (2,8%).

El Estado central (Hacienda) es, comparativamente, el que menos recauda con la vivienda. La compra de viviendas nuevas paga el IVA (10%, salvo el 6,5% en Canarias y el 4% las viviendas protegidas, VPO), que abona el comprador. Se estima que la recaudación del IVA por la vivienda supone unos 11.000 millones al año y  la mitad (de todo el IVA recaudado) se transfiere a las autonomías. Además, Hacienda ingresa en el IRPF por varios conceptos ligados a la vivienda, desde la plusvalía conseguida por una venta (que tributa de forma progresiva según su importe, salvo que se destine a comprar otra vivienda habitual) a los ingresos por alquileres o una parte del valor catastral de las viviendas no habituales.

Las autonomías recaudan mucho más que Hacienda con la vivienda, unos 20.736 millones anuales, ya que además de la mitad del IVA (5.500 millones ligados a la vivienda), recaudan dos impuestos importantes: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAD), ambos pagados por el comprador de la vivienda a la Hacienda autonómica, dos impuestos que recaudan 12.300 millones anuales. Y también recaudan por el impuesto del patrimonio y sucesiones (ambos muy vinculados a la vivienda).

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) es el que paga el comprador de una vivienda de 2ª mano (las nuevas pagan IVA), un impuesto que aplica un porcentaje al valor de venta que es muy desigual por autonomías: el más bajo se paga en Madrid y Navarra (6%), seguidos de Canarias (6,5%), País Vasco, la Rioja y Andalucía (7%), Galicia y Murcia (8%), Aragón, Asturias y Castilla y león (8 al 10%), Extremadura (8 al 11%), Baleares (8 al 13%), Cantabria y Castilla la Mancha (9%), Comunidad Valenciana (10 al 11%) y Cataluña (10 al 11%). El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IJD), que también paga el comprador, grava la firma de escrituras notariales e hipotecas (los aranceles y gastos notariales son aparte). Los tipos que se aplican también varían por autonomías: los más bajos se pagan en Navarra (0,5%), Canarias y Madrid (0,75%), seguidos de la Rioja (1%), Andalucía y Asturias (1,2%), mientras las 11 autonomías restantes cobran un 1,5%.

Además, las autonomías recaudan otros dos impuestos donde la vivienda tiene un gran peso: el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. En el impuesto sobre el patrimonio, los datos fiscales reflejan que los bienes inmuebles representan el 40% del patrimonio declarado. Así que si las autonomías  recaudan 1.926 millones con este impuesto, 770 millones son por la vivienda. Y la recaudación varía también entre autonomías, porque hay 6 donde no se paga patrimonio porque lo tienen bonificado al 100% (Madrid, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Murcia y la Rioja), mientras en el resto se paga entre el 0,21 y el 3,75% del patrimonio imponible (suele haber mínimos exentos).

El otro gran impuesto autonómico es el impuesto de sucesiones y donaciones, que se paga al donar una vivienda o recibirla en herencia. El tipo que se paga varía también mucho entre autonomías: algunas comunidades (como Madrid, Andalucía, Baleares o Cantabria) aplican bonificaciones de hasta el 99% de la cuota tributaria para cónyuges, ascendientes y descendientes. En el otro extremo, regiones como Asturias, Castilla-La Mancha o Murcia son tradicionalmente más gravosas. Al final, las autonomías recaudan por este impuesto 3.130 millones anuales y se estima que la mayor parte (el 60%) procede de la transmisión de bienes inmuebles (serían 1.878 millones).

Si sumamos, la recaudación de estos dos grandes impuestos (unos 12.588 millones en 2025, +36% que en 2019) más la parte autonómica del IVA ligada a la vivienda (5.500 millones), la parte de la recaudación del patrimonio por inmuebles (770 millones) y la recaudación por sucesiones y donaciones vinculada a la vivienda (1.878 millones), resulta que las autonomías recaudan cada año 20.736 millones gracias a la vivienda, lo que supone un tercio de toda la recaudación pública ligada a la vivienda y el 14% de sus Presupuestos anuales.

Los que más ganan con la recaudación ligada a la vivienda son los Ayuntamientos. Recaudan cada año dos impuestos clave, el IBI y la plusvalía municipal, más otros impuestos por obras y licencias y las tasas de basuras. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) lo pagan cada año los dueños de viviendas y locales (38,9 millones de inmuebles), recaudando 13.412 millones en 2024, un récord histórico. El IBI sube calladamente cada año, tanto por la actualización de los valores catastrales (se revisan cada 10 años) como por los tipos que se aplican sobre ese valor, que también suben (entre el 0,2 y el 0,9% anual) y son muy diferentes entre municipios: oscilan entre el 0,4 y el 1,1 % para inmuebles urbanos (0,414% en Madrid, 0,660% en Barcelona y 0,578% en Valencia) y entre el 0,3 y el 0,9% para inmuebles rústicos. Las subidas del IBI han hecho que el recibo medio pase de 211 euros en 2006 a 324 en 2019 y 344 euros en 2024. Y hay grandes diferencias: donde se paga más IBI es en Madrid (646 euros de media), Barcelona (640), Ibiza (463), Málaga (326), Palma (324), Sevilla (285) y Valencia (284 euros).

El otro impuesto municipal ligado a la vivienda es la plusvalía municipal (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, IIVTNU), que paga el promotor de la vivienda o el vendedor. Recaudó 1.861 millones de euros en 2024. Se calcula aplicando un tipo fijo del 0,15% sobre el valor de la vivienda y ha subido mucho desde 2020: un +275% en Barcelona, un +305% en Málaga y Zaragoza, un +500% en Sevilla y un +650% en Madrid, según los promotores de ASPRIMA, que lo achacan más a un cambio en el método de cálculo del impuesto que a la tremenda revalorización de las viviendas. Los promotores se quejan de que este impuesto no se adapta a los distintos mercados y no permite la deducción de costes de promoción y urbanización. Y aunque lo pagan los promotores, al final se lo repercuten al comprador: en una vivienda nueva de 300.000 euros, el impuesto de plusvalías que se paga ha pasado de 1.296 euros en 2020 a 6.480 euros en 2025.

Hay un tercer impuesto municipal ligado también a la vivienda, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava cualquier obra que exija  licencia urbanística o declaración responsable y que paga el dueño de la obra o el constructor (que se lo cobra al propietario). Se aplica un tipo sobre el coste real de la obra (sin IVA, tasas, honorarios profesionales y beneficio del contratista), tipo que oscila según los Ayuntamientos (el máximo legal, el 4%, se aplica en Barcelona mientras Madrid tiene el 3,75%). En total, los Ayuntamientos recaudan por este ICIO 1.000 millones anuales.

Otro impuesto municipal ligado a la vivienda son las tasas por las licencias urbanísticas, que pagan los promotores y repercuten luego en el precio final de la vivienda: suponen 456 millones al año. Y no podemos olvidar las tasas municipales de basuras, que pagan anualmente los propietarios de viviendas y locales. En 2025 subieron estas tasas, por exigencia de la Comisión Europea, con un recibo medio de 116 euros, que varía mucho según las ciudades y los barrios: se pagan más de 200 euros en Valencia (287), Girona (238), Tarragona (236), Palma (209) y San Sebastián (206), menos en Madrid (144 euros) y Barcelona (102) y son bajas en Toledo (56 euros) o Palencia (57). En conjunto, los Ayuntamientos recaudan 3.500 millones anuales por las basuras.

Si sumamos los ingresos municipales por el IBI (13.412 millones en 2024), el primer impuesto municipal (aporta el 66% de los ingresos totales), las plusvalías municipales (1.861 millones, el 8% de la recaudación total), el ICIO (1.000 millones, el 4,3%) , las tasas por licencias (456 millones, el 2% de los ingresos) y la tasa de basuras (3.500 millones), salen 20.229 millones de recaudación municipal ligada a la vivienda, el 87% de todos sus ingresos. Así que la vivienda es la clave para la subsistencia financiera de los Ayuntamientos españoles.

A cambio, los Ayuntamientos apenas invierten ni gastan en vivienda, como tampoco las autonomías, siendo también baja la inversión estatal (que es la mayoría). En conjunto, la inversión en vivienda fue de 7.614 millones de euros en 2025 (la mayoría con Fondos europeos, no españoles), el 0,45% del PIB, muy por debajo de la inversión pública en vivienda en la mayoría de Europa (oscila entre el 1 y el 3,5% del PIB). A lo claro: que España es el 4º país europeo que más “ordeña” fiscalmente a la vivienda (más de 60.000 millones de ingresos anuales, la mayoría autonomías y Ayuntamientos) pero es también uno de los que menos gasta (y la mayor parte del gasto en ayudas, no en promoción de vivienda).

El Estado central, aunque gasta poco es el que más invierte en vivienda. El Gobierno Sánchez ha multiplicado por 7 su inversión, de los 457 millones que gastó Rajoy en 2017 a 3.500 presupuestados en 2025. Y en el último Plan de vivienda 2022-25, la aportación estatal fue de 1.443 millones de euros (el 72% del total), mientras las autonomías solo aportaron el 28% restante (561 millones, el 2,7% de los que recaudan cada año con la vivienda). Ahora, el Gobierno ha aprobado el Plan de Vivienda 2026-2030, con un gasto total de 7.000 millones, a cambio de que las autonomías aumenten su gasto al 40% (2.800 millones en 5 años, todavía sólo el 13,6% de lo que recaudan con la vivienda cada año.

Las autonomías, aunque recaudan mucho con la vivienda, apenas invierten en vivienda: poco en ayudas y casi nada en promoción. Y el 70% de lo que invierten se lo transfiere el Estado central, por lo que les corresponde del IVA y otros impuestos. Los datos son escandalosos. Las autonomías que más gastaron en vivienda, entre 2021 y 2024, fueron Cataluña (1.971 millones), Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones), siendo muy baja la inversión de Castilla y León (174 millones), Cantabria (102) y Murcia (78). Y la mayoría de estas ayudas son incentivos fiscales a compradores y ayudas a inquilinos, dado que se ha desplomado la promoción de vivienda (VPO) de las autonomías. Así, en 2025, Cataluña calificó 3.517 viviendas VPO, Andalucía 2.265 y Madrid 2.048 (2 de cada 3 de promoción privada), siendo CERO las VPO promovidas en la Rioja, Murcia, Canarias y Cantabria…

Los Ayuntamientos, aunque son los grandes beneficiarios de los impuestos a la vivienda, invierten aún menos: una media de 85 euros por habitante al año, menos en Madrid (41 euros/habitante: 224,6 millones invertidos en vivienda al año) y más en Barcelona (125 euros/habitante: 240 millones invertidos al año). Así que los Ayuntamientos españoles, que tienen un tercio del suelo urbanizable inmovilizado, apenas invierten en vivienda (algunos menos que en las fiestas locales…), a pesar de cobrar ingentes impuestos por ella. Y además, han acumulado en los últimos años un superávit de 11.500 millones, que tenían inmovilizado y que ahora Hacienda les permite gastar en parte en infraestructuras, energía, industria y vivienda. Una buena medida sería destinar este “superávit” a promover viviendas en alquiler asequible: cuestan entre 100.000 y 225.000 euros cada una, según las zonas, así que daría para construir unas 65.000 viviendas. No son pocas.

Al final, hay muchos impuestos a la vivienda, que la encarecen y no se aprovechan para promover más viviendas asequibles. Así que muchos expertos proponen dos medidas. Una, reducir los impuestos que paga la vivienda, algo que ha propuesto incluso la Comisión Europea. El estudio de Fedea propone rebajar el IVA, del 10% actual al 4% o al 0% para promover viviendas destinadas a alquileres asequibles y las que se destinen a la 1ª vivienda de jóvenes y familias con bajos recursos. Además, proponen también ajustar el ITP (unificando tipos) y suprimir el AJD, corrigiendo las desiguales deducciones por vivienda en el IRPF estatal y en las autonomías. La otra medida sería que autonomías y Ayuntamientos se comprometieran a invertir en vivienda el 25% de lo que recaudan con ella: si lo hicieran, invertirían 10.000 millones entre ambas, 10 veces más que ahora.

En resumen, tenemos un grave problema de vivienda pero el ladrillo es una vaca fiscal, que consigue un alto porcentaje de la recaudación que hacen autonomías y Ayuntamientos, aunque después apenas gastan una mínima parte de estos ingresos en la vivienda, tanto en ayudas como en promoción (apenas promueven viviendas). Si bajaran estos impuestos, las viviendas podrían ser un 10% más baratas. Y si destinaran un 25% de lo que recaudan con la vivienda a ayudas y promoción, tendríamos más viviendas. Así que tomen nota. Y también nosotros, a la hora de votar en las municipales y autonómicas de 2027.

UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.