Menos envases y más reciclables

El 12 de agosto echó a andar el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos, norma que pretende reducir para 2030 los envases que utilizamos, que sean más reciclables y muchos puedan reutilizarse. Europa tiene un exceso de envases, que generan el 36% de toda la basura que tiramos. Y muchos no se reciclan, sobre todo los envases de plástico (sólo el 46% en España), lo que contamina tierras y aguas. Ahora, se obliga a las empresas a fabricar nuevos envases, más fácilmente reciclables y con etiquetas para los contenedores. Y se fuerza a supermercados y tiendas a que nos vendan a granel (con nuestros envases) y a que instalen máquinas para recoger botellas y envases, pagándonos por devolverlos. También las cajas de nuestras compras por Internet o en el transporte serán más pequeñas. Un gran esfuerzo para los fabricantes de envases, empresas de alimentación, tiendas y supermercados, que tendrán que innovar e invertir, aunque amenazan con subirnos precios por ello. Pero los consumidores saldremos ganando, aunque paguemos algo más.

                     Los envases suponen el 36% de la basura generada en Europa

Los envases dominan nuestra vida, desde las compras en el supermercado a los pequeños electrodomésticos o los pedidos por Internet. Sólo en Europa, los fabricantes de envases facturan cada año 160.000 millones de euros. Es una invasión de cajas, plásticos, cartones, vidrios y maderas que ya suponen el 36% de toda la basura que tiramos los europeos, según la Comisión Europea. Un consumo de envases que supera los 80 millones de toneladas al año en la UE-27 (79,7 millones Tm en 2023, según Eurostat) y que supone un consumo medio de 177,8 kilogramos por europeo al año (último dato, de 2023), siendo España el 7º país que más envases genera por habitante (179,2 kg), por detrás de Irlanda (223,1 kg/habitante), Alemania (215,2), Luxemburgo (204,5), Dinamarca (192,4) y Portugal (183,8 kg/habitante).

En Europa, sólo dos tercios de todos los envases (67,5%) se reciclan, según Eurostat (dato 2023), aunque hay 7 paises que reciclan más del 70% de sus envases: Bélgica (79,7%), Paises Bajos (75,8%), Italia (75,6%), Chequia (74,8%), Eslovenia (71%), Eslovaquia (71%) y España (recicla el 70,5% de todos los envases). La mayor parte de todos los envases son cartón y papel (el 40,4% del total), los embalajes que más se reciclan, pero los segundos envases más utilizados son los plásticos (19,88% del total  en Europa, el 21% en España), que son los embalajes que menos se reciclan, según Eurostat: sólo un 42,1% en la UE-27 y un 46,15% en España, por detrás de Alemania (52,2%) e Italia (49%) y por delante de Suecia (28,6% envases de plástico se reciclan), Dinamarca (27,8%) y Francia (25,7%). Este bajo reciclaje de los envases de plástico es lo que más preocupa a la Comisión Europea, porque mucho plástico acaba en vertederos y exportado a terceros paises, contaminando tierras y aguas.

Ahora, la Comisión Europea quiere elevar al 70% para 2030 el reciclaje de todos los envases, un objetivo accesible en los de papel y cartón (ya se alcanza en 7 paises), pero difícil en vidrio, metal, madera y sobre todo en envases de plástico. Por eso, la Comisión y el Parlamento Europeo aprobaron el 19 de diciembre de 2024 el Reglamento 2025/40 de Envases y Residuos (PPWR), publicado en enero de 2025 y que ha entrado en vigor en toda la UE-27 el pasado 12 de agosto. Esta nueva norma sustituye a la Directiva 94/62 y el gran cambio es que ya no se permiten normativas nacionales sobre envases y reciclaje: los 27 paises tendrán que cumplir las mismas normas, sin excepciones, de aquí a 2030.

El nuevo Reglamento pretende un cambio de modelo en la política de envases y reciclaje: no se trata ahora de aumentar el porcentaje de envases que se reciclan sino de modificar el proceso desde el principio, reduciendo los envases que se utilizan (“el mejor residuo es el que no se crea”, insisten) y renovando esta industria, para que innoven y fabriquen envases más pequeños y más fácilmente reciclables, así como envases reutilizables. Todo ello, con 3 objetivos claros: evitar envases innecesarios y promover la reutilización, el rellenado y el reciclado, armonizar las medidas nacionales para evitar obstáculos comerciales y distorsión de la competencia en Europa y contribuir a “la economía circular” (extender la vida de los productos) y ayudar a conseguir cero emisiones netas en 2050.

Lo que ha arrancado el 12 de agosto, con el nuevo Reglamento de Envases y residuos (PPWR), es un proceso, con una serie de medidas y cambios que se introducirán obligatoriamente entre 2026 y 2030, el año final. Lo primero que ya está en vigor, desde el 12 de agosto, es que cualquier empresa fabricante de envases o envasadora tiene la obligación legal de estar inscrita en un registro oficial para poder seguir funcionando, a la vez que los distribuidores y supermercados adquieren la responsabilidad de vigilar que sus proveedores cumplan las nuevas normas. Además, se amplía “el marco de responsabilidad ampliada del productor”, un mecanismo que obliga a las empresas a asumir el coste total de la recogida y tratamiento de “sus” residuos, mediante tasas variables según el coste de tratamiento.

Otra novedad que ya está en marcha, desde el 12 de agosto, es que se prohíbe la fabricación y comercialización de envases con sustancias PFAS (perfluoroalquilados y polifluroalquilados), sustancias químicas que se utilizan para que los recipientes resistan a la grasa o al agua y que son habituales en envases de comida rápida y alimentos preparados (cajas de pizzas) y que se acumulan en el medio ambiente.

Veamos otras novedades futuras. A partir del 12 de febrero de 2027, las tiendas y super deberán permitir a los consumidores llevar su propio recipiente para comprar comida o bebida. Y los establecimientos der comida rápida deberán ofrecer también envases reutilizables, que deberán devolverse al establecimiento. En esa fecha, deberán ser “compostables” (descomponerse de forma biológica) las bolsitas de te y las etiquetas que llevan las frutas y hortalizas. El 1 de enero de 2030, los envases no deben incluir más del 50% de vacío (aire), lo que modificará algunas bolsas de aperitivos, los estuches de perfumes o los paquetes que nos llegan de las compras por Internet. En esa fecha, los supermercados no podrán vender frutas y verduras de menos de 1,5 kilos envasadas en plásticos ni agrupar con plásticos “pack” de productos (cervezas o Coca-Colas). Y desaparecerán los sobres individuales para condimentos (sal, aceite, kétchup…) en bares y restaurantes (deberán ofrecerse en envases rellenables), los pequeños botes de champú o los geles y cremas en dosis de los hoteles…

Una novedad destacada es que las tiendas y super tendrán que instalar un sistema de depósito para recoger botellas de plástico de un solo uso y latas de hasta 3 litros: el comprador pagará algo por estos envases (se habla de 10 céntimos) y si lo devuelve, la máquina o el establecimiento le devolverá lo pagado (lo que se llamaba “llevar los cascos” cuando yo era niño). Es el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno), que el Reglamento europeo introduce para enero de 2029 pero que en España podría implantarse este año, en noviembre de 2026, dado que está previsto en un real Decreto de envases que el Gobierno español aprobó a finales de 2022, con acuerdo previo de Bruselas. El sistema preocupa a muchas tiendas y súper, que se quejan de que “no tienen sitio”, aunque ha tenido ya mucho éxito en 50 paises, donde se recuperan el 90% de los envases de bebidas.

Las tiendas y supermercados también van a tener que “hacer hueco” para otra exigencia de este Reglamento de envases: a partir de 2030, tendrán que destinar el 10% de su espacio de venta a “estaciones de rellenado” de productos, donde los compradores irán con sus propios envases y allí echarán parte de los alimentos y bebidas que compren. Un cambio de costumbre pero que ya se ha generalizado en las botellas rellenables de agua que muchos llevan hoy.

Otra novedad importante del Reglamento europeo es que obliga también a un cambio en el etiquetado de los envases, a partir del 12 de agosto de 2028: los futuros envases deberán llevar una “etiqueta europea armonizada”, que informe de los materiales que contiene y facilite su separación y reciclaje al incluir una etiqueta de colores, que facilite al consumidor una información precisa del contenedor donde debe arrojarse (se modificará también la información externa de los contenedores para facilitar “el emparejamiento”…).

El objetivo de todos estos cambios es revolucionar el actual sistema de envases y reciclado, desde el inicio (innovando los envases, con nuevos materiales y diseños) a la distribución y venta (asumiendo nuevas tareas en la cadena de suministro, desde envases reutilizables a venta directa), los bares, restaurantes y hoteles, también el transporte (el 40% de determinados embalajes que transporten deberán ser reutilizables y el resto, más pequeños y más reciclables), las industrias (entre ellas y con sus proveedores). Va a ser una revolución, que supondrá cambios a todos y una fuerte inversión a algunos. En España se estima que hay unas 28.000 empresas afectadas por este nueva normativa, un 80% pymes, que tendrán que invertir y ser más competitivas para afrontar estas nuevas exigencias.

Por todo ello, muchas empresas de alimentación, distribuidores y supermercados se quejan de este Reglamento, asegurando que las distintas obligaciones aumentarán sus costes, en un mal momento (encarecimiento de la energía, el transporte y los alimentos). Pero algunos expertos creen que las empresas que inviertan en menos envases y más reciclables lo acabarán recuperando, al tener que pagar menos tasas por reciclar. Con todo, podría haber un aumento de precios generalizado, por efecto de los nuevos costes, por lo que las asociaciones de consumidores piden al Gobierno que vigilen la aplicación concreta de las normas, para que su coste no recaiga solamente en los consumidores. Pero la OCU cree que los consumidores “saldremos ganando”: menos envases innecesarios, más envases reciclables, menos sustancias “problemáticas” en los envases, más posibilidades de reutilización y de uso de envases propios y unas etiquetas con información más clara.

Por su parte, Greenpeace valora positivamente que se prohíban ciertos plásticos y que se implante el sistema de recogida de envases SDDR, pero denuncia que la normativa europea ha sucumbido a las presiones del lobby del plástico, dado que fija reducciones de uso insuficientes (-5% para 2030 y -15% para 2040). Y reitera que la tasa real de reciclaje de los plásticos no es el 80% que dice Ecoembes, sino realmente por debajo del 30%, con lo que la mayoría de los residuos plásticos acaban en vertederos, incineradoras, en paises pobres o vertidos a tierras,  ríos y océanos. De hecho, WWF denuncia que  España es el 2º país que más plástico vierte al Mediterráneo después de Turquía y el cuarto país de la UE que más plástico consume.

En resumen, tenemos unos años por delante en que vamos a ver muchos cambios en los envases que vemos todos los días, desde los alimentos a las compras por Internet, y estaremos obligados a algunos cambios de hábitos, tanto al encargar comida como al comprar botellas o ir a comprar al súper con nuestros envases. Actitudes novedosas, que chocan hoy pero que pueden generalizarse mañana. Y las empresas, sobre todo, tendrán que estrujarse la cabeza y el bolsillo para inventar envases nuevos y más reciclables. Todo sea por reducir la basura que nos come y mejorar el medio ambiente. Poca broma.

Más incentivos a retrasar la jubilación

Desde el 26 de agosto hay más incentivos para que un empleado retrase su jubilación y siga trabajando (jubilación demorada) y también para que un jubilado decida volver a trabajar y compagine sueldo y pensión (jubilación flexible). Son medidas que pactaron en 2024 el Gobierno, sindicatos y patronal, para frenar el gasto en pensiones, que superará los 200.000 millones de euros en 2026. Además, se mantienen otras medidas para penalizar la jubilación anticipada y facilitar la jubilación activa (cobrar parte de pensión mientras se trabaja). Gracias a esto, han bajado las jubilaciones anticipadas (el 31,4%) y se demoran muchas jubilaciones (el 11,8%), aunque todavía son pocos los jubilados que compatibilizan pensión y trabajo: 79.475, de 6,5 millones de jubilados. Los expertos piden reducir las exigencias para facilitar que muchos jubilados trabajen y campañas de información para divulgarlo. Es importante porque a partir de 2027 se jubila el grueso de la generación del baby boom (1958-1977) y en 2050 habrá 15,6 millones de pensiones, frente a 10,4 millones ahora.

                        Enrique Ortega

Asegurar el pago de las pensiones futuras es uno de los mayores retos de todos los paises occidentales, donde aumenta la esperanza de vida y el envejecimiento de la población mientras  cae la población joven que trabaja. El problema es mayor en España, uno de los paises más envejecidos del mundo y donde sigue cayendo la natalidad, con un déficit de activos que cubren los inmigrantes. Eso ha disparado la factura de las pensiones, que era de 40.000 millones de euros el año 2.000 y superará los 200.000 millones en 2026. Y hemos pasado de 7,6 millones de pensiones a principios de siglo (4,6 millones de jubilación) a 10,4 millones de pensiones este año (6,6 millones de jubilación), que se dispararán a 15,6 millones de pensiones en 2050, con un gasto (16,8% del PIB) que será el mayor de Europa, según la OCDE y la UE.

Para afrontar este reto estructural, que se agravará en los próximos años, los distintos Gobiernos han aprobado varias reformas del sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno Zapatero aprobó una primera reforma, con el apoyo de sindicatos y patronal, para frenar el crecimiento del gasto en pensiones, aumentando la edad de jubilación (hasta los 67 años en 2027: este año son 66 años y 10 meses) y endureciendo los requisitos sobre años cotizados para acceder al 100% de pensión. En 2013, el Gobierno Rajoy aprobó una 2ª reforma, en solitario (sin el apoyo de las fuerzas sociales), que apenas revalorizó las pensiones y estableció un mecanismo para reducir las nuevas pensiones futuras (que se retiró en 2018). La 3ª reforma se pactó en noviembre de 2020, en el Pacto de Toledo, entre sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (sólo Vox votó en contra), con un abanico de 20 medidas: pago por el Presupuesto de las pensiones no contributivas, subida anual del IPC, creación Fondo de Reserva (“hucha”), revisión cotizaciones y periodos exigidos, así como medidas para penalizar las jubilaciones anticipadas y promover la compatibilidad entre trabajo y pensión.

En 2019, un 40% de los jubilados se retiraban anticipadamente. Con las penalizaciones aprobadas a partir de 2020, esta tendencia se ha frenado, porque la jubilación sólo se puede anticipar 2 años  y se recorta la pensión entre el -3,26% (si se anticipa 1 mes) y el -21% si se anticipa 24 meses (el recorte es menor para los que han cotizado más de 38 años y 6 meses: un máximo del -19%). El efecto de este cambio ha sido eficaz en poco tiempo: en 2025 hubo 104.655 jubilaciones anticipadas, un 27,9% del total de jubilaciones (375.324 altas), bastante menos que en 2019 (40% altas).Y en 2026, hasta agosto, son el 31,4% de las jubilaciones.

La otra medida aprobada en los últimos años, favorecer el retraso en la jubilación (“jubilación demorada”) también ha dado sus frutos, gracias a los incentivos aplicados: aumento del 4% en la pensión futura por cada año de retraso en la jubilación o pago único de un cheque de 4.400 euros a 13.800 por cada año de retraso o un incentivo mixto cuando se retrasa más de 2 años . En 2025 hubo 40.952 jubilaciones demoradas, un 11,1% de las altas de jubilación, más del doble que en 2019 (4,8% de altas demoradas, apenas 14.000). Y este año, hasta agosto, son 25.762 altas demoradas, el 11,8% del total de jubilaciones.

Como consecuencia de ambas medidas (penalizar la jubilación anticipada y favorecer el retraso de la jubilación), se ha conseguido aumentar la edad efectiva de jubilación, a 65,3 años de media en 2025 y a 65,4 años en 2026, un año más tarde que en 2019 (64,4 años). Y todo apunta a que esta tendencia seguirá en el futuro, frenando algo el gasto en pensiones.

Hasta esta última reforma de las pensiones, a partir de 2021, la casi totalidad de los trabajadores se jubilaba a la edad que les tocaba (65 años si ha cotizado 38 años y 6 meses y a los 66 años y 10 meses en 2026 si ha cotizado menos). Ahora, los trabajadores pueden elegir entre 4 tipos de jubilación. La primera, la jubilación parcial: a partir de los 60-62 años, permite reducir la jornada y el salario antes de la jubilación cobrando la parte proporcional de la pensión, cotizando a tiempo parcial hasta la jubilación total. Y se cobra de pensión el porcentaje de jornada que se reduce, muchas veces vinculada a la contratación de un joven (contrato “de relevo”). La segunda es la jubilación demorada: el trabajador retrasa su jubilación y sigue trabajando y cotizando, con vistas a cobrar una bonificación en su pensión cuando finalmente se jubile. La tercera, la jubilación activa: permite seguir trabajando (tras llegar a la edad legal de jubilación), a jornada completa o parcial, mientras se cobra una parte de la pensión (el 50%, que llega al 100% si es un autónomo con un empleado). Y la cuarta opción, la jubilación flexible: permite a la persona jubilada volver a trabajar, cobrando una pensión proporcional a su jornada de trabajo (del 50 al 75% de la jornada) y recuperando su pensión total cuando deje de trabajar.

De momento, estas nuevas modalidades de jubilación son minoritarias, menos usadas en España que en el resto de Europa. Así, en julio de 2026, eran 79.475 los trabajadores que compatibilizaban salario y pensión, a través de la jubilación activa y flexible, lo que supone sólo el 1,22% de todos los jubilados (6,5 millones pensionistas cobran una jubilación), aunque hace unos años la cifra era ínfima. Pero para impulsar estas jubilaciones compatibles con trabajar, que ayudan al sistema de pensiones (reducen la factura de las pensiones y aumentan las cotizaciones), el Gobierno aprobó el 26 de mayo dos cambios, pactados en 2024 con los sindicatos y la patronal, para incentivarlas, cambios en vigor desde el 26 de agosto.

El primer cambio mejora la jubilación flexible. Por un lado, se permite que puedan solicitarla también los jubilados que vuelvan a trabajar como autónomos, cuando hasta ahora sólo podían beneficiarse los que volvían a un trabajo asalariado a tiempo parcial. Y además, se amplía la jornada en la que pueden trabajar, entre el 33 y el 80% de la jornada habitual (ahora era del 25 al 75%), aumentando la pensión entre un 15 y un 25% según jornada.

El segundo cambio que ha entrado en vigor el 26 de agosto mejora además la jubilación demorada. Por una parte, se mejora el incentivo, ya que ahora computará por los semestres que se retrase la jubilación, no por años como hasta ahora. Y para las carreras más largas, los que demoren la jubilación 9 o 10 años, se establece un sistema fijo de incentivos: cobrarán un 4% más de pensión anual durante 5 años y otro 2% adicional cada 6 meses.

Las medidas adoptadas para que los mayores sigan trabajando y compatibilizando pensión y salario han provocado, junto a la mayor actividad de las mujeres y el aumento de la esperanza de vida, que aumenten los trabajadores mayores en España, según un estudio de Funcas. En 2025, el 53% de los que tenían entre 60 y 64 años trabajaban, la tasa más alta desde los años 80. El salto se ha dado en las mujeres (de trabajar el 10% con esa edad en 1970 se ha pasado al 48% en 2025), mientras baja entre los hombres mayores (del 70% en 1970 han bajado al 58% trabajando en 2025). A pesar de este aumento, España tiene una tasa de empleo entre 60 y 64 años inferior a la mayoría de Europa (donde hay 7 paises, Alemania entre ellos, donde trabajan más del 70%, con un 45% en Francia y un 60% en Italia).

También han crecido los españoles que trabajan con 65 a 69 años: trabajan el 14%, la tasa más alta desde 1981, cuando en el año 2.000 trabajaban sólo el 2,5% de estos mayores. Y en esta edad, son más los hombres que trabajan (el 13,5%) que las mujeres (11%). En este caso, España también está a la cola de Europa en trabajadores de 65 a 69 años, sólo por detrás de Rumania, Croacia, Francia (10%) y Bélgica, lejos de Alemania (el 28% de las personas de 65 a 69 años trabajan) e Italia (trabajan el 23%), según Funcas.

Así que todavía hay margen en España para aumentar el trabajo de los mayores, tanto de los que tienen entre 60 y 64 años (que no pueden jubilarse y no encuentran empleo) como los de 65 a 69 años (retrasando su jubilación o compatibilizándola con el trabajo). Eso aumentaría la tasa de empleo (tenemos 1 millón largo de ocupados menos que la media europea) y frenaría el crecimiento de los pensionistas y del gasto en pensiones. El problema es resolver el salto de la actividad a la inactividad, que en Europa es más progresivo y en España es más brusco: a los 60 años trabajan el 71% de los hombres y el 55,5% de las mujeres, pero el porcentaje cae a la mitad a los 64 años (trabajan el 37,5% de los hombres y el 31,6% de las mujeres) y el trabajo es “testimonial” a los 69 años (trabajan el 5,5% de los hombres y el 2,8% de las mujeres), según el estudio de Funcas.

Ahora, con las 4 modalidades de jubilación y las recientes mejoras en la jubilación flexible y demorada, se espera conseguir que más trabajadores alarguen su vida laboral (retrasen su jubilación) y que una parte creciente de los jubilados vuelvan a trabajar. Para conseguirlo, la OCDE recomendó a finales de 2025 a España que “suprima los obstáculos que todavía persisten para que los trabajadores de más edad se mantengan en su empleo”, señalando que hay problemas de burocracia y exigencias administrativas, además de una falta de información a los mayores y jubilados sobre las ventajas de seguir trabajando. Otro estudio, de Santa Lucía, propone que se unifiquen criterios y requisitos, que ahora crean confusión, para facilitar que más mayores sigan trabajando. Sobre todo en actividades de baja carga física y trabajos “intelectuales” como educación, sanidad, consultoría o distintos profesionales.

Es importante que esta parte de la reforma de pensiones (retrasar voluntariamente jubilación y compatibilizarla con el trabajo) funcione y se utilice más, porque vienen unos años donde se disparará el gasto en pensiones, al jubilarse a partir de 2027 el grueso de la generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1.978 : más de 600.000 nacidos cada año en esos 22 años, frente a los 321.164 nacidos en 2025 y los 350.000 que nacerán hasta 2075. El pico de estas jubilaciones se dará entre 2040 y 2045, disparando el gasto en pensiones. Y como aumenta el envejecimiento y la esperanza de vida (de 84 años ahora a 87 años en 2050), aumentarán drásticamente las pensiones, de los 10,4 millones actuales (6,5 millones de jubilación) a 15,6 millones de pensiones en 2050.

Se podrán pagar, pero eso exigirá aumentar ingresos y cotizaciones, así como frenar el número de pensionistas alargando los años de trabajo, porque mucha gente puede trabajar después de los 67 años. Claro que eso exige un cambio de actitud de las empresas (que no quieren “trabajadores mayores”) y compatibilizar esta demora de la vida laboral con más trabajo para los jóvenes. Un reto difícil que obligará a más acuerdos sobre el futuro de las pensiones.

La inflación se come los salarios

El verano ha dejado una inflación récord, el 4,3% en agosto, la mayor subida anual desde hace tres años y medio. La culpa la tiene la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el petróleo y los carburantes, subiendo también el gas, lo que ha encarecido la luz. Y todo apunta a que los precios seguirán altos hasta fin de año, salvo que se resuelva el conflicto con Irán, lo que provocó el jueves una 2ª subida de tipos del BCE, al 2,5%, que podría aprobar otras 2 subidas más este año, encareciendo las hipotecas. Mientras, los salarios de convenio suben sólo un 3,04%, con lo que los trabajadores pierden poder adquisitivo, como ha pasado en los últimos 6 años. Ahora, la patronal tiene paralizadas las conversaciones para negociar los salarios de 2026 a 2028, mientras los sindicatos piden subidas del 4% anual, argumentando el estancamiento de los salarios mientras suben los márgenes empresariales. Con los salarios bajos y la inflación subiendo, peligra el consumo y el crecimiento.

                          La subida de carburantes ha provocado un tercio de la subida del IPC

El verano ha disparado la inflación, del 3,2% que estaba en abril, mayo y junio al 3,6% en julio y el 4,3% en agosto, la inflación anual más alta en España desde febrero de 2023 (6%), un año después de la invasión de Ucrania. Ahora, la guerra en Oriente Medio (iniciada el 28 de febrero de 2026) ha disparado los precios de la energía y la inflación en todo el mundo y en Europa, aunque ha subido más en España: del 2,3% en febrero al 4,3% en agosto, mientras en la zona euro subió la inflación al 3,3% en agosto, con subidas menores en Francia (+2,4%) y Alemania (2,9%), equiparándose en Italia (+3,3% inflación en agosto).

Un tercio de la actual subida de precios lo explica la subida de los carburantes, sobre todo el gasóleo, por la subida del petróleo: pasó de costar 70,75 dólares barril el 26 de febrero a un máximo de 118,35 dólares el 31 de marzo (+67,22%), para volver a bajar por debajo de los 100 dólares en la mayor parte de abril, mayo, junio, julio y agosto (entre 85 y 95 dólares en verano), y superar los 100 dólares en septiembre (ver evolución), ante la reanudación de los ataques (costaba 104,65 dólares/barril el viernes). Esta subida del crudo ha disparado el precio de los carburantes, más el gasóleo (ha subido un +24% desde el inicio del verano) que la gasolina (+20% de subida este verano), debido a la falta de refino de gasóleo en las refinerías europeas (salvo en España), que han disparado las importaciones, en unos meses donde se han frenado las exportaciones de gasóleo de Rusia y China, los dos grandes refinadores mundiales.

En España, el gasóleo ha llegado a superar los 2 euros/litro y la gasolina los 1,85 euros/litro, a pesar de las ayudas aprobadas por el Gobierno en marzo, que rebajó el IVA del 21 al 10% hasta el 30 de junio. En julio, el IVA volvió al 21%, pero se aprobó un descuento de 15 céntimos por litro, que se redujo a 10 céntimos por litro en agosto y volvió a bajar a 5 céntimos para la gasolina en septiembre pero subió de 10 a 20 céntimos para el gasóleo. A pesar de estas ayudas, la subida de los carburantes este verano explica al menos un tercio de la actual inflación, según un estudio de CCOO, y ha permitido a las petroleras españolas aumentar un 28% su margen sobre ventas, disparando sus beneficios (2.221 millones en el primer semestre Repsol y 641 millones Moeve, mucho más que en todo 2025).

Otro culpable de la subida de precios de este verano es la factura de la luz. Hasta junio, tuvimos un cierto alivio en el recibo, gracias al efecto de las medidas tomadas por el Gobierno en marzo: rebaja del IVA del 21 al 10%, bajada del impuesto especial a la electricidad del 5,11% al 0,5% y suspensión temporal del impuesto sobre la producción eléctrica (7%). Pero desde el 1 de junio, los impuestos volvieron a su porcentaje anterior, aunque un real decreto aprobado a finales de junio introdujo una eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica (desde 2026 a 2028). Sin ayudas, el coste de la electricidad en el mercado mayorista subió de 69,59 euros/MWh en junio a 104,75 en julio y 118,25 euros/MWh en agosto. Y aunque se produjo mucha electricidad con energía renovable (el 55,36% entre junio y agosto), hubo que echar mano de las centrales de gas natural, para atender los picos de demanda y el enorme consumo de aire acondicionado. Y el gas natural ha disparado también su precio con la guerra en Oriente Medio: de costar 44,50 euros en marzo a 59 euros a finales de julio, 69,80 euros en agosto y 81,50 euros el viernes (ver evolución precios).

Al final, los 8,3 millones de consumidores que tienen la tarifa regulada (vinculada a la evolución diaria de los precios mayoristas) han visto subir su recibo este verano: de 66,63 euros de media en junio a 85,68 euros en julio y 88,81 euros en el recibo de agosto. Y los 22,2 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” sufrirán esta subida cuando les toque revisar su tarifa (semestral o anualmente). Y todo apunta a que unos y otros verán subir más los recibos en otoño e invierno (cuando aumentará la demanda, por las calefacciones), dado que el conflicto de Irán mantiene unos altos precios del gas natural para las centrales térmicas, está subiendo el impuesto al CO2 (que las eléctricas repercuten) y seguimos pagando más “costes del sistema” para evitar apagones.

Ahora, el temor es que las subidas del petróleo y el gas, trasladadas a los carburantes y la electricidad, acaben contagiando al resto de la economía, sobre todo al transporte y a los alimentos, lo que mantendría una alta inflación en lo que queda de año. Además, la mala climatología de esta primavera (lluvias y granizos) y el calor desmesurado del verano van a repercutir en las cosechas y antes o después en los alimentos, sobre todo en la subida de frutas, verduras, huevos, carnes y pescados, en el precio de los alimentos frescos, que ya se dispararon en agosto (+4,5%), por el mayor consumo del turismo. Preocupa que ahora, en otoño e invierno, los supermercados y comercios suban sus precios y sea difícil bajar la inflación del 4%. De momento, el Banco de España estima una inflación del 3,6% para todo el año 2026, tras cerrase 2025 con una inflación del 2,9%.

El Banco Central Europeo (BCE) también teme que la inflación europea (3,3% en la zona euro, muy por encima del objetivo del 2%) no amaine en lo que queda de año y contempla tres escenarios. Uno muy malo, con el petróleo y el gas en 130 dólares, que llevaría la inflación al 5,8% a fin de año y a la economía europea a la recesión. Otro muy optimista, con el petróleo en torno a los 70 dólares y el gas en menos de 50 euros, que dejaría la inflación europea en el 3,4%. Y uno intermedio, con el petróleo en 99,2 dólares/barril y el gas en 77,1 euros, que dejaría la inflación europea en el 4% y permitiría sólo un bajo crecimiento europeo (+0,2%). Para intentar frenar la inflación, el BCE subió por 2ª vez los tipos el jueves (la 1ª fue en junio, por primera vez en 3 años), un +0,25%, hasta el 2,50%.

La subida del BCE es otro error de los fundamentalistas de Frankfort y difícilmente bajará la inflación, que sube por la energía y la guerra en Irán. Pero lo que sí hará es encarecer las hipotecas: el Euribor ya supera el 3%, lo que sufrirán los 4 millones de españoles hipotecados, que pagarán más en su próxima revisión. Y frenará el crecimiento europeo, ya débil.

Pero lo peor es que la inflación ha subido mucho y seguirá alta mientras los sueldos de los trabajadores apenas suben: hasta agosto, la subida de los convenios con vigencia para este año ha sido del +3,04%, según Trabajo, por debajo de la inflación anual en agosto, el +4,3%. Incluso los salarios crecen por debajo de la inflación media de enero a agosto, el +3,19%. Y esta es la subida para los 8,8 millones de trabajadores que tienen un convenio firmado, ya que la mayoría de los asalariados (hay 19,58 millones) no tienen convenio firmado y muchos han tenido subidas de sueldo inferiores a ese 3,04%.

Así que todos los trabajadores están perdiendo este año poder adquisitivo (un -1,2% de momento), situación que se ha repetido en España en los últimos 6 años. Los datos son claros. La subida salarial de los convenios ha sido de +16,65% entre el año 2.020 y el 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2020 y 2025, según el INE.  Eso supone una pérdida de poder adquisitivo del -6,85% en estos últimos 6 años. Y muchos trabajadores sin convenio (sólo lo firman unos 11 millones de media de los 19,5 millones de asalariados) han tenido incluso subidas salariales menores, con lo que han perdido todavía más. La pérdida de poder adquisitivo se concentró sobre todo en 2021 (+3,1% de inflación media y +1,45% de subida salarial) y 2022 (+8,4% de inflación y +3,02 de subida salarial), mientras los salarios crecieron ligeramente más que los precios en 2023 (+3,61% frente a 3,5%), 2024 (3,32% frente a 2,8%) y 2025 (los convenios subieron el año pasado un 3,53%, frente a una inflación media del 2,70%).

Pero además, hay gastos básicos de las familias que han subido mucho más que los sueldos (+16,65%) en estos últimos 6 años (2020-2025). Es el caso de los alimentos (han subido jun 37,7%, según el INE), la vivienda (+24,5%), el vestido y calzado (+25,3%), los hoteles y restaurantes (+28,3%) y, sobre todo, los alquileres: han subido de media un 41,34% (de 10,4 euros/m2 a 14,7 euros/m2), según Idealista, y algo más en el caso de Barcelona (+48,75% entre 2020 y 2025) y Madrid (+48,75%).

Mientras, los márgenes y beneficios empresariales han subido mucho más que los salarios en estos años y en lo que va de siglo. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia que se viene dando desde el año 2.000: los beneficios brutos de las empresas se han multiplicado por 2,9 y los beneficios netos por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones), un aumento del +170%, según este estudio de Funcas. Y desde 2019, el beneficio de las empresas del IBEX ha aumentado un +139%, mientras cuadruplicaban los dividendos que repartían a sus accionistas. También es clarificador lo que ha pasado en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

En 2026, mientras los sueldos suben menos que la inflación, los márgenes empresariales siguen subiendo más: en el 2º trimestre, el margen medio sobre ventas de las empresas españolas fue del 12,5%, frente al 10,5% de media entre 2009 y 2021, según el Observatorio de Márgenes Empresariales. Pero hay muchos sectores que tienen unos márgenes mucho más altos, como el refino (28,4%, un máximo histórico), el sector energético (24,5% eléctricas y petroleras), el sector inmobiliario (31,1%), la banca (29%) y las industrias extractivas (22,3%). Además, en los últimos años (desde 2018), la productividad por empleado ha aumentado un +44% mientras sus salarios han crecido un +33% y los márgenes empresariales brutos por cada asalariado han aumentado un +55%, según un estudio de CCOO. Por esto, los sindicatos creen que es hora de “repartir mejor el crecimiento de la economía”, que crezcan más los salarios dado lo que están creciendo los márgenes y beneficios empresariales. Y para recuperar poder adquisitivo ahora que tenemos una alta inflación.

 Por eso, UGT y CCOO proponen subir los salarios un 4% anual en 2026, 2027 y 2028, más una cláusula de revisión del 1,5% si la inflación sube estos años más de lo esperado (ojo: sólo 4 de cada 10 trabajadores con convenio tienen cláusula de garantía salarial por si se dispara la inflación). Y que el salario mínimo interprofesional suba más del 5% en 2027.

El problema ya no es que la inflación se esté comiendo el sueldo de muchos trabajadores, otro año más, sino que la patronal no tiene ninguna prisa en sentarse a negociar las subidas salariales que deberían hacerse este año y los siguientes. El último acuerdo salarial entre empresas y sindicatos (el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el AENC) terminó su vigencia en diciembre de 2025 y todavía no han conseguido sentarse para alcanzar el VI AENC, que debería haberse firmado en mayo (como el V AENC). La patronal CEOE no tiene ninguna prisa, preocupada sólo por sus elecciones internas del 1 de octubre, aunque sólo hay un candidato, el actual presidente, Antonio Garamendi. Así que se retrasa un nuevo acuerdo de salarios para 2026 a 2028, por lo que los sindicatos anuncian movilizaciones.

En definitiva, los trabajadores y sus familias sufren una alta inflación pero las empresas no tienen prisa por subirles los sueldos, que en su mayoría son bajos (dos tercios de los trabajadores, 12,45 millones de asalariados ganan menos de 1.711 euros netos al mes en 14 pagas). Y además, no quieren subirles más del 3%, con lo que volverían a perder poder adquisitivo, mientras crecen los beneficios empresariales. Ojo: los bajos salarios son un problema, no sólo para los trabajadores que los cobran sino para el conjunto de la economía: si los salarios no suben algo más que la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores del crecimiento y el empleo.

Así que mejorar los salarios españoles, para que sean más “europeos” (26,2 euros/hora se paga en la UE-27 y 19,5 euros/hora en España) no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, según los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

Curso escolar 2026-27: la enseñanza, al límite

Esta semana han vuelto a colegios e institutos 8,2 millones de niños y adolescentes, una cifra de alumnos que cae por tercer año consecutivo, por la caída de la natalidad. Y han encontrado unos profesores hartos de su precaria situación laboral y que también protestan por no poder  atender unas aulas cada vez más complejas, con muchos alumnos inmigrantes (el 13,5% y en algunas provincias hasta el 30%) y alumnos “con necesidades especiales” (el doble que hace 6 años). Por todo ello, los docentes han convocado huelgas en Madrid, Cataluña y Andalucía, que podrían extenderse este curso a otras 6 autonomías más. Los profesores piden más medios, más docentes y más gasto educativo, muy desigual entre autonomías. Y una bajada de los alumnos por clase, unos ratios muy diferentes entre autonomías. Este curso, la enseñanza no universitaria está al límite, mientras sigue la apuesta de muchas autonomías del PP por promover la enseñanza concertada y privada. Urgen medidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, “manifiestamente mejorable”.

             Este es el tercer curso consecutivo en que bajan los alumnos de colegios e institutos

Este curso escolar 2026-2027 es el tercer año consecutivo en que se reducen los alumnos de las enseñanzas no universitarias, desde Infantil a Bachillerato y Formación Profesional (FP): serán unos 8.200.000 niños y adolescentes, 49.000 menos que el curso pasado, cuando ya bajaron en 67.425 alumnos (-43.024 chicos y -24.401 chicas), tras reducirse otros 17.425 alumnos el curso 2024-25, por la caída de la natalidad. El curso pasado (2025-2026), el último con datos oficiales, estudiaron 8.249.174 alumnos en los 28.633 colegios e institutos españoles, dos tercios en colegios públicos (que perdieron 53.765 alumnos) y un tercio en colegios privados (que perdieron sólo 13.660 alumnos). La caída de alumnos se nota sobre todo en Primaria (-48.773 el curso pasado), el 2º ciclo de infantil (-26.266 alumnos de 3 a 6 años) y en la ESO (-24.766), cayendo menos en Bachillerato (-3.713alumnos el curso pasado), mientras crecen los alumnos en el primer ciclo de Infantil (+3.268 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+2.357) y, sobre todo, en Formación Profesional, la enseñanza que más crece en España (+30.185 alumnos el curso pasado).

Al haber nacido menos niños, los alumnos que se esperan este curso (8.200.000) serán casi los mismos que en el curso 2018-2019 (8.217.330). Los más pequeños (de 0 a 3 años) irán al primer ciclo de educación infantil (488.543 el curso pasado), una enseñanza no obligatoria que ya cubre a la mitad de estos niños (50,2% en 2025-26), una de las tasas más altas en Europa. En el 2º ciclo de Infantil (3 a 6 años) se matricularon el año pasado 1.079.663 niños. Y en Primaria (6-11 años) está el grueso de los alumnos, 2.711.025 el curso pasado. Crecen los alumnos de “educación especial”, hasta 45.725 estudiantes. Y el otro gran bloque de alumnos, 2.090.250 en 2025-26, estudiaron la ESO (12-15 años). Y Bachillerato (16-17 años) otros 741.280 alumnos, el 8% “a distancia” (online). Quedan los alumnos de Formación Profesional (FP), 1.211.062 el curso pasado, un récord histórico y el mayor salto en la enseñanza no universitaria, dado que sólo 582.576 alumnos estudiaban FP hace 6 años.

La pérdida de alumnos en las enseñanzas no universitarias, de Infantil a Bachillerato, sería mucho mayor si no fuera por los hijos de los inmigrantes, cuya presencia en las aulas se ha disparado: eran sólo 207.112 a principios de siglo (curso 2001-2002), el 3% de todos los alumnos, y subieron hasta el 10% en el curso 2021-22 (857.175 alumnos sin nacionalidad española) para alcanzar el curso pasado (2025-26) la cifra de 1.175.063 alumnos extranjeros, el 13,5% del total de estudiantes de enseñanzas no universitarias, según los datos de Educación. Un tercio son alumnos nacidos en Latinoamérica, un 23,7% son de origen europeo y otro 21,8% africanos, destacando por paises Marruecos (193.809 alumnos), Colombia (128.612), Rumanía (93.821), Venezuela (85.273), Perú (67.938), China (44.896) y Ucrania (44.311 alumnos). Con todo, hay una gran diferencia entre autonomías: el mayor porcentaje de alumnos extranjeros se da en los centros de la Comunidad Valenciana (19,9%), Baleares (19,3%), la Rioja (18,6%), Aragón (17,6%), Cataluña (17%), Madrid (16%) y Murcia (15,8%), mientras es bajo en Extremadura (5%), Galicia (6,6%) y Andalucía (7,9%). Eso sí, el 74,7% de estos alumnos extranjeros estudian en centros públicos.

Este curso 2026-27 no habrá grandes novedades educativas, salvo que será el 5º Curso en que se aplique la nueva Ley de Educación, la Lomloe (aprobada en 2020 y que se empezó a implantar en el Curso 2022-2023), con lo que se graduarán de la ESO los segundos estudiantes educados con la nueva Ley, que pretende una educación menos “memorística” y más basada en potenciar habilidades, como defienden los expertos educativos y el Informe PISA, aunque los expertos creen que apenas se notará el cambio, porque hará falta más tiempo y el reciclaje de los profesores. También será el 2º año en que se mantendrán las prohibiciones y limitaciones al uso de móviles en las aulas, generalizadas en toda España, aunque el País Vasco y la Rioja dejan que lo regulen los propios centros educativos.

La gran novedad de este curso escolar es el clima de preocupación y tensión con el que han vuelto a clase los profesores de colegios e institutos (806.153 docentes el curso pasado), sobre todo los que trabajan en centros públicos (589.058 profesores), aunque también los que trabajan en la enseñanza concertada (200.000 docentes). Ya en los últimos meses del curso pasado hubo destacadas protestas de profesores en media España y ahora se han convocado ya huelgas de docentes en Madrid (indefinida a partir del 14 de octubre), Cataluña (el 8 de septiembre) y Andalucía (el 11 de noviembre), mientras hay tensiones entre el profesorado y los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Baleares, Navarra y Castilla y León, que podrían terminar en más paros de docentes.

El clima de hartazgo este curso entre la mayoría del profesorado se debe a una combinación de factores, laborales y educativos. En primer lugar, los profesores se quejan de la precariedad de su trabajo y sus bajos sueldos. Por un lado, el 31% de los docentes tienen un contrato temporal (llega incluso al 43,4% en Cataluña, al 41,3% en Canarias y al 37% de los docentes en Cataluña) y muchos sufren cada año que les despidan en junio y los contraten otra vez en septiembre. Junto a esta inestabilidad laboral, que se une a sufrir muchos cambios de centros, están sus bajos salarios: el sueldo neto de un profesor de Primaria oscila entre 1.700 y 2.200 euros, según antigüedad. Y el sueldo neto en Secundaria oscila entre 2.000 y 2.700 euros. Y en la reciente huelga, las cuidadoras de educación infantil denuncian sueldos de 1.100 euros a jornada completa…

Pero los profesores de colegios e institutos no se quejan sólo de su situación laboral, también protestan porque no pueden formar como quieren a sus alumnos, por falta de medios y personal. Su mensaje es claro: las aulas son ahora más diversas y complejas y no pueden dedicar a sus alumnos la atención que necesitan, lo que deteriora la calidad de la enseñanza. Por un lado destacan el cambio en el alumnado. Primero, por el mayor peso de alumnos extranjeros: el curso pasado, señalan, en los centros públicos de 17 provincias, al menos 1 de cada 5 alumnos eran extranjeros (el 30% en Alicante), lo que exige más dedicación, tanto para que aprendan la lengua (en ocasiones, además, la autonómica) como para que se adapten a una nueva formación, con el agravante de que muchos alumnos proceden de familias desfavorecidas (un tercio de los menores están en situación de pobreza) y eso dificulta su formación y reduce la ayuda en casa, obligando a una mayor atención docente.

Los profesores no sólo se quejan por la complejidad de tener más alumnos extranjeros sino también porque han aumentado los alumnos “con necesidades especiales”, desde alumnos con autismo (TEA) a estudiantes con déficit de atención (TDH), discapacitados y alumnos que se han incorporado tarde a la escuela. Los últimos datos oficiales (curso 2024-25) reflejan que los centros educativos acogieron a 422.631 alumnos con necesidades especiales en Primaria y 298.915 en la ESO, el doble que 4 años antes. Y si embargo, los centros no han duplicado medios, aulas ni profesores.

Además, los profesores se quejan de que cada vez tienen más tareas burocráticas, “papeleo” (desde rellenar informes a protocolos), lo que les impide aumentar las horas docentes para atender a los alumnos que necesitan más atención. Y, sobre todo, luchan porque los centros (públicos y concertados) aumenten recursos y plantillas, que consideran insuficientes. El sindicato CCOO considera que haría falta contratar a 80.000 nuevos profesores en colegios e institutos, sobre todo docentes para materias específicas, como matemáticas, filosofía, idiomas y FP, así como a profesores de refuerzo. Y además, piden un cambio radical en las oposiciones de docentes, denunciando falta de objetividad, disparidad de criterios entre tribunales y el alto volumen de suspensos en las últimas oposiciones.

La “marea verde” de profesores, que ha protagonizado las últimas protestas y está detrás de las próximas huelgas (muchas veces al margen de los sindicatos tradicionales) plantean sus reivindicaciones a las distintas autonomías, que gestionan la educación, pero también tienen una serie de exigencias al Ministerio de Educación. La primera, que complete la bajada de alumnos por clase (ratios) en toda España, dado que cada autonomía tiene un tope distinto de alumnos por clase en cada etapa escolar (ver mapas). En abril de 2012, el Gobierno Rajoy subió los ratios en las aulas (de 25 a 30 en Primaria, de 30 a 36 en la ESO y de 35 a 40 alumnos en Bachillerato) para poder imponer sus recortes en el gasto educativo.

En marzo de 2019, el Gobierno Sánchez revertió la medida a los ratios anteriores. Y posteriormente, las autonomías los han bajado algo, de forma desigual. Por eso, el Gobierno aprobó en abril de 2026 una Ley para homogeneizar los ratios en toda España: 22 alumnos por clase en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en la ESO (frente a 30 ahora). El problema es que esta Ley no se ha aprobado todavía en el Congreso, aunque el Gobierno confía en conseguirlo y aplicar las nuevas ratios progresivamente, desde el curso 2027-28 al curso 2031-32. Y mientras, ha pactado con los sindicatos rebajar, por decreto, los ratios en educación infantil (de 8 a 4 niños en 0 años, de 13 a 6 en 1 año y de 20 a 8 en 2 años), la reivindicación clave de la huelga de las escuelas infantiles. Se aplicarán en el curso 2027-28.

La 2ª exigencia de los profesores es que el Gobierno apruebe una normativa para exigir “unos parámetros mínimos de calidad” a los centros privados de Formación Profesional, que están proliferando por toda España (ya cuentan con un tercio de todos los alumnos) ante la falta de plazas en los centros públicos de FP. Los sindicatos creen que faltan 100.000 plazas en centros públicos de FP y eso ha promovido la creación de academias  y “chiringuitos” de FP, con altos precios y financiados por inversores y Fondos extranjeros. Este boom de la FP privada se concentra en el País Vasco (43,8% alumnos), Madrid (37,6%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%), con el agravante de que consiguen más prácticas en empresas que los centros públicos.

La 3ª exigencia de la marea verde es que el Gobierno impulse y financie con las autonomías un Plan para la climatización de las aulas, dado que los alumnos sufren unas aulas sobrecalentadas varios meses del curso escolar (y otras frío en invierno). Además, plantean que el Gobierno regule la Inteligencia Artificial (IA) en la educación y facilite a profesores y alumnos una plataforma pública de IA que puedan usar en clase. Por último, la marea verde de la enseñanza insiste en criticar que muchas autonomías (las gobernadas por el PP) están fomentando la enseñanza concertada y privada en perjuicio de la enseñanza pública, que es la que concentra más alumnos inmigrantes y con necesidades especiales o de familias con menos recursos. Son los famosos “conciertos” educativos, el dinero público que las autonomías transfieren cada año a los centros concertados. El gasto en conciertos ha pasado de 5.768 millones en 2014 a 8.342 millones en 2024, el 11,7% del gasto público total. Y eso provoca que los centros concertados ganen en alumnos, sobre todo en algunas autonomías que los apoyan más. Así, los 8.249.174 alumnos matriculados en infantil, primaria, ESO, Bachillerato y FP, el 66,7% acuden a centros públicos, pero un 24,6% acuden ya a centros concertados y un 8,7% a centros privados. Y hay autonomías con mucho más peso de la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (48,6%) o Madrid (46%), también Cataluña (35,3%) y Baleares (35,1%).

Al final, estos y otros problemas de fondo de la enseñanza no universitaria en España conducen a unos resultados educativos preocupantes, que les “duelen” especialmente a los profesores. Lo dejan claro los estudios PISA, que relegan a los alumnos españoles en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria 1ª etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Otro, el abandono escolar temprano, el alto porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar el Bachillerato o la FP: 12,8% en 2025 frente al 9,4% en la UE-25. Y el tercero, el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 11,5% en España y 11% en Europa.

¿Qué se puede hacer? Parece evidente que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP, sobre todo en centros públicos y en las autonomías que menos gastan por habitante (Madrid, Asturias, Cataluña, Galicia, Canarias, Castilla la Mancha y Baleares). Pero no se trata sólo de gastar más sino de gastar “de otra manera”, concentrando el gasto en los centros y ciudades donde hay más problemas (barrios con más familias vulnerables y más inmigrantes), reforzando la enseñanza de quienes lo más lo necesitan, con clases de refuerzo, desdobles y profesores de apoyo. Y en paralelo, reforzar las plantillas docentes, estabilizando sus contratos y mejorando sus sueldos y su formación (con esa buena idea del MIR educativo, para los profesores que empiezan).

Y sobre todo, urge un Pacto educativo,  entre el Gobierno central, las autonomías, los profesores y las familias, para asegurar una financiación suficiente y acordar medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero aquí nadie busca consensos y por ello se avecina un otoño de huelgas en la enseñanza. Lo pagarán nuestros niños y jóvenes, el futuro del país.

Verano 2026: emergencia climática y migratoria

Hemos sufrido el verano más caluroso y seco de la historia. Europa ha sido la “zona cero” de esta “emergencia climática”, con 35.000 muertes por calor, grandes incendios, sequía y ríos sin agua, aunque en España ha sido peor: 5.235 muertes, la mitad de las hectáreas quemadas en Europa, y daños en infraestructuras, cultivos y ganado, que encarecerán los alimentos. La otra emergencia del verano, la migratoria: 80.000 inmigrantes “invadiendo” Ceuta, ante la desatención de Europa, un problema sin fácil solución ante millones de jóvenes africanos sin futuro. España debería acordar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática y la inmigración ilegal, pero PP y Vox son cada vez más negacionistas y xenófobos, como muchos políticos en Europa. También urge un Pacto para resolver el grave problema de la vivienda y acordar una nueva financiación autonómica que refuerce sanidad, educación y servicios públicos. Pero seguirá el bloqueo político y los problemas sin resolver. Menos mal que la economía va bien, aunque muchos españoles no lo noten. Será un otoño complicado.

                          Las olas de calor han provocado en España 5.235 muertes este año

La “emergencia climática” se ha mostrado con virulencia este verano en Europa, sobre todo en el sur, con temperaturas nunca vistas antes, tremendas sequías y múltiples incendios. Las olas de calor han provocado 35.000 muertes en  el continente, mientras la falta de lluvias ha reducido drásticamente el caudal de los grandes ríos europeos (como el Rin y el Danubio), dificultando el importante transporte fluvial y cerrando centrales nucleares (por falta de agua para refrigerarlas) en Hungría y Rumanía. Además, la sequía y el calor han multiplicado los grandes incendios en Europa, sobre todo en España, Francia, Portugal, Italia y Grecia, con 7.682 incendios y 666.704 hectáreas quemadas, según Copernicus. Y han dañado los cultivos europeos (maíz, arroz, trigo y soja) y la ganadería.

España ha sido el país europeo que más ha sufrido esta emergencia climática, con una temperatura récord (+2,5 grados que la media) y una sequía sin precedentes, que han provocado 5.232 muertes (un récord histórico, según la estadística MoMo) y miles de incendios que han quemado 308.081 hectáreas, casi la mitad (46,2%) de toda la superficie quemada en Europa, muy por delante de Francia (106.042 Has. quemadas), Italia (95.234 Has), Portugal (70.519 Has) y Grecia (31.872 Has), según Copernicus, con 5 (Huelva, Ávila, Guadalajara, Huesca y Madrid) de los 10 grandes incendios europeos. Un clima que, además de encarecer la factura eléctrica, ha provocado enormes pérdidas en la agricultura y la ganadería, muy afectadas por las lluvias y borrascas (enero y febrero), las heladas (marzo) y el granizo (abril), el calor extremo (de mayo a agosto) y la falta de pastos, más los incendios, que han dañado a 15.800 hectáreas de cultivos (según Agroseguros), sobre todo cereal, viñedos, olivares, cítricos, frutos secos y ganado, lo que encarece muchos alimentos.

Todos estos problemas, desde las muertes por calor a los grandes incendios y la pérdida de cultivos no son un problema coyuntural, de este verano, sino algo estructural, derivado de la “emergencia climática”, que irán a más en el futuro. Por eso, el presidente Sánchez pidió, en medio del incendio de Guadalajara, un gran Pacto de Estado sobre la emergencia climática, con medidas para reducir las emisiones, potenciar las energías renovables y mejorar la prevención contra los incendios en invierno, dado que España invierte 4 veces más en apagar incendios (cuesta 10.000 euros/Ha) que en limpieza y prevención (cuesta 3.000 euros por Ha). Los expertos creen que bastaría actuar sobre el 5% de los 27 millones de hectáreas forestales para reducir drásticamente el riesgo de incendios. Pero el PP, que gobierna en 11 autonomías (en 4 con Vox), no quiere ningún Pacto climático, mientras defienden posturas negacionistas y contra el Pacto verde europeo.

La otra gran emergencia del verano ha sido la migratoria: a finales de julio, unos 80.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta, convocados por las redes sociales y ante la inacción de Marruecos (o su intervención activa, según un informe policial español), alentados por webs ligadas a Rusia, Israel y la ultraderecha USA, interesados en atacar al gobierno Sánchez y dividir Europa. Una crisis que ha colapsado Ceuta, por la tardía e ineficaz respuesta del Gobierno y porque hay que cumplir las leyes (españolas y europeas) para “expulsar” y acomodar a adultos y menores inmigrantes. Lo suyo sería un acuerdo político para resolver este grave problema migratorio, pero el PP (y Vox) lo están utilizando para dar la puntilla al Gobierno y apuntalar sus políticas antinmigración cara a las próximas elecciones, obviando que la inmigración ilegal ha bajado en España en los últimos años y es inferior a la de otros paises, según Frontex: 240.714 inmigrantes ilegales entre enero 2021 y junio 2026 en España, frente a 479.161 por Italia, 342.828 por los Balcanes occidentales (Bulgaria, Rumanía, Hungría y Croacia) y 262.718 entradas irregulares por Grecia.

Al margen del problema concreto de Ceuta, estamos ante otra emergencia “estructural”, que va a continuar, empujada por dos factores. Uno, la enorme diferencia de renta entre España (34.210 euros/habitante) y paises como Marruecos (3.972 euros/habitante) o Somalia (681 euros/habitante), el verdadero “efecto llamada”. Y el otro, que África es un continente con millones de jóvenes sin futuro, dispuestos a todo por saltar a Europa (a través de España): el 23% de los marroquíes tienen de 15 a 29 años y en los paises del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Burkina Fasso y Chat), el 70% de la población tiene menos de 24 años… Una “bomba demográfica” que no se puede parar en ninguna frontera. Y que exige, no sólo muros y barreras, sino una política de ayudas económicas y colaboración con los paises de origen, acuerdos para traer temporalmente cupos de inmigrantes y más recursos para la atención e integración de menores e inmigrantes con derecho de asilo.

Las dos emergencias (climática y migratoria) no son un problema específico de España, aunque aquí sean más graves, por el mayor calentamiento del Mediterráneo y por ser el país frontera con Africa. Pero la emergencia climática y migratoria son dos de los grandes retos de Europa este siglo, junto a la demografía y la tecnología. Por eso, urgen políticas y medidas para todo el continente. Pero en los últimos años, la nueva Comisión Europea está dado marcha atrás en ambas políticas, forzada por la extrema derecha y la radicalización de la derecha tradicional: crecen las posturas negacionistas y se devalúa el Pacto Verde, mientras se deteriora la política migratoria europea, con propuestas como desviar inmigrantes a campos en terceros paises (como Italia en Albania). Sólo la vicepresidenta europea, la española Teresa Ribera, ha propuesto emitir deuda europea y crear un impuesto a las petroleras para financiar inversiones climáticas. Y en el tema migratorio, la Comisión y 22 paises criticaron a España por la invasión de Ceuta, sin aportar ayudas de Frontex para afrontar un problema que es tan europeo como español, porque Ceuta es la frontera sur de Europa.

Ante este nuevo curso político, hay otra emergencia pendiente, junto a la climática y migratoria: la vivienda. Su precio se ha vuelto a disparar en agosto (+15,6% anual), alcanzando los 3.166 euros por m2 (253.270 euros un piso de 90m2), según Fotocasa, un precio que sube a 6.624 euros/m2 en Madrid, 5.375 en Barcelona, 5.250 euros en Palma, 4.387 en Málaga y 4.226 en Bilbao. Eso obliga a contratar hipotecas de más importe, que además son más caras porque sigue subiendo el Euribor: 2,952% en agosto (2.114% en agosto de 2025), lo que encarece en 70 euros al mes una hipoteca tipo de 178.000 euros. Y si hablamos del alquiler, sigue subiendo (+5,8% anual en agosto), hasta 15,10 euros /m2 (1.359 euros un piso de 90 m2), según Idealista, que se disparan hasta 23,3 euros/m2 en Madrid o 20,2 euros en Barcelona.

La mayoría de las autonomías, gobernadas por el PP (y Vox) no aplican los topes al alquiler que permite la Ley de Vivienda en las zonas “tensionadas”, topes que se aplican ahora en 317 municipios de Cataluña (302), Navarra (21), País Vasco (11) y Galicia (2), con algunas bajadas en 22 de ellos, a costa de una menor oferta. Ahora queda ver el efecto del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno en abril y que ha sido criticado por las autonomías gobernadas por el PP, aunque han aceptado recibir las ayudas que contempla (4.200 millones de fondos estatales, a cambio de que las autonomías inviertan otros 2.800). El 28 de agosto, el Gobierno transfirió el primer pago a las autonomías, de 800 millones, destinado a promover vivienda protegida y rehabilitación.

En paralelo, Sumar trabaja para negociar con los grupos políticos un decreto de vivienda que el Gobierno presentará este mes de septiembre. Incluirá una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler (2 años más para los que venzan antes 30 junio 2028), una subida del IVA (del 10 al 21%) a los pisos turísticos y el endurecimiento de las multas por publicidad, normas para frenar los abusos en los alquileres de temporada y por habitaciones y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta a sus inquilinos. El problema está en salvar el doble veto al decreto por parte de Junts y de Podemos, que persiste en la retirada de la reforma de la Ley del Suelo (imprescindible para agilizar muchos planes urbanísticos).

Mientras las peleas políticas impiden pactar una política de vivienda que aumente el suelo urbanizable y la financiación de viviendas protegidas, también dificultan resolver otro reto pendiente: la mejora de la sanidad, la educación, la Dependencia y los servicios públicos, gestionados por las autonomías, que se quejan de falta de recursos. Para paliarlo, el Gobierno volvió a presentar el viernes 4 su propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, para sustituir al vigente (de 2009). El nuevo modelo cambia los criterios de pago por población ajustada, amplía la autonomía fiscal de las comunidades, blinda la solidaridad interterritorial y consigue que nadie ingrese menos que ahora, con un aumento global de la financiación a las autonomías de 20.975 millones sobre el modelo actual. Pero las autonomías del PP rechazan también el nuevo sistema, a pesar de que el actual perjudica a 4 autonomías, que reciben menos de la media (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha). El Gobierno aprobó el viernes el nuevo sistema, sólo con el apoyo de Cataluña y Canarias, y pretende que entre en vigor el 1 de enero, aunque necesita que lo apruebe antes el Congreso (?).

Otro reto de los próximos meses será el Presupuesto para 2027, tras 3 años con Presupuestos prorrogados (2024, 2025 y 2026). El presidente Sánchez reitera que van a presentarlos en septiembre o en octubre, pero parece imposible que cuente con los apoyos necesarios para aprobarlos. Entre tanto, el Gobierno busca “atajos” para mantener la maquinaria del Estado y las ayudas a la economía: son las “modificaciones de crédito”, retoques que hace a las partidas del Presupuesto 2023, aumentando algunos gastos a costa de recortar otros. En el primer semestre de 2026, estos “cambios” han sido de 77.281 millones de euros, más que en todo 2025 (76.943 millones) y 2024 (52.300 millones), cambios destinados a cubrir más gastos en deuda (sube el pago de intereses), pensiones, Defensa e incentivos empresariales.

A pesar del bloqueo político y la incapacidad total de pactar acuerdos que afronten la emergencia climática o migratoria, el grave problema de la vivienda, la mejora del Estado del Bienestar y los servicios públicos o la financiación autonómica, la realidad es que la economía española sigue creciendo, mucho más que la del resto del continente y la de muchos paises del mundo: el PIB español creció un 0,7% entre abril y junio, según publicó el INE el 30 de julio, una décima más que en el primer trimestre (+0,6%), lo que supone un crecimiento anual del +2,7% (cercano al 2,8% que crecimos en 2025), frente al +1,2% que crece la UE-27, empujados por el turismo, la inversión y el consumo privado (ahora algo más débil).

Eso sí, España crece más que la mayoría de paises por el gran aumento de la población (somos 2.775.351 habitantes más que en 2019), gracias a los inmigrantes, que han aportado casi la mitad del crecimiento económico español (el 47%) entre 2022 y 2025, según Funcas. Crecemos más, pero porque hay más gente trabajando (+3.301.000 ocupados que en 2019), con lo que no crece tanto el PIB por habitante, la riqueza que se crea por cada español y que mide nuestro nivel de vida. En 2025, este PIB/riqueza por habitante fue de 38.272 euros, el 92% de la media de la UE-27 (41.600 euros/habitante), según Eurostat. Eso explica que España, la cuarta mayor economía de la UE (por PIB) baje al puesto 15º por el PIB por habitante, por detrás de los grandes paises de la UE y de otros menores como Irlanda, Malta, Chipre o Chequia. Así que crecemos más, pero producimos menos por habitante, porque tenemos una baja productividad, un reto histórico pendiente.

Por esto, los españoles notan menos el fuerte crecimiento, porque al producir menos por habitante, los sueldos y el nivel de vida son más bajos que en Europa: el salario hora en España es de 26,4 euros, frente a una media de 34,9 euros en la UE-27, 45 euros en Alemania, 44,3 euros en Francia y 32 euros/hora en Italia, según Eurostat. Y encima, tenemos más inflación que la media europea, en general y ahora, con lo que los españoles pierden poder adquisitivo, al subir menos los salarios (+3,02% hasta julio) que los precios: la inflación se ha disparado en España al +4,3% en agosto (por la subida de los carburantes y la luz), mientras la inflación en la zona euro es del 3,3% , con menores subidas en Francia (2,4% en julio), Alemania (2,8%) e Italia (2,9%), según Eurostat.

En definitiva, los españoles volvemos a la rutina con un país obsesionado por Ceuta y que no ha interiorizado el tremendo verano de calor e incendios que hemos sufrido, como si fuera algo “normal e inevitable”. Y sin exigir a los políticos que se pongan de acuerdo en lo fundamental, en frenar las muertes por calor y los incendios, la llegada de inmigrantes irregulares o la imposibilidad de encontrar una vivienda. Y seguiremos sufriendo las esperas para conseguir una cita del médico de cabecera o del especialista, porque hay autonomías que apenas gastan en sanidad, como tampoco en educación, mientras presumen de bajar impuestos (a los más ricos). Y llevamos 7 años con un sistema de financiación autonómica caducado, que agrava las desigualdades entre regiones. Y 3 años sin Presupuestos, por la imposibilidad de pactar prioridades de gastos e ingresos. Y con una economía que crece, pero que muchos españoles no notan, por sus bajos salarios y la alta inflación. Un otoño complicado…