jueves, 11 de abril de 2024

Conciliación polémica y nueva Ley de Familia

Muchas empresas llevan meses agobiadas para atender las solicitudes de permisos y cambios de jornada, numerosas tras las nuevas medidas de conciliación implantadas el 30 de junio de 2023. Y en muchos casos, los desacuerdos han llegado a los Juzgados de lo Social, ahora más saturados (426.075 expedientes en trámite). Al final, conciliar trabajo y cuidados no es fácil y la situación se complicará en los próximos meses, cuando se apruebe en el Congreso la nueva Ley de Familia, que quiere ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y extender las ayudas por hijo. Pero no hay otro camino para frenar la caída de nacimientos: 322.075 en 2023, la mitad que a la muerte de Franco. Además, la Ley contempla ayudas para más familias, para luchar contra la pobreza infantil (28,9% de los menores), la 2ª mayor de Europa. Y el Gobierno estudia una ayuda universal por hijo, como existe en la mayoría de Europa. Urge apoyar la natalidad y la familia.

                         Enrique Ortega

Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.

En todos estos años, el temor de los distintos Gobiernos era que los padres no se cogieran estas bajas por paternidad, con lo que no ayudarían a las mujeres a conciliar y a repartirse el cuidado de los hijos. Pero los datos indican que el permiso de paternidad remunerado “ha sido un éxito”, porque lo han cogido casi todos los padres, por un tiempo medio de 15,5 meses, según un reciente estudio de EsadeEcPool. Y además, el 75% de los hombres disfrutan de 12 de las 16 semanas a la vez que la madre y fraccionan el resto (como las mujeres, a partir de las primeras 10 semanas obligatorias), para alargar el tiempo de cuidado de los niños. El estudio explica que el éxito de este permiso parental se debe a 3 razones: es intransferible (antes de 2021, se podían transferir entre 2 y 4 semanas a la madre), las 6 primeras semanas tras el parto son obligatorias para el padre y, sobre todo, el padre cobra durante ese tiempo de baja paternal el 100% del salario y esos ingresos están exentos de IRPF.

Conseguido que los padres cojan mayoritariamente ese permiso de paternidad de 16 semanas, el Gobierno aprobó el 28 de marzo de 2023 una Ley de Familia, para mejorar las ayudas a nuevas familias y avanzar en la conciliación. Era una Ley exigida por la Comisión Europea, para trasponer (con mucho retraso) la Directiva Europea 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores,  dentro de las reformas comprometidas para recibir los Fondos europeos. Pero se adelantaron las elecciones en España y decayó la Legislatura. Para aprobar los compromisos más urgentes con Bruselas, el Gobierno utilizó uno de sus últimos Consejos de la anterior Legislatura para aprobar, el 27 de junio de 2023, un Decreto Ley que incluía nuevos permisos para facilitar la conciliación laboral y medidas para facilitar la reducción de jornada, medidas que pasaron bastante desapercibidas y que entraron en vigor el 30 de junio de 2023.

Las nuevas medidas en vigor son de 3 tipos. Por un lado, se han aprobado 3 nuevos permisos: un permiso retribuido de hasta 5 días (antes era de 2 días)  para cuidar a un familiar por accidente o enfermedad grave , hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario), otro permiso retribuido (nuevo) por horas, de hasta de 4 días al año, para ausentarse del trabajo “por causas de fuerza mayor”, por motivos familiares “urgentes e imprevisibles”, y un tercer permiso no remunerado de hasta 8 semanas para cuidar a los hijos que podrá disfrutarse (de forma continua o discontinua) hasta que el hijo o acogido cumpla 8 años. La Directiva Europea establece que este tercer permiso (nuevo) debería estar remunerado, como los otros dos, pero el Decreto del Gobierno no lo contempló, aunque prometió a Bruselas que remuneraría la mitad del permiso en la siguiente Legislatura.

Junto a estos 3 nuevos permisos, para facilitar la conciliación laboral y familiar, el decreto de 2023 amplió el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y tengan cáncer u otra enfermedad grave y  facilitaba la reducción de jornada también a los trabajadores que se encargan del cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho (incluido un familiar consanguíneo de la pareja de hecho).

El tercer cambio del decreto de 2023, y el más importante, es que se amplía el derecho a la adaptación de jornada de las personas que acrediten el cuidado de hijos, cónyuge o pareja de hecho, familiares con consanguinidad hasta el 2º grado del trabajador y otras personas dependientes. Y en estos casos, hay un cambio importante: ahora es la empresa la que tiene que justificar los motivos por los que no concede la adaptación de jornada (cambio de turno o de horario), cuando hasta ahora era el trabajador el que tenía que acreditar por qué solicitaba la adaptación de jornada, que podría ser rechazada sin más.

Estos cambios, en vigor desde el 30 de junio de 2023, tardaron meses en ser conocidos y solicitados por muchos trabajadores, pero a la vuelta del verano, muchos Departamentos de Recursos Humanos de las empresas se vieron inundados de solicitudes, desde nuevos permisos a reducciones y adaptaciones de jornada. Esto ha colapsado a los responsables de personal en los últimos 6 meses, que han tenido que ver cómo encajar el decreto con su organización del trabajo. Y en muchos casos, ante la falta de acuerdo, han aumentado los litigios de los trabajadores afectados ante los Juzgados. De hecho, los Juzgados de lo Social, que llevan años atascados, han visto aumentar los litigios y a finales de 2023 había 426.075 expedientes laborales en trámite, +16% que un año antes.

Los mayores conflictos se están dado por las peticiones de adecuación de jornada, aunque también por la reducción de jornada y la concesión de los nuevos permisos, por cuestiones como los 5 días del nuevo permiso (la Audiencia Nacional considera que son 5 días hábiles, no 5 días naturales), el cómo se acreditan “los motivos de fuerza mayor”, cómo “casan” los permisos por hospitalización y cuidados familiares. Y aún se esperan más problemas cuando el nuevo permiso de 8 semanas para cuidado de los hijos sea retribuido: la ministra de Seguridad Social ha prometido que las primeras 4 semanas serán retribuidas antes de agosto, con lo que España cumpliría así la Directiva europea de conciliación.

Mientras avanzan estos cambios, conflictivos para las empresas,  el Gobierno ha vuelto a aprobar la Ley de Familia, que decayó en la anterior Legislatura, para cumplir con Bruselas. El nuevo texto se aprobó el pasado 27 de febrero y es similar al anterior, para agilizar ahora su aprobación en el Congreso, por trámite de urgencia. La Ley de Familia pretende mejorar las ayudas a las familias, sobre todo a las familias numerosas (hay 800.000) y especialmente a las familias monoparentales (hay más de 2 millones, el 81% encabezadas por una mujer), también a las parejas de hecho (hay 1,8 millones), facilitando que estas familias “diversas” tengan mejor acceso a la educación, a las becas, a la vivienda y a las ayudas públicas. Y además, la Ley establece que en 1 año, el Gobierno central y las autonomías coordinen una estrategia de ayuda a los niños en sus primeros 3 años de vida, aprobando un Catálogo de Servicios y Prestaciones a las familias similar en toda España (ahora existe mucha desigualdad entre las ayudas familiares que conceden unas y otras autonomías).

El Gobierno Sánchez pretende que en el trámite parlamentario de la Ley de Familia se incluya la ampliación del permiso remunerado por nacimiento (maternidad y paternidad) de las actuales 16 semanas a 20 semanas. Además, defienden a medio plazo una prestación universal por crianza de los hijos (hasta los 16 o 18 años. Y apoyan su propuesta en que esa prestación universal por hijo existe ya en la mayoría de Europa: en Bélgica, Suecia, Polonia, Finlandia, Alemania y Austria, la ayuda por hijo es para todas las familias, mientras en Francia, Italia, Portugal, Hungría, Grecia y Reino Unido, esta ayuda universal varía según los ingresos y el número de hijos. Y la defienden muchos expertos, incluida la OCDE. De momento, el Gobierno pretende dar un paso previo y aprobar una enmienda a la Ley de Familia para ampliar hasta los 6 años la ayuda de 100 euros al mes que tienen ahora las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. 

Así que en los próximos meses, entre elecciones y polémicas por la amnistía, nuestros políticos van a tener que debatir qué ayudas familiares se aprueban y cómo ayudamos a la natalidad. Y en este debate, convendría no olvidar que España gasta la mitad que Europa en la protección a la familia y a la infancia: un 1,5% del PIB (2021), frente al 2,4% de media en la UE-27. Así que deberíamos gastar 13.000 millones más cada año para equipararnos a Europa. De momento, las medidas contenidas en la Ley de Familia suponen 1.200 millones más de gasto, aunque si se amplían los premisos de 16 a 20 semanas, el coste sería mayor.

España debe ayudar más a las familias y a la natalidad por 2 motivos muy evidentes. El primero, porque aunque somos la 4ª mayor economía de Europa, somos el 2º país europeo con más pobreza infantil : 2.329.975 menores de 18 años, el 28,9% del total,  viven en familias que se consideran “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 21.185 euros para una familia con dos hijos), según Save the Children,  el 2º mayor porcentaje de pobreza infantil de Europa, tras Rumanía (29% de niños y adolescentes son pobres). Pobreza infantil que se concentra en las familias monoparentales (con madres solas), inmigrantes, parejas jóvenes y zonas y empleos más vulnerables, sobre todo familias en alquiler.

El otro grave problema de España, que debería forzarnos a apoyar a las familias, es la bajísima natalidad: en 2023 han nacido 322.075 niños (muchos, de madres extranjeras), la menor cifra de nacimientos de nuestra historia reciente, muy lejos del máximo de 2008 (519.779) y la mitad de nacimientos que el año de la muerte de Franco (669.378 en 1975). Este desplome de los nacimientos se debe a que las mujeres españolas tienen menos hijos (1,16 hijos por mujer en 2022 frente a 2,77 en 1975), muchos menos que en Europa (1,5 de media y 1,8 en Francia) y otros paises. Y este desplome de la natalidad nos va a causar problemas de falta de mano de obra y menores ingresos para pagar servicios públicos y pensiones, siendo uno de nuestros mayores retos de este siglo XXI.

Por todo ello, urge volcarse en la familia y en la natalidad, apoyar por todos los medios que las mujeres tengan más hijos, con ayuda de sus maridos, familias, el Estado y las empresas, que tienen que reconvertir a fondo su organización del trabajo para hacer compatible la vida profesional y familiar, para no perder a las mujeres que quieran ser madres. El camino no es fácil, supondrá problemas en las empresas y litigios en los Juzgados, pero hay que avanzar y no retroceder: sin más niños no hay futuro. Y el aumento de la natalidad se consigue facilitando el trabajo, la conciliación y la educación a las familias. Cueste lo que cueste.  

lunes, 8 de abril de 2024

España crece, pero la inversión no tira

España crece cinco veces más que la zona euro, gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones. Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse” (devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos, promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar la crispación política, porque no ayuda a invertir.

                     Enrique Ortega

España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.

¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra causa ha sido la drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre 2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que las empresas españolas han aprovechado sus altos beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han reducido su deuda en 38.924 millones, según el Banco de España,  dejándola en el menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB frente al 80% en 2021).

Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6 euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.

Pero al margen de la coyuntura, la inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media. Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias, lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335 millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023 (232.034 millones), pero quedando todavía por debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte (0,8%), según el INE.

Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema como su menor peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa, donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises, salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.

Este menor peso de la inversión en España, año tras año desde 2006, es especialmente preocupante porque la inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década y media, según este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.

El gran cambio es que la inversión inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en 2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años (2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%), tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital (+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura, ganadería y pesca (-5,2%).

Eso se ha traducido en mayores inversiones estos últimos 3 años en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios, el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves, locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el ladrillo.

Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso, porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales, terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania, los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido el 80%).

Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a cubrir la depreciación del capital, el capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009 (75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones), recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia, para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la inversión privada (que supone el 90% de la inversión total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.

Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión (sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo, dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el ladrillo. La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología, donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita descontando la inflación) es el 89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas porque invertimos menos en modernizar la economía.

El resultado es que España, la 4ª mayor economía de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia, Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).

Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser más productivos, los expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas, fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada. Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura, porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión, la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.

jueves, 4 de abril de 2024

Más jóvenes adictos al juego online

Más de medio millón de jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7) apuestan en juegos online, un 41% más que antes de la pandemia, según los últimos datos oficiales. Y de ellos, un 12,5% tienen problemas de “adicción”. Si ampliamos el foco, 2 de cada 3 jugadores online tienen menos de 35 años y son el motor de un negocio que movió 32.000 millones de euros en 2023:  3,6 millones jugados cada hora. Y por si no fuera preocupante, el 40% de los chavales de 15 a 17 años juegan online, aunque lo tengan prohibido. Estamos ante un grave problema de juego entre jóvenes y adolescentes, una “droga digital” que está disparando adicciones y problemas mentales. Y sin medios en la sanidad pública para tratarlos. Como se hizo con el alcohol y tabaco, hay que frenar esta pandemia del juego online (y el auge de salones y salas de apuestas), con medidas legales, campañas y medios sanitarios contra la adicción. Actúen ya.  

                        Enrique Ortega

Tras una década legalizado (desde junio de 2012), el juego online se ha disparado en España. El año 2023 se cerró con un récord histórico de cantidades jugadas: 31.905 millones de euros, según el último balance de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 3,6 millones jugados cada hora. Un volumen de dinero que multiplica por 5,6 lo jugado en el primer año completo de juego online legalizado, los 5.673 millones jugados online en 2013. Y que casi duplica lo jugado antes de la pandemia (19.026 millones en 2019).

El sector del juego online, que mueve el 10% de todo lo que se juega en España (Lotería, casinos, bingos, salones, máquinas…) facturó en 2023 otra cifra récord, 1.236 millones de euros de facturación neta (lo jugado menos los premios), 5,4 veces más de su facturación neta en 2013 (229 millones). Se trata de un gran negocio para ellos, porque el 80,14% de los jugadores online pierden (un 8% más que en 2016), un 0,93% se quedan igual y sólo el 18,9% de los jugadores ganan, según la DGOJ. El sector del juego online está integrado por 78 operadores con licencia (ver listado), un mercado controlado por las multinacionales (británicas y de la UE) y pocas empresas españolas, radicadas muchas en paraísos fiscales.

El juego online ha disparado las cifras jugadas y su facturación de la mano de un salto en los jugadores: en 2023 había 3 millones de cuentas abiertas para jugar online en las distintas plataformas, con 1.637.819 jugadores activos, un 20% más que antes de la pandemia (1.366.422 en 2019). La mitad de estos jugadores juega a un solo juego, pero la otra mitad comparte juegos y apuesta en varias plataformas. El gasto medio de estos jugadores activos es de 736 euros (61,32 euros al mes), que se juegan sobre todo en casinos online (19.591 millones, el 61,4% del total jugado, sobre todo en máquinas online, ruleta y black jack) y en apuestas (9.486 millones jugados, el 29,73% del total, sobre todo en apuestas deportivas en directo, en apuestas convencionales, hípicas y cruzadas), además del póquer (2.730 millones), bingo online (96,40 millones) y concursos (737.000 euros).

La “gasolina” de todo este negocio del juego online son los gastos en promoción y marketing de las distintas plataformas. En 2023, el sector gastó en marketing y promoción 402,7 millones de euros, un +7,5% sobre 2023 (374,5 millones) y casi cuatro veces el gasto de promoción de 2013 (111,5 millones). Desde que en 2021, el Gobierno restringió la publicidad del juego online, las empresas han reajustado su estrategia: ahora gastan menos en publicidad directa (147,94 millones en 2023 frente al máximo de 201,73 millones en 2020) y en patrocinio (4,3 millones frente a 26,2) pero gastan más en bonos para atraer a los nuevos jugadores (199,89 millones en 2023) y en bonificaciones a los “afiliados” (50,02 millones), los “ganchos” que utilizan para que los nuevos jugadores “prueben” a jugar sin dinero.

Esta política de bonos y afiliación, más la facilidad que supone jugar online (las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, sin testigos) explican el gran salto en jugadores y en cantidades jugadas, sobre todo tras la pandemia (con el confinamiento, muchas más personas se “engancharon al juego online”). Pero lo más preocupante es que el juego online crece sobre todo entre los jóvenes. De hecho, en 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el 65,5%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.831 españoles que jugaron en 2023, según el reciente Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000 jóvenes más que juegan online ahora que en 2019, un 20% más que antes de la pandemia. Pero lo más llamativo es que quienes más se han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7 jóvenes con esa edad)  jugaron online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores de 18 a 25 años), según la DGOJ. Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, pero sobre todo a los menores de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o lo que quitan a su familia).

Ya en 2021, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó de que “el juego online se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años”, aportando el testimonio de médicos y profesionales, que llevan años advirtiendo del aumento de la ludopatía entre los menores y de que cada vez hay chavales más jóvenes enganchados al juego : algunos hablan ya de “la heroína online”.  En octubre de 2023, un informe de prevalencia elaborado por la Dirección General del Juego (DGOJ) ponía cifras al grave problema de la ludopatía en los jóvenes que juegan online: el 12,5% tienen algún problema de adicción. Eso suponía 176.837 jóvenes de 18 a 25 años con problemas por el juego online. Un porcentaje que sube entre los que juegan a la ruleta online (23,3% jugadores tienen problemas), o al póquer online (20% con problemas).

Pero el problema del juego de los jóvenes no es sólo el juego online, porque también hay jóvenes “enganchados” al juego en los salones, los locales de apuestas deportivas y las máquinas de juego de los bares, según las estadísticas de CEJUEGO.

Empezando por los salones de juego, que proliferan en los barrios populares de las grandes ciudades, hay 3.483 salones, sobre todo en Andalucía (950), Baleares (146), Aragón (120) y Asturias (116). Los visitaron 2,8 millones de españoles en 2022, que se gastaron 810 millones netos (jugado menos premios). Dos de cada tres clientes fueron hombres y los más asiduos fueron los jóvenes: el 38,8% tenían entre 18 y 24 años y otro 28% tenían entre 25 y 34 años, que jugaron sobre todo en ruletas, máquinas y apuestas deportivas. Y además, hay 892 salas de apuestas, que visitaron 1,5 millones de españoles en 2022,  el 81,6% de ellos jóvenes (menores de 35 años), con un gasto total (jugado menos premios) de 359 millones de euros. Y quedan las 150.000 máquinas de juego instaladas en bares, donde casi 2 millones de españoles se gastaron 2.271 millones netos (jugado menos premios). Y aunque la mayoría de estos jugadores tienen más de 35 años, un 48,5% son jóvenes.

Hasta aquí el alcance del juego online y presencial de los jóvenes. Pero queda el juego de los adolescentes, de los menores de 18 años, que juegan aunque lo tienen prohibido, gracias a que falsifican su edad o utilizan una tarjeta ajena al jugar online: se ha detectado que más del 40% de los chavales entre 15 y 17 años juegan online, aunque la Ley lo prohíbe. Y además, 1 de cada 3 adolescentes que juegan entre 1 y 3 veces al mes tienen ya problemas de adicción (un 0,7% de adolescentes tienen trastornos que hay que tratar), que se agravan cuando cumplen 18 años y pueden jugar ya legalmente. Los expertos creen que lo más peligroso para los adolescentes son las tragaperras online, donde se ha detectado que el 93% de los adolescentes que juegan están “enganchados”.

La vía de entrada más fácil y peligrosa para el juego online de los adolescentes son los videojuegos, donde se ha detectado que el 24% de los jugadores jóvenes (de 15 a 17 años) utilizan las “cajas botín ("loot boxes") para obtener recompensas en el juego a cambio de dinero. En 2021, 3 de cada 10 jóvenes gastaron dinero dentro de los videojuegos para mejorar su posición, personaje, accesorios o imagen, al margen de la compra inicial. Es una entrada al juego de los adolescentes por la puerta de atrás de los videojuegos, lo que preocupa a los expertos. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2022 un anteproyecto de Ley para regular las “cajas botín” en los videojuegos, aunque finalmente no se aprobó en el Consejo de Ministros, por el fin de la anterior Legislatura.  Entre tanto, en enero de 2023, el Parlamento europeo aprobó una resolución que insta a Bruselas a legislar sobre las “cajas botín” en Europa, después de que EE. UU. haya sancionado a Fortnite por “usar patrones oscuros para fomentar compras no deseadas, sobre todo en menores y adolescentes”.

El anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, prometió en 2023 que el futuro Gobierno (tras las elecciones del 23-J) aprobaría la Ley sobre las “cajas botín” en los videojuegos, pero no se ha hecho, aunque el ministro ahora responsable del juego, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha prometido que se aprobará en 2024. Otra medida en estudio es obligar a las operadoras a establecer mayores controles para impedir el acceso de los menores a la lotería online, muy generalizada. Y el Gobierno se plantea aprobar una tercera medida, introducir un nuevo sistema para fijar límites a lo que puede gastar un jugador: ahora hay un límite por defecto por jugador (600 euros semanales y 1.500 euros mensuales), pero funciona por cada plataforma, con lo que el jugador puede “eludirlo” cambiando de plataforma, poniendo así su “nuevo marcador a cero”. En cualquier caso, es un límite meramente indicativo, porque el jugador es libre de ampliar el límite y gastar lo que quiera en jugar online. Pero el Gobierno cree que si se cambia el límite por jugador y no por plataforma (como se hace en Alemania), será una medida disuasoria para frenar el gasto en el juego online.

Estas medidas pueden ayudar, pero no dejan de ser “parches” ante un juego online que avanza imparable, sobre todo entre los jóvenes, dejando una secuela de adolescentes y jóvenes con problemas serios de juego, como denuncian las ONGs y los médicos, preocupados porque el juego patológico se ha convertido en la 3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y la depresión. Y con el problema añadido de que la sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del juego en toda España.

Los expertos y las ONGs que atienden a ludópatas (cada vez más jóvenes) insisten en que hay que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría financiarse con una parte de los ingresos fiscales del juego: 1.180 millones ingresados en 2022 (sólo 109 millones del juego online), que reciben básicamente las autonomías (1.035 millones).

Además, habría que tomar medidas para obligar a las plataformas a detectar y controlar mejor el juego excesivo, desde la entrada de menores a las apuestas descontroladas. La tecnología ofrece múltiples herramientas para hacerlo, para conseguir “jugar con cabeza”, aunque eso reduzca el negocio de las multinacionales del juego. Pero no podemos dejar que el juego online se multiplique sin control y destruya a parte de nuestros jóvenes, ya bastante afectados en su vida cotidiana por la precariedad y la dificultad de emanciparse. El juego en sí no es malo, para puede ser una peligrosa evasión para muchos. Actúen ya.

lunes, 1 de abril de 2024

Récord histórico de bajas laborales

El dato es impactante: más de un millón de españoles (1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según los datos oficiales de bajas laborales, que en 2023 alcanzaron un récord histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Y coloca a España como el 2º país europeo con más ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT), por detrás de Francia e igualados con Portugal. Pero aunque se pierden 396 millones de horas de trabajo, la mitad de estas bajas son por menos de 3 días y no las pagan las empresas ni la Seguridad Social. Mientras la patronal habla de grave aumento del absentismo, sindicatos y expertos lo achacan a las listas de espera en la sanidad y a la poca agilidad en los expedientes de ILT. Ahora, el Gobierno prepara una norma para que muchas bajas las controlen y agilicen las Mutuas laborales.

                    Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%, desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en 2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1% de absentismo en 2022 y 2023, según los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad), según Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo, tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia (1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia (2,9%) y Bélgica (3,6%).

El absentismo laboral en España presenta 3 rasgos preocupantes sobre el resto de Europa, según un reciente estudio del Instituto valenciano Ivie y la Mutua Umivale Activa : la intensidad del fenómeno y el gasto asociado, su rápido crecimiento en los últimos 16 años y que se produce en todas las autonomías, aunque más en el norte que en el sur. En cuanto a la intensidad, España es el 4º país europeo que más gasta en prestaciones por incapacidad laboral temporal (ILT) con relación al PIB, un 1,4% en 2022, unos 18.850 millones de euros), sólo por detrás de Paises Bajos y Alemania (gastan el 2% del PIB) y Suecia (1,5%), muy por encima de la media UE-27 (el gasto en ILT supone el 1,2% del PIB), del coste en Francia (0,8%), Portugal (0,6%) o Italia (0,5%).

Por autonomías, todas tienen en 2023 tasas de absentismo superiores a las de 2007 y a las de la mayoría de paises europeos, destacando el alto absentismo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco (5,8% de la población ocupada, frente al 4,1% de España y el 2,5% de Europa), Galicia (5,5%), Asturias y Cantabria (5.1% cada una), seguidas de Canarias (4,9%), Murcia (4,7%), Castilla y León (4,5%), Navarra (4,3%), Extremadura (4,2%) y Melilla (4,1%). El resto de autonomías tienen un absentismo inferior a la media, tanto Ceuta Y Comunidad Valenciana (4&), la Rioja y Cataluña (3,9%), Castilla la Mancha (3,7%), Aragón (3,4%), Baleares (3,3%) y Madrid (3,2%), la región con menos absentismo de España.

Hay dos formas de medir el absentismo, la ausencia al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT). Una es la baja por contingencias comunes, una baja que se solicita por enfermedad común (una gripe) o accidente fuera del trabajo (una rotura de un brazo). Esta baja surte efecto al 4º día de solicitarse y el trabajador cobra el 60% de la base reguladora del día 4 al 21º (la empresa paga del 4ºal 20º) y un 75% después (cuando la paga la Seguridad Social. Estas bajas son la mayoría (el 91% del total) y las gestionan la Seguridad Social y las Mutuas. La otra baja es por contingencias profesionales, causadas por el desempeño de la actividad profesional, por una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Estas bajas surten efecto desde el primer día y el trabajador cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente. Estas bajas supusieron el 9% del total en 2023 y son mayoritariamente gestionadas por las Mutuas.

El ”problema” del actual absentismo laboral se da ahora en el primer grupo de bajas, las bajas por contingencias comunes, que supusieron 414 bajas por cada 1.000 ocupados en las gestionadas por la Seguridad Social (409 en el caso de las Mutuas), cuando en 2008 eran 350 (y 340 en el caso de las Mutuas). En Cataluña, esas bajas llegan a 669 por cada 1.000 ocupados (SS), en Navarra a 657, en Baleares 473, en el País Vasco 459 y en Madrid 399, mientras sólo son 237 en Extremadura, 334 en Asturias y 340 en Galicia, según los datos de la Seguridad Social en 2023, aportados por Ivie. Sin embargo, las bajas por contingencias profesionales sólo fueron de 41,6 por 1000 ocupados (Mutuas) o 55,6 por cada 1000 (bajas gestionadas por la SS, unas bajas que apenas han crecido desde 2008.

Al final, se suman los dos tipos de bajas y aparece el dato de 450,6 bajas laborales (ILT) por cada 1.000 ocupados (en las gestionadas por las Mutuas) o 473,6 bajas totales en el caso de las gestionadas por la Seguridad Social. Eso significa una media de 20 días de ausencia por trabajador al año, sólo por enfermedad (no por otras causas personales). Y eso se traduce, según los expertos, en que 1,1 millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por incapacidad temporal (ILT) . Y también significa que en España se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales por ILT en 2023, un 62% más de las horas perdidas por enfermedad o accidente en 2018.

La duración media de las bajas por contingencias comunes (el 91% de todas las bajas) osciló en 2023 entre los 38,2 días (en las gestionadas por la SS) y los 31,9 días (Mutuas), o sea, más de un mes, aunque lo positivo es que esta duración ha bajado (de 41 días de media en 2018-19 a 34,4 días en 2023), según la Seguridad Social, siendo las bajas que gestionan las Mutuas las que más han reducido la duración (un -20%).

Al final, el coste de estas bajas para las empresas y la Seguridad Social es menor de lo que podría pensarse porque más de la mitad de las bajas no se pagan, por su corta duración, según los datos de la Seguridad Social. Así, en todo 2023 se iniciaron 6.334.995 procesos de bajas laborales (ILT), de los que sólo 2.351.221 procesos fueron indemnizados (por las empresas o la SS), un 37,11%). Y al final del año, habían finalizado 6.253.629 procesos de los iniciados, de los que 2.591.506 fueron indemnizados, sólo el 41,44% de los expedientes de ILT finalizados, con un coste total de 10.108 millones de euros, según la última estadística de la Seguridad Social. Eso quiere decir que la mayoría de bajas  (58,56%) no se pagaron al trabajador, básicamente porque fueron inferiores a 3 días o porque no se justificaron adecuadamente. El problema está en esos 81.366 expedientes de baja abiertos en 2023 y no finalizados: son las bajas más complejas, de mayor duración (180 días los procesos en vigor) y los más costosos.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013), con lo que hay “menos miedo a perder el empleo y, sobre todo, una distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja o no cobran nada. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes hayan dedicado un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortan al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y están de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, piden más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero que aprobará próximamente una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondrá que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trata de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas.

En paralelo, otra medida que estudia el Gobierno (la Seguridad Social) es reformar los criterios para autorizar jubilaciones anticipadas a trabajadores que lleven meses o años con bajas persistentes, que en realidad justifican flexibilizar los procedimientos para que puedan optar a una jubilación anticipada con coeficientes reductores.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los propios afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así también habrá menos absentismo.

jueves, 28 de marzo de 2024

Otra Semana Santa a tope (y más cara)

Los españoles se han lanzado a viajar esta Semana Santa, por España y por Europa, mientras hay un aluvión de extranjeros en costas y ciudades. A pesar del mal tiempo, será otra Semana Santa récord, tras la de 2023, con una ocupación hotelera que supera el 85% en muchos destinos, en el litoral, islas y ciudades con procesiones. Una “fiebre por salir” que no se detiene ante las fuertes subidas de precios, superiores al 15%, en transportes, hoteles, restaurantes, cultura y ocio. El Gobierno espera 14,2 millones de turistas extranjeros entre marzo y abril, 2 millones más que el año pasado, que gastarán 19.000 millones (+3.700). Y seguirá el aluvión hasta el verano, cuando se esperan más turismo (nacional y extranjero) que en 2023. Ya se habla de 93 millones de turistas en 2024 y 100 millones en 2025. Pero ojo: la saturación turística, como en esta Semana Santa, puede volverse en contra y matar nuestra primera industria, el turismo. Hay que reconvertir los viajes y el ocio.

                   Enrique Ortega

El año 2024 ha empezado muy bien para el turismo. En enero y febrero se produjo un récord de pernoctaciones (estancias en hoteles y alojamientos turísticos), según el INE: 34.995.422 pernoctaciones, 2,7 millones más que al inicio de 2023 (+8,38%), sobre todo por la mayor llegada de extranjeros (22,5 millones de pernoctaciones, +12,6%). Y enero de 2024 fue el mejor mes de enero de nuestra historia para el turismo: llegaron 4,8 millones de extranjeros, un +15,3%, sobre todo europeos y de EE. UU. (+23,6%), casi la tercera parte a Canarias (1,32 millones, +9,25%), pero también a Cataluña (958.726, +20,37%), Andalucía (666.363, +17,4%), Comunidad Valenciana (619.718 turistas, +29,06%) y Madrid (609.325, +17,45%). Y estos turistas extranjeros que llegaron en enero se gastaron 6.550 millones de euros, un 25,5% más que en enero de 2023, con una estancia media de 8,71 días y un gasto medio de 158 euros diarios,  según Frontur.

En marzo, a falta de datos oficiales, el sector confirma que han seguido aumentando las pernoctaciones y la llegada de turistas extranjeros, atraídos por el excepcional buen tiempo. Y así, se ha llegado a una Semana Santa que se espera récord, con una ocupación media del 85%, que superará el 90% en las islas, zonas de costa y algunas ciudades de interior con atractiva oferta de procesiones (en Andalucía y Castilla y León). Los hoteleros insisten en que las reservas de Semana Santa se anticiparon este año, superando en un 35% la ocupación de 2023 (cuando tuvimos una Semana Santa récord) e incluso la de 2019 (+25% de reservas). La novedad este año es que lo que más crecen son las reservas de españoles, sobre todo a Canarias, Navarra, Murcia y Aragón, según CEHAT. Y todo ello ayudado por un aumento de los vuelos (Iberia y sus filiales han ofertado 1 millón de plazas más) y de trenes (2,5 millones de plazas en Renfe), además de un récord en los desplazamientos por carretera.

Se espera pues un récord histórico de ocupación esta Semana Santa, a pesar del mal tiempo y, sobre todo, de que los viajeros se encuentran con unos precios disparados, desde los carburantes (el diesel está más caro que hace un año y la gasolina está en máximos de cuatro meses, aunque más barata que en la Semana Santa de 2023) y los billetes de avión y tren a las estancias en hoteles, las comidas y bebidas en restaurantes y bares o el coste de la cultura y el ocio. En febrero, los hoteles ya habían subido un +9% anual (y los restaurantes un 5,1%), según el INE, pero para Semana Santa, las habitaciones de hotel han subido una media del +15%. Y más en algunas ciudades como Palma (+28%), Madrid (+19%), Sevilla o Málaga. A pesar de este fuerte aumento de precios, generalizado, españoles y extranjeros no han renunciado a viajar, aunque algunos han recortado su estancia (4 días en lugar de toda la semana) y otros han buscado más casas rurales y apartamentos que hoteles. Y los supermercados están multiplicando ventas en zonas turísticas.

Este aluvión de viajes esta Semana Santa está sirviendo para mantener el consumo y la actividad económica, que habrá vuelto a crecer este primer trimestre gracias al turismo (que ya aportó en 2023 el 70% de todo el crecimiento español, 1,75% del 2,5% que crecimos). Y se notará también en el empleo, porque se han realizado 116.200 contrataciones extras en marzo por la Semana Santa (+18,6% que en 2023), según Randstad, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Madrid. Eso sí, la subida de precios provocada por la Semana Santa (“todo el mundo se aprovecha”) provocará una subida de la inflación en marzo, que subió al 3,2% anual (+0,4%), según el dato adelantado del INE, una mala noticia que puede retrasar la bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE), esperada para junio.

Con todo, esta Semana Santa récord no es un hecho aislado, sino que se espera un aumento del turismo y los viajes (de españoles y extranjeros) el resto de la primavera, a la vista de las reservas ya hechas y del aumento de billetes de avión y tren ofertados y reservados. Las previsiones de Turespaña, tras sondear los mercados internacionales, son que visiten España, entre marzo y abril de 2024, unos 14,5 millones de turistas extranjeros, 2 millones más que en esos meses de 2023. Y además, que esos turistas hagan también un gasto récord, de 19.000 millones de euros (+3.700 millones que en marzo y abril de 2023). En paralelo, el sector hotelero espera aumentar sus ingresos un +14% esta primavera respecto a la de 2023 (y +25% sobre la primavera de 2019), gracias a un aumento de la ocupación (+4%) y sobre todo a la subida de precios (+10%), según el Smart Observatory, elaborado por la Confederación hotelera CEHAT y la consultora PwC.

Los expertos reiteran que crece el interés por viajar a España, esta primavera y el próximo verano, como lo atestiguan las búsquedas por Internet, las reservas y el aumento de plazas en los vuelos internacionales. Así que el sector espera una primavera récord (de abril a junio) y que el verano vuelva a ser récord, superando la llegada de turistas de 2023 y el turismo de los españoles. Y además, creen que la buena temporada turística podría extenderse hasta septiembre y parte de octubre, si el “buen tiempo” acompaña. Se observa un gran interés de los europeos (no sólo británicos, franceses y alemanes) por viajar a España y un fuerte aumento de turistas de América y Asia, que nos ven como un país “seguro” (ante el conflicto en Palestina, que desalienta viajar a Turquía o Egipto) y con una oferta muy completa, que suma al sol y playa la gastronomía, el ocio y la cultura.

Además, los expertos creen que “la tendencia a viajar se ha consolidado como una prioridad para los consumidores occidentales, tras el gasto en comida y vivienda. Así que todos los europeos (y los españoles) ya no sólo viajan en vacaciones, sino que aprovechan cualquier hueco o fin de semana para “escaparse”, para buscar nuevas experiencias fuera de su ciudad, “cueste lo que cueste”. Es esta “fiebre”, desatada en Occidente tras el fin de la pandemia, la que explica el aluvión de viajes y turistas, aunque suban los precios. Y por eso, las previsiones sobre el año turístico en España son “estratosféricas”: ya se habla de recibir este año 93 millones de turistas, 8 millones más que en 2023 (85,1 millones). Y llegar a los 100 millones de turistas extranjeros en 2025…

Una locura, si recordamos que en 2003 llegaron la mitad de turistas extranjeros (50 millones) y en 1995 la tercera parte (33 millones). Está claro que el turismo es nuestra primera industria y la locomotora de la economía, el sector que este año 2024 volverá a aportar casi la mitad del crecimiento (el 41,4% del 1,6% que esperamos crecer) y crea 1 de cada 4 nuevos empleos. Pero ojo, podemos “morir de éxito”, llegar a una situación en que el exceso de turistas (sobre todo en algunos destinos) retraiga a los visitantes y cree problemas serios con la población local, que la fiebre por viajar acabe convirtiéndose en un hartazgo ante los destinos masificados y caros, que fuercen a buscar destinos alternativos fuera de España. Es un temor que ya han reiterado expertos y hoteleros españoles, que llevan meses pidiendo “repensar el turismo”, alcanzar un Pacto de Estado entre instituciones y empresas para conseguir un crecimiento sostenible del turismo.

Para ello, el sector propone una hoja de ruta hasta 2030 que tenga en cuenta las exigencias medioambientales y sociales, que reduzca los pisos turísticos (principales responsables del turismo masivo “low cost”), que mejore y diversifique la oferta turística (fuera de las zonas masificadas y de los meses tradicionales de viajes), afrontando una  mayor digitalización y una profunda reconversión del sector para renovar la obsoleta oferta turística en muchos destinos de sol y plaza, para lo que piden aprovechar los Fondos europeos.

En definitiva, planificar el crecimiento del sector turístico en las próximas décadas, para no matar a la gallina de los huevos de oro. Por eso, el sector, los sindicatos,  el Gobierno, las autonomías y los Ayuntamientos tienen que sentarse y lograr un Pacto por el turismo a medio plazo, para que sea sostenible y de calidad, que no nos agobie viajar. No es fácil, pero hay que conseguirlo.  

lunes, 25 de marzo de 2024

Centros Comerciales renacen tras la pandemia

En 2023, las ventas en los Centros Comerciales españoles superaron las cifras de antes de la pandemia, alcanzando un récord histórico, gracias a las mayores ventas en ropa, restauración y ocio, aunque todavía reciben menos visitas que en 2019. Son ya 580 los parques y Centros Comerciales que hay en España (somos el 4º país europeo con más espacios, tras Reino Unido, Alemania y Francia), con 33.500 tiendas dentro, que pagan alquileres cada vez más altos (después de pasar algunas por “listas de espera”). Unos Centros Comerciales cada vez con más servicios, desde gimnasios y hospitales a centros de buceo, rocódromos y espectáculos. De aquí a 2026 se prevé abrir 42 nuevos espacios, la mayoría Parques comerciales y centros de outlet. Y ha vuelto “el apetito” de los inversores, sobre todo de los Fondos extranjeros, por comprar y vender Centros comerciales, un negocio con enormes plusvalías. El riesgo es que volvamos a alimentar una burbuja” de Centros Comerciales y un día nos estalle.

                     Enrique Ortega

En abril se cumplirán 44 años de la apertura del primer Centro Comercial en España, Baricentro, inaugurado en 1980 en Barberá del Vallés, cerca de Barcelona. En los años 80 llegaron los Centros más grandes, Nuevo Centro de Valencia (1982), La Vaguada (1983) y Parque Sur (1989) en Madrid , con 76 Centros Comerciales creados entre 1981 y 1.990 (1,6 millones de m2), a los que se sumaron 197 Centros más abiertos entre 1991 y 2.000 (5,18 millones de m2). La fiebre por los CC se aceleró en la primera década de este siglo, con 225 nuevos Centros abiertos entre 2001 y 2010 (7 millones de m2). Luego, con la crisis, las nuevas aperturas bajaron drásticamente, a 28 CC abiertos entre 2011 y 2015 (1 millón de m2), abriéndose sólo 5 Centros en 2017, otros 8 en 2018 y 5 más en 2019.

La pandemia hundió las visitas (cayeron un 35% en 2020) y las ventas (-27%) a los Centros Comerciales, con el riesgo de que estallara la “burbuja”, como había pasado en Estados Unidos tras la crisis financiera: entre 2008 y 2023 cerraron 300 de los 1.200 “Mail” que había en USA, por un exceso de oferta y porque muchos se habían quedado obsoletos. En Europa, la oferta de Centros Comerciales no era tan excesiva (347 m2 por 1.000 habitantes, 14 veces menos a los 5.000 m2 por 1.000 habitantes en EE. UU.). Por eso, aunque tras la pandemia se cerraron algunos Centros Comerciales, en la mayoría de paises aguantaron, con menos tiendas y pocas aperturas. Y a partir de 2022, volvieron a inaugurarse nuevos Centros y Parques comerciales, cerrando 2023 con 580 Centros (12 más que antes de la pandemia), 33.500 comercios (el 85% con menos de 300 m2) y 16,7 millones de m2 disponibles, según la Asociación de Centros Comerciales (AECC).

Con este volumen de Parques y Centros Comerciales, España se consolida como el 4º país europeo con más grandes espacios comerciales, sólo por detrás de Reino Unido (más de 1.200 Centros), Alemania y Francia (con unos 750 Centros cada uno). Y además, España ha sido el tercer país que inauguró más Centros Comerciales antes de la pandemia (300.000 m2 abiertos entre 2019 y 2020), tras Francia y Polonia, según el estudio de la consultora Cushman&Wakefield. Y tras la pandemia, España es de los paises europeos con más aperturas. En 2022 abrieron Mirasierra Gallery (Madrid) , Parque Comercial Atalaya del Tormes (Salamanca), Nasas Nigrán (en Nigrán, Pontevedra) y Parc Comercial Vilanova (en Vilanova i la Geltrú, Barcelona). Y en 2023 se inauguraron La Finca Gran Café (en Pozuelo, Madrid), Nasas Torrejón (en Torrejón, Madrid), Nexus Retail Park (en Fuenlabrada, Madrid) , Parque comercial A Revolta (A Coruña) y Parque comercial Oalma Center (en León), además de las obras de ampliación en el CC Jaén Plaza.

El sector de Parques y Centros Comerciales está eufórico porque ha cerrado 2023 con un récord histórico de ventas: 52.051 millones de euros, +9,6% que en 2022 y +13,2% por encima de las ventas de 2019, antes de la pandemia, gracias a un mayor consumo y a la subida de precios. Eso sí, todavía no se han alcanzado las visitas de antes de la pandemia: hubo 1.840 millones de visitas en 2023, +6,3% que en 2022 pero todavía un -8,3% que en 2019, según la Asociación AECC. Eso sí, han crecido las tiendas que venden en CC y el sector mantiene 870.000 empleos directos e indirectos, aportando el 1% del PIB español.

El negocio de Parques y Centros Comerciales “se ve fuerte” y asegura que han demostrado que es uno de los formatos que mejor se adapta hoy a los hábitos de consumo de los españoles, al ofrecer tiendas de distinto tamaño y oferta, con amplios aparcamientos y entradas independientes, situadas en ubicaciones estratégicas a las afueras de grandes ciudades y pueblos. Además, otra de las claves de su éxito, añaden, es que los Parques y Centros comerciales han ampliado su oferta de servicios: ya no hay sólo tiendas de moda y alimentación, sino que proliferan los puntos de restauración y ocio y servicios que han aumentado su demanda tras la pandemia, como el bricolaje, las tiendas de perfumería y droguería, los centros de deporte y las tiendas de mascotas. Y en los nuevos Centros se están incluyendo hospitales (como la Clínica CEMTRO en el Mirasierra Gallery de Madrid).

Este tirón de las visitas y ventas en Centros Comerciales sigue atrayendo a los inversores, sobre todo a Fondos de inversión extranjeros, que ven en los Parques y Centros una máquina de generar ingresos por alquileres y gestión. De ahí que haya 42 nuevos proyectos de Parques y Centros Comerciales previstos de aquí a 2026, según la Asociación AECC. De ellos, 34 son proyectos de Parques comerciales, a los que ven más futuro que a los Centros Comerciales (la diferencia: no es una única ubicación cerrada, como el CC, sino un Parque con grandes locales con salida directa a la calle). Son más fáciles de gestionar (tienen 20 o 30 grandes tiendas frente a 300) y ahora se opta por un tamaño mediano y pequeño, que se puede ubicar mejor en localidades más pequeñas (las grandes capitales tienen ya una excesiva concentración de CC). Y también se apuesta por los Parques outlet (con grandes tiendas de descuento, a las que están llegando nuevas marcas). La mayoría de las aperturas en 2024 (ver lista) serán en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Actualmente, unas pocas multinacionales y Fondos extranjeros son los propietarios de la mitad de los 580 Parques y Centros Comerciales abiertos en España, según los últimos datos de la Asociación AECC. La multinacional francesa Carrefour es la líder del sector, con 109 Centros Comerciales gestionados por Carrefour Property y otros 79 por Carmila (una inmobiliaria de Sebastián Palacios donde Carrefour tiene el 35%) . Le sigue Ceetrus (propiedad de la multinacional francesa Auchan), con 53 Centros y Auchan directamente con otros 32. Tras los 2 franceses está Castellana Properties (propiedad del Fondo sudafricano Vukile), con 16 Centros Comerciales y la “española” Lar (25% del Fondo Sudafricano Vukile, un 14% de la inmobiliaria Lar y el resto repartido entre Santa Lucía y Fondos de pensiones USA), que cuenta con 14 Centros. General de Galerías Comerciales (del magnate murciano Tomas Olivo) gestiona 9 Centros Comerciales y la francesa URW gestiona 8 Centros más, la cartera con más valor (La Vaguada, Parque Sur, Equinoccio, la Maquinista, Gloríes, Splau…). Y luego, varios Fondos internacionales, como Nuveen, Klempierre, Neinver, MDSR (israelí) gestionan cada uno entre 8 y 5 Centros Comerciales en España.

La verdad es que el negocio de los Parques y Centros Comerciales se ha convertido en uno de los grandes objetivos de los Fondos internacionales. Por un lado, buscan la liquidez mensual que ofrecen los alquileres de las 33.500 tiendas y locales que operan en sus Centros, unos alquileres que se han disparado en el último año, de tal manera que hay “lista de espera” para cubrir los espacios que se quedan vacíos o los que se van a abrir en el futuro (cuando en 2019, el 18% de los locales estaban vacíos). Y eso, a pesar de que los alquileres alcanzan hasta 20.000 y 100.000 euros al mes, más gastos comunitarios y en ocasiones un porcentaje sobre ventas. Pero el negocio de los Centros Comerciales no está tanto aquí (que lo hay) como en las compraventas, en la especulación de lanzar un Parque o un CC y venderlo en unos años con jugosas plusvalías (y a veces con pérdidas).

Por eso, hay un constante cambio en la propiedad y la gestión de muchos de los Centros Comerciales que visitamos, aunque los usuarios no nos enteramos. Un ejemplo: Puerto Venecia, en Zaragoza, el mayor Centro Comercial de España (19 millones de visitantes en 2023), ha cambiado de dueño 5 veces (más una compra fallida) desde su inauguración en 2012, la última en diciembre de 2019, cuando el grupo inmobiliario británico Intu se lo vendió al Fondo Generali por 475 millones de euros (con 115 millones de plusvalía). En 2024, los expertos alertan que hay Centros Comerciales a la venta por valor de más de 1.000 millones de euros, entre ellos Islazul (Madrid) , Zielo Shopping (Pozuelo, Madrid), Gran Vía de Alicante, Salera (Castellón), Imaginalia (Albacete), Splau en Cornellá, Barcelona),  Los Fresnos (Gijón), Alzamora (en Alcoi, Alicante), Odeón (Ferrol), Ruta de la Plata (Cáceres), Equinoccio Park (en Majadahonda, Madrid) o Moraleja Green (en Alcobendas, Madrid) , tras el cambio de propiedad realizado en julio en los CC de Rivas Futura (Madrid) y Vista Hermosa (Alicante). Operaciones especulativas que suponen cambios en la gestión y a veces reformas y mejoras en los Centros Comerciales, para venderlos más caros en unos años.

Así que todo apunta a que vuelve a creer la burbuja de los Parques y Centros Comerciales, en España y en el resto de Europa, alimentada por un consumo en alza y la perspectiva de bajada de los tipos de interés, que fuerza a los Fondos a buscar inversiones más especulativas. Y todo ello alimentado por un cambio en “la cultura del consumo”, donde muchas personas y familias aprovechan la visita a los Centros Comerciales no sólo para comprar comida o ropa (en muchos casos, para recoger compras hechas por Internet) sino también para hacer deporte, acudir a una consulta médica, ir al cine o a un espectáculo, comer, cenar o tomar copas, todo en el mismo espacio y con aparcamiento asegurado.

Esta tendencia de los grandes espacios comerciales se consolidó hace décadas en las grandes capitales y ahora llega a muchas pequeñas ciudades del resto de España. Un proceso que parece imparable pero que tiene un riesgo evidente: que venga otra crisis, “estalle la burbuja” y los Centros Comerciales se vacíen, con el coste de cierre de tiendas o negocios y pérdida masiva de empleos. Por eso, alguien (Estado, autonomías, Ayuntamientos) debería “vigilar y controlar” el proceso de crecimiento de los Centros Comerciales, para conceder licencias sin demasiado riesgo, para evitar que esos “grandes templos del consumo” sean un día “cementerios comerciales”. Hay que autorizarlos “con cabeza”.