Ciberataques al alza

Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, donde casi todo pasa por Internet. Y eso facilita el fraude y los ciberataques, por mafias y particulares que utilizan sistemas muy sofisticados para robarnos datos, material y dinero. Los ciberdelitos se han disparado y no afectan sólo a Gobiernos y empresas, sino a todos nosotros, desde el robo de nuestros datos en una energética o teleco al corte de la luz en supermercados (Francia) o el robo de dinero en los bancos, que crece imparable. Tanto que una sentencia del Tribunal europeo de Justicia acaba de decidir que los bancos deben pagar los daños sufridos por sus clientes. Europol alerta sobre el aumento de la cibercriminalidad, mientras en España hay casi tantos ciberdelitos como hurtos. Urge que Gobiernos y empresas inviertan más en ciberseguridad, porque el uso de la Inteligencia Artificial (IA) dispara los ciberataques. Europa quiere reforzar su Directiva contra estos ciberdelitos, mientras España no ha aprobado la Ley de Ciberseguridad. Todos debemos defendernos mejor frente a los ciberataques.  

                                    Enrique Ortega

La gran desventaja de que todo el mundo funcione hiperconectado a Internet es que somos muy vulnerables a los ataques, desde la energía, los transportes o las infraestructuras básicas a los datos sanitarios o nuestras cuentas bancarias. Y cada día más. De hecho, se estima que cada segundo se producen 500 ciberataques en el mundo. Y los daños son tales que habrán superado los 12,5 billones de dólares en 2026, el 1,2% del PIB mundial. Así que la ciberdelincuencia se ha configurado ya como el primer negocio criminal en el mundo, por delante de las drogas, la trata de personas o el tráfico de armas. Un negocio ilegal que tiene dos ventajas, según los expertos: requiere poca inversión previa y pocos medios y tiene un enorme “retorno” (el 1.400%). Y en los últimos años, cuenta además con la inestimable ayuda de la Inteligencia artificial (IA), que sofistica y mejora los ciberataques.

En 2025, los ciberataques “documentados” en el mundo crecieron un +42%, alcanzando los 7.979 incidentes (frente a 5.613 en 2024), según el informe Ciberinteligencia 2025, de Secure&IT . Y se identificaron 163 grupos de ciberdelincuentes activos a escala internacional (frente a 114 en 2024), de los que 7 grupos concentran el 40% de los grandes ciberdelitos, destacando el grupo Qilin (12,7% de los grandes ciberdelitos mundiales), Akira (8,25% ciberdelitos) y Play (4,8%). Todos ellos operan bajo esquemas de “Ransomware-as-a-Service (RaaS)”, un modelo que funciona como una franquicia criminal en la que los desarrolladores alquilan su malware a afiliados que ejecutan los ataques. Por paises, EEUU fue el más atacado en 2025 (tuvo el 52% de los grandes ataques documentados), seguido de lejos por Canadá (5%), Reino Unido y Alemania (4% cada uno). España quedó en 7ª posición, según Secure&IT, con 170 grandes ataques, el 10% de los ataques en Europa.

En 2026, los datos revelan un gran salto en los ciberataques, propiciado por la dependencia de las empresas y organizaciones de proveedores y plataformas externas (que facilitan la entrada de virus maliciosos) y, sobre todo, por la mayor utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por los ciberdelincuentes, lo que facilita los ataques a muchos particulares no profesionales. Los últimos datos disponibles, de septiembre de 2026, revelan que las empresas del mundo han sufrido de promedio 2.803 ataques significativos por semana, +48% que hace un año, según Check Point Research. Y en España, el mes pasado hubo un promedio de 2.507 ciberataques documentados por semana, un 28% más que hace un año.

En conjunto, el coste mundial del cibercrimen ronda este año los 12,5 billones de dólares anuales (10,97 millones euros) y cada ataque importante cuesta a las empresas y Gobiernos una media de 4,4 millones de dólares, según el último informe de NTT Data. En el primer semestre de 2026, EEUU sufrió 18.811 ataques documentados, más de la mitad del total. Y le siguieron, lejos, India (4.461 ataques), Reino Unido (3.448), Francia (2.750), Indonesia (1.631), Canadá (1.344). Australia (1.196), Brasil (1.137), Alemania (1.126), Italia (1.065), México (949) y España, en el lugar 12º, con 899 ataques graves, +45% que en la primera mitad de 2025, un aumento mayor que el de Alemania (+31%). Algunos ciberataques en 2026 que han trascendido son los ataques a la plataforma turística Booking (abril 2026), a Endesa (principios de año, a los datos de clientes de Zara (mayo), al sistema de la autoridad portuaria de Vigo (marzo),a algunos centros de salud y a servidores de Ayuntamientos (Valdemoro). Las pymes son el sector más expuesto (al estar menos protegidas) : un informe de Kaspersky revela que el 86% de las pymes españolas sufrió al menos 1 ciberataque en el último año.

El informe más completo sobre los ciberataques en España, con datos de 2025, lo publicó en febrero INCIBE (el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León). Ahí reflejan que intervinieron en 122.223 ciberataques en 2025, un aumento del +26% sobre 2024 (97.348 ciberataques documentados). La mayoría se dirigieron contra empresas que prestan servicios esenciales: banca (el 34% de los ataques), transporte (14%), energía (8%), infraestructuras de los mercados financieros (7%), aseguradoras y fondos de pensiones (7%). Casi la mitad de los ataques documentados  (55.411) son “malware”(“virus informáticos), programas diseñados para infiltrarse sin permiso en redes y ordenadores. Le siguen los incidentes de fraude online (45.445, la mayoría a clientes de banca). Otros ataques muy generalizados (25.133 incidentes) fueron “phising”, correos y mensajes para robar datos. Y aunque son menos, los más costosos son los ataques de “ransomware” (392 importantes en 2025), que bloquean accesos a archivos o Webs a cambio de dinero (“secuestros digitales”).

Los expertos señalan que este fuerte aumento de los ciberataques se debe a varios factores:  la mayor exposición digital de empresas y particulares, la creciente participación en la cadena de datos de terceros (proveedores y clientes, que acaban siendo el eslabón más débil para facilitar los accesos ilegales), la mayor sofisticación de los ciberdelincuentes (que gracias a la IA utilizan plataformas de ciberataques sin tener una gran formación como “hackers) y, sobre todo, la mayor conectividad de los usuarios. Un ejemplo: el 85% de los sistemas infectados por ciberdelincuentes se producen en dispositivos inteligentes (IoT), como TV, lavavajillas, robots de limpieza o reproductores multimedia conectados a la red en nuestras casas. Y también ayuda a la ciberdelincuencia que España sea el país que recibe más turistas del mundo, lo que multiplica los ciberataques a plataformas de reservas, hoteles o líneas aéreas.

Otra estadística muy reveladora de los ciberdelitos es la del Ministerio del Interior, que informa de los ataques informáticos denunciados por empresas y ciudadanos. En 2025, se denunciaron 489.248 ciberdelitos, +5,3% que en 2024 pero 6 veces más de los ciberdelitos denunciados en 2016 (70.128). Y casi se denuncian tantos ciberdelitos como hurtos (633.888 robos sin violencia en 2025). La mayor parte de estas denuncias (430.493) son estafas informáticas, siendo sólo 58.755 los otros ciberdelitos (sabotajes, ataques a la intimidad o a los derechos de autor). Con todo, lo llamativo es que los ciberdelitos suponen el 20% de toda la criminalidad en España, según Interior. Sin embargo, el 97% de las estafas informáticas denunciadas quedan impunes, sin condena de los Tribunales.

Uno de los delitos informáticos que más crece son los ataques a las cuentas bancarias de los españoles (las tienen el 98%): los bancos detectan que los intentos de estafa han aumentado un +19% (se estima que la mitad de clientes han sufrido algún intento de ataque) y el importe medio sustraído ha crecido un +63%, con una sofisticación creciente (los ciberdelincuentes clonan Webs y perfeccionan con la IA los mails y mensajes que envían a los clientes, a veces con sonidos e imágenes de jefes, amigos o familiares). Por eso, en diciembre de 2025, la patronal de la banca y las Cajas, junto al Ministerio de Economía, crearon una Brigada antifraude para impulsar medidas efectivas contra el fraude digital y para reforzar la seguridad de la operativa online (por eso ahora recibimos más alertas de los bancos con consejos sobre ciberseguridad).

El problema es que los bancos tratan de “escaquearse” cuando uno de sus clientes ha sufrido un ataque informático y le han robado su dinero. Los casos son diarios y muchos ataques acaban en los Tribunales, porque el banco se niega a devolver al cliente lo perdido, alegando que ha sido por su culpa, por dar las claves (por engaño de los ciberdelincuentes) o no tener sistemas de protección en ordenadores y móviles. Pero la jurisprudencia está dando la razón a los clientes, tras la sentencia del Supremo de 9 de abril de 2025, que obligaba a los bancos a “asumir la responsabilidad de las operaciones no autorizadas derivadas de la suplantación de identidad”. Y eso se reforzó la semana pasada, el 15 de octubre, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: obliga a los bancos europeos a devolver a sus clientes el dinero sustraído en las ciberestafas “aunque el cliente haya sido negligente”. Así que ahora, el banco devuelve lo perdido y luego si quiere reclama ante los Tribunales, aunque en este caso tiene que demostrar una conducta negligente del cliente (algo difícil).

Ante este aumento de los ciberataques a las cuentas bancarias, el Banco Central Europeo convocó en abril a los principales bancos europeos a una reunión para pedirles Planes de contingencia, solicitud que repitió el 7 de julio, dándoles de plazo hasta el 31 de octubre para presentarlos al BCE, que va a poner en marcha test y pruebas para probar su eficacia. El gran temor del BCE es que se disparen los ciberataques a la banca europea con la utilización por los ciberdelincuentes de la herramienta Mythos, desarrollada por Anthropic, empresa USA líder de la Inteligencia Artificial (IA).

Precisamente, todos los expertos señalan que la Inteligencia Artificial (IA) está disparando los ciberataques y lo hará más en el futuro. De hecho, la IA es ya la principal herramienta de los ciberdelincuentes, que la utilizan en el 80% de los correos de “phishing” (robo de datos) y de los despliegues de “ransomware” (“secuestro informático”), con campañas muy personalizadas que eliminan errores lingüísticos y evaden los sistemas de detección tradicionales. Además, la IA facilita a las redes cibercriminales fragmentar y profesionalizar sus “servicios”, a través de plataformas donde “alquilan” sus infraestructuras de ataque y virus informáticos a bajo coste, permitiendo que delincuentes con pocos conocimientos técnicos ejecuten ataques informáticos sofisticados. Y además, la geopolítica y los conflictos entre bloques facilitan también los ataques a infraestructuras críticas como una forma de “guerra híbrida”, financiada por Gobiernos y grupos que buscan sabotear, desinformar y desestabilizar.

Por todo ello, los ciberataques son una de las grandes preocupaciones de todos los Gobiernos, también en Europa, donde el último informe de Europol (la policía europea) alerta de que la innovación tecnológica (IA, plataformas cifradas, tecnología blockchain y las infraestructuras digitales) permite a las redes de delincuentes escalar en sus actividades criminales, lo que convierte la ciberdelincuencia, el fraude online y los ciberataques en “las amenazas que más crecen y la prioridad estratégica de Europol”. Y por eso, la Comisión Europea presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo Reglamento para elaborar una nueva Ley de Ciberseguridad de la UE, que mejore la actual Directiva de Seguridad (Directiva 2022/2025), conocida como NIS2, aprobada el 14 de diciembre de 2022.

España es uno de los pocos paises europeos que todavía no ha traspuesto esa Directiva Europea NIS2, que ahora se va a reforzar. Teníamos de plazo para hacerlo hasta el 17 de octubre de 2022, pero el Gobierno no aprobó un Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad hasta el 14 de enero de 2025, que lleva desde entonces en ronda de consultas por varios organismos, sin que haya sido aprobada como proyecto de Ley. Por ello, la Comisión Europea denunció, el pasado 8 de julio, a España, Irlanda, Francia y Paises Bajos ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede conllevar una condena y una multa. Máxime cuando ha acabado la Legislatura y habrá que ver lo que hace el próximo Gobierno.

La frustrada Ley de Ciberseguridad establecía la obligación para entidades y empresas de aprobar Planes de Ciberseguridad, básicamente en sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y entidades públicas. La Ley de Ciberseguridad afectaría a organismos y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones de euros de negocio), aunque también a pequeñas empresas de sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas, alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e investigación científica. Y obliga a informar de los ataques e incidentes significativos y comunicárselo a las personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y supervisará la estrategia de organismos y empresas.

Al no aprobarse la Ley, tampoco se ha podido crear el Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito a la Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad de organismos, empresas y ciudadanos Y en paralelo, habría que destinar más recursos públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos y ayudas para que las empresas se gasten más en ciberseguridad (sobre todo las pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y contraten a más expertos (en España hay 3.431 empresas de ciberseguridad, que facturan 6.351 millones de euros y emplean a 165.000 profesionales), formando mejor a sus empleados (faltan 80.000 especialistas en las empresas) para cerrar las brechas a los ciberdelincuentes. De hecho, sólo el 4% de las organizaciones españolas cuentan con infraestructuras adecuadas para afrontar ataques informáticos sofisticados.

Y luego queda que nosotros, los internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en antivirus (nos gastamos en videocámaras y puertas blindadas pero no en proteger ordenadores, tablets y móviles) y seamos más precavidos en Internet (descargas, correos, WApp, redes, compras…). Nos jugamos nuestro dinero y nuestra intimidad.

China invade Europa (comercialmente)

Hoy y mañana, los líderes europeos se reúnen en Bruselas para debatir el futuro de la Unión Europea, con un punto clave en el orden del día: mejorar la competitividad y sobrevivir a la competencia de EEUU y China. Una cifra sobrevuela la Cumbre: 1.000 millones de euros al día, el déficit comercial de Europa con China, que nos desvía más exportaciones tras los aranceles de Trump. Lo más llamativo son las ventas de coches chinos, un tercio de los electrificados que se venden en Europa (el 38% en España, donde 1 de cada 5 concesionarios son de marcas chinas). Alemania y Francia defienden medidas duras frente a la “invasión china”, aunque todos saben que es mejor pactar. De momento, China ha aceptado reducir a la mitad los coches híbridos que nos vende, mientras busca instalar fábricas en Europa que eviten los controles y aranceles (6 en España). La clave para frenar la invasión china (y la pérdida de empleos) no es poner trabas y aranceles sino ser más competitivos.

          Barco con coches para Europa de BYD, empresa china líder en vehículos electrificados 

Los aranceles de Trump han provocado, en el último año y medio, que China desvíe cada vez más exportaciones a Europa. Ya en 2025, el déficit comercial de la UE con China creció un +22%, hasta los -371.560 millones de euros, un “agujero” comercial que duplicaba con creces el de una década antes (-150.353 millones de euros en 2015), según Eurostat. En esos 10 años, las compras europeas a China han crecido un +90%, mientras las ventas de la UE al gigante asiático crecieron casi la tercera parte, un +37%. Y este año, con datos oficiales hasta julio, Europa mantiene un déficit acumulado de -238.060 millones de euros. Y todos los meses, el “agujero comercial” con China ha superado los 32.000 millones de euros (-36.565 millones en julio), más de 1.000 millones de euros diarios, una cifra que asusta. Y que contrasta con el superávit que tiene la UE con EEUU (+17.931 millones de euros en julio), Reino Unido (+17.834 millones), Rusia (+608 millones) y Japón (+503 millones), aunque tiene un ligero déficit con Noruega (-5.058 millones), Corea (-1.872) e India (-1613 millones).

En definitiva, que Europa tiene un grave problema comercial con China, mientras mantiene un superávit con la mayor parte del mundo. Un problema que se debe a las crecientes importaciones de China de equipos de telecomunicaciones y audio, equipos de oficina y ordenadores, maquinas y aparatos eléctricos y coches, quizás lo más llamativo de las exportaciones chinas a Europa. En 2025, se vendieron 812.190 coches chinos en Europa (31 paises), el 6,1% del total (el doble que en 2024, que eran el 3,1% de las ventas). Y este año 2026, de enero a agosto, ya se han superado el millón de coches chinos vendidos(1.034.685 vehículos, un 11,25% del total ) en toda Europa (la UE, Reino Unido, Noruega, Islandia y Suiza) Pero lo más llamativo es que casi la cuarta parte de los coches híbridos vendidos en Europa son chinos (el 23,7%) y 1 de cada 5 coches eléctricos (el 20%). Y lo más preocupante, según la patronal europea ACEA: de los 500.000 coches más vendidos en Europa este año hasta agosto, 419.000 eran coches chinos…

En España pasa lo mismo, incluso más. En 2025 se vendieron 115.953 coches chinos, el 10,09% de todas las ventas (el doble que en 2024, que fueron el 4,65%, frente sólo el 0,1% en 2019). Este año 2026, con datos hasta septiembre, se han vendido ya en España 153.204 coches chinos (+65,5%), un 16,8% del total de ventas. Pero lo preocupante es que la venta de coches chinos es mucho mayor en el mercado de coches electrificados: suponen un 43,5% de las ventas de híbridos enchufables (50.791 coches chinos, liderados por BYD, con 20.151 coches vendidos hasta septiembre, seguida de Ebro y Chery) y un 31,5% de todas las ventas de coches eléctricos puros (31.614 coches chinos, encabezados por BYD, con 14.233 coches vendidos hasta septiembre, por delante de Tesla y la china Leapmotor). Así que los coches chinos lideran en España las ventas de coches electrificados (eléctricos más híbridos enchufables), con 82.405 coches vendidos hasta septiembre (34.784 de BYD, el líder mundial, que ha superado a Testa), un 38% de cuota en este mercado. 

El “boom” de ventas de coches chinos, sobre todo en los segmentos de futuro (híbridos enchufables y eléctricos) se asienta en una oferta muy competitiva de 37 marcas, con grandes descuentos y unos equipamientos y extras de serie muy completos, apoyados en una red de concesionarios cada vez más extensa. En España había en octubre 983 concesionarios de 27 marcas chinas, destacando los 115 concesionarios de SAIC Motor (MG y 6 marcas más, que matricularon 35.300 coches hasta septiembre), los 107 concesionarios de BYD (que matricularon otros 34.385 coches), 105 concesionarios del grupo Chery (Omoda y Jaecoo), 100 de Ebro, 65 de Changan/Deepal y otros 65 de Leapmotor. Y la previsión es que para final de año estén abiertos ya 1.200 concesionarios de marcas chinas, con lo que serán 1 de cada 5 concesionarios de automóviles abiertos en España (5.600), el doble que en 2025.

Esta “invasión” de coches chinos en Europa, también en España, se consolida y crece, a pesar de que en octubre de 2024, la Comisión Europea aprobó unos aranceles extraordinarios a los coches chinos (el 7,8% a los Tesla fabricados en China, el 17% a BYD, el 18,8% a Geely o el 35,3% a SAIC), que se sumaban al 10% que ya se aplicaba anteriormente, lo que totalizaba un arancel del 17,8 al 45,3%. Pero estos aranceles (justificados por las ayudas públicas que reciben los fabricantes chinos, entre 3 y 7 veces superiores a las que reciben los fabricantes de los paises OCDE) no han surtido efecto por varias razones. Una directa, que no se aplican a los coches híbridos, los más vendidos. Y otra fundamental, que los fabricantes chinos se las han ingeniado para “ensamblar” coches en Europa (importan las piezas y las montan, incluso con personal chino), nada menos que 1,1 millones de coches en 2025, eludiendo así los aranceles. Empezaron en Hungría en 2025 y han seguido después en Austria, Francia, Italia y España (en las antiguas fábricas de Nissan y Santana Motor). Y además, han anunciado que van a fabricar coches chinos en Coruña (SAIC, 120.000 a finales de 2028), Figueruelas y Madrid (con Stellantis) y  en Almusafes (en la planta de Ford), mientras la china Changan estudia también instalarse en Aragón.

Pero no son sólo coches. China ha multiplicado sus exportaciones a Europa en el último año y medio, para sortear los aranceles de Trump. Y en paralelo, ponen cada vez más restricciones a las empresas europeas en China, que denuncian obstáculos regulatorios, trato desigual en la contratación pública y dificultades crecientes para competir en igualdad con las empresas chinas. Todo ello ha disparado el déficit comercial con China, esos más de 1.000 millones diarios que escandalizan en Bruselas. Y sobre todo en Alemania y Francia, los paises más afectados por la “invasión china” y donde ya se han anunciado despidos, sobre todo en las industrias automovilísticas (Volkswagen: 100.000 despidos en el mundo, 50.000 en Alemania). Baste el dato de que el déficit comercial de Alemania con China fue de -55.000 millones de euros en el primer semestre y -50.300 el de Francia, alcanzando -23.600 millones el de Italia y -22.599 el de España (-42.278 millones en todo 2025, el doble que en 2019).

Estos datos explican que Macron y Merz se reunieran el 5 de octubre para lanzar un mensaje conjunto: no se podía seguir así, con este tremendo desequilibrio comercial frente a China. Y mandaron una carta conjunta a la presidenta Von der Leyen para reclamar a la Comisión una serie de propuestas, incluida la creación de un mecanismo que permita incluso excluir a China (sin citarla en el documento) del acceso al mercado europeo si causa distorsiones graves, una activación que podría aprobarse por mayoría cualificada. Dos días después, el 7 de octubre,  el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría (454 votos) una Resolución para reequilibrar las relaciones económicas con China, porque “han llegado a un punto crítico”. Y al día siguiente, el Comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic celebró una Cumbre UE-China en Pekín (8 y 9 de octubre) con dos puntos clave: las exportaciones chinas y las dificultades europeas de acceso a su mercado.

El Comisario UE se volvió a Bruselas con algunos acuerdos. El más llamativo, que China aceptaba reducir a la mitad, desde diciembre,  sus exportaciones a Europa de coches híbridos e híbridos enchufables: un cupo de 350.000 coches anuales, frente a los 800.000 que estima la Comisión exportan ahora. Pero no ha habido acuerdo sobre las exportaciones a Europa de los coches eléctricos chinos, que están creciendo exponencialmente. También aceptaron rebajar los aranceles chinos a una serie de exportaciones europeas (helados, calzado, componentes de automoción y aceite de oliva) por valor de 4.000 millones de euros (lo que supone un ahorro para estas empresas de 225 millones de euros). Y además se promete un mayor acceso de Europa a las tierras raras y otras materias primas estratégicas chinas, aunque no se ha resuelto las quejas del sector químico europeo.

Estos acuerdos UE-China se van a abordar en la Cumbre de líderes europeos que se celebra este 15 y 16 de octubre en Bruselas, una reunión cuyo primer punto del orden del día es “Competitividad” (“Competitiveness”) y donde la prioridad es qué hacer con China, como afrontar ese déficit insoportable de 1.000 millones de euros diarios. Alemania y Francia persisten en su postura dura, de aprobar un mecanismo (un “interruptor de emergencia”) que frene en seco las exportaciones chinas si no las rebajan y facilitan la entrada de empresas europeas en China. Otros paises y parte de la Comisión son más partidarios de negociar y pactar, porque creen que Europa tiene más que perder en una “guerra comercial” con China. Antes de esta Cumbre, parece que la postura de Pedro Sánchez es menos dura que la de Macron y Metz: ha visitado oficialmente 4 veces China desde 2023 y el Gobierno ha ayudado y facilitado la instalación de empresas automovilísticas chinas en Europa, que parece la estrategia de China para eludir las barreras europeas.

Con todo, el problema comercial con China es grave y está afectando a muchas industrias y empleos en Europa, especialmente en Alemania y Francia, aunque también a España, porque somos el 2º mayor productor europeo de coches. Y además, nuestro déficit comercial con China no para de crecer, en todos los sectores (no sólo en coches y vehículos, también en teléfonos, ordenadores, componentes, maquinaria y bienes de equipo), lo que crea riqueza y empleo en China, no en España. Y muchos expertos dudan que la fabricación de coches chinos en España aporte mucho empleo (se ensamblan piezas, con personal chino) y tecnología, poniendo en peligro el resto de fábricas internacionales (17 fábricas de vehículos y componentes, con 66.000 empleos directos y 870.000 indirectos).

Pero este disparatado déficit con China es sólo un síntoma del primer problema de Europa (y de España): la menor competitividad, que facilita la entrada de productos extranjeros (chinos y norteamericanos sobre todo) en Europa, aunque también les ayuden las ayudas públicas en el caso chino (que supone “competencia desleal”). Por eso, el primer punto del orden del día de la Cumbre europea de hoy y mañana es “Competitividad”: cómo conseguir reconvertir la economía europea para que sea competitiva y tecnológicamente avanzada, tanto en la digitalización y la Inteligencia Artificial como ecológicamente sostenible.

Hace dos años, la Comisión Europea encargó a Mario Draghi, ex primer ministro italiano y ex presidente del BCE, un Plan para frenar el declive económico de Europa. Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable.  Para responder a estos retos, propone avanzar en varios frentes: una nueva estrategia industrial (basada en la innovación, la tecnología y la digitalización), conseguir un verdadero mercado único europeo (“más Europa), alinear las políticas industriales, comerciales y de competencia de los 27, aumentar la inversión europea y reformar la gobernanza de la UE, con más coordinación y menos burocracia. Y además,  propone decenas de medidas en 10 sectores relevantes: energía, materiales críticos, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias consumidoras de energía, tecnologías verdes, automóvil, industria Defensa y espacial, farmacéuticas y transporte.

Draghi presentó su Plan el 9 de septiembre de 2024, con una premisa importante: para reindustrializar Europa había que crear un Fondo que movilizase 800.000 millones al año de inversión (pública, con deuda y Presupuestos, y privada), Fondo del que nada se sabe, salvo que hay paises (Alemania el 1º) que quieren recortar un 8% el gasto en los próximos Presupuestos UE 2028-2034. Y hoy, más de 2 años después, los expertos señalan que sólo se ha cumplido un 16% del Plan Draghi… Menos de 30 de las 176 propuestas que planteaba. Y lo peor es que este incumplimiento no es sólo por falta de inversión, sino que la mayoría de tareas pendientes son “por falta de consenso para acordar cambios normativos” sobre reducción de trabas administrativas y simplificación regulatoria…

Mientras Europa no reacciona e incumple las propuestas de Draghi, los coches chinos inundan ya nuestras calles, como los móviles, ordenadores y multitud de productos producidos en la gran fábrica del mundo, que sigue a pleno rendimiento a pesar de los aranceles y las guerras de Trump. Es hora de que Europa se ponga de verdad las pilas y tome medidas eficaces para no perder el tren del futuro, sobre todo ante China pero también ante EEUU, Asia y muchos paises emergentes. Ahí nos jugamos el empleo, el nivel de vida y el Estado del Bienestar europeo: sin crecimiento y sin exportaciones, no habrá la Europa que conocemos y defendemos. Eso es lo que se juega en la Cumbre europea de esta semana. Me temo que será otra oportunidad perdida. Reaccionen.

Alerta de los dueños de la Inteligencia Artificial

Mucho se ha hablado de los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), desde la posible manipulación a la pérdida de empleos. Ahora hay una alerta nueva: la de los dueños de la IA, los millonarios que la promueven y que acaban de decir en la ONU que esta tecnología “puede ser peligrosa para la humanidad”, mientras se conocen entradas ilegales en Australia y su utilización para armas físicas y biológicas. Los grandes de la IA en USA piden “frenar los desarrollos”, quizás como estrategia de marketing y para frenar a la competencia (en USA y China). Pero siguen buscando financiación (billones) y con planes de salida a Bolsa, lo que alimenta además la preocupación por el estallido de la  burbuja de la IA (como las punto.com en el 2000). Con todo, la clave ahora es forzar una regulación mundial de la IA (como tiene Europa) y controlar su desarrollo. Porque lo peligroso no es la IA sino los tecno millonarios que están detrás con un poder absoluto. Ellos sí dan miedo.

Esta última historia empezó el 9 de septiembre, cuando un joven investigador de Anthropic (la 2ª mayor empresa USA de IA, creada en 2021) dimitió de su puesto y publicó un tuit en X donde alertó que la Inteligencia Artificial puede acabar con la civilización. “Puede matarnos a todos antes de 2030”, vaticinó. Tres días después, el 12 de septiembre, su jefe, el consejero delegado de Anthropic (que comercializa “Claude” desde marzo de 2023) , Darío Amondi, publicó un artículo (“We Must Pace the Frontier”: debemos marcar el ritmo de la frontera) donde alertaba que la IA avanza más rápido de lo que la humanidad puede comprender y controlar y proponía “desacelerar el avance a las capacidades de la IA para dar tiempo a que la seguridad y la alineación alcancen el mismo nivel”. Y siguiendo la senda, al día siguiente es Sam Altman, consejero delegado de OpenAI (la empresa pionera de la IA, que lanzó ChatGPT en 2022) anunció que retrasaba la salida a Bolsa de la empresa (a 2027) por “la inquietud sobre los riesgos de la IA”. Y ese mismo día, Demis Hassabis, líder de la IA de Google (“Gemini”) llama también a “ralentizar el desarrollo de la IA, por prudencia”.

Un movimiento “coordinado” de los dueños y promotores de la IA para frenar y ralentizar su desarrollo. Y para que se viera que no sólo eran tuis y artículos, los “tecno oligarcas” USA de la IA ya habían incluido sus advertencias en los folletos de salida a Bolsa. Por un lado, OpenAI señaló que retrasaban su nueva IA (Chat GPT.6.1.Astra) porque sus ingenieros “se han dado cuenta de que no cumple con los requisitos de seguridad”. Y en el folleto de Anthropic “se advierte a los potenciales inversores que la IA avanzada podría plantear riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”… Además, los “tecno oligarcas” USA que promueven la IA se sentaron en la mesa circular del Consejo de Seguridad de la ONU, el 23 de septiembre, en una sesión extraordinaria dedicada a “la gobernanza de la IA”. Y allí pidieron “la colaboración internacional para controlar una tecnología” que ellos están desarrollando y que “consideran que puede ser peligrosa para la humanidad”… Alucinante.

¿Qué hay detrás de esta alerta de los dueños de la IA? Varias razones posibles, según los expertos. Una, “curarse en salud”, ponerse la venda antes de una grave herida y de posibles reclamaciones millonarias de inversores y afectados. De hecho, la IA ya se ha desmandado, actuando “por libre” y provocando miles de  incidentes que se conocen ahora. El primero y más concreto, la entrada “por su cuenta y sin supervisión humana” en la página de la Sanidad pública de Australia, como denunció su primer ministro en la ONU el 24 de septiembre, tres meses después de producirse y sin que OpenAI, la responsable, les informara en su momento (sólo con un correo a una dirección genérica 3 meses después). Y ahora se sabe que OpenAI y Anthropic investigan decenas de miles de ataques de agentes descontrolados de la IA, que lo mismo han bombardeado una página de la ONU que han sido utilizados para usos peligrosos (por parte de mafias, terroristas o políticos), como ciberataques, utilización de armas convencionales o biológicas y operaciones para influir en la opinión pública.

Otra razón de que ahora hablen de “frenar el desarrollo de la IA” es intentar frenar a la competencia, tanto en EEUU (donde OpenAI y Anthropic llevan meses de adelanto sobre otros competidores) como a la competencia china (DeepSeek o Moonshot AI), también retrasada. Si la ONU o los paises aprueban una ralentización de los desarrollos, mejor para los que van liderando el proceso y quieren hacerse con el mercado (OpenAI y Anthropic). De hecho, China reaccionó a las alertas USA, el mismo 14 de septiembre, denunciando que era una “agenda oculta” de EEUU para estrangular la IA y que estaban “usando el manual de la guerra fría para frenar los desarrollos chinos de la IA”. Como respuesta, el presidente Trump reunió en la Casa Blanca, el 29 de septiembre,  a los líderes USA de la IA y a las grandes tecnológicas para decirles que “de frenar la IA nada”, porque “tenemos una ventaja enorme sobre China y quiero que siga así”… Y frente a los expertos que piden “una regulación mundial de la IA”, Trump sólo quiere oír hablar de “autorregulación”, que se controlen ellos (?).

La tercera razón de que ahora los dueños de la IA hablen de ralentizarla puede ser también de simple “marketing”, para que se hable mucho de la IA ahora que van a salir a Bolsa…La exageración de que la IA puede acabar con la humanidad puede ser un mensaje para crear expectación y para decir “somos tan geniales que podrían volverse peligrosos: hay que dejarnos vuestro dinero”, señala un experto. Porque, a pesar de todos los peros, los grandes de la IA siguen buscando financiación y preparan salidas a Bolsa. No dejan de invertir.

Los millones captados ya por la IA son espectaculares y explican el fuerte tirón de las Bolsas y parte del crecimiento económico USA, a pesar de las guerras en Ucrania e Irán. En 2025, las inversiones captadas por las empresas desarrolladoras de la IA superaron los 200.000 millones de dólares: 122.000 millones OpenAI, 30.000 Anthropic, 20.000 xAI (la empresa de Elon Musk) y 16.000 Waymo (automóvil autónomo de Google). Y a eso hay que sumar las inversiones de  las grandes tecnológicas (Meta, Alphabet, Amazon o Microsoft), otros 646.000 millones este año para la compra de chips (la norteamericana Nvidia es ahora la empresa que más vale en Bolsa del mundo, 5,75 billones de dólares y la taiwanesa TSM vale 2,01 billones), nuevos Centros de Datos y desarrollos de IA. En total, se estima que desde 2013, estas 4 grandes tecnológicas han invertido más de 1 billón de dólares en IA. Y espera unas inversiones totales en la IA de 6 billones de dólares hasta 2030.

Las grandes desarrolladoras de la IA, mientras alertan sobre su peligro, no paran sus salidas a Bolsa, aunque alguna la retrase. Anthropic va a salir a Bolsa en noviembre de este año, con una valoración de 2 billones de dólares. Y OpenAI negocia con Black Rock (el mayor fondo del mundo, Emiratos e inversores asiáticos para captar 30.000 millones de dólares, mientras prepara su salida a Bolsa para 2027 (iba a ser en 2026, pero prefiere ofrecer nuevos desarrollos antes). Y xAI, integrada dentro de SpaceX de Elon Musk (que salió a Bolsa en junio de 2026 y vale ahora 2,28 billones de dólares), quiere captar otros 40.000 millones de inversores para comprar chips de Nvidia (uno de sus accionistas). Mientras, en China, las empresas líderes de la IA también buscan inversión. DeepSeek busca hasta 15.000 millones antes de su salida a Bolsa, prevista para 2027. Y Moonshot AI ha completado su última ronda de financiación privada y quiere salir a la Bolsa de Hong Kong a principios de 2027.

Precisamente, estos billones de inversión captada por la IA y su elevadísimas valoraciones en Bolsa (futuras y actuales: Nvidia ha multiplicado su cotización por 10 desde 2023, TSM por 4, lo mismo que Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft) provocan otro gran miedo de la IA: que estalle su burbuja en Bolsa, que un día se desplomen estos valores porque los retornos (beneficios) no justifiquen las inversiones hechas y no puedan atender su elevada deuda. Muchos expertos llevan meses advirtiéndolo y creen que si hay que ralentizar el ritmo de la IA es más para atemperar las inversiones y evitar un gran susto, como la debacle en Bolsa de las punto.com, las grandes de Internet en marzo del 2000 (Terra en España).

En cualquier caso, la alerta de los dueños de la AI debería servir para reforzar una idea: hay que controlar más y mejor los desarrollos de la Inteligencia Artificial, porque está demostrado que las máquinas siguen desarrollos propios que no se supervisan y que pueden crear graves problemas. Por un lado, urge una regulación mundial de la IA, en la que intervengan los organismos internacionales y los Gobiernos, dado que los millonarios (“tecnooligarcas”) que la están promocionando no parece que quieran autorregularse ni les gusten los controles democráticos, buscando un control oligopolista del mercado.

Europa ha sido pionera, aprobando la primera normativa “supranacional”, la Ley de la IA (“IA Act”), que entró en vigor en agosto de 2024, aunque en julio pasado se ha aprobado una simplificación del Reglamento para facilitar su avance, suavizando algunas prohibiciones y alargando los plazos de distintas prohibiciones. La UE está muy atrasada en la IA frente a USA y China, pero prevé abrir 15 factorías en Europa entre 2025 y 2026 para avanzar, dos de ellas ya aprobadas y abiertas en España: el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS) y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), abierto en Santiago de Compostela. La Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida: su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, y contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones clave: la penetración de la IA en las empresas medianas y pequeñas, así como un enorme esfuerzo en formación, de gestores y trabajadores. Porque si no, el riesgo de perder empleos con la IA es enorme: 2 millones en 10 años, según Funcas.

Además de una normativa mundial sobre la IA, los desarrollos de Inteligencia Artificial tienen dos problemas distintos, como señala el Nobel de Economía Daron Acemoglu. Uno es que la IA actúe por su cuenta, fuera de control, debido a que está creciendo con demasiada prisa (en meses) y eso distorsiona los resultados. Y el otro, asegurar que la IA actúa en beneficio de la humanidad, no de una minoría de billonarios que sólo buscan ganar más.

Frente al primer problema, hay expertos que aportan soluciones técnicas, como “poner bridas” a los desarrollos e implantar más sistemas de control externos, para frenar los mecanismos de aprendizaje intuitivos que son imprevisibles y pueden “liarla parda”… Otros expertos aseguran que las empresas podrían utilizar herramientas para anticipar los "malos comportamientos" de la IA. Pero, para conseguir una mayor seguridad y que la IA beneficie a la humanidad, el verdadero problema, otros expertos proponen “un cambio de rumbo”, pasar de desarrollar un modelo único de IA para todo a diversificar modelos, buscando soluciones para cada problema, más eficientes y sostenibles y sobre todo más fáciles de vigilar y más seguros. Se trataría de desarrollar no un gran modelo de IA (tipo ChatGPT o Claude) sino muchos modelos de IA, diversificados, que no necesitarían tanta investigación ni tanta inversión. Ir hacia una IA que no esté concentrada en dos o tres multinacionales superpoderosas sino en miles de desarrollos diversificados. Y sobre todo, que la IA pague impuestos y no manipule a los menores. 

En cualquier caso, la clave de la IA es para qué se utiliza, qué se busca, si pretende mejorar el mundo sin destruir el empleo o maximizar el beneficio de unos pocos. Y eso exige control de los desarrollos, de los avances, de las empresas, algo hoy impensable. Porque lo peligroso no son las máquinas (que sólo siguen instrucciones humanas) sino quien está detrás, quiénes son los humanos que las programan y alimentan, muchos de ellos poco fiables, billonarios sin control y a los que molesta la democracia. Ese es el miedo que nos debe dar la IA, no que los ordenadores destruyan el mundo. No se trata de frenar la IA sino de controlarla.

Sobrepeso y doble negocio: engordar y adelgazar

España y el resto de Europa han aumentado su sobrepeso y el porcentaje de obesos, una pandemia mundial que dispara las enfermedades, las muertes y el gasto sanitario. Y preocupa que haya más niños y adolescentes con sobrepeso, los obesos del futuro. La OMS culpa del sobrepeso al auge de la comida ultraprocesada, que está cambiando los hábitos en favor de la comida basura, cuyo consumo se ha triplicado este siglo en España. Lo llamativo es que el sobrepeso y la obesidad generan un doble negocio. Por un lado, el negocio de las multinacionales y empresas de alimentos ultraprocesados, más todas las cadenas de “comida rápida”, que crecen imparables, también en España. Y por otro, el nuevo negocio de algunas empresas farmacéuticas, que han lanzado fármacos para adelgazar que se venden por millones y escasean incluso. La solución al sobrepeso no pasa por la farmacia sino por cambiar los hábitos alimenticios y comer dietas más saludables, que evitan enfermedades y muertes. Urgen campañas públicas contra la pandemia del sobrepeso.

                Anuncio de la farmacéutica Lilly para promocionar su inyectable contra la obesidad             

El mundo asiste impasible a una silenciosa pandemia: el auge del sobrepeso y la obesidad. En 2025, según el Atlas Mundial de Obesidad, casi 3.000 millones de personas en el mundo (el 36,5% de la población) tenían sobrepeso: un índice de masa corporal, IMC (que se obtiene dividiendo el peso por el cuadrado de la altura, en metros: kg/m2) de 25 a 30. Y de ellos, 1.100 millones de personas (el 13,3% de la población total) tienen obesidad: un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, según los estándares de la OMS. Y lo más preocupante: 1 de cada 5 niños en edad escolar (5 a 19 años), 376 millones, tienen ya sobrepeso (y serán 507millones en 2040), mientras la mitad (1 de cada 10, 188 millones) padece obesidad), siendo ya más los niños obesos en el mundo que los que tienen un bajo peso.

Hasta ahora, el sobrepeso y la obesidad eran males de paises ricos, pero en los últimos años, el problema se ha extendido también a paises en desarrollo e incluso pobres, donde también se ha trastocado la dieta y se consuma demasiada “comida basura”. EEUU es el paraíso de las personas con sobrepeso (el 70% de la población adulta lo padece) y obesidad (36,4% de la población, en torno al 20% de los niños y adolescentes), también Reino Unido (65% de la población con sobrepeso y 28% con obesidad). Entre tanto, la pandemia es menos grave en Europa, pero se ha estancado e incluso crecido en los últimos años. Así, en 2025, más de la mitad de los europeos (51,7%) tenían sobrepeso (51,1% en 2014), según el último dato de Eurostat, mientras el 16,3% de los europeos son obesos (15,4% en 2014).

España es el 5º país europeo con menos sobrepeso (el 51,2% de los adultos), por delante  de Italia (38,3%), Francia (48,1%), Paises Bajos (48,6%) y Luxemburgo (49,9% sobrepeso), algo menos que la media (51,7% UE-27) y bastante menos población con sobrepeso que Malta (62,3%), Finlandia (61,7%), Portugal (55,2%) o Alemania (53,6%), según Eurostat. Y a la vez, somos el 4º país europeo con menos obesidad (14,9% de los adultos), por delante de Italia (7% población), Grecia (12,8%) y Rumanía (12,9%), pero por detrás de la media europea (16,3% población adulta son obesos, 17,4% los hombres y 15,3% las mujeres) y de paises como Paises Bajos (15% obesos), Francia (16,3%), Portugal (17%), Suecia (17,5%), Dinamarca (20,5%), Alemania (20,8%) o Malta (26,6% obesos).

Aunque los españoles estamos mejor en sobrepeso y obesidad que la mayoría de los europeos, la gran preocupación son los niños y adolescentes: tenemos un 20,2% de niños (6 a 9 años) con sobrepeso frente al 25% en la UE-27, pero tenemos más niños obesos, un 15,9% en España frente al 11% de media en Europa. El último estudio Aladino (2024) reveló que el 21,2% de los niños españoles de 12 años tienen sobrepeso y el 22,6% de las niñas, mientras a los 14 años lo tienen el 20,10% en niños y el 19,8% en niñas. Y tienen obesidad el 8,1% de niños y el 8,7% de niñas de 12 años, manteniéndose a los 14 años el 8,4% de niños y el 6,8% de niñas. Incluso tienen obesidad severa el 1,75% de niños y niñas de 12 años.

El sobrepeso y la obesidad es un grave problema sanitario y económico. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta el sobrepeso, en especial enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia, enfermedades coronarias y cerebro-vasculares, enfermedades renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y hasta depresión, según un estudio publicado en The Lancet. Y todo apunta a que el sobrepeso está detrás de un tercio de las muertes en Europa. Además, un estudio de la OCDE (en 2019) sobre los costes de la obesidad en 52 paises reveló los costes para España: supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del -2,9%% (48.800 millones de euros en 2025). Y añadían que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos altos costes , la OCDE proponía tomar medidas porque es algo muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El “motor” del sobrepeso y la obesidad en el mundo son los alimentos ultraprocesados, que dañan gravemente la salud, según denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos alimentos ultraprocesados (“comida basura”) son “aquellos que han pasado un proceso de transformación industrial muy intensivo donde se añaden conservantes, colorantes, saborizantes, edulcorantes, emulsionantes y otros compuestos para mejorar su aspecto y hacerlos más atractivos al paladar, más fáciles de consumir o para alargar su vida útil”, según la Academia Española de Nutrición. A menudo, estos alimentos tienen un alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas o grasas trans, “los 3 jinetes del Apocalipsis” relacionados con la obesidad, la diabetes 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Cada vez que vamos a la compra, cargamos el carrito con más alimentos ultraprocesados, que llenan las estanterías de los supermercados: cereales de desayuno azucarados o chocolatados, bollería industrial, snacks fritos, productos cárnicos envasados (salchichas o hamburguesas), salsas industriales (kétchup), bebidas refrescantes, yogures y leches fermentadas, muchos platos preparados y bebidas alcohólicas. Sólo en España, el consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en los últimos 30 años y ya suponen casi un tercio de la ingesta diaria de calorías de los españoles, con el consiguiente abuso de grasas, azúcares y sales a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años.

Lo más grave es que estos alimentos ultraprocesados y procesados suponen ya el 40% de los ingresos totales de la industria alimenticia mundial, un gran negocio que en los paises desarrollados representa hasta el 70% de las ventas de los supermercados (en EEUU y en Reino Unido) y más de la mitad de la ingesta de la población en Occidente. En los paises en desarrollo, su peso es menor, pero es la comida que más crece, desplazando a la comida tradicional. Y como muchos de estos alimentos los producen y comercializan multinacionales, el comercio mundial de ultraprocesados se ha triplicado en las últimas décadas y los paises desarrollados destinan el 48% de su gasto alimenticio a importarlos.

El negocio mundial de los alimentos ultraprocesados mueve 8,2 billones de dólares anuales en el mundo, sin que nadie proteste por los daños que provoca impunemente, como pasó durante años con la industria del tabaco. El negocio se basa en la producción y comercialización masiva de alimentos ultraprocesados diseñados para generar un consumo repetitivo y muy rentable a través de estrategias científicas y de marketing. Una producción muy rentable porque tiene costes de producción bajos (se utilizan ingredientes de menor calidad, producción en cadena y que se pueden almacenar mucho tiempo, facilitando el transporte), porque las empresas calculan exactamente en laboratorios la combinación exacta de sal, azúcar y grasas para maximizar su atractivo para el consumidor y porque el uso de aditivos y potenciadores de sabor enmascaran la baja calidad de los ingredientes y los hacen atractivos al paladar.

Se estima que el negocio de los ultraprocesados y la comida basura mueven más de 3 billones de dólares anuales, repartiéndose entre los ultraprocesados (que mueven entre 2,18 y 2,20 billones de dólares anuales), controlados por multinacionales como Nestlé, PepsiCo (Lays, Doritos Cheetos, Pepsi), Coca-Cola, Mondelez Internacional (Oreo, Milka, Tobletone, galletas, confitería), Mars Inc. ( M&M´s, Snickers, barras de chocolate…) Kraft Heinz o Unilever, y las cadenas y restaurantes de comida rápida, que mueven un negocio anual de 800.000 a 940.000 millones de dólares anuales y que está controlado por multinacionales y franquicias como McDonalds, Yuml Brands (KFC, Pizza Hurt, Taco Bell), Brands International (Burger King y Popeyes), Dominós Pizza, Pizza Hut o Subway.

En España, la industria ha conseguido que los consumidores apuestan cada vez por los ultraprocesados: se estima que el 23% de todos los alimentos son ultraprocesados y en las últimas décadas, el consumo de ultraprocesados ha pasado de representar el 11% al 32% del aporte calórico diario, según un estudio de 43 expertos publicado en The Lancet. Y este tipo de “alimentos” está desplazando cada vez más a la comida tradicional, mientras los españoles apuestan también por la comida rápida, tanto la preparada que venden los súper como la que consumen o se llevan de los restaurantes y tiendas de comida rápida. En España, además de las grandes multinacionales, el mercado de ultraprocesados lo controlan empresas como El Pozo, Campofrío, Corporación Alimentaria Guissona (BonÁrea) o Mondelez Internacional. Y la comida rápida movió en España 6.100 millones de euros en 2025, con 6.000 establecimientos, controlados por McDonalds (2.000 millones de facturación), Burger King (1.520 millones), KFC (408 millones) Dominós (294 millones)  y Telepizza(150 millones).

Como se ve, fabricar y proveer al mundo de alimentos ultraprocesados es un gran negocio y va a ir a más, dado que los expertos estiman que habrá 4.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo en 2035 (el 45% de todos los habitantes). Pero en los últimos años, el sobrepeso y la obesidad están alimentando otro negocio, el farmacéutico: en 2024, la venta de medicamentos para adelgazar supuso unos ingresos de 15.000 millones de dólares, pero se doblaron en 2025 y para 2035 podría suponer ya 150.000 millones de dólares de ventas, según Morgan Stanley. La multinacional danesa Novo Nordisk  se ha hecho con una parte de este mercado con sus inyecciones Ozempic, que han estado 3 años en falta en España, por la alta demanda para adelgazar aunque sea un medicamento para los enfermos de diabetes 2. La norteamericana Eli Lilly ha seguido sus pasos y otros laboratorios van a la zaga, en un negocio que ha movido ya 61.800 millones de dólares en compras e inversiones.

Los “productos milagro” para adelgazar son el penúltimo descubrimiento de negocio de la industria farmacéutica, que aprovecha el auge del sobrepeso y la obesidad. En España hay múltiples ofertas en las farmacias, aunque sólo un producto está financiado por la sanidad pública, las inyecciones de Ozempic (ojo: con receta y visado, teóricamente sólo para enfermos de diabetes 2), pero se puede comprar (con receta) si se encuentra (177,89 a 204,83 euros). El mismo laboratorio, Novo Nordisk vende Wegovy (inyecciones con receta y no financiado: 179 a 223 euros) o Saxenda (inyecciones, con receta y no financiado: 170 a 190 euros), mientras Eli Lilly comercializa Mounjaro (inyecciones con receta y no financiado: 207 a 446 euros) y otros laboratorios comercializan Xenical (Orlistat), unas cápsulas  que inhiben la absorción de la grasa intestinal (con receta y no financiadas: de 50 a 75 euros) o Rybelsus, otras pastillas de Novo Nordisk (con receta, no financiadas salvo para diabetes 2 y con un precio de 123 euros). Actualmente, todos estos medicamentos “se venden mucho”, según algunos farmacéuticos, sobre todo para pacientes entre 35 y 60 años que buscan adelgazar.

El auge de los medicamentos para adelgazar dibuja, según la revista Science, un futuro distópico, dominado por los intereses cruzados de dos poderosas industrias: la alimenticia, que dispara sus beneficios con los alimentos ultraprocesados y la comida basura, y la industria farmacéutica, que nos vende la posibilidad de adelgazar si engordamos demasiado, un parche individual para atajar una enfermedad compleja y peligrosa, el sobrepeso, el “atajo” de picharse frente a llevar una dieta sana y hacer ejercicio.

La solución al sobrepeso y la obesidad que asola el mundo no está en las farmacias sino en los supermercados, en dejar de comprar productos ultraprocesados y comida basura (que nos crea “dependencia” y apostar más por los alimentos frescos y naturales, aunque sean más caros. La receta de la OMS y los expertos es clara: mejorar nuestra dieta con un consumo adecuado de proteínas y fibra, sustituyendo los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas por alimentos y bebidas naturales (sobre todo a los niños y adolescentes), además de aumentar la actividad física, reducir el estrés y mejorar el sueño (problemas que aumentan la comida compulsiva). Y además, piden a los Gobiernos políticas públicas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, regulando el etiquetaje y la publicidad de la “comida basura” (sobre todo entre los menores) y facilitando el ejercicio físico.

España ya aprobó en 2022 un Plan nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con el objetivo de reducir el sobrepeso de los menores un 25% para 2030. Es un Plan con 200 medidas, que van desde la enseñanza de nutrición en la escuela al aumento de zonas deportivas o la reducción del uso de “pantallas” (que favorecen el sobrepeso). En 2021, el Gobierno subió el IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21% y en 2026 aprobó la prohibición de bebidas azucaradas y bollería en comedores escolares, ampliando después la prohibición a desayunos y meriendas escolares, así como la venta de ultraprocesados en hospitales y residencias de ancianos.

Son avances, pero la gravedad del problema exigiría un gran acuerdo con la industria alimentaria para reducir el peso de los alimentos ultraprocesados y la comida basura en las tiendas, además de exigir un etiquetado más estricto, que señale claramente los productos que más engordan. Y nosotros, que ya los sabemos, deberíamos cambiar de hábitos de compra, sobre todo por los niños y jóvenes. Porque estamos alimentando una epidemia peligrosa y costosa, el sobrepeso y la obesidad. Hagamos algo.

Decreto de vivienda: las derechas se retratan

Finalmente, Junts se sumó al PP y Vox para rechazar el primer Decreto de vivienda, un “parche” de mínimos que pretendía resolver los dos problemas más urgentes de los inquilinos: frenar desahucios y ampliar dos años los alquileres que terminan en 2027 y 2028. Las distintas derechas han boicoteado las 12 medidas del Decreto, mostrando a quien apoyan: a los 2,8 millones de caseros y miles de inmobiliarias y Fondos buitre, que buscan ganar más,  frente a 5,2 millones de inquilinos, que piden más protección. Realmente, la estrategia de Junts es cargarse la Legislatura para buscar futuros acuerdos con PP y Vox. En el fondo, la vivienda les da igual a todos: las autonomías del PP (con la gestión de la vivienda) no han hecho nada y  han boicoteado todas las medidas del Gobierno, incluido el último Plan de Vivienda. Ahora, con elecciones cerca, las derechas apuestan por seguir con la inacción y la especulación inmobiliaria, mientras millones de jóvenes y familias siguen sin techo. Decidirá  el voto.

      Junts, PP y Vox han antepuesto tumbar al Gobierno a resolver problemas urgentes de los inquilinos

Todo lo que está pasando con la vivienda en España es la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008. En los años 90 y a principios de este siglo, se produjo un “boom inmobiliario”, alimentado por la banca y el Gobierno Aznar, que multiplicó las grúas y el número de españoles propietarios: en 2007 hubo 829.283 compraventas, sólo un 7% de extranjeros. Pero en 2008, estalló la crisis de las hipotecas basura y se desplomaron las construcciones y las compraventas: 299.383 en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, con precios de saldo (la vivienda cayó un -51% entre 2008 y 2013), la vivienda empezó a recuperarse, de la mano de bancos, inversores y Fondos de inversión, que aprovecharon los precios de saldo. Y en 2025 ya se compraron 746.944 viviendas (casi como el año récord de 2007), el 17% (1 de cada 5,5) compradas por extranjeros. Y en 2026, España es el país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, “el Dorado del ladrillo”.

Mientras, este salto de la burbuja a la crisis y luego a la recuperación se ha traducido en unos precios disparados, tanto de la vivienda (el precio de compra ha subido un +80% entre 2015 y 2025) como del alquiler (+87% de subida estos 11 años). La causa está en el enorme déficit de viviendas para comprar o alquilar. Por un lado, se ha disparado la demanda, debido al aumento de población (+3 millones de habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada año. Y por otro, apenas se han construido viviendas estos años: sólo 93.650 viviendas construidas en 2025 (de ellas, sólo 11.104 viviendas protegidas), con una media de 93.000 viviendas nuevas totales al año en esta década y otras 99.000 en la década de 2010 (con un mínimo de 44.630 viviendas construidas en 2016), cuando se habían construido 540.000 viviendas de media anual entre 2000 y 2010 (con un máximo de 658.510  construidas en 2006).

El resultado de esta fuerte demanda y la escasa oferta es que se han disparado los precios de las viviendas (2.355 euros/m2, +35% desde 2022, aunque son 4.089 euros/m2 en Madrid, 3.980 €/m2 en Baleares, 3.102 €/m2 en País Vasco o 2.752 €/m2 en Cataluña, según el INE) y los alquileres (15,1 €/m2, +104% de subida sobre 2025, que sube a 23,4 €/m2 en Madrid, 19,6 €/m2 en Palma, 18,4 €/m2 en San Sebastián o 16,5 €/m2 en Málaga, según Idealista). La consecuencia es que caseros, inversores y Fondos se lanzan a especular con sus viviendas (escasas), subiendo precios cada mes, mientras las familias y los jóvenes no pueden comprar un piso (con las hipotecas subiendo) ni alquilarlo (se lleva del 30 al 50% de un sueldo), porque apenas hay oferta (41 inquilinos por cada nuevo alquiler) y les “seleccionan”. Eso explica que el 69% de los jóvenes de 18 a 34 años sigan viviendo con sus padres, mientras sólo lo hacen el 50% de los jóvenes europeos (y el 32% de los alemanes).

Ante este panorama, que se ha agravado con el rebrote de la demanda tras la pandemia, poco se ha hecho desde el Gobierno y menos desde las autonomías y Ayuntamientos. Hasta el 1 de febrero de 2022, el Gobierno no aprobó una Ley de Vivienda, cuya entrada en vigor se retrasó hasta el 26 de mayo de 2023. Una Ley muy intervencionista, forzada por Podemos y Sumar, que apostaba por imponer controles a los alquileres (topes en precios y revisiones), en lugar de intentar conciliar los intereses de caseros, inquilinos, promotores y constructores para resolver el problema de fondo: construir más viviendas, al menos 225.000 al año.

El primer resultado de esta Ley de Vivienda largamente anunciada (25 meses desde aprobarse en Consejo hasta la publicación de los índices de referencia para los topes de alquileres, el 15 de marzo de 2024) fue que hubo caseros que retiraron sus pisos del alquiler: unos prefirieron vender y aprovechar las enormes plusvalías, otros mantener sus casas vacías y la mayoría desviar sus pisos en alquiler a dos nuevos destinos, que evitaban los posibles controles de precios: convertirlos en pisos turísticos o en pisos de alquiler de temporada (por meses o periodos inferiores a un año). O partirlos y alquilarlos por habitaciones. Actualmente, el INE informa que hay 341.000 pisos turísticos, la mayoría concentrados en Málaga (45.000 pisos que no se pueden ya alquilar…), Alicante, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Y en paralelo, el 45% de los alquileres que se anuncian en Idealista son ya alquileres de temporada o por habitaciones (425 euros al mes, hasta 600 en Barcelona), un total de 1.15.000 pisos que también se escapan del alquiler “normal”.

Ante este panorama, cada vez son más los inversores, inmobiliarias y Fondos de inversión que aprovechan los altísimos precios para comprar pisos con objeto de echar a los inquilinos y luego subir el alquiler a los nuevos, algo que también buscan muchos caseros al final del alquiler de sus actuales inquilinos. Precisamente, casi 2 millones de alquileres hechos tras la pandemia tenían que renovarse este año 2027 y en 2028, lo que aprovecharán muchos caseros e inmobiliarias para subirlos. Eso alimenta la preocupación de los 5,2 millones de hogares que viven en alquiler y que cada vez pagan más. Eso está alimentando los desahucios, que han bajado a la mitad (desde el récord de 41.359 en 2021 a 20.059 en 2023 , 27.564 en 2024 y 24.510 en 2025), pero que han cambiado: ahora hay más desahucios por impago de alquileres (el 75%, frente al 53% hace una década) y menos por hipotecas.

Frente a esta situación, el Gobierno Sánchez, presionado por Sumar, intentó pactar en julio un Decreto que resolviera los problemas más urgentes de los alquileres, básicamente prorrogando los alquileres que vencen en 2027 y 2028 y limitando los desahucios. Intentó negociarlo con Junts y PNV y con Podemos, sin cuyo apoyo no podía aprobarse. Y como no parecía posible, lo dejaron para septiembre, cuando también se veía difícil conseguirlo. Pero sucedió algo imprevisto: el 23 de septiembre, Maricarmen, una anciana de 87 años fue desahuciada por la empresa Urbagestión de la casa donde vivía de alquiler desde hacía 71 años. Su imagen saliendo en camilla al hospital conmocionó al país, con movilizaciones en media España. Y parecía que iba a conseguir que Junts y Podemos apoyaran los cambios que rechazaron en julio, con un Decreto de mínimos aprobado el martes 29 de septiembre.

El Decreto, publicado en el BOE del 30 de septiembre, incorpora 12 medidas que buscan resolver los problemas más graves de los inquilinos, sin apenas perjudicar a los caseros. La primera medida estrella es prohibir los desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 (ya anuló desahucios el jueves y el viernes), con la salvaguarda (introducida por Junts…) de que las autonomías tienen que compensar al pequeño casero afectado. Y la segunda, prorrogar hasta 2 años más los 1,9 millones de alquileres que vencen este año y en 2028, para evitar que los caseros aprovechen para subirles el alquiler a los disparatados precios actuales (no podrán subirlos más del 2%).

Otra medida importante es que se aprueba una deducción fiscal del 10% para todos los inquilinos (puede ser de  512 euros de media) y mantiene la deducción fiscal del 50% para los caseros, que sube al 100% de deducción si acepta reducir la renta un 15% (y baja al 15% si n la sube un 20%). Otra medida importante del Decreto es que limita los alquileres de temporada, al obligar a demostrar la causa que lo justifica, y los alquileres por habitaciones, al poner un tope: el ingreso por todas las habitaciones no podrá superar al de un alquiler de todo el piso (algo difícil de controlar). Y se obliga a los pisos turísticos a pagar un IVA del 10% (ahora no pagan nada), que no es del 21% para “contentar” a Junts (y al PNV). También es importante en el Decreto la creación de un nuevo préstamo público (ICO) para facilitar la compra de vivienda habitual: préstamos del 20% del valor de la vivienda (con un máximo de 50.000 euros), al 0% de interés y que pueden empezar a devolverse hasta a los 30 años (cuando se acabe de pagar la hipoteca por el 80% que haya concedido un banco).  Además, el ICO facilitará avales públicos, hasta 2.000 millones de euros, para facilitar la financiación de viviendas sociales, para alquiler o venta a precios asequibles. Y toda la vivienda protegida que se construya con dinero público pagará un IVA del 4% y será siempre VPO (75 años).

Por último, el Decreto aprobado por el Gobierno el martes pasado incluía dos medidas “de cara a la galería”, por presión de Sumar y el Sindicato de Inquilinos. Una, frenar la compra de viviendas por “Fondos buitre” a un precio inferior al de mercado (tasación) hasta el 31 de diciembre de 2028, aunque no parece fácil de implantar. Y la otra, más aplicable, la subida fiscal del 15 al 25% a los beneficios que tienen las SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria que han proliferado en los últimos años, especulando con la vivienda (las 157 SOCIMIS que cotizan en Bolsa aumentaron su valor un 18,3% en 2025).

Hasta aquí el contenido básico de este primer Decreto (el otro, la prórroga indefinida de los contratos, forzado por Sumar, se sabía que no iba a convalidarse) para resolver los problemas más acuciantes de la vivienda, aprovechando el clamor social desatado por el desahucio de Maricarmen. Pero la sorpresa la ha dado Junts, al votar en contra de este Decreto el viernes en el Congreso, aunque lo había negociado hasta última hora. Y junto a Junts, el voto en contra también de PP, Vox y UPN, una mayoría que rechaza las medidas, asegurando que no van a resolver el problema de la vivienda y que reducirán aún más los alquileres.

El rechazo del PP no sorprende tanto como el de Junts porque nunca ha tenido una política clara de vivienda, aunque gobiernan en 12 autonomías, que son las que legalmente gestionan la vivienda en España. Pero apenas promueven la construcción y las ayudas a los inquilinos que conceden (tarde) son con fondos estatales. Primero, rechazaron en 2023 la Ley de Vivienda y sus autonomías se negaron a aplicar los topes de alquileres en zonas tensionadas (sólo los aplican 302 municipios en Cataluña, 18 en país Vasco, 21 en Navarra, 5 núcleos en pueblos asturianos y A Coruña y Santiago en Galicia), topes que han conseguido frenar los alquileres (poco), aunque a costa de reducir la oferta. Y ante el reciente Plan de Vivienda 2026-30, con más dinero para promover viviendas, las autonomías del PP lo han rechazado, aunque han aceptado el primer plazo de entrega del Plan (que contempla transferir a las autonomías 4.200 millones del Estado a cambio de que ellas pongan otros 2.800).

Parece claro que Junts ha votado en contra del Decreto de vivienda no tanto para “defender a sus caseros” (también) como para “cargarse esta Legislatura”, para forzar elecciones, pensando que si las ganan el PP y Vox, ellos podrán sacar más ventajas para Cataluña que con Sánchez. Y al final, se trata del “cerrar el frente de las derechas”, en defensa de la propiedad y contra “las locas pretensiones” de los inquilinos y la izquierda”. El problema de fondo es si un Gobierno de derechas tendrá una política de vivienda que resuelva los graves problemas actuales o favorecerá la especulación y la subida de viviendas y alquileres.

El problema de fondo de la vivienda, pendiente de resolver en España, es construir mucho más para reducir el déficit de vivienda y hacer bajar los precios: el Banco de España ha señalado que tendremos un déficit de 1 millón de viviendas en 2028. Así que urge construir, construir y construir. Pero para ello urge un gran Pacto político por la vivienda, que aborde varios frentes. Uno, la falta de suelo: hay mucho suelo, pero poco suelo urbanizable (hay que invertir más para conseguirlo). Y además, hay un exceso de burocracia y demasiados Planes parados en los Juzgados, para los que el Gobierno propuso una reforma de la Ley del suelo (que tumbaron Junts y PP, con Podemos). El segundo frente es conseguir más financiación para la promoción pública y privada de vivienda, con un mayor gasto público del Estado, autonomías y Ayuntamientos, más créditos de los bancos y el ICO. Y el tercero es implicar a promotores y constructores en construir más de 200.000 viviendas al año, facilitando su trabajo. Y en paralelo, pactar con caseros e inmobiliarias para que pongan más viviendas en alquiler para familias y jóvenes, con ayudas y beneficios fiscales, no con topes y controles.

Estamos ante una “emergencia nacional” en la vivienda, que hay que resolver innovando y negociando entre los actores implicados (lean lo que está haciendo Illa en Cataluña), no con prejuicios políticos que busquen favorecer a los caseros (2,8 millones de propietarios, el 15% son Fondos y otro 60% son particulares con 2 o más viviendas en alquiler) frente a los inquilinos (5,2 millones de hogares en alquiler) ni viceversa. El problema de la vivienda sólo se puede resolver con financiación, suelo, acuerdos y ayudas, no con ideología ni politiqueo. Eso es lo que pide el clamor social que se desató en España tras el desahucio de Maricarmen. Pero se ha frustrado al rechazarse el Decreto, un sinsentido social. Ahora habrá que votar (en generales y autonómicas) y decidir quien lo resuelve o lo obvia en unos meses. No se ve otro camino.