El ahorro no renta

La mayor parte de la gente no puede ahorrar, porque muchos sueldos y pensiones son bajos y se los come la inflación. Pero los que sí ahorran tienen otro problema: apenas sacan rentabilidad a su dinero. Las familias españolas tienen 1,1 billones en cuentas corrientes y depósitos que apenas les rentan, para beneficio de los grandes bancos, que en 2025 ganaron 34.000 millones (+7%). Lo mismo pasa en Europa, donde las familias tienen 10 billones en cuentas y depósitos sin casi rentabilidad. Y además, los que invierten se llevan su dinero a EEUU (300.000 millones al año). Por esto, la Comisión Europea ha recomendado a los paises que lancen una nueva Cuenta de ahorro e inversión, para fomentar que el ahorro se dirija a empresas y proyectos europeos innovadores. El Gobierno español ha abierto consultas para perfilar esta cuenta, pero la banca intenta “desinflarla”, para que no atraiga dinero de depósitos, Fondos y Planes que les reportan altos beneficios. Atentos a esta futura cuenta, donde Europa se juega financiar su futuro.

                            Enrique Ortega

Los europeos somos los ciudadanos occidentales que más ahorramos, sólo superados por algunos paises del Golfo y Asia. En el tercer trimestre de 2025, los ciudadanos de los 20 paises euro ahorraron el 15,1% de su renta bruta disponible (el 14,6% la UE-27), muy por delante del 5% que ahorraron en EEUU, el 3,5% de Canadá, el 10% en Reino Unido, el 1% en Japón o el 5% en Corea del Sur (ojo: 43,4% es la tasa de ahorro en China). El ahorro de los europeos (UE-27), alto desde hace décadas, se disparó con la pandemia (pasó del 12,7% de la renta bruta disponible en 2019 al 25,1% en 2020, el récord del siglo), para bajar después en 2021 (16,6%) y 2022 (12,71%), al dispararse la inflación tras la invasión de Ucrania. Pero luego ha subido en 2023 (13,70%), 2024 (14,54%) y 2025 (14,6% en el tercer trimestre de 2025), según Eurostat. Las causas de este alto nivel de ahorro de los europeos son que priorizamos la seguridad frente a la rentabilidad, empujados por el progresivo envejecimiento y la baja formación financiera. Además, el BCE señala que en los últimos años han aumentado los ingresos de una parte de los europeos por rentas de intereses, dividendos y alquileres, aumentando su capacidad de ahorro.

Dentro de Europa, el país con la mayor tasa de ahorro es Alemania (ahorran el 19,4% de su renta), seguido por Francia (18,6%), Austria (17,34%), Paises Bajos (14,77%) y Bélgica (14,02%), por delante del ahorro en España (el 12,8% de la renta bruta disponible al inicio de 2025), que supera en ahorro a Italia (12%) y Portugal (12,4%), según Eurostat. La media de ahorro en Europa (UE-27) está en el 14,6%, la más alta desde 2021 (17,69%).

En España, la tasa de ahorro de los hogares ha sido tradicionalmente baja, con una media de ahorro del 8,7% de la renta bruta disponible entre 1999 y 2019, básicamente porque los sueldos son más bajos que en el resto de Europa, la inflación alta y muchas familias han optado por comprar una vivienda antes que ahorrar. Pero en 2020, con la pandemia, se frenó el consumo y se disparó el ahorro, hasta el 14,8% de la renta bruta disponible en 2020 (7,4% en 2019). Posteriormente, el ahorro ha ido bajando, en 2021 (13,8%), 2022 (7,2%) y 2023 (11,7%), para subir algo en 2024 (13,6% de ahorro). Y volvió a bajar en 2025, alcanzando un 12% de ahorro sobre la renta bruta disponible el tercer trimestre de 2025, según el INE.

Esta mayor tasa de ahorro en España (12% frente al 8,7% de media entre 1999 y 2019) se explica por varias razones: hay más gente trabajando (casi 2,5 millones más que en 2019), con contratos más estables y algo mejor pagados, que ahora han ganado algo poder adquisitivo por una inflación más moderada (+3,5% subieron los salarios en 2025, frente a una inflación media del 2,7%) y hemos tenido unos tipos de interés altos (por encima del 4% una buena parte de 2023 y 2024), lo que anima al ahorro, junto a las fuertes subidas de las Bolsas.

Pero ¿quién puede ahorrar en España? Sólo el 43,7% de los españoles ahorran de forma habitual, mientras el 19,4% no ahorran nunca y el 36,9% sólo algunos meses, según un estudio de Triodos Bank. Y entre estos que ahorran algo, el 39,5% solo consiguen ahorrar el 10% de su salario y sólo el 20,3% ahorran el 20% de sus ingresos, el porcentaje que recomiendan los expertos y que pocos pueden cumplir, básicamente porque la mayoría tiene bajos salarios (el 70% de los asalariados gana menos de 2.659 euros brutos) y pensiones (la mitad son inferiores al salario mínimo, menores de 1.184 euros mensuales), mientras la inflación se ha disparado en los últimos años (+23,5% entre 2020 y 2025), sobre todo los alquileres (+35%).

Si ahorrar es difícil, el gran problema que tienen los que lo consiguen es sacar una cierta rentabilidad a sus ahorros, algo que la mayoría no consigue. Básicamente, porque un tercio del ahorro de los españoles (el 32,81% en 2025, según INVERCO) está en  cuentas corrientes y depósitos, que apenas dan rentabilidad: en diciembre de 2015, según el Banco de España, las familias tenían 1.094.300 millones metidos en cuentas a la vista (con el 0,14% de rentabilidad) y depósitos a plazo (1,64% de rentabilidad), una cifra de “ahorro conservador” que ha aumentado tras la pandemia (había 853.200 millones en cuentas y depósitos en 2019). Eso significa que este ahorro no renta nada (los escasos intereses se los come la inflación). Y los ahorradores no los mueven a otro lado por miedo al riesgo y porque no tienen “cultura financiera” (España es el 4º país europeo con menos formación financiera).

Otra parte del ahorro (567.500 millones en 2025, el 17,06% del total) lo tienen las familias en Fondos de inversión, un producto que está siendo rentable estos años pero por el que pagan altas comisiones anuales a las gestoras (bancos). Y otra parte del ahorro (390.515 millones, el 11,74% del total) está en Bolsa, en acciones, que estos años reportan altas plusvalías (el Ibex ha subido un +49,27% en 2025), pero que es una inversión poco elegida por los ahorradores, por miedo a otra debacle: sólo el 12% de los españoles invierte en Bolsa, frente al 19% los europeos y el 55% los norteamericanos. 

Y otra parte del ahorro va a contratar Planes de pensiones y seguros de vida o de ahorro, donde había 255.329 millones de euros en 2025 (el 7,7% del total invertido). En conjunto, los activos financieros de las familias, la inversión de su ahorro alcanzó los 3.324.603 millones de euros en 2025 (3,3 billones), según Inverco, el triple de lo que tenían a principios de siglo (1,03 billones) y un 31,8% más del valor de sus activos en 2019. Pero el problema, insisto, en que la mayor parte de este dinero renta poco a los ahorradores, salvo en Bolsa (últimamente) y algunos Fondos (con altas comisiones).

Esta baja rentabilidad de buena parte del ahorro le viene muy bien a la banca, que apenas remunera las cuentas corrientes y depósitos, no sólo ahora (donde lo más que ofrecen por un depósito a plazo, con muchos condicionantes, es el 2%)  sino cuando el tipo oficial del dinero superaba el 4%. Gracias a eso y al aumento de las comisiones (por Fondos, acciones y seguros, más tarjetas y cuentas), la banca española lleva varios años con altísimos beneficios, en buena parte gracias a los ahorradores: en 2021, los 6 grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganaron 20.003 millones, en 2022 otros 20.850 millones, en 2023 ganaron 26.088 millones (+26%), en 2024 otros 31.768 millones (+21,7%) y en 2025 han ganado 34.000 millones (+7%). Si sumamos, el beneficio de los 6 grandes bancos ha sido de 132.709 millones en los últimos 5 años…

Pero esta baja rentabilidad del ahorro no es un problema sólo de España. En Europa se estima que los ahorradores tienen concentrados 10 billones de euros en depósitos con bajos rendimientos, lo que supone un 31,2% del ahorro en inversiones con baja rentabilidad, un porcentaje que es casi la tercera parte en EEUU (sólo tienen el 12% en cuentas y depósitos con bajo interés). Pero además, Europa tiene otro problema: ahorramos mucho, pero una buena parte de ese ahorro se va fuera, sobre todo a las empresas tecnológicas y a las Bolsas de EEUU. El informe Letta ya alertó hace un par de años que si los europeos ahorran 1,2 billones al año, la cuarta parte (300.000 millones anuales) se van a EEUU. 

Así que el problema del ahorro en Europa es doble: un 34% está poco remunerado y la cuarta parte se fuga a USA, mientras nuestro continente tiene un déficit de inversión, sobre todo en nuevas tecnologías e innovación. Por eso, el 18 de marzo de 2025, la Comisión Europea lanzó una iniciativa, la Unión de Ahorro e Inversiones, “para canalizar cientos de miles de millones de euros de nuevas inversiones hacia la economía europea”. El objetivo es avanzar en la integración financiera de Europa (ahora hay 27 mercados diferentes), con una estrategia apoyada en 3 ejes: avanzar hacia un mercado financiero único, ofrecer a los ahorradores unos activos financieros más atractivos y dirigidos a Europa (con el sello “Finance Europe”) y mejorar la educación financiera de los europeos (sólo el 18% tienen un alto nivel).

Avanzando en esta Estrategia, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre de 2025 una Recomendación a los paises miembros para “lanzar una cuenta de ahorro e inversión en toda la UE”, para conseguir el traspaso de buena parte del dinero que está colocado en cuentas y depósitos sin casi rentabilidad a los mercados de capitales (Bolsas), con un segundo objetivo de que ese ahorro se quede en Europa, para financiar las enormes inversiones necesarias en reindustrialización, Defensa, tecnología, digitalización y energías renovables, donde Europa necesita invertir 750.000 millones de euros anuales, según el Informe Draghi.

Tras esta Recomendación, son los paises los que tienen la competencia de crear esa nueva Cuenta de Ahorro e Inversión con el sello “Finance Europe”. La Comisión sólo exige tres condiciones a esa Cuenta: que la cartera de inversiones incluya al menos un 70% para empresas europeas, que el horizonte de inversión contemplados sea al menos de 5 años y que una parte sustancial de la Cuenta se invierta en Bolsa.

El Gobierno español ha abierto en enero un  periodo de reflexión sobre esta nueva Cuenta europea de ahorro e inversión, dirigido a las Bolsas, los bancos e instituciones, también abierta a particulares. Y tras cerrar este proceso el 30 de enero, el ministro de Economía estudia ahora una propuesta para enviar a Bruselas, como los demás paises. El problema va a estar en la banca (española y europea), porque esta Cuenta le puede quitar mucho del ahorro que ahora está (improductivo) en cuentas corrientes y depósitos, desviándolo a la renta fija (deuda) y a las Bolsas. Por eso, ahora están presionando para “desinflar” esta Cuenta, en España y en el resto de Europa, y quitarle atractivos (uno de ellos será su fiscalidad, su tributación, que Bruselas quiere sea baja y con incentivos al ahorro dirigido a inversiones europeas).

Esta futura Cuenta de ahorro e inversión europea parece “un tema técnico”, pero es clave para Europa y para España, porque puede ayudar a conseguir dos objetivos claves: que los europeos ahorren con más rentabilidad y que Europa cuente con la inversión de los europeos, reteniendo aquí el ahorro necesario para modernizar la economía europea y conseguir competir con USA y China. El ahorro es la gasolina de la inversión y necesitamos que compense más ahorrar y que ese dinero no se fugue y se quede en Europa. Por eso es clave que esta Cuenta europea sea atractiva, sencilla y rentable. A ver qué pasa.  

Tabaco: menos ventas, más beneficios

En 2025 se vendieron en España 48 millones menos de cajetillas de tabaco, tras subir las ventas de 2021 a 2024. Pero las tabaqueras aumentaron sus ingresos (+4,4%), por la subida de precios y la mayor venta de tabaco de liar y cigarrillos electrónicos, disparando sus beneficios, a costa de un consumo pernicioso, que provoca 50.000 muertes al año en España y una factura sanitaria extra de 8.000 millones. El consumo de tabaco ha bajado, pero todavía hay 12 millones de españoles que fuman, 8,3 millones diariamente. Y ayuda que España sea uno de los paises europeos con el tabaco más barato, mientras Bruselas estudia subir y armonizar los impuestos al tabaco, muy diferentes por paises. Mientras, en el Congreso espera una Ley contra el tabaquismo (difícil de aprobar) que aumenta los espacios libres de humo (a terrazas de bares y playas) y pretende frenar el consumo de menores, aunque no aumenta impuestos ni obliga a un etiquetado neutro, como piden los médicos. El tabaco mata: hay que erradicarlo sin contemplaciones.

                            Enrique Ortega

Las ventas de tabaco en España bajaron ligeramente en 2025, tras haber subido de 2021 a 2024: se vendieron 2.095 millones de cajetillas, un 2,2% menos que en 2024 (-48 millones de cajetillas), menos de la mitad de las cajetillas vendidas en España en 2008 (4.514 millones), según los datos del Mercado de Tabaco (Hacienda). Casi dos tercios de estas cajetillas se han vendido en Cataluña (441,4 millones), Andalucía (355,3 millones), Comunidad Valenciana (252,5 millones) y Madrid (230,5 millones), mientras las ventas conjuntas en La Rioja (14,38 millones de cajetillas), Cantabria (27,12), Asturias (45,5), Extremadura (49) y Navarra (50,6 millones) fueron la mitad de las ventas en Andalucía.

Pero aunque las ventas de cajetillas bajaron en 2025, los ingresos de las tabaqueras aumentaron un +4,4%, hasta alcanzar unas ventas récord de 13.711 millones de euros, casi 2.000 millones más que antes de la pandemia (11.865 millones en 2019). La venta de cajetillas supuso el grueso del negocio, con 11.267 millones de ingresos (+3,61%), el récord desde 2010, ventas concentradas en Madrid (1.537 millones de euros), Cataluña (2.989) y Andalucía (2.281 millones). Las 10 marcas más vendidas fueron Marlboro (17,34% de las ventas), Camel (12,59%), Winston (8,97%) Lucky Strike (6,94%), Fortuna (6,93%), Chesterfield (5,59%), Winston Classic (5,41%), West Brooklyn (5,14%), Nobel (3,34%) y Ducados negro (2,39%), según el Mercado de Tabacos. Y sorprende que crece más la venta de cigarros puros (552,6 millones, +5,32%), el tabaco de liar (1.421 millones vendidos, +6,15%) y el tabaco de pipa (470,88 millones, +19,55% de aumento).

Gracias a este aumento de ventas (más ingresos con menos cajetillas), las grandes multinacionales del tabaco han seguido aumentando sus beneficios en España, con sus importaciones de tabaco desde donde lo producen (sólo Altadis tiene una fábrica en España, en Cantabria). En 2024, la tabaquera líder, la norteamericana Philip Morris (que vende Marlboro y Chesterfield) rozó los 743 millones de ventas (+8%) en España  y ganó 58,9 millones de euros (+14,4%). La japonesa JTI (que vende Camel y Winston) ingresó 666 millones y tuvo unos beneficios de 14,2 millones (+6,8%). Y Altadis, la antigua Tabacalera integrada en el grupo británico Imperial Brands (que vende Fortuna, West Brooklyn, Nobel y Ducados), ingresó 511 millones y tuvo 112,1 millones de beneficios (+256%), unos beneficios que habrán aumentado en 2025.

Quien también se beneficia del tabaco es Hacienda, que tuvo en 2024 una recaudación récord por los impuestos al tabaco (especiales e IVA): 8.900 millones de euros. Una recaudación que ha aumentado en 2025, porque subió en enero el impuesto especial sobre el tabaco (se habían recaudado 6.696 millones hasta noviembre) y se estrenó en 2025 el nuevo impuesto especial sobre los líquidos de los cigarrillos electrónicos (que recaudó otros 370 millones hasta noviembre). Así que el tabaco podría reportar a Hacienda unos 9.400 millones de ingresos, una recaudación que también beneficia a las autonomías: se llevan el 58% de lo que paga el tabaco por impuestos especiales y la mitad de los que paga por IVA.

También se benefician del tabaco las mafias que lo importan ilegalmente o que lo producen en fábricas clandestinas. El contrabando de tabaco preocupa cada vez más a las tabaqueras y a Hacienda, porque estiman que supone el 10,2% del consumo, entre contrabando, comercio ilícito y falsificaciones, lo que supone unas pérdidas fiscales de 934 millones en 2025. La subida anual de los precios del tabaco y los nuevos canales de venta (Internet y paquetería) han aumentado el contrabando (no sólo de cajetillas, también de picadura para liar) y multiplicado las fábricas ilegales: en 2025 hubo 110 operaciones relevantes contra el contrabando de tabaco (el triple que en 2024) y se desarticularon 15 fábricas ilegales. Donde más prolifera el contrabando de tabaco es en Andalucía (el 23,7% de las cajetillas analizadas), donde están 9 de las 10 ciudades con más contrabando de España (la 10ª es Badajoz, con el 26,7% de las cajetillas detectadas como ilegales o de contrabando).

Vistas las ventas y el negocio del tabaco, analicemos el consumo, que ha seguido bajando en España pero sigue siendo muy alto. En 2024, el 36,8% de los españoles de 15 a 64 años habían fumado en los últimos 12 meses, porcentaje que ha bajado del 46,8% en 1997  al 41,7% en 2007 y el 39,4% en 2019, según la Encuesta Edades 2025, aunque en personas es una cifra muy elevada: 12 millones de españoles que han fumado en el último año. Y si miramos los que fuman a diario, el porcentaje era en 2024 del 25,8% de las personas entre 15 y 64 años, muchos menos que el 34,9% de 1977, el 29,6% de 2007 y el 31,3% de 2019. Pero ojo, son 8,3 millones de españoles que fuman a diario, un número muy elevado, sobre todo en Extremadura (41,7% población 15-64 años fuma a diario), Comunidad Valenciana (36,4%), Castilla la Mancha (30,7%) y la Rioja (28,9%, siendo algo menos en Cataluña (24,3%) y Madrid (22,3%) y bajo en Cantabria (18,5%) o Navarra (19,7%).

Y hay otros datos preocupantes. La edad media para empezar a fumar sigue en 16,6 años (como en 1997), aunque el mayor consumo diario se da entre los 35 y 64 años (30,2%). El tabaco de liar ya supone el 16,1% del consumo diario (otro 10,8% fuman cajetillas y tabaco de liar, mientras el 73,1% fuma sólo cajetillas) y crece año tras año, más entre los jóvenes por su menor precio. También crecen los cigarrillos electrónicos (dañinos para la salud, según los médicos y expertos), que han probado el 19% de la población, aunque sólo lo fuman a diario el 1,3%. Y lo más llamativo de la Encuesta Edades: el 67,7% de los fumadores “se han planteado dejar de fumar”, aunque sólo el 44% lo han intentado de verdad (más mujeres que hombres).

España se encuentra a medio camino entre los paises que más y menos fuman en Europa, el 2º continente que más fuma (26% de la población, 29% de los jóvenes entre 15 y 24 años). Si contabilizamos los mayores de 15 años que fuman cada día, la media europea está en el 18,4%, según Eurostat. En España son el 19,8% de los mayores de 15 años (8,3 millones), un porcentaje mayor que en Francia (17,8%), Italia (16,5%), Portugal (11,5%) y paises nórdicos (6,4% en Suecia, 9,9% en Finlandia) y menor que el porcentaje de fumadores en Alemania (21,9%), Grecia (23,6%) y la mayoría de los paises del Este  (28,7% fuman a diario en Bulgaria, 18,7% en Rumania, 20,4% en  Eslovaquia).

Este distinto consumo de tabaco entre los distintos paises europeos tiene mucho que ver con las distintas políticas antitabaco pero sobre todo está relacionado con el precio del tabaco, muy diferente entre paises. La Directiva europea obliga a aplicar al tabaco un impuesto especial (con 2 partes, una cantidad fija por cigarrillo y un porcentaje sobre su valor), con un mínimo, y después, el IVA de cada país. Pero estos dos impuestos son diferentes país a país. En el conjunto de la UE-27, el precio medio de la cajetilla es de 6,47 euros, donde el precio base son 1,17 euros y los impuestos son 5,30 euros (4,14 euros los especiales y 1,16% el IVA). Eso significa que el 82% del precio final de la cajetilla son impuestos.

Pero esta media esconde grandes diferencias de impuestos por paises, según este cuadro de Tax Foundation Europe. Los paises con más impuestos al tabaco son Irlanda (10,71 euros impuestos por cajetilla), Francia (8,09 euros), Paises Bajos (7,77 euros) y los paises nórdicos, mientras España está en el puesto 16º, con 3,13 euros de impuestos por paquete (79% del precio), parecido a Portugal (3,09 euros), menos que Italia (3,26 euros)o Alemania (3,80 euros) y un impuesto mayor que en Grecia (2,74 euros) y la mayoría de paises del Este (sólo 2,03 euros de impuestos por cajetilla en Bulgaria, 2,93 euros en Polonia o Hungría), que son precisamente los paises con más porcentaje de fumadores.

Al final, estos mayores o menores impuestos explican las grandes diferencias de precios del tabaco en Europa, aunque los fabrican las mismas multinacionales. Así, en noviembre de 2025, un paquete de Marlboro (la cajetilla más vendida) costaba 17,80 euros en Reino Unido, 15,60 euros en Irlanda, 12,50 euros en Francia, 13,90 euros en Noruega, 10,70 en Dinamarca y 10,30 en Finlandia, los paises más caros (ver cuadro). En España costaba 5,30 euros, el 9º país más caro, parecido a Grecia (5,40), Luxemburgo (5,80) y Portugal (6 euros), mientras los precios más bajos estaban en Bulgaria (3,80 euros), Polonia (4,60), Rumania y República Checa (4,70), Croacia y Lituania (4,80), Letonia y Eslovaquia (4,90).

El problema que plantean estas divergencias de precios son  las compras transfronterizas: los franceses pasan la frontera para comprar tabaco en Girona, Italia o Luxemburgo y los belgas y holandeses pasan a Alemania o a los paises del Este. Y además, hay más contrabando y fábricas ilegales en los paises con el tabaco más caro. Eso ha llevado a Francia y otros 15 paises europeos (España entre ellos) a enviar una carta a la Comisión Europea, en marzo de 2025, pidiendo una homogeneización de impuestos y precios del tabaco en Europa. La Comisión se plantea subir los impuestos, reforzar los controles aduaneros y endurecer la lucha contra las mafias, lo que podría subir en 2027 el precio final de las cajetillas unos 2 euros a los paises más baratos, España entre ellos.

Pero además del precio, la Comisión Europea está preocupada por el alto consumo de tabaco en Europa, porque provoca 700.000 muertes al año (8 millones en todo el mundo) y que el 50% de los fumadores mueran prematuramente, además de ser la primera causa de muchas enfermedades, desde cardiovasculares y respiratorias a muchos tipos de cáncer (un 30% son por fumar). En España, Sanidad considera al tabaco como la primera causa de las muertes evitables y estima que provoca 50.000 muertes al año (84% son hombres y 3.000 muertes son de fumadores “pasivos”), además de estar asociado a 35 enfermedades. Y los expertos estiman que el tabaco provoca un coste sanitario extra de 8.000 millones de euros anuales (el 8,8% del gasto total), además de un elevado coste por bajas laborales e invalideces.

Por todo este trágico coste, en vidas y gasto sanitario, la OMS lleva décadas intentando que los paises luchen más activamente contra el tabaquismo. Ya en 2003, la Asamblea mundial de la OMS aprobó por unanimidad el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), un abanico de medidas (reducción de la publicidad, recorte del consumo, empaquetado genérico, regulación cigarrillo electrónico, protección menores…) que la mayoría de paises no aplican. En España, la mayoría de estas medidas promovidas por la OMS se incluyeron en el Plan integral de Previsión y Control del Tabaquismo 2021-2025, redactado por el Ministerio de Sanidad en octubre de 2021 y consensuado con los médicos y asociaciones profesionales en diciembre de 2021. Pero el Plan antitabaco estuvo año y medio guardado en un cajón del Ministerio de Sanidad y no se aprobó hasta el 30 de abril de 2024.

El nuevo Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 pretende equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos con el tabaco, ampliar los espacios sin humo, mejorar la investigación sobre la nicotina y la salud, incorporar medicamentos subvencionados para dejar de fumar y cooperar con los Ayuntamientos en las ordenanzas sobre el tabaco. Para desarrollar este Plan, el Gobierno aprobó el pasado 9 de septiembre una nueva Ley frente al tabaquismo, que amplía las medidas de la Ley aprobada por Zapatero en 2005 y los cambios aprobados en 2010. La nueva Ley prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso, regula más la venta del resto, prohíbe expresamente fumar a los menores, limita más la publicidad y el patrocinio del tabaco, amplia la información obligatoria en las cajetillas y, sobre todo, amplía los espacios donde no se puede fumar: terrazas de bares y restaurantes, playas, vehículos con conductor, parques infantiles, paradas de autobús, instalaciones deportivas, exteriores de hospitales, colegios y universidades…

La Ley está en el Congreso, pendiente de las enmiendas y su aprobación, que no va a ser fácil, dado el rechazo de la hostelería y una parte de la derecha, que defienden “la libertad” de fumar (y envenenarse…). Con todo, médicos y expertos se quejan de que la Ley no contempla dos medidas claves para reducir el tabaquismo. Una, la subida de impuestos, para que la cajetilla valga al menos 10 euros, encareciendo además el tabaco de liar y el vapeo, lo que reduciría el consumo y las enfermedades/muertes. La otra, imponer un etiquetado genérico neutro, menos atractivo y con más información explícita de los graves daños de fumar. Además, muchos defienden una tercera medida, más drástica: prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2010, para crear “la primera generación sin tabaco”, como ya ha hecho Nueva Zelanda (prohíbe la venta a los nacidos a partir de 2009) y quiere hacer Finlandia (prohibiendo la venta a jóvenes a partir de 2030).

En resumen, se vende menos tabaco pero hay muchos fumadores y demasiadas muertes porque falta voluntad política para acabar con el tabaco, una droga que mata y tiene enormes costes sanitarios, económicos y sociales. Urge un Pacto nacional contra el tabaco, entre Gobiernos, médicos, profesionales y ciudadanos, para limitar al máximo su consumo y cercarlo sin contemplaciones, porque fumar no tiene nada que ver con la libertad sino con el suicidio. Hay que tomar las medidas que haga falta para que dentro de una o dos generaciones, casi nadie fume. Un país sin humo.

Salarios 2026: hay que repartir el crecimiento

En las próximas semanas, sindicatos y patronal van a negociar las subidas salariales para 2026, 2027 y 2028, como han hecho desde 2010. Pero este VI Acuerdo Salarial (AENC) no será fácil: los empresarios defienden subidas inferiores al 3% y los sindicatos piden un +4% anual, más un extra del 1 al 3% para los sueldos más bajos. Esta negociación es clave porque los sueldos son entre un 15% y un 25% más bajos que en Europa y han perdido poder adquisitivo tras la pandemia (-6,85%), lo que explica que muchas familias no lleguen a fin de mes y que tengamos 3 millones de trabajadores “pobres”. Es hora de acordar mayores subidas de sueldos, sobre todo los más bajos, porque las empresas llevan 5 años mejorando ventas y beneficios: en 2025, los márgenes empresariales subieron un +13% y los salarios un +3,5%. Subir más los salarios es una cuestión de justicia y de economía, para repartir el crecimiento y mantener el consumo, el crecimiento y el empleo. Nos afecta a todos.

                            Enrique Ortega

En enero ha habido un rosario de subidas (teléfono e Internet, luz, peajes, agua, basuras, alquileres, taxis, billetes de avión, tabaco, seguros…) que han complicado más llegar a fin de mes. Pero el resto de 2026 tampoco será fácil, porque los alquileres, alimentos y muchos servicios siguen subiendo, más que los sueldos. De hecho, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE: un 8,7% de los hogares llegan con “mucha dificultad”, otro 12,4% con “dificultad” y el 24,3% con “cierta dificultad”. Y el problema no es sólo la inflación (ahora más moderada, un 3% en 2025), sino en que muchas familias ingresan sueldos muy bajos, que no les permiten afrontar gastos crecientes.

En España, el salario medio mensual es de 2.385 euros brutos (2.027 netos), según el decil de salarios 2024 publicado por el INE, un sueldo más bajo para las mujeres (2.163 euros brutos) que para los hombres (2.593 euros brutos). Pero este sueldo es una media, porque hay muchos trabajadores que ganan mucho menos. Así, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos), un sueldo tan bajo que complica llegar a fin de mes. Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos), con lo que también tienen problemas para afrontar los gastos esenciales. Y sólo el 30% restante (5,6 millones de trabajadores) ganan más de 2.659 euros brutos (1.995 netos).

Unos sueldos que son mucho más bajos que la media de sueldos en el resto de Europa. Si miramos el salario por hora en 2024 (ultimo dato de Eurostat), en España se ganan 18,9 euros por hora, un 26,75% menos que la media en Europa (25,8 euros en la UE-27) y aún menos que Dinamarca (43,6 euros por hora), Bélgica (37,1 euros), Paises Bajos (34,3 euros), Alemania (33,3 euros), Austria (32,3),  Francia (29,7 euros) o Suecia (27,5 euros), aunque superamos a Italia (22,3 euros/hora), Portugal (14,7), Grecia (13,3 euros) y los paises del Este.

Además, el problema es que esta “brecha salarial” de España con Europa se ha agravado, porque los sueldos han crecido menos en los últimos 10 años: +26,2% en España (el 6º país UE donde han crecido menos) frente al +35,5% que han subido en el conjunto UE. Con ello, el salario medio bruto en 2024 de España (último dato de Eurostat) era de 33.700 euros anuales, un 15% inferior a la media europea (39.808 euros brutos) y muy por debajo del sueldo medio de Dinamarca (71.575 euros brutos), Irlanda (61.051), Bélgica (59.632),  Alemania (53.751), Francia (43.790), ocupando el puesto 11º en el ranking salarial, sólo por delante de Italia (33.523 euros brutos), Polonia (21.246) y los paises del Este.

Otro problema, que agrava estos salarios bajos, es que la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo. Los datos son claros. La subida salarial de los convenios ha sido de +16,65% entre el año 2.000 y el 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.  Eso supone una pérdida de poder adquisitivo del -6,85% en estos últimos 6 años. Y muchos trabajadores sin convenio (sólo lo firman unos 11 millones de los 19 millones de asalariados) han tenido incluso subidas salariales menores, con lo que han perdido todavía más. La pérdida de poder adquisitivo se concentró sobre todo en 2021 (+3,1% de inflación media y +1,45% de subida salarial) y 2022 (+8,4% de inflación y +3,02 de subida salarial), mientras los salarios han crecido ligeramente más que los precios en 2023 (+3,61% frente a 3,5%), 2024 (3,32% frente a 2,8%) y 2025 (los convenios han subido un 3,53%, frente a una inflación media del 2,70%).

Pero además, hay gastos básicos de las familias que han subido mucho más que los sueldos (+16,65%) en estos últimos 6 años (2020-2025). Es el caso de los alimentos (han subido jun 37,7%, según el INE), la vivienda (+24,5%), el vestido y calzado (+25,3%), los hoteles y restaurantes (+28,3%) y, sobre todo, los alquileres: han subido de media un 41,34% (de 10,4 euros/m2 a 14,7 euros/m2), según Idealista, y algo más en el caso de Barcelona (+48,75% entre 2020 y 2025) y Madrid (+48,75%).

Mientras, los márgenes y beneficios empresariales han subido mucho más que los salarios en estos años y en lo que va de siglo. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia que se viene dando desde el año 2.000: los beneficios brutos de las empresas se han multiplicado por 2,9 y los beneficios netos por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones), un aumento del +170%, según este estudio de Funcas. Y desde 2019, el beneficio de las empresas del IBEX ha aumentado un +139%, mientras cuadruplicaban los dividendos que repartían a sus accionistas. También es clarificador lo que ha pasado en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

Así que los sueldos en España son muy bajos y crecen poco mientras mejoran sensiblemente las ventas, márgenes y beneficios de las empresas, que además reparten a sus accionistas dividendos récord (42.671 millones repartieron las empresas cotizadas en 2025), mucho más elevados que en Europa. Pero además de sueldos bajos, tenemos otro problema: los sueldos son muy desiguales. Ya no sólo entre hombres ( 2.593 euros brutos) y mujeres (2.163 euros), sino por edades (1.372 euros brutos de 16 a 24 años y 2.131 de 25 a 34 años, frente a 2.591 de 45 a 54 años), por formación (1.594 euros los trabajadores con poca formación y 2.982 los que tienen estudios superiores), los que trabajan a tiempo parcial (el 87% ganan menos de 1.582 euros brutos) y en sectores peor pagados (en el servicio doméstico, el campo, la hostelería, administrativos y auxiliares  ganan entre 1.138 y 1.674 euros brutos), los empleados en pymes (el 54% ganan menos de 1.582 euros) o los que trabajan en autonomías más pobres (en Canarias ganan 2.051 euros brutos, en Murcia 2.120 y en Extremadura 2.127, frente a 2.809 euros de media en País Vasco o 2.761 en Madrid).

Y otro dato de desigualdad salarial que clama el cielo, las diferencias entre el sueldo de los altos directivos y sus trabajadores: en las 40 mayores empresas españolas, sus directivos cobran 111 veces más que la nómina media de sus empleados, según un reciente informe de Oxfam Intermón, que refleja que la media de ingresos de estos directivos es de 4,4 millones anuales (una cantidad que sus trabajadores sólo ganarían en un siglo). Una desigualdad que también es mayor en España que en Europa: en la UE, el 10% de los trabajadores con más ingresos ganan 7,5 veces más que el 10% con menos ingresos, mientras en España esa proporción sube a 9,6 veces.

Con este panorama salarial (sueldos bajos y muy desiguales) se inicia la negociación salarial para 2026-2028, dentro del VI Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que se empezó a negociar en 2010. El anterior, el V AENC, pactó unas subidas salariales del +4% para 2023 y de +3% para 2024 y 2025, más una cláusula de revisión del 1%, subidas que han sido básicamente respetadas en los convenios (han subido +10,46% en estos 3 años). Ahora, con una perspectiva de menor inflación  en 2026 (se prevé una subida media del +2,4%, frente al 2,7% en 2025), la negociación se espera difícil, porque los empresarios no quieren subir los sueldos más del +3% y los sindicatos ya han pedido una subida anual del +4%, más una subida adicional del 1 al 3% para los sueldos más bajos: +1% para los que tienen un sueldo un 10% inferior a la media del país (son 10,4 millones de trabajadores), un +2% adicional para los que ganan un 20% menos que la media (8,5 millones de trabajadores) y un +3% adicional para los que tienen sueldos un 30% inferiores a la media (son 6 millones de trabajadores).

Además, los sindicatos piden el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial, para que todos los salarios suban un 1,5% adicional si el IPC en diciembre es superior a la subida pactada. Y además piden que las empresas estudien el pago de complementos salariales en convenios de zonas afectadas por una fuerte subida de alquileres o que se negocien soluciones para los sectores más afectados por la falta de alquileres asequibles, lo que afecta sobre todo a los trabajadores de la hostelería, el turismo y la construcción.

Con estas peticiones sindicales, tan distanciadas de la patronal, se espera una negociación difícil y conflictiva. La tesis de los sindicatos es que “las empresas están ganando mucho dinero y es hora de repartirlo”, según señalan UGT y CCOO. Y recuerdan, además, que es hora de compensar a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Además, creen que es el momento, con la economía creciendo mucho, de repartir el crecimiento y aprovechar para subir más los sueldos más bajos, que condenan a muchos trabajadores a la pobreza: son casi 3 millones, el 13,7% de los empleados los que están en situación de pobreza (ganan menos del 60% de la media), según Oxfam Intermón, especialmente inmigrantes, mujeres y jóvenes, sobre todo los que trabajan en el campo, el hogar y la hostelería o con contratos a tiempo parcial.

Hay que estar atentos a esta negociación salarial para 2026, 2027 y 2028, no sólo porque afecta a millones de trabajadores (11 millones de asalariados están cubiertos por convenios, aunque otros 8 millones quedan fuera) sino también porque afecta decisivamente a la economía. Si los salarios no suben algo más que la inflación, será difícil sostener el aumento del consumo, uno de los motores del crecimiento y el empleo. Así que mejorar los salarios, para que sean más “europeos”, no sólo es una cuestión de justicia (el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, según los sindicatos) sino también de economía: necesitamos mejorar los salarios para mantener el consumo y seguir creciendo y creando empleo. Y las empresas deben entender que si quieren mejorar sus ventas y mantener sus beneficios, han de pagar más para que les compremos más.

España lleva décadas compitiendo en el mundo gracias a nuestros bajos sueldos. Es hora de dejar de ser “la China de Europa” y empezar a competir más en innovación, tecnología y bajando otros costes (la energía, por ejemplo, gracias a las renovables), aumentando el peso de la industria y los sectores de futuro, que conllevan más productividad y mejores sueldos. Las empresas llevan 5 años mejorando ventas y márgenes, aumentando sus beneficios, y es hora de que también los trabajadores se beneficien de la recuperación, con mejores sueldos, sobre todo los que menos ganan. Unos sueldos más decentes son además la base de un mayor consumo, mayor crecimiento y más empleo. Hay que conseguir que más españoles noten la mejoría de la economía, repartir mejor el crecimiento. Y para eso tienen que subir más los salarios en los próximos años, sobre todo los más bajos. Se puede y se debe.

EPA 2025: más empleo y paro inferior al 10%

El empleo cerró 2025 con la creación de 605.400 nuevos empleos, la 3ª mayor subida anual, tras  2021 (+840.600 empleos) y 2023 (+783.000). Y lo más llamativo: el paro bajó del 10% (9,93%), la menor tasa desde marzo de 2008. Además, el empleo es de calidad: el 84,86% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido. Pero no podemos olvidar dos datos que pesan como una losa: España es el país con más paro de Europa y la OCDE y tenemos una baja tasa de empleo, por lo que necesitamos que trabajen otro millón largo de españoles más. No podemos “dormirnos en los laureles”. Hay que seguir modernizando la economía e invirtiendo para que trabaje más gente y baje más el paro. Habría que aprobar dos medidas: un Plan de choque para los parados mayores, mujeres, jóvenes y 6 regiones con alto paro y una reforma a fondo de las oficinas de empleo, gestionadas por las autonomías y que no funcionan. Pero ambas medidas exigen algo hoy imposible: acuerdos políticos.

                            Enrique Ortega

Otro año más, las Navidades han sido buenas para el empleo, que creció en +76.200 personas en el 4º trimestre, algo más del doble que el año pasado (+34.800) y bastante mejor que en las Navidades de 2023 (-19.000 empleos) y 2022 (-81.900 empleos). Y como el resto del año fue bueno para el empleo, sobre todo la primavera (+503.300 empleos en el 2º trimestre), 2025 se cerró con 605.400 personas más trabajando en España, según la EPA publicada el martes. Es el tercer mejor año para el empleo desde la pandemia, tras los anteriores récords de 2021 (+840.600 ocupados) y 2023 (+783.000 ocupados). Con este nuevo aumento, ya trabajan en España 22.463.300 personas, otro récord histórico, que supera con creces el mejor dato de nuestra historia, las 20.646.000 personas que trabajaban en junio de 2008. Y desde antes de la pandemia (diciembre 2019), España ha creado ya casi 2,5 millones de nuevos empleos (+2.496.400 ocupados en estos 6 años).

En 2025, el aumento del empleo (+605.400 ocupados) se ha dado más entre las mujeres (+306.200) que entre los hombres (+299.200), concentrándose sobre todo en los mayores de 50 años (+383.300 empleos, el 63% del total) y entre los jóvenes (+275.400 empleos entre los 20 y 29 años), cayendo sólo la ocupación entre 40 y 49 años (-45.100) y entre los menores de 20 años (-8.300 ocupados). Un dato relevante es el fuerte aumento porcentual del empleo entre los extranjeros (+257.900 empleos, +7,7%), aunque crece más numéricamente entre los españoles (+341.700 empleos, +1,97%). Y con ello, el 15,91% de los ocupados en España (3.575.900 trabajadores)  tienen nacionalidad extranjera.

La mejora del empleo en 2025 se ha debido casi toda al sector privado (+553.300 empleos) y apenas creció el empleo público (+50.100 ocupados). El motor del empleo volvieron a ser los servicios (+369.900 empleos), sobre todo por el turismo, la hostelería y el comercio, creciendo también en la industria (+112.200), la construcción (+79.500) y en el campo (+43.800 ocupados en agricultura). Por autonomías, el mayor aumento porcentual del empleo se ha dado en Ceuta (+9,81%: +3.000 empleos), Murcia (+5,89%: +39.600 empleos), Extremadura (+4,58%: +19.100 empleos)  y Castilla la Mancha (+4,26%: +38.800 empleos), aunque en cantidad total, quienes crearon más empleo fueron Andalucía (+138.400), Comunidad Valenciana (+98.800). Madrid (+78.800) y Cataluña (+57.300), cayendo sólo en Melilla (-600 ocupados).

La mejora del empleo (+605.400) ha sido mayor que la bajada del paro, que se ha reducido en -118.400 personas en todo 2025, menos que en 2024 (-265.300 parados) debido a que han vuelto a subir “los activos”, las personas que se han “animado” a buscar trabajo (han crecido en +487.100), alcanzando otro récord histórico (24.940.400 “activos”). Eso puede deberse a una mayor entrada de extranjeros y a que hay más mujeres y jóvenes que buscan ahora trabajo. Con todo, tenemos una cifra de parados de las más bajas de nuestra historia: 2.477.100 parados a finales de 2025. Y la tasa de paro baja del 10%, hasta el  9,93%, la más baja desde 2008 (9,6% de paro en marzo), a años luz del paro disparado de 2013 (26,94% en marzo) aunque todavía lejos del “suelo” de junio de 2007 (cuando la tasa de paro era del 7,93%). 

El paro en 2025 ha bajado más entre los hombres (-79.500) que entre las mujeres (-38.800), también hay más paradas (1.323.800 frente a 1.153.300 parados) y tienen una mayor tasa de paro (11,24% frente al 8,76% los hombres). Y el paro ha bajado más entre los que tienen de 25 a 54 años (-87.700 parados, el 74% de la bajada total), bajando mucho menos entre los menores de 24 años (-39.700 parados) y subiendo entre 20 y 24 años (+13.100 parados). Con ello, baja el paro entre los menores de 25 años (del 24,9 al 23%), aunque sigue siendo altísimo y casi duplica al paro juvenil en Europa (15,1% en la UE-27), cuadruplicando el alemán (6,8%). El paro ha bajado sobre todo en los servicios (-43.200 parados), entre los que perdieron su empleo hace más de un año (-63.200 parados) y entre los que lo buscan por 1ª vez (-14.100 parados), también en el campo (-4.700 parados), subiendo en la industria (+4.200 parados) y en la construcción (+2.600). Y destaca la bajada del paro en Cantabria (-17,56%, -4.100 parados), Madrid (-17,45%, -57.300), Murcia (-14,91%,-15.500) y Comunidad Valenciana (-14,12%, -47.100), mientras subió el paro en 7 regiones, sobre todo en Canarias (+12.500), Castilla la Mancha (+7.600) y Navarra (+5.600 parados), según la EPA.

La histórica bajada del paro por debajo del 10% de los activos no puede hacernos olvidar que hay 6 regiones con una tasa de paro muy superior: Melilla (23%), Ceuta (22,21%), Andalucía (14,66%), Extremadura (13,42%), Canarias (12,63%) y Castilla la Mancha (12,05% de paro), mientras hay otras 9 autonomías que tienen una tasa de paro “casi europea” (6% es la tasa paro UE-27): Madrid (7,04%), País Vasco (7,50%), Aragón (7,70%), Baleares (7,80%), La Rioja (8%), Navarra (8,10%), Cataluña (8,24%), Galicia (8,26%) y Asturias (8,42% de paro), según la EPA. Tampoco podemos olvidar que hay 772.300 hogares (el 3,9% del total) con todos sus miembros en paro (aunque es la cifra más baja desde 2007).

Pero hay otros datos del paro que son muy positivos. Uno, que ha subido el número de parados que reciben un subsidio, tras la reforma del desempleo en 2024: son 1.838.267 beneficiarios, el 76,31% de los parados registrados (eran el 61,53% en 2019)  los que se benefician de alguna ayuda, según Trabajo (869.966 cobran un subsidio contributivo que ya está en 1.029 euros mensuales y el resto reciben un subsidio asistencial de 480 euros).  Y otro, que siguen bajando los parados de larga duración, quienes llevan más de un año sin encontrar trabajo: eran 900.800 parados a finales de 2025 (-98.900), el 36,36% de todos los parados, la mayoría de ellos parados mayores de 45 años y mujeres (500.900).

Junto a la bajada histórica de la tasa de paro (al 9,93%), el otro gran dato relevante de esta EPA 2025 es la calidad del empleo que tenemos, no solamente que la cantidad (22.463.300 ocupados) sea récord. Así, gracias a la reforma laboral (que entró en vigor en marzo de 2022), en 2025 no sólo trabajó mucha más gente sino que sigue aumentando el número de asalariados con contrato indefinido: eran 16.260.000 trabajadores, el 84,86% del total, cuando eran el 83,50% a finales de 2023 (y el 74,6% a finales de 2021). Además, han subido algo los ocupados a tiempo completo (del 86 al 86,24%) y bajan ligeramente los trabajadores a tiempo parcial (del 14 al 13,75%), que superan los 3 millones (de esos 3.089.000 empleos parciales, 2.250.000 los tienen mujeres).

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 (+783.000), 2024 (+468.100) y 2025 (+605.400 empleos), porque creceremos algo menos (+2,2%, frente al +2,9% en 2025). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos, aunque se han creado 605.400) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados en 2026 (22.989.350) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ya conseguido en 2025).

Los datos de la EPA 2025 indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 9,93% en España frente al 6% en la UE-27 y el 4,8% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2024 trabajaban aquí el 71,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,8% que trabajaban en Europa, el 75,1% en Francia o el 81,3% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene 1,2 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,5 millones de españoles menos de los trabajarían si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto como país: modernizar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y que eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y más con un contexto internacional tan incierto. Eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 6 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

 Y la otra medida, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Pronto van a cumplirse 3 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se hace un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo colocan a menos del 3% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 89.977 empresas y 28.977 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas de empleo, gestionadas desigualmente por las autonomías.

En resumen, España crece y crea más empleo que el resto de Europa, pero no podemos quedarnos en los récords. Seguimos con el grave problema de fondo: trabaja menos gente y tenemos más paro que en Europa. Ese debe ser el gran reto y el primer objetivo de todo lo que hagamos, porque es la clave para mejorar el futuro. Y no podemos hacerlo sin grandes acuerdos económicos, políticos y sociales, hoy imposibles.

El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.