Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.
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lunes, 16 de noviembre de 2026
Fiebre por invertir en el campo
Los inversores y Fondos extranjeros no sólo se han
lanzado a comprar pisos, oficinas, hoteles o Centros comerciales en
España, también han dirigido su fiebre inversora al campo, comprando
fincas rústicas: 1,4 millones han cambiado de manos en los últimos 10 años,
invirtiendo 1.200 millones de euros sólo en 2025, en fincas de Aragón, Andalucía,
las dos Castillas y Comunidad Valenciana. Buscan fincas grandes, de
regadío, para implantar cultivos “industriales” de olivos, almendros,
pistachos, aguacates y cítricos, más rentables y exportables, en
sustitución de cereales y cultivos tradicionales. Y los agricultores
familiares no pueden competir con ellos: muchos venden (en vísperas de jubilarse, sin
relevo generacional) o alquilan sus tierras. Es lo que se llama “uberización
del campo”. Esta fiebre por las fincas rústicas, de empresas, apellidos
conocidos y Fondos extranjeros, está cambiando el panorama del campo,
disparando los precios, con mucha maquinaria y poco empleo, echando a
los agricultores tradicionales. Es una estrategia similar a lo
que ha pasado con la vivienda. Compraventa de 1,4 millones de fincas rústicas en los últimos 10 años
Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.
Este año, de enero a agosto, se han registrado 112.612
compraventas de fincas rústicas en España, según
el último dato del INE, +1,2% que en ese periodo de 2025. Y en todo el año 2025
cambiaron de manos 167.253 fincas rústicas, +18,6% que antes de la pandemia
(141.036 compraventas en 2019). Y este
año 2026 se espera cerrar con unas 172.000 compraventas de fincas rústicas,
la cifra más alta desde 2007. Unas compras que ya movieron en 2025 una
inversión de 1.200 millones de euros en España y Portugal, un 50% más
que en 2024, según
la consultora norteamericana CBRE. Y prevén que esta inversión en “agribusiness” crezca este año 2026 entre un +5 y un +20%,
dependiendo de los Fondos extranjeros. Actualmente, la compraventa de tierras
se concentra en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León y Extremadura. Y, según
CBRE, más de la mitad del capital invertido (5.300 millones entre 2022 y
2025) en fincas procede de inversores institucionales (Fondos de
inversión, bancos, aseguradoras, Fondos de pensiones, Fondos “buitre” y grandes
gestoras).
Hay dos
tipos de inversores en el campo. Unos, los menos, son familias
ricas con grandes patrimonios que compran fincas para recreo, caza o
como inversión a medio plazo. El otro inversor, mayoritario, es un
inversor “profesional”, que buscan fincas rústicas para instalar grandes
explotaciones agrícolas (y ganaderas), con intención de conseguir una alta
rentabilidad a medio plazo, vendiéndolas después. Según
datos de COAG, hay más de 900 Fondos de inversión que poseen tierras
en España y Portugal, valoradas en más de 100.000 millones de euros.
Y hay un tercer grupo de compradores, los que buscan tierras para poner instalaciones
solares o eólicas.
En los últimos años, junto a los Fondos de inversión y las
empresas, hay una serie de “apellidos españoles ilustres” que se
han lanzada a comprar tierras rústicas, según
una investigación de Público. Es el caso de la familia Entrecanales
(dueña de Acciona), que tiene 5 sociedades con cultivos de almendra en 6
localidades (3.965 hectáreas). O de María y Joaquín del Pino (hermanos
del presidente de Ferrovial, que llegaron a tener el 46% de Innoliva, ahora propiedad
del Fondo canadiense Fiera Comox. Javier Botín, hermano de la presidenta
del Santander, ha negociado la entrada en Arofa, empresa navarra dedicada al
cultivo de almendra en Huesca. Marc Rahola, sobrino del balear Abel
Matutes ha creado una empresa, Almond SL, que cultiva 1.000 hras. de almendros en
Huesca y Lérida. Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig (Mercadona) está
asociado con Sovena, el proveedor portugués de aceite de Mercadona y va a crear
una empresa de capital riesgo para invertir 500 millones en “agronegocios”,
junto al banco Santander y grandes fortunas. También hay futbolistas y
famosos comprando fincas e incluso una iglesia mormona USA ha
comprado fincas en Portugal.
¿Por qué hay esta fiebre por comprar fincas rústicas? Hay
varias
razones. La primera, que las fincas rústicas en la Península son
baratas, cuestan menos que en la mayoría de Europa. En 2025, el
precio medio por hectárea era de 10.367 euros/ha, según
el Ministerio de Agricultura, aunque el precio varía mucho por regiones y
si la tierra dispone de agua o no. Así. el suelo rústico más caro se
encuentra en Canarias (157.126 euros/ha, por la falta de suelo y la
demanda para plataneras), seguida de lejos por Murcia (33.808 euros/ha) y Baleares
(22.588 euros/ha), mientras el suelo rústico es mucho más barato en La Rioja
(19.942 euros/ha) y Comunidad Valenciana (19.541 euros/ha) y, sobre
todo, en Castilla y León (5.237 euros/ha) y Castilla la Mancha
(5.254 euros/ha), lo que ha disparado el interés por comprar tierras en estas
tres regiones más baratas (las dos Castilla y Levante).
También juegan
a favor de las compras rústicas el clima español y la disponibilidad
de agua en algunas zonas (Aragón, Murcia y parte de Andalucía). Pero la
clave es la alta rentabilidad que empresas y Fondos obtienen de
los “agronegocios”: entre el 10 y el 12% anual, según
la consultora CBRE, aunque algunas inversiones, como la del Fondo de
capital riesgo Beka Bolschare Iberian Agribusiness, que explota tierras de
olivar y almendros en Castilla la Mancha y olivares en el Alentejo portugués alcanzaron
el 21% de rentabilidad en 2021, gracias a los precios disparados del aceite. Otra gestora de las mayores del mundo, la
norteamericana Nuveen Natural Capital, reconoce que el agronegocio supone un
25% de su cartera. Y eso porque consideran que la tierra es “un
activo defensivo”, seguro y rentable.
La rentabilidad que buscan inversores, empresas y Fondos lo
consiguen porque compran (o alquilan) grandes fincas rústicas para
instalar cultivos “industriales” (o granjas de animales), muy
mecanizados, con poca mano de obra, y con cultivos muy rentables a corto y
medio plazo. Estos “agronegocios”
buscan fincas de olivos y cítricos o donde puedan plantar almendras,
pistachos o aguacates, sus tres cultivos favoritos, porque
pueden obtener una alta rentabilidad, sobre todo al exportar las cosechas.
Veamos por qué.
El cultivo
de almendros se ha disparado en España, que ya es el país del mundo con más superficie plantada (32% del total mundial) y el tercer
productor mundial de almendra (tras USA y Australia, a la que espera
superar pronto) y su precio se dispara (+69% en 2025), lo que ha impulsado
la producción nacional (453.000 Tm en 2025, +23%). El
pistacho ha aumentado mucho más su producción en España (34.000 Tm,
+41%) y la fiebre por este cultivo es tal que el 86% del pistacho producido
en Europa se cultiva en España, empujado por un aumento de precios del +28%
en los últimos 4 años. A pesar de que son 2 cultivos que necesitan años
para conseguir una producción óptima (de 4 a 5 años el almendro y entre
7 y 10 años el pistacho), eso no asusta a empresas, inversores y Fondos,
que tienen dinero para esperar y saben que su consumo mundial se ha disparado.
De hecho, España es el tercer exportador mundial de almendras a China y
ha disparado también sus exportaciones de pistachos y aguacates
a EEUU, resto de Europa y China.
Las consecuencias de esta creciente presencia
de empresas y Fondos en el campo español son constantemente denunciadas
por las organizaciones agrarias. La primera, que esta fiebre compradora
de fincas está disparando los precios, revalorizando las fincas un +15%
de media desde 2020. Pero en realidad, denuncian, las
compras de los Fondos de inversión en Aragón, por ejemplo (más de 6.000
hectáreas han cambiado de manos en los últimos tres años) se han hecho pagando
el doble y el triple del precio de la tierra y los arrendamientos, unos
precios imposibles para los agricultores locales (hasta 25.000 y 30.000
euros/ha por fincas de regadío en el Alto Aragón, el triple del precio
habitual). Y muchos venden porque son agricultores mayores (en España, el
41% de los agricultores familiares tienen 65 años o más) y no tienen hijos que tomen el relevo.
Eso está provocando, en muchas regiones, el abandono de agricultores (y de
cultivos tradicionales, como el cereal), reduciendo el empleo, porque son
explotaciones “industriales” muy mecanizadas.
Las organizaciones agrarias llevan años denunciando
esta “invasión” de empresas,
inversores y Fondos en el campo español, porque están
transformando el modelo agrícola tradicional, provocando una “brutal
reconversión” que sustituye pequeñas y medianas explotaciones agrarias por
grandes explotaciones industriales, que consiguen los mejores terrenos y
consumen mucha agua y fertilizantes pero poco empleo, con el consiguiente
abandono de cultivos y tierras de secano. Y dan algunos ejemplos de cómo consiguen
un “monopolio” de producción y comercialización en algunos cultivos, como señala un estudio de
COAG. Uno de ellos es el cultivo de uva de mesa en Murcia, donde 3
grandes empresas (con Fondos de inversión detrás) controlan ya el 85% de la
producción y comercialización. Lo mismo pasa con las macrogranjas de
animales, el sector porcino o incluso el cultivo hortícola: el grupo
alimentario Citrus (GAC), empresa valenciana participada por la
multinacional norteamericana Taylor Farms y creada en el año 2.000 para
abastecer a Mercadona de ensaladas, verduras y hortalizas acapara 5.000
hectáreas de cultivo en 7 provincias. Y ha comprado la mayoría de la empresa
murciana Agroalimentaria.
Ya en 2019, la organización agraria COAG utilizó por
primera vez un concepto para definir esta penetración de empresas e inversores
en el campo español: la
“uberización” del campo. Se trata de un fenómeno socioeconómico
por el que las grandes corporaciones alimentarias, los fondos de
inversión y los mercados financieros “acaparan
tierras agrarias, transformando el modelo tradicional de agricultura familiar
en un sistema industrializado y corporativo”.
El proceso parte de la entrada de fondos e inversores que compran miles de
hectáreas, las mejores, buscando la alta rentabilidad de algunos cultivos
(olivar, almendra, aguacates y pistachos), amparados en los bajos precios de
las fincas en España respecto a otros paises y al enorme potencial del
consumo alimenticio, en España, en Europa (España es “la despensa de Europa”
y en el mundo (donde hay déficit de alimentos).
Otro factor que ha animado la fiebre por la tierra y el “agronegocio”
es que consiguen además importantísimas subvenciones europeas, de la
política agraria común (la PAC). En 2024, el campo español recibió 7.755
millones en ayudas de la PAC y los grandes propietarios agrarios se
llevaron la mejor parte, según
un estudio de Greenpeace: 484 (el 0,1% de los beneficiarios) se llevaron
675 millones (el 9,3% de las ayudas) y 6.800 (el 1% de los beneficiarios) se
llevaron el 24% de las ayudas. En conjunto, el estudio revela que las grandes
empresas, el sector agroalimentario y los grandes propietarios se
llevaron el 79% de las ayudas de la PAC, mientras la gran mayoría de
agricultores sólo recibieron el 21% restante…
Las consecuencias del “agronegocio” son un
aumento constante de los precios de la tierra, que expulsan
a muchos agricultores o les transforman en arrendatarios (“uberización”),
un cambio del modelo agrícola (con la “industrialización” del campo), un cambio
de cultivos que degrada los suelos y reducen la biodiversidad, un agotamiento
del agua y los acuíferos, una mayor generación de emisiones de gases de efecto
invernadero, un mayor despoblamiento rural (menos agricultores y menos asalariados
en unas explotaciones muy mecanizadas), además de un mayor riesgo en el abastecimiento
alimentario, porque se cultiva sobre todo para exportar, lo que aumenta
el precio interno de los alimentos.
El resultado de esta “agroindustralización” del campo
lo refleja este
dato del Ministerio de Agricultura: en España hay 1 millón de explotaciones
agrarias, de las que el 93,4% corresponden a personas físicas, unos
345.000 agricultores familiares, y el 6,6% son de empresas, que
obtienen el 42% de la producción agraria… Para evitar que los agricultores
pequeños y medianos se lleven sólo la mitad del “pastel agrario”, los
sindicatos agrarios proponen
distintas medidas: reordenar las ayudas europeas de la PAC
(dirigirlas a los agricultores profesionales y poner topes máximos por
explotación), aprobar un Estatuto de la Agricultura Familiar para blindarles
ante los oligopolios, evitar abusos en los precios de la cadena
alimentaria, controlar el dominio de los grandes grupos agroalimentarios
y Fondos sobre semillas, fertilizantes, el agua y la producción final, crear
bancos
públicos de tierras para incorporar a agricultores jóvenes y establecer
límites a la compra masiva de tierras agrarias por sociedades y Fondos
de inversión, con una mayor fiscalidad.
Y una reflexión final. En los últimos años, los
españoles hemos visto las consecuencias de que la vivienda se haya
convertido en una
“inversión especulativa” que atrae a inversores y Fondos, lo que ha
disparado sus precios en perjuicio de los que no pueden comprarla o alquilarla.
Algo similar y menos conocido está pasando también en el campo:
inversores, Fondos y grandes fortunas se están dedicando a comprar
fincas rústicas para negocio, ocio y especulación, disparando el precio de
las tierras y echando a los pequeños agricultores familiares, obligados a
vender o a alquilar su tierra y su trabajo. Un grave problema que pone en
peligro no sólo la agricultura tradicional y las zonas rurales
sino también nuestra autonomía alimentaria (priorizan las exportaciones)
y dispara los precios de los alimentos. Como con la vivienda,
hay que controlar la actividad de estos Fondos,
inversores y empresas dedicados al “agronegocio”
y limitar con normas e impuestos su crecimiento. Antes de que sea demasiado
tarde.
Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.
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jueves, 12 de noviembre de 2026
Zonas de Bajas Emisiones: "toque" a los Aytos
La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un
Decreto para obligar a los 153 Ayuntamientos con más de 50.000
habitantes a implantar eficazmente las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
para limitar el acceso al centro a los vehículos más contaminantes. Las ZBE deberían
estar en marcha desde enero de 2023, pero la mayoría de Ayuntamientos
afectados (sobre todo los gobernados por PP y Vox) las han retrasado y las aplican
en zonas pequeñas o no multan a los vehículos infractores. El Gobierno
les da ahora un plazo de 1 mes, hasta el 26 de diciembre, para que remitan
información sobre las ZBE y las multas aplicadas. Pero el Decreto será papel
mojado si llegan al Gobierno PP y Vox, que han boicoteado en varias
ciudades la aplicación de estas restricciones, suprimiendo también los
carriles bici. Mientras, dos tercios de la población española respira
un aire contaminado, según los futuros topes de la UE para 2030, lo que
provoca múltiples enfermedades y 22.000 muertes al año. Urge evitarlo. Enrique Ortega
La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) estima que el 95% de los europeos que viven en las ciudades están expuestos a una contaminación que supera los topes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una contaminación que causa múltiples enfermedades (pulmonares, cardiovasculares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños) y afecta especialmente a los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Y cifra en 279.000 las muertes prematuras por contaminación en Europa (2023), de ellas 22.000 muertes anuales en España (más 62.000 ingresos hospitalarios, según el Instituto de Salud Carlos III).
La elevada contaminación de las ciudades está provocada,
básicamente, por el tráfico de vehículos, las calefacciones y las
industrias, según los expertos. El contaminante más peligroso (causa
13.300 muertes anuales en España) son las
partículas PM 2,5 (de menos de 2,5 micras), procedentes de los motores
(sobre todo de los vehículos diesel), las calefacciones, las centrales térmicas
y las emisiones de fábricas e industrias. Le sigue el ozono
troposférico (6.600 muertes en España), el O3, generado por las reacciones
químicas entre los contaminantes emitidos por el hombre y las olas de
calor o los incendios, un contaminante que se ha disparado en los últimos
años. En tercer lugar de peligrosidad (4.100 muertos anuales) está el
N02 (dióxido de nitrógeno), emitido por la quema de combustibles fósiles
en el transporte (el 75%), las industrias y los edificios. Y queda la
contaminación por partículas
PM 10, emitidas por fuentes naturales (erosión suelo, polvo desierto y
polen), el tráfico, obras de construcción, industrias y manipulación de cemento
y áridos.
En España, son 9.113.680 habitantes (el 18,6%, 1
de cada 6 censados), que viven en ciudades, los que superan los límites
de partículas, ozono y NO2 que establece la normativa europea (Directiva 2008/50/UE) y española (Real Decreto 102/2011), que están en vigor desde
el 6 de enero de 2011, según
el último estudio de Ecologistas en Acción, correspondiente a 2025, tras
analizar los registros de 780 estaciones de medición en 132 zonas de España.
Eso afecta a una superficie de 83.000 kilómetros cuadrados, el 16,6% de todo
el territorio español. Pero si aplicamos los nuevos topes de
contaminación, aprobados por la UE para 2030 (Directiva 2024/2881, pendiente de trasponer por España), serían 32,5
millones de españoles (2 de cada 3 habitantes) los que viven en lugares que superan
esos futuros topes europeos de contaminación (la mitad de los
actuales). Y si
España aplicara los topes que recomienda la OMS (la cuarta parte de
los vigentes), prácticamente todos los españoles (49,01 millones, el
99,8%) respiran un aire que los supera.
Ante este preocupante panorama de contaminación (vea en este Visor la
contaminación hoy en 53 ciudades españolas), que causa en España 22.000
muertes anuales (12 veces más que los accidentes de tráfico) y unos costes
económicos y sanitarios de 32.000 millones anuales (el 2,4% del
PIB), el Gobierno Sánchez aprobó
en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, aunque no fue aprobada por
el Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con
la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo
objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
un 23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta
para reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las
ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta
contaminación) estaban obligados a implantar
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a esas zonas
(generalmente el centro de las ciudades) de los vehículos más contaminantes
(sin etiqueta). Y les daba una fecha para que esas zonas restringidas al
tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de 2023 (casi 2 años
después).
El problema fue que la gran mayoría de consistorios
(gobernados por PP y Vox) han
“remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no
eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían
aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de
2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se habían sumado
8 ciudades más, con lo que eran 57 las ciudades grandes (53 de
más de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000
habitantes) que habían implantado una Zona de Bajas
Emisiones (ZBE). Así que de las 153 ciudades obligadas por la Ley de
Cambio Climático a instalar zonas de acceso restringido, 100
ciudades no las aplicaban más de 3 años después del plazo fijado: 90
estaban en proceso de instalarlas (muy despacio: no tienen prisa) y
otras 10 ciudades no han iniciado el proceso, se han declarado
“en rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro,
Sanlúcar de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).
En los últimos meses, se ha agravado incluso la
rebeldía de distintos Ayuntamientos, tras el avance de PP y Vox en las
últimas elecciones autonómicas y los sondeos favorables. Y esta oposición de
ambos partidos a las ZBE es clave, porque el PP gobierna (solo o con
Vox) 80 de las 153 localidades con más de 50.000 habitantes (entre
ellas 32 capitales). Ya en noviembre de 2025, Vox
presentó en la Comisión Mixta Congreso-Senado
para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) una proposición no de
Ley para que se derogaran las ZBE, propuesta
que se rechazó en junio de 2026 por 32 votos en contra (incluidos los
del PP) y 2 a favor (los de Vox). Y hace unos días, el 4 de noviembre, PP y Vox
pactaron en el Ayuntamiento de Zaragoza modificar la Ordenanza municipal
para desactivar en la práctica la ZBE, multando sólo en días de especial
contaminación. Y lo mismo han hecho este año (paralizar su aplicación práctica)
en Málaga, Elche, Gijón, Palma, Valladolid, Castellón, Lorca, Majadahonda o
Santa Cruz de Tenerife… Y el Ayuntamiento de Madrid decidió este año (marzo
2026) prorrogar
indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y
que aparquen en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su
titular esté empadronado en la capital.
En paralelo, varios municipios gobernados por PP y Vox, han
anunciado que van a modificar
o eliminar los carriles bici. Es el caso de Elche, Gijón, Palma, Valladolid
o Logroño,
ciudad donde el Ayuntamiento (PP) mandó demoler varios tramos de carril
bici, a pesar de que habían recibido 4,4 millones de ayudas europeas
para hacerlo. Precisamente, el Ministerio de Transición Ecológica ha
advertido a varios Ayuntamientos “rebeldes”
que si no implantan las ZBE o los carriles bici, tendrán que devolver las
ayudas europeas que se les concedieron en su día para ponerlas en
marcha (y no modificarlas en 5 años).
En definitiva, la realidad es que casi 4 años después
de que entrara en vigor la obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones
en 153 ciudades españoles, en la mayoría de los casos no
se aplica la Ley como debería: en unos casos, porque se ha
paralizado la puesta en marcha y en la mayoría porque está en vigor, pero con 2
“trucos”: afectan a zonas muy pequeñas del centro de las
ciudades y además no se multa a los vehículos infractores (o se les
multan, pero no se cobran las multas). La propia Fiscalía de Medio Ambiente y
el Defensor del Pueblo han
pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la
instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción ha
llevado a los Tribunales a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander
y Alicante) mientras preparan otros recursos (contra Valencia y Arganda) por
“inacción, fraude o falta de ambición” en la creación de Zonas de Bajas
Emisiones.
El Gobierno Sánchez se ha hartado de
enviar requerimientos y que les respondan con más medidas para anular
en la práctica las ZBE. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica ha
aprobado, el pasado 3 de noviembre, un Real Decreto (956/2026) para
modificar el anterior Decreto de creación de las ZBE (1052/2022, de 27 de
diciembre) y exigir
algunas obligaciones a los 153 Ayuntamientos obligados a implantar
esas ZBE. Por un lado, deberán acreditar documentalmente la entrada en
vigor de esas ZBE, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control
de accesos, monitorización y seguimiento. Y por otro, el Real Decreto exige que
las Ordenanzas municipales contemplen y apliquen
el régimen sancionador previsto (multas), “sin recurrir a sistemas
transitorios” (el truco de aplicar “moratorias”: el Ayuntamiento de Ciudad
Real aprobó en septiembre una moratoria de 3
meses en la aplicación de multas). Y les da a los Ayuntamientos un
plazo de un mes desde la entrada en vigor del Decreto (26 noviembre, porque
no debe
ser convalidado por la Diputación Permanente, al ser un Decreto
ordinario, no un Decreto Ley). O sea, hasta el 26 de diciembre.
Los 153 Ayuntamientos afectados, la mayoría gobernados por
PP (y Vox) tendrán que cumplir con el Decreto y enviar la documentación a
un Gobierno que estará en funciones, tras las elecciones del 29-N. Y si
el PP acaba gobernando con Vox, la mayoría de estos Ayuntamientos
seguirán sin cumplir con la Ley de Cambio Climático y las ZBE, que Feijóo
ha prometido “revisar”, por sus posiciones cada vez más “negacionistas” y
presionado por Vox,
que defiende abiertamente suprimir las ZBE. Así que el futuro de la
contaminación de las grandes ciudades (con su secuela de enfermedades y
muertes), va a depender del resultado de las próximas elecciones. Otro tema
clave a considerar al votar el 29-N.
La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) estima que el 95% de los europeos que viven en las ciudades están expuestos a una contaminación que supera los topes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una contaminación que causa múltiples enfermedades (pulmonares, cardiovasculares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños) y afecta especialmente a los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Y cifra en 279.000 las muertes prematuras por contaminación en Europa (2023), de ellas 22.000 muertes anuales en España (más 62.000 ingresos hospitalarios, según el Instituto de Salud Carlos III).
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lunes, 9 de noviembre de 2026
Huelga 11-N: no sólo por la vivienda
Es una huelga “rara”. La propuso el Sindicato de
Inquilinos, tras el desalojo y muerte de Maricarmen, pero la relanzaron los
sindicatos: hartos de que la patronal no se haya sentado a negociar la subida salarial de 2026 y hasta
2028, vieron en la movilización por la vivienda una oportunidad para protestar
contra los bajos salarios, que se come la inflación,
y la precariedad laboral. Así, la huelga se convoca con 3 palabras:
salarios, vivienda, precios, por este orden. Salarios y
precios porque la alta inflación (4,9%) se come la menor subida
de convenios (+3,05%), mientras crecen los márgenes y beneficios
empresariales. Y vivienda, porque los alquileres e hipotecas se
llevan entre un tercio y la mitad de los salarios, más bajos que en Europa.
Además, muchas pymes no pueden pagar los alquileres de locales. Así que
la huelga intenta presionar a la patronal para que negocie y al futuro Gobierno
para que tome medidas sobre la vivienda. Pero la clave estará en el
voto de los españoles el 29-N. Huelga 11 noviembre: salarios, vivienda y precios, los tres motivos de la convocatoria
Las dos ultimas huelgas generales se convocaron en España en 2012: el 29 de marzo, contra la reforma laboral de Rajoy, y el 14 de noviembre, siguiendo una huelga europea contra los recortes impuestos por la Comisión Europea. Ahora, esta huelga del 11 de noviembre se ha gestado de una forma “rara”: la propuso inicialmente el Sindicato de Inquilinos, tras el desalojo y la muerte de Maricarmen, pero la convocatoria no fraguó hasta que se sumaron los sindicatos UGT y CCOO, que son quienes suelen convocar huelgas. Y lo han hecho porque han visto en la movilización por la vivienda una oportunidad para presionar a la patronal (cada vez más ligada al PP) a que se siente a negociar salarios y condiciones laborales, a lo que se han negado todo este año, por lo que no se ha firmado el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-28, tras los 5 Acuerdos trianuales firmados en 2012 (enero), 2015 (junio), 2018 (julio) y 2023 (mayo). Y además, por la vivienda, que “se come” (alquileres e hipotecas) gran parte de los salarios de los trabajadores.
Así que la convocatoria de la huelga del 11-N no es
sólo por la vivienda. De hecho, en
el manifiesto de convocatoria se utilizan 3 palabras: salarios,
vivienda, precios, por este orden. Y se habla también de reducir
la jornada laboral a 37,5 horas (los sindicatos la pactaron con el Gobierno
en 2024, pero se
tumbó en el Congreso en septiembre de 2025, con los votos en contra de
Junts, PP, Vox y UPN), de reducir la precariedad laboral (hay casi 3
millones de trabajadores a tiempo parcial, 2,13 millones mujeres) y mejorar
la salud laboral (hay un exceso de bajas laborales por las listas de espera
en la sanidad pública y el aumento
de problemas de salud mental). Además, la huelga exige una mejora de
los servicios públicos, para garantizar la salud, la educación y el cuidado
de los trabajadores, que cada vez gastan más en pagarse servicios
privados. En definitiva, la
huelga va “contra
la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas”.
El primer punto de la convocatoria son los salarios. En
realidad se pretende desbloquear la negociación colectiva, dado
que la
patronal CEOE no ha querido sentarse con los sindicatos en todo el
año para negociar el VI Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC) 2026-2028 (el V AENC 2023-2025 se firmó en mayo de
2023). Los sindicatos UGT y CCOO llevan todo el año defendiendo unas subidas
salariales del 4% para 2026, 2027 y 2028 (en el V Acuerdo se pactó una
subida del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, que se han cumplido), más
una cláusula de revisión del 1,5% si la inflación sube más de lo esperado
(ojo: sólo 4 de cada 10 trabajadores con convenio tienen cláusula de garantía
salarial por si se dispara la inflación). Y que el salario mínimo
interprofesional suba
el +7% en 2027, más de lo que va
a subirlo el Gobierno (+5,3%, hasta los 1.286 euros al mes, 550 euros más
que en 2017 con Rajoy), otra vez sin
el apoyo de la patronal (sólo apoyó una, la de 2020, de las últimas 8
subidas anuales del SMI).
La patronal ni siquiera ha hecho una propuesta de
subida salarial para 2026-2028 y en los convenios que ha negociado este
año, la
subida media es del +3,05%, con lo que su idea es retrasar las
negociaciones del VI AENC y poner como tope de subida el 3%, aunque la
mayoría de los trabajadores están sin convenio o no lo han firmado: hasta
septiembre, sólo 923.000 empresas y 9.325.061 trabajadores tienen convenios
y subidas acordadas, menos de la mitad de los 19.675.400 asalariados. Y por
supuesto, no quieren oír hablar de reducir la jornada laboral (PP
y Vox, con Junts, ya lo bloquearon por ellos) ni de erradicar la
precariedad de muchos contratos (jóvenes, mujeres e inmigrantes) o mejorar
la salud física y mental de los trabajadores, mientras la mayoría de las
empresas reclaman dejar de pagar las bajas laborales y dar su control a
las Mutuas para reducir el absentismo, según
una encuesta de las Cámaras de Comercio, propuestas que la patronal CEOE
confía aprueben el PP y Vox si llegan al Gobierno y sobre lo que alertan
ahora los sindicatos.
La convocatoria de huelga reitera, con su 3ª palabra clave, precios,
el otro problema clave de los trabajadores en España: los altos precios,
una inflación que ya está en el 4,9% anual
y que “se come” sus salarios (que crecen el 3,05% en convenio y menos o
nada en muchas empresas). De momento, la pérdida de poder adquisitivo es del
-1,9% este año. Y se suma a la pérdida
de poder adquisitivo acumulada entre 2020 y 2025: -6,85% (la inflación
creció el 23,5% y los salarios de convenio subieron +16,65% en esos 6 años). Y
eso contrasta, según los sindicatos, con la mejora de los
márgenes empresariales y los beneficios estos años. Así, entre 2020 y
2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%,
mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye
cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una
tendencia recurrente desde el año 2.000: los beneficios netos de las
empresas se han multiplicado por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones, +170%),
según
este estudio de Funcas. También es clarificador lo sucedido en 2025:
el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.
Los sindicatos exigen en su convocatoria de huelga del 11-N que
el Gobierno controle y frene la subida de precios (y márgenes) en muchos
sectores, porque quien más lo pagan son las familias y los trabajadores, que
tienen muy difícil llegar a fin de mes con las subidas de alquileres e
hipotecas, carburantes, luz y alimentos (han subido +37,7% entre 2020 y
2025), además de las subidas en los transportes y los costes privados en la
sanidad, educación y los cuidados a la dependencia. De hecho, en 2025, la Encuesta de Presupuestos
Familiares (INE) reveló que casi la mitad de los españoles (el
45,9%) tienen dificultades para llegar a fin de mes: un 8,5% tienen “mucha”
dificultad, otro 12,1 % dificultad y un 25,3% más tienen “cierta” dificultad,
un panorama que ha mejorado poco desde 2019 (el 49,3% tenían algún tipo de dificultad).
Así que un fuerte componente de esta huelga del 11-N
son las peticiones para que mejore la situación económica de muchos
trabajadores, sobre todo los que tienen sueldos bajos, que sufren más la
inflación. El problema de fondo es que España está creciendo y compitiendo en
el mundo gracias a unos sueldos más bajos (somos “la China de
Europa”): el salario hora en España está en 19,5 euros/hora
frente a 26,2
euros de media en la UE-27,
36,3 en Paises Bajos, 34,5 en Alemania o 30 €/hora en Francia. Y dos tercios
de los trabajadores españoles (12,5 millones de asalariados) ganan menos
de 1.711 euros netos al mes (14 pagas), según
el INE. Por eso, porque el
64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, los sindicatos
exigen subir más del 4% (hasta el 7%) a los que menos ganan.
Y vamos a la tercera palabra clave de esta huelga, vivienda,
un problema que afecta a muchos españoles, pero especialmente a los que viven
de un sueldo, porque el coste de una hipoteca o un alquiler se come entre
el 30% y el 50% de los sueldos hoy, dado que la vivienda ha subido
mucho más que los salarios. Así, el precio medio de la vivienda para comprar
estaba en octubre en 2.995 euros/m2, según
Idealista, un +67.13% más cara que al comenzar 2020 (1.792 €/m2): una
subida que triplica la de los salarios (+19,62% estos 7 años). Y
si miramos los alquileres, que cuestan
una media de 15,1 euros/m2 (23,4 euros en Madrid y 20,5 en Barcelona), han
subido un +39,8% desde 2020 (10,8 euros), el doble que los salarios. Eso
dificulta mucho a inquilinos e hipotecados para llegar a fin de mes. E incluso,
ha provocado que 770.000
trabajadores con empleo se sumen a la cifra de trabajadores pobres:
3 millones de personas con empleo son “pobres” (ganan menos del 60%
que la media: 12.200 euros netos si están solteros y 25.660 las familias con 2
hijos).
Pero el problema de la vivienda no sólo afecta
gravemente a los jóvenes y a los trabajadores. También afecta a muchas
empresas, aunque la patronal diga que “esta
huelga no tiene sentido”. Por un
lado, hay muchos sectores, como el turismo, la hostelería o la construcción,
donde las
empresas se quejan de que no encuentran trabajadores en
muchos lugares (Madrid, Barcelona, Palma, Málaga y la costa española)
porque los altos alquileres disuaden a los que podrían trabajar allí. Algo que
también dificulta encontrar médicos, profesores y empleados públicos.
Además, los disparados alquileres están provocando graves
problemas a muchas pymes y autónomos que no pueden pagar las
subidas que les plantean de locales comerciales (bares, tiendas o librerías) y
naves industriales. De hecho, el
Banco de España ha dicho en su Informe Anual 2025 que “el problema de
la vivienda ha escalado y ya es una seria amenaza para el
crecimiento y la productividad de la economía”.
Así que la vivienda no sólo preocupa a los que pagan un
alquiler o una hipoteca, sino que está frenando la instalación de nuevas
empresas y la movilidad de los trabajadores, siendo ya “un embudo” para
el crecimiento y el empleo. Por eso, todo el mundo debería apoyar un
Pacto nacional por la vivienda, un gran acuerdo entre políticos, el
Estado, las autonomías y Ayuntamientos, promotores, constructores y bancos
para conseguir más suelo urbanizable (hay
suelo, pero lo acaparan los especuladores y exige invertir para hacerlo
urbanizable o agilizar
su tramitación), más financiación pública y privada (los bancos, con
beneficios millonarios, deberían volcarse en financiar promociones), más
promociones públicas y privadas (también con ayudas a las cooperativas) y más
construcción, resolviendo
los problemas de falta de mano de obra formada y aumentando la
industrialización del sector, para que se tarde menos en construir (hasta 5
años y más, entre papeleo y obras).
Lo que está claro es que el origen del grave problema de la vivienda es la
falta de oferta (en 2025 se construyeron sólo 93.650
viviendas, con una media de 93.000 esta década y otras 99.000 en la
década de 2010, sobre 540.000 anuales entre 2000 y 2010) frente a una
demanda que crece, por el aumento de población (+3 millones de
habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada
año. Con ello, tenemos un déficit de 750.000 viviendas, que será de 1
millón en 2028, según
el Banco de España. El problema es que construir esas 750.000 viviendas costaría
entre 189.680 y 236.000 millones de euros, el 12% del PIB, un tremendo
esfuerzo inversor público y privado, que contrasta con la escasa inversión
actual (39.000 millones el sector privado y 11.000 millones las instituciones
públicas), entre 4,8 y 6,1 veces menos de lo necesario.
Pero la solución al problema de la vivienda no
pasa sólo por construir más. Muchos expertos coinciden en que eso
podría engordar la actual “burbuja especulativa”, alimentada por
considerar a la vivienda como “un activo para invertir” y no una
necesidad y un derecho. El temor de muchos es que si el PP y Vox llegan
al Gobierno, aprueben
una Ley del Suelo que permita construir en cualquier lugar, acelerando
la ola especulativa (como hizo Aznar con su Ley del suelo de 1998). Por
eso, además de construir más, hay que limitar las compras especulativas,
como ha
propuesto el president Illa en
Cataluña: se trataría de penalizar fiscalmente la compra
especulativa de viviendas, ayudando en paralelo a los que compran su primera
vivienda. Y además, hay que aumentar
el parque público de vivienda para alquiler, con más promociones y
compras de viviendas. Si no, podemos encontrarnos con que se construyen
200.000 viviendas y muchas familias y jóvenes no pueden comprar ni alquilar.
Además, es urgente actuar sobre los actuales alquileres, tratando
de contener su subida, no con topes de precios (apenas bajan: un
-2,2% en dos años en Cataluña, a costa de menos oferta) sino con acuerdos
con los propietarios no especuladores y poniendo límites a los grandes
tenedores, tanto empresas (tienen 1 millón de alquileres) como a los
caseros con más de 2 viviendas
(tienen
la mitad de los alquileres). Y a los “caseros no especuladores” hay
que ofrecerles seguridad y garantías, creando empresas públicas
autonómicas y municipales que les garanticen la gestión y el cobro seguro del
alquiler, como Bizigune en Euskadi. Y además, actuar
fiscalmente, apoyando a los caseros que alquilen a precios “razonables”
y penalizando (en el IRPF y en el IBI) a los que disparen sus alquileres. Sin
olvidar frenar el desvío de alquileres "normales" a alquileres
turísticos, de temporada o por habitaciones (sin regulación).
Algunas de estas medidas se incluyen en el
Decreto que aprobará el Congreso este
12 de noviembre, gracias a que no está Junts en la Diputación Permanente.
Pero puede ser “papel mojado” si PP y Vox ganan las
elecciones y aplican otras medidas, razón por la que se oponen a esta huelga del 11-N, al considerarla “una
huelga contra la oposición”. Ojo, a lo mejor tienen razón: las competencias de vivienda (y las soluciones) son de las autonomías y 11 están gobernadas por el PP (4 con Vox), que apenas han hecho nada (sobre todo en Madrid). Y será más su competencia si PP y Vox llegan al Gobierno y aplican planes que
aumenten la especulación de la vivienda y no limiten los abusos actuales. Por
eso, más importante que esta huelga será el voto el 29-N.
Las dos ultimas huelgas generales se convocaron en España en 2012: el 29 de marzo, contra la reforma laboral de Rajoy, y el 14 de noviembre, siguiendo una huelga europea contra los recortes impuestos por la Comisión Europea. Ahora, esta huelga del 11 de noviembre se ha gestado de una forma “rara”: la propuso inicialmente el Sindicato de Inquilinos, tras el desalojo y la muerte de Maricarmen, pero la convocatoria no fraguó hasta que se sumaron los sindicatos UGT y CCOO, que son quienes suelen convocar huelgas. Y lo han hecho porque han visto en la movilización por la vivienda una oportunidad para presionar a la patronal (cada vez más ligada al PP) a que se siente a negociar salarios y condiciones laborales, a lo que se han negado todo este año, por lo que no se ha firmado el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-28, tras los 5 Acuerdos trianuales firmados en 2012 (enero), 2015 (junio), 2018 (julio) y 2023 (mayo). Y además, por la vivienda, que “se come” (alquileres e hipotecas) gran parte de los salarios de los trabajadores.
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jueves, 5 de noviembre de 2026
El recibo de la luz se dispara
En octubre ha vuelto a subir el recibo de la luz, a 92
euros un recibo medio, 25 euros más que en junio. El precio
mayorista de la luz no ha parado de subir desde este verano, por el aumento
de la demanda (olas de calor) y el mayor uso de las centrales de gas,
cuyo precio se ha duplicado por la guerra en Irán. Y los impuestos a la luz,
que habían bajado de marzo a mayo, han vuelto a subir desde junio. Con todo, la
ayuda de las renovables (generan el 56% de la luz) consiguen que España
tenga el precio mayorista de la luz más bajo de Europa. Ahora, se espera
que la luz siga subiendo en otoño e invierno, para bajar la
próxima primavera y en 2028. La clave es seguir apostando por las
renovables, mejorar la red y, sobre todo, instalar baterías
en las centrales solares y eólicas: hoy, la cuarta parte de la energía
renovable se pierde porque no se puede almacenar. Enrique Ortega
El precio de la luz en origen, en el mercado mayorista (donde acuden los que generan y compran la electricidad) se ha disparado desde junio: de costar 69,59 euros/MWh en junio se saltó a 104,75 euros de media en julio, 118,25 euros en agosto, 143,26 euros en septiembre y 166,66 euros/MWh en octubre, más del doble que en junio y el precio mayorista más caro desde octubre de 2022 (8 meses después de la invasión de Ucrania). Este precio en origen duplica también al de octubre de 2025 (75,78 euros/MWh) y a la media del precio en octubre de los últimos 5 años (119,46 euros/MWh). Y tomando el precio medio de estos 10 meses (enero a octubre), 82,96 euros/MWh, es mayor al precio medio del mercado mayorista en todo 2025 (65,28 euros) y 2024 (62,96 euros), algo menor que en 2023 (87,10 euros) y mucho menor al precio mayorista de la electricidad en 2022 (167,62 euros), el peor de los últimos años.
¿Por qué se ha disparado el precio de la luz en origen
desde el verano? La primera razón es que ha aumentado la
demanda todos estos meses, incluso en octubre (+7,1% sobre octubre de 2025,
y hasta un +17,7% en las horas de más consumo), por las olas de calor (aire
acondicionado), el turismo, el aumento de la población y el crecimiento
económico. Pero la
clave ha estado en el gas natural,
que se ha consumido mucho más en las centrales térmicas para atender la demanda
fuera de las horas de sol y por la menor aportación de
las energías eólica e hidroeléctrica, sobre todo en septiembre y
octubre. Sólo nos ha salvado la energía solar, que ha crecido en otubre
(22,4% de la luz generada) y el resto del año (24,5% entre enero y octubre),
consiguiendo que el precio mayorista de la electricidad bajara a 82,88
euros de las 10 a las 18 horas, costando 208 euros de media en
octubre por la tarde/noche (de 18 horas al día siguiente).
En paralelo, ha crecido la electricidad generada por las centrales
de gas, tanto en octubre
(21,6% del total) como en los 10
primeros meses del año (17,2%, cerca del 19,4% aportado por la
eólica, el 19% de la nuclear y el 11% de la electricidad hidráulica). El
problema es que el precio del gas que las alimenta se ha disparado tras
los ataques a Irán (28 de febrero): de costar 32,47 euros/MWh en febrero
saltó a 58,40 euros en marzo, 63,03 euros en julio, 100,72 euros el 28 de
octubre y un récord de 103,19 euros/MWh el 30 de octubre, el doble que
antes del verano y el triple que hace sólo 8 meses.
Con todo, el alto porcentaje de electricidad generada por
fuentes renovables (solar, eólica e hidráulica), un 50,4% de la luz
generada en octubre y el 58,6% entre
enero y octubre, han permitido que el precio mayorista de la
electricidad sea en España el más barato de Europa, según el informe del
grupo ASE. En octubre, los 166,66 euros/MW de España es similar al de
Francia (165,83 euros) y menor al de Alemania (169,27 euros) e Italia (233,49
euros/MWh). Y si miramos el precio mayorista
medio de 2026 (enero a mayo), España queda como
el país más barato: 82,90 euros/MWh frente a 89,58 euros en
Francia, 113,38 euros en Alemania y 152,50 euros en Italia.
Algo que lleva años pasando y que mejora la competitividad de las
empresas y productos españoles.
Hasta ahora me he referido al precio mayorista
de la luz, en origen, no al del recibo. A este precio (166,66
euros/MWh en octubre) hay que sumar los
extracostes que cobra Red Eléctrica (REE), gestora de la red, para
reforzar
la seguridad del sistema tras el apagón de abril de 2025. Por un
lado, el tener disponibles centrales de gas, aunque no se usen, para
garantizar que se pueden utilizar si hacen falta (y eso hay que pagarlo: las
compañías con centrales de gas han ingresado ya 3.906 millones este año),
además de pagar a algunas empresas por poderles cortar la luz si hiciera
falta para asegurar el suministro (se ha hecho 10 veces este año), una
indemnización que costará 434 millones este año (y que pagan los consumidores).
Los expertos estiman que estas medidas “de operación reforzada”
para evitar apagones han sumado 22,41
euros/MWh en octubre al precio mayorista (166.66 euros/MWh), con lo
que el precio total en origen en octubre ha sido de 189,07 euros/MWh.
Los consumidores que tienen la tarifa regulada
(8,3 millones) sufren el efecto inmediato de esta subida en origen: su recibo
tiene en cuenta el 40% del precio mayorista de cada mes y el 60% del precio
futuro (los futuros de la electricidad para los próximos meses también suben).
Por ello, la
OCU estima que el recibo de estos abonados a la tarifa regulada
ha sido de 92,44 euros en octubre de media (con 4,6 kW de potencia y 292
KWh de consumo), una subida de más de 25 euros sobre el
recibo de junio (66,63
euros) y bastante más de lo que pagaron en julio (77,84
euros), agosto (79,75 euros) y septiembre (86,22 euros). El resto de consumidores
(la mayoría, 22,2 millones de clientes), los que tienen un contrato “libre”
con su compañía, que actualizan cada año (o cada 6 meses) sufrirán esta
fuerte subida de la luz mayorista en la próxima revisión de su
contrato.
Unos y otros consumidores sufrimos no sólo la subida de la
luz en origen (por la mayor demanda y dispararse el precio del gas) sino que
también sufrimos
los mayores impuestos
que pagamos desde el 1 de junio. El 22 de marzo, el Gobierno aprobó
una bajada de impuestos a la luz hasta finales de mayo, tanto del IVA (del
21 al 10%) como del impuesto especial de la electricidad (del
5,11% al 0,5%). Pero el
1 de junio volvieron a subir el IVA (al 21%) y el impuesto especial
(al 5,11%), afectando ya al recibo que nos llegó en julio y los posteriores. El
decreto establecía que los impuestos volverían a bajar si el IPC de la electricidad
subía más del 15%, pero no ha pasado: en septiembre, el último dato completo
del INE, subió el 11,4%,
con lo que el recibo de octubre, que nos llegará en noviembre, seguirá
pagando altos impuestos (unos 14 euros extras de los 92,44 euros del
recibo).
Ahora, todo apunta a que los recibos de la luz de
noviembre y diciembre serán más altos, por encima de los 100 euros,
porque en otoño e invierno sube la demanda y el precio del gas
sigue elevado (por la mayor demanda y las
reservas de gas bajas en Europa:
el 74,68% de su capacidad en la UE,27 y el 61% en Alemania, aunque suben al 82%
en España). Sólo podría ayudarnos algo que el IPC de la
electricidad subiera más del 15% en octubre (lo sabremos a mediados de
noviembre), lo que podría rebajar los impuestos (unos 14 euros) en la factura de la luz de
noviembre y diciembre, aunque será más alta.
De hecho, los futuros
de la electricidad auguran precios altos en el mercado mayorista
(de origen), en España y más en el resto de Europa. Para el 4º trimestre,
los precios mayoristas oscilan entre 179 y 240 euros/MWh, muy por encima del
precio en octubre (166,66). Y para el primer
trimestre de 2027, el precio mayorista de los futuros alcanza los
176,75 euros en España y los 220,59 en Alemania (con el gas costando 101
euros/MWh). El precio bajaría en primavera (97 euros/MWh en España) y
subiría el verano próximo (a 132,50 euros/MWh) y el otoño (132,28
euros/MWh), para cerrar
2027 con un precio medio mayorista de 134,50 euros/MWh en
España (frente a 82,96 en lo que llevamos de 2026). Y bajaría por fin en
2028, con un precio medio anual de 77,75 euros, según el mercado de
futuros.
En definitiva, que todavía pagaremos cara la luz este
año y el que viene, a menos que la derrota de Trump en las
elecciones de medio mandato ponga fin a la guerra en Oriente Medio
y el petróleo y el gas vuelvan a los antiguos precios. Pero mientras se aclara
el panorama geopolítico, que sufrimos con los carburantes y la luz más caros,
la clave es seguir apostando por las renovables, algo que puede estar en
peligro si gobierna el PP con Vox (que defiende
la energía nuclear y térmica y ha puesto restricciones a los macroparques
solares y eólicos). Hasta ahora, la
Ley del Clima del Gobierno Sánchez (aprobada el 13 de mayo de 2021) ha
conseguido aumentar el peso de las renovables (del 33,7% en 2017
al 58,6%
actual) y que el menor coste de la electricidad sea una ventaja competitiva
para nuestras empresas y atraiga inversiones extranjeras. Y su objetivo es que
las renovables aporten el 81% de la electricidad en 2030.
Ahora, los expertos plantean que hay que reforzar el
crecimiento de las energías renovables, invirtiendo en conseguir que
sean más seguras para el sistema eléctrico, implementando
soluciones de estabilización técnica (instalando compensadores
síncronos e instalando servicios de control de tensión) almacenamiento y
flexibilidad en la demanda, con una reforma de la red y las interconexiones,
que exige fuertes inversiones. Eso ayudaría a reducir la dependencia
actual de las centrales de gas, imprescindibles a las horas en que no
hay sol o viento, sobre todo con los
pantanos al 56,1% de su capacidad (sigue la sequía, que también nos encarece la luz).
El punto clave para rentabilizar mejor las renovables (y
bajar el precio de la luz) es avanzar en el almacenamiento de su energía,
en instalar más baterías, hoy escasas, en los parques solares y
eólicos, para no desperdiciar parte de la energía que producen y que no puede
volcarse a la red y se pierde. Ojo
al dato: actualmente, el 25% de la energía renovable se pierde,
porque no se puede verter en la red ni tampoco almacenarse, por falta
de baterías. Otros
estudios señalan que la electricidad renovable que no se utiliza crece
año tras año, como la potencia instalada: era de 1,7 Teravatios en
2024, pasó a 3,6 Teravatios en 2025 y alcanzó los 6 Teravatios en octubre de 2026,
el consumo de 2 millones de hogares… Así que, mientras no se instalen
más baterías, más energía renovable es más energía perdida.
Si se gestionara mejor la energía renovable,
invirtiendo al máximo en tecnología de control de potencia y en baterías, el
coste de la electricidad bajaría y nos ahorraríamos una parte del
recibo, además de poder exportar más electricidad a Europa (seguimos
siendo una “isla”, por culpa de las reticencias francesas a las interconexiones
en marcha). También hay otro factor que preocupa: el aumento
de solicitudes para instalar Centros de Datos en España, para
“alimentar” la Inteligencia Artificial. Estos Data Center consumen mucha
energía (y agua), por lo que si no se les exige que utilicen básicamente
energía renovable (como hace un
Real Decreto del Gobierno, que no se ha podido aprobar), pueden
disparar la demanda de electricidad y encarecer
en 2.000 millones/año el coste de la electricidad, a costa de encarecer
nuestro recibo de la luz y aumentar las emisiones de CO2.
En resumen, que el conflicto de Oriente Medio
no sólo nos
ha encarecido los carburantes sino que ha
disparado el recibo de la luz desde este verano,
por culpa del precio disparado del gas, y a pesar del aumento de las
renovables. Y todavía pagaremos un recibo caro hasta la próxima primavera. Por
eso, urge avanzar más con las renovables y sobre todo invertir en
tecnología y baterías (almacenamiento), para que sea una energía segura y que
se pueda volcar al sistema las 24 horas, no sólo cuando hay sol o viento. El
riesgo es que Vox llegue al Gobierno con el PP, porque hablan de frenar los grandes parques eólicos y
solares y crear un” impuesto al sol”, como
han hecho en Castilla y León. Piense en ello y en su recibo de
la luz cuando vote el 29-N.
El precio de la luz en origen, en el mercado mayorista (donde acuden los que generan y compran la electricidad) se ha disparado desde junio: de costar 69,59 euros/MWh en junio se saltó a 104,75 euros de media en julio, 118,25 euros en agosto, 143,26 euros en septiembre y 166,66 euros/MWh en octubre, más del doble que en junio y el precio mayorista más caro desde octubre de 2022 (8 meses después de la invasión de Ucrania). Este precio en origen duplica también al de octubre de 2025 (75,78 euros/MWh) y a la media del precio en octubre de los últimos 5 años (119,46 euros/MWh). Y tomando el precio medio de estos 10 meses (enero a octubre), 82,96 euros/MWh, es mayor al precio medio del mercado mayorista en todo 2025 (65,28 euros) y 2024 (62,96 euros), algo menor que en 2023 (87,10 euros) y mucho menor al precio mayorista de la electricidad en 2022 (167,62 euros), el peor de los últimos años.
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miércoles, 4 de noviembre de 2026
Este Blog cumple 16 años
Hoy se cumplen 16 años desde que empecé a publicar este
Blog, el 4 de noviembre de 2010, cuando la economía era la gran
preocupación por la crisis financiera y de deuda en Europa. Han sido 1.556
artículos, dos por semana (lunes y jueves), muchos acompañados por los
dibujos de Enrique Ortega (¡gracias¡). Es una “crónica” económica y social
de nuestra historia reciente, desde la dura crisis de 2010 y 2011, los
recortes, la débil recuperación, la pandemia y la fuerte recuperación posterior,
con dos crisis energéticas por Ucrania e Irán. Años complicados, en los que este
Blog quería explicar lo que pasaba, con rigor, datos, análisis y espíritu
crítico. Escribiendo sobre “la economía nuestra de cada día”,
desde el empleo y el paro a los precios, la vivienda, la sanidad, la
Dependencia, la energía, los tipos de interés, las exportaciones, la industria
o el campo, sin olvidar temas como el negocio del fútbol, la muerte, las
mascotas o los gimnasios. Porque “economía es casi todo”. Y hay
que explicarlo bien. Enrique Ortega
Este Blog nació hace 16 años, en 2010, cuando en España y en toda Europa se hablaba de las consecuencias financieras de la crisis de las hipotecas basura de 2008, que habían disparado el precio de la deuda pública de los paises del sur, poniendo en peligro el euro. Unos meses antes de empezarlo, en mayo de 2010, se había “rescatado” a Grecia (en bancarrota) y unos días después, el 21 de noviembre, se “rescató” a Irlanda, a la que siguió Portugal (abril 2011), España (rescate “por la puerta de atrás”, de la banca, en junio de 2012) y Chipre (noviembre de 2012). Después sufrimos los duros ajustes impuestos por Bruselas y Rajoy, de 2012 a 2015, con una ligera recuperación. Y nos asoló una pandemia, que cambió la política europea: de los ajustes a las ayudas, un Plan de recuperación clave para España. Y ahora tenemos los años de mayor crecimiento desde 2007, a pesar de 2 crisis energéticas provocadas por las guerras en Ucrania e Irán, que han disparado los precios y ahogado a hogares y empresas.
Hoy, la situación económica de España es totalmente
diferente a la de 2010. Y también la de los paises del sur entonces
rescatados: España, como Irlanda, Portugal y Grecia crecen más que la Europa
rica del continente. Y sus cuentas públicas están mucho más
saneadas: España
tiene la mitad de déficit público (2,2% del PIB) que Francia
(5,1%) o Alemania (4,1%), lo mismo que Portugal (0,8%) y Grecia
(2,2%), con superávit fiscal en Irlanda (+1,9% del PIB), los paises llamados
“derrochadores” en 2010 y despectivamente PIGS (“cerdos”). Ahora, son
Francia, Italia y Alemania los paises con problemas estructurales y de deuda,
que han aprobado sus “recortes” y quieren
extenderlos al resto al exigir un recorte del Presupuesto europeo 2028-34.
Este Blog ha informado sobre toda esta
evolución económica y social, insistiendo en que la economía española va
mejor que nunca (ha crecido más que los demás paises y ha
creado 3,5 millones de empleos desde 2018), empujada por el
aumento de población y los inmigrantes, el fuerte consumo, los Fondos europeos,
la exportaciones y la energía, la más barata de Europa (por el auge de las
renovables). Pero también he insistido que mucha gente no lo nota,
tiene problemas para llegar a fin de mes, porque los precios han
aumentado más que los salarios (de los más bajos de Europa), por los costes
disparados de pisos y alquileres y por el deterioro de los servicios
públicos, que obliga a mayores gastos de las familias en sanidad,
educación, cuidados o transportes. No
se está “repartiendo bien el crecimiento”, lo que mantiene una alta
tasa de pobreza y desigualdad social y regional (dos o más Españas).
En estos 16 años, este Blog ha tenido un objetivo básico:
escribir claro. Y eso porque “la economía” preocupa a casi todos, pero la
mayoría no la entiende o la considera “un rollo”, gracias a muchos siglos
en los que economistas y periodistas escriben en un lenguaje “críptico”,
para esconder intereses y justificar “lo mucho que ellos saben”. Pero se
puede escribir “claro” sobre temas económicos: sólo hace falta “saber”
y “querer”. Y además, considerar que el lector no es idiota,
que cualquiera puede entender el problema de la vivienda, el paro juvenil o los aranceles si se le den los datos y las
claves. Pero hacerlo exige muchas horas de trabajo, de leer informes y buscar
expertos, lo que he hecho estos años.
Además de intentar ser “claro”, este Blog busca ampliar
los temas económicos de los que se escribe siempre (PIB,IPC, empleo, paro,
vivienda, sueldos…) , porque considero que la economía está detrás de
casi toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos: transportes, coches, trabajo, paro, salarios, sanidad y bajas
laborales, educación y FP, cuidados y Dependencia, pensiones, demografía y envejecimiento,
vivienda, luz, ocio, cultura, turismo, impuestos, juventud, mujeres, mayores, pobreza,
desigualdad… Y temas de los que escriben menos los periodistas económicos:
el fútbol, las drogas, el tabaco, la comida basura, los medicamentos, las
mascotas o el negocio de la muerte.
Otro objetivo de este Blog es tratar los temas con rigor,
independencia y sentido crítico. En un momento donde prolifera el “periodismo
de trincheras”, donde cada uno escribe (y lee) para confirmar sus
opiniones, resulta imprescindible afrontar los temas sin ideas
preconcebidas, tratando de analizarlos sin prejuicios y con rigor. Buscar los
datos, los informes, los análisis de distintos expertos y ofrecerles al lector,
para que sea él quien se haga una opinión. Estamos ante problemas complejos (la
vivienda, la movilidad, la sanidad o las pensiones), que requieren análisis y
soluciones complejas, no recetas simples, análisis “de barra de bar”. El
problema es que eso exige datos y análisis, no se pueden reducir a un tuit.
Por eso este Blog suele tener 2.400 palabras y a muchos “les da pereza
leerlo”. Prefieren leer algo más “fácil” y más simple, a ser posible “a
favor de lo que ellos piensan”.
El 4º objetivo de este Blog es intentar aportar “soluciones”
o “salidas” a los problemas, no “mis salidas” (como si fuera un
tertuliano más), sino las soluciones que se deducen de los datos o proponen
distintos expertos para afrontar los problemas, desde la vivienda al paro
juvenil, la sanidad, los salarios y la productividad o la pobreza. Eso sí, en
general apuesto por políticas económicas “socialdemócratas” (“crecer
y repartir”) porque he estudiado lo suficiente las propuestas
neoliberales y conservadoras como para desconfiar de ellas. Pero si considero
que la Ley de Vivienda de este Gobierno es contraproducente, lo
argumento y lo defiendo.
Bueno, aquí sigo, trabajando muchas horas cada día (sin ningún
beneficio económico) para escribir estos Blogs, 1.556 artículos que
espero sirvan para algo, que les sean útiles a los lectores, pocos
pero algunos muy fieles. De momento seguiré con mi trabajo, porque es lo que me
mueve a levantarme cada día: leer, investigar, analizar, buscar, contrastar y escribir,
algo que llevo haciendo ya más de 50 años. Es lo que me mantiene
vivo.
Este Blog nació hace 16 años, en 2010, cuando en España y en toda Europa se hablaba de las consecuencias financieras de la crisis de las hipotecas basura de 2008, que habían disparado el precio de la deuda pública de los paises del sur, poniendo en peligro el euro. Unos meses antes de empezarlo, en mayo de 2010, se había “rescatado” a Grecia (en bancarrota) y unos días después, el 21 de noviembre, se “rescató” a Irlanda, a la que siguió Portugal (abril 2011), España (rescate “por la puerta de atrás”, de la banca, en junio de 2012) y Chipre (noviembre de 2012). Después sufrimos los duros ajustes impuestos por Bruselas y Rajoy, de 2012 a 2015, con una ligera recuperación. Y nos asoló una pandemia, que cambió la política europea: de los ajustes a las ayudas, un Plan de recuperación clave para España. Y ahora tenemos los años de mayor crecimiento desde 2007, a pesar de 2 crisis energéticas provocadas por las guerras en Ucrania e Irán, que han disparado los precios y ahogado a hogares y empresas.
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