España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
Economía a lo claro
Información y comentarios para entender la economía nuestra de cada día
lunes, 15 de abril de 2024
El creciente negocio de los gimnasios
Cada mes se abre en muchas ciudades un nuevo gimnasio,
donde ya acuden a hacer deporte 5,5 millones de españoles, un tercio de
ellos jóvenes que apuestan por cuidar su cuerpo y divertirse en grupo.
Son ya 4.250 gimnasios, un negocio que mueve más de 2.300 millones
al año y que atrae cada vez más a Fondos de inversión extranjeros,
que se han lanzado a comprar y abrir nuevos centros, tras el “bache” de la
pandemia. La fuerte demanda ha hecho subir los precios, ya entre 40 y 50
euros al mes, mientras el sector pide que se les baje el IVA, que Rajoy les
subió del 8 al 21% en 2012. Ahora se espera el desembarco de nuevas franquicias
(de USA), la especialización y la pelea por conseguir que las
empresas ofrezcan un bono para estos gimnasios a sus empleados. Parece
claro que, tras la pandemia, cuidar el cuerpo y acudir a un gimnasio se
ha convertido en una necesidad más para muchos españoles (o en una moda).
España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
Esta recuperación del negocio de los gimnasios ha continuado
en 2023, donde ya tenemos datos de España, según
anticipa la consultora Deloitte: el sector facturó 2.331 millones
(+11%), rozando la facturación de antes de la pandemia (2.353 millones en 2019)
y el número de abonados creció un +20%, hasta los 5.540.000 usuarios,
una cifra similar a la de 2019. Y además, los 4.250 gimnasios abiertos a
finales de 2023, según
DBK, han aumentado su facturación por abonado, ya que han subido las
tarifas, pasando de 36 a 38 euros de media en 2022 a una media de 38 a 40
euros por abonado en 2023.
El motor de este “tirón” de los gimnasios son los
jóvenes y en especial la llamada “generación Z” (los nacidos en
torno al año 2.000, con una edad de 20 a 28 años), que ya suponen casi el 30%
de los abonados totales (y creciendo). El fenómeno de ir al gimnasio se ha
popularizado entre los más jóvenes en las redes sociales, como una
forma de “ocio compartido”, como una actividad en grupo, algo similar a
lo que antes fueron las boleras o los billares. De hecho, el reciente informe del
CIS revela que el 52,6% de los que hacen deporte suelen luego
compartir otras actividades sociales (comer, beber, divertirse...) con
las personas que lo realizan. Así que los gimnasios se han convertido en una
moda donde los jóvenes: cuidan su cuerpo y de paso se relacionan y
socializan. Y también hay otro grupo de clientes que crece, los
jubilados, que quieren mantenerse en forma y cuidar su salud.
Un dato que desconocen la mayoría de abonados a los
gimnasios es que son empresas controladas en su mayoría por Fondos de
inversión extranjeros y franquicias internacionales, que buscan el
flujo de caja que generan cada mes y aprovechar el “boom” del hacer deporte. De
hecho, 15 de las grandes cadenas de gimnasios que operan en España
cuentan en su accionariado con Fondos
de capital riesgo. Y otra característica del sector es la tendencia
a la concentración, a que los grandes compren locales y gimnasios más
pequeños. Así, las 5 mayores empresas del sector controlan el 26,4% del negocio
total y las 10 grandes controlan ya el 42,1% del mercado, según el Observatorio
sectorial DBK de Informa.
El ranking de los gimnasios en España lo
lidera, por número de centros, la empresa Basic-Fit, propiedad de
un empresario holandés, varios Fondos de inversión USA y Norges Bank, que tiene
186 centros y más de 400.000 socios, tras comprar
a finales de 2023 (por 110 millones de euros) los 42 centros de McFit
(propiedad del grupo alemán RSG Group) y los 5 gimnasios “premium” de Holmes
Place. Así ha desplazado al 2º lugar del ranking por centros a Brooklyn
Boxing, una cadena de boxeo sin contacto que cuenta con 175 centros en
España y 60.000 abonados. La tercera marca es VivaGym, propiedad de
Bridges Found Management (51%), con 104 centros y 302.000 socios. La 4ª mayor
franquicia es AltaFit, propiedad del fondo español MCH, con 82 centros
en España y 140.000 abonados. La 5ª es Forus, propiedad de JP Morgan
(60%), Ben Oldman (8%) e Irmasol (2%), especializada en gestionar centros
deportivos, 49 en España. Le sigue Supera, controlada por Portobello
Capital (57,5%), con más de 30 centros y casi 100.000 abonados. En 7º lugar del
ranking está la compañía francesa Fitness Park, que gestiona 25
gimnasios, con 91.000 socios. Le siguen Metropolitan, propiedad del
dueño de los Hoteles Hesperia, con 20 centros y 82.000 socios, y GoFit, propiedad
de Torreal (Abelló) y la Mutua, con 20 grandes centros y 230.000 socios.
El ranking por facturación de los gimnasios es
diferente, porque depende del modelo de negocio de cada uno, que varía entre
los gimnasios “low cost” (con bajas cuotas, entre 22 y 30 euros mensuales) y
los gimnasios con mayores cuotas y más servicios. En 2023, según
los datos de CMD Sport, lo encabeza Forus (líder en la gestión de
instalaciones deportivas), con un facturación de 80 millones de euros, seguida
de GoFit (líder en gimnasios “low cost”, con 77 millones), Metropolitan
(líder del sector “premium”, con 70 millones facturados), Basic-Fit
(59,6 millones), VivaGym (57,5 millones), Supera (49,1 millones),
Fitness Park (42 millones, el que más creció en facturación en 2023), Brooklyn
Boxing (40 millones), DreamFit (37,3 millones), Beone (34 millones), Serveo
(33), Viding (31) y EuroFitness (28,4).
Para este año 2024, el sector de los gimnasios es optimista
y esperan seguir creciendo, tras haber superado en 2022 y 2023 el bache
de la pandemia. El 87% de las empresas espera seguir creciendo, en centros y
abonados, según la consultora BDO, gracias a que aumente el número de usuarios
y a que se gastan más, contratando servicios más caros. Y además, se espera en
2024 una mayor concentración del sector, con más operaciones de compraventa
de cadenas, como la que protagonizaron en 2023 Basic-Fit y McFit. Además, es
inminente el desembarco en España de más franquicias de “fitness”, no sólo
europeas como hasta ahora: en 2024 podría instalarse en España la estadounidense
Planet Fitness, la mayor cadena de gimnasios “low cost” del mundo, que
quiere abrir 300 centros en Europa.
La consultora
Deloitte augura un nuevo crecimiento del negocio de los gimnasios en
2024, aunque más moderado que en 2022 y 2023. Y cree que el “boom” se
centrará en los gimnasios “low cost”, que son “la puerta de
entrada” para los nuevos abonados, aunque también se consolidará la
especialización de los centros, donde los usuarios elegirán según la
oferta y el asesoramiento, estando dispuestos a pagar más. Eso sí, el sector debe
resolver el problema actual de la
excesiva rotación de los clientes: en 2023, entre el 60 y el
70% se dieron de baja tras unos meses de abono, cuando el porcentaje de
rotación debía estar entre el 40 y el 45%. Por eso, todas las empresas buscan mejorar
la fidelización del cliente, que no se canse y se vaya.
Otra cuestión que preocupa al sector de los gimnasios es la
rebaja del IVA de los recibos, que es el 21% desde 2012, cuando el
Gobierno Rajoy lo subió del 8 al 21%. El
sector pide rebajarlo al 10%, petición que cuenta con el apoyo
del PP. Y también presionan a los
gobiernos autonómicos para que permitan a los clientes deducirse en la
declaración del IRPF parte del gasto del gimnasio, como una forma de
contribuir a la salud y a reducir el gasto sanitario. De momento, esa deducción
sólo existe en
la Rioja y Comunidad Valenciana, aunque otras autonomías (como Madrid) estudian
hacerlo en el futuro. Otra vía de crecimiento del negocio sería alcanzar acuerdos
con grandes empresas, como en otros paises, para que ofrecieran a sus
empleados bonos (gratis o bonificados) para ir al gimnasio, como parte de
una política de mejora de la salud física y mental de los trabajadores.
En resumen, hacer deporte y acudir a un gimnasio
se ha convertido en una prioridad de muchos españoles, sobre
todo jóvenes, relanzando un negocio que despierta el apetito de los
inversores internacionales. Puede parecer una moda, pero el deporte y el
culto al cuerpo parecen una prioridad de gasto para muchos, al igual que el
viajar. Y por eso crecen los gimnasios y las personas que van al gimnasio,
la mayoría con amigos o compañeros, aprovechando el deporte para socializar y
relacionarse. Sobre todo los jóvenes, que tienen
tantos motivos de frustración y que es mejor que la descarguen en el
gimnasio. Y además, todo el mundo sabe que el deporte ayuda a mejorar la salud
y el ánimo. Otra cosa es que para practicarlo no se promuevan más centros
deportivos públicos (municipales), con bajas tarifas y más servicios, y
se deje en manos de los inversores privados, como un negocio más. Pero sea como
sea, bienvenidos sean los gimnasios y su popularización.
España es un país bastante sedentario, donde el 52% de las personas no hace ningún deporte, según la reciente Encuesta del CIS. Pero lo positivo es que ese 48% que sí lo hace ha crecido un 8% desde 2010, aunque todavía estamos por debajo de la media UE (hacen deporte el 55% de los europeos), de Alemania (lo hacen el 68%) y Francia (55%), siendo sólo más sedentarios Grecia (sólo 32% hacen deporte), Polonia (35%), Bulgaria (39%) y Hungría (41%), según el último Eurobarómetro sobre deporte (2022). Lo más llamativo en el caso de España es que de ese 48% que hacen deporte, la mayoría eligen caminar (el 18,1%) y hacer gimnasia en un centro deportivo (15,6%), por delante del ciclismo (15,1%), correr (13,8%), la natación (13,4%) o el montañismo (12,1%), según el CIS. Y cuando se les pregunta a los deportistas dónde hacen deporte, la primera opción es hacerlo en un gimnasio o centro deportivo (39,7%), por delante de hacer deporte en el campo (31,9%), en instalaciones municipales (27,3%), en la calle (25,8%) o en la propia casa (donde hacen deporte el 10,5% de encuestados).
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jueves, 11 de abril de 2024
Conciliación polémica y nueva Ley de Familia
Muchas empresas llevan meses agobiadas para atender
las solicitudes de permisos y cambios de jornada, numerosas tras las nuevas
medidas de conciliación implantadas el 30 de junio de 2023. Y en muchos
casos, los desacuerdos han llegado a los Juzgados de lo Social, ahora más
saturados (426.075 expedientes en trámite). Al final, conciliar
trabajo y cuidados no es fácil y la situación se complicará en los
próximos meses, cuando se apruebe en el Congreso la nueva Ley de Familia,
que quiere ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y extender las
ayudas por hijo. Pero no hay otro camino para frenar la caída de nacimientos: 322.075 en 2023, la mitad que a la
muerte de Franco. Además, la Ley contempla ayudas para más familias, para
luchar contra la pobreza infantil (28,9% de los menores), la 2ª mayor de
Europa. Y el Gobierno estudia una ayuda universal por hijo, como existe
en la mayoría de Europa. Urge apoyar la natalidad y la familia. Enrique Ortega
Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.
En todos estos años, el temor de los
distintos Gobiernos era que los padres no se cogieran estas bajas por
paternidad, con lo que no ayudarían a las mujeres a conciliar y a
repartirse el cuidado de los hijos. Pero los datos indican que el permiso de
paternidad remunerado “ha sido un éxito”, porque lo han cogido
casi todos los padres, por un tiempo medio de 15,5 meses, según
un reciente estudio de EsadeEcPool. Y además, el 75% de los hombres
disfrutan de 12 de las 16 semanas a la vez que la madre y fraccionan el resto
(como las mujeres, a partir de las primeras 10 semanas obligatorias), para
alargar el tiempo de cuidado de los niños. El estudio explica que el
éxito de este permiso parental se debe a 3 razones: es intransferible
(antes de 2021, se podían transferir entre 2 y 4 semanas a la madre), las 6
primeras semanas tras el parto son obligatorias para el padre y, sobre todo, el
padre cobra durante ese tiempo de baja paternal el 100% del salario y esos ingresos
están exentos de IRPF.
Conseguido que los padres cojan mayoritariamente ese permiso
de paternidad de 16 semanas, el Gobierno aprobó el 28 de marzo de
2023 una Ley
de Familia, para mejorar las ayudas a nuevas familias y avanzar en la
conciliación. Era una
Ley exigida por la Comisión Europea, para trasponer (con mucho
retraso) la Directiva
Europea 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y
profesional de los progenitores y cuidadores, dentro de las reformas comprometidas para
recibir los Fondos europeos. Pero se adelantaron las elecciones en España y
decayó la Legislatura. Para aprobar los compromisos más urgentes con Bruselas,
el Gobierno utilizó uno de sus últimos Consejos de la anterior Legislatura para
aprobar, el 27 de junio de 2023, un Decreto
Ley que incluía nuevos permisos para facilitar la conciliación
laboral y medidas para facilitar la reducción de jornada, medidas que pasaron
bastante desapercibidas y que entraron en vigor el 30 de junio de 2023.
Las nuevas medidas en vigor son
de 3 tipos. Por un lado, se han aprobado 3 nuevos permisos: un permiso
retribuido de hasta 5 días (antes era de 2 días) para cuidar a un familiar por accidente o
enfermedad grave , hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo
domiciliario), otro permiso retribuido (nuevo) por horas, de hasta de 4 días
al año, para ausentarse del trabajo “por causas de fuerza mayor”,
por motivos familiares “urgentes e imprevisibles”, y un tercer permiso no remunerado
de hasta 8 semanas para cuidar a los hijos que podrá
disfrutarse (de forma continua o discontinua) hasta que el hijo o acogido cumpla
8 años. La Directiva Europea establece que este tercer permiso (nuevo) debería
estar remunerado, como los otros dos, pero el Decreto del Gobierno no lo
contempló, aunque prometió a Bruselas que remuneraría la mitad del permiso en
la siguiente Legislatura.
Junto a estos 3 nuevos permisos, para facilitar la
conciliación laboral y familiar, el decreto de 2023 amplió
el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o
personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y tengan cáncer u
otra enfermedad grave y facilitaba la
reducción de jornada también a los trabajadores que se encargan del
cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad del cónyuge o
pareja de hecho (incluido un familiar consanguíneo de la pareja de hecho).
El tercer cambio del decreto de 2023, y el más importante,
es que se amplía el derecho a la adaptación de jornada de las
personas que acrediten el cuidado de hijos, cónyuge o pareja de hecho,
familiares con consanguinidad hasta el 2º grado del trabajador y otras personas
dependientes. Y en estos casos, hay
un cambio importante: ahora es la empresa la que tiene que
justificar los motivos por los que no concede la adaptación de jornada
(cambio de turno o de horario), cuando hasta ahora era el trabajador el que
tenía que acreditar por qué solicitaba la adaptación de jornada, que podría ser
rechazada sin más.
Estos cambios, en vigor desde el 30 de junio de 2023,
tardaron meses en ser conocidos y solicitados por muchos trabajadores,
pero a la vuelta del verano, muchos Departamentos de Recursos Humanos de
las empresas se vieron inundados de solicitudes, desde nuevos permisos
a reducciones y adaptaciones de jornada. Esto ha
colapsado a los responsables de personal en los últimos 6 meses, que han
tenido que ver cómo encajar el decreto con su organización del trabajo.
Y en muchos casos, ante la falta de acuerdo, han aumentado los litigios de
los trabajadores afectados ante los Juzgados. De hecho, los Juzgados de lo
Social, que llevan años atascados, han visto aumentar los litigios y a finales
de 2023 había 426.075 expedientes laborales en trámite, +16% que un año antes.
Los
mayores conflictos se están dado por las peticiones de adecuación
de jornada, aunque también por la reducción de jornada y la concesión
de los nuevos permisos, por cuestiones como los 5 días del nuevo permiso
(la Audiencia Nacional considera que son 5 días hábiles, no 5 días naturales), el
cómo se acreditan “los motivos de fuerza mayor”, cómo “casan” los permisos por
hospitalización y cuidados familiares. Y aún se esperan más problemas
cuando el nuevo permiso de 8 semanas para cuidado de los hijos sea
retribuido: la ministra de Seguridad Social ha prometido que las
primeras 4 semanas serán retribuidas antes de agosto, con lo que España
cumpliría así la Directiva europea de conciliación.
Mientras avanzan estos cambios, conflictivos para las
empresas, el
Gobierno ha vuelto a aprobar la Ley de Familia, que decayó en la anterior
Legislatura, para cumplir con Bruselas. El nuevo texto se aprobó el pasado 27
de febrero y es similar al anterior, para agilizar ahora su aprobación en el
Congreso, por trámite de urgencia. La
Ley de Familia pretende mejorar las ayudas a las familias, sobre
todo a las familias numerosas (hay 800.000) y especialmente a las familias
monoparentales (hay más de 2 millones, el 81% encabezadas por una mujer),
también a las parejas de hecho (hay 1,8 millones), facilitando que estas
familias “diversas” tengan mejor acceso a la educación, a las becas, a la
vivienda y a las ayudas públicas. Y además, la Ley establece que en 1 año, el
Gobierno central y las autonomías coordinen una estrategia de ayuda a
los niños en sus primeros 3 años de vida, aprobando un Catálogo de Servicios
y Prestaciones a las familias similar en toda España (ahora existe mucha
desigualdad entre las ayudas familiares que conceden unas y otras
autonomías).
El Gobierno Sánchez pretende que en el trámite parlamentario
de la Ley de Familia se incluya la
ampliación del permiso remunerado por nacimiento (maternidad y
paternidad) de las actuales 16 semanas a 20 semanas. Además, defienden
a medio plazo una
prestación universal por crianza de los hijos (hasta los 16 o 18 años. Y
apoyan su propuesta en que esa prestación universal por hijo existe
ya en la mayoría de Europa: en Bélgica, Suecia, Polonia, Finlandia, Alemania
y Austria, la ayuda por hijo es para todas las familias, mientras en Francia,
Italia, Portugal, Hungría, Grecia y Reino Unido, esta ayuda universal varía
según los ingresos y el número de hijos. Y la defienden muchos expertos, incluida
la OCDE. De momento, el Gobierno pretende dar un paso previo y aprobar
una enmienda a la Ley de Familia para ampliar
hasta los 6 años la ayuda de 100 euros al mes que tienen ahora las madres
trabajadoras con hijos menores de 3 años.
España debe ayudar más a las familias y a la natalidad
por 2 motivos muy evidentes. El primero, porque aunque somos la 4ª mayor
economía de Europa, somos el 2º país europeo con más pobreza infantil :
2.329.975 menores de 18 años, el 28,9% del total, viven en familias que se consideran “pobres”
(ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 21.185 euros para una familia con
dos hijos), según
Save the Children, el
2º mayor porcentaje de pobreza infantil de Europa, tras Rumanía (29% de
niños y adolescentes son pobres). Pobreza infantil que se concentra en las
familias monoparentales (con madres solas), inmigrantes, parejas jóvenes y
zonas y empleos más vulnerables, sobre todo familias en alquiler.
El otro grave problema de España, que debería forzarnos a
apoyar a las familias, es la bajísima natalidad: en 2023 han nacido 322.075
niños (muchos, de madres extranjeras), la menor cifra de nacimientos
de nuestra historia reciente, muy lejos del máximo de 2008 (519.779) y la
mitad de nacimientos que el año de la muerte de Franco (669.378
en 1975). Este desplome de los nacimientos se debe a que las
mujeres españolas tienen menos hijos (1,16 hijos por mujer en 2022 frente a 2,77 en 1975), muchos
menos que en Europa (1,5 de media y 1,8 en Francia) y otros paises. Y este desplome
de la natalidad nos va a causar problemas de falta de mano de obra y
menores ingresos para pagar servicios públicos y pensiones, siendo uno de nuestros
mayores retos de este siglo XXI.
Por todo ello, urge volcarse en la familia y en la
natalidad, apoyar por todos los medios que las mujeres tengan más
hijos, con ayuda de sus maridos, familias, el Estado y las empresas,
que tienen que reconvertir a fondo su organización del trabajo para
hacer compatible la vida profesional y familiar, para no
perder a las mujeres que quieran ser madres. El camino no es fácil, supondrá
problemas en las empresas y litigios en los Juzgados, pero hay que avanzar
y no retroceder: sin más niños no hay futuro. Y el aumento de la
natalidad se consigue facilitando el trabajo, la conciliación y la
educación a las familias. Cueste lo que cueste.
Visto con perspectiva, se ha avanzado mucho para promover la maternidad de las mujeres trabajadoras en España. En 1900, sólo tenían derecho a un descanso laboral de 3 semanas. En 1929, la dictadura de Primo de Rivera estableció el seguro obligatorio de maternidad, con asistencia médica e indemnización obligatoria durante las 6 semanas posteriores al paro. En 1931, la República amplió la ayuda tras el nacimiento a 12 semanas. Durante la dictadura franquista, desde 1942, el seguro obligatorio de enfermedad establecía un subsidio de lactancia de 10 semanas. Y en 1965, se amplió la baja por maternidad. Con la democracia, en 1980, tener un hijo suponía 14 días de baja para la madre y 2 días para el padre. Hasta que en marzo de 1989, el gobierno de Felipe González estableció 16 semanas de baja remunerada para las madres (las 10 primeras obligatorias) y 4 días para los padres, que han tardado años en ampliarlas: en 2007 subieron a 2 semanas las bajas remuneradas por paternidad, a 4 semanas en 2017, a 5 en 2018 (permitiendo fraccionar el permiso), a 8 en abril de 2019, a 12 semanas en 2020 y a las actuales 16 semanas de baja remunerada por paternidad desde enero de 2021.
Así que en los próximos meses, entre elecciones y polémicas
por la amnistía, nuestros políticos van a tener que debatir qué ayudas
familiares se aprueban y cómo ayudamos a la natalidad. Y en este debate,
convendría no olvidar que España
gasta la mitad que Europa en la protección a la familia y a la infancia:
un 1,5% del PIB (2021), frente al 2,4% de media en la UE-27. Así que deberíamos
gastar 13.000 millones más cada año para equipararnos a Europa. De momento,
las medidas contenidas en la Ley de Familia suponen
1.200 millones más de gasto, aunque si se amplían los premisos de 16
a 20 semanas, el coste sería mayor.
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lunes, 8 de abril de 2024
España crece, pero la inversión no tira
España crece cinco veces más que la zona euro,
gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones.
Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas
crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema
preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y
empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la
pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la
inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse”
(devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo
positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo
pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que
las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la
mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos,
promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar
la crispación política, porque no ayuda a invertir. Enrique Ortega
España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.
¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos
causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la
debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y
que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de
suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión
en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas
internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra
causa ha sido la
drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre
2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí
las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que
las empresas españolas han aprovechado sus altos
beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver
créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así,
entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han
reducido su deuda en 38.924 millones, según
el Banco de España, dejándola en el
menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB
frente al 80% en 2021).
Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la
incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y
el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la
tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión
la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la
moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6
euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las
empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.
Pero al margen de la coyuntura, la
inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media.
Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom
inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias,
lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335
millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja
inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de
euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión
empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la
pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023
(232.034 millones), pero quedando todavía por
debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la
economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte
(0,8%), según el INE.
Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema
como su menor
peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha
crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó
a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese
peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese
porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y
ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa,
donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises,
salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.
Este menor peso de la inversión en España, año tras
año desde 2006, es especialmente preocupante porque la
inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las
nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la
inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década
y media, según
este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la
inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios
privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.
El gran cambio es que la inversión
inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en
2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según
el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no
residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años
(2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%),
tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital
(+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en
servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en
construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura,
ganadería y pesca (-5,2%).
Eso se ha traducido en mayores
inversiones estos últimos 3 años
en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología
de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios,
el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves,
locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que
hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría
de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el
ladrillo.
Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un
gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso,
porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que
tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que
hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De
hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock
de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales,
terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania,
los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido
el 80%).
Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a
cubrir la depreciación del capital, el
capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y
es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta
ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009
(75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones),
recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia,
para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La
inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la
COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la
inversión privada (que supone el 90% de la inversión
total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.
Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión
(sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo,
dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el
ladrillo. La propia Comisión
Europea acaba de pedir a España
que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología,
donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del
PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las
empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos
reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es
la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la
mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita
descontando la inflación) es el
89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos
de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas
porque invertimos menos en modernizar la economía.
El resultado es que España, la 4ª mayor economía
de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en
producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo,
Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia,
Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media
UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según
el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España
lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos
una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la
UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).
Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser
más productivos, los
expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la
innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de
los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas,
fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo
esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en
servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada.
Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos
europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben
fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir
la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura,
porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión,
la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.
España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.
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jueves, 4 de abril de 2024
Más jóvenes adictos al juego online
Más de medio millón de jóvenes de 18 a 25 años (1
de cada 7) apuestan en juegos online, un 41% más que antes
de la pandemia, según los últimos datos oficiales. Y de ellos, un 12,5%
tienen problemas de “adicción”. Si ampliamos el foco, 2 de cada 3
jugadores online tienen menos de 35 años y son el motor de un negocio
que movió 32.000 millones de euros en 2023: 3,6 millones jugados cada hora. Y por
si no fuera preocupante, el 40% de los chavales de 15 a 17 años juegan
online, aunque lo tengan prohibido. Estamos ante un grave problema de juego
entre jóvenes y adolescentes, una “droga digital” que está
disparando adicciones y problemas mentales. Y sin medios en la
sanidad pública para tratarlos. Como se hizo con el alcohol y tabaco, hay
que frenar esta pandemia del juego online (y el auge de salones
y salas de apuestas), con medidas legales, campañas y medios sanitarios contra
la adicción. Actúen ya.
Tras una década legalizado (desde junio de 2012), el juego online se ha disparado en España. El año 2023 se cerró con un récord histórico de cantidades jugadas: 31.905 millones de euros, según el último balance de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 3,6 millones jugados cada hora. Un volumen de dinero que multiplica por 5,6 lo jugado en el primer año completo de juego online legalizado, los 5.673 millones jugados online en 2013. Y que casi duplica lo jugado antes de la pandemia (19.026 millones en 2019).
El sector del juego online, que mueve el 10% de
todo lo que se juega en España (Lotería, casinos, bingos, salones, máquinas…)
facturó
en 2023 otra cifra récord, 1.236 millones de euros de facturación
neta (lo jugado menos los premios), 5,4 veces más de su facturación neta en
2013 (229 millones). Se trata de un gran negocio para ellos, porque el
80,14% de los jugadores online pierden (un 8% más que en 2016), un
0,93% se quedan igual y sólo el 18,9% de los jugadores ganan, según la
DGOJ. El sector del juego online está integrado por 78 operadores con
licencia (ver listado), un mercado controlado por las multinacionales
(británicas y de la UE) y pocas empresas españolas, radicadas muchas en paraísos
fiscales.
El juego online ha disparado las cifras jugadas y su
facturación de la mano de un salto en los jugadores: en 2023 había 3
millones de cuentas abiertas para jugar online en las distintas plataformas,
con 1.637.819
jugadores activos, un 20% más que antes de la pandemia (1.366.422
en 2019). La mitad de estos jugadores juega a un solo juego, pero la otra mitad
comparte juegos y apuesta en varias plataformas. El gasto medio de estos
jugadores activos es de 736 euros (61,32 euros al mes), que se juegan sobre
todo en casinos online (19.591 millones, el 61,4% del total jugado,
sobre todo en máquinas online, ruleta y black jack) y en apuestas (9.486
millones jugados, el 29,73% del total, sobre todo en apuestas deportivas en
directo, en apuestas convencionales, hípicas y cruzadas), además del póquer (2.730 millones), bingo online (96,40
millones) y concursos (737.000 euros).
La “gasolina” de todo este negocio del juego online
son los gastos en promoción y marketing de las distintas plataformas. En 2023,
el sector gastó en marketing y promoción 402,7 millones de
euros, un +7,5% sobre 2023 (374,5 millones) y casi cuatro veces el gasto de
promoción de 2013 (111,5 millones). Desde que en 2021, el
Gobierno restringió la publicidad del juego online, las
empresas han reajustado su
estrategia: ahora gastan menos en publicidad directa (147,94
millones en 2023 frente al máximo de 201,73 millones en 2020) y en patrocinio
(4,3 millones frente a 26,2) pero gastan más en bonos para atraer a los
nuevos jugadores (199,89 millones en 2023) y en bonificaciones a los “afiliados”
(50,02 millones), los “ganchos” que utilizan para que los nuevos jugadores “prueben”
a jugar sin dinero.
Esta política de bonos y afiliación, más la facilidad que
supone jugar online (las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, sin
testigos) explican el gran
salto en jugadores y en cantidades jugadas, sobre todo tras la
pandemia (con el confinamiento, muchas más personas se “engancharon al juego
online”). Pero lo más preocupante es que el juego online crece sobre todo
entre los jóvenes. De hecho, en 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el
65,5%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.831
españoles que jugaron en 2023, según el
reciente Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa
que hay 172.000 jóvenes más que juegan online ahora que en 2019, un 20%
más que antes de la pandemia. Pero lo más llamativo es que quienes más se
han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes
de 18 a 25 años (1
de cada 7 jóvenes con esa edad) jugaron
online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores
de 18 a 25 años), según la DGOJ.
Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, pero sobre todo a los menores
de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o lo que quitan
a su familia).
Ya en 2021, la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó de que “el juego
online se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de
26 años”, aportando el testimonio de médicos y profesionales, que llevan
años advirtiendo del aumento de la ludopatía entre los menores y de que cada
vez hay chavales más jóvenes enganchados al juego : algunos hablan ya de “la
heroína online”. En octubre
de 2023, un
informe de prevalencia elaborado por la Dirección General del Juego (DGOJ) ponía
cifras al grave problema de la ludopatía en los jóvenes que juegan online: el
12,5% tienen algún problema de adicción. Eso suponía 176.837 jóvenes
de 18 a 25 años con problemas por el juego online. Un porcentaje que sube entre
los que juegan a la ruleta online (23,3% jugadores tienen problemas), o al póquer
online (20% con problemas).
Pero el problema del juego de los jóvenes no es
sólo el juego online, porque también hay jóvenes “enganchados” al juego en
los salones, los locales de apuestas deportivas y las máquinas
de juego de los bares, según
las estadísticas de CEJUEGO.
Empezando por los salones
de juego, que proliferan en los barrios populares de las grandes
ciudades, hay 3.483 salones, sobre todo en Andalucía (950), Baleares (146), Aragón
(120) y Asturias (116). Los visitaron 2,8 millones de españoles en 2022, que se
gastaron 810 millones netos (jugado menos premios). Dos de cada tres clientes
fueron hombres y los más asiduos fueron los jóvenes: el 38,8% tenían entre 18 y
24 años y otro 28% tenían entre 25 y 34 años, que jugaron sobre todo en
ruletas, máquinas y apuestas deportivas. Y además, hay
892 salas de apuestas, que visitaron 1,5 millones de españoles en 2022,
el 81,6% de ellos jóvenes (menores de 35
años), con un gasto total (jugado menos premios) de 359 millones de euros. Y
quedan las 150.000
máquinas de juego instaladas en bares, donde casi 2 millones de
españoles se gastaron 2.271 millones netos (jugado menos premios). Y aunque la
mayoría de estos jugadores tienen más de 35 años, un 48,5% son jóvenes.
Hasta aquí el alcance del juego online y presencial de
los jóvenes. Pero queda el juego de los adolescentes, de los menores
de 18 años, que juegan aunque lo tienen prohibido, gracias a que
falsifican su edad o utilizan una tarjeta ajena al jugar online: se
ha detectado que más del 40% de los chavales entre 15 y 17 años juegan
online, aunque la Ley lo prohíbe. Y además, 1 de cada 3 adolescentes que
juegan entre 1 y 3 veces al mes tienen ya problemas de adicción (un 0,7% de
adolescentes tienen trastornos que hay que tratar), que se agravan cuando
cumplen 18 años y pueden jugar ya legalmente. Los expertos creen que lo más
peligroso para los adolescentes son las tragaperras online, donde
se ha detectado que el 93% de los adolescentes que juegan están “enganchados”.
La vía de entrada más fácil y peligrosa para el juego
online de los adolescentes son los videojuegos, donde se ha detectado
que el 24% de los jugadores jóvenes (de 15 a 17 años) utilizan las
“cajas botín” ("loot boxes") para obtener recompensas en el juego a cambio de
dinero. En 2021, 3 de cada 10 jóvenes gastaron dinero dentro de los
videojuegos para mejorar su posición, personaje, accesorios o imagen,
al margen de la compra inicial. Es una entrada al juego de los adolescentes por
la puerta de atrás de los videojuegos, lo que preocupa a los expertos. Por eso,
el Gobierno Sánchez aprobó
en julio de 2022 un anteproyecto de Ley para regular las “cajas
botín” en los videojuegos, aunque finalmente no se aprobó en el Consejo
de Ministros, por el fin de la anterior Legislatura. Entre tanto, en enero de 2023, el
Parlamento europeo aprobó una resolución que insta a Bruselas a
legislar sobre las “cajas botín” en Europa, después de que EE. UU. haya
sancionado a Fortnite por “usar patrones oscuros para fomentar compras no
deseadas, sobre todo en menores y adolescentes”.
El anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, prometió en 2023 que el
futuro Gobierno (tras las elecciones del 23-J) aprobaría la Ley sobre las “cajas
botín” en los videojuegos, pero no se ha hecho, aunque el ministro ahora
responsable del juego, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha
prometido que se aprobará en 2024. Otra medida en estudio es obligar a las
operadoras a establecer mayores controles para impedir el acceso de los
menores a la lotería online, muy generalizada. Y el Gobierno se plantea aprobar
una
tercera medida, introducir un nuevo sistema para fijar límites a lo
que puede gastar un jugador: ahora hay un límite por defecto por jugador
(600 euros semanales y 1.500 euros mensuales), pero funciona por cada
plataforma, con lo que el jugador puede “eludirlo” cambiando de plataforma, poniendo
así su “nuevo marcador a cero”. En cualquier caso, es un límite meramente
indicativo, porque el jugador es libre de ampliar el límite y gastar
lo que quiera en jugar online. Pero el Gobierno cree que si se cambia el
límite por jugador y no por plataforma (como se hace en Alemania), será una
medida disuasoria para frenar el gasto en el juego online.
Estas medidas pueden ayudar, pero no dejan de ser “parches”
ante un juego online que avanza imparable, sobre todo entre los
jóvenes, dejando una secuela de adolescentes y jóvenes con problemas serios
de juego, como denuncian las ONGs y los médicos, preocupados porque el
juego patológico se ha convertido en la
3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y
la depresión. Y con el problema añadido de que la
sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los
médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades
especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del
juego en toda España.
Los expertos y las ONGs que atienden a ludópatas (cada vez
más jóvenes) insisten en que hay
que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego,
sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación
sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las
drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y
Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con
especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también
las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría
financiarse con una parte de los ingresos fiscales del juego: 1.180
millones ingresados en 2022 (sólo 109 millones del juego online), que
reciben básicamente las autonomías (1.035 millones).
Además, habría que tomar
medidas para obligar a las plataformas a detectar y controlar
mejor el juego excesivo, desde la entrada de menores a las apuestas
descontroladas. La tecnología ofrece múltiples herramientas para hacerlo,
para conseguir “jugar con cabeza”, aunque eso reduzca el negocio de las
multinacionales del juego. Pero no podemos dejar que el juego online se multiplique
sin control y destruya a parte de nuestros jóvenes, ya bastante afectados
en su vida cotidiana por la precariedad y la dificultad de emanciparse. El
juego en sí no es malo, para puede ser una peligrosa evasión para muchos.
Actúen ya.
Enrique Ortega
Tras una década legalizado (desde junio de 2012), el juego online se ha disparado en España. El año 2023 se cerró con un récord histórico de cantidades jugadas: 31.905 millones de euros, según el último balance de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 3,6 millones jugados cada hora. Un volumen de dinero que multiplica por 5,6 lo jugado en el primer año completo de juego online legalizado, los 5.673 millones jugados online en 2013. Y que casi duplica lo jugado antes de la pandemia (19.026 millones en 2019).
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lunes, 1 de abril de 2024
Récord histórico de bajas laborales
El dato es impactante: más de un millón de españoles
(1,1) no van cada día a su trabajo por enfermedad (ILT), según
los datos oficiales de bajas laborales, que en 2023 alcanzaron un récord
histórico. De cada 1.000 trabajadores, más de 400 cogieron una baja
laboral el año pasado, lo que duplica el absentismo de 2012. Y coloca a
España como el 2º país europeo con más ocupados que se
ausentan del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT),
por detrás de Francia e igualados con Portugal. Pero aunque se pierden 396
millones de horas de trabajo, la mitad de estas bajas son por menos de 3
días y no las pagan las empresas ni la Seguridad Social. Mientras la patronal
habla de grave aumento del absentismo, sindicatos y expertos lo achacan
a las listas de espera en la sanidad y a la poca agilidad en los expedientes de
ILT. Ahora, el Gobierno prepara una norma para que muchas bajas las
controlen y agilicen las Mutuas laborales. Enrique Ortega
Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%, desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en 2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1% de absentismo en 2022 y 2023, según los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad), según Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo, tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia (1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia (2,9%) y Bélgica (3,6%).
El absentismo laboral en España presenta 3
rasgos preocupantes sobre el resto de Europa, según
un reciente estudio del Instituto valenciano Ivie y la Mutua Umivale Activa
: la intensidad del fenómeno y el gasto asociado, su rápido
crecimiento en los últimos 16 años y que se produce en todas las
autonomías, aunque más en el norte que en el sur. En cuanto a la
intensidad, España
es el 4º país europeo que más gasta en prestaciones por incapacidad laboral
temporal (ILT) con relación al PIB, un 1,4% en 2022, unos 18.850 millones de
euros), sólo por detrás de Paises Bajos y Alemania (gastan el 2% del PIB) y
Suecia (1,5%), muy por encima de la media UE-27 (el gasto en ILT supone el 1,2%
del PIB), del coste en Francia (0,8%), Portugal (0,6%) o Italia (0,5%).
Por
autonomías, todas tienen en 2023 tasas de absentismo superiores a las
de 2007 y a las de la mayoría de paises europeos, destacando el alto
absentismo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco
(5,8% de la población ocupada, frente al 4,1% de España y el 2,5% de Europa),
Galicia (5,5%), Asturias y Cantabria (5.1% cada una), seguidas de Canarias (4,9%),
Murcia (4,7%), Castilla y León (4,5%), Navarra (4,3%), Extremadura (4,2%) y
Melilla (4,1%). El resto de autonomías tienen un absentismo inferior a la
media, tanto Ceuta Y Comunidad Valenciana (4&), la Rioja y Cataluña (3,9%),
Castilla la Mancha (3,7%), Aragón (3,4%), Baleares (3,3%) y Madrid (3,2%),
la región con menos absentismo de España.
Hay dos
formas de medir el absentismo, la ausencia al trabajo por
enfermedad, accidente o incapacidad temporal (ILT). Una es la baja
por contingencias comunes, una baja que se solicita por enfermedad
común (una gripe) o accidente fuera del trabajo (una rotura de un
brazo). Esta baja surte efecto al 4º día de solicitarse y el trabajador cobra el
60% de la base reguladora del día 4 al 21º (la empresa paga del 4ºal 20º) y un
75% después (cuando la paga la Seguridad Social. Estas bajas son la
mayoría (el 91% del total) y las gestionan la Seguridad Social y las Mutuas.
La otra baja es por
contingencias profesionales, causadas por el desempeño de la actividad
profesional, por una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Estas bajas
surten efecto desde el primer día y el trabajador cobra el 75% de la base reguladora
desde el día siguiente. Estas bajas supusieron el 9% del total en 2023 y
son mayoritariamente gestionadas por las Mutuas.
El ”problema” del actual absentismo laboral se da
ahora en el primer grupo de bajas, las bajas por contingencias
comunes, que supusieron
414 bajas por cada 1.000 ocupados en las gestionadas por la
Seguridad Social (409 en el caso de las Mutuas), cuando en 2008 eran 350 (y
340 en el caso de las Mutuas). En Cataluña, esas bajas llegan a 669 por cada
1.000 ocupados (SS), en Navarra a 657, en Baleares 473, en el País Vasco 459 y
en Madrid 399, mientras sólo son 237 en Extremadura, 334 en Asturias y 340 en
Galicia, según
los datos de la Seguridad Social en 2023, aportados por Ivie. Sin embargo, las
bajas por contingencias profesionales sólo fueron de 41,6 por 1000 ocupados
(Mutuas) o 55,6 por cada 1000 (bajas gestionadas por la SS, unas bajas
que apenas han crecido desde 2008.
Al final, se suman los dos tipos de bajas y aparece el dato
de 450,6 bajas laborales (ILT) por cada 1.000 ocupados (en las
gestionadas por las Mutuas) o 473,6 bajas totales en el caso de las
gestionadas por la Seguridad Social. Eso significa una media de 20 días
de ausencia por trabajador al año, sólo por enfermedad
(no por otras causas personales). Y eso se traduce, según los expertos, en que 1,1
millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por
incapacidad temporal (ILT) . Y también significa que en España se
perdieron más de 396 millones de jornadas laborales por ILT en 2023, un 62%
más de las horas perdidas por enfermedad o accidente en 2018.
La duración
media de las bajas por contingencias
comunes (el 91% de todas las bajas) osciló en 2023 entre los 38,2 días
(en las gestionadas por la SS) y los 31,9 días (Mutuas), o sea, más de
un mes, aunque lo positivo es que esta duración ha bajado (de 41 días de media en
2018-19 a 34,4 días en 2023), según la Seguridad Social, siendo las bajas que
gestionan las Mutuas las que más han reducido la duración (un -20%).
Al final, el coste de estas bajas para las empresas y la
Seguridad Social es menor de lo que podría pensarse porque más
de la mitad de las bajas no se pagan, por su corta duración, según los
datos de la Seguridad Social. Así, en todo 2023 se iniciaron 6.334.995 procesos
de bajas laborales (ILT), de los que sólo 2.351.221 procesos fueron indemnizados
(por las empresas o la SS), un 37,11%). Y al final del año, habían finalizado
6.253.629 procesos de los iniciados, de los que 2.591.506 fueron indemnizados,
sólo el 41,44% de los expedientes de ILT finalizados, con un coste total de
10.108 millones de euros, según
la última estadística de la Seguridad Social. Eso quiere decir que la
mayoría de bajas (58,56%) no se pagaron
al trabajador, básicamente porque fueron inferiores a 3 días o porque no se
justificaron adecuadamente. El problema está en esos 81.366 expedientes de
baja abiertos en 2023 y no finalizados: son las bajas más complejas, de
mayor duración (180 días los procesos en vigor) y los más costosos.
¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España?
Para
muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que
agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el
absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que
ha
aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las
consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con
problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de
personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos
expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar
por un médico de familia para dar las altas).
También hay otros factores que explican el
aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la
población ocupada (hay 4,2
millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro
(11,76% frente
al 26,94% en 2013), con lo que hay “menos miedo a perder el empleo y, sobre
todo, una “distinta
actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos
precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han
aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el
absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios
laborales.
Al final, el elevado absentismo laboral daña la
productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores,
que cobran mucho menos mientras están de baja o no cobran nada. Por eso, el
absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan
años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que
se ha traducido en que ambas partes hayan dedicado un capítulo (el
VII) a abordar el absentismo en el V
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de
2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortan al estudio
de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y están de
acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para
agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además,
piden más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y
medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos
de bajas.
En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el
Gobierno anunció en febrero que
aprobará próximamente una medida para agilizar y reducir las bajas
laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas
laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de
cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondrá que los médicos de
familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de
recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del
SNS, los únicos que podrán darlas. No se trata de “privatizar” el proceso,
que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al
consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta
tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el
seguimiento de las bajas.
En paralelo, otra
medida que estudia el Gobierno (la Seguridad Social) es reformar los
criterios para autorizar jubilaciones anticipadas a trabajadores
que lleven meses o años con bajas persistentes, que en realidad
justifican flexibilizar los procedimientos para que puedan optar a una jubilación
anticipada con coeficientes reductores.
En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas
laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los propios
afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a
los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada
para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar
con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas
y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica
al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay
que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas”
y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los
expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral,
fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo,
hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más
integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar
no sea un tormento. Así también habrá menos absentismo.
Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empezó a superar la crisis financiera de 2008. En 2012, en lo peor de la crisis, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo por incapacidad laboral temporal, por ILT) había bajado al 2%, desde el 2,8% de 2007. Y a partir de 2014 sube, hasta una tasa del 2,7% en 2019. La pandemia de 2020 y 2021 trastoca las cifras (de un 4,3% de absentismo en junio de 2020 al 4,9% en marzo de 2021) y las mantiene en un 4,1% de absentismo en 2022 y 2023, según los datos oficiales, un máximo histórico. Y este alto nivel de absentismo casi duplica el de Europa (2,5% de ocupados se ausentaron de su trabajo por enfermedad), según Eurostat (2022), siendo España el 2º país europeo con más absentismo, tras Francia (4,6%) e igualado a Portugal (4,1%), lejos del absentismo de Italia (1,3%), Paises Bajos (1,6%), Alemania (2,4%), Austria, Finlandia o Suecia (2,9%) y Bélgica (3,6%).
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jueves, 28 de marzo de 2024
Otra Semana Santa a tope (y más cara)
Los españoles se han lanzado a viajar esta Semana
Santa, por España y por Europa, mientras hay un aluvión de extranjeros
en costas y ciudades. A pesar del mal tiempo, será otra Semana Santa récord,
tras la de 2023, con una ocupación hotelera que supera el 85% en
muchos destinos, en el litoral, islas y ciudades con procesiones. Una “fiebre
por salir” que no se detiene ante las fuertes subidas de precios,
superiores al 15%, en transportes, hoteles, restaurantes, cultura y ocio. El
Gobierno espera 14,2 millones de turistas extranjeros entre marzo y
abril, 2 millones más que el año pasado, que gastarán 19.000
millones (+3.700). Y seguirá el aluvión hasta el verano, cuando se esperan
más turismo (nacional y extranjero) que en 2023. Ya se habla de 93 millones
de turistas en 2024 y 100 millones en 2025. Pero ojo: la saturación
turística, como en esta Semana Santa, puede volverse en contra y matar nuestra
primera industria, el turismo. Hay que reconvertir los viajes y el ocio. Enrique Ortega
El año 2024 ha empezado muy bien para el turismo. En enero y febrero se produjo un récord de pernoctaciones (estancias en hoteles y alojamientos turísticos), según el INE: 34.995.422 pernoctaciones, 2,7 millones más que al inicio de 2023 (+8,38%), sobre todo por la mayor llegada de extranjeros (22,5 millones de pernoctaciones, +12,6%). Y enero de 2024 fue el mejor mes de enero de nuestra historia para el turismo: llegaron 4,8 millones de extranjeros, un +15,3%, sobre todo europeos y de EE. UU. (+23,6%), casi la tercera parte a Canarias (1,32 millones, +9,25%), pero también a Cataluña (958.726, +20,37%), Andalucía (666.363, +17,4%), Comunidad Valenciana (619.718 turistas, +29,06%) y Madrid (609.325, +17,45%). Y estos turistas extranjeros que llegaron en enero se gastaron 6.550 millones de euros, un 25,5% más que en enero de 2023, con una estancia media de 8,71 días y un gasto medio de 158 euros diarios, según Frontur.
En marzo, a falta de datos oficiales, el sector
confirma que han seguido aumentando las pernoctaciones y la llegada de
turistas extranjeros, atraídos por el excepcional buen tiempo. Y así, se ha
llegado a una
Semana Santa que se espera récord, con una ocupación media
del 85%, que superará el 90% en las islas, zonas de costa y algunas
ciudades de interior con atractiva oferta de procesiones (en Andalucía y
Castilla y León). Los hoteleros insisten en que las reservas de Semana Santa se
anticiparon este año, superando en un 35% la ocupación de 2023 (cuando tuvimos
una Semana Santa récord) e incluso la de 2019 (+25% de reservas). La
novedad este año es que lo que más crecen son las reservas de españoles,
sobre todo a Canarias, Navarra, Murcia y Aragón, según
CEHAT. Y todo ello ayudado por un aumento de los vuelos (Iberia y
sus filiales han ofertado 1 millón de plazas más) y de trenes (2,5
millones de plazas en Renfe), además de un récord en los desplazamientos por
carretera.
Se espera pues un récord histórico de ocupación esta
Semana Santa, a pesar del mal tiempo y, sobre todo, de que los
viajeros se encuentran con unos
precios disparados, desde los carburantes (el diesel está
más
caro que hace un año y la gasolina está en máximos de cuatro meses, aunque
más barata que en la Semana Santa de 2023) y los billetes de avión y tren
a las estancias en hoteles, las comidas y bebidas en restaurantes y
bares o el coste de la cultura y el ocio. En febrero, los
hoteles ya habían subido un +9% anual (y los restaurantes un 5,1%), según el INE, pero para
Semana Santa, las habitaciones de hotel han subido una media del +15%. Y
más en algunas ciudades como Palma (+28%), Madrid (+19%), Sevilla o Málaga. A
pesar de este fuerte aumento de precios, generalizado, españoles y extranjeros no
han renunciado a viajar, aunque algunos han recortado su estancia (4
días en lugar de toda la semana) y otros han buscado más casas rurales y apartamentos
que hoteles. Y los
supermercados están multiplicando ventas en zonas turísticas.
Este aluvión de viajes esta Semana Santa está
sirviendo para mantener el consumo y la actividad económica, que
habrá vuelto a crecer este primer trimestre gracias al turismo (que ya
aportó en 2023 el 70% de todo el crecimiento español, 1,75% del 2,5% que
crecimos). Y se notará también en el empleo, porque se han realizado
116.200 contrataciones extras en marzo por la Semana Santa (+18,6% que en
2023), según
Randstad, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Madrid. Eso sí, la subida de
precios provocada por la Semana Santa (“todo el mundo se aprovecha”) provocará
una subida de la inflación en marzo, que subió al 3,2% anual (+0,4%), según
el dato adelantado del INE, una mala noticia que puede retrasar la bajada
de tipos del Banco Central Europeo (BCE), esperada para junio.
Con todo, esta Semana Santa récord no es un hecho aislado,
sino que se espera un aumento del turismo y los viajes (de españoles y
extranjeros) el resto de la primavera, a la vista de las reservas ya
hechas y del aumento de billetes de avión y tren ofertados y reservados. Las
previsiones de Turespaña, tras sondear los mercados internacionales, son
que visiten España, entre marzo y abril de 2024, unos 14,5 millones
de turistas extranjeros, 2 millones más que en esos meses de 2023. Y
además, que esos turistas hagan también un gasto récord, de 19.000 millones
de euros (+3.700 millones que en marzo y abril de 2023). En paralelo, el sector
hotelero espera aumentar sus ingresos un +14% esta primavera respecto
a la de 2023 (y +25% sobre la primavera de 2019), gracias a un aumento
de la ocupación (+4%) y sobre todo a la subida de precios (+10%), según
el Smart Observatory, elaborado por la Confederación hotelera CEHAT y la
consultora PwC.
Los expertos reiteran que crece
el interés por viajar a España, esta primavera y el próximo verano,
como lo atestiguan las búsquedas por Internet, las reservas y el aumento de
plazas en los vuelos internacionales. Así que el sector espera una
primavera récord (de abril a junio) y que el verano vuelva a
ser récord, superando la llegada de turistas de 2023 y el turismo de
los españoles. Y además, creen que la buena temporada turística podría extenderse
hasta septiembre y parte de octubre, si el “buen tiempo” acompaña. Se observa
un
gran interés de los europeos (no sólo británicos, franceses y alemanes) por
viajar a España y un fuerte aumento de turistas de América y Asia, que nos
ven como un país “seguro” (ante el conflicto en Palestina, que desalienta
viajar a Turquía o Egipto) y con una oferta muy completa, que suma al
sol y playa la gastronomía, el ocio y la cultura.
Además, los expertos creen que “la
tendencia a viajar” se ha consolidado como una prioridad
para los consumidores occidentales, tras el gasto en comida y vivienda.
Así que todos los europeos (y los españoles) ya no sólo viajan en vacaciones,
sino que aprovechan cualquier hueco o fin de semana para “escaparse”,
para buscar nuevas experiencias fuera de su ciudad, “cueste lo que cueste”. Es esta
“fiebre”, desatada en Occidente tras el fin de la pandemia, la que
explica el aluvión de viajes y turistas, aunque suban los precios. Y por eso, las
previsiones sobre el año turístico en España son “estratosféricas”: ya se
habla de recibir este año 93
millones de turistas, 8 millones más que en 2023 (85,1 millones). Y llegar
a los 100 millones de turistas extranjeros en 2025…
Una locura, si recordamos
que en 2003 llegaron la mitad de turistas extranjeros (50 millones) y en
1995 la tercera parte (33 millones). Está claro que el turismo es
nuestra primera industria y la locomotora de la economía, el sector que
este año 2024 volverá a aportar casi la mitad del crecimiento (el 41,4%
del 1,6% que esperamos crecer) y crea
1 de cada 4 nuevos empleos. Pero ojo, podemos “morir de éxito”,
llegar a una situación en que el exceso de turistas (sobre todo en algunos
destinos) retraiga a los visitantes y cree problemas serios con la población
local, que la fiebre por viajar acabe convirtiéndose en un hartazgo ante
los destinos masificados y caros, que fuercen a buscar destinos
alternativos fuera de España. Es un temor que ya han reiterado expertos y
hoteleros españoles, que llevan meses pidiendo “repensar el turismo”,
alcanzar un
Pacto de Estado entre instituciones y empresas para conseguir un
crecimiento sostenible del turismo.
Para ello, el
sector propone una hoja de ruta hasta 2030 que tenga en
cuenta las exigencias medioambientales y sociales, que reduzca
los pisos turísticos (principales responsables del turismo masivo “low
cost”), que mejore y diversifique la oferta turística
(fuera de las zonas masificadas y de los meses tradicionales de viajes),
afrontando una mayor digitalización y una profunda reconversión del sector para renovar la obsoleta
oferta turística en muchos destinos de sol y plaza, para lo que piden aprovechar
los Fondos europeos.
El año 2024 ha empezado muy bien para el turismo. En enero y febrero se produjo un récord de pernoctaciones (estancias en hoteles y alojamientos turísticos), según el INE: 34.995.422 pernoctaciones, 2,7 millones más que al inicio de 2023 (+8,38%), sobre todo por la mayor llegada de extranjeros (22,5 millones de pernoctaciones, +12,6%). Y enero de 2024 fue el mejor mes de enero de nuestra historia para el turismo: llegaron 4,8 millones de extranjeros, un +15,3%, sobre todo europeos y de EE. UU. (+23,6%), casi la tercera parte a Canarias (1,32 millones, +9,25%), pero también a Cataluña (958.726, +20,37%), Andalucía (666.363, +17,4%), Comunidad Valenciana (619.718 turistas, +29,06%) y Madrid (609.325, +17,45%). Y estos turistas extranjeros que llegaron en enero se gastaron 6.550 millones de euros, un 25,5% más que en enero de 2023, con una estancia media de 8,71 días y un gasto medio de 158 euros diarios, según Frontur.
En definitiva, planificar el crecimiento del
sector turístico en las próximas décadas, para no
matar a la gallina de los huevos de oro. Por eso, el sector, los
sindicatos, el Gobierno, las autonomías
y los Ayuntamientos tienen que sentarse y lograr un Pacto por el turismo
a medio plazo, para que sea sostenible y de calidad, que no nos agobie viajar.
No es fácil, pero hay que conseguirlo.
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