Este domingo se celebra el 8-M, el Día de la
Mujer, cuya discriminación olvidamos el resto del año. Este 8-M
celebramos que hay más mujeres que nunca trabajando, menos paradas
y que su “brecha” salarial con los hombres sigue
reduciéndose. Pero tenemos más mujeres inactivas, menos trabajando,
con peores contratos, empleos y sueldos, más paradas cobrando menos desempleo,
con pensiones más bajas y más mujeres mayores dependientes sin ayudas… Demasiadas
discriminaciones, que apenas mejoran. Y tienen varias causas, que
urge resolver: la atadura de los cuidados (a hijos y padres), el desigual
acceso al trabajo y a los mejores empleos junto a las interrupciones en
su carrera laboral, que recortan sus pensiones, además de la poca
colaboración en casa de los hombres (“ayudan” pero no comparten
tareas). Es hora de tomar medidas más efectivas, en los cuidados,
las guarderías, la selección de personal y la negociación de los convenios,
para mejorar de verdad la situación de las mujeres. Tenemos que acabar con la
discriminación de media España. 
Hay pues más mujeres que hombres y también más
mujeres en edad de trabajar (con más de 16 años) : 21.702.500
mujeres frente a 20.612.700 hombres, en diciembre de 2025.
Pero este desequilibrio se corrige si miramos las personas que tienen entre
16 y 64 años, la franja de edad en que normalmente se trabaja: hay 15.974.600 mujeres y
16.115.000 hombres, porque hay muchas más mujeres que hombres con más
de 65 años (son más longevas). A partir de aquí, empiezan las
discriminaciones a la mujer. La primera, que hay más mujeres “inactivas”,
que ni trabajan ni buscan trabajo, que “tiran la toalla” aunque están en
edad laboral, básicamente porque se dedican a “las tareas de la casa, a cuidar
a los hijos (y maridos) o a padres y adolescentes “dependientes” (el 75% de los
cuidadores son mujeres). A finales de 2025 había 9.921.300 mujeres inactivas
frente a 7.453.600 hombres. A lo claro: hay 2,5 millones de mujeres que han
renunciado de entrada a trabajar fuera de casa.
A causa de esta alta inactividad, la tasa de
actividad de las mujeres españolas (trabajan o buscan trabajo entre los 16
y 64 años) es del 72,30%, frente al 80,08% de los hombres: son 11.781.300
mujeres “activas” frente a 13.159.100 hombres, según la EPA 2025. Una
tasa de actividad algo superior a la de las mujeres europeas: allí
eran “activas” el 75,3% de las mujeres de 20 a 64 años, frente al 75,8% en
España en esa edad, muy inferior a la tasa de actividad femenina en Alemania
(80,2%) o Francia (77,5%), aunque es menor en Italia (61,9%), según
Eurostat (2024). Tras la pandemia aumentaron más las mujeres “activas”
(+937.200 desde 2019) que los hombres (+844.400), por la llegada de mujeres
inmigrantes y porque más mujeres mayores, con hijos “criados”, buscan ahora trabajo.
La 2ª gran discriminación es que hay menos mujeres
trabajando. No sólo porque hay menos mujeres “activas” (buscando trabajo) que hombres sino porque las que buscan tardan más en encontrar trabajo y lo
encuentran peor que los hombres, a pesar de estar más formadas (según
las estadísticas educativas), aunque tienen menos estudios “técnicos” (carreras
STEM: Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas). A finales de 2025 había 10.457.500 mujeres
ocupadas, frente a 12.005.800 hombres, según la EPA. Son más
mujeres que nunca trabajando (eran 5,8 millones ocupadas en el año
2000, frente a 9,9 millones de hombres), pero sigue habiendo más hombres
trabajando (+1,54 millones), aunque hay más mujeres. Y otra vez, la tasa
de empleo femenino en España (66,5% población de 20 a 64 años)
es inferior
a la europea (70,8%) y a la de Alemania (77,7%) o Francia (72,2%),
superando a Italia (57,4%).
Con todo, las mujeres han conseguido llevarse
más nuevos empleos que los hombres tras la pandemia: trabajan ahora 1.299.200
mujeres más que a finales de 2019, frente a 1.197.200
nuevos empleos conseguidos por los hombres estos 6 años. Eso sí,
la mayor parte de estos nuevos empleos “ganados” por las mujeres han sido para
las mayores de 50 años (+920.500 empleos, el 70,85% del total), junto a
las de 45 a 49 años (+176.100), mientras perdieron empleo las mujeres de 35 a
44 años (-284.700 entre 2019 y 2025) y apenas ganaban empleo las chicas más
jóvenes (+158.800 empleos). En resumen, quienes consiguieron trabajo
estos 6 años son mujeres mayores, que dejaron de trabajar en
su momento y han vuelto, sobre todo en los servicios: empleo doméstico y
cuidados mayores y niños, hostelería, comercio, campo y trabajos eventuales,
muchas mujeres inmigrantes.
Los datos revelan que las mujeres copan menos del 50% de los
empleos en 73 de los 100 sectores económicos. Y aquí tropezamos con la 3ª
gran discriminación de las mujeres: trabajan en sectores más precarios y
peor pagados, con contratos de menos calidad, peores puestos y categorías. El
tipo de contrato es clave. Primero, las mujeres copan los contratos a
tiempo parcial, por horas o días: de los 3.089.700 asalariados a tiempo
parcial (menos jornada) que había a finales de 2025, 2.250.700 eran mujeres
(el 72,84%), según la
EPA . Y si trabajan mucho más a tiempo parcial que los hombres no es
porque quieran: la mayoría dicen que es porque no han encontrado trabajo a tiempo completo. Y 389.371 mujeres trabajan a tiempo parcial para
cuidar a un familiar (11 veces más que los hombres).
Y segundo, las mujeres tienen más contratos temporales
que los hombres: 1.633.600 mujeres con contrato temporal a finales de
2025, frente a 1.265.500 hombres “temporales. Y aunque han caído con la reforma
laboral (había 2,21 millones de mujeres con contrato temporal en 2019), crece
el porcentaje (eran el 50,31% del total en 2019 y ahora son el 56,34%).
Además, el 44% de las mujeres trabaja en los 7 sectores
económicos con los sueldos más bajos. Y de las 10 actividades con peores
nóminas, 7 tienen una mayor proporción de mujeres que de hombres
trabajando, según un
estudio de CCOO: servicio doméstico, hostelería, sanidad, cuidados,
actividades auxiliares, actividades artísticas y recreativas, comercio.
Pero además, hay muchas más mujeres que hombres trabajando en las
categorías laborales más bajas y en los empleos menos cualificados,
ocupando también menos puestos directivos, una muestra de la
menor promoción de la mujer en las empresas: sólo el 34,5% de las mujeres
trabajadoras ocupan puestos de gerentes y directivos.
Esta mayor precariedad de los contratos y la mayor actividad
en sectores y puestos peor pagados conduce a la 4ª gran discriminación de
las mujeres: tienen peores sueldos que los hombres. El sueldo medio bruto
de los hombres era de 2.593 euros mensuales en 2024, frente a 2.163,2
euros las mujeres, según
el Decil de Salarios de la EPA. Eso supone una “brecha salarial” para
las mujeres del 16,58%, “brecha” que ha ido bajando tras la pandemia, ya
que era del 18,58% en 2019. Una mejoría que se explica por la fuerte subida
del salario mínimo (SMI) desde 2018 (+66%, de 735 a 1.221 euros en
2026), que afecta sobre todo a las mujeres (son
el 61% de los 2,5 millones que cobran el SMI), y por los Planes de igualdad en algunas empresas (no en la mayoría). Una mejora de la
brecha salarial que se está dando en toda Europa, donde es más baja (12%).
La “brecha salarial”, aunque ha mejorado,
sigue siendo muy desigual por edad, nivel de estudios,
sectores y empleos, tamaño empresa, tipos de contrato, puestos de trabajo y
sector de actividad, complementos y autonomías, según
este estudio del Instituto de las Mujeres. La brecha salarial de las
mujeres es mayor entre los trabajadores más jóvenes (20-24 años) y entre
los mayores de 40 años, más entre las inmigrantes (22,7%) que
entre las españolas (16,30%), más entre los que tienen poca formación
(29,5%) que entre los universitarios (16,7%), más en la industria y los
servicios que en la construcción, más en las actividades
administrativas (29,55%), sanidad y
servicios sociales (23,8%), actividades científicas y técnicas (22,8%),
comercio (22,44%), finanzas y seguros (20,52%), inmobiliarias (19,89%),
industria (17,10%), energía (16,67%) y hostelería (16,18%), más según la antigüedad,
pluses y complementos (que cobran menos las mujeres) y más en las pymes
que en las grandes empresas. Y por
autonomías, la mayor brecha salarial se da en Navarra (20,68%),
Asturias (20,06%), Murcia (19,15%), Aragón (19,14%) y Cantabria (18,59%),
siendo intermedia en la Comunidad Valenciana (16,92%), Cataluña (16,75%),
Madrid (16,55%) y Andalucía (16,14%) y baja en Canarias (4,74%), Baleares
(8,76%), Extremadura (11,91% y País Vasco (12,81%).
Y pasamos a otra gran discriminación de las mujeres, la
5ª: hay más mujeres en paro que hombres. A finales de 2025 había en España 2.477.100 parados EPA, de
los que 1.323.800 eran mujeres paradas y 1.153.300 hombres
desempleados. El paro femenino cayó en 2025 la mitad que el
masculino (-38.800 frente a -79.500), aunque ha caído algo más
desde 2019 (-362.000 frente a -352.800 el masculino), sobre todo entre
las mujeres de 25 a 54 años (-354.500 paradas) , mientras subió el paro entre
las mujeres mayores de 55 años ( +19.900 paradas), porque intentar ahora
recolocarse y aportar ingresos al hogar. Con todo, la tasa de paro femenina (11,24% en 2025) es mayor que la masculina
(8,76%) y casi duplica la tasa de paro
de las mujeres europeas (6%), siendo mucho mayor el paro en las
mujeres jóvenes (24,1% de paro en España y 14,8% en la UE-27).
No es solo que haya más paradas que parados, es que
además, las mujeres cobran menos desempleo, la 6ª discriminación, porque
la mayoría han cotizado menos años y por sueldos más bajos. Así, en 2025, había
452.994 mujeres cobrando una prestación de desempleo contributiva y 410.820
hombres. Y estas paradas cobraban de media 31,24 euros de paro al día (937,20
euros mensuales), frente a 36,35 euros diarios que cobraban los
parados hombres (1.087,5 euros mensuales). Eso supone una “brecha en
el desempleo” del -13,83% (en 2024 era el 14,20%), según
los datos del SEPE. Pero hay más: esta brecha en el desempleo contributivo
(el paro asistencial es igual para hombres y mujeres: 480 euros mensuales) es mayor
entre las paradas con más edad: sube al 17,2% en las paradas
de 50 a 54 años, al 20,72% en las de 55 a 59 años y al 21,72% en las paradas de
más de 60 años.
Y tras una vida con menos actividad y menos empleo peor
pagado, las mujeres se jubilan con peores pensiones, la 7ª discriminación. Por
un lado, la pensión media de los hombres es de 1.629,91 euros
frente a los 1.130,24 euros de las mujeres, según
los datos de la Seguridad Social al 1 de febrero de 2026. Una “brecha
de pensiones” del -30,66%, que se ha reducido los últimos años
gracias a la subida del SMI y de algunos sueldos, más el
complemento de brecha de género que el Gobierno aplica desde febrero de
2021. Y en las pensiones de jubilación, la pensión media de las
mujeres es de 1.259,6 euros, una “brecha” del -29,56% sobre
la jubilación media de los hombres (1.778,08 euros mensuales). Sólo en las pensiones
de viudedad, las mujeres cobran más que los hombres (1.003,89
euros frente a 666,10 euros).
Queda otra discriminación, la 8ª: la desigualdad en Dependencia,
debido a que las mujeres viven más años que los hombres (86,53 años de
media frente a 81,38 años) y por tanto tienen más riesgo de ser
dependientes al final de su vida y necesitar ayuda. De hecho, casi
2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 62,66% en
2025). Y por eso, sufren más que los hombres los problemas
de la Dependencia, tanto el retraso en las ayudas (a finales de 2025 había
258.167 dependientes en listas de espera y 32.704 mayores murieron
el año pasado antes de recibirlas) como en su escasa cuantía o servicio
(pocas residencias y más ayudas low cost, como la teleasistencia o la ayuda a
domicilio).
Y por si fueran pocas estas discriminaciones, las mujeres
sufren otra más, la 9ª de la lista: la discriminación que sufren en su
propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de
los cuidados de niños y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el
45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar,
algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% realizan una
parte importante de las tareas,
aunque compartida. Esto significa que el 80,82% de las mujeres cargan con
las tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los
hombres (unos 12 millones) confiesan que “hacen poco o nada”, según la última Encuesta
del INE (2021). Además, el 40,2% de las mujeres se ocupan “mayoritariamente”
de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% cuida a los mayores
(frente al 20,5% de los hombres).
En resumen, un preocupante panorama, donde
persisten las discriminaciones año tras año, aunque algunas mejoren lentamente,
por lo que la igualdad tardará décadas. Por eso, urge
tomar medidas en tres terrenos claves. Uno, en los cuidados, tanto de
los niños como de los mayores dependientes. Eso exige mejorar la
atención a la infancia, desde las guarderías a la gratuidad de la
enseñanza de 0 a 3 años, junto a la multiplicación de guarderías en empresas y
centros públicos, para facilitar el trabajo de las mujeres y la conciliación
familiar. Por otro lado, hay que dotar de más financiación y mejorar la
gestión de la Dependencia, para reducir las listas de espera y facilitar la
atención externa a los mayores dependientes en sus casas, quitando presión a
las mujeres. En segundo lugar, hay que lograr un pacto laboral en las
empresas para mejorar el acceso laboral de las mujeres y reducir
las diferencias laborales y salariales en los convenios. Y en tercer
lugar, todas las políticas públicas deben fijarse como objetivo reducir
las discriminaciones de las mujeres, desde la educación al empleo, el desempleo,
las ayudas sociales y la jubilación.
Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se
habla mucho de la discriminación de la mujer y se hacen manifestaciones
de protesta, pero se
avanza poco. Y menos cuando la derecha y la ultraderecha
ponen en duda esta desigualdad y promueven que a los hombres no les
preocupe. Estamos ante uno
de los grandes retos de este siglo, junto a la emergencia climática,
la demografía o la tecnología. Afrontarlo y resolverlo a medio plazo no
debería depender de las posturas políticas porque es un objetivo justo
y necesario: lograr que nadie sea discriminado por nacer mujer. Conseguir
la igualdad para media España. Ganaríamos todos.
El 1 de enero vivían en España 10 millones de
personas nacidas en el extranjero, frente a 1,4 millones el año 2.000
y los 7 millones de 2020. Un aluvión de extranjeros que la
derecha rechaza pero que han evitado el colapso del país, porque los
nacidos en España caen desde 2012. Los nacidos fuera son ya el 21,35% de los
trabajadores y eso ha aumentado cotizaciones, ingresos fiscales y el
consumo: entre 2022 y 2025, casi la mitad (el 47%) del
crecimiento español ha sido por los inmigrantes, que además usan
menos la sanidad y otros servicios públicos. Y como la población autóctona
seguirá cayendo, seguirán llegando extranjeros: serán el 35% de la población
en 2050. Por eso, el Gobierno ha aprobado una regularización (residencia)
para 500.000 inmigrantes que ya están aquí e intenta ordenar la entrada
legal de inmigrantes (la inmigración ilegal cayó un 42% en 2025).
Ahora, el reto es integrar a esta quinta parte de la población, por
justicia y por economía. Los necesitamos. Enrique Ortega
España era, el siglo pasado, un país de
emigrantes: en 1970, 2,4 millones de españoles trabajaban en Europa y
el resto del mundo, mientras aquí sólo vivían unos 250.000 extranjeros. Con el
fuerte crecimiento de los años 90, volvieron los españoles y llegaron más
extranjeros, hasta 1.472.458 habitantes nacidos fuera en el Censo del
año 2.000 (el 3,63% de la población). A partir de ahí, los extranjeros
han crecido mucho, en dos oleadas, según
los datos del INE. La 1ª oleada de inmigrantes se produjo
entre 2003 y 2009, año en que ya había 6.466.278 extranjeros en España
(el 13,83% del Censo). Con la crisis financiera y europea, la cifra de
inmigrantes se estancó, hasta 6.753.098 en 2019 (el 14,36% de la
población). Y a partir de ahí, tras la pandemia y el posterior crecimiento, se
produjo la 2ª oleada de inmigrantes, pasando de 7.231.195 habitantes
nacidos fuera en 2020 (el 15,23%) a 10.004.581 extranjeros censados
el 1 de enero de 2026 (el 20,18% de la población), según
el INE.
Así que la población española nacida fuera se
ha multiplicado por 6,8 veces en este siglo, pasando de ser 1 de cada
27 habitantes a 1 de cada 5. ¿Quiénes
son? El 51% son mujeres y la mayoría jóvenes (dos tercios
tienen entre 25 y 44 años), sobre todo de Marruecos (1,17 millones), aunque últimamente
crecen más los latinoamericanos: 980.000 de Colombia, 690.000 de Venezuela,
470.000 de Ecuador, 450.000 de Argentina y 430.000 de Perú, además de los
520.000 rumanos. Y donde hay más población extranjera es en Baleares
(el 27,7% en 2024, cuando la media nacional era el 18,65%), Cataluña
(23,8% de los habitantes, frente al 10,6% en 2004) y Madrid (23,8% frente
al 13,1% en 2004), Canarias (22,6%), Comunidad Valenciana (22,5%
frente al 11,3% en 2004) y Murcia (19,5% frente al 11% en 2004). De
estos 10 millones nacidos fuera de España, 3 millones tienen ya la
nacionalidad española (doble nacionalidad).
La llegada de esta población “extranjera” ha evitado un
colapso económico en España, porque han suplido la
caída de la población española, que sucede desde 2012, porque hay
menos nacimientos (por la baja natalidad: 1,10 niños por mujer, cuando
hacen falta 2,1 para garantizar el reemplazo generacional) que muertes.
Así, en 2011 se produjo el máximo de población nacida en España (40.512.654
habitantes), una cifra que cae después año tras año, hasta los 39.566.144
habitantes nacidos en España en
el Censo de 2025: casi 1 millón menos de habitantes autóctonos
(-946.510), por el desplome demográfico.
Precisamente, la llegada masiva de inmigrantes ha
permitido cubrir con creces esta caída y conseguir que la población total de
España crezca: de 47.190.493 habitantes en 2011 a 49.570.725 habitantes
el 1 de enero de 2026, según
el INE. Y eso ha permitido que España aumente su mano de obra
disponible, la base del fuerte crecimiento tras la pandemia. Así, la
población activa (personas que trabajan o buscan trabajo) ha aumentado en
1.781.600 personas en los últimos 6 años (2020-2025), pero de ellos, sólo 152.000 nuevos
activos son nacidos en España: el 91,4% restante son nuevos activos nacidos
fuera (1.628.700).
Esta mayor fuerza laboral ha permitido el fuerte crecimiento
de la economía, mayor que en Europa, y la creación de 2.496.400 empleos en
estos 6 años, el 40% de todos los empleos creados en Europa. Y dos
terceras partes han sido para trabajadores nacidos fuera de España: 1.614.700 empleos
han sido para extranjeros (1.106.600) y para foráneos con
doble nacionalidad (508.000), mientras los nacidos en España consiguieron
881.700 nuevos empleos. La
mayor parte de este nuevo empleo “extranjero” ha sido para jóvenes y
personas de mediana edad, con poca formación, que trabajan en la hostelería, la
construcción, el comercio, empleadas de hogar y en los cuidados, con
contratos más precarios y menores sueldos que los trabajadores nacidos en
España.
Tras estas ganancias de empleo, trabajan en España
22.463.300 personas (diciembre 2025), de los que 17.666.400 son
empleados nacidos en España (el 78,6%) y 4.796.800 son trabajadores
nacidos fuera de España (3.575.900 extranjeros y 1.220.900 con doble
nacionalidad), el 21,3% de los ocupados (eran el 14,86% en 2008), según
la EPA. Un colectivo de trabajadores “extranjeros” que sufre múltiples
discriminaciones laborales, según
un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones: “se concentran
en profesiones con menor cualificación, peores condiciones, mayor temporalidad,
mayor riesgo de accidente, jornadas de trabajo más largas y peor remuneradas”,
dice textualmente.
Los datos lo corroboran. Por un lado, los salarios medios
de los inmigrantes (1.846 euros brutos) son un 26,4% inferiores
a la media salarial de los españoles (2.508 euros mensuales) y también menores
a los salarios de los trabajadores con doble nacionalidad (2.040 euros brutos),
según el decil de
salarios del INE. Y otros estudios señalan que los inmigrantes ganan un
29% menos que los nativos, la mayor diferencia en Europa, debido a que
tienen peores contratos y jornadas y a que trabajan en los sectores peor
pagados. Y la situación es peor para las
mujeres inmigrantes (el 51% de los extranjeros que llegan ahora), que
sufren una doble penalización laboral: por ser mujer y por ser inmigrante.
Además, los inmigrantes sufren más el paro: su tasa de desempleo es del
14,51%, frente al 9,01% los españoles.
Frente a la derecha y la extrema derecha, que culpan
a los inmigrantes de quitar empleos a los españoles, la realidad es que
la mayoría de los inmigrantes ocupan trabajos que los españoles no buscan o no
quieren (o donde los empresarios “prefieren” contratar a inmigrantes para
ahorrarse costes). Y la realidad no es sólo que los inmigrantes han permitido
aumentar el empleo y mantener el crecimiento, sino que además han sido claves
para aumentar los ingresos por cotizaciones sociales. Así, en diciembre de 2025
había
3.135.582 trabajadores extranjeros cotizando, el 14,9% del total de
afiliados a la SS (eran el 10,9% en 2019) y casi 1 millón más cotizantes que en
2019.Un balón de oxígeno para la SS, porque cada inmigrante cotiza
unos 4.000 euros anuales… Además, los inmigrantes pagan también impuestos
(pocos el IRPF, pero todos el IVA y los demás impuestos y tasas). Y gastan,
consumen.
Por todo ello, la llegada de estos 10 millones de
extranjeros y esos 4,8 millones que trabajan y cotizan han sido un motor
clave del crecimiento español estos años. Un
reciente informe de Funcas (Cajas) aporta un dato revelador: entre
2022 y 2025, casi la mitad del crecimiento español (el 47%) fue
gracias a la inmigración, que aportó el 4,26% del 8,9% que creció el
PIB esos 4 años. Un dato que refleja muy bien los efectos positivos de la
inmigración. Y añaden que también han sido decisivos para el “boom” del
turismo y el despertar de la construcción, además de ayudar a
frenar la inflación: el menor coste de esta mano de obra extranjera ha
evitado una mayor subida de precios en España.
Y además de ser el principal motor del crecimiento español, los
inmigrantes no han empeorado los servicios públicos, como revelan distintos
informes. En sanidad, los inmigrantes utilizan menos las visitas al médico de
cabecera, consultas y hospitalización, sólo algo más las urgencias (porque
sufren más accidentes laborales), según
un estudio del Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones. Y otro estudio, de
la
Revista Clínica de Familia, señala que los extranjeros van menos al
médico de familia (78,4% frente al 82,9% los españoles), al
especialista (45% frente al 54,9%), a los hospitales (5% frente al 8,5%) y se
vacunan menos (34,2% frente al 56%) y se hacen menos mamografías (66,4% frente
al 82,8%), utilizando las urgencias como los españoles.
Sobre la educación, las familias inmigrantes concentran
a sus hijos más en centros públicos, porque los privados y concertados les “filtran”,
aunque no lo reconocen. Y suelen tener más problemas para integrarse en los
centros, lo que provoca un mayor abandono escolar temprano, según
el estudio de Migraciones: lo sufren un 31% de los alumnos inmigrantes frente
a un 11% los españoles. Y los inmigrantes se matriculan más en FP básica, pero
menos en FP de grado medio y superior, también en la Universidad. Además, los
inmigrantes sufren más los problemas de vivienda, porque tienen menos
pisos en propiedad y el 56% viven en alquiler. Y el 7,5% de los inmigrantes
viven en la calle, sin un techo, según ese estudio. Además, los inmigrantes suponen el
17,52% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (son el
20% de la población) y el 28,89% de las rentas de inserción autonómicas.
En el futuro, la población nacida en España va a
seguir cayendo (porque las mujeres españolas son madres más tarde y tienen
menos niños), según las
proyecciones del INE: los 39.566.144 habitantes actuales nacidos en
España (79,82% del Censo) caerán a 39.013.557 habitantes en 2032, a 37.046.757
habitantes en 2052 (el 70,42%), a 35.134.659 habitantes en 2062 (66,56%) en
2062 y a 33.591.148 habitantes nacidos en España en 2072 (el
63,52% del total). O sea, que entre 2025 y 2072, los nacidos en España serán
casi 6 millones menos…
Así que necesitamos que sigan llegando inmigrantes para
crecer y sostener las pensiones y los servicios públicos. La previsión del INE (hecha
en 2022) es que los nacidos fuera de España aumenten desde los 10.004.581 censados
de 2025 (20,18% de la población) a 11.725.081 censados en 2032, a
13.937.681 en 2042 y a 15.865.207 censados en 2052 (el 30% de la población entonces). Y
que sigan aumentado hasta 17.658.512 habitantes de fuera en 2062 a 19.295.222
censados nacidos fuera de España en 2072 (el 36,5% de la población).
Otra estimación,
del estudio de Funcas, proyecta 18,5 millones de habitantes “extranjeros”
en 2050 (el 35% de la población española dentro de 24 años).Y con
estos inmigrantes, la población total de España no dejará de crecer,
desde los 50 millones a finales de 2026 a 52,5 millones en
2050 y 52.886.370
habitantes para 2072.
En definitiva, que la población española sólo crecerá
y mantendrá el crecimiento y el empleo si los inmigrantes siguen llegado,
porque la población autóctona seguirá cayendo, un problema que tiene toda Europa. Por eso, las políticas contra los inmigrantes de la derecha
y la extrema derecha no son solamente injustas: suponen un “suicidio
económico”. Por eso, el Gobierno Sánchez está empeñado en mantener
el flujo de inmigrantes, aunque ordenando su llegada y luchando contra la
inmigración ilegal (con vigilancia y acuerdos con los paises emisores, como
Marruecos, Mauritania y los paises del Sahel), medidas que están dando fruto: en
2025, la inmigración ilegal cayó un -42,6%, hasta los 36.775
inmigrantes, según Interior.
Como se ve, la mayor parte de los inmigrantes
(+540.371 netos en 2025) no entran irregularmente (sólo el 6,8%), sino
que llegan como viajeros o turistas y se quedan ilegalmente. En estos momentos,
se estima que viven en España unos 800.000 inmigrantes irregulares, sin
papeles. El Gobierno acaba de aprobar una
regularización extraordinaria, para que puedan obtener la
residencia los que acrediten que vivían aquí al menos 5 meses antes de
diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, lo que podría beneficiar
a 500.000 inmigrantes irregulares (la mayoría mujeres). Esta sería
la 7ª regularización, tras las 3 de Felipe González en 1.986
(38.294 inmigrantes), 1.991-92 (114.423) y 1996 (21.294), las dos de Aznar, en
2000 (264.153) y 2001 (239.174) y la de Zapatero, en 2005 (576.506
inmigrantes). Para que se lleve a cabo, entre abril y junio, el Gobierno
tiene que conseguir aprobarla en el Congreso, donde votarán en contra
Vox y PP, con la duda de Junts.
La regularización
pretende “poner al día” a medio millón de extranjeros irregulares
que podrán conseguir una autorización de residencia por un año (y por 5 sus
hijos), para incorporarse después a las figuras de integración que contempla la
reforma
del Reglamento de Extranjería,
aprobada en 2024 y en
vigor desde mayo de 2025. Ahí se introdujeron cambios para
ordenar y flexibilizar la llegada legal de inmigrantes: concesión de
visados, autorizaciones de trabajo y residencia para actividades de temporada
(campo), contratación en los paises de origen, ampliación de los supuestos de
arraigo y reducción plazos (de 3 a 2 años), simplificación procesos
reagrupación familiar y flexibilización de los permisos de trabajo, para
favorecer la llegada legal de los inmigrantes que las empresas necesitan. Dos
estudios, uno de la Fundación La Caixa y otro
de la Universidad de Navarra coinciden en señalar que la anterior
regularización (ZP en 2005) “no produjo un efecto llamada” y que sus efectos
positivos sobre el empleo, los salarios y la recaudación superan a los posibles
efectos negativos.
No basta con regularizar a los inmigrantes
irregulares y canalizar mejor las llegadas. Los expertos insisten que urge
integrar mejor a los 10 millones de habitantes nacidos fuera que ahora
viven en España, porque sufren una discriminación laboral, salarial, de
vivienda, educación y atención social. Y esta
discriminación, además de injusta, tiene efectos
económicos negativos, penaliza la productividad, el crecimiento y los
servicios públicos de todos. De hecho, la discriminación global a los
extranjeros está haciendo perder al país 17.000 millones de euros, según
el informe del Observatorio español del racismo y la xenofobia. “Acoger
al que viene de fuera no es solo un deber, sino un paso para garantizar el
Estado del Bienestar”, señaló
Pedro Sánchez en 2024, al anunciar un Plan para la integración de los
inmigrantes, abierto a consulta pública en 2025 y pendiente de
aprobación.
En resumen, los inmigrantes no nos invaden ni nos quitan
trabajo o servicios públicos, sino que están sustituyendo a los
españoles que no nacen y permiten
que el país crezca y cree empleo y riqueza, cotizando a la
Seguridad Social y pagando impuestos. Si ya son 1 de cada 5 habitantes y para
2050 serán 1 de cada 3, no queda más remedio que ordenar su llegada e
integrarlos mejor, para que colaboren en la mejora del país. Los
necesitamos, pero en condiciones de más igualdad con los demás
españoles. Se lo han ganado.
A Trump le ha salido el tiro por la culata con
los aranceles. Por un lado, el déficit comercial de
EEUU con el resto del mundo aumentó un +2,1% en 2025, hasta 1,24
billones de dólares, una cifra récord. Y tanto España como el resto
de Europa aumentaron sus exportaciones globales en 2025, aumentando incluso
Europa sus ventas a EEUU (España las redujo). Con ello, Europa ha aumentado
su superávit comercial con USA (+199.630 millones de euros), aunque España
aumentó su déficit con EEUU (-13.458 millones). Quien sale ganando
es China, que alcanzó un superávit comercial récord con el mundo,
aumentando mucho sus ventas a Europa y España. Por otro lado, el Tribunal
Supremo USA ha rechazado los aranceles de Trump, quien ha reaccionado imponiendo
un arancel global del 10%, que tendrá que ser aprobado por el Congreso,
lo que aumenta la incertidumbre comercial en 2026. Por eso, urge
que Europa y España aprueben Planes para apoyar la exportación, motor
clave del crecimiento y el empleo.
El problema de Europa fue China, que forzada por el fuerte
aumento de aranceles de EEUU (donde sus exportaciones cayeron un 20% en 2025), buscó
aumentar sus ventas en otros mercados, sobre todo en Asia, África y
Europa. Con ello, las exportaciones chinas a Europa aumentaron un +8,4% y eso provocó un fuerte
aumento del déficit comercial de Europa con China (+17,2%), que alcanzó los -358.672,6
millones de euros, otro récord.
En resumen, que Europa ha conseguido superar el primer
año de los aranceles de Trump con un aumento de las exportaciones globales (+2%), tanto al propio EEUU como a
otros paises (ha aumentado un 6% el superávit comercial con Reino Unido, hasta +187.327
millones de euros), con lo que sigue manteniendo un elevado superávit comercial
con el resto del mundo, aunque se ha reducido algo (de +140.600 millones en
2024 a +133.500 millones en 2025), por el fuerte aumento del déficit comercial con
China, lo más preocupante de 2025.
España ha conseguido también superar la incertidumbre
del comercio mundial en 2025, aumentando sus exportaciones globales un +0,7%,
hasta vender fuera por valor de 387.091 millones de euros, según los datos de Comercio, la segunda mayor cifra de la historia (muy próxima
al récord de 387.599 millones exportados en 2022). Con todo, este aumento de
las exportaciones en 2025 (+0,7%) es menor al del conjunto de Europa
(+2,4) y al aumento de exportaciones en Alemania (+0,9%), Francia (+2,3%),
Italia (+3,3%) y Reino Unido (+3,2%). Sin embargo, lo que subieron mucho más
fueron las importaciones, las compras exteriores de España (+4,6%,
frente al +2,7% que crecieron en la UE-27), debido a que las empresas y
consumidores consumen e invierten más, la causa de que crezcamos más.
Este fuerte dinamismo de las importaciones españolas,
que crecieron 6,5 veces más que las exportaciones, ha disparado el déficit
comercial de España (la diferencia exportaciones-importaciones) hasta los -57.054,7millones de euros, un fuerte aumento del +41,65%. Una parte de
este mayor déficit se debe al comercio con EEUU: hemos cerrado el año
2025 con un déficit
comercial con USA de -13.458,4 millones
de euros, +34,4% que en 2024, básicamente por los aranceles (nuestras
ventas a EEUU cayeron un -8%, mientras les compramos un +7%). Pero el grueso de
nuestro déficit comercial no es con EEUU sino con China: -42.287 millones de euros, +12,14% que en 2024 y casi las
tres cuartas partes (74,11%) de todo nuestro déficit comercial. Y
eso pasa porque nuestras compras a China crecieron casi el doble (+11,2%) que
nuestras ventas allí (+6,8%).
Fuera del déficit con USA y China, España tiene superávit comercial con Europa (+43.247 millones), salvo con Alemania
(-8.229 millones), Paises Bajos (-7.485 millones), Rusia (-1.742
millones), República Checa (-1.648,3 millones), Hungría (-1.453,6
millones), Suecia (1.007,6 millones), Turquía (-431,2 millones), Austria
(-390 millones), Eslovaquia (-333,3 millones), Dinamarca (-100,3 millones) y
Luxemburgo (-73,5 millones). También tenemos déficit
comercial con Latinoamérica (-4.188 millones), básicamente por Brasil
(-5.226,4 millones) y Perú (-1.889 millones). Y respecto al resto del mundo,
destaca nuestro déficit comercial con Vietnam (-5.115,9 millones) y la India
(-4.082,3 millones), dos paises que ha visitado Sánchez para mejorar nuestras
exportaciones, así como con Japón (-2.448,4 millones) y Corea del Sur (-1.775,9
millones) en Asia. Y con
África tenemos también déficit comercial (-12.523 millones en 2025),
por las compras de gas y petróleo a Argelia (-4.167 millones de euros) y
Nigeria (-3847 millones). Y tenemos superávit comercial con
Oceanía (+1.400,7 millones).
En 2025, a pesar de los aranceles y la apreciación del euro (+14% frente al dólar, lo que encarece los
productos europeos), los exportadores españoles han conseguido vender
algo más (387.091,6 millones, +0,7% que en 2024), gracias al aumento de las ventas de bienes de
equipo (+0,8%), sobre todo maquinaria industrial, los productos químicos
(+5,2%), medicamentos (+14,3%), bienes de consumo duradero (+7,1%), electrónica
de consumo (+18,8%), alimentos (+4,1%) y juguetes (+37,7%), cayendo las
exportaciones de energía (-13,7%) y los automóviles y componentes (-7,1%).
Otro tema destacado en 2025 fue que los exportadores
españoles trataron de diversificar sus ventas, buscando nuevos mercados
para compensar las menores exportaciones a EEUU. Así ha crecido el peso de las exportaciones españolas a África (del 5,5
al 5,8% del total), a Asia (del 7,9 al 8,1), aumentando nuestras ventas
a Vietnam (+20,3%). Corea del Sur (+9,2%) y a China (+6,8%), a los paises UE
que no están en el euro (del 8,2 al 8,5% de las exportaciones totales), así
como las exportaciones al Reino Unido (+4,5%) y a Turquía
(+7,9%). También crecen las empresas que exportan regularmente
(46.230, +10,4% que hace 5 años).
Con todo, la exportación española debe seguir
diversificándose, tanto en origen como en los destinos. En origen porque el 75,6% de todas las exportaciones se
concentran en 6 autonomías (suponían el 74% en 2019): Cataluña
(26%), Madrid (13,8%), Andalucía (10,4%), Comunidad Valenciana (9,7%), Galicia
(8%) y País Vasco (7,7%). Y en destino, porque el 73,9% de las exportaciones españolas se
concentran en Europa (ha ido a más: eran el 71,4% en 2019). Además, son pocas
las empresas que exportan habitualmente (46.230 sobre más de 3 millones de empresas), concentrándose la exportación en las grandes
empresas (pocas pymes) y en sectores con poca tecnología y valor
añadido (salvo automóvil, maquinaria, material de transporte, industria
química y medicamentos, claves).
Ahora, 2026 se presenta como un año más difícil
para los exportadores españoles y del resto de Europa, básicamente
porque persiste la depreciación del dólar (Trump la apoya para mejorar la
competitividad de sus productos y encarecer los productos europeos) y porque
los aranceles están en marcha desde el 1 de enero, mientras en
2025 entraron en vigor en agosto. Además, hay otro factor preocupante: la
incertidumbre comercial, debido a que el Tribunal
Supremo ha anulado los aranceles de Trump (el 20 de febrero), aunque el
presidente ha reaccionado imponiendo
un arancel global del 10%, que luego subió al 15% y que finalmente ha dejado en el 10% (desde el 24 de febrero), un arancel algo menor del 15% que pactó con Europa (con otros paises impuso un tipo del 25 al 35%), pero cuya
aplicación es sólo por 150 días: pasado ese plazo, sólo se aplicará si lo
aprueba el Congreso USA.
Esta importante novedad en los aranceles abre
muchas incertidumbres que preocupan a los exportadores de todo el
mundo, en especial a los europeos. Primero, porque no se sabe si Trump va
a imponer más cambios ni lo que pasará dentro de 150 días. Segundo, que
aunque el
nuevo arancel global es del 10%, siguen los aranceles del 25% al automóvil
y del 50% al aluminio y al acero. Tercero, porque pueden abrirse múltiples
reclamaciones de importadores y exportadores para recuperar parte de los
200.000 millones pagados por aranceles a USA en 2025, lo que enturbia el panorama
de muchas empresas. Y respecto a Europa, la Comisión exige que Trump mantenga el acuerdo comercial de julio,
pendiente de aprobar esta semana por el Parlamento Europeo Este lunes, la Eurocámara ha decidido posponer la aprobación hasta que EEUU aclare los nuevos aranceles y el futuro del acuerdo. Mientras, Trump amenaza con nuevos gravámenes a los paises si "juegan" con la sentencia del Supremo.
Así que todo sigue en el aire estos días, con
lo que regresa la incertidumbre al comercio mundial, con los exportadores
españoles y europeos pendientes de la próxima “ocurrencia” de Trump, que va a
reaccionar seguro con nuevas medidas tras la derrota legal de sus preciados aranceles,
un elemento clave de su política: confiaba en ellos para recaudar miles de
millones de dólares, con los que compensar su bajada de impuestos a los más
ricos y a las empresas y su creciente déficit público y su deuda. Algo intentará, que no será bueno para Europa y que acabarán pagando los
exportadores. Y con ellos, el crecimiento y el empleo: el sector exterior mantiene
1 de cada 4 empleos en España (5,3 millones), según la propia OCDE.
Por todo ello, Europa debe mantenerse firme ante las
imposiciones de Trump y actuar con decisión por dos vías: fomentar
más el mercado interno (aumentando las ventas internas entre los 27) y diversificando
las exportaciones, buscando nuevos acuerdos comerciales como los alcanzados
con Canadá, Mercosur,
Indonesia y Corea del Sur. Es el caso del acuerdo
comercial firmado con la India el 27 de enero,
tras 18 años de negociaciones. Y, sobre todo, Europa tiene que reaccionar
ante la invasión de productos de China, un problema más preocupante incluso
que Trump y ante el que los paises europeos están reaccionado individualmente,
con acercamientos de Alemania, Francia o España, mientras la Comisión busca una negociación conjunta frente a un gigante que ya no se ve
como un enemigo comercial sino como un competidor con el que intentar
pactar.
Y además de estas medidas, la Comisión Europea y los gobiernos
de los 27 deberían avanzar más en la unión económica, comercial, financiera y fiscal de Europa,
para dar un salto competitivo que nos permita seguir siendo un continente con superávit
comercial con el resto del mundo, afrontando la competencia de China y EEUU.
Eso exige más inversiones, más industria y más innovación y tecnología. Para
conseguirlo, el informe Draghi proponía una inversión de 800.000 millones anuales, que
deben salir del Presupuesto europeo y de la emisión de deuda europea, para
competir con los bonos USA. Al final, las guerras comerciales son reflejo
de las economías, del potencial de cada continente y cada país. Y si
Europa quiere seguir liderando el comercio mundial de bienes y servicios, debe ponerse las
pilas, mejorar su competitividad y ayudar a los exportadores.
Y lo mismo España.
En 2025, los españoles batimos un récord de gasto en
alimentación (+5,8%): compramos algo más pero sobre todo hemos pagado más
por la subida de precios (+3,2%). Una subida que arrastramos
desde la pandemia: los alimentos han subido +38,5% desde 2020
a hoy, más del doble que los sueldos. Este consumo se concentra en los
super que ofrecen “marcas blancas”, en especial Mercadona, que copa
el 27% del mercado y que visitan el 93,2% de los compradores. Con
las subidas, las familias comparan más los precios y van más veces al súper
para hacer compras más pequeñas. Y pierden cuota los hipermercados,
mientras se recuperan las tiendas de barrio, no las
de alimentación. Ahora, los precios de los alimentos seguirán
altos, porque los fabricantes acaban de subir sus precios y por los
efectos del cambio climático: las fuertes lluvias de este
año han dañado muchas cosechas y acabaremos notándolo en subidas
de frutas, hortalizas, aceite, cereales y carnes. Con todo, comer será cada
vez más caro.
La alimentación es el 2º mayor gasto de los
hogares, tras la vivienda. En 2024 (último dato del INE), el gasto
medio de las familias españolas en alimentación fue de 5.391 euros, el 15,8%
del gasto total (39.944 euros), frente a los 4.286 euros que nos
gastábamos en 2019 (entonces era el 14,17% del gasto total), según la Encuesta de
Presupuestos Familiares. Y este peso de los alimentos ha subido más en
las familias con ingresos bajos (destinan el 19,4% de su presupuesto a
alimentación) y medios (gastan el 17,9% en alimentación) que en las
familias con más ingresos (gastan un 12% en alimentación), con lo que la subida
de precios y el mayor gasto en alimentación estos años se ha repartido
de forma desigual.
En 2025, el gasto medio en alimentación era ya de 6.259
euros por familia, según
la OCU, aunque varía mucho según el tamaño de la ciudad donde se viva (las
grandes ciudades son más caras). Y también varía mucho según dónde se
compre: la diferencia puede llegar a ser de 1.132 euros de media entre
los establecimientos más caros (Sánchez Romero, Supercor y Sorli Discau) y los
más baratos (Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash), siendo esta diferencia mucho
mayor en Madrid y otras grandes capitales.
La fuerte subida de los alimentos estos años ha modificado
los hábitos de compra de los consumidores, según
el estudio de WorldPanel. Por un lado, casi el 70% de los compradores compara
precios antes de hacer la compra, visitando más tiendas y supermercados
(visitan hasta 6 establecimientos al año) y complementando compras en
varios sitios, según los precios. Por otro, siguen
ganando terreno las “marcas blancas” (los productos con marca
del súper, no del fabricante), que suponen el 45,6% de las ventas de la
gran distribución (eran el 32% en 2018). También ganan peso en las ventas las ofertas,
promociones (2x1 o 3x2) y las tarjetas de fidelización y descuento. Otra
tendencia que avanza es ir más veces a comprar (240 compras por
hogar en 2025) y hacer compras más
pequeñas cada vez. Y además, crecen mucho las ventas de platos
preparados en los supermercados: en 2025, los platos preparados facturaron
3.750 millones, un 11% más que en 2024.
La tendencia a comprar cada vez más “marcas blancas”,
generalmente más baratas, sigue haciendo crecer más a los
supermercados “de surtido corto”, frente al resto de supermercados
e hipermercados, que ofrecen marcas blancas y de fabricantes. Así, en 2025, el
supermercado que más cuota ha ganado es Mercadona
(+0,6%), que ya supone el 27% de todas las ventas de alimentación (más perfumería
y limpieza). Su crecimiento en 2025 se ha apoyado en el aumento de las grandes
cestas (el 30%), las ventas en libre servicio de pescado y marisco, el aumento
de ventas de perfumería e higiene (+11%) y sobre todo el tirón de sus platos
de comida preparada, que supera en facturación (19% del total) a los bares
y restaurantes. Lo más llamativo de Mercadona no es sólo que venda más de la
cuarta parte de los alimentos que se compran en España sino que además, un
93,2% de los compradores visitan sus tiendas y un 29% son fieles y acostumbran
a comprar en Mercadona.
Junto a Mercadona, los
grandes súper “de ciclo corto”, que basan su negocio en marcas blancas son la
cadena alemana Lidl (6,9% de cuota, +0,5% que en
2024), que se consolida en las grandes cestas por sus precios y tarjeta de
fidelización, Dia (3,8% de cuota, +0,1%), que se consolida como
cadena de referencia en proximidad, con muchas ofertas y promociones, y la
alemana Aldi (2% de cuota, +0,2%), la que más ha crecido en
compradores. También son importantes los
supermercados regionales, que concentran un 18,5% de cuota
(+0,4% en 2025), destacando Consum (3,6% de cuota, +0,2%), con
gran penetración en Levante y Cataluña, junto al Grupo IFA (9,9% de cuota,
igual que en 2024), BonÁrea, BM, AhorraMas, Dinosol, Bonpreu, Lipa o Alimerka,
cuya mayor ventaja es la cercanía, la oferta de
alimentos frescos y la buena relación calidad/precio.
Dentro del Top
10 hay 3 hipermercados que han perdido cuota o se han
estancado en 2025. El mayor, Carrefour, el 2º gran distribuidor
tras Mercadona (3 veces mayor),con una cuota del 9% (-0,7% que en 2024).
Le sigue Alcampo, el puesto 7º del ranking, con una cuota del 2,8%
(por debajo de Lidl, Dia y Consum), que ha perdido un 0,2% en 2024. Y el
tercero, el Grupo Eroski, el 4º en el ranking, con un 4,3% de cuota
(la misma que en 2024). En los tres casos, no consiguen ganar clientes y cuota,
básicamente porque apuestan menos por
las marcas blancas, aunque tratan de abrir tiendas de proximidad y mejorar sus
ofertas. Hay un cuarto hipermercado, la
cadena norteamericana Costco, que lleva 10 años en España
(acumulando 150 millones de pérdidas), operando con almacenes gigantes (en
Madrid, Bilbao, Sevilla y Zaragoza), donde vende productos en formato mayorista
(y carburantes), cobrando por ser socio (tiene 750.000, que pagan 36 euros al
año).
Junto a estas grandes marcas de la distribución, están
cogiendo fuerza unos nuevos operadores, los
súper “ultra low cost”, que venden los alimentos y productos
que otros rechazan (porque tienen una caducidad próxima, con defectos o
excedentes de los fabricantes), lo que les permite ofrecer fuertes descuentos,
del 50 al 80%. El mayor operador es PrimaPrix, con 3,5 millones
de compradores en 2025 , que facturó 350 millones en 2024 en sus 280 tiendas, con
35 nuevas aperturas anuales. El otro grande es Sqrups, que tiene una
oferta variable según los fabricantes. Facturó 29,5 millones en 2025 en sus 121
tiendas y aspira a tener 1.000 tiendas en 2033. Ambos aprovechan la 2ª vida
de productos que no tienen otra salida, a precios superbajos, que cada vez
atraen a más compradores.
Y quedan las tiendas tradicionales de barrio,
que se hundieron tras la pandemia y el auge de las marcas blancas y las ventas
online, pero que parece que se están recuperando y ganan
terreno, aunque no las de alimentación, cuyas ventas crecen menos
que los super, empujadas por la cercanía y los productos frescos, pero con
dificultades para competir ante la subida de precios, costes y alquileres.
Una novedad importante en el mercado de los alimentos y
grandes distribuidores es que las
grandes industrias les han subido los precios, un +0,1% de media el
1 de diciembre, por primera vez desde julio de 2024, según el índice de
producción industrial del INE. La industria alimentaria justifica esta primera
subida a los distribuidores en que están bajando sus márgenes
(del 6,8% en 2024 al 6,1% en 2025), mientras los distribuidores (super a
híper) han subido sus márgenes a un máximo histórico (5,8% en 2025,
frente al 5,2% en 2024 y el 3,8%, el margen mínimo de 2013), según el Observatorio de
márgenes empresariales. De hecho, la asociación de consumidores CECU acaba de denunciar ante la Comisión de la Competencia (CNMC) la subida de estos márgenes de los supermercados, acusándoles de "oligopolio" y prácticas abusivas para "inflar el precio de los alimentos".
Los que no suben márgenes son los que producen
los alimentos, agricultores y ganaderos, que se quejan de que ellos
cobran poco y la industria y los distribuidores encarecen los alimentos.
Eso se comprueba en los índices de precios que publica mensualmente la
organización agraria COAG, los IPOD.
En el último (enero 2026) se comprueba que los productos agrícolas
multiplican su precio 3,76 veces entre el campo y el súper. Y los productos
ganaderos, 3,38 veces (ver
cuadro de alimentos). Cito algunos ejemplos (enero 2026). El ajo pasa
de 1,30 euros/kg que le pagan al agricultor a 7,87 euros que nos cobran en la
tienda (+505%). La patata, de 0,35 a 1,91 euros/kg (+446%). La naranja,
de 0,32 a 1,82 euros/kg (+469%). El plátano, de 0,48 a 2,33 euros/kg
(+385%). La carne de ternera, de 7,70 a 23,85 euros/kg (+210%). El pollo
de 1,03 a 3,52 euros/kg (+242%). Y el cerdo, de 1 a 6,75 euros/kg
(+568%).
El problema de los alimentos es que no podemos
prescindir de ellos, aunque muchas familias han cambiado su dieta
y consumen menos frutas, verduras, carnes y pescados, lo más caro. Y
sobre todo, que suben cada año, acumulándose unas subidas imposibles.
Así, los alimentos han subido un +38,5% entre enero de 2020 y enero de
2026, según
el INE. Una subida que es muy superior a la del IPC (+22,4% en estos
6 años) y que supera a la subida de las bebidas (+25,5%), a los gastos de
vivienda (agua, electricidad, gas y otros consumos: +25,7%), el transporte
(+15%) y los restaurantes y hoteles (+28,4%). Y una subida de los alimentos que
duplica con creces la
subida de salarios estos 6 años
(+17.15%).
Ahora, en 2026, se espera que los alimentos sigan subiendo más
que el IPC, lo que obliga a los consumidores a seguir comparando
precios y a buscar ofertas y promociones, comprando menos productos frescos y
más envasados (menos sanos), también más platos preparados. Y si los
fabricantes y la industria siguen subiendo precios este año, los super e
hiper nos trasladarán estas subidas a los consumidores. Además, el
clima no ayuda: las fuertes
lluvias de enero y febrero han dañado muchas cosechas, lo que se traducirá
en los próximos meses en subidas extras en algunos alimentos: aceite,
cítricos, hortalizas y frutas, huevos, carnes y cereales. De hecho, tres
productos que han subido mucho (el café, el chocolate y los piensos para
el ganado) se deben a problemas climáticos en paises productores (Brasil y
Vietnam para el café, Costa de Marfil y Ghana para el cacao) o a la guerra de
Ucrania (cereales y piensos). Y esa emergencia climática nos traerá nuevas
subidas de alimentos en 2026.
Cara al futuro, el precio de los alimentos va
a seguir oscilando con la demanda y las épocas del año (en verano y Navidad
siempre serán más caros). Y seguirá a fondo la guerra de precios,
en muchos casos a costa de un deterioro de la calidad de los productos y de
“trampas” (como vender productos al mismo precio pero con menos peso o
volumen). Pero lo más preocupante es que la crisis climática afecta muy
negativamente a la cesta de la compra, porque las olas de calor, la
sequía, las heladas o el granizo y las inundaciones deterioran las cosechas y
fuerzan a subir los precios de los alimentos, sobre todo los productos frescos.
Así que ya lo saben: comer
y beber será cada vez más caro y de peor calidad, mucho
importado. Y dado que la alimentación es nuestro 2º mayor gasto, este
encarecimiento de la comida afectará cada vez más a nuestros bolsillos y
será clave en los vaivenes mensuales de la inflación. Es lo que hay.
Conocemos bien el auge de la sanidad privada y de la enseñanza
privada en colegios y Universidades, sobre todo en las autonomías
gobernadas por el PP. Se conoce menos la privatización de la Formación
Profesional (FP): un tercio de los alumnos estudian en España
en centros privados, ante la falta de plazas y cursos atractivos en los
centros públicos (faltan más de 100.000 plazas).La FP en centros
privados ha crecido el doble que la pública, sobre todo los cursos a
distancia (online) y tiene un mayor peso en el País Vasco
(43,8% alumnos presenciales en la privada), Madrid (37,6%), Aragón
(35,9%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%). La gran demanda de
FP, porque permite encontrar trabajo mejor, ha atraído al sector a muchas
empresas (1.020 sólo en Madrid) y Fondos de inversión, que en
ocasiones ofrecen “chiringuitos” educativos sin calidad. Por eso,
el Gobierno anuncia un Decreto para reforzar las exigencias a los centros
privados de FP y evitar “chiringuitos”, un Decreto similar al aprobado para
frenar las Universidades privadas.
Los estudios de FP se
reparten entre 4 niveles. El primero, la FP Básica (86,124
alumnos este curso), formación profesional reglada y gratuita de dos años
de duración, diseñada para jóvenes de 15 a 17 años que no han finalizado la ESO
y desean aprender un oficio. Permite obtener un título profesional básico y el
título de Graduado en ESO. El segundo es la FP de Grado Medio (479.864
alumnos este curso), una enseñanza postobligatoria de dos años (2.000
horas) que capacita técnicamente para un oficio. Dirigida a quienes finalizaron
la ESO o FP Básica, combina teoría con prácticas obligatorias en empresas. Al
terminar, se obtiene el título de Técnico, facilitando la inserción laboral o
el acceso a Grado Superior. El tercer nivel es la FP de Grado Superior (642.584
alumnos este curso), una enseñanza profesional de otros 2 años que ofrece el
título de Técnico Superior. Combina teoría y prácticas (FP Dual), enfocada en
alta inserción laboral y permite el acceso directo a estudios universitarios. Y
hay un 4º nivel, los Cursos de especialización (9.765 matriculados
este curso), una especie de “Masters de FP”, que permiten especializarse
(estudios de 300 a 900 horas) en áreas profesionales de alta demanda (inteligencia
artificial, ciberseguridad, IoT o energías renovables).
La FP se ha disparado en España porque muchos jóvenes
han visto que es una enseñanza que ayuda a encontrar empleo
(muchos estudios rozan el 90% de colocados) y porque ha servido para
“recolocar” a jóvenes que habían abandonado los estudios antes de acabar la ESO
o que no quieren estudiar Bachillerato (la FP “gana” al Bachillerato
desde el curso 2014-15 y este curso casi le duplica: 1,2
millones de alumnos en FP frente a 707.778 en Bachillerato). Estudiando FP
hay más hombres (53,5%) que mujeres (46,5%) y casi un 10% de los
alumnos son extranjeros (120.950 este curso). Y dos tercios de todos los
estudiantes de FP se concentran en las 4 autonomías más pobladas: Cataluña
(228.053 alumnos este curso), Andalucía (207.865 alumnos), Madrid
(180.581) y Comunidad Valenciana (134.859).
La mayor parte de estos alumnos de FP estudian
en centros públicos (el 66,1% en el curso 2024-25), aunque lo más
llamativo es el gran salto que han dado los alumnos de FP que estudian en
centros privados (33,9%), ya que la
FP privada ha crecido el doble que la pública, como demuestra este
estudio de CCOO. Este fuerte aumento de la FP en centros privados se debe a
la falta de plazas en la FP pública, que no ha sido capaz de
aumentar su oferta al ritmo de la fuerte demanda. Y además, los centros
públicos de FP ofrecen ciclos formativos más adaptados a los nuevos empleos, mientras mucha oferta de los centros públicos se ha quedado
obsoleta. Y también juega en contra de la FP pública que tiene demasiados
alumnos por clase y que en muchos centros hay problemas para hacer
prácticas, mientras los centros privados suelen estar más ligados a empresas
locales.
Otra razón que explica el auge de la FP privada, según el
estudio de CCOO, es que han apostado por ofrecer FP a distancia, online,
con menos costes y una gran demanda en zonas rurales y ciudades con poca oferta
de FP presencial (en la España “vaciada”), también porque hay menos controles y
exigencias. Por todo ello, lo que nació como una FP complementaria se ha
convertido en una oferta clave. Y una oferta que lideran las empresas
privadas: si en el curso 2018-19 la FP a distancia llegaba sólo a
87.418 alumnos (30.420 en centros privados), en el curso 2024-25, los alumnos a
distancia eran ya 223.300 (2,5 veces más) y la mayoría ahora estaban
matriculados en centros privados (128.971 alumnos, 4 veces más,
frente a 94.323 alumnos online en centros públicos).
El tirón de la FP en centros privados se ha
dado sobre todo en las autonomías con más crecimiento económico y más demanda,
un proceso también amparado por los gobiernos del PP, que no han reforzado la
FP pública. Así, en el
curso 2024-25 había 6 autonomías donde el porcentaje de alumnos
presenciales en centros privados de FP superaban la media española (28,4%
estudian en centros privados presenciales y un 33,9% si contamos toda la FP,
presencial y online): País Vasco (43,8% alumnos presenciales estudian en
centros privados), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%), Cataluña (35,6%),
Andalucía (33,1%) y Cantabria (30,2% de los alumnos), según el
estudio de CCOO. Y sólo tienen un bajo porcentaje de alumnos en la FP privada
Canarias (8,7%), Castilla la Mancha (12%) y Extremadura (13,9%).
Esta fuerte presencia de la FP privada se concentra
en las autonomías con más demanda de los jóvenes y donde hay más déficit de
plazas públicas (Cataluña y Madrid), concentrándose además en las dos ramas con
más dinamismo, la FP básica y la FP a distancia. Pero hay otra razón: la FP
privada crece también porque ofrece
una serie de ciclos formativos más atractivos y tienen más
potencial de empleo, estudios que la FP pública apenas ofrece (por falta de
inversión en profesores y ciclos). El estudio
de CCOO cita las 8 titulaciones más atractivas que hacen crecer a la FP
privada porque no las ofrece o faltan plazas en la FP pública: Imagen para el
Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental,
Anatomía Patológica, Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo Aplicaciones Web, Educación Infantil e Integración Social.
La FP privada crece buscando la máxima rentabilidad
y para eso se concentra en las autonomías con más demanda (y menos plazas
públicas) y en las zonas rurales y ciudades desatendidas por la FP pública (con
la FP a distancia). Además, buscan concentrar su oferta en estudios ligados a
la industria e innovación (automoción, energía e industria) y a los
estudios más demandados. En Grado Medio, los estudios de Sanidad
(119.085 alumnos, el 50% en centros privados), Administración y Gestión (58.371 alumnos) e Informática y
Comunicaciones (51.235 alumnos). Y en Grado Superior, Sanidad
(108.428 alumnos, el 68% en centros privados), Informática y Comunicaciones
(96.215 alumnos, el 35% en centros privados), Servicios socioculturales
(77.920 alumnos,34% en centros privados) y Administración y Gestión
(76.306 alumnos, 29% en centros privados). Mientras, la FP pública dispersa sus
esfuerzos ofreciendo cientos de estudios, muchos obsoletos y con poca demanda.
La consecuencia de este auge de la FP privada es que las
familias de los estudiantes se ven obligadas a gastar en la formación de
sus hijos, que sería gratis (sólo Madrid y Cataluña cobran 800 euros en los
ciclos superiores de FP) si consiguieran una plaza en los centros públicos. En
los centros privados, el coste
de la FP básica y de Grado medio oscila entre 1.000 y 3.000 euros año
(por 2 años) y en Grado Superior y Especialización, el coste oscila entre
3.000 y 6.000 euros año (por 2 años), lo que retrae a muchas familias con
bajos ingresos (que son las que más apuestan por la FP) o las obliga a
endeudarse.
En definitiva, que la FP crece imparable, porque facilita
encontrar empleo, pero los centros públicos tienen pocas plazas (el
déficit supera las 100.000, la mitad en Madrid) y por eso crecen cada
año los centros privados, que anteponen la rentabilidad a la formación. Y
en muchos casos, según denuncia el estudio de CCOO, con menos exigencia y
controles educativos, sobre todo en la enseñanza a distancia. Así que la FP
ha empezado a ser “otro negocio más”, como la sanidad o la Universidad,
por el que están apostando empresas privadas y Fondos
de inversión, que llevan años desembarcando en España, con un volumen
de inversión en educación de 6.000 millones de euros solo en 2024.
El mayor inversor privado en la FP española es el
Fondo norteamericano KKR, que ha forjado un “imperio educativo en los
últimos años y facturó 174,5 millones en 2022. Opera a través de Educa Holdco y
tiene 17 empresas educativas en cartera, entre ellas Master D, la malagueña
Medac (la
compró en 2021 por 200 millones), Itep Formación, Implika Educación y
Obicex Formación. Otro Fondo, el suizo Crescendo compró el conocido grupo de
formación CCC. Otro gigante de la formación (no sólo FP) es E-Magister,
en manos de un Fondo que pertenece a Educaedu Group. En 2021, Invertindustrial
compró al grupo Planeta las firmas CEAC, Deusto Formación y Deusto Salud.
Otra empresa con cursos presenciales y online es Linkia Talentia, cuyo
accionista mayoritario es el Fondo Q Impact. Otra empresa con cursos de FP, Ilerna,
fue adquirida por el grupo francés Skill&You, propiedad del Fondo IK
Partners. Y Metrodora, que controla varios centros de FP tiene detrás al
Fondo Magnum Industrial Partners.
El problema de estos Fondos es que invierten en FP como
podrían hacerlo en inmuebles, hoteles o empresas tecnológicas, buscando un
beneficio rápido: tratan
de aumentar los alumnos y la facturación, para vender la empresa en unos años
con plusvalías. Por eso, muchos profesionales y expertos piden que se controlen
estas inversiones, dado que están ligadas a la formación y el futuro empleo de
nuestros jóvenes. CCOO
propone reforzar los controles y las auditorias a estos centros
privados de FP, siendo mucho más rigurosos en la autorización de nuevos
centros y ciclos formativos.
Al hilo de esta explosión de centros privados de FP, sobre
todo en Madrid (hay 1.020 empresas que ofrecen ciclos formativos de FP),
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, el propio presidente
Sánchez acaba de anunciar , el 4 de febrero, que el Gobierno “impedirá
la entrada de centros privados de FP sin calidad”. Y para ello, anuncia que se
aprobará en dos meses un
Decreto para frenar la creación de “chiringuitos” en la FP, como se ha
hecho con las Universidades privadas. Su idea es exigir una serie de requisitos
para que se autoricen esos centros en el futuro, una normativa que no necesita
ser convalidada por el Parlamento. Eso sí, lo esperable es que el “Decreto
anti-chiringuitos” en FP sea recurrido ante los Tribunales, como han
hecho los gobiernos de Madrid, Extremadura y Aragón con el Decreto que
establece requisitos mínimos para la apertura de Universidades privadas.
Al final, nos enfrentamos a un problema serio:
la FP ha duplicado con creces sus alumnos pero crece sobre todo por el fuerte aumento
de la oferta privada, porque los centros públicos están faltos de recursos,
medios y profesores y no pueden atender la creciente demanda, lo que alimenta
los centros privados (y su negocio). Urge apostar por los Centros públicos
de FP, aportando recursos y modernizando su oferta, con el apoyo de las
empresas (prácticas en la formación dual). Y eso porque tenemos el
doble de paro juvenil (23,4%) que Europa (14,7%) y
menos peso de la FP, que debe seguir creciendo: en España, sólo el 39%
de los alumnos que han pasado la ESO eligen la FP, frente al 51%
en Europa y el 44% en la OCDE. Para ello, hay que apostar por la FP
pública, dejando la FP privada como complementaria. Es lo mismo que pasa
con la sanidad o el resto de la educación: hay que apostar por lo
público y no permitir que la salud o la educación se gestionen como un
negocio privado más.
