Una guerra empantanada y costosa

Mañana se cumplen 2 meses de los ataques de EEUU e Israel a Irán, que han puesto patas arriba los mercados energéticos y la economía mundial. Entre treguas incumplidas y ataques, los precios del petróleo y el gas siguen altos, provocando una subida de la inflación y enorme incertidumbre en familias, empresas e inversores. Esta guerra en Oriente Medio tiene un alto coste en vidas, heridos y desplazados, pero afecta también a nuestros bolsillos: Europa pierde 500 millones al día por el conflicto. Pero, la Comisión Europea y muchos Gobiernos no toman medidas eficaces frente a esta nueva crisis, tras la Cumbre en Chipre el viernes, mientras el FMI augura un mínimo crecimiento para Europa, que podría acabar en recesión si la guerra se alarga. Sólo hay una salida: Europa debe ser más autosuficiente en energía, acelerando la electrificación de la economía y las renovables, como hace España. Y eso obliga a avanzar en el Pacto verde europeo, no a frenarlo, como defienden la derecha y la ultraderecha.

                 "Huir del petróleo" y electrificar la economía, la mejor receta ante las crisis energéticas

La consecuencia más directa para Occidente de esta guerra en Oriente Medio es la subida de los precios de la energía, que ya se empieza a trasladar a muchos otros precios y a la inflación general, con vaivenes según los ataques y las treguas. El precio del petróleo sigue alto, en 104,85 dólares el barril de Brent el viernes, que es más que antes de los ataques a Irán (72,48 dólares/barril), pero menos que el máximo de marzo (118,35 euros el día 31). Y lo mismo pasa con el gas natural, que costaba el viernes 44,50 euros, más que antes de la guerra (31,95 euros/MWh) pero menos que en marzo (50,75 euros/MWh el día 31). El problema es que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20% del petróleo y el gas que se consume en el mundo y la mayoría del que se consume en Asia, ha disparado el precio internacional del crudo, que podría llegar a los 150 dólares/barril.

Esta fuerte subida del petróleo (+44,6% en dos meses) ha impactado directamente en los precios de los carburantes, que han subido más. Y eso por dos razones. La primera, que el precio del teórico del crudo Brent (que se fija en el ICE de Londres) no es el que pagan realmente las petroleras y refinadoras, sobre todo en periodos de conflicto: el precio real del crudo de entrega inmediata (a 15 días), llamado Dated Brent, es mucho más alto: el 10 de abril, por ejemplo, el precio en el mercado de futuros era de 96 dólares barril, pero las refinerías pagaron 131 euros. La otra razón es que hay distintas calidades de crudo: hay tipos de petróleos que son más o menos pesados y permiten producir más o menos derivados (gasolina o diesel), que en muchos casos no se refinan en cada país sino que se importan. Y la subida del crudo ha disparado también el precio del gasóleo (la mayoría importado en Europa).

Todos estos factores han llevado a una fuerte subida de los carburantes, en muchos casos más que el crudo. Tras la fuerte subida de los primeros días, a finales de febrero, la gasolina ha pasado de 1,44 euros/litros el día antes de la guerra (27 de febrero) a un máximo de 1,8005 euros litro el 20 de marzo, para bajar luego (gracias a la rebaja del IVA del 21 al 10%, en vigor el 21 de marzo), hasta 1,556 el 31 de marzo y 1,51 euros/litro el viernes (7 céntimos más que antes de la guerra). Y el gasóleo, que costaba 1,39 euros/litro el 27 de febrero, subió mucho más, hasta 1,936 euros el 20 de marzo, para bajar después (por el recorte del IVA) a 1,794 euros/litro el 31 de marzo y 1,731 el viernes (+34 céntimos que antes de la guerra).

El otro efecto de esta guerra es la subida del precio del gas natural, que afecta al precio de la luz, porque una parte se genera con centrales de gas. En marzo, el precio mayorista de la electricidad subió a 41,77 euros/MWh, más que en febrero (16,41 euros) pero menos que un año antes (53,03 euros/MWh en marzo 2025). Y como las energías renovables aportaron el 63,1% de la electricidad en marzo, eso permitió que tuviéramos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Además, el Gobierno bajó, desde el 22 de marzo, los 3 impuestos que paga la electricidad.  Consecuencia: el recibo al consumidor con un contrato regulado bajó unos céntimos en marzo, a pesar de la guerra: habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero (71,77 euros). Y en abril, el precio mayorista ha bajado respecto a marzo (39,35 euros/MWh hasta el 24 de abril), con lo que bajará otra vez el recibo este mes.

A pesar de que la luz ha ayudado, los carburantes han provocado una fuerte subida del IPC en marzo, en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022 (+1,9%), lo que coloca la inflación media en el 3,4%, el peor dato desde junio de 2024. Y eso que todavía no se observa que la subida del petróleo, el gas y los carburantes se haya trasladado al transporte, la industria o los alimentos, que podrían subir por los mayores precios de los fertilizantes y muchas materias primas. Preocupa además la subida del helio (que se produce en los paises del Golfo, a partir del gas), clave para la fabricación de chips, y de muchos principios activos y medicamentos, incluidos los condones (que proceden de India y el sudeste asiático).

Mientras fracasa el ultimo intento de negociación entre EEUU  e Irán, la preocupación ahora en medio mundo es que falten suministros en unas semanas, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya aprobado liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de crudo, para que no haya escasez. Pero la misma AIE ha alertado de que podría faltar keroseno para los aviones en 6 semanas. Y hay paises de Asia que ya han empezado a racionar los carburantes, mientras China ha suspendido sus exportaciones de gasóleo. En Europa, lo que más preocupa es el suministro de keroseno, que ya ha provocado un recorte de vuelos futuros en Lufthansa y KLM. El problema lo tienen sobre todo Reino Unido (que importa el 65%), Francia, Alemania e Italia (que importan el 50%), pero afecta menos a España (que sólo importa el 20% de este combustible). A más largo plazo, en verano, en Europa preocupa el abastecimiento de gasóleo y gasolina, porque hay pocas refinerías en Europa, que importa el 50% de estos carburantes. España, con 8 refinerías, está mucho mejor, porque sólo importamos el 10% del gasóleo y exportamos gasolina.

Además del temor a los desabastecimientos de crudo y carburantes, la otra preocupación del mundo es que esta nueva guerra dispare la inflación y recorte el crecimiento, con el riesgo de una recesión si el conflicto dura meses. El Fondo Monetario (FMI) acaba de lanzar una primera alerta, en su Informe del 14 de abril: el mundo crecerá menos este año (3,1%, un 0,2% menos de lo que esperaban en enero) y subirá más la inflación mundial (+0,6%). La zona más afectada será Asia (China, Japón e India), pero también Europa: la zona euro sólo crecerá un +1,1%, con el agravante de que Alemania crecerá la mitad de lo previsto (+0,5%), según las últimas estimaciones del Gobierno Merz, Francia un +0,9% e Italia +0,5%, aunque para España estiman un crecimiento del +2,1% (-0,2% que en enero).

Caiga o no el crecimiento y suba la inflación, la guerra lanzada por Trump y Netanyahu en Oriente Medio ya tiene un alto coste para Europa y sus ciudadanos: 500 millones diarios, según fuentes europeas, lo que equivale a 30.000 millones de euros en estos 2 primeros meses de conflicto. Sin embargo, la Comisión Europea no ha aprobado todavía ninguna medida para atajar esta crisis, aunque sí algunos paises: Hungría, Portugal, Croacia, Austria, España, Italia y Francia han fijado precios máximos a los carburantes, rebajas fiscales o  descuentos directos. En el caso de España, las ayudas de marzo a los carburantes y la luz, suponen un coste (hasta junio, su periodo inicial de vigencia) de 4.000 millones de euros, habiendo permitido una rebaja de 24 céntimos en el gasoil y 29 céntimos en la gasolina, según la Confederación de Estaciones de servicio.

Pero la Comisión Europea y la Cumbre europea en Chipre, el viernes, apenas han pasado de generalidades: ahorrar energía, promover el transporte público, rebajar impuestos o promover la electrificación de las economías. Y mientras España, Italia, Bélgica y Letonia pedían “más ambición en las medidas”, la presidenta Von der Leyen traspasaba la responsabilidad de las medidas contra esta crisis energética a la reunión de los ministros de Economía de los 27, en mayo. Otro retraso, después de que Bruselas rechazara la propuesta de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal para aprobar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras europeas, que están obteniendo un beneficio extra de 81,4 millones diarios con esta crisis, según este estudio de Greenpeace (serían 2.500 millones de beneficios extras sólo en marzo). España es el tercer país donde las petroleras (básicamente Repsol, Moeve y BP) tienen más beneficios extras, unos 11,5 millones diarios, gracias a su margen sobre cada litro de diesel (17,1 céntimos) y gasolina (2,5 céntimos).

En medio de una crisis energética que afecta mucho a Europa (aunque menos que la provocada inicialmente por la guerra de Ucrania), España es de los paises europeos menos afectados, por varias razones. Una, que estamos menos expuestos a los suministros de Oriente Medio: de allí sólo procede el 5% del petróleo que compramos y el 2% del gas natural, frente a un 10% de dependencia del conjunto de Europa. Dos, que España ha mejorado mucho su eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para generar 1.000 euros de PIB) desde comienzos de este siglo, reduciéndose un tercio. Y tres, la más importante, el fuerte peso de las energías renovables en la generación de electricidad en España: 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026 (frente a un 45% en la UE-27), lo que nos permite depender menos de las energías fósiles (petróleo u gas). Con todo, España tiene un enorme hándicap estructural: tenemos una altísima dependencia energética respecto al exterior, dado que importamos el 70% de la energía que consumimos, muy por encima del 58% de dependencia energética que tiene el conjunto de Europa.

Así que esta nueva guerra, como la de Ucrania, nos debería servir para aprender y tomar medidas que nos permitan afrontar mejor futuras crisis (que llegarán). La clave es “huir de los combustibles fósiles” (petróleo, gas, carbón), que además de destruir el clima (son los principales responsables de los gases de efecto invernadero) están vinculados a paises y zonas del mundo muy inestables, que pueden provocar nuevos conflictos geopolíticos. Eso debería llevarnos a apostar por los recursos autóctonos, especialmente el sol, el aire y el agua (más el hidrógeno verde), que no sólo son más baratos sino que nos hacen independientes. Eso es lo que pretende el Pacto verde europeo, puesto ahora en cuestión para la extrema derecha europea y el propio PP europeo, que avanzan en posiciones negacionistas. Y en España, el PP ha cedido a Vox en las autonomías (de momento en Extremadura, pronto en Aragón, Castilla y León y Andalucía), negando muchos elementos del Pacto verde europeo, precisamente ahora que la guerra en Oriente Medio deja clara la importancia de apostar por las energías renovables y el medio ambiente.

Además de una apuesta más decisiva por las renovables, España y el resto de Europa deberíamos sacar lecciones de las dos últimas crisis energéticas (Ucrania y Oriente Medio). Una, que hay que potenciar las reservas estratégicas, para evitar racionamientos y cortes de suministros. Dos, que hay que electrificar la economía, desde las empresas (muchas siguen consumiendo fuel y gas) al transporte (apenas hay furgonetas y camiones eléctricos, además de que el 90,3% del parque de vehículos en circulación van con gasóleo o gasolina) y a las viviendas (gas y calderas de gasóleo). Tres, hay que apostar por el ahorro energético, sobre todo en las viviendas (rehabilitación), industrias y servicios. Y hay que seguir apostando por las energías renovables, para que generen el 81% de la electricidad en 2030. Además, a corto plazo, urge vigilar la formación de precios en los carburantes, para que no suceda en el futuro que suben enseguida tras una crisis y tardan meses en bajar.

Al final, esta guerra en Oriente Medio (como la de Ucrania y los distintos conflictos internacionales latentes), tienen un coste clave: generan incertidumbre en los ciudadanos, las empresas y los inversores. Y por ello, el mayor riesgo de fondo no es pagar más caros los carburantes, la luz, el transporte o los alimentos sino que los hogares se preocupen y reduzcan su gasto (el ahorro está aumentando en toda Europa desde hace 3 años) y las empresas (que venden y ganan más que nunca) destinen su liquidez a depósitos, Bolsa o reducir deudas en vez de a invertir y crear riqueza y empleo. Con menos consumo e inversión y con menos exportaciones (por un comercio conflictivo y menos globalizado), España, Europa y la mayor parte del mundo crecerán menos y podríamos caer en otra recesión. Por eso urge parar esta guerra (y la de Ucrania) y unificar esfuerzos en Europa para salir adelante. Sin más dilaciones.

Plan de vivienda: sin las autonomías no sale

El Gobierno aprobó este martes el Plan estatal de vivienda 2026-2030, que triplica el gasto (7.000 millones) en vivienda pública, ayudas al alquiler y rehabilitación. El Plan tiene dos novedades. Una, que el Estado aportará el 60% a las autonomías que financien el otro 40%. Otra, que impone condiciones: las VPO financiadas no se puedan vender, incorpora medidas contra la corrupción en su adjudicación (Alicante) y exige más información y control. Madrid y otras autonomías gobernadas por el PP (son 11) lo rechazan, porque “invade competencias”, pero habrá que ver si están dispuestos a perder los 4.200 millones de aportación estatal (667 millones para Madrid). La votación autonómica del Plan se hará en mayo y si se rechaza, será papel mojado, como la Ley de Vivienda. Además, faltan medidas (suelo y financiación) para promover más viviendas “libres” (sólo 80.792 terminadas en 2025) y para conseguir más viviendas en alquiler. Pero todas exigen colaboración entre Gobierno, autonomías y Ayuntamientos, algo inexistente. Así, la vivienda no tiene enmienda.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava día a día. Comprar una casa se ha vuelto un objetivo imposible para la mayoría de jóvenes y familias, porque su precio está por las nubes: cerró 2025 con un coste de 2.230 euros/m2, según el Ministerio de Vivienda, un récord histórico, que es mucho mayor en Madrid (5.820 euros/m2) y Barcelona (5.144 euros/m2), según el portal Idealista. Eso supone que comprar un piso de 100 m2 obliga a pagar una hipoteca (80% del precio) de 907 euros mensuales, además de tener ahorrado un 30% del precio para la entrada, gastos e impuestos. Y si hablamos de comprar un piso en Madrid (582.000 euros/100 m2) o Barcelona (514.000 euros/100 m2), tendríamos que pagar entre 2.368 euros mensuales de hipoteca (Madrid) y 2.093 euros, algo imposible salvo para los que ganen en torno a los 7.000 euros (la banca sólo concede hipotecas por el 30% del sueldo).

El resultado es que la mayoría de las familias y jóvenes no puede comprar piso. Y tampoco alquilar, porque no hay apenas casas en alquiler y eso ha disparado los precios: en marzo, el alquiler medio estaba en 15 euros/m2, según Idealista, el máximo de la serie histórica y una subida del +44,2% sobre 2019 (10,4 euros/m2), el doble de la subida de la inflación (+24,6%) y los sueldos (+19,53%). Y esa es la media (1.350 euros de alquiler por un piso de 90 m2), porque los alquileres son mucho más altos en las grandes capitales, sobre todo en Madrid (23,2 euros/m2: 2.088 euros por un piso de 90 m2) y Barcelona (22,6 euros/m2: 2.034 euros vivienda 90 m2). Y además, los que intentan alquilar se encuentran con muchos candidatos por cada vivienda, con lo que el dueño “selecciona” y a veces obliga a pagos y condiciones ilegales, mientras se disparan también los alquileres por habitación (superan los 500 euros).

Cada año, hay 200.000 nuevas familias y jóvenes que se incorporan a buscar un piso para vivir y no pueden comprarlo ni alquilarlo. El problema de fondo es que hay pocas viviendas disponibles y un déficit estimado de 600.000 viviendas, mientras se construyen pocas viviendas. Así, en 2025 se iniciaron 121.827 viviendas “libres” (de promoción privada), +8,5% que en 2024 (112.220), según los datos de Vivienda. Y entre 2020 y 2025 se iniciaron 605.517 viviendas, menos en 6 años que las iniciadas en todo 2004, 2005 y 2006 (+600.000 cada año). Y si miramos las viviendas terminadas, han sido sólo 80.792 viviendas en 2025, menos que en 2024 (86.609). Y en los últimos 6 años (2020-2025) se han terminado en España 489.431 viviendas “libres”, menos de las terminadas en 2004,2005, 2006 y 2007 (+500.000 cada año).

Si miramos las viviendas de protección oficial (VPO), que promueven el Estado, autonomías o Ayuntamientos, el balance es aún más preocupante. En 2025, se calificaron provisionalmente 15.503 VPO de planes estatales y autonómicos, menos que en 2024 (23.967 VPO calificadas), según datos de Vivienda. Y si vamos a las calificaciones definitivas, fueron sólo 11.104 las VPO, también menos que en 2024 (14.371 VPO). Y en los últimos 6 años (2020 a 2025) se han calificado (terminado) 64.542 VPO, una cifra similar a las VPO calificadas en 2005, 2006, 2007 y 2008 (ojo: más de 60.000 VPO calificadas cada año).

¿Qué está pasando? ¿Por qué ha caído tanto el número de viviendas terminadas? Las razones aportadas por promotores y constructores son varias: escasez de suelo urbanizado (muy caro), problemas burocráticos y administrativos que han parado muchos Planes urbanísticos, elevados costes de la construcción, falta de mano de obra cualificada y serias dificultades de financiación, porque la banca sigue “huyendo el ladrillo”. En el caso de las viviendas protegidas (VPO) hay otras razones adicionales: la congelación de los precios máximos de venta (los módulos se empezaron a actualizar en 2024), la falta de suelo finalista, los excesivos trámites burocráticos y la escasa financiación. Incluso se ha dado la paradoja de que los precios de la VPO superaban a los de la vivienda “libre”.

Con 80.000 nuevas viviendas “libres” terminadas al año y otras 11.000 VPO no se soluciona el problema de fondo de la vivienda, que es la falta de oferta. Los expertos estiman que habría que construir unas 150.000 viviendas al año como mínimo (se terminan 91.000), de ellas 70.000 VPO, la mayoría para alquiler. Pero para eso, el Estado y las autonomías deberían gastar más en vivienda, algo que hoy no hacen. Y además, es importante crear un parque público de VPO, para atender la demanda con menos recursos (jóvenes y familias vulnerables). España carece de este parque público de VPO: sólo hay unas 300.000 viviendas, el 3,3% del total, cuando la media en la UE-27 es el 8% (y el 29% en Paises Bajos, el 24% en Austria, el 20% en Dinamarca o el 16% en Suecia). La culpa es de los gobiernos anteriores, que han permitido la venta de gran parte de las VPO a particulares y Fondos de inversión: en los últimos 40 años se han construido en España 2,7 millones de VPO, pero la mayoría se han vendido.

En España se promueven pocas viviendas “libres” y muy pocas VPO porque el gasto público en vivienda es mínimo, mucho menor al de otros paises europeos. Así, el gasto público en promoción de vivienda “libre” (2007-2022) ha sido en España de 46,9 euros/habitante, frente a 58,1 euros en Alemania, 103,9 euros en Francia ,111,7 euros en Dinamarca, 121 euros en Francia, 125, 3 euros en Italia y 157,9 euros en Irlanda, según el Boletín de Vivienda Social 2024. Y si miramos el gasto en protección social en vivienda (VPO y ayudas), España gastó (entre 2007 y 2021) 34 euros/habitante, la cuarta parte del gasto social en vivienda en la UE-27, que fue de 160,5 euros/habitante, siendo también mucho mayor el gasto en Irlanda (334 euros/habitante), Dinamarca (318), Francia (274), Finlandia (246), Alemania (209), Suecia (187) y Paises Bajos (171,6), aunque mucho menor en Italia (8,5 euros/habitante).

El gasto público en vivienda (Estado y autonomías) sufrió también los recortes de Rajoy, pasando de un máximo de 2.761 millones en 2009 a menos de la mitad en 2013 (1.103 millones). El Gobierno Sánchez subió la aportación estatal y también varias autonomías, a partir de 2019 (1.590,5 millones) y sobre todo en 2022 (2.668 millones), 2023 (2.149 millones) y 2024 (2.286 millones), aunque el gasto es todavía menor al de 2009. Y el último Plan estatal de Vivienda 2022-2025 destinó 2.300 millones del Estado central a promoción de VPO y ayudas a compra y alquiler, 583 millones al año. Una cifra ridícula si se compara con lo que España gasta al año en pensiones (190.687 millones), en sanidad (99.347 millones), en educación (63.380 millones) o en Dependencia (11.500 millones), lo que indica que la vivienda es “el patito feo del Estado del Bienestar” en España. 

Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Plan estatal de Vivienda 2026-2030 más ambicioso, que pretende gastar el triple, 7.000 millones de euros en 5 años (ojo, son solo 1.400 millones al año en promoción pública de vivienda y ayudas). El Plan tiene 2 novedades importantes sobre el anterior. Una, que el Estado central no es “el cajero del Plan”, no aprueba una inversión y luego son las autonomías quienes gastan y lo ejecutan, sin comprometerse a otro gasto adicional. Ahora, el Estado central (el Presupuesto) aporta el 60% del gasto (4.200 millones), pero sólo si las autonomías aportan el 40% restante (2.800 millones). Y la otra novedad, que la inversión está “condicionada”, debe cumplir 3 condiciones: las VPO promovidas no se pueden vender (para crear un parque público), la adjudicación de los pisos y ayudas ha de ser transparente (para evitar corruptelas como las adjudicaciones en Alicante) y las autonomías han de aportar estadísticas de vivienda y un seguimiento del Plan.

Este nuevo Plan estatal de vivienda 2026-30 tiene 3 objetivos. El primero, aumentar la oferta de viviendas protegidas (VPO), para lo que se destinan el 40% de los recursos (2.800 millones). Para conseguirlo, duplica la ayuda actual para promover estas viviendas VPO (subvenciona hasta 85.000 euros por piso, más otros 8.500 si se utilizan métodos avanzados de construcción), incorporando la figura de promotores sociales de vivienda (con ayudas que pueden llegar a 102.000 euros por vivienda).Y además, contempla la compra de viviendas a particulares para incorporarlas al parque de VPO (cubriendo el 70% de la compra y hasta el 85% si se compran en zonas tensionadas). Todo esto, con dos condiciones: que el alquiler de estas VPO no supere los 900 euros (y tengan un precio de compra tasado) y blindarlas para que no puedan venderse y sigan siendo VPO en el futuro.

El 2º objetivo del Plan es mejorar el parque de vivienda, con un apoyo a la rehabilitación (30% de los recursos: 2.100 millones). Se darán hasta 20.500 euros por vivienda que se rehabilite (con mejoras estructurales, de acceso y eficiencia energética), con una ayuda mayor cuando se rehabilite una vivienda vacía y se ponga después en alquiler (asequible): se puede conseguir una ayuda de 35.000 euros y hasta 35.000 si está en zona rural.

El tercer objetivo del Plan (con 30% de recursos: 2.100 millones) se destinará a ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes hasta 35 años (la ayuda llega a 300 euros, un tercio del alquiler máximo subvencionable, con avales públicos para ayudarles a alquilar) y familias vulnerables, contemplándose también ayudas al alquiler con opción de compra (hasta 30.000 euros) y ayudas a la compra en municipios en riesgo demográfico. En todos los casos, el Plan pretende que el alquiler o la compra no supere en 30% de los ingresos.

El Ministerio de Vivienda dice que ha tenido 28 reuniones con las autonomías, más muchas otras con expertos, instituciones, promotores y fuerzas sociales desde que presentó el primer borrador de este Plan, en septiembre pasado. Y que ha incluido muchas sugerencias. Pero de momento, la Comunidad de Madrid (Ayuso) y el PP (Feijóo) han criticado este Plan, al que acusan de “intervencionista”, por los condicionantes que exige a las autonomías (que tienen transferida la gestión de la vivienda). Este Plan estatal de Vivienda no tiene que pasar por el Parlamento, pero debe votarse en mayo en la Conferencia sectorial de vivienda, que agrupa al Gobierno central y a las autonomías, para ponerlo en marcha en el 2º semestre de 2026. La ministra de Vivienda confía en que las autonomías gobernadas por el PP (11) no voten en contra, porque perderían el 60% que aporta el Estado: Madrid perdería 667 millones y Andalucía 718 millones. Madrid dijo el martes que no apoyaba el Plan y el miércoles que no se quedará fuera…Así que no sabemos sí boicotearán el Plan, como ya hicieron con la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 y cuyos controles de alquileres no aplican.

Con todo esto, el Plan estatal de Vivienda, la herramienta para promover viviendas protegidas y las ayudas al alquiler para jóvenes, está en el aire. Pero hay otros temas relacionados con la vivienda que también están en el aire. Por un lado, relanzar la promoción de viviendas libres, dado que las viviendas terminadas en 2025 han caído (a 80.792). Urge un acuerdo (otro) entre el Gobierno, las autonomías, los Ayuntamientos y lo promotores-constructores para resolver los problemas que impiden construir más: falta de suelo urbanizado (y urbanizable), exceso de burocracia en las promociones y resolución de conflictos (la reforma de la Ley del Suelo, para agilizar licencias, está parada en el Congreso), frenar subida costes y aumentar la mano de obra formada, así como conseguir financiación (los bancos “huyen del ladrillo”. Todo para conseguir duplicar la construcción, hasta 150.000 viviendas/año.

Además, hay que actuar ante el grave problema de los alquileres, no sólo aumentando la oferta (para lo que hay que limitar drásticamente los pisos turísticos y los alquileres de temporada) sino creando entidades públicas (como Bizigune en el País Vasco ) que den tranquilidad a los propietarios, asegurándoles que cobran cada mes si alquilan sus viviendas. Y favorecer, con medidas fiscales (IRPF y el IBI) que se pongan en alquiler pisos vacíos. Y habrá que ver cómo evolucionan los topes al alquiler en los 308 municipios que los aplican (271 en Cataluña, 22 en Navarra, 14 en el País Vasco, más A Coruña), porque parece que han permitido bajar algunos alquileres en Cataluña, aunque ha sido a costa de caer más la oferta. Y habría que evaluar qué pasa con el millón de alquileres que hay que renovar en 2026 y 2027, que el Gobierno propone congelar (con una subida del 2% anual), aunque PP, Vox, UPN y Junts votarán en contra (este martes 28 de abril) del Decreto aprobado, complicando la vida a 2,6 millones de personas que han de renovar su alquiler.

Al final, la vivienda es el primer problema de los españoles, pero nuestros políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en buscar soluciones, desde conseguir suelo, permisos y financiación para construir a aprobar ayudas públicas eficaces tanto para construir muchas más viviendas protegidas para que accedan a ellas jóvenes y familias con ingresos bajos y medios. Este Plan estatal de vivienda es otra oportunidad de tomar medidas: aunque no se esté de acuerdo con muchas cosas, es una base para avanzar. Pero podría bloquearse por el constante enfrentamiento político. Unos por otros, la vivienda no se enmienda. Y lo sufren millones de españoles ¡ Ya está bien !

Más despidos encubiertos (y baratos)

España sigue creando mucho empleo, pero las empresas también despiden más que nunca: más de 2 millones de trabajadores perdieron su empleo en 2025 por despidos disciplinarios, causas económicas o incumplir el periodo de prueba. Una cifra que, desde 2023, duplica los despidos que se hacían antes de la reforma laboral. Parece que las empresas utilizan estas tres vías para renovar sus plantillas, para despedir a empleados (la mayoría con contrato fijo) ahora que no pueden hacer tantos contratos temporales. Y lo hacen, además, porque les sale barato: el 54% de estos despidos “encubiertos” no se indemnizan (coste cero). Los sindicatos lo denunciaron a Europa en 2022 y, en 2024, el Consejo de Europa les dio la razón, pidiendo subir indemnizaciones a estos despidos. En octubre pasado, el Gobierno intentó pactar una reforma con sindicatos y empresarios, pero la patronal se levantó de esa mesa y no quiere negociarlo. Ahora, los sindicatos tienen como prioridad reformar y encarecer el despido (indemnizaciones de 3 a 6 meses) para frenar abusos.

                            Enrique Ortega

El mercado de trabajo es muy dinámico y no para: cada día se hacen en España miles de contratos (1.311.070 en marzo de 2026), varios por cada puesto de trabajo al año. Y eso se traduce en millones de altas y bajas a la Seguridad Social cada mes. Así, en marzo de 2026 se registraron 2.228.423 altas a la SS y 2.132.725 bajas, según los datos oficiales, con un récord histórico de más de 22 millones de afiliados desestacionalizados, 523.570 afiliados más que hace un año, gracias a que las altas de afiliados superan a las bajas.

Este gran dinamismo del mercado de trabajo español y la fuerte creación de empleo neto (+2.496.400 ocupados desde 2019) oculta un dato llamativo: las bajas a la Seguridad Social se han disparado en los últimos 4 años, tras la reforma laboral de 2021 (en vigor desde 30 de marzo de 2022): de ser poco más de 1 millón en 2021 se saltó a 1,75 millones en 2022 y 1,96 millones en 2023, para superar los 2 millones las bajas anuales en 2024 y 2025. Y en los dos primeros meses de 2026 han seguido creciendo, superando las 300.000 bajas, la mayoría por despidos disciplinarios o por causas objetivas (153.741 en enero y febrero) y otros 141.157 despidos por no superar el periodo de prueba, un despido que se ha multiplicado por 13 desde la reforma laboral.

Los  sindicatos y muchos expertos consideran que las empresas utilizan estas vías para realizar “despidos encubiertos”, una “puerta trasera” para cambiar trabajadores y rotar plantillas, ahora que la reforma laboral les dificulta los contratos temporales. Y denuncian además, que este tipo de bajas permiten a las empresas “quitarse trabajadores” con muy poco coste. De hecho, los datos de la SS revelan que el 54,3% de las bajas por despido hechas en 2025 fueron por despidos disciplinarios, que no conllevan el pago de indemnización. Y todas las bajas por no superar el periodo de prueba (1.023.345) no tuvieron ningún coste para las empresas.

Hasta la reforma laboral, las empresas utilizaban los contratos temporales para “probar” nuevos trabajadores y “rotar sus plantillas”: los contrataban por días, semanas o meses y luego les daban de baja, con poca o nula indemnización. Pero con la reforma laboral de 2021, se han disparado los contratos indefinidos (el 41,18% de los hechos en 2025)  y ahora las empresas buscan las vías para poder despedir también a estos trabajadores “fijos”. Y lo consiguen: el 99% de todas las bajas por despido de 2025 se hicieron a trabajadores con contratos indefinidos. Y el 73% de los despidos por no superar el periodo de prueba se hicieron a trabajadores con contrato indefinido. Y lo mismo este 2026.

En definitiva, que la rotación en las plantillas ha cambiado de los trabajadores “temporales” (aunque sigue) a los trabajadores “indefinidos”. Los sindicatos denuncian que las empresas utilizan “tres puertas” para quitarse empleados, 3 tipos de bajas para cambiar trabajadores con poco coste, con indemnizaciones bajas o nulas. Y argumentan que las estadísticas demuestran que su uso se ha disparado en 2023, 2024 y 2025, tras la reforma laboral de 2021.

La “primera puerta” que usan ahora muchas empresas para quitarse empleados y rotar plantillas son las bajas de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre ha habido “ periodos de prueba” en los trabajos (se deben fijar por escrito en el contrato y las concretan los convenios, aunque suelen ser de 6 meses para los titulados técnicos y 2 meses para el resto). Y siempre ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad ahora es que las bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado, sobre todo tras la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas por este motivo en 2020 y 552.748 en 2021, en 2022 hubo 893.960 (+61,7%) y 976.141 en 2023 (+9,2%). En 2024, volvieron a subir a 999.919 despidos, marcando otro récord en 2025 (1.023.345 bajas por no superar el periodo de prueba, 4 veces las de 2021). Y siguen creciendo en 2026 (141.157 en enero y febrero).

Estas bajas por no cumplir el periodo de prueba son casi gratis para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a cobrar una indemnización al irse y sólo recibirá los sueldos pendientes y la parte correspondiente de pagas extras y vacaciones. Y con ello, pueden utilizar esta “puerta” para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora que es más difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede reclamar a Magistratura, si cree que el despido ha sido injusto, pero si ha estado poco en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir a juicio, por una baja indemnización (33 días por año en caso de despido improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).

La “segunda puerta” que las empresas utilizan para realizar “despidos encubiertos” son los despidos disciplinarios individuales, que se justifican por “un incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza” (sic), disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Estos despidos disciplinarios se han hecho siempre, pero las estadísticas alertan del salto tras la reforma laboral: pasaron de 188.933 bajas en 2021 a 367.705 en 2022 y 537.165 en 2023. Y subieron a 563.673 en 2024 y a 526.613 en 2025 (casi triplican los de 2021). Y son ya 81.521 despidos entre enero y febrero de 2026.

Este despido disciplinario sale también barato para las empresas en la mayoría de los casos, porque el trabajador despedido no tiene tampoco derecho a indemnización. Puede recurrirlo judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi imposible), pero sólo cobrará 33 días por año trabajado (con límite de 24 meses) o algo más si pacta con la empresa para no ir a juicio. Pero si el despedido lleva poco tiempo trabajando (estos despidos disciplinarios se aplican más a los que tienen poca antigüedad), tendrá que pensarse si le compensa reclamar. Y muchas veces, a la empresa sí le compensa pagar una baja indemnización a cambio de poder contratar a otro empleado (más barato).

La “tercera puerta” utilizada para hacer despidos “encubiertos” son las bajas individuales por motivos objetivos, por “causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (causas ETOP). Tras la pandemia, el gobierno Sánchez frenó estos despidos “por causas económicas” de las empresas, abriendo la vía de los “ERTE” (“aparcar” trabajadores un tiempo, pagándoles el desempleo, hasta que mejorara la situación del sector o empresa). Después, muchas empresas han utilizado el argumento de las causas económicas para despedir a trabajadores. Otra vez lo revelan las estadísticas, a pesar del fuerte crecimiento de la economía, las ventas y los beneficios empresariales: se pasó de 159.362 bajas por despido colectivo en 2021 a 394.926 bajas en 2023 (más del doble). En 2024 fueron ya 418.899 despidos y en 2025 subieron a 442.346 despidos “objetivos”. Y este año 2026, entre enero y febrero, se han hecho ya 72.216 despidos (el 89% a trabajadores “indefinidos”).

Todavía hay una “cuarta puerta” para los despidos encubiertos, según los sindicatos. Están  contabilizadas en la SS como “bajas no voluntarias por otras causas”, un verdadero “cajón de sastre” donde se incluyen despidos al margen de las causas anteriores y sobre los que hay poca información. Son muchas bajas: eran 1.724.757 bajas en 2023, una cifra similar a la de 2021 (1.732.795). Pero en 2024 saltó la alarma: fueron 2.020.765 bajas (+17,6%) y se dispararon en 2025 a 2.951.025 bajas “por otras causas”.

Al final, entre estas 4 puertas, se pierden 5 millones de contratos cada año (casi un tercio de todos los contratos que se hacen),  aunque el paro total baja en España (hay 689,051 parados registrados menos que antes de la reforma laboral) porque sigue habiendo oferta de nuevas empleos y crece la ocupación general, a costa de una mayor rotación de trabajadores. Los sindicatos denuncian que este aumento de los despidos “encubiertos” los sufren ahora otros trabajadores: la reforma laboral ha provocado que los despidos de trabajadores “indefinidos”, que ya eran mayoría antes  (72% del total en 2021) lo sean aún más ahora (suponen el 93% de estos despidos encubiertos) y que bajen los despidos de los trabajadores temporales (del 28% del total en 2021 al 7% ahora). En resumen: la reforma ha conseguido que haya muchos más trabajadores “indefinidos”, pero les ha hecho más vulnerable a los despidos, sobre todo los nuevos contratos.

Los sindicatos creen que este aumento de despidos “por la puerta de atrás” se debe a que son muy baratos o gratis para las empresas. Y por eso, consideran que sólo pueden frenarse si se aumenta la indemnización que deben pagar. La reforma laboral de Rajoy en 2013 bajó la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año (y redujo el máximo de 42 mensualidades a 24). La reforma laboral del Gobierno Sánchez, aprobada en 2021, no quiso tocar estas indemnizaciones, para conseguir el apoyo de la patronal. Y porque España está en linea con las indemnizaciones de otros paises europeos. Pero hay un problema: la indemnización por despido es alta para un empleado con antigüedad, pero esos 33 días por año son una miseria para un trabajador al que le despiden con uno o dos años de contrato.

Para evitar este abuso de los despidos de indefinidos tras la reforma laboral, UGT presentó una denuncia, en marzo de 2022, ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, a la que se sumó CCOO a finales de 2022. En su argumentación jurídica, UGT reiteró que la indemnización por despido en España “no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo empleados” y que hay vías de despido (las tres puertas señaladas) que “son demasiado baratas para las empresas” y por eso han disparado su uso. Por ello, los sindicatos denunciaban que España no cumple la Carta Social europea.

En octubre de 2022, el Comité del Consejo de Europa admitió a trámite la denuncia de UGT. Y, curiosamente, en febrero de 2023, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recogió la tesis sindical y declaró textualmente en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir utilizando las indemnizaciones de 33 días”. Finalmente, el 20 de marzo de 2024, el Comité de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa dictaminó que la legislación española “vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea”, porque el sistema español de indemnización por despido improcedente “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores ni es lo suficientemente disuasorio para los empleadores”.

Con este dictamen, conocido en julio de 2024, el Consejo de Europa recomendaba a España “modificar su regulación” para que la indemnización por despido improcedente sea “adecuada y disuasoria”. Pero el Gobierno ha ido dando largas y la ministra Yolanda Díaz esperó más de un año, hasta octubre de 2025, para convocar a sindicatos y patronal para negociar la reforma. Pero dos días después, la patronal CEOE señaló que se levantaba de esta mesa de negociación, porque no había nada que debatir dado que el Supremo, en una sentencia de julio de 2025, dictaminó que no cabe una indemnización adicional en los despidos improcedentes, sentencia recurrida por los sindicatos ante el Tribunal Constitucional.

Ahora, UGT y CCOO acaban de anunciar que la reforma del despido es el primer punto de su estrategia sindical para los próximos meses y piden dos cambios claves. En cuanto a los despidos improcedentes, que se aumente la indemnización actual (de 33 días a 3-6 meses), para disuadir a las empresas del uso abusivo del despido, además de recuperar los salarios de tramitación que había antes de la reforma laboral y que se precise más la causa de los despidos disciplinarios y por otras causas, para que pueda intervenir más eficazmente la inspección de Trabajo. Incluso piden que sea el trabajador y no la empresa el que pueda decidir volver a trabajar tras un despido improcedente. Y en el caso de los despidos por no cumplir el periodo de prueba, los sindicatos defienden que se obligue a las empresas a concretar su decisión, para “causalizarla” (como tienen que hace con los despidos), lo que permitiría investigar a la inspección de Trabajo.

Ahora, el dictamen del Consejo de Europa fuerza al Gobierno a reformar las indemnizaciones, dentro o fuera de una 2ª reforma laboral, que debería incluir otros temas pendientes (horarios, condiciones de trabajo, productividad…). Será un gran reto para este año, aunque esta reforma será mucho más difícil de acordar que la reforma laboral de 2021, porque las indemnizaciones son un tema tabú para la patronal, que lleva meses muy intransigente respecto a los temas a debate en el diálogo social. Y por si el pacto no fuera difícil, luego habría que aprobarlo en el Parlamento, con una oposición agresiva y poco negociadora. Por tanto, si hay cambios laborales, habrá que imponerlos. Y así no suelen funcionar bien.

La luz baja, a pesar de la guerra

Si ha recibido el recibo de la luz de marzo, habrá visto que baja respecto al de febrero, a pesar de la guerra en Oriente Medio y la subida del petróleo y el gas. La razón es doble. Por un lado, creció el peso de las energías renovables en la generación de electricidad (63,1% en marzo), aportando luz con precio cero o negativo durante 141 horas del mes, aunque subieron los costes del sistema para evitar apagones. Y además, el Gobierno ha bajado los impuestos a la electricidad, afectando a todas las facturas emitidas desde el 22 de marzo. Ahora, en abril, el precio mayorista de la electricidad sigue bajo (inferior al de marzo) y es menos de la mitad del coste mayorista en Europa, gracias al mayor peso de las renovables. Eso sí, a partir de junio o julio, con más demanda, subirá el recibo. La clave es seguir apostando por las renovables: el Gobierno va a acelerar su implantación y los proyectos de biometano.

                            Enrique Ortega

El precio de la luz en origen, en el mercado mayorista diario (pool), ha tenido en marzo un precio promedio de 41,77 euros/MWh, más alto que en febrero (16,41 euros/MWh, un mínimo excepcional, por las borrascas y el clima) pero menor al del marzo de 2025 (53,03 euros/MWh) y menos de la mitad del coste en marzo de los últimos 5 años (93,.31 euros/MWh). Y eso a pesar de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo y el gas (que se utiliza para las centrales térmicas). Incluso el domingo 29 de marzo, tras un mes y un día de guerra, el coste mayorista de la luz en España fue sólo de 0,18 euros/MWh, el precio más bajo en origen desde 2013 y el tercer mínimo histórico.

Otro dato llamativo es que este precio mayorista de la luz en España (41,77 euros/MWh en marzo) es la mitad del precio mayorista en Europa, que superó los 100 euros/MWh en la mayoría de los paises (143,4 euros/MWh en Italia, 99,29 euros/MWh en Alemania), salvo en Francia, cuyo coste (63,85 euros/MWh en marzo) duplica al de España, a pesar de su enorme parque de energía nuclear. Así que España ha sido el país europeo menos afectado en su mercado eléctrico por la guerra en Oriente Medio y eso porque tenemos un mayor peso de las energías renovables y una menor generación de electricidad con gas y carbón.

Concretamente, en marzo, el 63,1% de la generación eléctrica en España procedió de energías renovables: 22,4% energía eólica (molinos de viento), 18,5% solar fotovoltaica (que ha aumentado un 40% su aportación en el último año), 1,4% solar térmica,19,2% hidroeléctrica, 1,4% otras renovables y  0,2% residuos renovables, mientras la energía nuclear aportaba el 17,1% de la electricidad, las centrales de gas un 14,4 % y el carbón sólo un 0,1%, según Red Eléctrica (REE). Y como dato histórico, el lunes 30 de marzo, las energías renovables aportaron ellas solas (eólica, solar e hidroeléctrica) el 70% de la electricidad, lo que permitió que el precio mayorista ese día fuera sólo de 10,61 euros/MWh, a pesar de la guerra. Este enorme peso de las renovables ha sido del 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026, frente al 57% en enero-marzo de 2025 y el 42% en el primer trimestre de 2022.

Este creciente peso de las renovables consiguió un precio moderado de la luz en el mercado mayorista diario durante el primer trimestre (43,32 euros/MWh), la mitad que el precio pagado en el primer trimestre de 2025 (86,03 euros/MWh), a pesar de la guerra. Pero ha habido dos factores que han jugado en contra. Uno, que ha subido en marzo el precio de la luz en el mercado de futuros (a un mes, un trimestre o un año), por la guerra de Oriente Medio, y las eléctricas y comercializadoras están obligadas ahora a comprar el 55% de la electricidad a plazo, lo que ha encarecido su precio en origen. El otro factor que ha jugado en contra ha sido el aumento de “los ajustes del sistema”, las medidas de refuerzo que toma Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón (como el de abril de 2025). La principal medida es tener disponibles más centrales térmicas de gas (“por si acaso”), lo que ha elevado este “coste de seguridad”, de 15,36 euros/MWh en marzo de 2025 a 28,52 euros en marzo de 2026.

Recapitulemos para entender cómo afecta todo esto a nuestra factura de la luz. El 40% de lo que pagamos tiene que ver con el precio mayorista en origen (41,77 euros/MWh en marzo), pero la factura es mayor porque hay que sumar los ajustes del sistema (medidas antiapagón), que aunque los pagan las comercializadoras, los repercuten finalmente en sus clientes. Así que en marzo, al coste mayorista en origen (41,77 euros/MWh) hay que sumar 28,52 euros/MWh de los costes de ajuste (más centrales de gas “de guardia”), lo que da un precio total de la electricidad mayorista de 70,29 euros/MWh, casi el doble que en febrero (41,62 euros/MWh), pero menor al coste total en enero (87,15 euros/MWh). Y si tomamos el coste total en el primer trimestre, 66,39 euros/MWh, es un tercio más bajo que al inicio de 2025 (100,02 €/MWh), gracias a las renovables y a pesar del mayor peso del gas (más caro).

El resto de la factura de la luz (tras este 40% que pesa el precio final en origen) se reparte entre el 35% que suponen los costes regulados (transporte, distribución y pagos regulados, que son fijos todo el año) y el 25% restante que son impuestos. Y aquí, en este tramo de la factura, ha actuado el Gobierno, para reducir la factura final de la luz ante la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio: ha bajado los tres impuestos vinculados a la electricidad, hasta el 30 de junio. Primero el IVA, que ha bajado del 21% al 10%. Segundo, el impuesto especial de la electricidad, que ha bajado del 5,1126% al 0,5% (el mínimo que exige Bruselas). Y tercero, ha suprimido temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica, un impuesto que pagan las eléctricas pero que acaban repercutiendo en sus clientes.

Estas tres bajadas de impuestos entraron en vigor el pasado 22 de marzo y afectan a todas las facturas emitidas a partir de ese día, aunque se refieran a consumos anteriores, según confirman las propias eléctricas. Así que si su factura se ha emitido después del 22 de marzo (mírelo arriba a la derecha), va a pagar menos impuestos en todo el consumo que haya hecho en marzo (normalmente el último recibo incluye el consumo de finales de febrero a finales de marzo). Esta bajada de impuestos, como todas, beneficia más a los que gastan más luz. Así, este estudio revela que un hogar pequeño, que paga 40 euros al mes sin impuestos, se ahorrará en este último recibo 6,64 euros. Uno mediano (70 euros de gasto sin impuestos), se ahorrará 11,62 euros. Y un hogar grande o un local comercial (120 euros sin impuestos) se ahorrará 19,94 euros.

En resumen, en este último recibo de marzo, que acabamos de recibir, la factura será algo menor que en febrero, tanto por la menor subida del precio mayorista muchas horas del día como por la bajada de impuestos. Eso afecta a los 8 millones de consumidores que están en el mercado regulado (PVPC), porque los 22 millones que tienen un contrato en el mercado libre tendrán que esperar a renovarlo para ver si se lo bajan o no. En mi caso, he pagado 14 euros menos en el último recibo de marzo. La OCU estima que el recibo medio (4,6 kWh de potencia y 292 kWh de consumo mensual) en marzo habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero(71,77 euros). Y Facua estima que este último recibo habrá bajado de media de 73,19 a 71,35 euros (-2,5%).

Ahora, en abril, mientras sigue la guerra y se teme que escale el conflicto, el precio de la luz en el mercado mayorista en España (que supone el 40% de nuestro recibo final) está más bajo que en marzo: empezó abril costando 5,15 euros/MWh y ha tenido muchos altibajos (23,15 euros el 5 de abril, 63,21 el día 8, 13,33 el domingo 12 o 59,90 euros/MWh el 15 de abril), por el mayor o menor consumo y el clima (más o menos renovables). Al final, el precio medio del mercado mayorista estos primeros 15 días de abril ha sido de 30,31 euros/MWh, menos que en marzo (41,77 euros/MWh). Y además, el precio mayorista de la electricidad en España es menos de la mitad del que se paga en Europa : 55 euros/MWh este 14 de abril, frente a 91 euros/MWh en Francia, 138 en Alemania o 151 en Italia, lo que confirma que la guerra hace menos daño a nuestros bolsillos.

Con estos datos de la mitad de abril, sería lógico esperar una nueva rebaja del recibo de la luz en abril, a pesar de que suban los ajustes del sistema para evitar apagones (porque el gas que alimenta las centrales térmicas sigue caro, en 47,71 euros/MWh, +44% que en febrero). Y también ayudará más que todos los recibos que se emitan pagarán ya menos impuestos (y así hasta finales de junio, de momento). La clave van a ser otra vez las renovables, que además provocan que el precio de la luz sea muy volátil por horas. Un ejemplo claro son los datos de marzo: en las horas más baratas (de 1 a 4 de la tarde), el precio fue de 9,78 euros/MWh, mientras que a partir de la 8 de la noche, el precio medio subió a 101,69 euros/MWh. Y en marzo, tuvimos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Entre enero y marzo, el 16% de las horas fueron a precio negativo o cero. Eso indica que es fundamental saber las horas más baratas para poner la lavadora, el lavaplatos o el horno, porque eso baja mucho nuestro recibo final.

Si esperamos que el recibo baje otra vez en abril, parece claro que podría empezar a subir en junio o julio, hasta el otoño, debido a tres factores: en verano hay más demanda de electricidad (por los turistas y las altas temperaturas, que disparan el aire acondicionado), baja la ayuda de las renovables (en verano hay menos producción eólica y se reduce la eficiencia de los paneles solares con el calor extremo) y hay que echar mano de más centrales de gas (que sigue caro y subiendo), y además, está subiendo también el precio de los contratos futuros de la electricidad (de los 31,60 euros/MWh en mayo a los 76,75 en el tercer trimestre), que son ahora el 55% de la luz que han de comprar las comercializadoras (sólo el 45% debe proceder del mercado diario, porque hasta ahora era más “volátil”).

Así que el escenario que apuntan los expertos es una luz más barata en abril y quizás en mayo, con un repunte en junio o julio hasta octubre, cuando podría bajar de nuevo. Pero todo va a depender de la guerra en Oriente Medio: si el conflicto no se resuelve antes del verano, el precio del gas natural (hoy en 46,41 euros/MWh) podría dispararse hasta los 90 euros/MWh y eso situaría los precios mayoristas de la electricidad en origen en torno a los 100 euros (más del doble de los 43,32 euros que ha costado entre enero y marzo). Y, en consecuencia, la factura media al consumidor, suponiendo incluso que se ampliara la rebaja de impuestos, podría subir más de 10 euros al mes (hasta 72-75 euros de media la factura tipo que sigue la OCU). Así que atentos al curso de la guerra.

Con todo, hay un hecho claro: esta guerra ha pillado a España mucho más preparada que la mayoría de paises para afrontar la subida de la electricidad a particulares y empresas. Y eso, por el mayor peso de la generación eléctrica renovable, que nos permiten tener la luz más barata de Europa. Hay que seguir en ese camino, acelerando incluso el peso de las renovables, cuyo objetivo es que generen el 81% de la electricidad en 2030. Precisamente, el Gobierno Sánchez cree que, esta nueva guerra y crisis energética, deberían servir para empujar aún más las energías renovables. Para ello, el Ministerio de Transición Energética va a lanzar 4 consultas públicas para diseñar un marco regulatorio que permita acelerar la implantación de las energías renovables y el biometano. Se trata de promoverlas en áreas que han quedado degradadas y que han tenido un uso industrial o urbano, más canteras, minas o vertederos. Además, pretenden desbloquear las plantas de biometano (que tiene un potencial de reducir la dependencia del 10% al 15% del gas fósil que se consume), reduciendo los problemas de oposición social que se están encontrando en muchos lugares.

En resumen, los españoles estamos sufriendo los efectos de la guerra en Oriente Medio en la subida de los carburantes y algunos productos, alimentos y servicios, pero de momento no en el recibo de la luz, que ha bajado algo en marzo y podría volver a bajar en abril, gracias a la gran ventaja que tiene España en renovables, que nos permite tener la luz más barata de Europa. Pero esta nueva crisis energética debería servirnos para avanzar más rápido en la sustitución de energías fósiles que no tenemos por renovables (disponibles y baratas). Y a la vez, debería servir para volcarnos en desarrollar los vehículos eléctricos, no sólo coches particulares, sobre todo furgonetas y camiones. Es el camino (que no ven la derecha ni la ultraderecha) para ser más autosuficientes como país y no sufrir tanto los conflictos geopolíticos internacionales.

El juego online crece imparable

En 2025 se han batido todos los récords del juego por Internet: más de 40.000 millones de euros jugados, 4,5 millones por hora, 7 veces más que en 2013, el primer año tras su legalización. El combustible de esta fiebre por el juego online es el gasto en publicidad de los operadores, que casi se duplica respecto a 2022, sobre todo en “bonos de bienvenida” para que “piquen” los internautas. Resultado: hay más de 2 millones de jugadores activos, la mayoría jóvenes, incluso adolescentes (juegan el 13% de los menores), lo que aumenta las adiciones y la ludopatía. Por eso, el Ministerio de Consumo (Sumar) lleva años intentando  frenar la publicidad del juego online, tras la sentencia del Supremo (abril 2024) en contra de restringirla. Pero no ha conseguido incluir la medida en varias Leyes y ahora intenta obligar a los operadores a que implanten algoritmos que anticipen los jugadores con problemas. El juego online es “la droga digital” de muchos jóvenes y hay que frenarla como sea.

                            Enrique Ortega

El juego online sigue disparado en España y en 2025 volvió a batir otro récord anual, como pasa desde 2021: se jugaron 40.754 millones de euros (4,56 millones cada hora), un 16,6% más que en 2024 (cuando creció +10%), más de 7 veces lo jugado en 2013 (5.673 millones de euros), el primer año completo en que el juego online fue legal (se legalizó en junio de 2012) y más del doble de lo jugado antes de la pandemia (19.026 millones en 2019), según el reciente balance de la Dirección General del Juego (DGOJ), del Ministerio de Consumo. Además, el juego online ha seguido ganando cuota en el mercado global del juego en España, donde ya supone el 14,5% del total, aunque todavía tiene menos peso que en otros paises (39% en Europa) por la mayor tradición española del juego presencial (Lotería, quinielas, sorteos, bingos y casinos, locales de apuestas y máquinas de juego).

En 2025, casi dos tercios de todo el juego online se dirigió a los juegos de casino (26.234 millones, el 64,31% de lo jugado), sobre todo a las máquinas tragaperras online (14.194 millones jugados, +54,10% que en 2024) y a la ruleta en vivo (10.117 millones, +38,5%), mientras cae lo jugado en la ruleta tradicional (959,66 millones,-5,22%) y el black jack (963,75 millones, -3,90%). Le sigue de lejos lo jugado en apuestas (10.588 millones, +3,21%), donde ganan peso las apuestas deportivas en directo, mientras se juega (movieron 5.805,4 millones, -1,4%) frente a las apuestas deportivas convencionales (4.646 millones, +12,60%), siendo pequeño el peso de las apuestas hípicas (66,8 millones). El tercer juego que más apuestas mueve es el póquer online (3.884,82 millones, +6,99%), sobre todo el póker torneo (2.570 millones), tras abrirse en 2018 la vía de jugar con Francia y Portugal. Y el resto es lo poco jugado en el bingo online (85,90 millones, -18,86% que en 2021) y los concursos (preguntas, habilidades, pruebas), que sólo movieron 14.057 euros.

Los operadores del juego online también han batido otro récord de margen bruto (GGR: las cantidades jugadas menos los premios repartidos) en 2025: 1.453,55 millones de euros, un +16,99%, un beneficio bruto que multiplica por 7,4 veces el de 2013 (228,64 millones) y duplica con creces el de 2019 (748,24 millones). El juego que aporta más margen a los operadores del juego es el casino online (698,13 millones, el 41,5% del margen total), por las máquinas tragaperras online (300,23 millones) y la ruleta en vivo (229,9 millones), más atractiva que la convencional por la transmisión en directo. El 2º motor de beneficios de los operadores son las apuestas deportivas (698,13 millones de margen), destacando las apuestas de contrapartida convencionales (357,7 millones de margen bruto) y en directo (302,2 millones). El póquer online solo aporta 95,48 millones al margen y el bingo otros 13,9 millones.

Actualmente son 77 los operadores nacionales e internacionales que operan legalmente en España y se reparten este creciente mercado. De ellas, 54 son españolas y el resto multinacionales británicas, búlgaras, italianas o finlandesas. Lo más llamativo es que 43 de estas operadoras de juego legalizadas en España tienen su sede social en Ceuta, gracias a que el ministro Montoro aprobó, en abril de 2018 (mes y medio antes de la moción de censura que le sacó del Gobierno), una serie de rebajas fiscales (la principal, pagar la mitad de tasa de juego y otros impuestos y cotizaciones) para atraer operadores nacionales y extranjeros a Ceuta y Melilla. En paralelo a estos operadores “legales”, crece el juego online “ilegal”, a través de plataformas no reguladas, donde ya apuestan el 23,4% de los jugadores (sobre todo los que juegan más dinero), según un informe de Jdigital, que estima que el juego ilegal se llevó en España 231 millones de margen bruto en 2024 (el 16% del margen conseguido legalmente). El sector se queja de que muchas plataformas ilegales se publicitan a través de enlaces en las redes sociales y aunque se cierran, vuelven a abrir con otro nombre.

El gran salto en las cantidades jugadas online y en el margen bruto de los operadores se debe a un constante crecimiento de los jugadores online, empujados por la facilidad de acceso (móvil, tablet) y la privacidad (pueden jugar las 24 horas, en cualquier lugar). El número de cuentas activas (han operado 1 vez al mes) ha saltado de 1,5 millones en 2015 a 2,5 millones en 2019 y a 4.322.688 cuentas en 2025 (casi medio millón más que en 2024). Y en paralelo, se han disparado también los jugadores activos (juegan al menos 1 vez al año): de ser algo menos de 1 millón en 2015 se pasó a 1,36 millones en 2019 y 2.157.514 jugadores en 2025 (+166.000 que en 2024). El dato más importante es que la media mensual de cuentas activas fue de 1.729.253 cuentas, +20,39% que en 2024, lo que indica que el sector no sólo atrae nuevos jugadores sino que mantiene y fideliza a los actuales, gracias a una oferta  más atractiva y personalizada.

Y la clave, tanto del aumento de jugadores como de las cantidades jugadas es la publicidad, la “gasolina” que mantiene el crecimiento del juego online. En 2025 se ha batido otro récord de gasto publicitario: 664,39 millones de euros, casi el doble de lo que gastaron los operadores en 2022 (374,51 millones), la menor cuantía de gasto debido a las limitaciones a la publicidad del juego que impuso el Real Decreto 958/2020 (que entró en vigor el 1 de mayo de 2021). Pero los operadores recurrieron el Decreto y el Tribunal Supremo lo anuló el 4 de abril de 2024 (porque las restricciones se hicieron por Decreto y no por Ley), con lo que volvió a dispararse la publicidad del juego, ya en 2024 (528 millones,+30,96%) y en 2025 (664 millones,+25,93%).

La mayor partida de este elevado gasto publicitario (6 veces mayor que en 2013) es lo que gastan los operadores en “bonos de bienvenida” (promociones): fueron 347,19 millones gastados en 2025 (+32,7% sobre 2024), que son unos incentivos para atraer nuevos jugadores, a los que se les “regala” una cantidad para empezar a jugar, bonos que estuvieron prohibidos entre mayo de 2021 y abril de 2024, cuando los autorizó la sentencia del Supremo. Otros 244 millones son publicidad directa, la mayor parte en webs, radio y TV, aunque tienen algunas limitaciones en redes sociales y en algunas horas. Y sólo destinan 59.95 millones a gastos de “afiliación” (fidelización) y poco a patrocinio (13,07 millones, la mitad que en 2020).

Este enorme gasto publicitario ha “alimentado” el gran salto del juego online, en cantidades y jugadores, según revela un estudio de la Universidad de Oviedo: concluye que el gasto en marketing aumenta las cuentas que se crean, las cuentas activas, el dinero que se deposita en ellas y las cantidades jugadas. Además, este estudio revela que el gasto en promociones (bonos para atraer jugadores y dinero para afiliados) es más eficaz que el gasto en publicidad. Y además, que es especialmente eficaz cuando se dirige a poblaciones vulnerables, como jóvenes y jugadores más activos. Encima, la Inteligencia Artificial (IA) está siendo muy utilizada por las empresas del juego, tanto para atraer jugadores como para conseguir que se “enganchen” más al juego, con nuevas ofertas.

Por todo ello, la “adicción” al juego online crece imparable, como el juego. Lo preocupante es que el juego online crece sobre todo entre los jóvenes. En 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el 65,4%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.408 españoles que jugaron en 2023, según el Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000 jóvenes más jugando online que en 2019, (+20%). Pero lo más llamativo es que quienes más se han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7 jóvenes con esa edad)  jugaron online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores de 18 a 25 años), según la DGOJ. Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, sobre todo a menores de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o quitan a su familia) para jugar online.

Pero  lo más preocupante es que la adicción al juego online está aumentado entre los menores (14-18 años), como revela la reciente Encuesta (febrero 2026) “Estudes 2025”, elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas y Sanidad, que refleja un aumento significativo del juego de los menores, a pesar de las barreras (“teóricas”) de acceso. Los datos reflejan que un 13% de los estudiantes de Secundaria han jugado online en el último año (suponen unos 260.000 menores que juegan), siendo mayor el porcentaje en los chicos (20,7%) que en las chicas (5,3%). Y este porcentaje de los menores que juegan sube con la edad: del 9,7% a los 14 años al 13,7% a los 16 y el 18,7% a los 18 años. Y lo peor: el 4,9% de los menores que juegan tienen un comportamiento “problemático” (“adicción”: son 12.740 menores con problemas de juego online), un 8,4% los chicos y un 1,4% las chicas. Otro dato más: en 2023, se admitieron en urgencias y hospitales a 4.916 personas de todas las edades por adicciones, el 81% por adicción al juego. Y cada vez llegan más jóvenes.

Muchos expertos, médicos y ONGs están  preocupados de la cantidad de jóvenes y menores con problemas de adicción. De hecho, el juego patológico se ha convertido en la 3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y la depresión. Y con un problema añadido: la sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del juego.

Los expertos y ONGs que atienden a ludópatas (cada vez más jóvenes) insisten en que hay que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría financiarse con una pequeña parte de los impuestos pagados por el juego: casi 1.214 millones ingresados en 2024 (sólo 190 millones del juego online), que reciben casi en su totalidad las autonomías.

Ante este preocupante panorama, el ministro de Consumo (Pablo Bustinduy, de Sumar), del que depende el Juego, lleva un año buscando vías alternativas para restringir la publicidad del juego y frenar así su imparable crecimiento. El primer intento fue introducir una enmienda en la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, pero fue rechazada en el Congreso por PP, Vox y Junts, el 20 de marzo de 2025. El segundo intento fue introducir limitaciones a la publicidad y a la captación de jugadores a través de la enmienda 176 a la Ley de Servicios a la Clientela, pero el Congreso la tumbó (PP, Vox y Junts otra vez) el 12 de diciembre de 2025. Ahora, el ministro Bustinduy busca una 3ª vía para controlar el juego, a través de Reglamentos y Decretos que no pasen por el Congreso.

El cambio más importante que propone es modificar la Ley del Juego de 2011 a través de una serie de cambios normativos. Uno, establecer un límite a los depósitos de un jugador en todas las plataformas de juego (ahora hay un límite en cada plataforma), de 600 euros diarios a 1.500 euros semanales. Otro que los medios de pago deben ser nominativos, a nombre del titular de la cuenta de juego, no admitiéndose pagos anónimos. La tercera una verificación más estricta del registro de jugadores, para frenar de verdad a los menores. Y, sobre todo, exigir a las operadoras que elaboren “un algoritmo para la detección temprana del juego problemático”, para detectar los jugadores “adictos” antes de que vayan a más. Todos estos cambios se han comunicado a la Comisión Europea y el Ministerio pidió a los operadores que estuvieran listos para marzo de 2026, algo no conseguido. El riesgo, más que el retraso de estas nuevas medidas, es que sean otra vez recurridas y anuladas por los Tribunales.

Conclusión: tenemos un grave problema con el juego online en España, especialmente entre los jóvenes y menores, que utilizan el juego en solitario (en el móvil o en los locales del barrio) para evadirse de sus múltiples problemas y “tentar a la suerte”, perdiendo casi siempre y enganchándose muchas veces, generando problemas sociales y mentales que afectan gravemente a sus familias, sin recibir apoyo sanitario ni ayudas, salvo de las ONGs. Hay que tomárselo en serio, como la droga o el alcohol, y frenar esta” epidemia del juego”.