Demasiadas horas extras gratis

En el primer trimestre de 2026, los trabajadores hicieron 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana y casi la mitad las han hecho “gratis” (2,5 millones semanales). Este “abuso” de muchas empresas supone una pérdida anual de 3.243 millones para los trabajadores que no las cobran (2.468 millones) y para la Seguridad Social (775 millones perdidos en cotizaciones). Además, sin estas horas extras, podrían crearse 160.000 empleos. El exceso de horas extras viene de lejos y aumentan las no pagadas, aunque las empresas están obligadas al control horario desde 2019. Ahora, Trabajo quiere imponer con un Reglamento (para evitar convalidar un Decreto en el Congreso) el registro horario digital, al que tengan acceso la inspección de trabajo y los sindicatos, pero la patronal se opone. Y hay un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, porque cree que debe hacerse por Ley y dar más tiempo a las pymes para adaptarse. El vicepresidente económico también quiere flexibilizar este control horario digital y dar 1 año para aplicarlo (no 20 días). La batalla está en el seno del Gobierno.

    

                            Enrique Ortega

En España hay una larga tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Es una fórmula para que los trabajadores “redondeen” sus ingresos (como el pluriempleo) y las empresas se ahorren “costes” (sobre todo cotizaciones sociales), con lo que ambas partes “colaboran” muchas veces en promoverlas. Eso aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada media pactada en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada real de trabajo supera en muchos casos las 40 horas  porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2009 y 2014, las empresas impusieron jornadas más largas a los trabajadores (gracias a la reforma laboral de 2012), sobre todo tras el aumento de las ventas y el consumo tras la pandemia, obligando a hacer más horas extras. En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la crisis financiera y las empresas recortaron horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones de horas extras semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir: 6,5 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015, 6,8 millones en el verano de 2018 y un récord de 7 millones de horas extras semanales a finales de 2024. Eso sí, en 2025 bajaron a 6,67 millones en el 4º trimestre y han vuelto a bajar a 5,89 millones en marzo de 2026, según la última EPA. Pero son casi tantas como en 2019 (6 millones semanales).

Lo llamativo no es sólo el elevado número de horas extras a la semana, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan. Y que este porcentaje de horas “gratis” crece año tras año. A finales de 2019 no se pagaban el 41,9% de las horas extras, concretamente 2.500.700 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA. Un porcentaje de horas impagadas mayor que el de antes de la crisis, ya que en 2008 no se pagaban el 40% de las horas. Y su peso se ha mantenido después de la pandemia, suponiendo las horas gratis el 41,4% de las horas extras a finales de 2025 (2.767.300), aumentando su peso en el primer trimestre de 2026: 2.508.200 horas extras semanales gratis, el 42,5% del total de horas extras.

En 2025, casi un millón de trabajadores (945.000, el 5% de todos los asalariados) hicieron horas extras, según este informe de CCOO. Y de ellos, casi la mitad, 441.000 trabajadores hicieron horas extras semanales gratis, cada uno una media de 5,6 horas semanales sin cobrarlas. Esto supone un coste laboral no abonado por las empresas de 141 euros semanales por trabajador, un “ahorro” de 7.355 euros anuales por trabajador entre salarios y cotizaciones. Eso supone, según el estudio de CCOO, que las horas extras hechas y no pagadas supusieron una pérdida de 3.243 millones para los trabajadores (2.468 millones, por las horas no cobradas) y para la Seguridad Social (775 millones en cotizaciones no cobradas). Pero lo más grave es que estas horas extras hechas impidieron que las empresas contrataran más trabajadores: se estima que si no se hicieran esas 2,5 millones de horas extras semanales, las empresas necesitarían contratar a 160.000 trabajadores a jornada completa (62.000 de ellos serían los empleos que podrían crearse si no se hicieran horas extras gratis).

En el primer trimestre de 2026, de las 2,5 millones de horas extras semanales gratis, más de la mitad las hicieron hombres (1.451.100), siendo menos las hechas por mujeres (1.057.000). Por sectores, el mayor número de horas extras se da en la sanidad (858.600 horas extras semanales), la industria manufacturera (825.500), la educación (634.500), el comercio (590.300), la hostelería (527.500), el transporte y almacenamiento (403.300), las actividades profesionales, científicas y técnicas (359.900), la Administración Pública (323.600), la construcción (295.900), las actividades administrativas y auxiliares (270.600), finanzas y seguros (265.300) y telecomunicaciones, informática y consultoría (107.600 horas extras semanales).Pero si miramos los sectores que hacen más horas extras gratis, el ranking cambia: lo lidera la educación (504.800 horas extras semanales gratis, 4 veces las horas pagadas), seguida por las actividades profesionales (296.100 horas extras gratis, 5 veces las horas pagadas), la industria (283.500), el comercio (240.100), finanzas y seguros (189.000) , hostelería (171.000), transportes (154.800) y Administración Pública (151.400).

Si analizamos los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que hicieron horas extras gratis en 2025, destacan el suministro de electricidad y gas (el 5,6% de sus trabajadores hicieron horas extras no pagadas, frente al 2,3% en el conjunto de España), finanzas y seguros (también el 5,6% de sus plantillas), educación y actividades profesionales, científicas y técnicas (el 4,6% de los trabajadores en ambos) e información y comunicaciones (el 4% de las plantillas). Si observamos por autonomías, destacan las horas extras gratis en Madrid (el 3,4% de trabajadores hacen 582.000 horas extras no pagadas a la semana), Asturias (3%), País Vasco (2,8%), Cataluña (2,7% trabajadores hacen 495.000 horas extras gratis a la semana) y la Comunidad Valenciana (2,6% de las plantillas hacen 290.000 horas extras gratis).

Esta abultada cifra de horas extras, pagadas y gratis, se mantiene elevada en los últimos años (aunque bajó en 2025 y 2026), a pesar de que el Gobierno aprobó la obligación a las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, de llevar un registro horario de la entrada y salida de sus trabajadores, medida aprobada con el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo. Esa normativa, pactada sólo con los sindicatos (la patronal se opuso) fue aprobada en el Congreso con el apoyo del PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Obligaba a las empresas a llevar un registro diario de cada jornada (que debe guardarse 4 años), a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, con sanciones a las empresas incumplidoras de 626 hasta 6.250 euros.

Pasados 7 años, el exceso de horas extras (pagadas y no pagadas) indica claramente que este control horario no ha funcionado, como denuncian los sindicatos. De hecho, el 35% de las pymes siguen haciendo el fichaje de cada jornada “a mano” (sin control digital). Y 1 de cada 5 trabajadores afirma que en su empresa no se ha implantado ningún control horario, según el informe IRSOS. Por todo esto, el Gobierno quiso “endurecer el control horario”, incluyéndolo primero en su proyecto de Ley de reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobado en mayo de 2025, tras pactarlo con los sindicatos y el rechazo de la patronal. Pero este proyecto chocó con una enmienda a la totalidad de Junts, en junio de 2025, que triunfó en el Parlamento en septiembre, apoyada por PP y Vox.

Cerrado el paso al control horario al decaer la Ley que promovía las 37,5 horas, Trabajo puso en marcha un “Plan B”: aprobar un Reglamento en febrero de 2026 (que no necesita ser convalidado por el Congreso) para endurecer el control horario en las empresas, obligando a que sea digital y con acceso inmediato a los sindicatos y la inspección de trabajo, además de exigir que se detalle cómo se compensan las horas extras. Eso sí, al no tratarse de una Ley, Trabajo retiró de este Reglamento el aumento previsto de las sanciones a las empresas.

El problema con el que se ha encontrado Trabajo con este Reglamento es que ha recibido críticas de los organismos a los que se ha enviado, preceptivamente, antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Por un lado, el Consejo de Estado ha emitido el 23 de marzo un informe desfavorable, en el que señala que la reforma debería hacerse por Ley y donde critica la carga que supone para las pymes y la falta de instrumentos para ayudarlas a implantarlo. También son críticos los informes recibidos de los Ministerios de Economía y Transformación Digital, así como de la Agencia de Protección de Datos. Y aunque los sindicatos apoyan el refuerzo digital de la jornada (para frenar el exceso de horas extras), la patronal CEOE está en contra y amenaza con recurrirlo a los Tribunales, apoyada por el informe del Consejo de Estado (que no es vinculante para el Gobierno).

Ante este nuevo revés, Trabajo señaló que seguirá adelante con el Reglamento de control horario y que lo enviará “pronto” al Consejo de Ministros para su aprobación. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, señaló Yolanda Díaz en el Congreso el pasado 25 de marzo, recordando que forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición firmado por el PSOE y Sumar en 2023. Pero hay otro problema ahora: la ministra de Trabajo tiene por encima ahora al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, que ha sido contrario tanto al recorte de jornada a 37,5 horas como al control horario que defiende Trabajo. Y él tiene la llave de la Comisión Delegada que decide los temas que van al Consejo de Ministros. Cuerpo está de acuerdo en mejorar el control horario, pero cree que hay que dar más tiempo a las empresas para implantarlo (propone 1 año, frente a los 20 días de Trabajo, que ahora parece dispuesta a ampliar a 6 meses) y además defiende medidas para ayudar a las pymes a incorporar herramientas técnicas para adaptarse al control digital.

Mientras esta “pelea” por el registro horario se aclara en el seno del Gobierno, las empresas afrontan el aumento de la demanda y las ventas con muchas horas extras, que los trabajadores hacen voluntariamente (las pagadas) o forzados (las no pagadas). Pero estamos ante un gran “fraude”, a los trabajadores y a la Seguridad Social, que además reduce la creación de empleo. Por eso, es urgente aprobar un control horario eficaz, que deje claro lo que son horas extras necesarias y lo que son horas extras estructurales, que se hacen para no contratar más. Es un reto de todo el país, porque aunque tenemos un récord de ocupados (hemos superado en abril los 22 millones de afiliados), todavía trabajan en España menos gente que en la mayoría de Europa: tenemos un 72,4% de adultos trabajando, frente al 76,1% en la UE-27 y el 81,8% en Alemania, según Eurostat. A lo claro: tenemos 700.000 personas menos trabajando que la media en Europa y 1.600.000 menos que Alemania. Con este hándicap, es una tremenda injusticia que se hagan tantas horas extras.

El gran negocio de los conciertos

En mayo empiezan los conciertos musicales por media España, que se generalizan en verano, con más de 1.000 Festivales en pueblos y ciudades. Tras la pandemia, ha crecido la “fiebre” por ir a conciertos, siendo España uno de los paises europeos donde más recalan los grandes cantantes internacionales, aunque arrastran más seguidores los cantantes españoles. En 2025, 1 de cada 3 españoles acudió a un concierto, celebrándose 125.000, con más de 35 millones de espectadores. Un negocio que factura 807 millones anuales, gracias a que los jóvenes están dispuestos a pagar 100 euros y más por ir a un concierto, más gastos de viajes, estancia, comida y bebida. Los conciertos, controlados por multinacionales extranjeras y algunas españolas, mueven 5.812 millones anuales y son claves para muchos pueblos y autonomías, que los financian con ayudas públicas. Todo apunta a que la “fiebre” por los conciertos (y el negocio) seguirá creciendo, en medio de problemas de masificación, ruido, altos precios y falta de lugares adecuados.  Otra “burbuja” que podría explotar.

                      Sonorama Ribera (Aranda de Duero), uno de los 1.000 Festivales de verano en España

España es uno de los paises europeos con más conciertos y festivales de música en vivo. Tras la pandemia, cundió el furor por salir de casa y acudir a eventos múltiples, mayoritariamente al aire libre. Así, un 35% de los españoles adultos (10,5 millones de personas) acudieron a un concierto en 2024-2025, según la última Encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura. Y esto se refleja en los datos de conciertos y espectadores que asistieron a un concierto de música en vivo en 2024: 120.510 conciertos y 33.954.503 espectadores, según el último Anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que refleja el gran salto dado desde la pandemia, ya que en 2019 se celebraron 91.106 conciertos (han crecido un +32%), con 28,2 millones de espectadores (han crecido un +20,2%).

Los conciertos recaudaron por entradas (“la gasolina” de este negocio) 807 millones de euros en 2025, según el sector (APM), una recaudación que casi se ha triplicado desde 2019 (383 millones) y que casi duplica la de 2022 (459 millones). Eso significa que el negocio de la música en vivo, sólo con los ingresos de las entradas (tienen otros muchos, desde las bebidas y comidas al merchandising y las ayudas institucionales) mueve más que otras formas de cultura como la música grabada (ingresó 674 millones en 2025) o el cine (705 millones ingresados por taquilla), acercándose a los libros (1.250 millones vendidos en 2025). Eso sí, el negocio de los conciertos está muy concentrado en Madrid (237 millones recaudados por entradas, casi el 30% del total) y Barcelona (136 millones, casi otro 17%), seguidas de lejos por Sevilla (27,47 millones), Valencia (26,88), Málaga (25,89) y Vizcaya (25,80), según los datos de la APM. Y por comunidades, destaca el salto en conciertos dado por la Comunidad Valenciana (recaudan 46,45 millones) y el País Vasco (44,5 millones).

Los conciertos de música en vivo no solo son un gran negocio para las empresas promotoras  (103 en 2025, frente a 53 en 2015), sino que tienen un gran impacto económico en las ciudades y pueblos donde se celebran, promoviendo el turismo en la zona: viajes, ocupación en hoteles, apartamentos y campings, consumo en bares y restaurantes y más gasto en general en las localidades afectadas. Este impacto económico de los conciertos se estima en 5.812 millones de euros en 2025, según un estudio de SFTL e INCENTIVA. Además, se calcula que la música en vivo genera alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos.

La base de todo este negocio de los conciertos musicales está en las entradas, cuyo precio se ha disparado en los últimos años, por tres factores: la creciente demanda de los jóvenes (dispuestos a pagar cada vez más por ver a su cantante favorito), el aumento del “caché” que cobran las grandes figuras y el aumento creciente de costes que supone montar un concierto, sobre todo un “macroconcierto” (“concierto XXL”), que implica el trabajo de hasta 900 personas durante varios días, más un derroche de tecnología y logística.

Los conciertos de música en vivo son seguidos sobre todo por jóvenes (la mayoría tienen entre 25 y 34 años), aunque se promueven conciertos “para toda la familia” (como los de Sabina, Melendi o Manuel Carrasco), para atraer a varias generaciones de espectadores. Pero el motor de los conciertos siguen siendo los jóvenes de la generación Z, que han accedido a la música con las redes sociales y Spotify y que ahora no quieren perderse un concierto de sus artistas preferidos, aunque las entradas cuesten más de 100 euros. Porque los conciertos no son un evento más, sino que las promotoras los venden como “una experiencia”: no se trata sólo de ir al concierto, sino compartir con amigos y en redes el antes, el durante y el después, valorando no sólo la música (que ya conocen de sobra) sino el espectáculo, el montaje y lo que hay alrededor (otros fans, camisetas, sudaderas, llaveros, carteles…).

Todo esto ha creado una cierta ansiedad en una generación de jóvenes por “no quedarse fuera” del próximo concierto de Rosalía o de Bud Bunny, con una carrera contra reloj por las entradas. Y eso dispara los precios, concierto a concierto. De hecho, el precio de la entrada media fue de 84 euros en 2024, según los propios promotores (APM), aunque la realidad es que las entradas a los macroconciertos están ya por encima de 100 euros. Así, en los últimos conciertos de Rosalía, el precio medio de la entrada (con gastos incluidos) osciló entre 100 y 130 euros, parecidos al de Sabina (57-135 euros) y Ed Sheridan (60-130 euros). Y si se espera, desaparecen las entradas más baratas y hay que acudir a la reventa.

Los promotores denuncian que la reventa ilegal de entradas de conciertos tiene cada vez más peso, porque las empresas implicadas (plataformas como Viagogo, StubHub, Gigsberg o Ticombo) se anuncian en redes y son destacadas por Google al buscar entradas porque pagan por ello (de hecho, sin este papel de Google, los promotores creen que no habría reventas ilegales). Y estas webs no se pueden cerrar, porque tienen el servidor en Suiza y otros paises y cambian de plataforma cada cierto tiempo. El problema de la reventa ilegal es doble: disparan el precio de las entradas que venden (las inmovilizan antes de que salgan a la venta) y en ocasiones son fraudulentas, porque cuando el comprador llega al concierto, se encuentra con que la entrada es falsa y no puede entrar. Los promotores estiman que estas plataformas de reventa facturan ilegalmente 2.500 millones de euros al año en Europa.

Pero los espectadores de los conciertos no sólo se gastan en la entrada. Muchos viajan para asistir al concierto, lo que les supone otro gasto en billetes de avión o tren, coche y estancia. Y ya dentro del concierto, más gasto en bebidas y comida (carísimas), aunque sea obligatorio (desde enero de 2023) que los conciertos ofrezcan agua gratis (fuentes) y permitan la entrada de bocadillos y comida (tras una sentencia, en diciembre de 2025, del Juzgado nº 4 de Valencia, por una demanda de Facua, que prohibió a la promotora Madrid Salvaje impedir el acceso de comida y bebida a sus conciertos. Otra fuente de gasto (y de ingreso para las promotoras) son el merchandising, la venta de camisetas, sudaderas, llaveros, gorras y carteles relacionados con el concierto.

Y queda hablar de otra importante fuente de ingresos para las promotoras de los conciertos: las ayudas públicas de los Ayuntamientos, las Diputaciones y las autonomías donde se celebran los conciertos, dado que promueven el turismo y el gasto local. Un ejemplo es el FIB de Benicàssim (Castellón), un macrofestival que se celebra en julio. En 2023 se supo que el Ayuntamiento de esa localidad había gestionado 2 millones de ayudas europeas (Fondo Next Generation) para mejoras en el reciento municipal de Festivales, además de los 200.000 euros anuales que ha aportado el Ayuntamiento y otras ayudas de la Diputación de Castellón (también para otro Festival en el pueblo, el Rototom). El Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, cuenta con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 216.250 euros. Y en Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad financian varios festivales, como Mad Cool (julio). Eso sin hablar de los miles de actuaciones en vivo en las fiestas de verano en toda España, que suelen pagar los Ayuntamientos (contratando orquestas que cobran hasta 25.000 euros), que por desgracia gastan más en orquestas y toros que en promover viviendas…

Estas ayudas públicas, sobre todo de Ayuntamientos, han multiplicado los Festivales musicales con conciertos en directo en verano, pasando de 872 en 2023 a más de 1.000 en 2025 (ver listado). España es el tercer país europeo con más Festivales de verano, tras Alemania y Reino Unido. La región líder en estos Festivales es la Comunidad Valenciana, destacando 5 grandes festivales de conciertos: Arenal Sound (en Burriana, Castellón: 300.000 asistentes), Primavera Sound (en San Adrià de Besos, Barcelona: 297.000 asistentes), Viña Rock (en Villarrobledo, Albacete: 240.000 asistentes), Sonorama Ribera (en Aranda de Duero, Burgos: 200.000 asistentes) y Sónar Barcelona (Barcelona capital: 161.000 asistentes).

Con toda esta financiación, desde las entradas hasta las barras de bebida, los recuerdos y las ayudas públicas, el negocio de la música en vivo crece sin parar, empujado por grandes promotoras internacionales y nacionales, que organizan los grandes conciertos en España. En 2025, 7 de los 10 conciertos con más público fueron de cantantes españoles: Joaquín Sabina (383.633 asistentes en 41 conciertos en 18 ciudades), Manuel Carrasco (367.256 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.378 asistentes en 32 conciertos), Aitana (153.198 asistentes en 3 conciertos), Dellafuente (117.630 asistentes en 2 conciertos), Arde Bogotá (115.249 asistentes en 7 conciertos) y Lola Índigo (109.256 asistentes en 3 conciertos). Y están también en el Top 10 de público, 3 conciertos en España de cantantes extranjeros: Ed Sheeran (137.884 asistentes en 2 conciertos), Imagine Dragons (112.419 asistentes en 2 conciertos) y AC/DC (103.946 asistentes en 2 conciertos).

La mayoría de estos grandes conciertos los promueven gigantes multinacionales y las grandes promotoras que han aparecido en España, muchas veces cooperando juntos. El gigante de la promoción mundial de conciertos es la empresa californiana Live Nation (con filial en España), el mayor promotor de conciertos del mundo y propietario de Ticketmaster, que factura unos 7.500 millones de dólares anuales. Le siguen, de lejos, la norteamericana AEG Global, que factura 2.400 millones de dólares, y la alemana Eventim, líder europeo en conciertos, con 1.500 millones de dólares de facturación. En España, el ranking lo encabeza Riff Producciones (conciertos de Sabina y Carrasco), con 31,8 millones de dólares de facturación (puesto 51 en el ranking mundial de Pollstar) , seguida por Iglesias Entertainment, con 43,5 millones de dólares (puesto 63), Doctor Music (Bruce Spreenting) , con 42 millones de dólares facturados (puesto 68), GTS Live (Aitana y Lola Índigo), con 20,64 millones (puesto 75) y Proactiv Entertainment (puesto 78).

Cara al futuro, el sector confía en que el negocio de los conciertos en directo vaya a más en España, empujado por la gran demanda de los jóvenes y el interés de las grandes promotoras por organizar conciertos en España (buen clima, turismo y seguridad). Además, cada día hay más ciudades y pueblos que organizan Festivales y conciertos como una forma de atracción turística. Y, sobre todo, porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que siguen apostando por la “fun economy” (“economía de la diversión”): el 78% de los consumidores no están dispuestos a reducir su gasto en ocio musical, según el informe “The Live Effect” de AEG Global. A lo claro: que los jóvenes son mileuristas y no llegan a fin de mes, pero no están dispuestos a perderse un concierto de su cantante favorito, le cueste lo que le cueste.

Ante este crecimiento imparable de la música en vivo, se plantean varios problemas a resolver. Una mayor regulación de las entradas, para evitar abusos y reducir la reventa ilegal, cerrando las plataformas que provocan abusos y timos. Y también un mayor control en los espacios del concierto, desde organizar la llegada (autobuses y aparcamientos) a evitar las enormes colas de acceso, vigilar los abusos en las barras de la bebida y comida, así como asegurar los servicios complementarios (WC) y la seguridad (sobre todo de las mujeres). Un problema sin resolver es encontrar espacios idóneos, lejos de las viviendas, para evitar ruidos y problemas al resto de vecinos, como ha pasado en el Bernabéu y en el Mad Cool 2025.

En paralelo, hay que promover conciertos “normales”, en salas medianas y pequeñas, apoyando la música en vivo al margen de los macroconciertos y los Festivales de verano, para dar entrada a pequeños grupos y artistas, con precios accesibles en las entradas. Precisamente, el Ministerio de Cultura aprobó en enero nuevas ayudas (por 1 millón de euros) para las salas que promuevan la música en directo. Y se necesita también fomentar la llegada de jóvenes a la promoción musical, que no debería quedar cerrada sólo a los grandes promotores internacionales y nacionales. Para mejorarlo, sería importante facilitar la seguridad jurídica a los que se dediquen a este negocio, que dependen de licencias y autorizaciones con reglas muy cambiantes y personalizadas en cargos públicos. Y sobre todo, habría que fiscalizar muy bien las ayudas públicas a los conciertos en directo, sobre todo a los Festivales veraniegos, para no agravar el turismo ya masificado en muchas zonas (hay vecinos y turistas habituales de Benicàssim que se van cuando llega el FIB o el  Rototom…).

En resumen, que los conciertos y Festivales de música se han convertido en una prioridad para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que se gastan cada vez más en acudir y “vivir esa experiencia” , empujados por los amigos y las redes sociales. Pero debería haber un mayor control de este negocio, para evitar abusos, desde el precio de las entradas a las bebidas, y asegurar los accesos y la seguridad en estos eventos. Y, sobre todo, habría que frenar la fiebre de pueblos y ciudades por tener su Festival de música, a costa de ayudas públicas que aceleran la “turismofobia” y podrían destinarse a  otras necesidades. Cuidado con crear “una burbuja de conciertos” que un día nos estalle. A cambio, falta promover la música de pequeños grupos y locales, que sobreviven malamente.

EPA marzo 2026: "pincha" el empleo

El empleo ha “pinchado” en el primer trimestre, como es habitual tras las Navidades y por la Semana Santa en abril. Pero la pérdida (-170.300 empleos) ha sido la mayor desde 2013, quizás porque la economía empieza a sufrir la guerra en Oriente Medio, que sube la inflación y frena el consumo y la inversión. Hay 527.000 ocupados más que hace un año y 2,6 millones más que hace 6 años (al inicio pandemia), pero debemos estar atentos a la marcha de la economía esta primavera, para ver si el Gobierno debe tomar nuevas medidas, algo que también debería hacer Bruselas (como tras la pandemia y la guerra en Ucrania). De momento, la pérdida de empleo afecta a los servicios, a las mujeres y a algunos  inmigrantes, mientras crece en la industria, la construcción y el campo. Necesitamos un Plan para relanzar las contrataciones en los sectores y regiones más afectadas y reformar las oficinas de empleo (SEPE), porque funcionan mal. Atentos al empleo, lo más importante. 

                            Enrique Ortega

El primer trimestre del año suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Además, este año la Semana Santa (29 marzo al 5 de abril) ha caído mayoritariamente en abril, lo que ha restado empleo entre enero y marzo. Por todo ello, en el primer trimestre se perdieron -170.300 empleos, casi el doble que en el primer trimestre de 2025 (-92.500) y más que en 2024 (-139.700), según la EPA publicada este martes. Con todo, a finales de marzo había en España 22.293.000 ocupados, un máximo histórico en este mes. Y trabajan en España 2.611.700 personas más que hace 6 años, al inicio de la pandemia (19.681.300 ocupados en marzo 2020).

El empleo ha caído entre los hombres (-80.100 ocupados), pero más entre las mujeres (-90.200 ocupadas). Y lo han perdido más los trabajadores españoles (-137.300 empleos) que los extranjeros (-59.000 ocupados), mientras ganaron empleo los que tienen doble nacionalidad (+26.100 ocupados). La pérdida de empleo se ha dado casi en exclusiva en el sector privado (-191.400  empleo), mientras crecía algo en el sector público (+21.100 empleos, por las oposiciones). Y se ha perdido más empleo entre los trabajadores maduros (-78.000 empleos entre 40 y 54 años) y los más jóvenes (-32.800 empleos perdieron los de 25 a 40 años).

El empleo lo han perdido los servicios (-228.400 ocupados), sobre todo por el comercio (-106.700) y el transporte (-51.700), por el fin de las Navidades y rebajas, así como la hostelería (-47.900 empleos), la información y comunicaciones (-51.900) y el servicio doméstico (-48.400 empleos, por la exigencia de altas y la subida del SMI). Sin embargo, subió el empleo en el primer trimestre en la educación (+45.000) y la sanidad (+34.500 ocupados), así como en la industria (+28.100), la construcción (+17.500) y el campo (+12.500), sectores claves que reflejan el crecimiento de la economía. Y por autonomías, han perdido más empleo Cataluña (-46.300), Baleares (-40.900) y Madrid  (-10.700 ocupados), ganándolo en el primer trimestre sólo Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500).

La caída del empleo al inicio de 2026 ha provocado también un aumento del paro, que subió en +231.500 desempleados, un aumento récord desde 2013, debido a que han aumentado mucho los que buscan empleo, los “activos”: +61.200, el tercer mayor aumento en los últimos años, por el aumento de mujeres que buscan trabajo (+46.700, frente a +14.400 hombres) y, sobre todo, por el aumento de inmigrantes activos (+65.800, mientras bajan en 4.600 los “activos” españoles. Con ello, España alcanza un nuevo récord  histórico de “activos”, personas que trabajan o buscan trabajo: 25.001.600 en marzo. Esto supone que, aunque crezca el empleo en los próximos meses, el paro bajará menos, porque hay más gente buscando trabajo (sobre todo mujeres e inmigrantes).

Con este aumento del paro, son ya 2.708.600 las personas que están en paro, un 10,83% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, con lo que se vuelve a superar el listón del 10% de tasa de paro (bajó al 9,93% en diciembre de 2024). Una cifra elevada de paro, aunque tenemos 604.400 parados menos de los que había en España hace 6 años, al inicio de la pandemia (3.313.000 parados en marzo de 2020, el 14,41% de la población activa). El paro subió más en este primer trimestre entre las mujeres (+137.000 paradas) que entre los hombres (+94.500), más entre los extranjeros (+124.800) que entre los españoles y con doble nacionalidad (+106.700 parados) y más entre los trabajadores maduros (+155.000 entre 25 y 54 años) que entre los más jóvenes (+32.600 parados entre 16 y 24 años). Por sectores, crece sobre todo en los servicios (+162.100, la mitad por el turismo y la hostelería), en la industria (+13.000) y la agricultura (.9.500 parados), mientras cayó sólo en la construcción (-11.700 parados). El paro aumentó sobre todo en Cataluña (+84.400), Comunidad Valenciana (+41.200), Baleares (+39.800) y Madrid (+35.400), bajando sólo en Canarias (-14.400 parados), Extremadura (-1.800), Murcia (-1.200), Andalucía (-1.100) y Melilla (-900).

Mientras sube el paro, hay algunos datos de fondo importantes. Por un lado, todavía hay 850.700 hogares donde todos sus miembros están en paro: +78.500 que a finales de 2024,  aunque son 32.200 menos que hace un año. Por otro, sube el porcentaje de parados que cobran el desempleo: cobraban alguna ayuda en febrero 1.842.216 parados, 76,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo, frente al 66,77% hace un año, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría (923.462) cobran un subsidio asistencial (480 euros al mes), mientras sólo 918.754 parados registrados cobran el subsidio contributivo (1.035,70 euros mensuales). Y ha subido el número de parados que llevan más de 1 año sin trabajo (949.200 parados), aunque baja al 35% (eran el 38,19% hace un año) el porcentaje de “parados de larga duración”, que tienen mucho más difícil recolocarse.

Pero lo más preocupante es que la tasa de paro ha subido en el primer trimestre, del 9,93% en que estaba a finales de 2024 al 10,83% ahora, aunque es mucho más baja de la que teníamos hace 6 años (14,4% en marzo de 2020). Una tasa muy alejada de Europa, donde es casi la mitad (5,9% en la UE-27 y 6,2% en la zona euro), siendo aún menos en Alemania (4%), según Eurostat. Y ha subido este trimestre la  tasa de paro juvenil (menores 25 años), que en España es el 24,5%, frente al 15,3% en Europa y el 7,4% en Alemania. Además, persiste el problema de que hay 2 Españas en el paro. Una, 10 regiones con alta tasa de paro: Ceuta (26,1%), Melilla (21,4%), Andalucía (14,66%), Baleares (13,79%), Extremadura (13,25%), Castilla la Mancha (12,97%), Comunidad Valenciana (11,75%), Canarias (11,40%), Murcia (10,84%) y Cataluña (10,12%). Y otra, las 9 regiones que tienen una tasa de paro casi “europea”: Cantabria (7,86%), Madrid (7,91%), País Vasco (8,23%), Aragón (8,37%), Galicia (8,96%), Asturias (9,02%), Castilla y León (9,04%), Navarra (7,49%), La Rioja (9,62%, según la reciente EPA de marzo.

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer trimestre, el 43,26% de los contratos firmados fueron indefinidos, casi como hace un año (43,07%) y algo menos que hace dos años (44,5% el primer trimestre de 2024), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16,24 millones de asalariados con contrato indefinido, el 85,23% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021. Los que apenas bajan son los contratos a tiempo parcial (-40.000 en el último año), que superan los 3 millones de asalariados (3.035.900 en marzo), sobre todo por las mujeres (2.175.600, el 71,6% de estos contratos de jornada reducida), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 (+783.000 empleos), 2024 (+468.000) y 2025 (+605.400 empleos) , porque creceremos algo menos (+2,2 % en 2026, frente al +2,8% que crecimos en 2025 y el +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear casi 500.000 nuevos empleos este año 2026 (+494.878),  con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora volvió al 10,83%).

Pero todos estos cálculos se hicieron antes de que EEUU e Israel atacaran Irán, el 28 de febrero pasado, desencadenando una guerra que ha disparado los precios de la energía y los carburantes, aumentando la inflación en marzo en toda en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022, lo que coloca la inflación media en el 3,4%,a pesar de las ayudas del Gobierno (5.000 millones), que han conseguido moderar de momento la subida de los carburantes y la luz.

El vicepresidente económico señaló este martes que el conflicto de Oriente Medio subirá la inflación en España este año, del 2,1% previsto al 3,1% anual, aunque el Gobierno mantiene de momento su previsión de crecimiento para este año en el +2,2% . Pero si el conflicto se alarga, su coste (500 millones diarios para Europa) disparará la inflación y recortará el consumo y la inversión, frenando el crecimiento más de lo previsto (en privado, el Gobierno cree que recortará el PIB un -0,4% este año) y creando menos empleo del esperado. De hecho, el FMI ha recortado en abril el crecimiento previsto para España: lo rebajan al +2,1%, dos décimas menos de lo que estimaban en enero.

El Gobierno debe estar muy atento a los efectos de la guerra de Oriente Medio en las empresas y el empleo, utilizando la doble vía de las ayudas estatales (directas o indirectas)  y los ERTES (posibilidad de enviar temporalmente una parte de la plantilla al paro, como se hizo tras la pandemia y la guerra de Ucrania). Y el presidente Sánchez debe seguir presionando a Bruselas para que la Comisión apruebe un paquete de ayudas frente a las consecuencias de esta guerra, algo que rechazaron en la reciente Cumbre de Chipre, aunque fue muy útil para que los paises europeos afrontaran la crisis de la pandemia y de Ucrania. Europa apenas crece y esta crisis puede estancarla aún más (la zona euro sólo crecerá un 1,1% este año y Alemania el 0,8%, según el FMI), por lo que urge tomar nuevas medidas extraordinarias, para reanimar el crecimiento y el empleo. Y lo mismo debe hacer el Gobierno en España.

Ahora habrá que ver si este “pinchazo” del empleo en el primer trimestre es el habitual en estas fechas (aunque ha duplicado la caída habitual de empleo) o si es el primer signo de que la guerra de Oriente Medio y la incertidumbre internacional se empiezan a notar en nuestra economía, frenando el crecimiento y empleo futuros. Para evitarlo, es clave que los Gobiernos de Europa y España reduzcan la incertidumbre, con ayudas y medidas eficaces, además de seguir presionando para acabar esta guerra ilegal e irracional. Porque la incertidumbre puede afectar a los hogares, reduciendo su consumo (más si sube la inflación), uno de los motores del crecimiento de la economía. Otro es la inversión empresarial, que se está recuperando gracias a los Fondos europeos (ojo: terminan en agosto), pero que podría frenarse si las empresas e inversores no ven claro el futuro. Y el tercer motor del crecimiento, las exportaciones, también podrían “pinchar” este año, por los aranceles y los problemas  en el comercio mundial.

En resumen, los datos de empleo y paro son malos, pero habrá que esperar a ver si mejoran con la primavera y el verano, como es habitual todos los años, o si la guerra puede poner en peligro nuestro mayor crecimiento y empleo. Eso requiere que el Gobierno español siga muy atento la coyuntura, por si hay que tomar medidas específicas para reanimar la economía y el empleo, medidas que debería volver a tomar Europa. En paralelo, habría que estudiar un Plan para relanzar las contrataciones en los sectores y autonomías donde más cae el empleo y no olvidarse de reformar las oficinas de empleo (SEPE), porque siguen funcionando mal. Ojo al empleo, que debe ser la gran prioridad nacional.

Una guerra empantanada y costosa

Mañana se cumplen 2 meses de los ataques de EEUU e Israel a Irán, que han puesto patas arriba los mercados energéticos y la economía mundial. Entre treguas incumplidas y ataques, los precios del petróleo y el gas siguen altos, provocando una subida de la inflación y enorme incertidumbre en familias, empresas e inversores. Esta guerra en Oriente Medio tiene un alto coste en vidas, heridos y desplazados, pero afecta también a nuestros bolsillos: Europa pierde 500 millones al día por el conflicto. Pero, la Comisión Europea y muchos Gobiernos no toman medidas eficaces frente a esta nueva crisis, tras la Cumbre en Chipre el viernes, mientras el FMI augura un mínimo crecimiento para Europa, que podría acabar en recesión si la guerra se alarga. Sólo hay una salida: Europa debe ser más autosuficiente en energía, acelerando la electrificación de la economía y las renovables, como hace España. Y eso obliga a avanzar en el Pacto verde europeo, no a frenarlo, como defienden la derecha y la ultraderecha.

                 "Huir del petróleo" y electrificar la economía, la mejor receta ante las crisis energéticas

La consecuencia más directa para Occidente de esta guerra en Oriente Medio es la subida de los precios de la energía, que ya se empieza a trasladar a muchos otros precios y a la inflación general, con vaivenes según los ataques y las treguas. El precio del petróleo sigue alto, en 104,85 dólares el barril de Brent el viernes, que es más que antes de los ataques a Irán (72,48 dólares/barril), pero menos que el máximo de marzo (118,35 euros el día 31). Y lo mismo pasa con el gas natural, que costaba el viernes 44,50 euros, más que antes de la guerra (31,95 euros/MWh) pero menos que en marzo (50,75 euros/MWh el día 31). El problema es que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20% del petróleo y el gas que se consume en el mundo y la mayoría del que se consume en Asia, ha disparado el precio internacional del crudo, que podría llegar a los 150 dólares/barril.

Esta fuerte subida del petróleo (+44,6% en dos meses) ha impactado directamente en los precios de los carburantes, que han subido más. Y eso por dos razones. La primera, que el precio del teórico del crudo Brent (que se fija en el ICE de Londres) no es el que pagan realmente las petroleras y refinadoras, sobre todo en periodos de conflicto: el precio real del crudo de entrega inmediata (a 15 días), llamado Dated Brent, es mucho más alto: el 10 de abril, por ejemplo, el precio en el mercado de futuros era de 96 dólares barril, pero las refinerías pagaron 131 euros. La otra razón es que hay distintas calidades de crudo: hay tipos de petróleos que son más o menos pesados y permiten producir más o menos derivados (gasolina o diesel), que en muchos casos no se refinan en cada país sino que se importan. Y la subida del crudo ha disparado también el precio del gasóleo (la mayoría importado en Europa).

Todos estos factores han llevado a una fuerte subida de los carburantes, en muchos casos más que el crudo. Tras la fuerte subida de los primeros días, a finales de febrero, la gasolina ha pasado de 1,44 euros/litros el día antes de la guerra (27 de febrero) a un máximo de 1,8005 euros litro el 20 de marzo, para bajar luego (gracias a la rebaja del IVA del 21 al 10%, en vigor el 21 de marzo), hasta 1,556 el 31 de marzo y 1,51 euros/litro el viernes (7 céntimos más que antes de la guerra). Y el gasóleo, que costaba 1,39 euros/litro el 27 de febrero, subió mucho más, hasta 1,936 euros el 20 de marzo, para bajar después (por el recorte del IVA) a 1,794 euros/litro el 31 de marzo y 1,731 el viernes (+34 céntimos que antes de la guerra).

El otro efecto de esta guerra es la subida del precio del gas natural, que afecta al precio de la luz, porque una parte se genera con centrales de gas. En marzo, el precio mayorista de la electricidad subió a 41,77 euros/MWh, más que en febrero (16,41 euros) pero menos que un año antes (53,03 euros/MWh en marzo 2025). Y como las energías renovables aportaron el 63,1% de la electricidad en marzo, eso permitió que tuviéramos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Además, el Gobierno bajó, desde el 22 de marzo, los 3 impuestos que paga la electricidad.  Consecuencia: el recibo al consumidor con un contrato regulado bajó unos céntimos en marzo, a pesar de la guerra: habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero (71,77 euros). Y en abril, el precio mayorista ha bajado respecto a marzo (39,35 euros/MWh hasta el 24 de abril), con lo que bajará otra vez el recibo este mes.

A pesar de que la luz ha ayudado, los carburantes han provocado una fuerte subida del IPC en marzo, en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022 (+1,9%), lo que coloca la inflación media en el 3,4%, el peor dato desde junio de 2024. Y eso que todavía no se observa que la subida del petróleo, el gas y los carburantes se haya trasladado al transporte, la industria o los alimentos, que podrían subir por los mayores precios de los fertilizantes y muchas materias primas. Preocupa además la subida del helio (que se produce en los paises del Golfo, a partir del gas), clave para la fabricación de chips, y de muchos principios activos y medicamentos, incluidos los condones (que proceden de India y el sudeste asiático).

Mientras fracasa el ultimo intento de negociación entre EEUU  e Irán, la preocupación ahora en medio mundo es que falten suministros en unas semanas, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya aprobado liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de crudo, para que no haya escasez. Pero la misma AIE ha alertado de que podría faltar keroseno para los aviones en 6 semanas. Y hay paises de Asia que ya han empezado a racionar los carburantes, mientras China ha suspendido sus exportaciones de gasóleo. En Europa, lo que más preocupa es el suministro de keroseno, que ya ha provocado un recorte de vuelos futuros en Lufthansa y KLM. El problema lo tienen sobre todo Reino Unido (que importa el 65%), Francia, Alemania e Italia (que importan el 50%), pero afecta menos a España (que sólo importa el 20% de este combustible). A más largo plazo, en verano, en Europa preocupa el abastecimiento de gasóleo y gasolina, porque hay pocas refinerías en Europa, que importa el 50% de estos carburantes. España, con 8 refinerías, está mucho mejor, porque sólo importamos el 10% del gasóleo y exportamos gasolina.

Además del temor a los desabastecimientos de crudo y carburantes, la otra preocupación del mundo es que esta nueva guerra dispare la inflación y recorte el crecimiento, con el riesgo de una recesión si el conflicto dura meses. El Fondo Monetario (FMI) acaba de lanzar una primera alerta, en su Informe del 14 de abril: el mundo crecerá menos este año (3,1%, un 0,2% menos de lo que esperaban en enero) y subirá más la inflación mundial (+0,6%). La zona más afectada será Asia (China, Japón e India), pero también Europa: la zona euro sólo crecerá un +1,1%, con el agravante de que Alemania crecerá la mitad de lo previsto (+0,5%), según las últimas estimaciones del Gobierno Merz, Francia un +0,9% e Italia +0,5%, aunque para España estiman un crecimiento del +2,1% (-0,2% que en enero).

Caiga o no el crecimiento y suba la inflación, la guerra lanzada por Trump y Netanyahu en Oriente Medio ya tiene un alto coste para Europa y sus ciudadanos: 500 millones diarios, según fuentes europeas, lo que equivale a 30.000 millones de euros en estos 2 primeros meses de conflicto. Sin embargo, la Comisión Europea no ha aprobado todavía ninguna medida para atajar esta crisis, aunque sí algunos paises: Hungría, Portugal, Croacia, Austria, España, Italia y Francia han fijado precios máximos a los carburantes, rebajas fiscales o  descuentos directos. En el caso de España, las ayudas de marzo a los carburantes y la luz, suponen un coste (hasta junio, su periodo inicial de vigencia) de 4.000 millones de euros, habiendo permitido una rebaja de 24 céntimos en el gasoil y 29 céntimos en la gasolina, según la Confederación de Estaciones de servicio.

Pero la Comisión Europea y la Cumbre europea en Chipre, el viernes, apenas han pasado de generalidades: ahorrar energía, promover el transporte público, rebajar impuestos o promover la electrificación de las economías. Y mientras España, Italia, Bélgica y Letonia pedían “más ambición en las medidas”, la presidenta Von der Leyen traspasaba la responsabilidad de las medidas contra esta crisis energética a la reunión de los ministros de Economía de los 27, en mayo. Otro retraso, después de que Bruselas rechazara la propuesta de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal para aprobar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras europeas, que están obteniendo un beneficio extra de 81,4 millones diarios con esta crisis, según este estudio de Greenpeace (serían 2.500 millones de beneficios extras sólo en marzo). España es el tercer país donde las petroleras (básicamente Repsol, Moeve y BP) tienen más beneficios extras, unos 11,5 millones diarios, gracias a su margen sobre cada litro de diesel (17,1 céntimos) y gasolina (2,5 céntimos).

En medio de una crisis energética que afecta mucho a Europa (aunque menos que la provocada inicialmente por la guerra de Ucrania), España es de los paises europeos menos afectados, por varias razones. Una, que estamos menos expuestos a los suministros de Oriente Medio: de allí sólo procede el 5% del petróleo que compramos y el 2% del gas natural, frente a un 10% de dependencia del conjunto de Europa. Dos, que España ha mejorado mucho su eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para generar 1.000 euros de PIB) desde comienzos de este siglo, reduciéndose un tercio. Y tres, la más importante, el fuerte peso de las energías renovables en la generación de electricidad en España: 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026 (frente a un 45% en la UE-27), lo que nos permite depender menos de las energías fósiles (petróleo u gas). Con todo, España tiene un enorme hándicap estructural: tenemos una altísima dependencia energética respecto al exterior, dado que importamos el 70% de la energía que consumimos, muy por encima del 58% de dependencia energética que tiene el conjunto de Europa.

Así que esta nueva guerra, como la de Ucrania, nos debería servir para aprender y tomar medidas que nos permitan afrontar mejor futuras crisis (que llegarán). La clave es “huir de los combustibles fósiles” (petróleo, gas, carbón), que además de destruir el clima (son los principales responsables de los gases de efecto invernadero) están vinculados a paises y zonas del mundo muy inestables, que pueden provocar nuevos conflictos geopolíticos. Eso debería llevarnos a apostar por los recursos autóctonos, especialmente el sol, el aire y el agua (más el hidrógeno verde), que no sólo son más baratos sino que nos hacen independientes. Eso es lo que pretende el Pacto verde europeo, puesto ahora en cuestión para la extrema derecha europea y el propio PP europeo, que avanzan en posiciones negacionistas. Y en España, el PP ha cedido a Vox en las autonomías (de momento en Extremadura, pronto en Aragón, Castilla y León y Andalucía), negando muchos elementos del Pacto verde europeo, precisamente ahora que la guerra en Oriente Medio deja clara la importancia de apostar por las energías renovables y el medio ambiente.

Además de una apuesta más decisiva por las renovables, España y el resto de Europa deberíamos sacar lecciones de las dos últimas crisis energéticas (Ucrania y Oriente Medio). Una, que hay que potenciar las reservas estratégicas, para evitar racionamientos y cortes de suministros. Dos, que hay que electrificar la economía, desde las empresas (muchas siguen consumiendo fuel y gas) al transporte (apenas hay furgonetas y camiones eléctricos, además de que el 90,3% del parque de vehículos en circulación van con gasóleo o gasolina) y a las viviendas (gas y calderas de gasóleo). Tres, hay que apostar por el ahorro energético, sobre todo en las viviendas (rehabilitación), industrias y servicios. Y hay que seguir apostando por las energías renovables, para que generen el 81% de la electricidad en 2030. Además, a corto plazo, urge vigilar la formación de precios en los carburantes, para que no suceda en el futuro que suben enseguida tras una crisis y tardan meses en bajar.

Al final, esta guerra en Oriente Medio (como la de Ucrania y los distintos conflictos internacionales latentes), tienen un coste clave: generan incertidumbre en los ciudadanos, las empresas y los inversores. Y por ello, el mayor riesgo de fondo no es pagar más caros los carburantes, la luz, el transporte o los alimentos sino que los hogares se preocupen y reduzcan su gasto (el ahorro está aumentando en toda Europa desde hace 3 años) y las empresas (que venden y ganan más que nunca) destinen su liquidez a depósitos, Bolsa o reducir deudas en vez de a invertir y crear riqueza y empleo. Con menos consumo e inversión y con menos exportaciones (por un comercio conflictivo y menos globalizado), España, Europa y la mayor parte del mundo crecerán menos y podríamos caer en otra recesión. Por eso urge parar esta guerra (y la de Ucrania) y unificar esfuerzos en Europa para salir adelante. Sin más dilaciones.

Plan de vivienda: sin las autonomías no sale

El Gobierno aprobó este martes el Plan estatal de vivienda 2026-2030, que triplica el gasto (7.000 millones) en vivienda pública, ayudas al alquiler y rehabilitación. El Plan tiene dos novedades. Una, que el Estado aportará el 60% a las autonomías que financien el otro 40%. Otra, que impone condiciones: las VPO financiadas no se puedan vender, incorpora medidas contra la corrupción en su adjudicación (Alicante) y exige más información y control. Madrid y otras autonomías gobernadas por el PP (son 11) lo rechazan, porque “invade competencias”, pero habrá que ver si están dispuestos a perder los 4.200 millones de aportación estatal (667 millones para Madrid). La votación autonómica del Plan se hará en mayo y si se rechaza, será papel mojado, como la Ley de Vivienda. Además, faltan medidas (suelo y financiación) para promover más viviendas “libres” (sólo 80.792 terminadas en 2025) y para conseguir más viviendas en alquiler. Pero todas exigen colaboración entre Gobierno, autonomías y Ayuntamientos, algo inexistente. Así, la vivienda no tiene enmienda.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava día a día. Comprar una casa se ha vuelto un objetivo imposible para la mayoría de jóvenes y familias, porque su precio está por las nubes: cerró 2025 con un coste de 2.230 euros/m2, según el Ministerio de Vivienda, un récord histórico, que es mucho mayor en Madrid (5.820 euros/m2) y Barcelona (5.144 euros/m2), según el portal Idealista. Eso supone que comprar un piso de 100 m2 obliga a pagar una hipoteca (80% del precio) de 907 euros mensuales, además de tener ahorrado un 30% del precio para la entrada, gastos e impuestos. Y si hablamos de comprar un piso en Madrid (582.000 euros/100 m2) o Barcelona (514.000 euros/100 m2), tendríamos que pagar entre 2.368 euros mensuales de hipoteca (Madrid) y 2.093 euros, algo imposible salvo para los que ganen en torno a los 7.000 euros (la banca sólo concede hipotecas por el 30% del sueldo).

El resultado es que la mayoría de las familias y jóvenes no puede comprar piso. Y tampoco alquilar, porque no hay apenas casas en alquiler y eso ha disparado los precios: en marzo, el alquiler medio estaba en 15 euros/m2, según Idealista, el máximo de la serie histórica y una subida del +44,2% sobre 2019 (10,4 euros/m2), el doble de la subida de la inflación (+24,6%) y los sueldos (+19,53%). Y esa es la media (1.350 euros de alquiler por un piso de 90 m2), porque los alquileres son mucho más altos en las grandes capitales, sobre todo en Madrid (23,2 euros/m2: 2.088 euros por un piso de 90 m2) y Barcelona (22,6 euros/m2: 2.034 euros vivienda 90 m2). Y además, los que intentan alquilar se encuentran con muchos candidatos por cada vivienda, con lo que el dueño “selecciona” y a veces obliga a pagos y condiciones ilegales, mientras se disparan también los alquileres por habitación (superan los 500 euros).

Cada año, hay 200.000 nuevas familias y jóvenes que se incorporan a buscar un piso para vivir y no pueden comprarlo ni alquilarlo. El problema de fondo es que hay pocas viviendas disponibles y un déficit estimado de 600.000 viviendas, mientras se construyen pocas viviendas. Así, en 2025 se iniciaron 121.827 viviendas “libres” (de promoción privada), +8,5% que en 2024 (112.220), según los datos de Vivienda. Y entre 2020 y 2025 se iniciaron 605.517 viviendas, menos en 6 años que las iniciadas en todo 2004, 2005 y 2006 (+600.000 cada año). Y si miramos las viviendas terminadas, han sido sólo 80.792 viviendas en 2025, menos que en 2024 (86.609). Y en los últimos 6 años (2020-2025) se han terminado en España 489.431 viviendas “libres”, menos de las terminadas en 2004,2005, 2006 y 2007 (+500.000 cada año).

Si miramos las viviendas de protección oficial (VPO), que promueven el Estado, autonomías o Ayuntamientos, el balance es aún más preocupante. En 2025, se calificaron provisionalmente 15.503 VPO de planes estatales y autonómicos, menos que en 2024 (23.967 VPO calificadas), según datos de Vivienda. Y si vamos a las calificaciones definitivas, fueron sólo 11.104 las VPO, también menos que en 2024 (14.371 VPO). Y en los últimos 6 años (2020 a 2025) se han calificado (terminado) 64.542 VPO, una cifra similar a las VPO calificadas en 2005, 2006, 2007 y 2008 (ojo: más de 60.000 VPO calificadas cada año).

¿Qué está pasando? ¿Por qué ha caído tanto el número de viviendas terminadas? Las razones aportadas por promotores y constructores son varias: escasez de suelo urbanizado (muy caro), problemas burocráticos y administrativos que han parado muchos Planes urbanísticos, elevados costes de la construcción, falta de mano de obra cualificada y serias dificultades de financiación, porque la banca sigue “huyendo el ladrillo”. En el caso de las viviendas protegidas (VPO) hay otras razones adicionales: la congelación de los precios máximos de venta (los módulos se empezaron a actualizar en 2024), la falta de suelo finalista, los excesivos trámites burocráticos y la escasa financiación. Incluso se ha dado la paradoja de que los precios de la VPO superaban a los de la vivienda “libre”.

Con 80.000 nuevas viviendas “libres” terminadas al año y otras 11.000 VPO no se soluciona el problema de fondo de la vivienda, que es la falta de oferta. Los expertos estiman que habría que construir unas 150.000 viviendas al año como mínimo (se terminan 91.000), de ellas 70.000 VPO, la mayoría para alquiler. Pero para eso, el Estado y las autonomías deberían gastar más en vivienda, algo que hoy no hacen. Y además, es importante crear un parque público de VPO, para atender la demanda con menos recursos (jóvenes y familias vulnerables). España carece de este parque público de VPO: sólo hay unas 300.000 viviendas, el 3,3% del total, cuando la media en la UE-27 es el 8% (y el 29% en Paises Bajos, el 24% en Austria, el 20% en Dinamarca o el 16% en Suecia). La culpa es de los gobiernos anteriores, que han permitido la venta de gran parte de las VPO a particulares y Fondos de inversión: en los últimos 40 años se han construido en España 2,7 millones de VPO, pero la mayoría se han vendido.

En España se promueven pocas viviendas “libres” y muy pocas VPO porque el gasto público en vivienda es mínimo, mucho menor al de otros paises europeos. Así, el gasto público en promoción de vivienda “libre” (2007-2022) ha sido en España de 46,9 euros/habitante, frente a 58,1 euros en Alemania, 103,9 euros en Francia ,111,7 euros en Dinamarca, 121 euros en Francia, 125, 3 euros en Italia y 157,9 euros en Irlanda, según el Boletín de Vivienda Social 2024. Y si miramos el gasto en protección social en vivienda (VPO y ayudas), España gastó (entre 2007 y 2021) 34 euros/habitante, la cuarta parte del gasto social en vivienda en la UE-27, que fue de 160,5 euros/habitante, siendo también mucho mayor el gasto en Irlanda (334 euros/habitante), Dinamarca (318), Francia (274), Finlandia (246), Alemania (209), Suecia (187) y Paises Bajos (171,6), aunque mucho menor en Italia (8,5 euros/habitante).

El gasto público en vivienda (Estado y autonomías) sufrió también los recortes de Rajoy, pasando de un máximo de 2.761 millones en 2009 a menos de la mitad en 2013 (1.103 millones). El Gobierno Sánchez subió la aportación estatal y también varias autonomías, a partir de 2019 (1.590,5 millones) y sobre todo en 2022 (2.668 millones), 2023 (2.149 millones) y 2024 (2.286 millones), aunque el gasto es todavía menor al de 2009. Y el último Plan estatal de Vivienda 2022-2025 destinó 2.300 millones del Estado central a promoción de VPO y ayudas a compra y alquiler, 583 millones al año. Una cifra ridícula si se compara con lo que España gasta al año en pensiones (190.687 millones), en sanidad (99.347 millones), en educación (63.380 millones) o en Dependencia (11.500 millones), lo que indica que la vivienda es “el patito feo del Estado del Bienestar” en España. 

Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Plan estatal de Vivienda 2026-2030 más ambicioso, que pretende gastar el triple, 7.000 millones de euros en 5 años (ojo, son solo 1.400 millones al año en promoción pública de vivienda y ayudas). El Plan tiene 2 novedades importantes sobre el anterior. Una, que el Estado central no es “el cajero del Plan”, no aprueba una inversión y luego son las autonomías quienes gastan y lo ejecutan, sin comprometerse a otro gasto adicional. Ahora, el Estado central (el Presupuesto) aporta el 60% del gasto (4.200 millones), pero sólo si las autonomías aportan el 40% restante (2.800 millones). Y la otra novedad, que la inversión está “condicionada”, debe cumplir 3 condiciones: las VPO promovidas no se pueden vender (para crear un parque público), la adjudicación de los pisos y ayudas ha de ser transparente (para evitar corruptelas como las adjudicaciones en Alicante) y las autonomías han de aportar estadísticas de vivienda y un seguimiento del Plan.

Este nuevo Plan estatal de vivienda 2026-30 tiene 3 objetivos. El primero, aumentar la oferta de viviendas protegidas (VPO), para lo que se destinan el 40% de los recursos (2.800 millones). Para conseguirlo, duplica la ayuda actual para promover estas viviendas VPO (subvenciona hasta 85.000 euros por piso, más otros 8.500 si se utilizan métodos avanzados de construcción), incorporando la figura de promotores sociales de vivienda (con ayudas que pueden llegar a 102.000 euros por vivienda).Y además, contempla la compra de viviendas a particulares para incorporarlas al parque de VPO (cubriendo el 70% de la compra y hasta el 85% si se compran en zonas tensionadas). Todo esto, con dos condiciones: que el alquiler de estas VPO no supere los 900 euros (y tengan un precio de compra tasado) y blindarlas para que no puedan venderse y sigan siendo VPO en el futuro.

El 2º objetivo del Plan es mejorar el parque de vivienda, con un apoyo a la rehabilitación (30% de los recursos: 2.100 millones). Se darán hasta 20.500 euros por vivienda que se rehabilite (con mejoras estructurales, de acceso y eficiencia energética), con una ayuda mayor cuando se rehabilite una vivienda vacía y se ponga después en alquiler (asequible): se puede conseguir una ayuda de 35.000 euros y hasta 35.000 si está en zona rural.

El tercer objetivo del Plan (con 30% de recursos: 2.100 millones) se destinará a ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes hasta 35 años (la ayuda llega a 300 euros, un tercio del alquiler máximo subvencionable, con avales públicos para ayudarles a alquilar) y familias vulnerables, contemplándose también ayudas al alquiler con opción de compra (hasta 30.000 euros) y ayudas a la compra en municipios en riesgo demográfico. En todos los casos, el Plan pretende que el alquiler o la compra no supere en 30% de los ingresos.

El Ministerio de Vivienda dice que ha tenido 28 reuniones con las autonomías, más muchas otras con expertos, instituciones, promotores y fuerzas sociales desde que presentó el primer borrador de este Plan, en septiembre pasado. Y que ha incluido muchas sugerencias. Pero de momento, la Comunidad de Madrid (Ayuso) y el PP (Feijóo) han criticado este Plan, al que acusan de “intervencionista”, por los condicionantes que exige a las autonomías (que tienen transferida la gestión de la vivienda). Este Plan estatal de Vivienda no tiene que pasar por el Parlamento, pero debe votarse en mayo en la Conferencia sectorial de vivienda, que agrupa al Gobierno central y a las autonomías, para ponerlo en marcha en el 2º semestre de 2026. La ministra de Vivienda confía en que las autonomías gobernadas por el PP (11) no voten en contra, porque perderían el 60% que aporta el Estado: Madrid perdería 667 millones y Andalucía 718 millones. Madrid dijo el martes que no apoyaba el Plan y el miércoles que no se quedará fuera…Así que no sabemos sí boicotearán el Plan, como ya hicieron con la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 y cuyos controles de alquileres no aplican.

Con todo esto, el Plan estatal de Vivienda, la herramienta para promover viviendas protegidas y las ayudas al alquiler para jóvenes, está en el aire. Pero hay otros temas relacionados con la vivienda que también están en el aire. Por un lado, relanzar la promoción de viviendas libres, dado que las viviendas terminadas en 2025 han caído (a 80.792). Urge un acuerdo (otro) entre el Gobierno, las autonomías, los Ayuntamientos y lo promotores-constructores para resolver los problemas que impiden construir más: falta de suelo urbanizado (y urbanizable), exceso de burocracia en las promociones y resolución de conflictos (la reforma de la Ley del Suelo, para agilizar licencias, está parada en el Congreso), frenar subida costes y aumentar la mano de obra formada, así como conseguir financiación (los bancos “huyen del ladrillo”. Todo para conseguir duplicar la construcción, hasta 150.000 viviendas/año.

Además, hay que actuar ante el grave problema de los alquileres, no sólo aumentando la oferta (para lo que hay que limitar drásticamente los pisos turísticos y los alquileres de temporada) sino creando entidades públicas (como Bizigune en el País Vasco ) que den tranquilidad a los propietarios, asegurándoles que cobran cada mes si alquilan sus viviendas. Y favorecer, con medidas fiscales (IRPF y el IBI) que se pongan en alquiler pisos vacíos. Y habrá que ver cómo evolucionan los topes al alquiler en los 308 municipios que los aplican (271 en Cataluña, 22 en Navarra, 14 en el País Vasco, más A Coruña), porque parece que han permitido bajar algunos alquileres en Cataluña, aunque ha sido a costa de caer más la oferta. Y habría que evaluar qué pasa con el millón de alquileres que hay que renovar en 2026 y 2027, que el Gobierno propone congelar (con una subida del 2% anual), aunque PP, Vox, UPN y Junts votarán en contra (este martes 28 de abril) del Decreto aprobado, complicando la vida a 2,6 millones de personas que han de renovar su alquiler.

Al final, la vivienda es el primer problema de los españoles, pero nuestros políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en buscar soluciones, desde conseguir suelo, permisos y financiación para construir a aprobar ayudas públicas eficaces tanto para construir muchas más viviendas protegidas para que accedan a ellas jóvenes y familias con ingresos bajos y medios. Este Plan estatal de vivienda es otra oportunidad de tomar medidas: aunque no se esté de acuerdo con muchas cosas, es una base para avanzar. Pero podría bloquearse por el constante enfrentamiento político. Unos por otros, la vivienda no se enmienda. Y lo sufren millones de españoles ¡ Ya está bien !