Las pymes disfrutan en España de una excelente
imagen pública, mejor que las grandes empresas. Pero lean este dato:
de los 2,5 millones de empleos creados desde 2020, casi el 70% lo han
creado las grandes empresas, mientras las micropymes (1 a 9 trabajadores)
sólo han creado el 1,5% del nuevo empleo. Y esto es preocupante porque sólo un
0,2% de las empresas españolas son grandes (más de 250 trabajadores)
y el 90% son pymes con menos de 50 empleados. Los estudios demuestran
que las grandes empresas son más competitivas, exportan más, tienen
más innovación y tecnología y crean más empleo estable y mejor pagado. Y
que una de las causas de que España tenga menos productividad es que tenemos demasiadas pymes. Por eso, Europa, que también tiene
muchas pymes, busca apoyar a las empresas medianas para que ganen tamaño y
competitividad. En España se aprobó en 2022 la Ley Crea y Crece, para
facilitar la creación de empresas y aumentar su tamaño. Porque el
tamaño importa y mucho. Enrique Ortega
España ha crecido en los últimos 5 años (de
2021 a 2025) más que la media europea y más que Alemania, Francia
o Italia. Y se ha consolidado como la 4ª potencia económica de la Unión
Europea, con una producción (PIB) de 1.685.783 millones de
euros en 2025, sólo por
detrás de Alemania (4.469.910 millones), Francia (2.979.085
millones) e Italia (2.258.049 millones), aunque somos la 5ª
economía europea si contamos a Reino Unido (3.545.339 millones de PIB).
Y las tres economías que nos siguen quedan todavía lejos: Paises Bajos
(1.179.660 millones € de PIB), Polonia (918.464 millones) y Bélgica
(641.893 millones).
Pero este dato del PIB total es engañoso,
porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo
que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la
productividad y renta de cada país. Y con este dato, nuestra posición cambia drásticamente: España produjo 28.310
euros por habitante en 2025 (ajustado con la inflación), el
83% del PIB real per cápita de la UE-27, que fue 34.100 euros, según
acaba de publicar Eurostat.
Y si ajustamos este PIB por habitante con el poder de compra de cada país (PPA), la producción real por
habitante, España salta del 4º al 15º puesto de la UE-27, según publica hoy Eurostat, porque hay
14 paises más productivos (PIB real per cápita) que España
(92% del PIB real UE-27): Luxemburgo (239% del PIB por habitante europeo), Irlanda
(237%), Paises Bajos (134%), Dinamarca (127%), Austria (117%), Bélgica (115%), Alemania
(115%), Malta (110%), Suecia (110%), Finlandia (101%), Francia
(98% del PIB real comunitario), Chipre (98%), Italia (96%) y Chequia
(92% del PIB por habitante real UE). España baja un puesto en este ranking (nos adelanta Chequia) y mantiene el porcentaje del 92% del PIB por habitante de 2024, que empezó en el 76% en 1986 (al ingresar en la CEE), subió del 100% entre 2002 y 2009, bajó hasta el 83% en 2020 (pandemia) y se recupera hasta el actual 92% del PIB por habitante europeo.
Este es el dato importante para comparar la
productividad entre paises y el que explica la diferencia entre nuestra
renta y nuestros salarios y los de otros paises europeos con mayor
productividad y mejor nivel de vida. Así que crecemos mucho, más que el
resto, pero también ha crecido mucho nuestra población (somos 2,5
millones más que en 2019, básicamente por los inmigrantes), con lo que se
mantiene una “brecha”, una distancia con
Europa en nuestro PIB real por habitante (era el 83,45% en 2019 y el
83,02% ahora).
¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos
que 14 paises europeos? Básicamente, hay
2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos
gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos
eficacia y productividad. Veámoslo.
Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor
de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa
de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era,
a finales de 2025, del 72,4%, frente al 76,2% en la UE-27, el
81,4% en Alemania y el 75,5% en Francia, según
Eurostat. Y sube al 83,4% en Paises Bajos, al 80,2% en Irlanda, al 81,8% en
Suecia o al 83,6% en Malta, paises con más PIB por habitante que España
(mientras es más baja en Italia, el 67,6%). Este bajo nivel de empleo tiene
mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los
servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y
exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España
tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,12 millones de
personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y
nuestra renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían
2,7 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por
habitante (PIB producido /habitantes) y seríamos más productivos y más
ricos.
Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son
menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora
trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España
(-13,11%), según la
OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del
año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania
un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según
un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja
productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el
puesto 39º del ranking
mundial de competitividad 2025 publicado
por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19
paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º),
Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º),
Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica
(24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia
(33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).
¿Por
qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta
es nuestro
modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios
(turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con
baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España
tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos
teniendo un -10% de productividad, según
la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse,
con razón: el
menor tamaño de nuestras empresas (demasiadas pymes), lo que les
dificulta financiarse, invertir e innovar.
Estos expertos argumentan otras 3 causas de peso para
explicar nuestra menor productividad. La primera y fundamental, la
menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos
trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo,
muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay
empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de
organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la
falta de tecnología e innovación en las empresas. En España,
el gasto en I+D+i fue del 1,50%
del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Un tercer
factor contra la productividad es la
caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde
2008. Otras causas se atribuyen a factores
institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva
dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de
Europa ), mucha burocracia (sólo
en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron
más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y
territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17
autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes
superen los 50 trabajadores.
Voy a centrarme en una de estas causas, el
pequeño tamaño de nuestras empresas, clave para explicar nuestra
baja productividad y el empleo que se crea. En 2025, las
estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de
las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250
trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%)
eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían
de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el
resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La
estructura es
similar a la del resto de Europa, donde hay un 0,2% de grandes
empresas (salvo
en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas
grandes, 25.000 en Alemania), aunque más empresas medianas (el 0,93%) y
casi igual porcentaje de pequeñas y microempresas (98,87%).
El problema de tener demasiadas
pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y
grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades
para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas
es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la
pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las
grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas
(1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5%
de los nuevos empleos, creado el resto del empleo (29,8%) las empresas medianas
(50 a 249 empleados) y pequeñas (de 10 a 49 empleados). Según este estudio, una
de las claves es que las grandes exportan mucho más (1.000 grandes empresas suponen el 67% de la exportación total) y eso les permite
crecer y crear más empleo. También
pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total)
mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el
15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.
Lo positivo de los últimos años, según
Funcas, es que el número de grandes y medianas empresas ha crecido en
España tras la pandemia: hay +23,6% grandes empresas (+250
trabajadores) y +11,5% medianas y pequeñas (10 a 249 empleados),
mientras ha caído el número de micropymes (-1,1%). Este mayor aumento de
grandes y medianas se observa en la mayoría de sectores, más en servicios
profesionales y actividades con alto contenido tecnológico, también en sectores
ligados al turismo y al consumo interno. Parece que las empresas españolas han
ganado tamaño para acceder mejor a los Fondos europeos, por el
aumento del salario mínimo (que fuerza a las empresas a una mayor
eficiencia y al cierre de micropymes) y por las ayudas públicas y la reducción de los
umbrales regulatorios y tributarios que les ha permitido crecer de tamaño.
Con todo, seguimos con demasiadas pymes y hay
poco dinamismo y regeneración empresarial: se crean pocas
empresas nuevas y las que se crean duran pocos años, mientras persisten
las más longevas (las empresas con más de 22 años de antigüedad), que
aportan la mitad de la inversión total. Por eso, los expertos piden ayudar
a las nuevas empresas a hacerse un hueco, fomentando la formación y el
talento (que no encuentran las empresas más jóvenes), su internacionalización y
financiación (que tienen más difícil), reduciendo la normativa (a la estatal se
suman las normas “dispares” de 17 autonomías).
Pero otro
estudio de AFI señala que la principal causa de que las pymes españolas no
crezcan más no es la falta de financiación y ayudas o el exceso de regulación
sino “las decisiones de gestión” y el mayor o menor “apetito
por el riesgo”. Y
lo justifican con un estudio en 9.000 empresas medianas y su evolución
entre 2008 y 2023, donde vieron que había un Top de 100 empresas medianas
líderes en crecimiento de ventas (x10), plantillas (x8), inversión (el
doble que la media), productividad y rentabilidad (+50% que la media). Y
además, la mitad de estas 100 empresas “scalers” (crecimiento
rápido) o “scaleups”
dieron un salto a la categoría de “gran empresa”. Y los autores creen que este éxito
de esas empresas se explica por su estrategia y ambición, siendo
menos relevantes las exigencias contables, fiscales o laborales que argumentan
las pymes como freno para crecer.
Cara al futuro, el
estudio de AFI señala que España necesita duplicar el número de empresas
medianas (de 27.673 a 50.000) y grandes (de 6.019 a 10.000)
y además que estén mejor repartidas por todos los sectores
(hoy las grandes se concentran en los servicios y la industria) y territorios (Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Andalucía concentran las medianas y grandes empresas),
como requisito clave para mejorar la productividad y crear más empleo. Y plantean
este dilema: o mejoramos la productividad (produciendo más
por habitante, con más valor añadido) o será la baja productividad quien
nos gobierne, con sus secuelas de salarios
bajos (son un 20% más bajos porque tenemos un 20% menos de productividad
que la zona euro) y menor PIB por habitante, un menor nivel de vida que
gran parte de Europa.
Como el problema del tamaño empresarial no es sólo
español (aunque se agrava en España), la Comisión europea aprobó en mayo de
2025 una Recomendación para promover a las empresas medianas-grandes,
las llamadas “small mid-caps” (de 250 a 750 trabajadores y
una facturación anual de 50 a 150 millones de euros), para que sean la
punta de lanza de un proceso de aumento de tamaño de las empresas
europeas, para ayudarles con una regulación y financiación específica a que
den un salto de escala y en unos años ganen tamaño, productividad y
competitividad, clave para que Europa compita mejor en el mundo.
En España, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2024 el Consejo
Nacional de Productividad, integrado por 15
expertos independientes, que han publicado este 4 de marzo el
I Informe sobre la Productividad en España, donde proponen
impulsar la inversión privada, mejorar el acceso de las empresas jóvenes a la
financiación no bancaria (mercados, emisiones, micromecenazgo), una “mejor”
regulación (no “menos”) y el fomento de la formación y el capital humano,
alertando de que si las empresas españolas no aceleran la incorporación de la
Inteligencia Artificial (IA), podría aumentar nuestra “brecha de productividad”.
Además, falta que se desarrolle la
Ley “Crea y Crece”, aprobada
por el Congreso en septiembre de 2022, para facilitar la creación de
empresas (ahora se pueden constituir con
1 €, frente a 3.000 antes), mejorar su financiación, reducir los obstáculos
regulatorios e impulsar su crecimiento, reforzando la unidad de
mercado (1 país y 17 autonomías).
En resumen, es fundamental conseguir
que
haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor,
vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la
productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para
eso hace falta modernizar la economía,
digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con
amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por la educación y la formación, gastar más en
tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más
empresas medianas y grandes. Porque el
tamaño sí importa.
Este sábado se cumplirá el primer mes de la guerra
de EEUU e Israel contra Irán, que ha disparado los precios de la energía
y que pagamos los consumidores, en los carburantes, la luz, los fertilizantes,
transportes, materias primas y alimentos. Sin embargo,
esta guerra en Oriente Medio pilla a España mejor que la de Ucrania,
con menos inflación, más peso de las energías renovables y más recaudación
fiscal. De momento, aumentará nuestros precios un +0,7% y
rebajará el crecimiento un -0,4%, aunque dependerá de lo que se agraven los
ataques y de su duración. Mientras Europa no ha aprobado
todavía ayudas, el Gobierno aprobó el viernes una rebaja de impuestos a
los carburantes (20-29 céntimos/litro) y la luz, más ayudas directas a
transportistas, agricultores, pescadores e industrias, valoradas en 5.000
millones de euros. Pero si Trump y Netanyahu escalan sus ataques
(por tierra), la energía se disparará más y harán falta nuevas
ayudas, esta vez a los alimentos. Y pueden arrastrarnos a otra grave
crisis.
La primera consecuencia de la guerra y de la subida del
petróleo y del gas ha sido la subida de los carburantes, ya al día
siguiente de los primeros ataques, a pesar de que el petróleo que
acaba en las gasolineras ha sido comprado entre 2 y 4 meses antes, según
un estudio de COAG, que pide intervenir a la Comisión de la Competencia
(CNMC) contra las petroleras, por haber subido los precios antes que les suban
el petróleo y los carburantes que compran. En cualquier caso, la gasolina
ha pasado de costar 1,44 euros/litro el 27 de febrero a 1,805
el viernes 20 de marzo (+25,34%). Y el gasóleo
ha subido de 1,39 euros/litro a 1,936
euros/litro (+39,28%), superando a la gasolina. Esto pasa
porque las
refinerías europeas sufren un déficit crónico de gasóleo y lo tienen que
importar, sobre todo de China, que ha cerrado su exportación para asegurar su abastecimiento, lo que dispara más el precio.
Otro efecto de la guerra en Oriente Medio ha sido la
subida de la luz, por el encarecimiento del gas, aunque se ha podido
contrarrestar por la gran aportación de las energías renovables (viento, agua y
sol). El precio de la luz en el mercado mayorista saltó de 14,5
euros/megavatio el 28 de febrero a un máximo de 136,86 euros el 10 de marzo,
para bajar después a 28,88 euros/MWh el 18 de marzo, un mínimo de 6,45 euros el
15 de marzo (con 9 horas “gratis”) y 41,47
euros/MWh este sábado 21, más cara que la media de febrero (16,41 euros/MWh)
pero la mitad que en enero (71,17 euros/MWh). Por ello, se espera una subida
de la factura de la luz este mes, pero ligera (en febrero, el recibo
medio fue de 63,19 euros). Lo importante es que el alto porcentaje de
electricidad renovable (63,2% en febrero) sigue permitiendo que España
tenga la luz más barata de Europa: el sábado 14 de marzo, por ejemplo,
el precio mayorista era 14,39 €/MWh en España y 100 €/MWh en Francia, Italia y
Alemania…
Otra subida que ha provocado esta guerra ha sido la
de los fertilizantes, claves para los agricultores y la
producción de alimentos: una parte proceden de los paises del Golfo, que ya no
pueden exportar por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido su
precio internacional un +30% (al subir también el gas natural con el que
se fabrican), aunque la mayor parte de los fertilizantes que consume España
vienen del norte de África (Marruecos, Argelia, Egipto) y de Rusia. Y el
aumento del gasóleo también aumenta los costes de los agricultores y de los
pescadores, que tendrán que repercutirlo a los consumidores.
Además, la subida del petróleo y los carburantes, más el
aumento del riesgo y los seguros, han duplicado ya el precio del transporte
marítimo (subida de 4.000 dólares por contenedor), por el que llegan el
80% de las mercancías importadas. Y ha subido también el coste del transporte
por carretera (los transportistas pagan ahora +40% por el gasóleo) y el
coste del transporte aéreo (el precio del jet fuel ha subido
entre el 25 al 30%), por lo que ya han subido los
billetes de avión (un +9%), aunque la mayor parte de las compañías
aéreas tienen asegurado un precio fijo (más barato) para el 60 al 80% de sus
contratos de carburante…
Y también han visto aumentar sus costes muchas
industrias, sobre todo las que consumen más gas y electricidad, como la
industria química, la metalúrgica, la cerámica y las cementeras. Y otras
están más expuestas ahora al corte de la cadena de suministros
internacionales, como las farmacéuticas, el automóvil y las empresas
logísticas, que se arriesgan a cortes en sus procesos de producción, por
falta de principios activos o suministros. Y lo más preocupante es la
alimentación, porque los mayores costes energéticos y del transporte más
los problemas de agricultores y pescadores se
acabarán trasladando a los alimentos y a los precios de los
supermercados, sobre todo si la guerra dura meses. El mayor riesgo
es que suban ya el pan, los cereales, la pasta, el aceite de girasol, las
carnes y los pescados. Y además, ya ha
subido el Euribor (del 2,222 al 2,658), lo que afectará
negativamente a los hipotecados, mientras el BCE podría verse
obligado a subir los tipos.
Así que el coste de la guerra de Trump y Netanyahu
ya lo estamos pagando y lo pagaremos más si escala el conflicto o
si dura mucho. Aunque, de momento, sus consecuencias económicas son menores
que la invasión de Ucrania (febrero 2022), por varios motivos. Uno,
que entonces el petróleo llegó a costar 180 dólares (ahora 108) y
el gas escaló a los 200 euros (62 ahora, cuando además el gas
sólo genera el 15% de la electricidad en España, frente al 40% en Alemania y el
90% en Italia). Segundo, que entonces partíamos de una inflación anual previa
mucho más alta (5,9% en la zona euro y 7,6% en España) que ahora (1,9%
en la zona euro y 2,3% en España).Tercero, que los tipos estaban al 0%,
lo que animaba al consumo y a hipotecarse y ahora están al 2%, lo que frena más
las subidas. Y cuarto, que España está más preparada para afrontar otra crisis,
tanto porque tiene menos déficit público (2,5%
del PIB en 2025 frente al 6,9% en 2021) y puede gastar más en ayudas como
porque tenemos una menor dependencia del petróleo y el gas,
gracias a las renovables (han generado un 55,5%
de la electricidad en 2025, frente al 46,7% en 2021).
Con todo, la guerra es muy preocupante, no sólo por las
muertes y los desplazados que ha provocado (4 millones de iraníes,
libaneses e iraquíes pueden acabar en Europa, como pasó con los iraquíes en
2015), sino porque puede escalar, máxime si Netanyahu
persiste en atacar por tierra y Trump consigue los 200.000 millones de dólares
que ha pedido “para matar a los malos”. Los mercados
presionan a Trump para acabar con esta guerra (que ha provocado la
caída de las Bolsas y amenaza con otra recesión), lo mismo que muchos norteamericanos,
que empiezan a sufrir la inflación (el galón de diesel, 3,85 litros, ha
superado los 5 dólares, el mayor precio desde diciembre de 2022), pero Trump
es imprevisible y está muy presionado por el lobby judío en EEUU,
que ve una oportunidad histórica en apoyar al ultra Netanyahu para borrar a
Irán del mapa y consolidarse como potencia regional.
En España, el Gobierno Sánchez aprobó
el viernes un paquete de ayudas que incluyen rebajas fiscales a los
carburantes y la electricidad, más ayudas específicas al transporte, la
agricultura y la pesca, también a las industrias más consumidoras de electricidad
y gas. Son 80 medidas, con un coste total de 5.000 millones de euros (“el
coste de esta guerra para España”, por ahora). Se baja al 10% el IVA de los carburantes
(supondrá una rebaja de 20 a 23 céntimos por litro en el gasóleo y de 26 a 29 céntimos/litro
en la gasolina, un ahorro de 12 a 16 euros al llenar un depósito de 55
litros), se concede una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo a los
transportistas, agricultores y pescadores, unas ayudas equivalentes a los
fertilizantes, se bajan los dos impuestos a la electricidad (el IVA del
21 al 10%, también al gas, los pellets y la leña), se bonifican un 80% los
peajes a las industrias electrointensivas (ahorrarán 200 millones de
euros), se congela el precio del butano y propano, se extiende hasta fin
de año el bono social eléctrico (descuentos) y se refuerza el bono
social térmico. Además, y para asegurar que estas rebajas de impuestos
lleguen a los consumidores, se dan más prerrogativas a la Comisión de la
Competencia (CNMC), para que vigile los procesos y evite abusos en los
márgenes de petroleras, eléctricas y otras empresas.
Ahora, el Gobierno Sánchez intentará aprobar este paquete
de ayudas ("el mayor de Europa", según la vicepresidenta Aagesen) en el Congreso, este jueves, lo que no será fácil. Y en
paralelo, tendrá que vigilar que las rebajas fiscales lleguen a los ciudadanos,
que lo noten en bajadas de carburantes, luz y fertilizantes, que no sirvan para
mejorar el margen de las petroleras, eléctricas y empresas. Y mientras tanto
habrá que vigilar
la evolución de los alimentos, donde ya hay algunos productos que
están subiendo en los supermercados, aunque la mayoría esperan para hacerlo
(gracias a que llevan dos años aumentando aumentado márgenes y beneficios:
recordemos que Mercadona
tuvo en 2025 con un beneficio neto de 1.729 millones de euros, un 25% más
que en 2024).
Pero la clave es lo que escale y dure la guerra en
Oriente Medio. Porque si continúa otro mes más, hasta finales de abril,
el petróleo podría dispararse hasta los 180 dólares por barril, según
Arabia Saudí. Y eso arrastraría al gas y a la electricidad, a los
carburantes, al transporte marítimo y terrestre, a los costes de la industria,
los agricultores y la pesca, y, al final a los alimentos, con lo que el
Gobierno tendría que tomar nuevas medidas, como la rebaja del IVA
a los alimentos (una medida regresiva, porque beneficia más a los que
más tienen y gastan). Y en este escenario, una guerra más duradera, sería
imprescindible que Bruselas y los 27 aprobaran nuevas ayudas, como el tope
al gas y otras medidas extraordinarias.
En definitiva, estamos ante una guerra peligrosa y
preocupante, que puede tener un alto coste para los paises y sus ciudadanos,
desde Europa a EEUU, más para los ciudadanos iraníes y libaneses. Y lo peor es
que una guerra se sabe cuando empieza pero no cuando acaba ni cómo.
Y estamos en manos de dos políticos ultras e imprevisibles (Trump y
Netanyahu), que pueden decidir cualquier cosa, a costa del resto del mundo. “Piensen
en lo impensable y prepárense para ello”, aconsejó
hace días al mundo la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva. Pedro
Sánchez dijo el viernes que España tiene ahora “el mayor escudo
social y económico de los países europeos” y que estará vigente
el tiempo que sea necesario y si hace falta “lo ampliará". Urge ahora que Europa tenga una respuesta similar, con un paquete de medidas para ayudar a los 27.
Al final, nos ha caído encima otra crisis,
tras la pandemia (2020), la guerra de Ucrania (2022), los problemas climáticos
(inundaciones e incendios), el chantaje arancelario de Trump (2025) o la actual guerra en Oriente Medio. Pedro Sánchez insiste
en que tras todas estas crisis, España
ha salido más fuerte, siendo el país europeo que más crece en los
últimos tres años. Y recuerda el dato: en 2025, el 41% de todo el empleo creado
en Europa ha sido creado en España… Es verdad. Pero la clave es que Europa
reaccione junta y que tomemos medidas al margen de la política partidista.
Porque una guerra como esta exige unidad de acción y de respuesta,
no usarla para atacar al Gobierno y hacerle caer, como se ha intentado
en las crisis anteriores. La política está para resolver los problemas y
más cuando son graves como esta guerra. Veremos qué pasa.
Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación,
vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la
situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir
ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o
recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen
cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso,
que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de
vigencia de la Ley. Problemas causados por la falta de financiación del Estado y
las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos
y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un
dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto
para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las
listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y
necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de
personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.
El gran problema de la Ley de Dependencia, que
entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los
dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria
para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes
sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se
estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre
2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías.
En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la
Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además
de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia
alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130
millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias
aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años
sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se
destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del
gasto medio que hacen los paises europeos, según
los Directores de Servicios Sociales (DGSS).
Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia
(el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central
aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50%
(en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la
mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad
y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025,
hubo
9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos
que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados:
Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3),
Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias
(-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto
en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015
euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco
(6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola
del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045),
Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña
(5.918 euros/habitante).
Ante una escasa financiación, mientras crecen los
dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías
(que gestionan la Dependencia) llevan
casi dos décadas utilizando 2
vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio
funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más
baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes:
en
2025 había 1.677.042 dependientes atendidos
con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.
Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes,
multiplicando
la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas:
revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración
provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes
más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los
ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y
entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los
Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde
que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según
los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de
180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan
el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias),
mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los
expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en
Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).
Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías
revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales
de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los
dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también
para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen
reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en
2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen
reconocido. Es lo que se llama “el
limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes
reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor
gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido
no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%),
Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%).
Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo),
Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León
(4%).
Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y
los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el
limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025,
según
el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja
algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es
que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de
cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan
las ayudas o se las concedan: el
reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que
murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o
servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran
fracaso del sistema de Dependencia.
El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan
las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder
ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a
más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son
las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora
728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus
dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes
de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…).
Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171
euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221
Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377
euros.
La 2ª ayuda más concedida es la
teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55%
de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid
donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia).
Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”,
en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100%
de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.
Otro servicio que se concede es la
ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el
papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes,
lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios
para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en
las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia,
mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón,
24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi
todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de
2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado
III).
Seguimos con otros
servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros
de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la
atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que
el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La
ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros
(Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la
residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio:
la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para
contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los
famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del
coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en
2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las
familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.
Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace
aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que
reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por
su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para
atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los
cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras
profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales
(DGSS) dicen
que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está
sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y
que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera
de la Dependencia.
En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un
Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados.
Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó
una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el
Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la
dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de
fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los
Directores de Servicios Sociales hacen
varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia
(aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones
de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la
calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia,
reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más
personal y mejores salarios.
Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026
se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar
un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la
aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir a cero en dos años las listas de espera (el “limbo”
de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de
los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará
la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor
transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor
seguimiento y control.
En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir
este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque
la población española envejece y aumentarán año tras
año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas
con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda,
pero en 2050
habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un
sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low
cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación,
personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las
siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes
dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las
mujeres.
La patronal está obsesionada con el absentismo,
con las bajas laborales. Los datos avalan su preocupación: 1,47 millones
de trabajadores faltaron cada día a su trabajo en 2025, 1,1 millones por
bajas médicas (+83% desde 2017). Y el coste de estas bajas (ILT) se
ha triplicado, siendo 33.280 millones en 2025: 16.616
millones pagan las empresas y 17.164 millones la Seguridad Social, el 2º mayor gasto
tras las pensiones. Estamos ante un problema grave, pero no se
puede “culpar a los trabajadores", insinuando que “se escaquean” con las
bajas, como hace la patronal. La causa de las bajas disparadas es el
deterioro de la sanidad pública, que tarda meses en atender y curar y carece
de medios para mejorar controles y reducir plazos. También ha crecido el
estrés en el trabajo y muchos trabajadores se preocupan más de su salud,
mientras los jóvenes no aceptan trabajar enfermos (como hacían
sus padres). Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido
varias veces para reducir las bajas, pero no logran acuerdos .
Voy a centrarme en las bajas médicas (ILT), porque
son el grueso de las bajas (el 79%), en esos 1,16 millones de
trabajadores de baja a finales de 2025. La gran mayoría de estas bajas
médicas (el 91%) son por contingencias comunes, por problemas
temporales de salud (roturas y problemas de huesos y músculos,
enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, infecciones y
problemas mentales), siendo una minoría (9%) las bajas derivadas de enfermedades
profesionales. Un reciente informe
de AIReF ha dado la alarma: las bajas médicas
por contingencias comunes se han casi duplicado, pasando de 4,7 millones
en 2017 a 8,6 millones en 2024 (+83%), mientras las bajas
por enfermedades profesionales están estables (unas 700.000). Y a la vez, esas
bajas por contingencias comunes son más largas: de 40 días en
2017 a 45,9 días en 2024.
Podría pensarse que hay más bajas médicas porque hay más
gente trabajando (+3,4 millones de ocupados desde 2017). Pero no es por eso,
como lo demuestra el dato de las bajas médicas por 1.000 trabajadores:
eran 21,4 en 2017, saltaron a 28 en 2019, a 32,8 en 2022, a 36,5 en 2024
y a 38
bajas por 1.000 trabajadores en 2025, un salto enorme (+77,5%). Un
porcentaje de bajas médicas superior al del resto de Europa: si
en España suponían el 4,5% de las horas pactadas en 2024, la media
europea era el 2,5%, en Italia el 0,7% y en Alemania
el 3,2%, frente al 3,9% en Francia, un 4,1% en Bélgica y un 3,6% en
Portugal, según
este estudio de Ivie. Y la OCDE sitúa a España como uno de
los paises occidentales con más bajas laborales, con una media de 4,9
semanas perdidas al año por enfermedad.
El problema de este alto nivel de bajas médicas no es sólo
la pérdida de jornadas y de productividad, sino también su alto coste,
no sólo para empresas y trabajadores sino también para la Seguridad
Social. Actualmente,
los tres primeros días en que no se trabaja por un problema médico, el
trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, el trabajador cobra el 60% de su
sueldo (mejor, de su base imponible) y lo paga su empresa. Entre el día 16º y
el 20º de baja, cobra ese mismo 60%, pero ya se lo paga la Seguridad Social (el
INSS) y desde el día 21 en adelante, lo sigue pagando el INSS (a través de las
Mutuas), pero el trabajador cobra algo más, el 75% de su base imponible. Así
que de baja se cobra menos, aunque hay convenios que
complementan lo que se recibe (hasta el 80/91% del sueldo).
Así que las empresas pagan una parte del sueldo
del trabajador del 4º al 15º día que está de baja, unos costes que han pasado de 4.806
millones en 2015 a 16.116 millones pagados en 2025, según los datos oficiales.
Y el mayor desembolso lo hace la Seguridad Social (el INSS), cuya
factura por las bajas médicas ha pasado de 6.149 millones en 2015 a 17.164
millones en 2025, la 2ª mayor factura que paga la SS tras las pensiones. En
conjunto, el
coste total de las bajas médicas se
ha triplicado en la última década, desde los 10.955 millones que
costaban en 2015 a los 33.280 millones gastados en 2025.
Veamos el perfil del trabajador que está de baja,
según el
informe de la AIReF. Hay más mujeres (40 por 1.000
trabajadores, frente al 33,86 de media) que hombres (30), se da más entre
jóvenes (41,1 por 1000 entre 25 y 35 años, 34,4 entre 35 y 45 años,
28,7 entre 45 y 55 y 29,7 entre 55 y 65 años), aunque los más mayores están de
baja el doble de días. Cogen más bajas médicas y más largas los asalariados
(38,3 por 1000 trabajadores, con 112,5 días de media) que los autónomos (10,7
bajas por 1000, de 42,4 días de media) y más los asalariados con contrato
fijo que los temporales. Los sectores
con más bajas médicas (ILT) son la industria, las actividades sanitarias y
servicios sociales, el transporte y almacenamiento, el suministro de agua y
residuos, junto a las actividades administrativas, sin olvidar también a la
construcción y el turismo. En general, las bajas se concentran en las
grandes empresas, más que en las pymes. Y por autonomías, las que
tienen más bajas médicas son Navarra (52,2 por 1.000 trabajadores), Cataluña(49,1)
y País Vasco (42,6), aunque donde más han crecido desde 2017 han sido en
Canarias y Cantabria. Un dato llamativo
es que un 25% de los trabajadores son los que concentran el 55% de las
bajas y muchos repiten.
¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España?
Para
muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que
agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el
absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que
ha aumentado
las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las
consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con
problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de
personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos
expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar
por un médico de familia para dar las altas).
También hay otros factores que explican el
aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la
población ocupada (hay 4,2
millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro
(11,76% frente
al 26,94% en 2013, con lo que hay “menos miedo a perder el empleo) y, sobre
todo, una “distinta
actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos
precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han
aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el
absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios
laborales.
Otro factor que cada día cobra más peso es el
aumento del “estrés” en el trabajo, que ha disparado la depresión y
los problemas mentales de muchos trabajadores, que son ya la 2ª mayor
causa por la que se pide ahora una baja laboral, según la SS. Y además,
son las bajas cuya duración más ha aumentado, de 19 días hace una década a 45
días ahora. Según
este informe de UGT, en 2025 se concedieron 420.783 expedientes de
ILT por trastornos mentales y de comportamiento, sobre todo en
comercio, hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades
administrativas, Administración pública y educación. Y consideran que estos problemas
mentales son culpa en muchos casos de la temporalidad y la inseguridad laboral, las largas jornadas
laborales y la presión y sobrecarga de trabajo o el trato con clientes, a los
que se han sumado los problemas derivados de la digitalización y el teletrabajo
más las negativas condiciones climáticas (olas de calor, inundaciones,
incendios…).
Al final, el elevado absentismo laboral daña la
productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores,
que cobran mucho menos mientras están de baja. Por eso, el absentismo
preocupa no sólo a los empresarios (que llevan
años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que
se ha traducido en que ambas partes dedicaran un capítulo (el
VII) a abordar el absentismo en el V
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de
2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortaban al estudio
de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y estaban de
acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para
agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y
además, pedían más medios para reducir las listas de espera de la sanidad
pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los
procesos de bajas.
En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el
Gobierno anunció en febrero de 2024
que aprobaría una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que
las
Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen
las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran
8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondría que los
médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el
proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los
médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trataba de
“privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas
y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor
parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están
superados con el seguimiento de las bajas. Pero dos años después, la medida sólo
se aplica en 4 autonomías (Baleares, Asturias, Cataluña y Castilla
la Mancha, más Ceuta y Melilla) porque la mayoría de las autonomías (PP)
están retrasando la firma de los convenios.
En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las
fuerzas sociales una
vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido
enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los
sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las
fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el
problema de las bajas hasta el
pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de
AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear
un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana
después, el
16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse
sin resultados: los
sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el
absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .
Mientras, la patronal denuncia el alto nivel de
absentismo y pide
que el control de las bajas pase a las Mutuas, en tanto muchas
empresas recortan los complementos salariales que están pagando a los trabajadores
de baja. Y los sindicatos rechazan
que se “victimice” a los trabajadores y defienden que se mejore la sanidad
pública, para recortar la espera de los trabajadores para diagnósticos y
operaciones, mientras reiteran la necesidad de abordar los problemas de salud
laboral y en especial los crecientes problemas de salud mental. Y la AIReF, defiende
básicamente tres medidas: mejorar la conexión entre los
agentes que gestionan las bajas (sanidad, SS, Mutuas, empresas y trabajadores),
reducir las listas de espera en la sanidad pública y dotar de más medios a la atención primaria y
al INSS en el seguimiento y la gestión activa, con las Mutuas, de las bajas
médicas.
En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas
laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los afectados, sus
empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores
de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar
(como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y
rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se
puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al
trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay
que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas”
y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los
expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral,
fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay
que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más
integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar
no sea un tormento. Así habrá menos absentismo.
Cada día mueren 2 personas en el trabajo o yendo y
viniendo de trabajar. Fueron 735 muertes por accidente laboral en 2025,
61 menos que en 2024, aunque aumentaron los muertos en la construcción (+29
fallecidos). Y España es el 6º país europeo con más muertes laborales
en relación con los que trabajan. Los sindicatos denuncian que son “demasiadas
muertes” y que muchas podrían evitarse si las empresas invirtieran
más en prevención. Además, se quejan de que hay muchas enfermedades
profesionales que no se reconocen, como algunos cánceres. En febrero de 2026, Gobierno
y sindicatos han pactado una reforma de la Ley de prevención de riesgos
laborales de 1995, para reforzar la prevención y afrontar nuevos riesgos de salud
mental, trabajo digital y cambio climático. Pero la patronal se descolgó
del acuerdo, porque no quiere más normas sino regularlo en los convenios. Ahora
falta aprobar los Decretos y la nueva Ley, algo que no será
fácil por los enfrentamientos en el Congreso. Pero hay que tomar medidas para frenar estas “muertes silenciosas”.
No puede ser que el trabajo mate.
Empecemos por los
datos de los accidentes laborales, que prácticamente se estancaron
en 2025: hubo 1.163.047 accidentes declarados, un 1,5% menos que en 2024
(1.181.202). Pero algo menos de la mitad (542.661, -1,8%) fueron “accidentes
sin baja”, generalmente leves, porque muchos de estos trabajadores
prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos
denuncian que estos accidentes sin baja crecen en los últimos años).
Algo más de la otra mitad fueron “accidentes
con baja”, 620.386 en 2025, casi los mismos que en 2024
(628.300), aunque muy lejos de los accidentes con baja que había en España en
plena “burbuja inmobiliaria” (1.022.067 en 2007), aunque es una cifra de
accidentes con baja similar a la que había antes de la pandemia (650.602
en 2019). Pero hay que recordar que ahora trabajan en España 2,5 millones de
personas más…
El grueso de los accidentes de trabajo con
baja se produjo en
el trabajo (529.838 accidentes,-19% que en 2024) y el resto fueron
accidentes “in
itinere” (90.548,+2,9% que en 2024), accidentes producidos al ir y
venir de trabajar, que son los accidentes que más crecen en los últimos años,
por accidentes de tráfico. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres
(70,2%), pero curiosamente son las mujeres quienes tienen más
accidentes laborales “in itinere” (el 54% del total), quizás porque se
desplazan más para conciliar el trabajo con llevar a los hijos al colegio o
hacer las compras. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados
(95,4%) y el resto autónomos (4,6%).
Las actividades
más peligrosas en 2025,
con más accidentes laborales en el trabajo con baja, fueron la industria
(96.068, el 18,3% del total), la construcción (78.845 bajas, el 15,06%), el
comercio y la reparación de vehículos (69.968 accidentes, el 13,20%), las
actividades administrativas y servicios auxiliares (57.030, el 10,76%), la
hostelería (50.837, el 9,59%), el transporte y almacenamiento (41.168, el
7,76%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (40.864 accidentes, el
7,71%). Pero si tenemos en cuenta los que trabajan en cada sector, la “siniestralidad
relativa” (accidentes
por cada 100.000 trabajadores), las actividades más
peligrosas son en realidad la
construcción (5.510 accidentes en el trabajo por cada 100.000
trabajadores), la minería (5.413), el suministro de agua y saneamiento (5.136),
la industria (4.364), el campo (3.759), el transporte y almacenamiento (3.555),
las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.473) y la hostelería (2.731),
los 8 sectores con más accidentes que la media (2.547 por 100.000
trabajadores). Y las
autonomías más “peligrosas” para trabajar son, curiosamente, Baleares
(3.791 accidentes/100.000 trabajadores), Navarra (3.655), Castilla la
Mancha (3.227), La Rioja (3.155) y Aragón (2.912), por
encima de la “siniestralidad” de Andalucía (2.720), Comunidad
Valenciana (2.509),Cataluña (2.356) o Madrid (1927 accidentes/100.000
trabajadores).
Centrándonos en la gravedad de los accidentes
laborales, en 2025 se produjeron en el trabajo 3.701 accidentes
graves, de los que 584
fueron mortales (62 muertes menos que en 2024). De estas muertes en el
trabajo, la mayoría fueron hombres (546 muertes, 62 menos que en 2024) y
38 fueron mujeres (igual que en 2024). Por edades, los
trabajadores mayores son quienes tienen más muertes en el trabajo: entre 55
y 59 años (121 muertes en 2025), de 60 a 64 (105) y de 50 a 54 años (102
muertes). La 1ª causa de estas muertes en el trabajo son los
infartos y derrames cerebrales y otras “causas naturales” (251 muertes,
15 menos que en 2024), que los sindicatos atribuyen en muchos casos al “estrés
laboral”. Le siguen los golpes y caídas (97 muertes, 3 más que en 2024), los
aplastamientos (82 muertes, 17 menos) y los accidentes de trafico (73 muertes,
23 menos). En el caso de las muertes
“in itinere” (151 fallecidos, 1
más que en 2024), la mayoría fueron por accidentes de tráfico
(138) y afectaron más a hombres (122 muertes,+2 que en 2024) que a mujeres
(29,-1).
Centrándonos en las muertes
en el trabajo (584 en 2025), las actividades más letales fueron
los servicios (262 muertos, -64 que en 2024), la construcción
(164 muertos, 29 más, por lo que “alertan” los sindicatos), la industria (110
muertes laborales, -6) y el campo (48 muertos, -21). Pero si tenemos en cuenta
la “siniestralidad
relativa”, el sector con más muertes en el trabajo es la
construcción (11,32 muertes por 100.000 trabajadores), a mucha
distancia del campo (6,68 por 100.000), la industria (4,52) y los servicios
(1,61 muertos por 100.000 trabajadores, muy por debajo de la media: 2,81
muertes/100.000). Y por
autonomías, las más letales para trabajar son Andalucía
(95 muertes en el trabajo), Cataluña (91 muertes, su peor dato desde 2009),
Comunidad Valenciana (66), Madrid (55) y Castilla la Mancha (41 muertes). Pero
si lo comparamos con los trabajadores de cada región, la “siniestralidad
relativa” cambia: las más “letales” son Castilla
la Mancha (5,32 muertos en el trabajo por 100.000 trabajadores), Asturias
(5,24), Murcia (4,32), Galicia (4,23) y Castilla y León (3,98),
frente a 2,95 muertes/100.000 trabajadores en Andalucía, 2,41 en Cataluña y
1,52 en Madrid.
Los accidentes y las muertes laborales preocupan también en
Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja
(2.153.161 en 2023) y 2.972 muertes en el trabajo (2023), según
los últimos datos de Eurostat. España es el 2º país europeo con más
accidentes en el trabajo en relación a los que trabajan (2.707
accidentes por cada 100.000 trabajadores en 2023), sólo superado por Portugal
(2.995 accidentes) y muy por encima de la tasa europea (1.500 accidentes por
100.000 trabajadores), cerca de Francia (2.644) y lejos de Alemania
(1.620/100.000), Italia (1.182), Bélgica (1.513) o Dinamarca (1.578). Y en
cuanto a las muertes en el trabajo, la tasa de España
(2,28 muertes/100.000 trabajadores) supera a la media europea (2,28/100.000),
a Paises Bajos (0,6), Alemania (0,91) o Bélgica (1,67), pero es menor que la
mortalidad laboral en Francia (4,42 muertes/100.000) o Italia (2,62).
El trabajo no solo provoca accidentes y muertes, también enfermedades
profesionales que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al
trabajador en unos años. Y están creciendo: en 2024 (último
dato oficial) se contabilizaron 26.803 partes de enfermedades
profesionales,+4,6% que en 2023 y menos que antes de la pandemia (27.392 en
2019). De este total, la mayoría son partes sin baja (15.269), alcanzando los 11.534
con baja. Más de la mitad (54%) los dan las mujeres y por tramos de edad,
la mayoría (19,84%) los dan las mujeres de 50 a 54 años y los hombres de 45 a
49 años (otro 19,7% de los partes).Por autonomías, las que concentran
más partes por enfermedades profesionales en relación a sus trabajadores son Murcia (362 por 100.000 trabajadores),
Navarra (336), La Rioja (260), País Vasco y Comunidad Valenciana
(162/100.000 trabajadores). Y las actividades
con más bajas por enfermedad profesional son la minería (368 por
100.000 trabajadores, sobre todo en Extremadura y Galicia), la industria
(301/100.000 trabajadores, sobre todo en Murcia, Navarra, la Rioja y País Vasco),
la construcción (118), las actividades sanitarias (107) y
administrativas (107) y la hostelería (106,99 partes/100.000 trabajadores).
Las causas que provocan estos partes de
enfermedades profesionales son los agentes físicos (81,2% del total, la
mayoría por posturas forzadas y movimientos repetitivos), los agentes
biológicos (el 6,4%, sobre todo infecciones), las enfermedades de la
piel (5,6%), la inhalación de sustancias (3,8%), los agentes químicos
(3,27% del total) y sólo
104 bajas por enfermedad (el 0,37%) fueron por cáncer (107 en 2022).
Precisamente, los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del
cáncer como enfermedad profesional (104 casos en 2024, 54 por amianto) y que la
mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador afectado acaba en los
Tribunales. UGT
considera que 1 de cada 3 casos de cáncer en España podrían estar relacionados
con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Los trabajos
con más riesgo, según
detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la
sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de
madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el
formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos.
Ahora, en un próximo Consejo de Ministros, el
Gobierno aprobará esta reforma de la normativa de seguridad laboral
pactada con los sindicatos, mientras la patronal reitera que no ha firmado
el acuerdo porque debería
tratarse en la negociación de los convenios. Como el Gobierno sabe los
problemas que tendrá esta reforma de la Ley en el Congreso (Junts, el PP y Vox
votarán en contra, como apoyo a la patronal), la estrategia será aprobar
también una serie de Decretos (que no haya que convalidar) para reformar
los actuales Reglamentos de prevención de riesgos laborales en materia de
riesgos psicosociales, digitales y climáticos, más cambios para lograr un mayor
control del cumplimiento de la normativa vigente.
Al final, se intenta adaptar una Ley del siglo XX a
los trabajos y riesgos laborales del siglo XXI, aunque la clave es que
la normativa se cumpla, no sólo por las empresas (las pymes
tienen menos medios) sino también por sus trabajadores (falta una
mayor “cultura de la seguridad”), apostando por la vigilancia y las
sanciones en caso contrario, porque se juegan vidas e incapacidades.
Habría que alcanzar acuerdos, como país y empresa a empresa, para
conseguir un objetivo a medio plazo: “muertes
cero” en el trabajo. Es una tarea de todos: no podemos consentir
que el trabajo mate.
