Más despidos encubiertos (y baratos)

España sigue creando mucho empleo, pero las empresas también despiden más que nunca: más de 2 millones de trabajadores perdieron su empleo en 2025 por despidos disciplinarios, causas económicas o incumplir el periodo de prueba. Una cifra que, desde 2023, duplica los despidos que se hacían antes de la reforma laboral. Parece que las empresas utilizan estas tres vías para renovar sus plantillas, para despedir a empleados (la mayoría con contrato fijo) ahora que no pueden hacer tantos contratos temporales. Y lo hacen, además, porque les sale barato: el 54% de estos despidos “encubiertos” no se indemnizan (coste cero). Los sindicatos lo denunciaron a Europa en 2022 y, en 2024, el Consejo de Europa les dio la razón, pidiendo subir indemnizaciones a estos despidos. En octubre pasado, el Gobierno intentó pactar una reforma con sindicatos y empresarios, pero la patronal se levantó de esa mesa y no quiere negociarlo. Ahora, los sindicatos tienen como prioridad reformar y encarecer el despido (indemnizaciones de 3 a 6 meses) para frenar abusos.

                            Enrique Ortega

El mercado de trabajo es muy dinámico y no para: cada día se hacen en España miles de contratos (1.311.070 en marzo de 2026), varios por cada puesto de trabajo al año. Y eso se traduce en millones de altas y bajas a la Seguridad Social cada mes. Así, en marzo de 2026 se registraron 2.228.423 altas a la SS y 2.132.725 bajas, según los datos oficiales, con un récord histórico de más de 22 millones de afiliados desestacionalizados, 523.570 afiliados más que hace un año, gracias a que las altas de afiliados superan a las bajas.

Este gran dinamismo del mercado de trabajo español y la fuerte creación de empleo neto (+2.496.400 ocupados desde 2019) oculta un dato llamativo: las bajas a la Seguridad Social se han disparado en los últimos 4 años, tras la reforma laboral de 2021 (en vigor desde 30 de marzo de 2022): de ser poco más de 1 millón en 2021 se saltó a 1,75 millones en 2022 y 1,96 millones en 2023, para superar los 2 millones las bajas anuales en 2024 y 2025. Y en los dos primeros meses de 2026 han seguido creciendo, superando las 300.000 bajas, la mayoría por despidos disciplinarios o por causas objetivas (153.741 en enero y febrero) y otros 141.157 despidos por no superar el periodo de prueba, un despido que se ha multiplicado por 13 desde la reforma laboral.

Los  sindicatos y muchos expertos consideran que las empresas utilizan estas vías para realizar “despidos encubiertos”, una “puerta trasera” para cambiar trabajadores y rotar plantillas, ahora que la reforma laboral les dificulta los contratos temporales. Y denuncian además, que este tipo de bajas permiten a las empresas “quitarse trabajadores” con muy poco coste. De hecho, los datos de la SS revelan que el 54,3% de las bajas por despido hechas en 2025 fueron por despidos disciplinarios, que no conllevan el pago de indemnización. Y todas las bajas por no superar el periodo de prueba (1.023.345) no tuvieron ningún coste para las empresas.

Hasta la reforma laboral, las empresas utilizaban los contratos temporales para “probar” nuevos trabajadores y “rotar sus plantillas”: los contrataban por días, semanas o meses y luego les daban de baja, con poca o nula indemnización. Pero con la reforma laboral de 2021, se han disparado los contratos indefinidos (el 41,18% de los hechos en 2025)  y ahora las empresas buscan las vías para poder despedir también a estos trabajadores “fijos”. Y lo consiguen: el 99% de todas las bajas por despido de 2025 se hicieron a trabajadores con contratos indefinidos. Y el 73% de los despidos por no superar el periodo de prueba se hicieron a trabajadores con contrato indefinido. Y lo mismo este 2026.

En definitiva, que la rotación en las plantillas ha cambiado de los trabajadores “temporales” (aunque sigue) a los trabajadores “indefinidos”. Los sindicatos denuncian que las empresas utilizan “tres puertas” para quitarse empleados, 3 tipos de bajas para cambiar trabajadores con poco coste, con indemnizaciones bajas o nulas. Y argumentan que las estadísticas demuestran que su uso se ha disparado en 2023, 2024 y 2025, tras la reforma laboral de 2021.

La “primera puerta” que usan ahora muchas empresas para quitarse empleados y rotar plantillas son las bajas de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre ha habido “ periodos de prueba” en los trabajos (se deben fijar por escrito en el contrato y las concretan los convenios, aunque suelen ser de 6 meses para los titulados técnicos y 2 meses para el resto). Y siempre ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad ahora es que las bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado, sobre todo tras la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas por este motivo en 2020 y 552.748 en 2021, en 2022 hubo 893.960 (+61,7%) y 976.141 en 2023 (+9,2%). En 2024, volvieron a subir a 999.919 despidos, marcando otro récord en 2025 (1.023.345 bajas por no superar el periodo de prueba, 4 veces las de 2021). Y siguen creciendo en 2026 (141.157 en enero y febrero).

Estas bajas por no cumplir el periodo de prueba son casi gratis para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a cobrar una indemnización al irse y sólo recibirá los sueldos pendientes y la parte correspondiente de pagas extras y vacaciones. Y con ello, pueden utilizar esta “puerta” para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora que es más difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede reclamar a Magistratura, si cree que el despido ha sido injusto, pero si ha estado poco en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir a juicio, por una baja indemnización (33 días por año en caso de despido improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).

La “segunda puerta” que las empresas utilizan para realizar “despidos encubiertos” son los despidos disciplinarios individuales, que se justifican por “un incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza” (sic), disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Estos despidos disciplinarios se han hecho siempre, pero las estadísticas alertan del salto tras la reforma laboral: pasaron de 188.933 bajas en 2021 a 367.705 en 2022 y 537.165 en 2023. Y subieron a 563.673 en 2024 y a 526.613 en 2025 (casi triplican los de 2021). Y son ya 81.521 despidos entre enero y febrero de 2026.

Este despido disciplinario sale también barato para las empresas en la mayoría de los casos, porque el trabajador despedido no tiene tampoco derecho a indemnización. Puede recurrirlo judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi imposible), pero sólo cobrará 33 días por año trabajado (con límite de 24 meses) o algo más si pacta con la empresa para no ir a juicio. Pero si el despedido lleva poco tiempo trabajando (estos despidos disciplinarios se aplican más a los que tienen poca antigüedad), tendrá que pensarse si le compensa reclamar. Y muchas veces, a la empresa sí le compensa pagar una baja indemnización a cambio de poder contratar a otro empleado (más barato).

La “tercera puerta” utilizada para hacer despidos “encubiertos” son las bajas individuales por motivos objetivos, por “causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (causas ETOP). Tras la pandemia, el gobierno Sánchez frenó estos despidos “por causas económicas” de las empresas, abriendo la vía de los “ERTE” (“aparcar” trabajadores un tiempo, pagándoles el desempleo, hasta que mejorara la situación del sector o empresa). Después, muchas empresas han utilizado el argumento de las causas económicas para despedir a trabajadores. Otra vez lo revelan las estadísticas, a pesar del fuerte crecimiento de la economía, las ventas y los beneficios empresariales: se pasó de 159.362 bajas por despido colectivo en 2021 a 394.926 bajas en 2023 (más del doble). En 2024 fueron ya 418.899 despidos y en 2025 subieron a 442.346 despidos “objetivos”. Y este año 2026, entre enero y febrero, se han hecho ya 72.216 despidos (el 89% a trabajadores “indefinidos”).

Todavía hay una “cuarta puerta” para los despidos encubiertos, según los sindicatos. Están  contabilizadas en la SS como “bajas no voluntarias por otras causas”, un verdadero “cajón de sastre” donde se incluyen despidos al margen de las causas anteriores y sobre los que hay poca información. Son muchas bajas: eran 1.724.757 bajas en 2023, una cifra similar a la de 2021 (1.732.795). Pero en 2024 saltó la alarma: fueron 2.020.765 bajas (+17,6%) y se dispararon en 2025 a 2.951.025 bajas “por otras causas”.

Al final, entre estas 4 puertas, se pierden 5 millones de contratos cada año (casi un tercio de todos los contratos que se hacen),  aunque el paro total baja en España (hay 689,051 parados registrados menos que antes de la reforma laboral) porque sigue habiendo oferta de nuevas empleos y crece la ocupación general, a costa de una mayor rotación de trabajadores. Los sindicatos denuncian que este aumento de los despidos “encubiertos” los sufren ahora otros trabajadores: la reforma laboral ha provocado que los despidos de trabajadores “indefinidos”, que ya eran mayoría antes  (72% del total en 2021) lo sean aún más ahora (suponen el 93% de estos despidos encubiertos) y que bajen los despidos de los trabajadores temporales (del 28% del total en 2021 al 7% ahora). En resumen: la reforma ha conseguido que haya muchos más trabajadores “indefinidos”, pero les ha hecho más vulnerable a los despidos, sobre todo los nuevos contratos.

Los sindicatos creen que este aumento de despidos “por la puerta de atrás” se debe a que son muy baratos o gratis para las empresas. Y por eso, consideran que sólo pueden frenarse si se aumenta la indemnización que deben pagar. La reforma laboral de Rajoy en 2013 bajó la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año (y redujo el máximo de 42 mensualidades a 24). La reforma laboral del Gobierno Sánchez, aprobada en 2021, no quiso tocar estas indemnizaciones, para conseguir el apoyo de la patronal. Y porque España está en linea con las indemnizaciones de otros paises europeos. Pero hay un problema: la indemnización por despido es alta para un empleado con antigüedad, pero esos 33 días por año son una miseria para un trabajador al que le despiden con uno o dos años de contrato.

Para evitar este abuso de los despidos de indefinidos tras la reforma laboral, UGT presentó una denuncia, en marzo de 2022, ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, a la que se sumó CCOO a finales de 2022. En su argumentación jurídica, UGT reiteró que la indemnización por despido en España “no compensa a los trabajadores despedidos que llevan poco tiempo empleados” y que hay vías de despido (las tres puertas señaladas) que “son demasiado baratas para las empresas” y por eso han disparado su uso. Por ello, los sindicatos denunciaban que España no cumple la Carta Social europea.

En octubre de 2022, el Comité del Consejo de Europa admitió a trámite la denuncia de UGT. Y, curiosamente, en febrero de 2023, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recogió la tesis sindical y declaró textualmente en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir utilizando las indemnizaciones de 33 días”. Finalmente, el 20 de marzo de 2024, el Comité de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa dictaminó que la legislación española “vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea”, porque el sistema español de indemnización por despido improcedente “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores ni es lo suficientemente disuasorio para los empleadores”.

Con este dictamen, conocido en julio de 2024, el Consejo de Europa recomendaba a España “modificar su regulación” para que la indemnización por despido improcedente sea “adecuada y disuasoria”. Pero el Gobierno ha ido dando largas y la ministra Yolanda Díaz esperó más de un año, hasta octubre de 2025, para convocar a sindicatos y patronal para negociar la reforma. Pero dos días después, la patronal CEOE señaló que se levantaba de esta mesa de negociación, porque no había nada que debatir dado que el Supremo, en una sentencia de julio de 2025, dictaminó que no cabe una indemnización adicional en los despidos improcedentes, sentencia recurrida por los sindicatos ante el Tribunal Constitucional.

Ahora, UGT y CCOO acaban de anunciar que la reforma del despido es el primer punto de su estrategia sindical para los próximos meses y piden dos cambios claves. En cuanto a los despidos improcedentes, que se aumente la indemnización actual (de 33 días a 3-6 meses), para disuadir a las empresas del uso abusivo del despido, además de recuperar los salarios de tramitación que había antes de la reforma laboral y que se precise más la causa de los despidos disciplinarios y por otras causas, para que pueda intervenir más eficazmente la inspección de Trabajo. Incluso piden que sea el trabajador y no la empresa el que pueda decidir volver a trabajar tras un despido improcedente. Y en el caso de los despidos por no cumplir el periodo de prueba, los sindicatos defienden que se obligue a las empresas a concretar su decisión, para “causalizarla” (como tienen que hace con los despidos), lo que permitiría investigar a la inspección de Trabajo.

Ahora, el dictamen del Consejo de Europa fuerza al Gobierno a reformar las indemnizaciones, dentro o fuera de una 2ª reforma laboral, que debería incluir otros temas pendientes (horarios, condiciones de trabajo, productividad…). Será un gran reto para este año, aunque esta reforma será mucho más difícil de acordar que la reforma laboral de 2021, porque las indemnizaciones son un tema tabú para la patronal, que lleva meses muy intransigente respecto a los temas a debate en el diálogo social. Y por si el pacto no fuera difícil, luego habría que aprobarlo en el Parlamento, con una oposición agresiva y poco negociadora. Por tanto, si hay cambios laborales, habrá que imponerlos. Y así no suelen funcionar bien.

La luz baja, a pesar de la guerra

Si ha recibido el recibo de la luz de marzo, habrá visto que baja respecto al de febrero, a pesar de la guerra en Oriente Medio y la subida del petróleo y el gas. La razón es doble. Por un lado, creció el peso de las energías renovables en la generación de electricidad (63,1% en marzo), aportando luz con precio cero o negativo durante 141 horas del mes, aunque subieron los costes del sistema para evitar apagones. Y además, el Gobierno ha bajado los impuestos a la electricidad, afectando a todas las facturas emitidas desde el 22 de marzo. Ahora, en abril, el precio mayorista de la electricidad sigue bajo (inferior al de marzo) y es menos de la mitad del coste mayorista en Europa, gracias al mayor peso de las renovables. Eso sí, a partir de junio o julio, con más demanda, subirá el recibo. La clave es seguir apostando por las renovables: el Gobierno va a acelerar su implantación y los proyectos de biometano.

                            Enrique Ortega

El precio de la luz en origen, en el mercado mayorista diario (pool), ha tenido en marzo un precio promedio de 41,77 euros/MWh, más alto que en febrero (16,41 euros/MWh, un mínimo excepcional, por las borrascas y el clima) pero menor al del marzo de 2025 (53,03 euros/MWh) y menos de la mitad del coste en marzo de los últimos 5 años (93,.31 euros/MWh). Y eso a pesar de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo y el gas (que se utiliza para las centrales térmicas). Incluso el domingo 29 de marzo, tras un mes y un día de guerra, el coste mayorista de la luz en España fue sólo de 0,18 euros/MWh, el precio más bajo en origen desde 2013 y el tercer mínimo histórico.

Otro dato llamativo es que este precio mayorista de la luz en España (41,77 euros/MWh en marzo) es la mitad del precio mayorista en Europa, que superó los 100 euros/MWh en la mayoría de los paises (143,4 euros/MWh en Italia, 99,29 euros/MWh en Alemania), salvo en Francia, cuyo coste (63,85 euros/MWh en marzo) duplica al de España, a pesar de su enorme parque de energía nuclear. Así que España ha sido el país europeo menos afectado en su mercado eléctrico por la guerra en Oriente Medio y eso porque tenemos un mayor peso de las energías renovables y una menor generación de electricidad con gas y carbón.

Concretamente, en marzo, el 63,1% de la generación eléctrica en España procedió de energías renovables: 22,4% energía eólica (molinos de viento), 18,5% solar fotovoltaica (que ha aumentado un 40% su aportación en el último año), 1,4% solar térmica,19,2% hidroeléctrica, 1,4% otras renovables y  0,2% residuos renovables, mientras la energía nuclear aportaba el 17,1% de la electricidad, las centrales de gas un 14,4 % y el carbón sólo un 0,1%, según Red Eléctrica (REE). Y como dato histórico, el lunes 30 de marzo, las energías renovables aportaron ellas solas (eólica, solar e hidroeléctrica) el 70% de la electricidad, lo que permitió que el precio mayorista ese día fuera sólo de 10,61 euros/MWh, a pesar de la guerra. Este enorme peso de las renovables ha sido del 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026, frente al 57% en enero-marzo de 2025 y el 42% en el primer trimestre de 2022.

Este creciente peso de las renovables consiguió un precio moderado de la luz en el mercado mayorista diario durante el primer trimestre (43,32 euros/MWh), la mitad que el precio pagado en el primer trimestre de 2025 (86,03 euros/MWh), a pesar de la guerra. Pero ha habido dos factores que han jugado en contra. Uno, que ha subido en marzo el precio de la luz en el mercado de futuros (a un mes, un trimestre o un año), por la guerra de Oriente Medio, y las eléctricas y comercializadoras están obligadas ahora a comprar el 55% de la electricidad a plazo, lo que ha encarecido su precio en origen. El otro factor que ha jugado en contra ha sido el aumento de “los ajustes del sistema”, las medidas de refuerzo que toma Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón (como el de abril de 2025). La principal medida es tener disponibles más centrales térmicas de gas (“por si acaso”), lo que ha elevado este “coste de seguridad”, de 15,36 euros/MWh en marzo de 2025 a 28,52 euros en marzo de 2026.

Recapitulemos para entender cómo afecta todo esto a nuestra factura de la luz. El 40% de lo que pagamos tiene que ver con el precio mayorista en origen (41,77 euros/MWh en marzo), pero la factura es mayor porque hay que sumar los ajustes del sistema (medidas antiapagón), que aunque los pagan las comercializadoras, los repercuten finalmente en sus clientes. Así que en marzo, al coste mayorista en origen (41,77 euros/MWh) hay que sumar 28,52 euros/MWh de los costes de ajuste (más centrales de gas “de guardia”), lo que da un precio total de la electricidad mayorista de 70,29 euros/MWh, casi el doble que en febrero (41,62 euros/MWh), pero menor al coste total en enero (87,15 euros/MWh). Y si tomamos el coste total en el primer trimestre, 66,39 euros/MWh, es un tercio más bajo que al inicio de 2025 (100,02 €/MWh), gracias a las renovables y a pesar del mayor peso del gas (más caro).

El resto de la factura de la luz (tras este 40% que pesa el precio final en origen) se reparte entre el 35% que suponen los costes regulados (transporte, distribución y pagos regulados, que son fijos todo el año) y el 25% restante que son impuestos. Y aquí, en este tramo de la factura, ha actuado el Gobierno, para reducir la factura final de la luz ante la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio: ha bajado los tres impuestos vinculados a la electricidad, hasta el 30 de junio. Primero el IVA, que ha bajado del 21% al 10%. Segundo, el impuesto especial de la electricidad, que ha bajado del 5,1126% al 0,5% (el mínimo que exige Bruselas). Y tercero, ha suprimido temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica, un impuesto que pagan las eléctricas pero que acaban repercutiendo en sus clientes.

Estas tres bajadas de impuestos entraron en vigor el pasado 22 de marzo y afectan a todas las facturas emitidas a partir de ese día, aunque se refieran a consumos anteriores, según confirman las propias eléctricas. Así que si su factura se ha emitido después del 22 de marzo (mírelo arriba a la derecha), va a pagar menos impuestos en todo el consumo que haya hecho en marzo (normalmente el último recibo incluye el consumo de finales de febrero a finales de marzo). Esta bajada de impuestos, como todas, beneficia más a los que gastan más luz. Así, este estudio revela que un hogar pequeño, que paga 40 euros al mes sin impuestos, se ahorrará en este último recibo 6,64 euros. Uno mediano (70 euros de gasto sin impuestos), se ahorrará 11,62 euros. Y un hogar grande o un local comercial (120 euros sin impuestos) se ahorrará 19,94 euros.

En resumen, en este último recibo de marzo, que acabamos de recibir, la factura será algo menor que en febrero, tanto por la menor subida del precio mayorista muchas horas del día como por la bajada de impuestos. Eso afecta a los 8 millones de consumidores que están en el mercado regulado (PVPC), porque los 22 millones que tienen un contrato en el mercado libre tendrán que esperar a renovarlo para ver si se lo bajan o no. En mi caso, he pagado 14 euros menos en el último recibo de marzo. La OCU estima que el recibo medio (4,6 kWh de potencia y 292 kWh de consumo mensual) en marzo habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero(71,77 euros). Y Facua estima que este último recibo habrá bajado de media de 73,19 a 71,35 euros (-2,5%).

Ahora, en abril, mientras sigue la guerra y se teme que escale el conflicto, el precio de la luz en el mercado mayorista en España (que supone el 40% de nuestro recibo final) está más bajo que en marzo: empezó abril costando 5,15 euros/MWh y ha tenido muchos altibajos (23,15 euros el 5 de abril, 63,21 el día 8, 13,33 el domingo 12 o 59,90 euros/MWh el 15 de abril), por el mayor o menor consumo y el clima (más o menos renovables). Al final, el precio medio del mercado mayorista estos primeros 15 días de abril ha sido de 30,31 euros/MWh, menos que en marzo (41,77 euros/MWh). Y además, el precio mayorista de la electricidad en España es menos de la mitad del que se paga en Europa : 55 euros/MWh este 14 de abril, frente a 91 euros/MWh en Francia, 138 en Alemania o 151 en Italia, lo que confirma que la guerra hace menos daño a nuestros bolsillos.

Con estos datos de la mitad de abril, sería lógico esperar una nueva rebaja del recibo de la luz en abril, a pesar de que suban los ajustes del sistema para evitar apagones (porque el gas que alimenta las centrales térmicas sigue caro, en 47,71 euros/MWh, +44% que en febrero). Y también ayudará más que todos los recibos que se emitan pagarán ya menos impuestos (y así hasta finales de junio, de momento). La clave van a ser otra vez las renovables, que además provocan que el precio de la luz sea muy volátil por horas. Un ejemplo claro son los datos de marzo: en las horas más baratas (de 1 a 4 de la tarde), el precio fue de 9,78 euros/MWh, mientras que a partir de la 8 de la noche, el precio medio subió a 101,69 euros/MWh. Y en marzo, tuvimos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Entre enero y marzo, el 16% de las horas fueron a precio negativo o cero. Eso indica que es fundamental saber las horas más baratas para poner la lavadora, el lavaplatos o el horno, porque eso baja mucho nuestro recibo final.

Si esperamos que el recibo baje otra vez en abril, parece claro que podría empezar a subir en junio o julio, hasta el otoño, debido a tres factores: en verano hay más demanda de electricidad (por los turistas y las altas temperaturas, que disparan el aire acondicionado), baja la ayuda de las renovables (en verano hay menos producción eólica y se reduce la eficiencia de los paneles solares con el calor extremo) y hay que echar mano de más centrales de gas (que sigue caro y subiendo), y además, está subiendo también el precio de los contratos futuros de la electricidad (de los 31,60 euros/MWh en mayo a los 76,75 en el tercer trimestre), que son ahora el 55% de la luz que han de comprar las comercializadoras (sólo el 45% debe proceder del mercado diario, porque hasta ahora era más “volátil”).

Así que el escenario que apuntan los expertos es una luz más barata en abril y quizás en mayo, con un repunte en junio o julio hasta octubre, cuando podría bajar de nuevo. Pero todo va a depender de la guerra en Oriente Medio: si el conflicto no se resuelve antes del verano, el precio del gas natural (hoy en 46,41 euros/MWh) podría dispararse hasta los 90 euros/MWh y eso situaría los precios mayoristas de la electricidad en origen en torno a los 100 euros (más del doble de los 43,32 euros que ha costado entre enero y marzo). Y, en consecuencia, la factura media al consumidor, suponiendo incluso que se ampliara la rebaja de impuestos, podría subir más de 10 euros al mes (hasta 72-75 euros de media la factura tipo que sigue la OCU). Así que atentos al curso de la guerra.

Con todo, hay un hecho claro: esta guerra ha pillado a España mucho más preparada que la mayoría de paises para afrontar la subida de la electricidad a particulares y empresas. Y eso, por el mayor peso de la generación eléctrica renovable, que nos permiten tener la luz más barata de Europa. Hay que seguir en ese camino, acelerando incluso el peso de las renovables, cuyo objetivo es que generen el 81% de la electricidad en 2030. Precisamente, el Gobierno Sánchez cree que, esta nueva guerra y crisis energética, deberían servir para empujar aún más las energías renovables. Para ello, el Ministerio de Transición Energética va a lanzar 4 consultas públicas para diseñar un marco regulatorio que permita acelerar la implantación de las energías renovables y el biometano. Se trata de promoverlas en áreas que han quedado degradadas y que han tenido un uso industrial o urbano, más canteras, minas o vertederos. Además, pretenden desbloquear las plantas de biometano (que tiene un potencial de reducir la dependencia del 10% al 15% del gas fósil que se consume), reduciendo los problemas de oposición social que se están encontrando en muchos lugares.

En resumen, los españoles estamos sufriendo los efectos de la guerra en Oriente Medio en la subida de los carburantes y algunos productos, alimentos y servicios, pero de momento no en el recibo de la luz, que ha bajado algo en marzo y podría volver a bajar en abril, gracias a la gran ventaja que tiene España en renovables, que nos permite tener la luz más barata de Europa. Pero esta nueva crisis energética debería servirnos para avanzar más rápido en la sustitución de energías fósiles que no tenemos por renovables (disponibles y baratas). Y a la vez, debería servir para volcarnos en desarrollar los vehículos eléctricos, no sólo coches particulares, sobre todo furgonetas y camiones. Es el camino (que no ven la derecha ni la ultraderecha) para ser más autosuficientes como país y no sufrir tanto los conflictos geopolíticos internacionales.

El juego online crece imparable

En 2025 se han batido todos los récords del juego por Internet: más de 40.000 millones de euros jugados, 4,5 millones por hora, 7 veces más que en 2013, el primer año tras su legalización. El combustible de esta fiebre por el juego online es el gasto en publicidad de los operadores, que casi se duplica respecto a 2022, sobre todo en “bonos de bienvenida” para que “piquen” los internautas. Resultado: hay más de 2 millones de jugadores activos, la mayoría jóvenes, incluso adolescentes (juegan el 13% de los menores), lo que aumenta las adiciones y la ludopatía. Por eso, el Ministerio de Consumo (Sumar) lleva años intentando  frenar la publicidad del juego online, tras la sentencia del Supremo (abril 2024) en contra de restringirla. Pero no ha conseguido incluir la medida en varias Leyes y ahora intenta obligar a los operadores a que implanten algoritmos que anticipen los jugadores con problemas. El juego online es “la droga digital” de muchos jóvenes y hay que frenarla como sea.

                            Enrique Ortega

El juego online sigue disparado en España y en 2025 volvió a batir otro récord anual, como pasa desde 2021: se jugaron 40.754 millones de euros (4,56 millones cada hora), un 16,6% más que en 2024 (cuando creció +10%), más de 7 veces lo jugado en 2013 (5.673 millones de euros), el primer año completo en que el juego online fue legal (se legalizó en junio de 2012) y más del doble de lo jugado antes de la pandemia (19.026 millones en 2019), según el reciente balance de la Dirección General del Juego (DGOJ), del Ministerio de Consumo. Además, el juego online ha seguido ganando cuota en el mercado global del juego en España, donde ya supone el 14,5% del total, aunque todavía tiene menos peso que en otros paises (39% en Europa) por la mayor tradición española del juego presencial (Lotería, quinielas, sorteos, bingos y casinos, locales de apuestas y máquinas de juego).

En 2025, casi dos tercios de todo el juego online se dirigió a los juegos de casino (26.234 millones, el 64,31% de lo jugado), sobre todo a las máquinas tragaperras online (14.194 millones jugados, +54,10% que en 2024) y a la ruleta en vivo (10.117 millones, +38,5%), mientras cae lo jugado en la ruleta tradicional (959,66 millones,-5,22%) y el black jack (963,75 millones, -3,90%). Le sigue de lejos lo jugado en apuestas (10.588 millones, +3,21%), donde ganan peso las apuestas deportivas en directo, mientras se juega (movieron 5.805,4 millones, -1,4%) frente a las apuestas deportivas convencionales (4.646 millones, +12,60%), siendo pequeño el peso de las apuestas hípicas (66,8 millones). El tercer juego que más apuestas mueve es el póquer online (3.884,82 millones, +6,99%), sobre todo el póker torneo (2.570 millones), tras abrirse en 2018 la vía de jugar con Francia y Portugal. Y el resto es lo poco jugado en el bingo online (85,90 millones, -18,86% que en 2021) y los concursos (preguntas, habilidades, pruebas), que sólo movieron 14.057 euros.

Los operadores del juego online también han batido otro récord de margen bruto (GGR: las cantidades jugadas menos los premios repartidos) en 2025: 1.453,55 millones de euros, un +16,99%, un beneficio bruto que multiplica por 7,4 veces el de 2013 (228,64 millones) y duplica con creces el de 2019 (748,24 millones). El juego que aporta más margen a los operadores del juego es el casino online (698,13 millones, el 41,5% del margen total), por las máquinas tragaperras online (300,23 millones) y la ruleta en vivo (229,9 millones), más atractiva que la convencional por la transmisión en directo. El 2º motor de beneficios de los operadores son las apuestas deportivas (698,13 millones de margen), destacando las apuestas de contrapartida convencionales (357,7 millones de margen bruto) y en directo (302,2 millones). El póquer online solo aporta 95,48 millones al margen y el bingo otros 13,9 millones.

Actualmente son 77 los operadores nacionales e internacionales que operan legalmente en España y se reparten este creciente mercado. De ellas, 54 son españolas y el resto multinacionales británicas, búlgaras, italianas o finlandesas. Lo más llamativo es que 43 de estas operadoras de juego legalizadas en España tienen su sede social en Ceuta, gracias a que el ministro Montoro aprobó, en abril de 2018 (mes y medio antes de la moción de censura que le sacó del Gobierno), una serie de rebajas fiscales (la principal, pagar la mitad de tasa de juego y otros impuestos y cotizaciones) para atraer operadores nacionales y extranjeros a Ceuta y Melilla. En paralelo a estos operadores “legales”, crece el juego online “ilegal”, a través de plataformas no reguladas, donde ya apuestan el 23,4% de los jugadores (sobre todo los que juegan más dinero), según un informe de Jdigital, que estima que el juego ilegal se llevó en España 231 millones de margen bruto en 2024 (el 16% del margen conseguido legalmente). El sector se queja de que muchas plataformas ilegales se publicitan a través de enlaces en las redes sociales y aunque se cierran, vuelven a abrir con otro nombre.

El gran salto en las cantidades jugadas online y en el margen bruto de los operadores se debe a un constante crecimiento de los jugadores online, empujados por la facilidad de acceso (móvil, tablet) y la privacidad (pueden jugar las 24 horas, en cualquier lugar). El número de cuentas activas (han operado 1 vez al mes) ha saltado de 1,5 millones en 2015 a 2,5 millones en 2019 y a 4.322.688 cuentas en 2025 (casi medio millón más que en 2024). Y en paralelo, se han disparado también los jugadores activos (juegan al menos 1 vez al año): de ser algo menos de 1 millón en 2015 se pasó a 1,36 millones en 2019 y 2.157.514 jugadores en 2025 (+166.000 que en 2024). El dato más importante es que la media mensual de cuentas activas fue de 1.729.253 cuentas, +20,39% que en 2024, lo que indica que el sector no sólo atrae nuevos jugadores sino que mantiene y fideliza a los actuales, gracias a una oferta  más atractiva y personalizada.

Y la clave, tanto del aumento de jugadores como de las cantidades jugadas es la publicidad, la “gasolina” que mantiene el crecimiento del juego online. En 2025 se ha batido otro récord de gasto publicitario: 664,39 millones de euros, casi el doble de lo que gastaron los operadores en 2022 (374,51 millones), la menor cuantía de gasto debido a las limitaciones a la publicidad del juego que impuso el Real Decreto 958/2020 (que entró en vigor el 1 de mayo de 2021). Pero los operadores recurrieron el Decreto y el Tribunal Supremo lo anuló el 4 de abril de 2024 (porque las restricciones se hicieron por Decreto y no por Ley), con lo que volvió a dispararse la publicidad del juego, ya en 2024 (528 millones,+30,96%) y en 2025 (664 millones,+25,93%).

La mayor partida de este elevado gasto publicitario (6 veces mayor que en 2013) es lo que gastan los operadores en “bonos de bienvenida” (promociones): fueron 347,19 millones gastados en 2025 (+32,7% sobre 2024), que son unos incentivos para atraer nuevos jugadores, a los que se les “regala” una cantidad para empezar a jugar, bonos que estuvieron prohibidos entre mayo de 2021 y abril de 2024, cuando los autorizó la sentencia del Supremo. Otros 244 millones son publicidad directa, la mayor parte en webs, radio y TV, aunque tienen algunas limitaciones en redes sociales y en algunas horas. Y sólo destinan 59.95 millones a gastos de “afiliación” (fidelización) y poco a patrocinio (13,07 millones, la mitad que en 2020).

Este enorme gasto publicitario ha “alimentado” el gran salto del juego online, en cantidades y jugadores, según revela un estudio de la Universidad de Oviedo: concluye que el gasto en marketing aumenta las cuentas que se crean, las cuentas activas, el dinero que se deposita en ellas y las cantidades jugadas. Además, este estudio revela que el gasto en promociones (bonos para atraer jugadores y dinero para afiliados) es más eficaz que el gasto en publicidad. Y además, que es especialmente eficaz cuando se dirige a poblaciones vulnerables, como jóvenes y jugadores más activos. Encima, la Inteligencia Artificial (IA) está siendo muy utilizada por las empresas del juego, tanto para atraer jugadores como para conseguir que se “enganchen” más al juego, con nuevas ofertas.

Por todo ello, la “adicción” al juego online crece imparable, como el juego. Lo preocupante es que el juego online crece sobre todo entre los jóvenes. En 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el 65,4%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.408 españoles que jugaron en 2023, según el Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000 jóvenes más jugando online que en 2019, (+20%). Pero lo más llamativo es que quienes más se han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7 jóvenes con esa edad)  jugaron online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores de 18 a 25 años), según la DGOJ. Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, sobre todo a menores de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o quitan a su familia) para jugar online.

Pero  lo más preocupante es que la adicción al juego online está aumentado entre los menores (14-18 años), como revela la reciente Encuesta (febrero 2026) “Estudes 2025”, elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas y Sanidad, que refleja un aumento significativo del juego de los menores, a pesar de las barreras (“teóricas”) de acceso. Los datos reflejan que un 13% de los estudiantes de Secundaria han jugado online en el último año (suponen unos 260.000 menores que juegan), siendo mayor el porcentaje en los chicos (20,7%) que en las chicas (5,3%). Y este porcentaje de los menores que juegan sube con la edad: del 9,7% a los 14 años al 13,7% a los 16 y el 18,7% a los 18 años. Y lo peor: el 4,9% de los menores que juegan tienen un comportamiento “problemático” (“adicción”: son 12.740 menores con problemas de juego online), un 8,4% los chicos y un 1,4% las chicas. Otro dato más: en 2023, se admitieron en urgencias y hospitales a 4.916 personas de todas las edades por adicciones, el 81% por adicción al juego. Y cada vez llegan más jóvenes.

Muchos expertos, médicos y ONGs están  preocupados de la cantidad de jóvenes y menores con problemas de adicción. De hecho, el juego patológico se ha convertido en la 3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y la depresión. Y con un problema añadido: la sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del juego.

Los expertos y ONGs que atienden a ludópatas (cada vez más jóvenes) insisten en que hay que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría financiarse con una pequeña parte de los impuestos pagados por el juego: casi 1.214 millones ingresados en 2024 (sólo 190 millones del juego online), que reciben casi en su totalidad las autonomías.

Ante este preocupante panorama, el ministro de Consumo (Pablo Bustinduy, de Sumar), del que depende el Juego, lleva un año buscando vías alternativas para restringir la publicidad del juego y frenar así su imparable crecimiento. El primer intento fue introducir una enmienda en la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, pero fue rechazada en el Congreso por PP, Vox y Junts, el 20 de marzo de 2025. El segundo intento fue introducir limitaciones a la publicidad y a la captación de jugadores a través de la enmienda 176 a la Ley de Servicios a la Clientela, pero el Congreso la tumbó (PP, Vox y Junts otra vez) el 12 de diciembre de 2025. Ahora, el ministro Bustinduy busca una 3ª vía para controlar el juego, a través de Reglamentos y Decretos que no pasen por el Congreso.

El cambio más importante que propone es modificar la Ley del Juego de 2011 a través de una serie de cambios normativos. Uno, establecer un límite a los depósitos de un jugador en todas las plataformas de juego (ahora hay un límite en cada plataforma), de 600 euros diarios a 1.500 euros semanales. Otro que los medios de pago deben ser nominativos, a nombre del titular de la cuenta de juego, no admitiéndose pagos anónimos. La tercera una verificación más estricta del registro de jugadores, para frenar de verdad a los menores. Y, sobre todo, exigir a las operadoras que elaboren “un algoritmo para la detección temprana del juego problemático”, para detectar los jugadores “adictos” antes de que vayan a más. Todos estos cambios se han comunicado a la Comisión Europea y el Ministerio pidió a los operadores que estuvieran listos para marzo de 2026, algo no conseguido. El riesgo, más que el retraso de estas nuevas medidas, es que sean otra vez recurridas y anuladas por los Tribunales.

Conclusión: tenemos un grave problema con el juego online en España, especialmente entre los jóvenes y menores, que utilizan el juego en solitario (en el móvil o en los locales del barrio) para evadirse de sus múltiples problemas y “tentar a la suerte”, perdiendo casi siempre y enganchándose muchas veces, generando problemas sociales y mentales que afectan gravemente a sus familias, sin recibir apoyo sanitario ni ayudas, salvo de las ONGs. Hay que tomárselo en serio, como la droga o el alcohol, y frenar esta” epidemia del juego”.

Aumenta el empleo de los mayores

Nos han vendido que hay casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, otro máximo histórico. Pero no destacan que el empleo que más crece es el de los mayores de 60 años: de los 2,47 millones de nuevos afiliados desde 2019, la tercera parte (+783.037) son afiliados con más de 60 años, la franja de edad que más crece. Y el empleo de los mayores se ha triplicado desde 2005 (entre 60 a 64 años) y cuadruplicado (entre 65 y 69 años), gracias sobre todo a la mayor ocupación de las mujeres, el envejecimiento de la población y porque los mayores buscan complementar los ingresos familiares, en sanidad, cuidados, inmobiliarias, educación, comercio y servicios públicos, los trabajos con más mayores. Pero a la vez, los mayores tienen más paro de larga duración, porque las empresas no contratan mayores, sin poder jubilarse anticipadamente. De hecho, en España hay menos ocupados mayores que en Europa. Hay que aprovechar el talento “senior” y facilitar su relevo a los jóvenes.

                            Enrique Ortega

La población envejece en toda Europa y más en España, porque tenemos más esperanza de vida. Los mayores de 60 años llevan décadas creciendo y en el último Censo del INE (1 enero 2026) eran ya 13.836.095 personas, el 27,91% de la población total de España (49.570.725 habitantes). De ellos, 3.397.543 tienen entre 60 y 64 años, 2.939.512 tienen entre 65 y 69 años y los 7.499.040 restantes tienen 70 años y más años (18.751 con 100 años o más). Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en el año 2000 había 8.766.511 españoles “mayores” (60 años y más), el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y a los 13.836.095 mayores de 60 años ahora (27,91% del total). Así que tenemos 5 millones de mayores más (+5.069.584) que a principios de siglo.

De estos 13,8 millones de “mayores” (60 años y más), la mayoría son “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.082.300 mayores “inactivos”, según la EPA de 2025, básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son solo 1.343.500 personas), especialmente los que tienen 70 años y más (7.170.400 son “inactivos”).

Lo que ha pasado estos últimos años es que han aumentado los mayores “activos”, los que se han puesto a buscar trabajo y trabajan o están en paro. Con ello, los mayores de 60 a 64 años han alcanzado un récord histórico de actividad: en diciembre de 2025 había más de 2 millones activos (2.030.300), +44% que en 2019 (1.409.000 activos). Y la mayoría de ese aumento de actividad se debe a las mujeres (+331.600 activas desde la pandemia), más que a los hombres (+290.000 activos), en muchos casos porque se han lanzado al mercado de trabajo tras cuidar a hijos y padres. Pero donde más se ha disparado la actividad es entre los mayores de 65 a 69 años: hay ahora 413.400 activos, +138% más que en 2019 (173.300 activos), otro máximo histórico, dándose la circunstancia de que las mujeres activas de 65 a 69 años (207.000) superan a los hombres (206.400).

Hay más mayores que nunca buscando trabajo y más mayores trabajando. En marzo de 2026, había 2.297.471 mayores de 60 años afiliados a la Seguridad Social (el 10,5% del total, de los 21.882.146 afiliados medios, una cifra récord). Pero lo más llamativo es que la afiliación de los mayores de 60 años es la que más crece desde la pandemia: de los 2.473.609 afiliados nuevos (+12,47% de aumento desde 2019), 783.037 afiliados nuevos son mayores de 60 años (+51,6%, cuatro veces la subida total de afiliados). De hecho la afiliación de los mayores de 60 a 64 años crece desde la pandemia un +41,8% y la de los mayores de 64 años crece un +107%, frente al +15% que crece la afiliación entre 25 y 29 años, el +10,4% que crece entre 45 y 49 años o el +24,6% que crece entre 55 y 59 años, según la SS. Y lo que más crece, otra vez, es la afiliación de las mujeres mayores (+56%) frente a los hombres (+48%).

Otra estadística que confirma el aumento del trabajo de los mayores es la última EPA del INE (diciembre 2025). Ahí se confirma que en España trabajan 2.349.500 mayores (algunos más de los afiliados: 2.297.471 mayores) y que son 903.800 empleados mayores más que en 2019, lo que indica que más de un tercio (el 36,2%) de todo el empleo creado desde la pandemia (2.496.400 nuevos empleos) ha sido para los mayores. El empleo de los mayores es el máximo de la serie histórica y  crece en todas las franjas de mayores desde 2005, pero sobre todo entre los que tienen de 65 a 69 años: se triplica en la franja de 60 a 64 años (de 697.200 empleados en 2005 a 1.820.200 en 2025), se cuadruplica en la franja de 65 a 69 años (saltando de 93.300 ocupados a 390.300 en 2025) y crece menos entre los de 70 y más años (de 53.700 empleados en 2005 a 69.500 en 2025).

Los datos de la EPA revelan que la mayoría del trabajo de los mayores de 60 años se concentra en el sector servicios (ahí trabajan el 76,2% de los ocupados con más de 55 años), seguidos muy de lejos por los que trabajan en la industria (12,2%), la construcción (7%) y el campo (donde trabajan el 4,6% de mayores restante). Por ocupaciones, según el SEPE, la mayoría de estos trabajadores “mayores” se concentra en sanidad, servicios sociales y residencias de ancianos, actividades inmobiliarias y financieras, educación, consultoría, transporte y logística, administración y gestión, comercio y ventas, además del sector público (el 16,4% de los empleados públicos tienen entre 60 y 64 años).

Lo llamativo es que una buena parte de estos trabajadores “mayores”, sobre todo los que han conseguido trabajo tras la pandemia, son mujeres, con muchos contratos a tiempo parcial (el 27% de las ocupadas de 65 a 69 años) y un aumento de los autónomos (un tercio de las mujeres que tienen 65 años o más), porque muchos de estos trabajadores mayores (básicamente las mujeres) buscan aumentar sus años de cotización (truncados por los cuidados a hijos y padres), para poder mejorar su futura jubilación.

El empleo de los mayores de 60 años se ha disparado en las dos últimas décadas (y sobre todo tras la pandemia) por el envejecimiento de la población (por la mayor esperanza de vida), la mayor incorporación de las mujeres al trabajo y el retraso de la edad de jubilación, tanto por imperativo legal (66 años y 10 meses en 2026 y será de 67 años en 2027) como porque muchos “mayores” de 66 años se encuentran con fuerza y salud para seguir trabajando (máximo si les corresponde una pensión baja, que tratan de mejorar). Todo ello explica que la tasa de empleo de los mayores (% de los que trabajan sobre el total) haya alcanzado un récord en 2025 (el máximo desde 1970), según este estudio de Funcas: son el 53% de los que tienen entre 60 y 64 años (58,3% los hombres y 48,1% las mujeres)  y el 14% (13,7% los hombres y 11% las mujeres) entre los que tienen entre 65 y 69 años.

Un gran salto en el empleo de los mayores, pero todavía trabajan menos en España que en la media de Europa, según el estudio de Funcas. Así, el porcentaje de varones de 60 a 64 años que trabajan en España (58%) nos sitúa en el puesto 19 de los 27 paises UE, donde en 7 paises trabajan más del 70% de los mayores de 60 a 64 años (Paises Bajos, Chipre, Dinamarca, Hungría, Chequia, Alemania y Suecia). Y el porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que trabajan en España (47,8%) nos coloca en el puesto 15ª de la UE, donde hay 3 paises que superan el 70% (Estonia, Suecia y Letonia), siendo el 65% en Alemania. Y en el tramo de 65 a 69 años, los varones que trabajan (13,5%) nos sitúa en el puesto 23 de la UE-27, donde hay 5 paises que superan el 35% (Dinamarca, Estonia, Irlanda, Paises Bajos y Suecia). Y el porcentaje de mujeres con trabajo (11% entre 65 y 69 años) sitúa a España en el puesto 19 de la UE-27, donde hay 4 paises que superan el 25% (los 3 bálticos y Suecia).

En definitiva, que el porcentaje de mayores españoles que trabajan es el más alto desde 1970, pero todavía tenemos un margen de mejora, dado que estamos muy por debajo del empleo de los mayores en la mayoría de Europa. Y eso se debe a una menor formación de muchos mayores(el 53,8% de los parados mayores de 55 años no tienen la ESO) y a sus dificultades para adaptarse a la digitalización y las nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”, de rechazo a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que 7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que no volverán nunca a trabajar”, según una Encuesta de Adecco.

El resultado es que los mayores de 60 años tienen en España una alta tasa de paro (9,24% en diciembre 2025 los mayores de 55 años, según el INE), algo menos que la tasa de paro general (9,93%), pero mucho mayor en las mujeres mayores (10,72%), bajando mucho en los hombres mayores de 55 años (7,92% de paro). Lo peor es que los parados mayores ha crecido mucho desde la pandemia: son 237.100 parados (diciembre 2025), el 9,5% de todos los parados y un 23,7% más que en 2019, cuando el total de parados bajó. El paro de 60 a 65 años ha subido de 181.500 a 210.100 (+28.600) y el paro de 65 a 69 años se ha duplicado desde la pandemia (de 10.100 a 23.100 parados), más otros 3.900 parados de 70 años y más. Y lo peor es que la mayoría de estos parados “mayores” no encuentran empleo y engrosan el paro de larga duración (más de 1 año sin trabajar): hay 126.600 parados más de 1 año entre los de 60 a 64 años (el 60,2% del total), 13.100 entre los parados de 65 a 69 años (el 56,7%) y otros 1.800 parados mayores de 70 años (el 46%, todos hombres). En total, 141.500 parados de larga duración con más de 60 años, la mayoría “sin salida”.

Muchos de estos mayores en paro y que no encuentran empleo (a pasar del aumento del trabajo de los mayores) tienen que acogerse al paro de los mayores de 52 años (si cumplen los requisitos) y esperar cobrando este paro asistencial (480 euros mensuales) hasta que puedan jubilarse legalmente (a los 67 años y 10 meses este año o a los 65 años si han cotizado 38 años y 3 meses). En 2025, un tercio de todos los parados que cobraban subsidio asistencial eran mayores de 60 años: 265.514 parados mayores subsidiados, el doble de los que cobraban esta ayuda en 2013 (125.647 parados mayores).

Además, en los últimos años se han aprobado cambios legales (en 2021 y 2022) para penalizar a los mayores que se jubilan anticipadamente, incentivando a la vez a los que retrasan su jubilación. Eso dificulta la situación de los parados mayores, que han de esperar más tiempo para jubilarse (hasta los 65 años si han cotizado suficiente o hasta los 66 años y 10 meses este año). La reforma penaliza a los mayores sin empleo pero ha mejorado las cuentas de la Seguridad Social, porque tiene a más mayores cotizando y menos cobrando pensión. De hecho, las jubilaciones anticipadas han caído drásticamente: de ser 123.498 en 2021 (el 39% de las nuevas jubilaciones) han bajado a 104.655 en 2025 (el 27,9% del total). Y la edad media real de jubilación ha subido de 64,4 años (2019) a 65,3 años en 2025.

Ahora, el objetivo de la Seguridad Social es que haya más mayores que retrasen su jubilación, lo que servirá para que haya más mayores que trabajen. La nueva normativa, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, entró en vigor el 1 de abril de 2025 y se centra en 3 tipos de jubilaciones. Una, la jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un trabajador retrase su jubilación. Ya había un incentivo, aprobado en 2022, para aumentar un 4% cada año la pensión de quien la retrase. Ahora, se mejora este incentivo: se cobrará el extra por cada 6 meses de demora, sin esperar al año. El 2º cambio afecta a la jubilación activa, a quienes compatibilizan pensión y trabajo un tiempo. Esto ya se podía hacer, pero se introduce una mejora clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada completa (38 años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a los que hayan cotizado 15 años. El tercer cambio afecta a la jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada (a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la jornada, pero puede llegar al 75% de reducción si se contrata a un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la jubilación parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado parcialmente será en función de lo que recorte su jornada como trabajador.

En definitiva, se busca aumentar los mayores que trabajan, ahora que una persona no es viejo a los 65-67 años y necesitamos más gente que trabaje y reducir el gasto en pensiones. Sobre todo porque en 2050, el 30,4% de la población tendrá más de 65 años (ahora son el 21%). Hay que facilitar que estos mayores tengan menos paro y trabajen más años, para que aporten su experiencia y talento. Pero, en paralelo, hay que facilitar su relevo por jóvenes, que los mayores trabajen menos horas para dar entrada a jóvenes y formarles. Un contrato de relevo que no funciona ahora, por el exceso de requisitos y el desinterés empresarial, pero que resulta imprescindible para repartir mejor el crecimiento y el empleo entre mayores y jóvenes. Un pacto generacional imprescindible.  

Zonas bajas emisiones: 100 Aytos rebeldes

Acaba la Semana Santa y volvemos a la rutina, los atascos y la contaminación de nuestras ciudades, que provoca enfermedades y 22.000 muertes al año en España. La principal culpa es del tráfico, razón por la que se aprobó en 2021 una Ley de Cambio Climático que obligaba  a los Ayuntamientos de las grandes ciudades (+ 50.000 habitantes) a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a los coches más contaminantes. Debían implantarlas el 1 de enero de 2023, pero más de 3 años después, los consistorios de 100 grandes ciudades no las han implantado (10 se niegan a hacerlo). Y la mayoría de las 53 ciudades que sí lo han hecho aplican las restricciones en zonas pequeñas y no multan. Además, Madrid acaba de aprobar que los coches sin etiqueta puedan seguir circulando. Esta actitud se explica porque el PP y Vox defienden posiciones negacionistas del Cambio Climático, mientras los límites de contaminación se superan en zonas donde viven 8,4 millones de españoles. Tremendo.

                           Enrique Ortega

La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó en 2021 que 327.000 europeos mueren prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Y en España, un informe de Countdown refleja que 22.000 muertes anuales pueden atribuirse a la contaminación, mientras otras fuentes suben a 30.000 muertes. Esta alta mortalidad se debe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños. Y recuerdan que los grupos más vulnerables a la alta contaminación son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Además de los daños a la salud, el Banco Mundial estima que la contaminación tiene unos costes sanitarios y laborales en España de 44.000 millones de euros.

En España, el aumento del número de vehículos (31,3 millones en 2024, 2 millones más que en 2019) sigue aumentando la contaminación en las grandes ciudades, sobre todo porque casi un tercio del parque de vehículos tienen más de 20 años de vida. Eso provoca que casi 8,4 millones de españoles (1 de cada 6 habitantes) viven en ciudades donde se superan los límites vigentes (Directiva UE 2024/2881 y Decreto 102/2011) de partículas (PM 2,2 y PM 10),ozono y NO2, afectando a una superficie de 83.000 km2 (el 16,5% del territorio), según el último estudio sobre contaminación de Ecologistas en Acción. Pero si tomamos los nuevos límites de contaminación aprobados por la Comisión y el Parlamento Europeo para 2030 (más estrictos, la mitad que los actuales), resulta que 30,95 millones de españoles (2 de cada 3 habitantes) respiran un aire contaminado, en 22 grandes ciudades. Y si somos más estrictos y aplicamos los límites de la OMS aprobados en septiembre de 2021 (la cuarta parte de los vigentes), toda España respira un aire que excede estos límites OMS.

Ante este panorama de contaminación, el Gobierno Sánchez aprobó en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, que no fue aprobada por el Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta contaminación) estaban obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de 2023 (casi 2 años después).

El problema es que la gran mayoría de consistorios (gobernados por PP y Vox) han “remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de 2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se han sumado 8 ciudades más, con lo que son 57 las ciudades grandes (53 de más de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes) que tienen implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las 153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de acceso restringido, 100 ciudades no las aplican más de 3 años después del plazo fijado: 90 están en proceso de instalarlas ("no tienen prisa") y otras 10 ciudades no han iniciado siquiera el proceso, se han declarado “en rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).

Entre las 90 grandes ciudades que tramitan la instalación de una Zona de Bajas Emisiones (3 años y tres meses después del plazo legal: ver listado) hay 3 grandes capitales (Valencia, Murcia y Las Palmas), 7 ciudades grandes-medianas (Vigo, Gijón, Vitoria, Oviedo, Jerez, Móstoles y Santa Cruz de Tenerife), otras 25 ciudades de 100.000 a 200.000 habitantes (Alcalá de Henares, Leganés, Burgos, Albacete, Castellón, Santander, Alcorcón, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Logroño, Huelva, Dos Hermanas, Tarragona, Parla, Mataró, Algeciras, León, Santa Coloma, Cádiz, Jaén, Reus, Ourense, Roquetas, Girona y Barakaldo), más otras 55 ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes (capitales como Lugo, Cáceres, Melilla, Toledo, Ceuta, Ciudad Real, Zamora, Huesca o Ibiza y grandes ciudades como Santiago, Lorca,  San Fernando, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Vélez Málaga, Torrevieja, Talavera, Coslada, Manresa, Gandía, Avilés, Majadahonda, Paterna, Sagunto, Collado Villalba, Irún, Mérida, Granollers, Pinto o Elda).

Pero además, en las 53 grandes ciudades donde sí funcionan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en muchas se dan dos problemas que denuncian expertos y ecologistas. Una, que la zona a la que se aplica la restricción de entrada de vehículos es muy pequeña, con lo que tiene poco impacto real en la reducción de la contaminación (son ZBE “de cara a la galería”). La otra, que muchos de los Ayuntamientos que aplican estas restricciones no multan a los infractores: primero les dieron un plazo de gracia de un año (avisos sin multa) y después muchos Ayuntamientos los han prorrogado y no sancionan realmente, otro factor que resta efectividad a estas 53 ZBE (57 con los 4 municipios pequeños) que si funcionan.

¿Qué ha hecho el Gobierno Sánchez para que los Ayuntamientos cumplan la Ley? La verdad es que poco, dado el constante enfrentamiento político con los consistorios gobernados por el PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de CC, pero que ahora está en una posición más negacionista del Cambio Climático, por presión de Vox). En 2025, tras los 2 primeros años de retraso, el ministro de Transportes (Oscar Puente) amenazó a los Ayuntamientos incumplidores a no transferirles los Fondos europeos destinados a subvencionar el transporte público y fijó una fecha: el 2º trimestre de 2025. Pero al día de hoy, no se conoce ningún caso de un Ayuntamiento que no haya recibido estas ayudas. La otra medida anunciada (sin fecha) es la aprobación de un Decreto-Ley (de los Ministerios de Transición Ecológica y Transportes) para obligar a los Ayuntamientos a multar realmente a los conductores con vehículos contaminantes que entran en las ZBE.

Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo han pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción han llevado a los Tribunales a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.

Otra medida muy criticada por expertos y ecologistas ha sido la reciente decisión (25 marzo 2026) del Ayuntamiento de Madrid de prorrogar indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y poder aparcar en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular esté empadronado en la capital. Estos vehículos sin etiqueta (11.309, el 1,08% de los que circulan) ya tuvieron dos prórrogas antes: una para poder circular hasta finales de 2025 y otra hasta finales de 2026, lo que provocó que muchos propietarios los vendieran. Y ahora se quejan del cambio normativo del Ayuntamiento, provocado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (17 de septiembre 2024) que anuló la prohibición de circular aprobada por el consistorio y recurrida por Vox en noviembre de 2021. Así que ahora, “bula” para los coches sin etiqueta en Madrid.

En definitiva, tenemos un grave problema de contaminación del aire en gran parte de España (recordemos: 2 de cada 3 españoles respiran un aire que supera los límites aprobados por Europa para 2030, una Directiva que el Gobierno debe transponer) y sin embargo, dos de cada tres grandes ciudades incumplen la Ley y no han implantado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y las que sí lo han hecho, ha sido en zonas pequeñas o no multan a los que entran con coches muy contaminantes. Esto es especialmente preocupante porque casi el 60% de los coches que circulan en España no tienen etiqueta (el 29,4%) o tienen etiqueta B (otro 29,7%), mientras el 36,4% tienen etiqueta C y sólo un 5,8% tienen etiqueta ECO y un 1,6% tienen etiqueta 0, según ANFAC. Y el 92,7% de los vehículos que circulan por nuestras ciudades y carreteras son diesel (58,9%) o gasolina (33,8%), los motores de combustión que más contaminan (y sobre todo los viejos: 1/3 vehículos tienen más de 20 años).

Nos quejamos de las inundaciones, olas de calor o los incendios forestales, pero no se toman medidas eficaces para paliar los efectos de la emergencia climática, sobre todo los relacionados con el tráfico en las ciudades. Y a pesar de los informes de los científicos, que aseguran que el origen del problema está en los combustibles fósiles y en el tráfico, crecen los políticos negacionistas, en Europa y en España, muchos en los grandes Ayuntamientos, que no están dispuestos a tomar medidas contra el tráfico y la contaminación, retrasando y boicoteando las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y no se espera la incorporación este 2026 de muchas de las 100 ciudades pendientes, sobre todo porque en mayo de 2027 hay elecciones municipales y tanto PP como Vox irán con la bandera “negacionista”.

Nuestra esperanza sigue siendo Europa, aunque en Bruselas crece el peso de los políticos negacionistas: a la extrema derecha se ha sumado la mayoría del PP europeo, en una alianza que ha conseguido un triunfo en diciembre de 2025: retrasar la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) a después de 2035, retraso que todavía ha de aprobar el Parlamento europeo. Pero, de momento, sigue vigente la nueva Directiva de emisiones (Directiva UE 2024/2881), aprobada en octubre de 2024, que reduce a la mitad los límites actuales de emisiones en los paises miembros para 2030. España tiene que transponer ahora esta Directiva y tomar medidas para cumplir estos límites de contaminación más estrictos (se reducen a la mitad las emisiones permitidas de partículas, ozono y N02) en 2030. Eso puede reforzar al Gobierno frente a los Ayuntamientos “rebeldes”, aunque todo va a depender de la duración de la Legislatura y de las municipales y generales de 2027.

En cualquier caso, reducir la contaminación de nuestras ciudades (que enferma, mata y cuesta mucho dinero) no debería ser objeto de “pelea política”, ya que nos afecta negativamente a todos y deberían pactarse medidas eficaces. Pero la realidad es que la lucha contra las medidas ambientales es una de las banderas de la extrema derecha y de la derecha (de momento en autonomías y Ayuntamientos, pero lo será en toda España si llegan a la Moncloa), a costa de agravar la emergencia climática y de nuestra salud. Deberíamos apostar por ciudades más limpias y con menos coches, aunque nos cueste cambiar de hábitos. Y votar en consecuencia cuando nos toque.