Un mundo muy endeudado: vienen recortes

El FMI acaba de lanzar la alerta: el mundo ha soportado bien las crisis sufridas desde la pandemia, pero los paises han gastado mucho dinero en ayudas y no tienen “colchón” para afrontar problemas futuros. Urge reducir los déficits y la deuda pública, disparada en la última década: supera el 125% del PIB en USA, el 204% en Japón, el 84% en la UE y el 119% en Francia. Un grave problema porque los inversores exigen ahora más intereses y eso aumenta el gasto de los paises. Por eso, Alemania, Francia o Italia ya han aprobado recortes y exigen también recortes al Presupuesto europeo 2028-2034. España está mucho mejor (tenemos la mitad del déficit público que Alemania o Francia y la deuda baja desde 2021), porque crecemos y recaudamos más, así que no necesitamos recortes. Pero si PP y Vox ganan las elecciones, podrían recortar el gasto social, como toda la derecha europea. Y por nuestra experiencia de 2010 a 2014, ya sabemos el coste económico y social de los recortes.

   

                                Enrique Ortega

En menos de 7 años, la economía mundial ha pasado por varias crisis: pandemia, atascos en la cadena mundial de suministros, guerra de Ucrania y escalada de precios, aranceles y guerras comerciales, conflicto en Irán y nueva escalada de precios de la energía…Lo más llamativo, según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que los hogares, las empresas, los mercados financieros y los paises han resistido bien, no ha habido una debacle mundial (como en 2008) y la economía mundial sigue creciendo, un +3,1% en 2026, gracias a tres factores: las ayudas públicas contra las crisis (100.000 millones de euros gastados sólo en Europa, 12.000 de ellos en España), la reconversión de los suministros de energía (más diversificados y con más peso de las energías renovables) y el tirón de las inversiones tecnológicas, sobre todo en Inteligencia Artificial (IA).

Pero ahora, el mundo tiene un problema, según el FMI: los paises tienen demasiada deuda pública y como los inversores exigen más intereses (ante la mayor inflación y la incertidumbre geopolítica), les ha subido el coste de esa deuda, con lo que también les sube el déficit público. Un ejemplo: EEUU pasará de pagar el 2,8% de su PIB en intereses por su deuda en 2019 (603.120 millones de dólares) al 5,7% de su PIB en 2031 (1,93 billones de dólares). Y lo mismo el resto de paises desarrollados: pagarán el doble o el triple de intereses por su deuda. Y como Occidente crecerá poco los próximos años, esta “hipoteca” de la deuda les obligará a gastar menos en otras cosas, sobre todo en servicios públicos y gastos sociales. Y además, si viene otra crisis (que vendrá), tienen menos “colchón” presupuestario para aprobar ayudas para salir de ella.

Por eso, el mensaje del último informe del FMI es claro: hay que reducir la abultada deuda pública del mundo, que ha crecido en las últimas décadas, empujada por tipos bajos e incluso al 0% (entre 2008 y 2016). Sus datos son inapelables: en el año 2.000, la deuda mundial suponía el 62% del PIB mundial, saltó al 80% entre 2026 y 2019 y tras el repunte de 2021 (el 98% de deuda por la pandemia), se mantiene en el 95% del PIB en 2026. Y esperan que en 2030, la deuda mundial alcance el 100% del PIB, un umbral nunca visto desde la postguerra de la II Guerra Mundial.

Pero la deuda pública es aun más abultada en muchos paises, sobre todo los más desarrollados, según el ranking de EBC Finantial Group. El líder en endeudamiento es EEUU (debe 40.739.000 millones de dólares en 2026), seguido de China (22.290.000 millones de dólares), Japón (8.951.000 millones $), Reino Unido (4.418.000 millones $), Francia (4.258.000 millones $), Italia (3.790.000 millones $), Alemania (3.523.000 millones $), India (3.464.000 millones $), Canadá (2.776.000 millones $) y en el 10º puesto Brasil (2.544.000 billones $ de deuda pública). Pero lo más revelador es el peso de esa deuda en relación a cada economía, el porcentaje de deuda sobre el PIB, el dato que mejor revela la gravedad del problema. Y aquí, el ranking lo lidera Japón (204,4% deuda sobre su PIB), seguido de Singapur (179,1%), Sudán (169,1%), Bahréin (152,4%), Italia (138,4%), Grecia (136,9%), Senegal (132,3%), Maldivas (129,4%), EEUU (125,8%), Ucrania (122,6%) y Francia (118,4% deuda/PIB).

Europa está menos endeudada que EEUU (125,8% PIB), Japón (204,4%) y China (106,9% PIB): tenía una deuda del 82,9% del PIB en junio de 2026 (3,62 millones de euros), según Eurostat, algo menos que antes de la pandemia (84,6% deuda en 2017-2021). Los paises europeos más endeudados en junio 2026 (en relación a su tamaño económico) eran Grecia (140,8% del PIB), Italia (139,9% del PIB), Francia (119,1%), Bélgica (110,2%) y España (101,4%), seguidos de lejos por Portugal (96,9% PIB deuda), Finlandia (90,2%), Austria (83,6%) y Hungría (75,6%), siendo baja la deuda en Eslovenia (64,7%), Polonia (64,5%), Alemania (63,4%), Paises Bajos (43,7%), Suecia e Irlanda (35,3%) y Dinamarca (27,1% del PIB de deuda). En el caso de España, en julio ha bajado su deuda al 99,9% del PIB (1.744.000 millones), según el Banco de España, bajando por primera vez del 100% de deuda, tras haber llegado a un máximo del 124% del PIB en 2021 (por la pandemia). Y la Comisión Europea estima que nuestra deuda siga bajando, al 98,9% en 2027 y al 89% en 2031 (según FMI), mientras auguran que crezca la deuda de Italia, Francia, Bélgica y Alemania.

Este alto endeudamiento, sobre todo de Italia y Francia, ya ha provocado que los inversores reclamen ahora más intereses para seguir comprándoles deuda pública, máximo con la incertidumbre geopolítica, las guerras y las próximas elecciones en varios paises. Así, la deuda pública de Francia pagaba el viernes el 5,05% (llegó al 5,082 el jueves), frente al 3,21% que pagaba el 27 de febrero, antes del ataque a Irán (+1,84%). Italia paga el 4,58%, frente al 3,27% que pagaba a finales de febrero (+1,31%). La deuda española paga menos que la francesa o la italiana, 4,04% (+0,98% que en febrero) y también ha subido el interés de la deuda de Alemania, al 3,33% (+0,68% que en febrero). Y se han encarecido mucho la abultada deuda USA, que cuesta el 4,98% y llegó a cotizar al 5,14 el miércoles (+1,18% que a finales de febrero) y la deuda de Reino Unido, al 5,34% el viernes (+1,04% que en febrero).

Este encarecimiento de la deuda pública en todo el mundo, además de crear incertidumbre y bajadas en las Bolsas, dispara el gasto de intereses de los paises y aumenta su déficit público a niveles preocupantes. En EEUU, el déficit fiscal rozaba en septiembre los 2 billones de dólares, un 6% del PIB. Y en Reino Unido roza el 5,3%. En Europa, los 27 tenían un déficit público del 3,5% del PIB en junio, según Eurostat, con déficits públicos mucho mayores y preocupantes en Francia (5,1% del PIB, por eso se dispara el coste de su deuda), Bélgica (5,3%), Alemania (4,1%), Austria (3,4%), Italia (3,2% del PIB de déficit), Hungría (7,2%), Polonia (5,9%) o Rumanía (9,2% del PIB de déficit). España es el 5º país europeo con menos déficit público (2,2% del PIB en junio), como Grecia (2,2%) y Portugal (0,8%), ahora con las cuentas más saneadas que Francia, Alemania, Austria o Bélgica, los paises que en la crisis de deuda de 2010 les llamaban “derrochadores” (y “PIGS”)…

España es un modelo en Europa de cuentas públicas saneadas: el déficit público, que saltó del superávit en 2005, 2006 y 2007 (+1,9% del PIB) al -4,56% en 2008, se disparó con la crisis financiera al -11,6% del PIB en 2012 para bajar, con los ajustes al -3,1% del PIB en 2017 y mantenerse en el -3,06% en 2019. La pandemia disparó el déficit al -11,1% del PIB en 2021, pero a partir de ahí ha bajado año tras año, al -4,7% en 2022 y al -2,20% que cerró en 2025, gracias a que el fuerte crecimiento de la economía y el aumento extra de la población y del empleo han aumentado mucho la recaudación: de 213.000 millones ingresados en 2019 a 325.356 millones en 2025 (+51%), según la Agencia Tributaria. Eso ha permitido distintos Planes de ayudas contra la crisis (“escudo social) y aumentar pensiones y gasto social, a la vez que se recortaba el déficit público: hoy es la mitad del de Alemania y Francia.

Al margen del bajo déficit de España (que también reduce su deuda), la mayoría de los paises desarrollados han visto subir su deuda pública y los intereses que pagan, así como sus déficits públicos, según alerta el FMI, que plantea dos tipos de medidas: por un lado frenar o reducir el gasto público y por otro, intentar aumentar los ingresos públicos, para lo que sugiere varias medidas: poner una tasa a las empresas que facturen más de 100 millones de dólares, crear un impuesto digital (como ha propuesto el Parlamento Europeo) o aprobar otro impuesto nuevo sobre las apuestas deportivas digitales. Lo importante, según el FMI, es que los paises saneen sus cuentas públicas, para tener “un colchón” ante futuras crisis.

Pero la mayoría de los paises europeos se quedan sólo con una parte del consejo, el de recortar costes. Así, el canciller alemán Metz ha impulsado 3 paquetes de recortes sociales desde que llegó en 2025, poniendo en peligro su alianza de Gobierno con los socialdemócratas: un ajuste de 40.000 millones en sanidad y prestaciones sociales, un endurecimiento del acceso a los subsidios y a la renta básica y una reducción de ayudas familiares y sociales, mientras estudia una reforma de las pensiones (para recortarlas). En paralelo, el gobierno de Francia hace frente a su crisis de la deuda anunciando recortes de 54.000 millones de euros en su proyecto de Presupuestos para 2027, mientras Marine Le Pen (que podría llegar al Elíseo en 2027)  propone recortes de hasta 140.000 millones en 6 años y Melenchón (Francia Insumisa) propone gastar 80.000 millones más. Y en el tercer país con problemas de deuda y déficit, Italia, Meloni anticipa para 2027 recortes de gasto y no hacer las bajadas de impuestos prometidas, mientras gastará más en Defensa y energía.

Lo más grave es que Alemania y los otros paises “frugales” (Austria, Paises Bajos, Finlandia, Dinamarca y Suecia) exigen recortar el próximo Presupuesto de la UE para 2028-2034, para tener que aportar ellos menos al fondo común y reducir así sus abultados déficit y deuda. De momento, su presión ha conseguido que Irlanda (que preside ahora la UE) recorte un 8% el Presupuesto europeo previsto para los próximos 8 años (de los 1.760.000 millones de euros iniciales a 1.620.000 ahora), lo que supone recortar sobre todo los Fondos agrícolas y las ayudas regionales, también algunos Fondos para competitividad e investigación, mientras aumentan el gasto en Defensa, propuestas que no aceptan los paises del sur, con más peso del campo, encabezados por Italia, Francia, España y Portugal.

En la Cumbre europea del 15 y 16 de octubre no se alcanzó un acuerdo, pero Alemania y los “frugales” quieren un recorte mayor del 8%, lo que perjudicaría más a la Europa del sur. Y además, en un momento en que las protestas se generalizan en media Europa, mientras crece la ultraderecha cara a las próximas elecciones en España, Francia, Italia o Polonia. Parece mentira que cuando la mayoría de europeos sufren cada mes la crisis energética y las subidas de los carburantes y la luz (ojo: provocadas por las guerras de Putin y Trump), el encarecimiento de la vivienda y unos sueldos que no permiten llegar a fin de mes, los líderes europeos vuelvan a hablar de recortes, en lugar de aprobar nuevas ayudas, como tras la pandemia, y medidas para relanzar la economía europea, estancada y poco competitiva. Los europeos, sobre todo los españoles, griegos y portugueses, ya sabemos el alto coste económico y social de los recortes, porque los sufrimos entre 2010 y 2014, provocando una recesión, una enorme pérdida de empleos y deteriorando los servicios públicos.

En España, el hecho cierto de que tengamos unas cuentas públicas saneadas y una deuda pública a la baja no debería justificar ningún recorte del gasto público, sino que debería aprovecharse el mayor crecimiento y la fuerte creación de empleo para modernizar la economía, con más tecnología y digitalización, sacando recursos para impulsar inversiones y reforzar los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, faltos de personal y de recursos. Pero todo va a depender de las elecciones del 29-N. Porque si el resultado permite gobernar al PP y Vox, nadie duda que harán recortes (como han hecho en las autonomías donde gobiernan), aunque no se atrevan ahora a decirlo. Parece claro que su prioridad no será reforzar los servicios públicos, sino recortar su gasto y promover la privatización de la sanidad y la educación, como ya hacen en sus autonomías. Y “reformarán” las pensiones, para frenar el gasto, mientras aumentarán el gasto en Defensa y Seguridad. Así que mire bien a quién vota.  

Exportaciones: más mercancías y más talento

Los aranceles de Trump y las guerras en Irán y Ucrania no han frenado las exportaciones españolas, que crecen este año 10 veces más que el pasado, sobre todo a Europa y EEUU. Pero como seguimos creciendo, también aumentan las importaciones (más), sobre todo de petróleo, gas y coches, con lo que el déficit comercial sube un 30%, lo que provoca que el sector exterior nos reste crecimiento (-0,4%), aunque menos que en 2025. Lo llamativo es el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios, las que no van en contenedor o barco, los servicios profesionales, financieros, de ingeniería, informática o  telecomunicaciones que venden empresas españolas a otras de Europa y USA, sobre todo. “Exportación de talento”, uno de los pilares del crecimiento español, muy importante porque está creando empleo de calidad y mejor pagado. Ahora, la clave es seguir “exportando” estos servicios, para lo que España necesita contener precios y mejorar tecnologías, aunque la clave es que Europa avance en el mercado interior, quitando barreras y regulación.

                 España exporta cada vez más servicios profesionales a Europa y EEUU

Este martes se publicó el último dato de las exportaciones españolas, en agosto: subieron un +13,3%, con lo que alcanzan los 264.182 millones de euros en los primeros 8 meses del año, un récord histórico y +3,2% que en ese periodo de 2025 (cuando crecieron +0,3%, la décima parte que ahora) y más que en todo 2025 (+0,7%) y que en 2024 (+0,2%). Los aranceles de Trump y las guerras han provocado que España concentre más sus exportaciones en Europa (+3,7%), aunque también aumentan nuestras ventas a USA (+6% estos ocho meses) y China (+0,7%), aunque bajan las exportaciones a Latinoamérica  (-7,1%), Oriente Medio (-13%) y Asia (-5,6%). Las exportaciones que más han crecido hasta agosto son las energéticas (+34,2%), materias primas (+23%), maquinaria y bienes de equipo (+4,8%), automóvil (+1,1%) y manufacturas de consumo (+2,5%), aunque han caído las exportaciones de alimentos (-1,9%), productos químicos (-6,4%), medicamentos (-11%) y bienes de consumo (-1,8%).

En paralelo, también han crecido las importaciones (el doble, +6,5%), para “alimentar” el crecimiento español, mucho mayor que el del resto de Europa, por el aumento del consumo y la inversión. Destacan sobre todo las compras de energía (petróleo y gas), que han aumentado un +25,2% hasta agosto por el salto en los precios energéticos, y las importaciones de automóviles (+17,9%), por la mayor entrada de coches chinos (las importaciones chinas han crecido este año un +11,1%, aunque han caído un -0,1% las importaciones de EEUU).

Al final, aunque las exportaciones aguantan bien, como las importaciones crecen el doble, se ha agravado el déficit comercial de España con el exterior: el “agujero” era hasta agosto de -45.818 millones de euros, +30,5% que un año antes. Eso sí, seguimos teniendo un importante superávit comercial con Europa (+23.224 millones de euros, -11% que en 2025), manteniendo el superávit (les vendemos más de lo que les compramos) con 12 paises UE, entre ellos Francia (+11.792 millones), Italia (+1.858), Portugal (+12.921) y Polonia (+1.044 millones), más Reino Unido (+9.263 millones de superávit). Y tenemos déficit comercial con otros 14 paises UE, en especial con Alemania (-6.571 millones), Paises Bajos (-6.307), Hungría (-1723) y República Checa (-1.012), más Turquía (-1.394) y Rusia (-1.037 millones). Y fuera de Europa, tenemos déficit comercial sobre todo con China (-30.496 millones, dos tercios del déficit total, +13,4% que el año pasado), EEUU (-8.808 millones, -7,3% que en 2025, a pesar de los aranceles), Latinoamérica (-5.365 millones, casi el doble que el año pasado), Vietnam (-3.499 millones), Japón (-2.731 millones), India (-2.708 millones) y Corea del Sur (-1.695), así como con Nigeria (-3.700 millones) y Argelia (-2.868), por las compras de petróleo y gas.

En resumen, un balance comercial con claroscuros, ya que aumentan las exportaciones en un contexto internacional difícil, pero crecen el doble las importaciones (para alimentar nuestro mayor crecimiento), que suponen crear riqueza y empleo fuera de España, no dentro. Por eso, se prevé que el sector exterior reste crecimiento este año (-0,4% del +2,6% que se espera crezcamos), aunque restará menos que en 2025 (-0,7%), después de que las exportaciones hayan sido decisivas, aportando una parte del crecimiento entre 2021 y 2024.

Pero lo más llamativo es que hay “otras exportaciones” que siguen creciendo con fuerza y apoyando en positivo al crecimiento: por un lado las “exportaciones turísticas” (que aportan un 0,23% del crecimiento del PIB entre 2020 y 2026) y, sobre todo, las “exportaciones de servicios”, uno de los pilares del actual crecimiento español (aportan un 0,55% del crecimiento anual entre 2020 y 2026), según un estudio de CaixaBank. Esto significa que estamos asistiendo a un cambio estructural en el sector exterior de España: se mantienen las exportaciones de mercancías, pero lo que más crecen son “exportaciones” de alto valor añadido, las de los turistas que nos visitan (y gastan) y, sobre todo, las exportaciones de servicios que prestan las empresas españolas a otras empresas y paises en el extranjero.

Las “exportaciones de servicios” son variadas: exportaciones de servicios profesionales empresariales, desde consultorías a ingenierías (ojo: cerca del 70% de la facturación de las ingenierías españolas procede de proyectos en el extranjero, cuando la media en Europa de “ingeniería en remoto" es del 20%), las exportaciones de servicios informáticos (datos y ciberseguridad) y telecomunicaciones, servicios de transporte, ingresos por exportación de propiedad intelectual, los servicios financieros y de aseguradoras, los servicios culturales y a Gobiernos y administraciones públicas extranjeras. Todos ellos han pasado de aportar el 4,3% del crecimiento español (PIB) en 2007 al 7% en 2026, según CaixaBank Research. Y a aportaron el 0,55% del crecimiento anual del PIB entre 2020 y 2026, más otro 0,23% aportado por los “servicios turísticos”, compensando que las mercancías no aporten ahora nada al crecimiento. A lo claro: uno de los motores del crecimiento es la exportación de servicios.

Los servicios que más crecen y ayudan a la economía son los servicios tecnológicos y profesionales (consultoría profesional y de gestión, servicios técnicos y profesionales, informática e información y servicios de telecomunicaciones), que explican ellos solos el 30% del crecimiento español en el último año, según Funcas. Y además, su valor se ha duplicado en el último lustro, creciendo mucho más que las importaciones de servicios, con lo que España, que tiene un elevado déficit comercial (-45.818 millones hasta agosto) lo compensa con creces con el elevado superávit en estos servicios no turísticos (+46.500 millones de superávit en el último año) y con otro superávit aún mayor en los servicios turísticos (+73.500 millones en el último año). Así que gracias al turismo y los servicios no turísticos a otros paises, España tiene superávit con el exterior desde 2013, cuando llevábamos siglos teniendo un tradicional déficit exterior (y tras la guerra Civil, hasta 2013).

Lo importante es que España “exporta” estos servicios profesionales (no por contenedor, sino por Internet o in situ) a los paises más desarrollados: el 51% a los paises europeos y el resto a EEUU y otros paises avanzados, muchas veces de la mano de filiales en España de grandes multinacionales. Y son servicios “de alto valor añadido” (caros), intensivos en conocimiento (“talento”), por lo que generan empleo muy cualificado y mejor pagado, gracias a que genera altos márgenes y beneficios en España. De hecho, el empleo “tecnológico” (impulsado por estos crecientes contratos con otros paises) creció en España el doble (+45,8%) que el empleo en otros sectores entre 2015 y 2025, según la Fundación COTEC. Y sus sueldos oscilan entre los 45.000 y los 52.000 euros brutos, frente a la media salarial de 29.540 euros (INE).

España está destacando en la “exportación” de servicios profesionales porque tenemos algunas “ventajas competitivas”: menores costes laborales y de la energía, estratégica posición geográfica (entre Europa, América, África y Oriente Medio), una excelente conexión exterior (gracias al acceso a 30 cables submarinos) y una generalización de la conectividad (95% del país conectado por fibra óptica, frente al 69% en la UE), factores que facilitan el trabajo exterior de nuestras empresas. Y cara al futuro, la Inteligencia Artificial abre nuevos caminos para estas “exportaciones de servicios”, un sector que ha resistido mejor que la mayoría las distintas crisis desatadas tras la pandemia.

Cara al futuro, estas exportaciones españolas de servicios todavía tienen un alto margen para crecer, dado que los servicios para desarrollar la IA van a ser los protagonistas del comercio mundial en los próximos años, según la OMC. Y también porque España tiene una gran competitividad y especialización en servicios profesionales, técnicos y de tecnologías de la información (TIC), aunque tiene menos presencia en la exportación de servicios de I+D y propiedad intelectual, algo que tiene que ver con el menor gasto de España en investigación e innovación (el 1,4% del PIB frente al 2,1% de media en la UE).

Para seguir creciendo en estas exportaciones de servicios, España tiene que avanzar en varios retos propios. Uno, mantener los costes más bajos, sobre todo ahora que sube la inflación, para compensar el retraso tecnológico en algunos campos, mejorando la competitividad y la innovación. Segundo, hay que ampliar el espectro de los “exportadores de servicios”, porque ahora está concentrado en grandes empresas y multinacionales (hay pocas pymes, pocas “empresas gacela”: el 0,1% frente al 0,5% en la UE). Y además, hay que facilitar financiación a las empresas especializadas en prestar servicios al extranjero, que no consiguen acceder a fondos españoles ni europeos como sí lo hacen en EEUU.

Pero no todas las tareas son para España. La clave para que las empresas de servicios españolas crezcan más fuera es que Europa profundice el mercado único, porque actualmente hay demasiadas barreras regulatorias que dificultan su trabajo. Según los expertos, persisten en la UE-27 el 60% de los obstáculos detectados hace 20 años para la prestación de servicios transfronterizos y la movilidad laboral. Y en paralelo, falta la armonización fiscal y de los mercados de capitales para facilitar la inversión en estos servicios intereuropeos.

Ya el informe Draghi, presentado en septiembre de 2024, denunciaba que el exceso de regulación desincentivaba las inversiones en Europa, también las de los servicios profesionales. Su objetivo era reducir la burocracia UE al menos un 25% para 2027. El problema es que hoy, más de 2 años después, los expertos señalan que sólo se ha cumplido un 16% del Plan Draghi… Menos de 30 de las 176 propuestas que planteaba. Y lo peor es que este incumplimiento no es sólo por falta de inversión, sino que la mayoría de tareas pendientes son “por falta de consenso para acordar cambios normativos” sobre reducción de trabas administrativas y simplificación regulatoria…

En resumen, España está consiguiendo que crezcan las exportaciones de mercancías, a pesar de los aranceles y guerras, pero lo que nos está salvando el crecimiento son las “exportaciones de servicios turísticos” (quizás 100 millones de turistas este año, que se gastarán 121.000 millones de euros) y, sobre todo, las “exportaciones de servicios profesionales y tecnológicos”, que explican casi un tercio del crecimiento en el último año y crean cada vez más empleo, de calidad y bien pagado. Así que nos están salvando las “exportaciones de talento”, las que no viajan por contenedor sino por Internet, apoyadas en la excelente conectividad digital de España. Hay que apoyar más a estas empresas y ampliar estos servicios exteriores a las pymes, para seguir compitiendo en el mundo, sobre todo en Europa. Para conseguirlo, urge que Bruselas avance rápido en el mercado único, reduciendo trabas y regulaciones, para que nuestras empresas vendan mejor sus servicios. De ello dependerá buena parte del crecimiento y el empleo futuros.

Ciberataques al alza

Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, donde casi todo pasa por Internet. Y eso facilita el fraude y los ciberataques, por mafias y particulares que utilizan sistemas muy sofisticados para robarnos datos, material y dinero. Los ciberdelitos se han disparado y no afectan sólo a Gobiernos y empresas, sino a todos nosotros, desde el robo de nuestros datos en una energética o teleco al corte de la luz en supermercados (Francia) o el robo de dinero en los bancos, que crece imparable. Tanto que una sentencia del Tribunal europeo de Justicia acaba de decidir que los bancos deben pagar los daños sufridos por sus clientes. Europol alerta sobre el aumento de la cibercriminalidad, mientras en España hay casi tantos ciberdelitos como hurtos. Urge que Gobiernos y empresas inviertan más en ciberseguridad, porque el uso de la Inteligencia Artificial (IA) dispara los ciberataques. Europa quiere reforzar su Directiva contra estos ciberdelitos, mientras España no ha aprobado la Ley de Ciberseguridad. Todos debemos defendernos mejor frente a los ciberataques.  

                                    Enrique Ortega

La gran desventaja de que todo el mundo funcione hiperconectado a Internet es que somos muy vulnerables a los ataques, desde la energía, los transportes o las infraestructuras básicas a los datos sanitarios o nuestras cuentas bancarias. Y cada día más. De hecho, se estima que cada segundo se producen 500 ciberataques en el mundo. Y los daños son tales que habrán superado los 12,5 billones de dólares en 2026, el 1,2% del PIB mundial. Así que la ciberdelincuencia se ha configurado ya como el primer negocio criminal en el mundo, por delante de las drogas, la trata de personas o el tráfico de armas. Un negocio ilegal que tiene dos ventajas, según los expertos: requiere poca inversión previa y pocos medios y tiene un enorme “retorno” (el 1.400%). Y en los últimos años, cuenta además con la inestimable ayuda de la Inteligencia artificial (IA), que sofistica y mejora los ciberataques.

En 2025, los ciberataques “documentados” en el mundo crecieron un +42%, alcanzando los 7.979 incidentes (frente a 5.613 en 2024), según el informe Ciberinteligencia 2025, de Secure&IT . Y se identificaron 163 grupos de ciberdelincuentes activos a escala internacional (frente a 114 en 2024), de los que 7 grupos concentran el 40% de los grandes ciberdelitos, destacando el grupo Qilin (12,7% de los grandes ciberdelitos mundiales), Akira (8,25% ciberdelitos) y Play (4,8%). Todos ellos operan bajo esquemas de “Ransomware-as-a-Service (RaaS)”, un modelo que funciona como una franquicia criminal en la que los desarrolladores alquilan su malware a afiliados que ejecutan los ataques. Por paises, EEUU fue el más atacado en 2025 (tuvo el 52% de los grandes ataques documentados), seguido de lejos por Canadá (5%), Reino Unido y Alemania (4% cada uno). España quedó en 7ª posición, según Secure&IT, con 170 grandes ataques, el 10% de los ataques en Europa.

En 2026, los datos revelan un gran salto en los ciberataques, propiciado por la dependencia de las empresas y organizaciones de proveedores y plataformas externas (que facilitan la entrada de virus maliciosos) y, sobre todo, por la mayor utilización de la Inteligencia Artificial (IA) por los ciberdelincuentes, lo que facilita los ataques a muchos particulares no profesionales. Los últimos datos disponibles, de septiembre de 2026, revelan que las empresas del mundo han sufrido de promedio 2.803 ataques significativos por semana, +48% que hace un año, según Check Point Research. Y en España, el mes pasado hubo un promedio de 2.507 ciberataques documentados por semana, un 28% más que hace un año.

En conjunto, el coste mundial del cibercrimen ronda este año los 12,5 billones de dólares anuales (10,97 millones euros) y cada ataque importante cuesta a las empresas y Gobiernos una media de 4,4 millones de dólares, según el último informe de NTT Data. En el primer semestre de 2026, EEUU sufrió 18.811 ataques documentados, más de la mitad del total. Y le siguieron, lejos, India (4.461 ataques), Reino Unido (3.448), Francia (2.750), Indonesia (1.631), Canadá (1.344). Australia (1.196), Brasil (1.137), Alemania (1.126), Italia (1.065), México (949) y España, en el lugar 12º, con 899 ataques graves, +45% que en la primera mitad de 2025, un aumento mayor que el de Alemania (+31%). Algunos ciberataques en 2026 que han trascendido son los ataques a la plataforma turística Booking (abril 2026), a Endesa (principios de año, a los datos de clientes de Zara (mayo), al sistema de la autoridad portuaria de Vigo (marzo),a algunos centros de salud y a servidores de Ayuntamientos (Valdemoro). Las pymes son el sector más expuesto (al estar menos protegidas) : un informe de Kaspersky revela que el 86% de las pymes españolas sufrió al menos 1 ciberataque en el último año.

El informe más completo sobre los ciberataques en España, con datos de 2025, lo publicó en febrero INCIBE (el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León). Ahí reflejan que intervinieron en 122.223 ciberataques en 2025, un aumento del +26% sobre 2024 (97.348 ciberataques documentados). La mayoría se dirigieron contra empresas que prestan servicios esenciales: banca (el 34% de los ataques), transporte (14%), energía (8%), infraestructuras de los mercados financieros (7%), aseguradoras y fondos de pensiones (7%). Casi la mitad de los ataques documentados  (55.411) son “malware”(“virus informáticos), programas diseñados para infiltrarse sin permiso en redes y ordenadores. Le siguen los incidentes de fraude online (45.445, la mayoría a clientes de banca). Otros ataques muy generalizados (25.133 incidentes) fueron “phising”, correos y mensajes para robar datos. Y aunque son menos, los más costosos son los ataques de “ransomware” (392 importantes en 2025), que bloquean accesos a archivos o Webs a cambio de dinero (“secuestros digitales”).

Los expertos señalan que este fuerte aumento de los ciberataques se debe a varios factores:  la mayor exposición digital de empresas y particulares, la creciente participación en la cadena de datos de terceros (proveedores y clientes, que acaban siendo el eslabón más débil para facilitar los accesos ilegales), la mayor sofisticación de los ciberdelincuentes (que gracias a la IA utilizan plataformas de ciberataques sin tener una gran formación como “hackers) y, sobre todo, la mayor conectividad de los usuarios. Un ejemplo: el 85% de los sistemas infectados por ciberdelincuentes se producen en dispositivos inteligentes (IoT), como TV, lavavajillas, robots de limpieza o reproductores multimedia conectados a la red en nuestras casas. Y también ayuda a la ciberdelincuencia que España sea el país que recibe más turistas del mundo, lo que multiplica los ciberataques a plataformas de reservas, hoteles o líneas aéreas.

Otra estadística muy reveladora de los ciberdelitos es la del Ministerio del Interior, que informa de los ataques informáticos denunciados por empresas y ciudadanos. En 2025, se denunciaron 489.248 ciberdelitos, +5,3% que en 2024 pero 6 veces más de los ciberdelitos denunciados en 2016 (70.128). Y casi se denuncian tantos ciberdelitos como hurtos (633.888 robos sin violencia en 2025). La mayor parte de estas denuncias (430.493) son estafas informáticas, siendo sólo 58.755 los otros ciberdelitos (sabotajes, ataques a la intimidad o a los derechos de autor). Con todo, lo llamativo es que los ciberdelitos suponen el 20% de toda la criminalidad en España, según Interior. Sin embargo, el 97% de las estafas informáticas denunciadas quedan impunes, sin condena de los Tribunales.

Uno de los delitos informáticos que más crece son los ataques a las cuentas bancarias de los españoles (las tienen el 98%): los bancos detectan que los intentos de estafa han aumentado un +19% (se estima que la mitad de clientes han sufrido algún intento de ataque) y el importe medio sustraído ha crecido un +63%, con una sofisticación creciente (los ciberdelincuentes clonan Webs y perfeccionan con la IA los mails y mensajes que envían a los clientes, a veces con sonidos e imágenes de jefes, amigos o familiares). Por eso, en diciembre de 2025, la patronal de la banca y las Cajas, junto al Ministerio de Economía, crearon una Brigada antifraude para impulsar medidas efectivas contra el fraude digital y para reforzar la seguridad de la operativa online (por eso ahora recibimos más alertas de los bancos con consejos sobre ciberseguridad).

El problema es que los bancos tratan de “escaquearse” cuando uno de sus clientes ha sufrido un ataque informático y le han robado su dinero. Los casos son diarios y muchos ataques acaban en los Tribunales, porque el banco se niega a devolver al cliente lo perdido, alegando que ha sido por su culpa, por dar las claves (por engaño de los ciberdelincuentes) o no tener sistemas de protección en ordenadores y móviles. Pero la jurisprudencia está dando la razón a los clientes, tras la sentencia del Supremo de 9 de abril de 2025, que obligaba a los bancos a “asumir la responsabilidad de las operaciones no autorizadas derivadas de la suplantación de identidad”. Y eso se reforzó la semana pasada, el 15 de octubre, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: obliga a los bancos europeos a devolver a sus clientes el dinero sustraído en las ciberestafas “aunque el cliente haya sido negligente”. Así que ahora, el banco devuelve lo perdido y luego si quiere reclama ante los Tribunales, aunque en este caso tiene que demostrar una conducta negligente del cliente (algo difícil).

Ante este aumento de los ciberataques a las cuentas bancarias, el Banco Central Europeo convocó en abril a los principales bancos europeos a una reunión para pedirles Planes de contingencia, solicitud que repitió el 7 de julio, dándoles de plazo hasta el 31 de octubre para presentarlos al BCE, que va a poner en marcha test y pruebas para probar su eficacia. El gran temor del BCE es que se disparen los ciberataques a la banca europea con la utilización por los ciberdelincuentes de la herramienta Mythos, desarrollada por Anthropic, empresa USA líder de la Inteligencia Artificial (IA).

Precisamente, todos los expertos señalan que la Inteligencia Artificial (IA) está disparando los ciberataques y lo hará más en el futuro. De hecho, la IA es ya la principal herramienta de los ciberdelincuentes, que la utilizan en el 80% de los correos de “phishing” (robo de datos) y de los despliegues de “ransomware” (“secuestro informático”), con campañas muy personalizadas que eliminan errores lingüísticos y evaden los sistemas de detección tradicionales. Además, la IA facilita a las redes cibercriminales fragmentar y profesionalizar sus “servicios”, a través de plataformas donde “alquilan” sus infraestructuras de ataque y virus informáticos a bajo coste, permitiendo que delincuentes con pocos conocimientos técnicos ejecuten ataques informáticos sofisticados. Y además, la geopolítica y los conflictos entre bloques facilitan también los ataques a infraestructuras críticas como una forma de “guerra híbrida”, financiada por Gobiernos y grupos que buscan sabotear, desinformar y desestabilizar.

Por todo ello, los ciberataques son una de las grandes preocupaciones de todos los Gobiernos, también en Europa, donde el último informe de Europol (la policía europea) alerta de que la innovación tecnológica (IA, plataformas cifradas, tecnología blockchain y las infraestructuras digitales) permite a las redes de delincuentes escalar en sus actividades criminales, lo que convierte la ciberdelincuencia, el fraude online y los ciberataques en “las amenazas que más crecen y la prioridad estratégica de Europol”. Y por eso, la Comisión Europea presentó en enero de 2026 una propuesta de nuevo Reglamento para elaborar una nueva Ley de Ciberseguridad de la UE, que mejore la actual Directiva de Seguridad (Directiva 2022/2025), conocida como NIS2, aprobada el 14 de diciembre de 2022.

España es uno de los pocos paises europeos que todavía no ha traspuesto esa Directiva Europea NIS2, que ahora se va a reforzar. Teníamos de plazo para hacerlo hasta el 17 de octubre de 2022, pero el Gobierno no aprobó un Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad hasta el 14 de enero de 2025, que lleva desde entonces en ronda de consultas por varios organismos, sin que haya sido aprobada como proyecto de Ley. Por ello, la Comisión Europea denunció, el pasado 8 de julio, a España, Irlanda, Francia y Paises Bajos ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede conllevar una condena y una multa. Máxime cuando ha acabado la Legislatura y habrá que ver lo que hace el próximo Gobierno.

La frustrada Ley de Ciberseguridad establecía la obligación para entidades y empresas de aprobar Planes de Ciberseguridad, básicamente en sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y entidades públicas. La Ley de Ciberseguridad afectaría a organismos y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones de euros de negocio), aunque también a pequeñas empresas de sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas, alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e investigación científica. Y obliga a informar de los ataques e incidentes significativos y comunicárselo a las personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y supervisará la estrategia de organismos y empresas.

Al no aprobarse la Ley, tampoco se ha podido crear el Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito a la Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad de organismos, empresas y ciudadanos Y en paralelo, habría que destinar más recursos públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos y ayudas para que las empresas se gasten más en ciberseguridad (sobre todo las pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y contraten a más expertos (en España hay 3.431 empresas de ciberseguridad, que facturan 6.351 millones de euros y emplean a 165.000 profesionales), formando mejor a sus empleados (faltan 80.000 especialistas en las empresas) para cerrar las brechas a los ciberdelincuentes. De hecho, sólo el 4% de las organizaciones españolas cuentan con infraestructuras adecuadas para afrontar ataques informáticos sofisticados.

Y luego queda que nosotros, los internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en antivirus (nos gastamos en videocámaras y puertas blindadas pero no en proteger ordenadores, tablets y móviles) y seamos más precavidos en Internet (descargas, correos, WApp, redes, compras…). Nos jugamos nuestro dinero y nuestra intimidad.

China invade Europa (comercialmente)

Hoy y mañana, los líderes europeos se reúnen en Bruselas para debatir el futuro de la Unión Europea, con un punto clave en el orden del día: mejorar la competitividad y sobrevivir a la competencia de EEUU y China. Una cifra sobrevuela la Cumbre: 1.000 millones de euros al día, el déficit comercial de Europa con China, que nos desvía más exportaciones tras los aranceles de Trump. Lo más llamativo son las ventas de coches chinos, un tercio de los electrificados que se venden en Europa (el 38% en España, donde 1 de cada 5 concesionarios son de marcas chinas). Alemania y Francia defienden medidas duras frente a la “invasión china”, aunque todos saben que es mejor pactar. De momento, China ha aceptado reducir a la mitad los coches híbridos que nos vende, mientras busca instalar fábricas en Europa que eviten los controles y aranceles (6 en España). La clave para frenar la invasión china (y la pérdida de empleos) no es poner trabas y aranceles sino ser más competitivos.

          Barco con coches para Europa de BYD, empresa china líder en vehículos electrificados 

Los aranceles de Trump han provocado, en el último año y medio, que China desvíe cada vez más exportaciones a Europa. Ya en 2025, el déficit comercial de la UE con China creció un +22%, hasta los -371.560 millones de euros, un “agujero” comercial que duplicaba con creces el de una década antes (-150.353 millones de euros en 2015), según Eurostat. En esos 10 años, las compras europeas a China han crecido un +90%, mientras las ventas de la UE al gigante asiático crecieron casi la tercera parte, un +37%. Y este año, con datos oficiales hasta julio, Europa mantiene un déficit acumulado de -238.060 millones de euros. Y todos los meses, el “agujero comercial” con China ha superado los 32.000 millones de euros (-36.565 millones en julio), más de 1.000 millones de euros diarios, una cifra que asusta. Y que contrasta con el superávit que tiene la UE con EEUU (+17.931 millones de euros en julio), Reino Unido (+17.834 millones), Rusia (+608 millones) y Japón (+503 millones), aunque tiene un ligero déficit con Noruega (-5.058 millones), Corea (-1.872) e India (-1613 millones).

En definitiva, que Europa tiene un grave problema comercial con China, mientras mantiene un superávit con la mayor parte del mundo. Un problema que se debe a las crecientes importaciones de China de equipos de telecomunicaciones y audio, equipos de oficina y ordenadores, maquinas y aparatos eléctricos y coches, quizás lo más llamativo de las exportaciones chinas a Europa. En 2025, se vendieron 812.190 coches chinos en Europa (31 paises), el 6,1% del total (el doble que en 2024, que eran el 3,1% de las ventas). Y este año 2026, de enero a agosto, ya se han superado el millón de coches chinos vendidos(1.034.685 vehículos, un 11,25% del total ) en toda Europa (la UE, Reino Unido, Noruega, Islandia y Suiza) Pero lo más llamativo es que casi la cuarta parte de los coches híbridos vendidos en Europa son chinos (el 23,7%) y 1 de cada 5 coches eléctricos (el 20%). Y lo más preocupante, según la patronal europea ACEA: de los 500.000 coches más vendidos en Europa este año hasta agosto, 419.000 eran coches chinos…

En España pasa lo mismo, incluso más. En 2025 se vendieron 115.953 coches chinos, el 10,09% de todas las ventas (el doble que en 2024, que fueron el 4,65%, frente sólo el 0,1% en 2019). Este año 2026, con datos hasta septiembre, se han vendido ya en España 153.204 coches chinos (+65,5%), un 16,8% del total de ventas. Pero lo preocupante es que la venta de coches chinos es mucho mayor en el mercado de coches electrificados: suponen un 43,5% de las ventas de híbridos enchufables (50.791 coches chinos, liderados por BYD, con 20.151 coches vendidos hasta septiembre, seguida de Ebro y Chery) y un 31,5% de todas las ventas de coches eléctricos puros (31.614 coches chinos, encabezados por BYD, con 14.233 coches vendidos hasta septiembre, por delante de Tesla y la china Leapmotor). Así que los coches chinos lideran en España las ventas de coches electrificados (eléctricos más híbridos enchufables), con 82.405 coches vendidos hasta septiembre (34.784 de BYD, el líder mundial, que ha superado a Testa), un 38% de cuota en este mercado. 

El “boom” de ventas de coches chinos, sobre todo en los segmentos de futuro (híbridos enchufables y eléctricos) se asienta en una oferta muy competitiva de 37 marcas, con grandes descuentos y unos equipamientos y extras de serie muy completos, apoyados en una red de concesionarios cada vez más extensa. En España había en octubre 983 concesionarios de 27 marcas chinas, destacando los 115 concesionarios de SAIC Motor (MG y 6 marcas más, que matricularon 35.300 coches hasta septiembre), los 107 concesionarios de BYD (que matricularon otros 34.385 coches), 105 concesionarios del grupo Chery (Omoda y Jaecoo), 100 de Ebro, 65 de Changan/Deepal y otros 65 de Leapmotor. Y la previsión es que para final de año estén abiertos ya 1.200 concesionarios de marcas chinas, con lo que serán 1 de cada 5 concesionarios de automóviles abiertos en España (5.600), el doble que en 2025.

Esta “invasión” de coches chinos en Europa, también en España, se consolida y crece, a pesar de que en octubre de 2024, la Comisión Europea aprobó unos aranceles extraordinarios a los coches chinos (el 7,8% a los Tesla fabricados en China, el 17% a BYD, el 18,8% a Geely o el 35,3% a SAIC), que se sumaban al 10% que ya se aplicaba anteriormente, lo que totalizaba un arancel del 17,8 al 45,3%. Pero estos aranceles (justificados por las ayudas públicas que reciben los fabricantes chinos, entre 3 y 7 veces superiores a las que reciben los fabricantes de los paises OCDE) no han surtido efecto por varias razones. Una directa, que no se aplican a los coches híbridos, los más vendidos. Y otra fundamental, que los fabricantes chinos se las han ingeniado para “ensamblar” coches en Europa (importan las piezas y las montan, incluso con personal chino), nada menos que 1,1 millones de coches en 2025, eludiendo así los aranceles. Empezaron en Hungría en 2025 y han seguido después en Austria, Francia, Italia y España (en las antiguas fábricas de Nissan y Santana Motor). Y además, han anunciado que van a fabricar coches chinos en Coruña (SAIC, 120.000 a finales de 2028), Figueruelas y Madrid (con Stellantis) y  en Almusafes (en la planta de Ford), mientras la china Changan estudia también instalarse en Aragón.

Pero no son sólo coches. China ha multiplicado sus exportaciones a Europa en el último año y medio, para sortear los aranceles de Trump. Y en paralelo, ponen cada vez más restricciones a las empresas europeas en China, que denuncian obstáculos regulatorios, trato desigual en la contratación pública y dificultades crecientes para competir en igualdad con las empresas chinas. Todo ello ha disparado el déficit comercial con China, esos más de 1.000 millones diarios que escandalizan en Bruselas. Y sobre todo en Alemania y Francia, los paises más afectados por la “invasión china” y donde ya se han anunciado despidos, sobre todo en las industrias automovilísticas (Volkswagen: 100.000 despidos en el mundo, 50.000 en Alemania). Baste el dato de que el déficit comercial de Alemania con China fue de -55.000 millones de euros en el primer semestre y -50.300 el de Francia, alcanzando -23.600 millones el de Italia y -22.599 el de España (-42.278 millones en todo 2025, el doble que en 2019).

Estos datos explican que Macron y Merz se reunieran el 5 de octubre para lanzar un mensaje conjunto: no se podía seguir así, con este tremendo desequilibrio comercial frente a China. Y mandaron una carta conjunta a la presidenta Von der Leyen para reclamar a la Comisión una serie de propuestas, incluida la creación de un mecanismo que permita incluso excluir a China (sin citarla en el documento) del acceso al mercado europeo si causa distorsiones graves, una activación que podría aprobarse por mayoría cualificada. Dos días después, el 7 de octubre,  el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría (454 votos) una Resolución para reequilibrar las relaciones económicas con China, porque “han llegado a un punto crítico”. Y al día siguiente, el Comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic celebró una Cumbre UE-China en Pekín (8 y 9 de octubre) con dos puntos clave: las exportaciones chinas y las dificultades europeas de acceso a su mercado.

El Comisario UE se volvió a Bruselas con algunos acuerdos. El más llamativo, que China aceptaba reducir a la mitad, desde diciembre,  sus exportaciones a Europa de coches híbridos e híbridos enchufables: un cupo de 350.000 coches anuales, frente a los 800.000 que estima la Comisión exportan ahora. Pero no ha habido acuerdo sobre las exportaciones a Europa de los coches eléctricos chinos, que están creciendo exponencialmente. También aceptaron rebajar los aranceles chinos a una serie de exportaciones europeas (helados, calzado, componentes de automoción y aceite de oliva) por valor de 4.000 millones de euros (lo que supone un ahorro para estas empresas de 225 millones de euros). Y además se promete un mayor acceso de Europa a las tierras raras y otras materias primas estratégicas chinas, aunque no se ha resuelto las quejas del sector químico europeo.

Estos acuerdos UE-China se van a abordar en la Cumbre de líderes europeos que se celebra este 15 y 16 de octubre en Bruselas, una reunión cuyo primer punto del orden del día es “Competitividad” (“Competitiveness”) y donde la prioridad es qué hacer con China, como afrontar ese déficit insoportable de 1.000 millones de euros diarios. Alemania y Francia persisten en su postura dura, de aprobar un mecanismo (un “interruptor de emergencia”) que frene en seco las exportaciones chinas si no las rebajan y facilitan la entrada de empresas europeas en China. Otros paises y parte de la Comisión son más partidarios de negociar y pactar, porque creen que Europa tiene más que perder en una “guerra comercial” con China. Antes de esta Cumbre, parece que la postura de Pedro Sánchez es menos dura que la de Macron y Metz: ha visitado oficialmente 4 veces China desde 2023 y el Gobierno ha ayudado y facilitado la instalación de empresas automovilísticas chinas en Europa, que parece la estrategia de China para eludir las barreras europeas.

Con todo, el problema comercial con China es grave y está afectando a muchas industrias y empleos en Europa, especialmente en Alemania y Francia, aunque también a España, porque somos el 2º mayor productor europeo de coches. Y además, nuestro déficit comercial con China no para de crecer, en todos los sectores (no sólo en coches y vehículos, también en teléfonos, ordenadores, componentes, maquinaria y bienes de equipo), lo que crea riqueza y empleo en China, no en España. Y muchos expertos dudan que la fabricación de coches chinos en España aporte mucho empleo (se ensamblan piezas, con personal chino) y tecnología, poniendo en peligro el resto de fábricas internacionales (17 fábricas de vehículos y componentes, con 66.000 empleos directos y 870.000 indirectos).

Pero este disparatado déficit con China es sólo un síntoma del primer problema de Europa (y de España): la menor competitividad, que facilita la entrada de productos extranjeros (chinos y norteamericanos sobre todo) en Europa, aunque también les ayuden las ayudas públicas en el caso chino (que supone “competencia desleal”). Por eso, el primer punto del orden del día de la Cumbre europea de hoy y mañana es “Competitividad”: cómo conseguir reconvertir la economía europea para que sea competitiva y tecnológicamente avanzada, tanto en la digitalización y la Inteligencia Artificial como ecológicamente sostenible.

Hace dos años, la Comisión Europea encargó a Mario Draghi, ex primer ministro italiano y ex presidente del BCE, un Plan para frenar el declive económico de Europa. Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable.  Para responder a estos retos, propone avanzar en varios frentes: una nueva estrategia industrial (basada en la innovación, la tecnología y la digitalización), conseguir un verdadero mercado único europeo (“más Europa), alinear las políticas industriales, comerciales y de competencia de los 27, aumentar la inversión europea y reformar la gobernanza de la UE, con más coordinación y menos burocracia. Y además,  propone decenas de medidas en 10 sectores relevantes: energía, materiales críticos, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias consumidoras de energía, tecnologías verdes, automóvil, industria Defensa y espacial, farmacéuticas y transporte.

Draghi presentó su Plan el 9 de septiembre de 2024, con una premisa importante: para reindustrializar Europa había que crear un Fondo que movilizase 800.000 millones al año de inversión (pública, con deuda y Presupuestos, y privada), Fondo del que nada se sabe, salvo que hay paises (Alemania el 1º) que quieren recortar un 8% el gasto en los próximos Presupuestos UE 2028-2034. Y hoy, más de 2 años después, los expertos señalan que sólo se ha cumplido un 16% del Plan Draghi… Menos de 30 de las 176 propuestas que planteaba. Y lo peor es que este incumplimiento no es sólo por falta de inversión, sino que la mayoría de tareas pendientes son “por falta de consenso para acordar cambios normativos” sobre reducción de trabas administrativas y simplificación regulatoria…

Mientras Europa no reacciona e incumple las propuestas de Draghi, los coches chinos inundan ya nuestras calles, como los móviles, ordenadores y multitud de productos producidos en la gran fábrica del mundo, que sigue a pleno rendimiento a pesar de los aranceles y las guerras de Trump. Es hora de que Europa se ponga de verdad las pilas y tome medidas eficaces para no perder el tren del futuro, sobre todo ante China pero también ante EEUU, Asia y muchos paises emergentes. Ahí nos jugamos el empleo, el nivel de vida y el Estado del Bienestar europeo: sin crecimiento y sin exportaciones, no habrá la Europa que conocemos y defendemos. Eso es lo que se juega en la Cumbre europea de esta semana. Me temo que será otra oportunidad perdida. Reaccionen.

Alerta de los dueños de la Inteligencia Artificial

Mucho se ha hablado de los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), desde la posible manipulación a la pérdida de empleos. Ahora hay una alerta nueva: la de los dueños de la IA, los millonarios que la promueven y que acaban de decir en la ONU que esta tecnología “puede ser peligrosa para la humanidad”, mientras se conocen entradas ilegales en Australia y su utilización para armas físicas y biológicas. Los grandes de la IA en USA piden “frenar los desarrollos”, quizás como estrategia de marketing y para frenar a la competencia (en USA y China). Pero siguen buscando financiación (billones) y con planes de salida a Bolsa, lo que alimenta además la preocupación por el estallido de la  burbuja de la IA (como las punto.com en el 2000). Con todo, la clave ahora es forzar una regulación mundial de la IA (como tiene Europa) y controlar su desarrollo. Porque lo peligroso no es la IA sino los tecno millonarios que están detrás con un poder absoluto. Ellos sí dan miedo.

Esta última historia empezó el 9 de septiembre, cuando un joven investigador de Anthropic (la 2ª mayor empresa USA de IA, creada en 2021) dimitió de su puesto y publicó un tuit en X donde alertó que la Inteligencia Artificial puede acabar con la civilización. “Puede matarnos a todos antes de 2030”, vaticinó. Tres días después, el 12 de septiembre, su jefe, el consejero delegado de Anthropic (que comercializa “Claude” desde marzo de 2023) , Darío Amondi, publicó un artículo (“We Must Pace the Frontier”: debemos marcar el ritmo de la frontera) donde alertaba que la IA avanza más rápido de lo que la humanidad puede comprender y controlar y proponía “desacelerar el avance a las capacidades de la IA para dar tiempo a que la seguridad y la alineación alcancen el mismo nivel”. Y siguiendo la senda, al día siguiente es Sam Altman, consejero delegado de OpenAI (la empresa pionera de la IA, que lanzó ChatGPT en 2022) anunció que retrasaba la salida a Bolsa de la empresa (a 2027) por “la inquietud sobre los riesgos de la IA”. Y ese mismo día, Demis Hassabis, líder de la IA de Google (“Gemini”) llama también a “ralentizar el desarrollo de la IA, por prudencia”.

Un movimiento “coordinado” de los dueños y promotores de la IA para frenar y ralentizar su desarrollo. Y para que se viera que no sólo eran tuis y artículos, los “tecno oligarcas” USA de la IA ya habían incluido sus advertencias en los folletos de salida a Bolsa. Por un lado, OpenAI señaló que retrasaban su nueva IA (Chat GPT.6.1.Astra) porque sus ingenieros “se han dado cuenta de que no cumple con los requisitos de seguridad”. Y en el folleto de Anthropic “se advierte a los potenciales inversores que la IA avanzada podría plantear riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”… Además, los “tecno oligarcas” USA que promueven la IA se sentaron en la mesa circular del Consejo de Seguridad de la ONU, el 23 de septiembre, en una sesión extraordinaria dedicada a “la gobernanza de la IA”. Y allí pidieron “la colaboración internacional para controlar una tecnología” que ellos están desarrollando y que “consideran que puede ser peligrosa para la humanidad”… Alucinante.

¿Qué hay detrás de esta alerta de los dueños de la IA? Varias razones posibles, según los expertos. Una, “curarse en salud”, ponerse la venda antes de una grave herida y de posibles reclamaciones millonarias de inversores y afectados. De hecho, la IA ya se ha desmandado, actuando “por libre” y provocando miles de  incidentes que se conocen ahora. El primero y más concreto, la entrada “por su cuenta y sin supervisión humana” en la página de la Sanidad pública de Australia, como denunció su primer ministro en la ONU el 24 de septiembre, tres meses después de producirse y sin que OpenAI, la responsable, les informara en su momento (sólo con un correo a una dirección genérica 3 meses después). Y ahora se sabe que OpenAI y Anthropic investigan decenas de miles de ataques de agentes descontrolados de la IA, que lo mismo han bombardeado una página de la ONU que han sido utilizados para usos peligrosos (por parte de mafias, terroristas o políticos), como ciberataques, utilización de armas convencionales o biológicas y operaciones para influir en la opinión pública.

Otra razón de que ahora hablen de “frenar el desarrollo de la IA” es intentar frenar a la competencia, tanto en EEUU (donde OpenAI y Anthropic llevan meses de adelanto sobre otros competidores) como a la competencia china (DeepSeek o Moonshot AI), también retrasada. Si la ONU o los paises aprueban una ralentización de los desarrollos, mejor para los que van liderando el proceso y quieren hacerse con el mercado (OpenAI y Anthropic). De hecho, China reaccionó a las alertas USA, el mismo 14 de septiembre, denunciando que era una “agenda oculta” de EEUU para estrangular la IA y que estaban “usando el manual de la guerra fría para frenar los desarrollos chinos de la IA”. Como respuesta, el presidente Trump reunió en la Casa Blanca, el 29 de septiembre,  a los líderes USA de la IA y a las grandes tecnológicas para decirles que “de frenar la IA nada”, porque “tenemos una ventaja enorme sobre China y quiero que siga así”… Y frente a los expertos que piden “una regulación mundial de la IA”, Trump sólo quiere oír hablar de “autorregulación”, que se controlen ellos (?).

La tercera razón de que ahora los dueños de la IA hablen de ralentizarla puede ser también de simple “marketing”, para que se hable mucho de la IA ahora que van a salir a Bolsa…La exageración de que la IA puede acabar con la humanidad puede ser un mensaje para crear expectación y para decir “somos tan geniales que podrían volverse peligrosos: hay que dejarnos vuestro dinero”, señala un experto. Porque, a pesar de todos los peros, los grandes de la IA siguen buscando financiación y preparan salidas a Bolsa. No dejan de invertir.

Los millones captados ya por la IA son espectaculares y explican el fuerte tirón de las Bolsas y parte del crecimiento económico USA, a pesar de las guerras en Ucrania e Irán. En 2025, las inversiones captadas por las empresas desarrolladoras de la IA superaron los 200.000 millones de dólares: 122.000 millones OpenAI, 30.000 Anthropic, 20.000 xAI (la empresa de Elon Musk) y 16.000 Waymo (automóvil autónomo de Google). Y a eso hay que sumar las inversiones de  las grandes tecnológicas (Meta, Alphabet, Amazon o Microsoft), otros 646.000 millones este año para la compra de chips (la norteamericana Nvidia es ahora la empresa que más vale en Bolsa del mundo, 5,75 billones de dólares y la taiwanesa TSM vale 2,01 billones), nuevos Centros de Datos y desarrollos de IA. En total, se estima que desde 2013, estas 4 grandes tecnológicas han invertido más de 1 billón de dólares en IA. Y espera unas inversiones totales en la IA de 6 billones de dólares hasta 2030.

Las grandes desarrolladoras de la IA, mientras alertan sobre su peligro, no paran sus salidas a Bolsa, aunque alguna la retrase. Anthropic va a salir a Bolsa en noviembre de este año, con una valoración de 2 billones de dólares. Y OpenAI negocia con Black Rock (el mayor fondo del mundo, Emiratos e inversores asiáticos para captar 30.000 millones de dólares, mientras prepara su salida a Bolsa para 2027 (iba a ser en 2026, pero prefiere ofrecer nuevos desarrollos antes). Y xAI, integrada dentro de SpaceX de Elon Musk (que salió a Bolsa en junio de 2026 y vale ahora 2,28 billones de dólares), quiere captar otros 40.000 millones de inversores para comprar chips de Nvidia (uno de sus accionistas). Mientras, en China, las empresas líderes de la IA también buscan inversión. DeepSeek busca hasta 15.000 millones antes de su salida a Bolsa, prevista para 2027. Y Moonshot AI ha completado su última ronda de financiación privada y quiere salir a la Bolsa de Hong Kong a principios de 2027.

Precisamente, estos billones de inversión captada por la IA y su elevadísimas valoraciones en Bolsa (futuras y actuales: Nvidia ha multiplicado su cotización por 10 desde 2023, TSM por 4, lo mismo que Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft) provocan otro gran miedo de la IA: que estalle su burbuja en Bolsa, que un día se desplomen estos valores porque los retornos (beneficios) no justifiquen las inversiones hechas y no puedan atender su elevada deuda. Muchos expertos llevan meses advirtiéndolo y creen que si hay que ralentizar el ritmo de la IA es más para atemperar las inversiones y evitar un gran susto, como la debacle en Bolsa de las punto.com, las grandes de Internet en marzo del 2000 (Terra en España).

En cualquier caso, la alerta de los dueños de la AI debería servir para reforzar una idea: hay que controlar más y mejor los desarrollos de la Inteligencia Artificial, porque está demostrado que las máquinas siguen desarrollos propios que no se supervisan y que pueden crear graves problemas. Por un lado, urge una regulación mundial de la IA, en la que intervengan los organismos internacionales y los Gobiernos, dado que los millonarios (“tecnooligarcas”) que la están promocionando no parece que quieran autorregularse ni les gusten los controles democráticos, buscando un control oligopolista del mercado.

Europa ha sido pionera, aprobando la primera normativa “supranacional”, la Ley de la IA (“IA Act”), que entró en vigor en agosto de 2024, aunque en julio pasado se ha aprobado una simplificación del Reglamento para facilitar su avance, suavizando algunas prohibiciones y alargando los plazos de distintas prohibiciones. La UE está muy atrasada en la IA frente a USA y China, pero prevé abrir 15 factorías en Europa entre 2025 y 2026 para avanzar, dos de ellas ya aprobadas y abiertas en España: el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS) y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), abierto en Santiago de Compostela. La Comisión Europea ha aprobado una Estrategia de digitalización cuyo objetivo es que el 75% de las empresas europeas utilicen la IA en 2030 (ahora son el 20% de las empresas europeas, según Eurostat). En el caso de España, en diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional de IA (ENIA), un Plan para destinar 600 millones de fondos europeos a proyectos de Inteligencia Artificial. Y en 2024, se añadieron 1.500 millones más (de Fondos UE) para potenciar los Centros de computación españoles.

Todo indica que España no está perdiendo el tren de la Inteligencia Artificial y que incluso somos un país “proactivo”, que cuenta con 2.800 empresas nacidas para desarrollar esta tecnología, que emplean ya a 100.000 trabajadores especializados. España cuenta además con dos ventajas estratégicas de partida: su extensa red de fibra óptica de banda ancha (la tercera del mundo, tras Corea y Japón, superior a la de Francia, Alemania y Reino Unido juntos) y 5G, y contar con la electricidad más barata de Europa, clave para la instalación aquí de Centros de Datos (CPDs), que ya están proliferando. Pero falta avanzar en dos cuestiones clave: la penetración de la IA en las empresas medianas y pequeñas, así como un enorme esfuerzo en formación, de gestores y trabajadores. Porque si no, el riesgo de perder empleos con la IA es enorme: 2 millones en 10 años, según Funcas.

Además de una normativa mundial sobre la IA, los desarrollos de Inteligencia Artificial tienen dos problemas distintos, como señala el Nobel de Economía Daron Acemoglu. Uno es que la IA actúe por su cuenta, fuera de control, debido a que está creciendo con demasiada prisa (en meses) y eso distorsiona los resultados. Y el otro, asegurar que la IA actúa en beneficio de la humanidad, no de una minoría de billonarios que sólo buscan ganar más.

Frente al primer problema, hay expertos que aportan soluciones técnicas, como “poner bridas” a los desarrollos e implantar más sistemas de control externos, para frenar los mecanismos de aprendizaje intuitivos que son imprevisibles y pueden “liarla parda”… Otros expertos aseguran que las empresas podrían utilizar herramientas para anticipar los "malos comportamientos" de la IA. Pero, para conseguir una mayor seguridad y que la IA beneficie a la humanidad, el verdadero problema, otros expertos proponen “un cambio de rumbo”, pasar de desarrollar un modelo único de IA para todo a diversificar modelos, buscando soluciones para cada problema, más eficientes y sostenibles y sobre todo más fáciles de vigilar y más seguros. Se trataría de desarrollar no un gran modelo de IA (tipo ChatGPT o Claude) sino muchos modelos de IA, diversificados, que no necesitarían tanta investigación ni tanta inversión. Ir hacia una IA que no esté concentrada en dos o tres multinacionales superpoderosas sino en miles de desarrollos diversificados. Y sobre todo, que la IA pague impuestos y no manipule a los menores. 

En cualquier caso, la clave de la IA es para qué se utiliza, qué se busca, si pretende mejorar el mundo sin destruir el empleo o maximizar el beneficio de unos pocos. Y eso exige control de los desarrollos, de los avances, de las empresas, algo hoy impensable. Porque lo peligroso no son las máquinas (que sólo siguen instrucciones humanas) sino quien está detrás, quiénes son los humanos que las programan y alimentan, muchos de ellos poco fiables, billonarios sin control y a los que molesta la democracia. Ese es el miedo que nos debe dar la IA, no que los ordenadores destruyan el mundo. No se trata de frenar la IA sino de controlarla.