En mayo empiezan los conciertos musicales por media
España, que se generalizan en verano, con más de 1.000 Festivales en pueblos
y ciudades. Tras la pandemia, ha crecido la “fiebre” por ir a conciertos,
siendo España uno de los paises europeos donde más recalan los grandes
cantantes internacionales, aunque arrastran más seguidores los cantantes
españoles. En 2025, 1 de cada 3 españoles acudió a un concierto, celebrándose
125.000, con más de 35 millones de espectadores. Un negocio que factura 807
millones anuales, gracias a que los jóvenes están dispuestos a pagar 100
euros y más por ir a un concierto, más gastos de viajes, estancia, comida y
bebida. Los conciertos, controlados por multinacionales extranjeras y
algunas españolas, mueven 5.812 millones anuales y son claves
para muchos pueblos y autonomías, que los financian con ayudas públicas.
Todo apunta a que la “fiebre” por los conciertos (y el negocio) seguirá
creciendo, en medio de problemas de masificación, ruido, altos
precios y falta de lugares adecuados.
Otra “burbuja” que podría explotar.
Los conciertos recaudaron por entradas (“la
gasolina” de este negocio) 807 millones de euros en 2025, según el sector (APM),
una recaudación que casi se ha triplicado desde 2019 (383 millones) y que casi
duplica la de 2022 (459 millones). Eso significa que el negocio de la música
en vivo, sólo con los ingresos de las entradas (tienen otros muchos, desde
las bebidas y comidas al merchandising y las ayudas institucionales) mueve
más que otras formas de cultura como la música grabada (ingresó
674 millones en 2025) o el cine (705 millones ingresados por taquilla),
acercándose a los libros (1.250 millones vendidos en 2025). Eso sí, el negocio
de los conciertos está muy concentrado en Madrid (237 millones
recaudados por entradas, casi el 30% del total) y Barcelona (136 millones,
casi otro 17%), seguidas de lejos por Sevilla (27,47 millones), Valencia
(26,88), Málaga (25,89) y Vizcaya (25,80), según los datos de la
APM. Y por comunidades, destaca el salto en conciertos dado por la Comunidad
Valenciana (recaudan 46,45 millones) y el País Vasco (44,5
millones).
Los conciertos de música en vivo no solo son un gran
negocio para las empresas promotoras
(103 en 2025, frente a 53 en 2015), sino que tienen un gran impacto
económico en las ciudades y pueblos donde se celebran, promoviendo el
turismo en la zona: viajes, ocupación en hoteles, apartamentos y campings,
consumo en bares y restaurantes y más gasto en general en las localidades
afectadas. Este impacto económico de los conciertos se estima en 5.812
millones de euros en 2025, según
un estudio de SFTL e INCENTIVA. Además, se calcula que la música en vivo genera
alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos.
La base de todo este negocio de los conciertos musicales
está en las
entradas, cuyo precio se ha disparado en los últimos años, por tres
factores: la creciente demanda de los jóvenes (dispuestos a pagar cada vez
más por ver a su cantante favorito), el aumento del “caché” que cobran las
grandes figuras y el aumento creciente de costes que supone montar un
concierto, sobre todo un “macroconcierto” (“concierto XXL”), que implica el
trabajo de hasta 900 personas durante varios días, más un derroche de
tecnología y logística.
Los conciertos de música en vivo son seguidos sobre todo por
jóvenes (la mayoría tienen entre 25 y 34 años), aunque se promueven conciertos
“para toda la familia” (como los de Sabina, Melendi o Manuel Carrasco),
para atraer a varias generaciones de espectadores. Pero el motor de los
conciertos siguen siendo los
jóvenes de la generación Z, que han accedido a la música con las
redes sociales y Spotify y que ahora no quieren perderse un concierto de sus
artistas preferidos, aunque
las entradas cuesten más de 100 euros. Porque los conciertos no son un
evento más, sino que las promotoras los venden como “una experiencia”:
no se trata sólo de ir al concierto, sino compartir con amigos y en redes el
antes, el durante y el después, valorando no sólo la música (que ya conocen
de sobra) sino el espectáculo, el montaje y lo que hay alrededor (otros fans, camisetas,
sudaderas, llaveros, carteles…).
Todo esto ha creado una cierta ansiedad en una
generación de jóvenes por “no quedarse fuera” del próximo concierto de
Rosalía o de Bud Bunny, con una carrera contra reloj por las entradas. Y eso dispara
los precios, concierto a concierto. De hecho, el precio de la entrada media
fue de 84 euros en 2024, según los propios
promotores (APM), aunque la realidad es que las entradas a los
macroconciertos están ya por encima de 100 euros. Así, en los últimos
conciertos de Rosalía, el precio medio de la entrada (con gastos incluidos)
osciló entre 100 y 130 euros, parecidos al de Sabina (57-135 euros) y Ed
Sheridan (60-130 euros). Y si se espera, desaparecen las entradas más baratas y
hay que acudir a la reventa.
Los promotores denuncian que la reventa ilegal de
entradas de conciertos tiene cada vez más peso, porque las empresas
implicadas (plataformas como Viagogo, StubHub, Gigsberg o Ticombo) se anuncian
en redes y son destacadas por Google al buscar entradas porque pagan por
ello (de hecho, sin
este papel de Google, los promotores creen que no habría reventas ilegales).
Y estas webs no se pueden cerrar, porque tienen el servidor en
Suiza y otros paises y cambian de plataforma cada cierto tiempo. El problema de
la reventa ilegal es doble: disparan el precio de las entradas
que venden (las inmovilizan antes de que salgan a la venta) y en ocasiones son
fraudulentas, porque cuando el comprador llega al concierto, se encuentra con
que la entrada es falsa y no puede entrar. Los promotores estiman que estas plataformas
de reventa facturan
ilegalmente 2.500 millones de euros al año en
Europa.
Pero los espectadores de los conciertos no sólo se gastan en
la entrada. Muchos viajan para asistir al concierto, lo que les supone otro
gasto en billetes de avión o tren, coche y estancia. Y ya dentro del concierto,
más gasto en bebidas y comida (carísimas), aunque sea obligatorio (desde
enero de 2023) que los conciertos ofrezcan agua gratis (fuentes)
y permitan la entrada de bocadillos y comida (tras una sentencia, en
diciembre de 2025, del Juzgado nº 4 de Valencia, por una demanda de Facua, que
prohibió a la promotora Madrid Salvaje impedir el acceso de comida y bebida a
sus conciertos. Otra fuente de gasto (y de ingreso para las promotoras) son el
merchandising, la venta de camisetas, sudaderas, llaveros, gorras y
carteles relacionados con el concierto.
Y queda hablar de otra importante fuente de ingresos para
las promotoras de los conciertos: las ayudas públicas de los Ayuntamientos,
las Diputaciones y las autonomías donde se celebran los conciertos, dado
que promueven el turismo y el gasto local. Un ejemplo es el FIB de Benicàssim
(Castellón), un macrofestival que se celebra en julio. En 2023 se supo que el
Ayuntamiento de esa localidad había gestionado
2 millones de ayudas europeas (Fondo Next Generation) para mejoras
en el reciento municipal de Festivales, además de los 200.000 euros anuales que
ha aportado el Ayuntamiento y otras ayudas de la Diputación de Castellón
(también para otro Festival en el pueblo, el Rototom). El Sonorama Ribera,
en Aranda de Duero, cuenta con una ayuda
de la Junta de Castilla y León de 216.250 euros. Y en Madrid, el
Ayuntamiento y la Comunidad financian
varios festivales, como Mad Cool (julio). Eso sin hablar de los miles de actuaciones
en vivo en las fiestas de verano en toda España, que suelen pagar los
Ayuntamientos (contratando orquestas que cobran hasta 25.000 euros), que por
desgracia gastan más en orquestas y toros que en promover viviendas…
Estas ayudas públicas, sobre todo de Ayuntamientos, han
multiplicado los Festivales musicales con conciertos en directo en
verano, pasando de 872 en 2023 a más de 1.000 en 2025 (ver
listado). España es el tercer país europeo con más Festivales de
verano, tras Alemania y Reino Unido. La región líder en estos
Festivales es la Comunidad Valenciana, destacando 5 grandes festivales de
conciertos: Arenal Sound (en Burriana, Castellón: 300.000 asistentes), Primavera
Sound (en San Adrià de Besos, Barcelona: 297.000 asistentes), Viña Rock
(en Villarrobledo, Albacete: 240.000 asistentes), Sonorama Ribera (en
Aranda de Duero, Burgos: 200.000 asistentes) y Sónar Barcelona (Barcelona
capital: 161.000 asistentes).
Con toda esta financiación, desde las entradas hasta las
barras de bebida, los recuerdos y las ayudas públicas, el negocio de la
música en vivo crece sin parar, empujado por grandes promotoras
internacionales y nacionales, que organizan los grandes conciertos en
España. En 2025, 7
de los 10 conciertos con más público fueron de cantantes españoles:
Joaquín Sabina (383.633 asistentes en 41 conciertos en 18 ciudades), Manuel
Carrasco (367.256 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.378
asistentes en 32 conciertos), Aitana (153.198 asistentes en 3 conciertos),
Dellafuente (117.630 asistentes en 2 conciertos), Arde Bogotá
(115.249 asistentes en 7 conciertos) y Lola Índigo (109.256 asistentes
en 3 conciertos). Y están también en el Top 10 de público, 3 conciertos en
España de cantantes extranjeros: Ed Sheeran (137.884 asistentes en 2
conciertos), Imagine Dragons (112.419 asistentes en 2 conciertos) y AC/DC
(103.946 asistentes en 2 conciertos).
La mayoría de estos grandes conciertos los promueven gigantes
multinacionales y las grandes promotoras que han aparecido en España,
muchas veces cooperando juntos. El gigante de la promoción mundial de
conciertos es la empresa californiana Live Nation (con filial en España),
el mayor promotor de conciertos del mundo y propietario de Ticketmaster, que
factura unos 7.500 millones de dólares anuales. Le siguen, de lejos, la
norteamericana AEG Global, que factura 2.400 millones de dólares, y la
alemana Eventim, líder europeo en conciertos, con 1.500 millones
de dólares de facturación. En
España, el ranking lo encabeza Riff Producciones (conciertos de
Sabina y Carrasco), con 31,8 millones de dólares de facturación (puesto 51 en
el ranking mundial de Pollstar) , seguida por Iglesias Entertainment,
con 43,5 millones de dólares (puesto 63), Doctor Music (Bruce
Spreenting) , con 42 millones de dólares facturados (puesto 68), GTS Live
(Aitana y Lola Índigo), con 20,64 millones (puesto 75) y Proactiv
Entertainment (puesto 78).
Cara al futuro, el sector confía en
que el negocio de los conciertos en directo vaya a más en España,
empujado por la gran demanda de los jóvenes y el interés de las grandes
promotoras por organizar conciertos en España (buen clima, turismo y seguridad).
Además, cada día hay más ciudades y pueblos que organizan Festivales y
conciertos como una forma de atracción turística. Y, sobre todo,
porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que siguen apostando por la “fun
economy” (“economía de la diversión”): el 78% de los
consumidores no están dispuestos a reducir su gasto en ocio musical,
según el informe
“The Live Effect” de AEG Global. A lo claro: que los jóvenes son
mileuristas y no llegan a fin de mes, pero no están dispuestos a perderse un
concierto de su cantante favorito, le cueste lo que le cueste.
Ante este crecimiento imparable de la música en vivo, se
plantean varios problemas a resolver. Una mayor regulación de
las entradas, para evitar abusos y reducir la reventa ilegal, cerrando las
plataformas que provocan abusos y timos. Y también un mayor control en los
espacios del concierto, desde organizar la llegada (autobuses y
aparcamientos) a evitar las enormes colas de acceso, vigilar los abusos en las
barras de la bebida y comida, así como asegurar los servicios complementarios
(WC) y la seguridad (sobre todo de las mujeres). Un problema sin resolver es
encontrar espacios idóneos, lejos de las viviendas, para evitar
ruidos y problemas al resto de vecinos, como ha pasado en el Bernabéu y en
el Mad Cool 2025.
En paralelo, hay que promover conciertos “normales”, en
salas medianas y pequeñas, apoyando la música en vivo al margen de los macroconciertos
y los Festivales de verano, para dar entrada a pequeños grupos y artistas, con
precios accesibles en las entradas. Precisamente, el Ministerio de Cultura
aprobó en enero nuevas ayudas (por 1 millón de euros) para las salas
que promuevan la música en directo. Y se necesita también fomentar la
llegada de jóvenes a la promoción musical, que no debería quedar cerrada
sólo a los grandes promotores internacionales y nacionales. Para mejorarlo, sería
importante facilitar la seguridad jurídica a los que se dediquen
a este negocio, que dependen de licencias y autorizaciones con reglas muy
cambiantes y personalizadas en cargos públicos. Y sobre todo, habría que fiscalizar
muy bien las ayudas públicas a los conciertos en directo, sobre todo a
los Festivales veraniegos, para no agravar el turismo ya masificado en muchas
zonas (hay vecinos y turistas habituales de Benicàssim que se van cuando llega
el FIB o el Rototom…).
En resumen, que los conciertos y Festivales de música se han
convertido en una prioridad para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que se gastan
cada vez más en acudir y “vivir esa experiencia” , empujados por los amigos y
las redes sociales. Pero debería haber un mayor control de este negocio,
para evitar abusos, desde el precio de las entradas a las bebidas, y asegurar los
accesos y la seguridad en estos eventos. Y, sobre todo, habría que frenar la
fiebre de pueblos y ciudades por tener su Festival de música, a costa de ayudas
públicas que aceleran la “turismofobia” y podrían destinarse a otras necesidades. Cuidado con crear “una
burbuja de conciertos” que un día nos estalle. A cambio, falta
promover la música de pequeños grupos y locales, que sobreviven
malamente.
