En 2025 se han batido todos los récords del juego por
Internet: más de 40.000 millones de euros jugados, 4,5 millones por
hora, 7 veces más que en 2013, el primer año tras su legalización. El
combustible de esta fiebre por el juego online es el gasto en publicidad
de los operadores, que casi se duplica respecto a 2022, sobre
todo en “bonos de bienvenida” para que “piquen” los internautas. Resultado:
hay más de 2 millones de jugadores activos, la mayoría jóvenes, incluso
adolescentes (juegan el 13% de los menores), lo que aumenta las adiciones
y la ludopatía. Por eso, el Ministerio de Consumo (Sumar) lleva años intentando
frenar la publicidad del juego online,
tras la sentencia del Supremo (abril 2024) en contra de restringirla. Pero no
ha conseguido incluir la medida en varias Leyes y ahora intenta obligar
a los operadores a que implanten algoritmos que anticipen los
jugadores con problemas. El juego online es “la droga digital” de muchos
jóvenes y hay que frenarla como sea.
En 2025, casi dos tercios de todo el juego online
se dirigió a los
juegos de casino (26.234 millones, el 64,31% de lo jugado), sobre
todo a las máquinas tragaperras online (14.194 millones jugados, +54,10%
que en 2024) y a la ruleta en vivo (10.117 millones, +38,5%), mientras cae lo
jugado en la ruleta tradicional (959,66 millones,-5,22%) y el black jack (963,75
millones, -3,90%). Le sigue de lejos lo
jugado en apuestas (10.588 millones, +3,21%), donde ganan peso
las apuestas deportivas en directo, mientras se juega (movieron 5.805,4
millones, -1,4%) frente a las apuestas deportivas convencionales (4.646 millones,
+12,60%), siendo pequeño el peso de las apuestas hípicas (66,8 millones). El
tercer juego que más apuestas mueve es el
póquer online (3.884,82 millones, +6,99%), sobre todo el
póker torneo (2.570 millones), tras abrirse en 2018 la vía de jugar con
Francia y Portugal. Y el resto es lo poco jugado en el bingo online
(85,90 millones, -18,86% que en 2021) y los concursos (preguntas,
habilidades, pruebas), que sólo movieron 14.057 euros.
Los operadores del juego online también han batido otro
récord de margen bruto (GGR: las cantidades jugadas menos los
premios repartidos) en 2025: 1.453,55
millones de euros, un +16,99%,
un beneficio bruto que multiplica por 7,4 veces el de 2013 (228,64
millones) y duplica con creces el de 2019 (748,24 millones). El
juego que aporta
más margen a los operadores del juego es el casino online
(698,13 millones, el 41,5% del margen total), por las máquinas tragaperras
online (300,23 millones) y la ruleta en vivo (229,9 millones), más
atractiva que la convencional por la transmisión en directo. El 2º motor de
beneficios de los operadores son las apuestas deportivas (698,13
millones de margen), destacando las apuestas de contrapartida convencionales (357,7
millones de margen bruto) y en directo (302,2 millones). El póquer online solo
aporta 95,48 millones al margen y el bingo otros 13,9 millones.
Actualmente son 77
los operadores nacionales e internacionales que operan legalmente en
España y se reparten este creciente mercado. De ellas, 54 son españolas y el
resto multinacionales británicas, búlgaras, italianas o finlandesas. Lo más
llamativo es que 43 de estas operadoras de juego legalizadas en España tienen
su sede social en Ceuta, gracias a que el ministro Montoro
aprobó, en abril de 2018 (mes y medio antes de la moción de censura que le sacó
del Gobierno), una serie de
rebajas fiscales (la principal, pagar la mitad de tasa de juego y otros
impuestos y cotizaciones) para atraer operadores nacionales y extranjeros a
Ceuta y Melilla. En paralelo a estos operadores “legales”, crece el juego
online “ilegal”, a través de plataformas no reguladas, donde ya apuestan
el 23,4% de los jugadores (sobre todo los que juegan más dinero), según
un informe de Jdigital, que estima que el juego ilegal se llevó en
España 231 millones de margen bruto en 2024 (el 16% del margen conseguido
legalmente). El sector se queja de que muchas plataformas ilegales se
publicitan a través de enlaces en las redes sociales y aunque se cierran,
vuelven a abrir con otro nombre.
El gran salto en las cantidades jugadas online y en el
margen bruto de los operadores se debe a un constante crecimiento de los
jugadores online, empujados por la facilidad de acceso (móvil, tablet) y la
privacidad (pueden jugar las 24 horas, en cualquier lugar). El número de cuentas
activas (han operado 1 vez al mes) ha saltado de 1,5 millones en 2015 a 2,5
millones en 2019 y a 4.322.688
cuentas en 2025 (casi medio millón más que en 2024). Y en paralelo, se han
disparado también los jugadores activos (juegan al menos 1 vez al año):
de ser algo menos de 1 millón en 2015 se pasó a 1,36 millones en 2019 y 2.157.514
jugadores en 2025 (+166.000 que en 2024). El
dato más importante es que la media mensual de cuentas activas fue
de 1.729.253 cuentas, +20,39% que en 2024, lo que indica que el sector
no sólo atrae nuevos jugadores sino que mantiene y fideliza a los actuales,
gracias a una oferta más atractiva y personalizada.
Y la clave, tanto del aumento de jugadores como de las
cantidades jugadas es la
publicidad, la “gasolina” que mantiene el crecimiento del juego
online. En 2025 se ha batido otro
récord de gasto publicitario: 664,39 millones de euros, casi el doble
de lo que gastaron los operadores en 2022 (374,51 millones), la menor
cuantía de gasto debido a las limitaciones a la publicidad del
juego que impuso el Real Decreto
958/2020 (que entró en vigor el 1 de mayo de 2021). Pero los operadores
recurrieron el Decreto y el Tribunal Supremo lo
anuló el 4 de abril de 2024 (porque
las restricciones se hicieron por Decreto y no por Ley), con lo que volvió
a dispararse la publicidad del juego, ya en 2024 (528
millones,+30,96%) y en 2025 (664 millones,+25,93%).
La mayor partida de este elevado gasto
publicitario (6 veces mayor que en 2013) es lo que gastan los operadores en
“bonos de bienvenida” (promociones): fueron 347,19 millones
gastados en 2025 (+32,7% sobre 2024), que son unos incentivos para atraer
nuevos jugadores, a los que se les “regala” una cantidad para empezar a
jugar, bonos que estuvieron prohibidos entre mayo de 2021 y abril
de 2024, cuando los autorizó la sentencia del Supremo. Otros 244 millones
son publicidad directa, la mayor parte en webs, radio y TV, aunque
tienen algunas limitaciones en redes sociales y en algunas horas. Y sólo destinan 59.95 millones a gastos de “afiliación” (fidelización) y poco a
patrocinio (13,07 millones, la mitad que en 2020).
Este enorme gasto publicitario ha “alimentado” el gran salto
del juego online, en cantidades y jugadores, según
revela un estudio de la Universidad de Oviedo: concluye que el gasto
en marketing aumenta las cuentas que se crean, las cuentas activas, el dinero
que se deposita en ellas y las cantidades jugadas. Además, este estudio revela
que el gasto en promociones (bonos para atraer jugadores y dinero
para afiliados) es más eficaz que el gasto en publicidad. Y
además, que es especialmente eficaz cuando se dirige a poblaciones vulnerables,
como jóvenes y jugadores más activos. Encima, la Inteligencia
Artificial (IA) está siendo muy utilizada por las
empresas del juego, tanto para atraer jugadores como para conseguir que se
“enganchen” más al juego, con
nuevas ofertas.
Por todo ello, la
“adicción” al juego online crece imparable, como el juego. Lo preocupante
es que el juego online crece sobre todo entre los jóvenes. En 2023,
2 de cada 3 jugadores online (el 65,4%) tenían menos de 35 años: 1.072.732
jugadores de los 1.637.408 españoles que jugaron en 2023, según
el Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000
jóvenes más jugando online que en 2019, (+20%). Pero lo más llamativo es
que quienes más se han “enganchado al juego online son los más
jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1
de cada 7 jóvenes con esa edad) jugaron
online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores
de 18 a 25 años), según la DGOJ.
Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, sobre todo a menores
de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o quitan
a su familia) para jugar online.
Pero lo más
preocupante es que la adicción al juego online está aumentado entre los
menores (14-18 años), como revela la reciente Encuesta (febrero
2026) “Estudes
2025”, elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas y Sanidad, que
refleja un aumento significativo del juego de los menores, a pesar de las barreras
(“teóricas”) de acceso. Los datos reflejan que un 13% de los estudiantes de
Secundaria han jugado online en el último año (suponen unos 260.000
menores que juegan), siendo mayor el porcentaje en los chicos (20,7%) que
en las chicas (5,3%). Y este porcentaje de los menores que juegan sube con la
edad: del 9,7% a los 14 años al 13,7% a los 16 y el 18,7% a los 18 años. Y lo
peor: el 4,9% de los menores que juegan tienen un comportamiento “problemático”
(“adicción”: son 12.740 menores con problemas de juego online), un 8,4% los
chicos y un 1,4% las chicas. Otro
dato más: en 2023, se admitieron en urgencias y hospitales a 4.916
personas de todas las edades por adicciones, el 81% por adicción al
juego. Y cada vez llegan más jóvenes.
Muchos expertos, médicos y ONGs están preocupados de la cantidad de jóvenes y
menores con problemas de adicción. De hecho, el juego patológico se ha
convertido en la
3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el
trastorno bipolar y la depresión. Y con un problema añadido: la
sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los
médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades
especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del
juego.
Los expertos y ONGs que atienden a ludópatas (cada vez más
jóvenes) insisten en que hay
que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del
juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de
concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco,
el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios,
Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad
pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía,
aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas.
Todo ello podría financiarse con una pequeña parte de los impuestos pagados
por el juego: casi 1.214 millones ingresados en 2024 (sólo
190 millones del juego online), que reciben casi en su totalidad las
autonomías.
Ante este preocupante panorama, el ministro de Consumo
(Pablo Bustinduy, de Sumar), del que depende el Juego, lleva
un año buscando vías alternativas para restringir la publicidad del juego
y frenar así su imparable crecimiento. El primer intento fue introducir
una enmienda en la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública,
pero fue rechazada
en el Congreso por PP, Vox y Junts, el 20 de marzo de 2025. El segundo
intento fue introducir limitaciones a la publicidad y a la captación de
jugadores a través de la enmienda 176 a la Ley de Servicios a la Clientela,
pero el
Congreso la tumbó (PP, Vox y Junts otra vez) el 12 de diciembre de 2025. Ahora,
el ministro Bustinduy busca una 3ª vía para controlar el
juego, a través de Reglamentos y Decretos que no pasen por el Congreso.
El cambio más importante que propone es modificar
la Ley del Juego de 2011 a través de una serie de cambios
normativos. Uno, establecer un límite a los depósitos de un
jugador en todas las plataformas de juego (ahora hay un límite en cada
plataforma), de 600 euros diarios a 1.500 euros semanales. Otro que los medios
de pago deben ser nominativos, a nombre del titular de la cuenta de juego,
no admitiéndose pagos anónimos. La tercera una verificación más estricta del
registro de jugadores, para frenar de verdad a los menores. Y, sobre todo,
exigir a las operadoras que elaboren “un
algoritmo para la detección temprana del juego problemático”, para detectar
los jugadores “adictos” antes de que vayan a más. Todos estos cambios se
han comunicado a la Comisión Europea y el Ministerio pidió a los operadores
que estuvieran listos
para marzo de 2026, algo no conseguido.
El riesgo, más que el retraso de estas nuevas medidas, es que sean otra
vez recurridas y anuladas por los Tribunales.
Conclusión: tenemos
un grave problema con el juego online en España,
especialmente entre los jóvenes y menores, que utilizan el juego en
solitario (en el móvil o en los locales del barrio) para evadirse de sus
múltiples problemas y “tentar a la suerte”, perdiendo casi siempre y enganchándose
muchas veces, generando problemas sociales y mentales que afectan
gravemente a sus familias, sin recibir apoyo sanitario ni ayudas, salvo de las
ONGs. Hay que tomárselo en serio, como la droga o el alcohol, y frenar
esta” epidemia del juego”.
Nos han vendido que hay casi 22 millones de afiliados a
la Seguridad Social, otro máximo histórico. Pero no destacan que el
empleo que más crece es el de los mayores de 60 años: de los 2,47 millones
de nuevos afiliados desde 2019, la tercera parte (+783.037) son afiliados
con más de 60 años, la franja de edad que más crece. Y el empleo de
los mayores se ha triplicado desde 2005 (entre 60 a 64 años)
y cuadruplicado (entre 65 y 69 años), gracias sobre todo a la
mayor ocupación de las mujeres, el envejecimiento de la población y porque
los mayores buscan complementar los ingresos familiares, en sanidad, cuidados, inmobiliarias,
educación, comercio y servicios públicos, los trabajos con más mayores. Pero a
la vez, los mayores tienen más paro de larga duración, porque las
empresas no contratan mayores, sin poder jubilarse anticipadamente. De
hecho, en España hay menos ocupados mayores que en Europa. Hay que
aprovechar el talento “senior” y facilitar su relevo a los
jóvenes. Enrique Ortega
La población envejece en toda Europa y más en España,
porque tenemos más esperanza de vida. Los mayores de 60 años
llevan décadas creciendo y en el último
Censo del INE (1 enero 2026) eran ya 13.836.095 personas, el 27,91%
de la población total de España (49.570.725 habitantes). De ellos, 3.397.543
tienen entre 60 y 64 años, 2.939.512 tienen entre 65 y 69 años
y los 7.499.040 restantes tienen 70 años y más años (18.751 con 100 años o
más). Esta cifra de “mayores” supone un fuerte aumento desde principios de
siglo, por el progresivo envejecimiento de la población en España: en
el año 2000 había 8.766.511 españoles “mayores” (60 años y más),
el 21,64% de la población, pasando a 11.079.928 mayores en 2015 (el 23,76%) y a los
13.836.095 mayores de 60 años ahora (27,91% del total). Así que tenemos
5 millones de mayores más (+5.069.584) que a principios de siglo.
De estos 13,8 millones de “mayores” (60 años y más), la
mayoría son “inactivos” (ni trabajan ni buscan trabajo): son 11.082.300
mayores “inactivos”, según la EPA de 2025,
básicamente personas mayores de 65 años (los inactivos de 60 a 64 años son solo
1.343.500 personas), especialmente los que tienen 70 años y más
(7.170.400 son “inactivos”).
Lo que ha pasado estos últimos años es que han aumentado
los mayores “activos”, los que se han puesto a buscar trabajo y trabajan o
están en paro. Con ello, los mayores de 60 a 64 años han alcanzado un récord histórico
de actividad: en diciembre de 2025 había más de 2 millones activos
(2.030.300), +44%
que en 2019 (1.409.000 activos). Y la mayoría de ese aumento de
actividad se debe a las mujeres (+331.600 activas desde la pandemia),
más que a los hombres (+290.000 activos), en muchos casos porque se han lanzado
al mercado de trabajo tras cuidar a hijos y padres. Pero donde
más se ha disparado la actividad es entre los mayores de 65 a
69 años: hay ahora 413.400 activos, +138% más que en 2019
(173.300 activos), otro máximo histórico, dándose la circunstancia de que las
mujeres activas de 65 a 69 años (207.000) superan a los hombres
(206.400).
Hay más mayores que nunca buscando trabajo y más
mayores trabajando. En marzo de 2026, había 2.297.471
mayores de 60 años afiliados a la Seguridad Social (el 10,5% del total,
de los 21.882.146
afiliados medios, una cifra récord). Pero lo más llamativo es que la
afiliación de los mayores de 60 años es la que más crece desde la pandemia:
de los 2.473.609 afiliados nuevos (+12,47%
de aumento desde 2019), 783.037 afiliados nuevos son mayores de 60 años
(+51,6%, cuatro veces la subida total de afiliados). De hecho la
afiliación de los mayores de 60 a 64 años crece desde la pandemia un +41,8%
y la de los mayores de 64 años crece un +107%, frente al +15% que crece
la afiliación entre 25 y 29 años, el +10,4% que crece entre 45 y 49 años o el
+24,6% que crece entre 55 y 59 años, según la SS. Y lo que más crece, otra
vez, es la afiliación de las mujeres mayores (+56%) frente a
los hombres (+48%).
Otra estadística que confirma el aumento del trabajo
de los mayores es la
última EPA del INE (diciembre 2025). Ahí se confirma que en España
trabajan 2.349.500 mayores (algunos más de los afiliados: 2.297.471
mayores) y que son 903.800 empleados mayores más que en 2019, lo que
indica que más de un tercio (el 36,2%) de todo el empleo creado desde
la pandemia (2.496.400 nuevos empleos) ha sido para los mayores. El
empleo de los mayores es el
máximo de la serie histórica y crece en todas las franjas de mayores
desde 2005, pero sobre todo entre los que tienen de 65 a 69 años:
se triplica en la franja de 60 a 64 años (de 697.200 empleados en
2005 a 1.820.200 en 2025), se cuadruplica en la franja de 65 a
69 años (saltando de 93.300 ocupados a 390.300 en 2025) y crece
menos entre los de 70 y más años (de 53.700 empleados en 2005 a 69.500
en 2025).
Los datos
de la EPA revelan que la mayoría del trabajo de los mayores de 60 años se
concentra en el sector servicios (ahí trabajan el 76,2% de los
ocupados con más de 55 años), seguidos muy de lejos por los que trabajan en la
industria (12,2%), la construcción (7%) y el campo (donde trabajan el 4,6% de
mayores restante). Por ocupaciones,
según el SEPE, la mayoría de estos trabajadores “mayores” se concentra en
sanidad, servicios sociales y residencias de ancianos, actividades
inmobiliarias y financieras, educación, consultoría, transporte y logística,
administración y gestión, comercio y ventas, además del sector público (el
16,4% de los empleados públicos tienen entre 60 y 64 años).
Lo llamativo es que una buena parte de estos trabajadores “mayores”,
sobre todo los que han conseguido trabajo tras la pandemia, son
mujeres, con muchos contratos a tiempo parcial (el 27% de
las ocupadas de 65 a 69 años) y un aumento de los autónomos (un tercio
de las mujeres que tienen 65 años o más), porque muchos de estos trabajadores
mayores (básicamente las mujeres) buscan aumentar sus años de cotización
(truncados por los cuidados a hijos y padres), para poder mejorar su futura
jubilación.
El empleo de los mayores de 60 años se ha disparado
en las dos últimas décadas (y sobre todo tras la pandemia) por el
envejecimiento de la población (por la mayor esperanza de vida), la mayor incorporación
de las mujeres al trabajo y el retraso de la edad de jubilación, tanto por
imperativo legal (66 años y 10 meses en 2026 y será de 67 años en 2027) como
porque muchos “mayores” de 66 años se encuentran con fuerza y salud para seguir
trabajando (máximo si les corresponde una pensión baja, que tratan de mejorar).
Todo ello explica que la tasa de empleo de los mayores (% de los que
trabajan sobre el total) haya alcanzado un récord en 2025 (el máximo
desde 1970), según
este estudio de Funcas: son el 53% de los que tienen entre 60 y
64 años (58,3% los hombres y 48,1% las mujeres) y el 14% (13,7% los hombres y 11% las
mujeres) entre los que tienen entre 65 y 69 años.
Un gran salto en el empleo de los mayores, pero todavía
trabajan menos en España que en la media de Europa, según
el estudio de Funcas. Así, el porcentaje de varones de 60 a 64 años
que trabajan en España (58%) nos sitúa en el puesto 19 de los 27
paises UE, donde en 7 paises trabajan más del 70% de los mayores de 60 a 64
años (Paises Bajos, Chipre, Dinamarca, Hungría, Chequia, Alemania y Suecia). Y
el porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que trabajan en España (47,8%)
nos coloca en el puesto 15ª de la UE, donde hay 3 paises que superan el
70% (Estonia, Suecia y Letonia), siendo el 65% en Alemania. Y en el tramo de
65 a 69 años, los varones que trabajan (13,5%) nos sitúa en
el puesto 23 de la UE-27, donde hay 5 paises que superan el 35% (Dinamarca,
Estonia, Irlanda, Paises Bajos y Suecia). Y el porcentaje de mujeres con
trabajo (11% entre 65 y 69 años) sitúa a España en el puesto 19
de la UE-27, donde hay 4 paises que superan el 25% (los 3 bálticos y Suecia).
En definitiva, que el porcentaje de mayores españoles que
trabajan es el más alto desde 1970, pero todavía
tenemos un margen de mejora, dado que estamos muy por debajo del
empleo de los mayores en la mayoría de Europa. Y eso se debe a una menor
formación de muchos mayores(el 53,8% de los parados mayores de 55 años
no tienen la ESO) y a sus dificultades para adaptarse a la digitalización y las
nuevas tecnologías. Pero además, las empresas sufren un alto nivel de “edadismo”,
de rechazo
a contratar mayores de 55 años (y con más de 60 es “imposible”), con lo que
7 de cada 10 parados mayores de 55 años piensan que no volverán nunca a
trabajar”, según
una Encuesta de Adecco.
El resultado es que los mayores de 60 años tienen en
España una alta tasa de paro (9,24% en diciembre 2025 los mayores de 55
años, según el INE), algo
menos que la tasa de paro general (9,93%), pero mucho mayor en las mujeres
mayores (10,72%), bajando mucho en los hombres mayores de 55 años (7,92%
de paro). Lo peor es que los parados mayores ha crecido mucho desde la
pandemia: son
237.100 parados (diciembre 2025), el 9,5% de todos los parados y un 23,7% más
que en 2019, cuando el total de parados bajó. El paro de 60 a 65 años ha
subido de 181.500 a 210.100 (+28.600) y el paro de 65 a 69 años se ha
duplicado desde la pandemia (de 10.100 a 23.100 parados), más otros
3.900 parados de 70 años y más. Y lo peor es que la mayoría de estos parados “mayores”
no encuentran empleo y engrosan el paro de larga
duración (más de 1 año sin trabajar): hay 126.600 parados más de 1
año entre los de 60 a 64 años (el 60,2% del total), 13.100 entre los parados de
65 a 69 años (el 56,7%) y otros 1.800 parados mayores de 70 años (el 46%, todos
hombres). En total, 141.500 parados de larga duración con más de 60 años,
la mayoría “sin salida”.
Muchos de estos mayores en paro y que no encuentran empleo
(a pasar del aumento del trabajo de los mayores) tienen que acogerse
al paro de los mayores de 52 años (si cumplen los requisitos) y esperar
cobrando este paro asistencial (480 euros mensuales) hasta que puedan
jubilarse legalmente (a los 67 años y 10 meses este año o a los 65 años si
han cotizado 38 años y 3 meses). En 2025, un tercio de todos los parados que
cobraban subsidio asistencial eran mayores de 60 años: 265.514
parados mayores subsidiados, el doble de los que cobraban esta ayuda en
2013 (125.647 parados mayores).
Además, en los últimos años se han aprobado cambios legales
(en 2021 y 2022) para penalizar
a los mayores que se jubilan anticipadamente, incentivando a la vez a
los que retrasan su jubilación. Eso dificulta la situación de los parados
mayores, que han de esperar más tiempo para jubilarse (hasta los 65 años
si han cotizado suficiente o hasta los 66 años y 10 meses este año). La reforma
penaliza a los mayores sin empleo pero ha mejorado las cuentas de la Seguridad
Social, porque tiene a más mayores cotizando y menos cobrando pensión.
De hecho, las jubilaciones anticipadas han caído drásticamente: de ser
123.498 en 2021 (el 39% de las nuevas jubilaciones) han bajado a 104.655
en 2025 (el 27,9% del total). Y la edad media real de jubilación
ha subido de 64,4 años (2019) a 65,3
años en 2025.
Ahora, el objetivo de la Seguridad Social es que haya más
mayores que retrasen su jubilación, lo que servirá para que haya más
mayores que trabajen. La nueva normativa, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal,
entró
en vigor el 1 de abril de 2025 y se centra en 3 tipos de
jubilaciones. Una, la
jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un
trabajador retrase su jubilación. Ya había un incentivo, aprobado en
2022, para aumentar un 4% cada año la pensión de quien la
retrase. Ahora, se mejora este incentivo: se cobrará el extra
por cada 6 meses de demora, sin esperar al año. El 2º cambio afecta
a la
jubilación activa, a quienes compatibilizan pensión y trabajo
un tiempo. Esto ya se podía hacer, pero se introduce una mejora
clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada completa (38
años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a los que hayan cotizado
15 años. El tercer cambio afecta a la
jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada
(a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con
reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la
jornada, pero puede llegar al 75% de reducción si se contrata a
un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la jubilación
parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado parcialmente
será en función de lo que recorte su jornada como trabajador.
En definitiva, se busca aumentar los mayores que
trabajan, ahora que una persona no es viejo a los 65-67 años y
necesitamos más gente que trabaje y reducir el gasto en pensiones. Sobre todo
porque en 2050, el 30,4%
de la población tendrá más de 65 años (ahora son el 21%). Hay que facilitar
que estos mayores tengan menos paro y trabajen más años, para que
aporten
su experiencia y talento. Pero, en paralelo, hay que facilitar su
relevo por jóvenes, que los mayores trabajen menos horas para dar
entrada a jóvenes y formarles. Un contrato
de relevo que no funciona ahora, por el exceso de requisitos y el
desinterés empresarial, pero que resulta imprescindible para repartir
mejor el crecimiento y el empleo entre mayores y jóvenes.
Un pacto generacional imprescindible.
Acaba la Semana Santa y volvemos a la rutina, los atascos y la
contaminación de nuestras ciudades, que provoca enfermedades y 22.000
muertes al año en España. La principal culpa es del tráfico, razón
por la que se aprobó en 2021 una Ley de Cambio Climático que obligaba a los Ayuntamientos de las grandes ciudades (+
50.000 habitantes) a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para
limitar el acceso a los coches más contaminantes. Debían implantarlas el
1 de enero de 2023, pero más de 3 años después, los consistorios de 100
grandes ciudades no las han implantado (10 se niegan a hacerlo). Y la
mayoría de las 53 ciudades que sí lo han hecho aplican las restricciones
en zonas pequeñas y no multan. Además, Madrid acaba de aprobar que los coches
sin etiqueta puedan seguir circulando. Esta actitud se explica porque el
PP y Vox defienden posiciones negacionistas del Cambio Climático,
mientras los límites de contaminación se superan en zonas donde
viven 8,4 millones de españoles. Tremendo.
En España, el aumento del número de vehículos (31,3
millones en 2024, 2 millones
más que en 2019) sigue aumentando la contaminación en las grandes ciudades,
sobre todo porque casi un tercio del parque de vehículos tienen más de 20 años
de vida. Eso provoca que casi 8,4 millones de españoles (1 de cada 6
habitantes) viven en ciudades donde se superan los límites vigentes
(Directiva UE
2024/2881 y Decreto 102/2011) de partículas (PM 2,2 y PM 10),ozono
y NO2, afectando a una superficie de 83.000 km2 (el 16,5% del
territorio), según
el último estudio sobre contaminación de Ecologistas en Acción. Pero si
tomamos los nuevos límites de contaminación aprobados por la
Comisión y el Parlamento Europeo para 2030 (más estrictos, la mitad que los
actuales), resulta que 30,95 millones de españoles (2 de cada 3
habitantes) respiran un aire contaminado, en 22 grandes ciudades. Y si
somos más estrictos y aplicamos los límites
de la OMS aprobados en septiembre de 2021 (la cuarta parte de los
vigentes), toda España respira un aire que excede estos límites OMS.
Ante este panorama de contaminación, el Gobierno Sánchez aprobó
en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, que no fue aprobada por el
Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con
la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo
objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un
23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para
reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las
ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta
contaminación) estaban obligados a implantar
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de
los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que
esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de
2023 (casi 2 años después).
El problema es que la gran mayoría de consistorios
(gobernados por PP y Vox) han
“remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no
eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían
aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de
2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se han sumado 8
ciudades más, con lo que son 57 las ciudades grandes (53 de más
de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes)
que tienen implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las
153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de
acceso restringido, 100
ciudades no las aplican más de 3 años después del plazo fijado: 90
están en proceso de instalarlas ("no tienen prisa") y
otras 10 ciudades no han iniciado siquiera el proceso, se han declarado “en
rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar
de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).
Entre las 90 grandes ciudades que tramitan la instalación de una Zona de Bajas Emisiones (3 años y tres meses después del
plazo legal: ver
listado) hay 3 grandes capitales (Valencia, Murcia y Las
Palmas), 7 ciudades grandes-medianas (Vigo, Gijón, Vitoria, Oviedo,
Jerez, Móstoles y Santa Cruz de Tenerife), otras 25 ciudades de 100.000 a
200.000 habitantes (Alcalá de Henares, Leganés, Burgos, Albacete, Castellón,
Santander, Alcorcón, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Logroño, Huelva, Dos
Hermanas, Tarragona, Parla, Mataró, Algeciras, León, Santa Coloma, Cádiz, Jaén,
Reus, Ourense, Roquetas, Girona y Barakaldo), más otras 55 ciudades de
50.000 a 100.000 habitantes (capitales como Lugo,
Cáceres, Melilla, Toledo, Ceuta, Ciudad Real, Zamora, Huesca o Ibiza y grandes
ciudades como Santiago, Lorca, San
Fernando, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Vélez Málaga, Torrevieja, Talavera,
Coslada, Manresa, Gandía, Avilés, Majadahonda, Paterna, Sagunto, Collado
Villalba, Irún, Mérida, Granollers, Pinto o Elda).
Pero además, en las 53
grandes ciudades donde sí funcionan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
en muchas se dan dos problemas que denuncian expertos y ecologistas.
Una, que la zona a la que se aplica la restricción de entrada
de vehículos es
muy pequeña, con lo que tiene poco impacto real en la reducción
de la contaminación (son ZBE “de cara a la galería”). La otra, que muchos
de los Ayuntamientos que aplican estas restricciones no
multan a los infractores: primero les dieron un plazo de gracia
de un año (avisos sin multa) y después muchos Ayuntamientos los han
prorrogado y no sancionan realmente, otro factor que resta efectividad a
estas 53 ZBE (57 con los 4 municipios pequeños) que si funcionan.
¿Qué ha hecho el Gobierno Sánchez para que los
Ayuntamientos cumplan la Ley? La verdad es que poco,
dado el constante enfrentamiento político con los consistorios gobernados por el
PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de CC, pero que ahora está en
una posición más negacionista del Cambio Climático, por presión de Vox). En
2025, tras los 2 primeros años de retraso, el ministro de Transportes (Oscar
Puente) amenazó
a los Ayuntamientos incumplidores a no transferirles los Fondos europeos
destinados a subvencionar el transporte público y fijó una fecha: el 2º
trimestre de 2025. Pero al día de hoy, no
se conoce ningún caso de un Ayuntamiento que no haya recibido estas ayudas.
La otra medida anunciada (sin fecha) es la
aprobación de un Decreto-Ley (de los Ministerios de Transición
Ecológica y Transportes) para obligar a los Ayuntamientos a multar realmente
a los conductores con vehículos contaminantes que entran en las ZBE.
Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor
del Pueblo han
pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la
instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción han llevado a los Tribunales
a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan
otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de
ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.
Otra medida muy criticada por expertos y ecologistas ha sido
la reciente decisión (25 marzo 2026) del Ayuntamiento
de Madrid de prorrogar
indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y poder aparcar en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular
esté empadronado en la capital. Estos vehículos sin etiqueta (11.309, el
1,08% de los que circulan) ya tuvieron dos prórrogas antes: una
para poder circular hasta finales de 2025 y otra hasta finales de 2026, lo que
provocó que muchos propietarios los vendieran. Y ahora se quejan del cambio
normativo del Ayuntamiento, provocado por una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (17 de septiembre 2024) que anuló la prohibición de
circular aprobada
por el consistorio y recurrida por Vox en noviembre de 2021. Así que
ahora, “bula” para los coches sin etiqueta en Madrid.
En definitiva, tenemos un grave problema de contaminación
del aire en gran parte de España (recordemos: 2
de cada 3 españoles respiran un aire que supera los límites aprobados por
Europa para 2030, una Directiva que el Gobierno debe transponer) y sin embargo,
dos
de cada tres grandes ciudades incumplen la Ley y no han implantado Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE). Y las que sí lo han hecho, ha sido en zonas pequeñas
o no multan a los que entran con coches muy contaminantes. Esto es
especialmente preocupante porque casi el 60% de los coches que circulan en
España no tienen etiqueta (el 29,4%) o tienen etiqueta B
(otro 29,7%), mientras el 36,4% tienen etiqueta C y sólo un 5,8%
tienen etiqueta ECO y un 1,6% tienen etiqueta 0, según
ANFAC. Y el 92,7% de los vehículos que circulan por nuestras
ciudades y carreteras son diesel (58,9%) o gasolina (33,8%), los
motores de combustión que más contaminan (y sobre todo los viejos: 1/3
vehículos tienen más de 20 años).
Nos quejamos de las inundaciones, olas de calor
o los incendios forestales, pero no se toman medidas eficaces
para paliar los efectos de la emergencia climática, sobre todo los relacionados
con el tráfico en las ciudades. Y a
pesar de los informes de los científicos, que aseguran que el origen
del problema está en los combustibles fósiles y en el tráfico, crecen
los políticos negacionistas, en Europa y en España, muchos en los
grandes Ayuntamientos, que no están dispuestos a tomar medidas contra el
tráfico y la contaminación, retrasando y boicoteando las Zonas de Bajas
Emisiones (ZBE). Y no se espera la incorporación este 2026 de muchas de las 100
ciudades pendientes, sobre todo porque en mayo de 2027 hay elecciones
municipales y tanto PP como Vox irán con la bandera “negacionista”.
Nuestra esperanza sigue siendo Europa, aunque en
Bruselas crece el peso de los políticos negacionistas: a la extrema
derecha se ha sumado la mayoría del PP europeo, en una alianza que ha
conseguido un triunfo en diciembre de 2025: retrasar
la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) a
después de 2035, retraso que todavía ha de aprobar el Parlamento europeo.
Pero, de momento, sigue vigente la nueva Directiva de emisiones (Directiva UE
2024/2881), aprobada en octubre de 2024, que reduce
a la mitad los límites actuales de emisiones en los paises
miembros para 2030. España tiene que transponer ahora esta
Directiva y tomar medidas para cumplir estos límites de contaminación más
estrictos (se reducen a la mitad las emisiones permitidas de partículas, ozono
y N02) en 2030. Eso puede reforzar al Gobierno frente a los Ayuntamientos “rebeldes”,
aunque todo va a depender de la duración de la Legislatura y de las
municipales y generales de 2027.
En cualquier caso, reducir la contaminación de nuestras
ciudades (que enferma, mata y cuesta mucho dinero) no debería ser objeto
de “pelea política”, ya que nos afecta negativamente a todos y deberían
pactarse medidas eficaces. Pero la realidad es que la lucha
contra las medidas ambientales es una de las banderas de la extrema
derecha y de la derecha (de momento en autonomías y Ayuntamientos, pero lo
será en toda España si llegan a la Moncloa), a costa de agravar la emergencia
climática y de nuestra salud. Deberíamos apostar por ciudades más
limpias y con menos coches, aunque nos cueste cambiar de hábitos.
Y votar en consecuencia cuando nos toque.
Estos días de Semana Santa, muchos viajeros acabarán
visitando uno de los 592 Centros Comerciales que hay en España, el
4º país de Europa con más Centros y Parques comerciales. Han superado con
creces el bache de la pandemia y siguen abriendo por toda España: en 2025
hubo 5 aperturas y se espera abrir 36 nuevos Centros y Parques hasta
2028. Con todo, el mayor negocio son las compraventas: comprar un
Centro, aumentar sus ventas y visitas y venderlo en unos años con importantes plusvalías.
En 2025, se han contabilizado 32 compraventas, por un valor de 2.000
millones de euros, un récord que se superará en 2026, dado que hay muchos
Centros en venta. Y todo apunta a que el boom de los Centros y Parques
Comerciales continuará en España, porque el consumo sigue con fuerza y los
Centros ofrecen cada vez más servicios, desde hostelería y ocio a
gimnasios y servicios médicos. El riesgo es crear una “burbuja”
de Centros Comerciales y que un día estalle. Hay que autorizarlos con cabeza.
La pandemia hundió el consumo y cayeron drásticamente
las visitas a los Centros Comerciales (-35% en 2020) y las ventas
(-27%), con el riesgo de que estallara aquí “la burbuja” de los Centros Comerciales,
como
había pasado en EEUU (entre 2008 y 2023 cerraron
300 de los 1.200 “Mail” que había en USA, por un exceso de oferta y porque
muchos se habían quedado “obsoletos”). Pero en Europa, la oferta de
Centros Comerciales no era tan “excesiva (374m2
por 1000 habitantes, 14 veces menos que los 5.000 m2 por 1.000 habitantes
en USA). Por eso, aunque cerraron CC, en la mayoría de paises aguantaron
la crisis, con menos tiendas y pocas aperturas. Y a
partir de 2022, en España volvieron a
inaugurarse nuevos Centros y Parques Comerciales, alcanzándose en
2023 los 580 CC (12 más que antes de la pandemia) y 587 a finales de
2024. Con ello, España era el
4º país europeo con más grandes espacios comerciales, sólo por detrás
de Reino Unido (más de 1.200 Centros), Alemania y Francia (750 CC cada uno) y el
país con más aperturas tras la pandemia.
En 2025, los grandes espacios comerciales siguieron
creciendo en España: a finales de año había 592 grandes espacios comerciales,
entre Centros (491) y Parques Comerciales (101, el formato de más
crecimiento: había 70 Parques en 2019)), con una oferta total de 16,9 millones
de m2 y 32.800 comercios (el 85% de los locales con menos de 300 m2), según
el balance de la Asociación AECC. En conjunto, estos CC lograron un
récord de ventas en 2025: 58.524 millones de euros, un 6% más que en 2024. Y estos Centros y Parques
recibieron 1.955 millones de visitas, un 2.4% más que en 2024 y una
afluencia similar a la que tenían antes de la pandemia (2019). Eso significa
que las
ventas han aumentado más que las visitas, debido a que han aumentado
las ventas por visita (básicamente, por la inflación). El mayor número
de Centros y Parques está en Andalucía (122), seguido de Madrid
(110), Comunidad Valenciana (63), Cataluña (59), Galicia (32) y País Vasco
(28 CC).
En 2025 se abrieron 5
nuevos grandes espacios comerciales (con 132.000 m2), los 5 son Parques
Comerciales (no son una ubicación cerrada, como los CC, sino un Parque
abierto con grandes locales que
tienen salida a la calle), 4 de tamaño mediano y uno pequeño: Family Park
(Tarragona: 39.000 m2), Parque Comercial Los Olivos (Cieza, Murcia: 30.948 m2),
Ronda Roces Parque Comercial (Gijón, Asturias: 30.000 m2), Entrenasas (Dos
Hermanas, Sevilla: 25.000 m2), y Victoria Park (Jaén: 7.200 m2). Y además se
renovaron y modernizaron varios Centros Comerciales (400.000 m2, el
2,36% de la superficie total), entre ellos Marinaleda City (A Coruña), L´illa
Diagonal (Barcelona), Área Sur (Jerez), Las Rozas The Style Outlet (Las Rozas,
Madrid), la Vega (Alcobendas, Madrid) y el Faro (Badajoz).
Los grandes inversores y gestores de Centros y
Parques Comerciales tienen
un gran interés por España, por una serie de factores:
nuestro alto crecimiento (el PIB creció más que la media de los paises
euro entre 2021 y 2025), el fuerte aumento del consumo (por el gran aumento
de la población y del empleo) y la afluencia récord de turistas (que
podrían llegar a 100 millones de visitantes en 2026). Por todo esto, España
lleva años siendo “objeto de deseo” de los inversores inmobiliarios
internacionales, que invirtieron 18.400 millones de euros en 2025 (+31%
que en 2024), según
CBRE. De ellos, las inversiones en “retail” (comercio) fueron las cuartas
más importantes (tras las oficinas, la industria/logística y los hoteles), donde
invirtieron 2.843 millones en 2025, de ellos 2.000 millones (el 70%)
en Centros y Parques Comerciales, la mayor llegada desde
2018.
Las inversiones en Centros y Parques Comerciales no
son solo para abrir nuevos espacios, sobre todo se dirigen a comprar superficies
que funcionan, para renovarlas e impulsarlas, con la idea de venderlas
con beneficios en unos años. Este es el mayor negocio de los inversores y
Fondos en los CC: comprar, mejorar ventas y alquileres y vender después
más caro, con enormes plusvalías (y a veces, con pérdidas). En 2025
hubo en España 32 operaciones de compraventa de Centros y Parques
Comerciales, según
el informe de PwC y AECC, por un importe total de 2.000 millones de euros.
Estas han sido las 7 principales operaciones: venta del CC
Bonaire (Valencia), por 305 millones, de UWR a Castellana Properties;
venta del Parque Corredor (Madrid), por 250 millones, de Redevco y Ares
a CBRE; venta del 50% de Xanadú (Murcia), por 200 millones, de Intu a
Rivoli; venta de Espacio Mediterráneo (Murcia), por 135 millones, de
West Invest a Lighthouse Properties; venta Parque Comercial Abadía (Toledo),
por 100 millones, de Redevco/Ares a CBRE; venta de Madrid Alcalá Magna
(Alcalá de Henares, Madrid), por 90 millones, de Trajano Iberia a Lighthouse Properties;
y venta de Aire Sur (Sevilla), por 80 millones, de CBRE a Sprea/Rivoli.
¿Quiénes
son los que se dedican a comprar y vender?
Los principales dueños y gestores de CC y Parques son grandes grupos
inversores, SOCIMIs (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) y
operadores especializados como Carrefour Property, Lar
España, Castellana Properties, Klépierre, Unibail-Rodamco-Westfield
(URW) y la familia Balkany, pioneros y propietarios de centros
emblemáticos como La Vaguada (compartido con URW) y gestores de LSGI (con una
gran cartera). Carrefour Properties
es el líder, con más de 110 CC y Parques
gestionados directamente y otros 79 por Carmila
(una inmobiliaria de Sebastián Palacios donde Carrefour tiene el 35%). Le sigue
Ceetrus (propiedad de la multinacional francesa Auchan), con 53 Centros
y Auchan directamente con otros 32. Tras los 2 franceses está Castellana
Properties (propiedad del Fondo sudafricano Vukile), con 16 Centros
Comerciales y la “española” Lar (25% del Fondo sudafricano Vukile, un
14% de la inmobiliaria Lar y el resto repartido entre Santa Lucía y Fondos de
pensiones USA), que cuenta con 14 Centros. General de Galerías Comerciales
(del magnate murciano Tomas Olivo) gestiona 9 Centros Comerciales y la francesa
URW gestiona 8 Centros más, la cartera con más valor (La Vaguada, Parque
Sur, Equinoccio, la Maquinista, Gloríes, Splau…). Y luego, varios Fondos
internacionales, como Nuveen, Klempierre, Neinver, MDSR (israelí)
gestionan cada uno entre 8 y 5 Centros Comerciales en España.
Estos y otros inversores tienen la vista puesta en las
compraventas que se anuncian para 2026, que podrían ser récord y movilizar 3.000
millones de euros (5 veces las ventas de 2022), según
PwC y la AECC, operaciones impulsadas por el aumento previsto del consumo, la
subida de los alquileres (locales) y los bajos tipos de interés, más la alta
rentabilidad de la inversión (por encima del 6%). De momento, ya
se han hecho 5 ventas en este 2026: la venta del CC Islaazul (Madrid),
por 340 millones, del fondo británico Henderson Park a Castellana Properties,
que ha vendido una parte de su cartera de CC a Ferrel (Ares) por 270 millones;
el CC Berceo (La Rioja) se ha vendido, por 108 millones, de Barings a
Castellana Properties; The Outlet Stores Alicante lo ha vendido UBS
Europe SE a VIA Outlets, por 70 millones. Y se
acaba de vender el CC Oasiz (Torrejón de Ardoz), propiedad de
Carlotta Iberia, por 140 millones a su principal acreedor, el Fondo británico Cale
Street Investment. Ahora, la gran subasta será la venta de la
enorme cartera de la familia Balkany: 9 CC valorados en 1.600
millones de euros, entre ellos CC de referencia, como La Vaguada (Madrid), Gran
Vía 2 (Hospitalet), Plaza Norte 2 y
Plaza Río 2 (ambos en Madrid).
Además, este año 2026, el sector apuesta por nuevas
aperturas de Centros y Parques Comerciales en España. La Asociación AECC
prevé la apertura de 36 nuevos espacios entre 2026 y 2028, la
mayoría (28) Parques Comerciales y los 8 restantes Centros Comerciales (sólo 2
de gran tamaño). Parece que los inversores apuestan ahora más por los Parques
Comerciales, porque incorporan nuevos servicios como restauración y ocio,
priorizando espacios abiertos y ajardinados para mejorar “ la experiencia”
del visitante, generando “comunidad” y reforzando la vinculación con el
entorno. Además, los Parques son más fáciles de gestionar que los Centros,
porque tienen 20 o 30 grandes tiendas frente a las 300 de un CC. Y cara
al futuro se opta además por espacios
de tamaño mediano y pequeño, que se pueden ubicar mejor en
ciudades y localidades pequeñas (las grandes capitales tienen ya una
excesiva concentración de CC). En paralelo, se seguirá invirtiendo este año en remodelar
los espacios comerciales más antiguos, sobre todo en lo relativo a
accesos, seguridad, sostenibilidad y eficiencia energética. Ahora, en 2026, se
están rehabilitando 30 CC y Parques, según AECC, espacios que suman 1.380.000
m2 (el 8,2% de la superficie total).
En definitiva, que los grandes inversores y Fondos,
internacionales y nacionales, siguen apostando por los grandes
espacios comerciales en España (más por los Parques que por los
Centros Comerciales), tanto porque esperan altos ingresos por alquileres (al
aumentar visitantes y ventas) como porque juegan a comprar ahora espacios
comerciales, mejorarlos y subirles de nivel, para venderlos en unos años con grandes
plusvalías. Y eso porque España crece más que el resto de Europa y los españoles
siguen enganchados a las compras físicas (más que online) y les
gusta visitar los Centros y Parques no sólo para comprar sino para pasar la
tarde o el día, mirando tiendas, visitando gimnasios o bares y restaurantes,
yendo al cine o paseando (si fuera hace frío o mucho calor). Y hay
CC que cada vez ofertan más servicios, incluidas
clínicas o fisioterapia, talleres o múltiples ofertas de ocio.
Así que tenemos un “boom” de Centros y Parques Comerciales,
cada vez en más lugares, aunque sus dueños y gestores cambien con enorme
frecuencia. Es una forma de venta y de socialización que tiene éxito en
España y en el resto de Europa, que ha demostrado una gran resiliencia
ante las crisis y la inflación, mientras en EEUU están un poco de vuelta
(con modelos de “Comunidades residenciales” que integran viviendas y
comercios). Pero hay
que “vigilar este crecimiento” para evitar que otra crisis o los
cambios en los hábitos de compra provoquen cierres en el futuro. Por eso, alguien
(Estado, autonomías, Ayuntamientos) debería “vigilar y controlar” el
proceso de crecimiento de los Centros Comerciales, para conceder
licencias y aperturas sin demasiado riesgo, para evitar que esos “grandes
templos del consumo” sean un día “cementerios comerciales”.
Hay que autorizarlos “con cabeza”.
Media España viaja o toma unas pequeñas vacaciones esta
Semana Santa, tras no tener fiestas ni “puentes” desde Navidad. La fiebre
por salir y moverse sigue ahí, en España y en Europa, a pesar de
las guerras (Ucrania y Oriente Medio) y de la fuerte subida de
precios (3,3% anual), sobre todo por los carburantes. Pero mucha
gente no tendrá en cuenta estas subidas (llenar un depósito de gasóleo cuesta
31 euros más que el año pasado y 3,50 euros más si es de gasolina), ni tampoco
las de los hoteles (+9,6% anual), bares y restaurantes o los billetes de
autobús, tren o avión. Al final, si el tiempo no lo impide, los
hoteleros esperan más clientes (sobre todo españoles) que la Semana Santa 2025, que ya fue récord,
sobre todo en Canarias, Baleares, Andalucía y Levante, más las
ciudades de interior con procesiones. Y la guerra en Irán nos traerá
también muchos extranjeros. Todos buscan evadirse de la realidad, “cargar
las pilas” y afrontar una vuelta complicada. Descansen. Enrique Ortega
El turismo en España ha empezado el año con fuerza,
tras batir todos los récords en 2025 (96,8 millones de turistas
extranjeros y 134.712 millones de gasto). Así, en enero de 2026 (último dato del INE),
España recibió 5,1 millones de turistas extranjeros, un +1,2% que en 2025, con
aumentos de visitantes de Italia (+8,1%), Reino Unido (+3,3%), EEUU (+3,2%, a
pesar de Trump y de la fortaleza del euro), paises nórdicos (+1,8%) y del resto
del mundo (+13,1%), aunque cayeron los turistas franceses (-19,2%) y alemanes
(-2%). Además, y esto es importante, los turistas foráneos se gastaron un 9,3% más,
lo que indica que sigue subiendo el gasto medio por turista (por la inflación y
porque son turistas “de más calidad”). Y finalmente, han aumentado, en enero y
febrero, las
pernoctaciones hoteleras (+2,2%), más por los extranjeros (+3,3%) que
por los españoles (+2,3%).
Ahora, se espera que la Semana Santa incentive la llegada de
turistas extranjeros, aunque serán los españoles quienes dominen los
viajes y la ocupación hotelera estos días, a pesar de las guerras y de
las subidas de precios. El
sector hotelero asegura que las reservas para Semana Santa serán
algo superiores a las del año pasado (que ya fue récord) y que las grandes
cadenas ya rozan “un lleno técnico” en Canarias, Andalucía y Baleares, con un
aumento de reservas también en Madrid, Levante y Cataluña, más las ciudades de
la España interior con procesiones, que disparan el turismo rural. Pero sobre
todo, los
hoteleros creen que mejorarán sus ventas y márgenes,
por la subida de precios (la facturación media por habitación fue en febrero de
116,3 euros, +2,9% más que un año antes).
Hay varios factores que explican el aumento de la
ocupación previsto para esta Semana Santa. Uno, que hay más gente trabajando
que hace un año (+482.710
afiliados a la Seguridad Social en febrero 2026 que en febrero de 2025), lo
que ha impulsado el consumo y el gasto, sobre todo en viajes, una
prioridad de las familias tras la pandemia. Y el conflicto en Oriente
Medio puede acabar desviando
turistas internacionales hacia España, en perjuicio de los viajes a
Turquía, Grecia, Egipto y norte de África. Pero también hay factores en
contra de viajar estos días, como las subidas de carburantes y de los
billetes de autobús, tren y avión. Y, sobre todo, la incertidumbre de muchas
familias sobre los efectos negativos de la guerra.
Con todo, mucha gente tiene difícil llegar a fin de
mes (por la inflación y los alquileres o hipotecas, mientras apenas
suben los salarios), con lo que no todo el mundo viajará esta Semana Santa,
aunque parezca que sí. De hecho, el 56% de los españoles no se moverá esta Semana
Santa, la mayoría porque su economía no se lo permite, según
una reciente Encuesta hecha por el Observatorio Cetelem. Los que sí viajen lo
harán mayoritariamente (14%) dentro de España (al pueblo, a un destino interior
o a la costa), siendo minoría (14%) los que viajarán al extranjero, básicamente
a Europa. Y su gasto medio será de 538 euros por persona, un 13% más que
el año pasado, según esta Encuesta. Un gasto medio que se destinará sobre todo
a pagar alojamiento, restaurantes, compras y ocio.
Los que viajen esta Semana Santa notarán en sus bolsillos varias
subidas de precios, que les obligarán a ajustar su gasto, para no pegarse
un susto con el próximo pago de la tarjeta de crédito. La primera subida
evidente la
han tenido al repostar: el viernes 27 de marzo, el precio medio de la gasolina 95
era de 1,563 céntimos litro, inferior (-25 céntimos) al que costaba el sábado
21 de marzo (antes de los ataques a Irán), que era de 1,819 céntimos litro,
gracias a la bajada de impuestos aprobada por el Gobierno. Pero algo superior
al precio de la gasolina la Semana Santa de 2025 (1,56 euros/litro), con lo que
llenar ahora un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 3,50 euros más que
hace un año. El mayor problema lo tienen quienes tienen un coche de gasoil:
el litro costaba el viernes 1.774 euros/litro de media, 19 céntimos menos que
antes de la guerra de Irán (1,964 céntimos), una rebaja menor porque el gasóleo
se ha disparado más que la gasolina en los mercados internacionales. Pero al
comparar el precio actual con el de la Semana Santa 2025 (1,40 euros/litro),
resulta que llenar ahora un depósito de gasóleo cuesta 31 euros más que
hace un año…
La siguiente subida la notarán muchos al comprar un billete de
autobús (+7,6%) o tren (+11,4%) y sobre todo, al comprar un billete
de avión, más en los vuelos internacionales: el jet fuel (keroseno) ha
subido hasta un 50% en los mercados internacionales, aunque las compañías
aseguran los precios de un 80% de sus suministros para evitar extracostes. A
pesar de eso, el
propio director general de IATA ha vaticinado una subida de los billetes
del 8 al 9%. Y lo mismo pasarán con los trenes, sobre todo los de alta
velocidad (con más demanda), que además sufrirán más retrasos estos días
por los tramos de menor velocidad (y no circulan directamente hasta
Málaga, por los daños de las pasadas lluvias).
Otra subida la habrán visto al hacer las reservas
de hoteles o apartamentos para estos días: aprovechando la mayor
demanda, los precios de los hoteles han subido un +9,6% anual, según el IPC de febrero.
Y lo mismo al sentarse en una terraza o comer en un restaurante o en un
chiringuito de playa: la subida anual ha sido del +4,4%, según el INE. Lo
mismo pasará con los locales de ocio, las copas o muchas entradas a
parques o espectáculos: son muchos los que aprovecharán la subida de los
carburantes para subir precios, algo que ya
se está notando en los alimentos y supermercados y que se
extenderá a todos los productos y servicios.
Eso sí, la Semana Santa y este mayor gasto permitirán
mantener el crecimiento de la economía, alto a pesar de las
guerras de Ucrania y Oriente Medio (+2,8% en 2025, el
doble del 1,4% que creció la zona euro), gracias a que reanimará el
consumo interno y el turismo, dos de los motores básicos de nuestra
economía. Y también ayudará la Semana Santa a que crezca el empleo: el
sector calcula que se han hecho 164.000 contratos para estos días,
un +12,1% más que en 2025, sobre todo en hostelería (el 87%), transporte y
logística (7,75%) y empresas de ocio (5,5%), un empleo que se ha concentrado
(el 60%) en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque muchos
de estos empleos se pierden después.
Tras la vuelta de Semana Santa, el sector turístico ya tiene
la vista puesta en “el
macropuente” de mayo: se pueden pedir 4 días de vacaciones para
tener en total 9 días de vacaciones (del 25 de abril al 3 de mayo). Y a
partir de ahí, mayo y junio pueden beneficiarse de la tendencia a tomar
vacaciones fuera del verano (que ya se notó en 2025) y a las escapadas
largas (con viernes y lunes incluidos), gracias a la generalización del
teletrabajo. En cualquier caso, más escapadas y viajes antes de un verano que
se espera rompa otra vez los récords de 2024 y 2025. Y de ahí, a
por los 100 millones de turistas este año…
Claro que todo va a depender de Trump y Netanyahu,
porque si persisten en su guerra ilegal con Irán (una dictadura teocrática dispuesta
a “morir matando”) y el precio de la energía se dispara, con subidas de
precios generalizadas (ya estamos en una inflación del 3,3%
en marzo, que puede escalar del 4% en abril), lo
sufrirán los consumidores, que frenarán su gasto, también en viajes, algo
muy preocupante para una potencia turística como España. Así que crucemos
los dedos y esperemos que no llegue otra crisis. Mientras, aprovechemos
estos días para descansar y cargar las pilas” para la vuelta, que no
será fácil.
