Este sábado se cumplirá el primer mes de la guerra
de EEUU e Israel contra Irán, que ha disparado los precios de la energía
y que pagamos los consumidores, en los carburantes, la luz, los fertilizantes,
transportes, materias primas y alimentos. Sin embargo,
esta guerra en Oriente Medio pilla a España mejor que la de Ucrania,
con menos inflación, más peso de las energías renovables y más recaudación
fiscal. De momento, aumentará nuestros precios un +0,7% y
rebajará el crecimiento un -0,4%, aunque dependerá de lo que se agraven los
ataques y de su duración. Mientras Europa no ha aprobado
todavía ayudas, el Gobierno aprobó el viernes una rebaja de impuestos a
los carburantes (20-29 céntimos/litro) y la luz, más ayudas directas a
transportistas, agricultores, pescadores e industrias, valoradas en 5.000
millones de euros. Pero si Trump y Netanyahu escalan sus ataques
(por tierra), la energía se disparará más y harán falta nuevas
ayudas, esta vez a los alimentos. Y pueden arrastrarnos a otra grave
crisis.
La primera consecuencia de la guerra y de la subida del
petróleo y del gas ha sido la subida de los carburantes, ya al día
siguiente de los primeros ataques, a pesar de que el petróleo que
acaba en las gasolineras ha sido comprado entre 2 y 4 meses antes, según
un estudio de COAG, que pide intervenir a la Comisión de la Competencia
(CNMC) contra las petroleras, por haber subido los precios antes que les suban
el petróleo y los carburantes que compran. En cualquier caso, la gasolina
ha pasado de costar 1,44 euros/litro el 27 de febrero a 1,805
el viernes 20 de marzo (+25,34%). Y el gasóleo
ha subido de 1,39 euros/litro a 1,936
euros/litro (+39,28%), superando a la gasolina. Esto pasa
porque las
refinerías europeas sufren un déficit crónico de gasóleo y lo tienen que
importar, sobre todo de China, que ha cerrado su exportación para asegurar su abastecimiento, lo que dispara más el precio.
Otro efecto de la guerra en Oriente Medio ha sido la
subida de la luz, por el encarecimiento del gas, aunque se ha podido
contrarrestar por la gran aportación de las energías renovables (viento, agua y
sol). El precio de la luz en el mercado mayorista saltó de 14,5
euros/megavatio el 28 de febrero a un máximo de 136,86 euros el 10 de marzo,
para bajar después a 28,88 euros/MWh el 18 de marzo, un mínimo de 6,45 euros el
15 de marzo (con 9 horas “gratis”) y 41,47
euros/MWh este sábado 21, más cara que la media de febrero (16,41 euros/MWh)
pero la mitad que en enero (71,17 euros/MWh). Por ello, se espera una subida
de la factura de la luz este mes, pero ligera (en febrero, el recibo
medio fue de 63,19 euros). Lo importante es que el alto porcentaje de
electricidad renovable (63,2% en febrero) sigue permitiendo que España
tenga la luz más barata de Europa: el sábado 14 de marzo, por ejemplo,
el precio mayorista era 14,39 €/MWh en España y 100 €/MWh en Francia, Italia y
Alemania…
Otra subida que ha provocado esta guerra ha sido la
de los fertilizantes, claves para los agricultores y la
producción de alimentos: una parte proceden de los paises del Golfo, que ya no
pueden exportar por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido su
precio internacional un +30% (al subir también el gas natural con el que
se fabrican), aunque la mayor parte de los fertilizantes que consume España
vienen del norte de África (Marruecos, Argelia, Egipto) y de Rusia. Y el
aumento del gasóleo también aumenta los costes de los agricultores y de los
pescadores, que tendrán que repercutirlo a los consumidores.
Además, la subida del petróleo y los carburantes, más el
aumento del riesgo y los seguros, han duplicado ya el precio del transporte
marítimo (subida de 4.000 dólares por contenedor), por el que llegan el
80% de las mercancías importadas. Y ha subido también el coste del transporte
por carretera (los transportistas pagan ahora +40% por el gasóleo) y el
coste del transporte aéreo (el precio del jet fuel ha subido
entre el 25 al 30%), por lo que ya han subido los
billetes de avión (un +9%), aunque la mayor parte de las compañías
aéreas tienen asegurado un precio fijo (más barato) para el 60 al 80% de sus
contratos de carburante…
Y también han visto aumentar sus costes muchas
industrias, sobre todo las que consumen más gas y electricidad, como la
industria química, la metalúrgica, la cerámica y las cementeras. Y otras
están más expuestas ahora al corte de la cadena de suministros
internacionales, como las farmacéuticas, el automóvil y las empresas
logísticas, que se arriesgan a cortes en sus procesos de producción, por
falta de principios activos o suministros. Y lo más preocupante es la
alimentación, porque los mayores costes energéticos y del transporte más
los problemas de agricultores y pescadores se
acabarán trasladando a los alimentos y a los precios de los
supermercados, sobre todo si la guerra dura meses. El mayor riesgo
es que suban ya el pan, los cereales, la pasta, el aceite de girasol, las
carnes y los pescados. Y además, ya ha
subido el Euribor (del 2,222 al 2,658), lo que afectará
negativamente a los hipotecados, mientras el BCE podría verse
obligado a subir los tipos.
Así que el coste de la guerra de Trump y Netanyahu
ya lo estamos pagando y lo pagaremos más si escala el conflicto o
si dura mucho. Aunque, de momento, sus consecuencias económicas son menores
que la invasión de Ucrania (febrero 2022), por varios motivos. Uno,
que entonces el petróleo llegó a costar 180 dólares (ahora 108) y
el gas escaló a los 200 euros (62 ahora, cuando además el gas
sólo genera el 15% de la electricidad en España, frente al 40% en Alemania y el
90% en Italia). Segundo, que entonces partíamos de una inflación anual previa
mucho más alta (5,9% en la zona euro y 7,6% en España) que ahora (1,9%
en la zona euro y 2,3% en España).Tercero, que los tipos estaban al 0%,
lo que animaba al consumo y a hipotecarse y ahora están al 2%, lo que frena más
las subidas. Y cuarto, que España está más preparada para afrontar otra crisis,
tanto porque tiene menos déficit público (2,5%
del PIB en 2025 frente al 6,9% en 2021) y puede gastar más en ayudas como
porque tenemos una menor dependencia del petróleo y el gas,
gracias a las renovables (han generado un 55,5%
de la electricidad en 2025, frente al 46,7% en 2021).
Con todo, la guerra es muy preocupante, no sólo por las
muertes y los desplazados que ha provocado (4 millones de iraníes,
libaneses e iraquíes pueden acabar en Europa, como pasó con los iraquíes en
2015), sino porque puede escalar, máxime si Netanyahu
persiste en atacar por tierra y Trump consigue los 200.000 millones de dólares
que ha pedido “para matar a los malos”. Los mercados
presionan a Trump para acabar con esta guerra (que ha provocado la
caída de las Bolsas y amenaza con otra recesión), lo mismo que muchos norteamericanos,
que empiezan a sufrir la inflación (el galón de diesel, 3,85 litros, ha
superado los 5 dólares, el mayor precio desde diciembre de 2022), pero Trump
es imprevisible y está muy presionado por el lobby judío en EEUU,
que ve una oportunidad histórica en apoyar al ultra Netanyahu para borrar a
Irán del mapa y consolidarse como potencia regional.
En España, el Gobierno Sánchez aprobó
el viernes un paquete de ayudas que incluyen rebajas fiscales a los
carburantes y la electricidad, más ayudas específicas al transporte, la
agricultura y la pesca, también a las industrias más consumidoras de electricidad
y gas. Son 80 medidas, con un coste total de 5.000 millones de euros (“el
coste de esta guerra para España”, por ahora). Se baja al 10% el IVA de los carburantes
(supondrá una rebaja de 20 a 23 céntimos por litro en el gasóleo y de 26 a 29 céntimos/litro
en la gasolina, un ahorro de 12 a 16 euros al llenar un depósito de 55
litros), se concede una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo a los
transportistas, agricultores y pescadores, unas ayudas equivalentes a los
fertilizantes, se bajan los dos impuestos a la electricidad (el IVA del
21 al 10%, también al gas, los pellets y la leña), se bonifican un 80% los
peajes a las industrias electrointensivas (ahorrarán 200 millones de
euros), se congela el precio del butano y propano, se extiende hasta fin
de año el bono social eléctrico (descuentos) y se refuerza el bono
social térmico. Además, y para asegurar que estas rebajas de impuestos
lleguen a los consumidores, se dan más prerrogativas a la Comisión de la
Competencia (CNMC), para que vigile los procesos y evite abusos en los
márgenes de petroleras, eléctricas y otras empresas.
Ahora, el Gobierno Sánchez intentará aprobar este paquete
de ayudas ("el mayor de Europa", según la vicepresidenta Aagesen) en el Congreso, este jueves, lo que no será fácil. Y en
paralelo, tendrá que vigilar que las rebajas fiscales lleguen a los ciudadanos,
que lo noten en bajadas de carburantes, luz y fertilizantes, que no sirvan para
mejorar el margen de las petroleras, eléctricas y empresas. Y mientras tanto
habrá que vigilar
la evolución de los alimentos, donde ya hay algunos productos que
están subiendo en los supermercados, aunque la mayoría esperan para hacerlo
(gracias a que llevan dos años aumentando aumentado márgenes y beneficios:
recordemos que Mercadona
tuvo en 2025 con un beneficio neto de 1.729 millones de euros, un 25% más
que en 2024).
Pero la clave es lo que escale y dure la guerra en
Oriente Medio. Porque si continúa otro mes más, hasta finales de abril,
el petróleo podría dispararse hasta los 180 dólares por barril, según
Arabia Saudí. Y eso arrastraría al gas y a la electricidad, a los
carburantes, al transporte marítimo y terrestre, a los costes de la industria,
los agricultores y la pesca, y, al final a los alimentos, con lo que el
Gobierno tendría que tomar nuevas medidas, como la rebaja del IVA
a los alimentos (una medida regresiva, porque beneficia más a los que
más tienen y gastan). Y en este escenario, una guerra más duradera, sería
imprescindible que Bruselas y los 27 aprobaran nuevas ayudas, como el tope
al gas y otras medidas extraordinarias.
En definitiva, estamos ante una guerra peligrosa y
preocupante, que puede tener un alto coste para los paises y sus ciudadanos,
desde Europa a EEUU, más para los ciudadanos iraníes y libaneses. Y lo peor es
que una guerra se sabe cuando empieza pero no cuando acaba ni cómo.
Y estamos en manos de dos políticos ultras e imprevisibles (Trump y
Netanyahu), que pueden decidir cualquier cosa, a costa del resto del mundo. “Piensen
en lo impensable y prepárense para ello”, aconsejó
hace días al mundo la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva. Pedro
Sánchez dijo el viernes que España tiene ahora “el mayor escudo
social y económico de los países europeos” y que estará vigente
el tiempo que sea necesario y si hace falta “lo ampliará". Urge ahora que Europa tenga una respuesta similar, con un paquete de medidas para ayudar a los 27.
Al final, nos ha caído encima otra crisis,
tras la pandemia (2020), la guerra de Ucrania (2022), los problemas climáticos
(inundaciones e incendios), el chantaje arancelario de Trump (2025) o la actual guerra en Oriente Medio. Pedro Sánchez insiste
en que tras todas estas crisis, España
ha salido más fuerte, siendo el país europeo que más crece en los
últimos tres años. Y recuerda el dato: en 2025, el 41% de todo el empleo creado
en Europa ha sido creado en España… Es verdad. Pero la clave es que Europa
reaccione junta y que tomemos medidas al margen de la política partidista.
Porque una guerra como esta exige unidad de acción y de respuesta,
no usarla para atacar al Gobierno y hacerle caer, como se ha intentado
en las crisis anteriores. La política está para resolver los problemas y
más cuando son graves como esta guerra. Veremos qué pasa.
Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación,
vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la
situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir
ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o
recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen
cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso,
que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de
vigencia de la Ley. Problemas causados por la falta de financiación del Estado y
las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos
y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un
dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto
para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las
listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y
necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de
personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.
El gran problema de la Ley de Dependencia, que
entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los
dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria
para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes
sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se
estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre
2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías.
En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la
Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además
de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia
alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130
millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias
aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años
sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se
destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del
gasto medio que hacen los paises europeos, según
los Directores de Servicios Sociales (DGSS).
Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia
(el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central
aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50%
(en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la
mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad
y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025,
hubo
9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos
que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados:
Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3),
Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias
(-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto
en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015
euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco
(6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola
del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045),
Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña
(5.918 euros/habitante).
Ante una escasa financiación, mientras crecen los
dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías
(que gestionan la Dependencia) llevan
casi dos décadas utilizando 2
vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio
funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más
baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes:
en
2025 había 1.677.042 dependientes atendidos
con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.
Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes,
multiplicando
la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas:
revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración
provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes
más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los
ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y
entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los
Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde
que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según
los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de
180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan
el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias),
mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los
expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en
Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).
Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías
revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales
de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los
dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también
para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen
reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en
2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen
reconocido. Es lo que se llama “el
limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes
reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor
gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido
no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%),
Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%).
Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo),
Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León
(4%).
Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y
los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el
limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025,
según
el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja
algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es
que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de
cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan
las ayudas o se las concedan: el
reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que
murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o
servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran
fracaso del sistema de Dependencia.
El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan
las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder
ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a
más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son
las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora
728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus
dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes
de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…).
Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171
euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221
Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377
euros.
La 2ª ayuda más concedida es la
teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55%
de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid
donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia).
Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”,
en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100%
de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.
Otro servicio que se concede es la
ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el
papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes,
lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios
para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en
las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia,
mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón,
24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi
todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de
2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado
III).
Seguimos con otros
servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros
de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la
atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que
el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La
ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros
(Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la
residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio:
la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para
contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los
famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del
coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en
2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las
familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.
Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace
aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que
reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por
su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para
atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los
cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras
profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales
(DGSS) dicen
que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está
sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y
que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera
de la Dependencia.
En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un
Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados.
Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó
una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el
Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la
dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de
fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los
Directores de Servicios Sociales hacen
varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia
(aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones
de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la
calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia,
reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más
personal y mejores salarios.
Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026
se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar
un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la
aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir a cero en dos años las listas de espera (el “limbo”
de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de
los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará
la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor
transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor
seguimiento y control.
En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir
este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque
la población española envejece y aumentarán año tras
año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas
con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda,
pero en 2050
habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un
sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low
cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación,
personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las
siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes
dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las
mujeres.
La patronal está obsesionada con el absentismo,
con las bajas laborales. Los datos avalan su preocupación: 1,47 millones
de trabajadores faltaron cada día a su trabajo en 2025, 1,1 millones por
bajas médicas (+83% desde 2017). Y el coste de estas bajas (ILT) se
ha triplicado, siendo 33.280 millones en 2025: 16.616
millones pagan las empresas y 17.164 millones la Seguridad Social, el 2º mayor gasto
tras las pensiones. Estamos ante un problema grave, pero no se
puede “culpar a los trabajadores", insinuando que “se escaquean” con las
bajas, como hace la patronal. La causa de las bajas disparadas es el
deterioro de la sanidad pública, que tarda meses en atender y curar y carece
de medios para mejorar controles y reducir plazos. También ha crecido el
estrés en el trabajo y muchos trabajadores se preocupan más de su salud,
mientras los jóvenes no aceptan trabajar enfermos (como hacían
sus padres). Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido
varias veces para reducir las bajas, pero no logran acuerdos .
Voy a centrarme en las bajas médicas (ILT), porque
son el grueso de las bajas (el 79%), en esos 1,16 millones de
trabajadores de baja a finales de 2025. La gran mayoría de estas bajas
médicas (el 91%) son por contingencias comunes, por problemas
temporales de salud (roturas y problemas de huesos y músculos,
enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, infecciones y
problemas mentales), siendo una minoría (9%) las bajas derivadas de enfermedades
profesionales. Un reciente informe
de AIReF ha dado la alarma: las bajas médicas
por contingencias comunes se han casi duplicado, pasando de 4,7 millones
en 2017 a 8,6 millones en 2024 (+83%), mientras las bajas
por enfermedades profesionales están estables (unas 700.000). Y a la vez, esas
bajas por contingencias comunes son más largas: de 40 días en
2017 a 45,9 días en 2024.
Podría pensarse que hay más bajas médicas porque hay más
gente trabajando (+3,4 millones de ocupados desde 2017). Pero no es por eso,
como lo demuestra el dato de las bajas médicas por 1.000 trabajadores:
eran 21,4 en 2017, saltaron a 28 en 2019, a 32,8 en 2022, a 36,5 en 2024
y a 38
bajas por 1.000 trabajadores en 2025, un salto enorme (+77,5%). Un
porcentaje de bajas médicas superior al del resto de Europa: si
en España suponían el 4,5% de las horas pactadas en 2024, la media
europea era el 2,5%, en Italia el 0,7% y en Alemania
el 3,2%, frente al 3,9% en Francia, un 4,1% en Bélgica y un 3,6% en
Portugal, según
este estudio de Ivie. Y la OCDE sitúa a España como uno de
los paises occidentales con más bajas laborales, con una media de 4,9
semanas perdidas al año por enfermedad.
El problema de este alto nivel de bajas médicas no es sólo
la pérdida de jornadas y de productividad, sino también su alto coste,
no sólo para empresas y trabajadores sino también para la Seguridad
Social. Actualmente,
los tres primeros días en que no se trabaja por un problema médico, el
trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, el trabajador cobra el 60% de su
sueldo (mejor, de su base imponible) y lo paga su empresa. Entre el día 16º y
el 20º de baja, cobra ese mismo 60%, pero ya se lo paga la Seguridad Social (el
INSS) y desde el día 21 en adelante, lo sigue pagando el INSS (a través de las
Mutuas), pero el trabajador cobra algo más, el 75% de su base imponible. Así
que de baja se cobra menos, aunque hay convenios que
complementan lo que se recibe (hasta el 80/91% del sueldo).
Así que las empresas pagan una parte del sueldo
del trabajador del 4º al 15º día que está de baja, unos costes que han pasado de 4.806
millones en 2015 a 16.116 millones pagados en 2025, según los datos oficiales.
Y el mayor desembolso lo hace la Seguridad Social (el INSS), cuya
factura por las bajas médicas ha pasado de 6.149 millones en 2015 a 17.164
millones en 2025, la 2ª mayor factura que paga la SS tras las pensiones. En
conjunto, el
coste total de las bajas médicas se
ha triplicado en la última década, desde los 10.955 millones que
costaban en 2015 a los 33.280 millones gastados en 2025.
Veamos el perfil del trabajador que está de baja,
según el
informe de la AIReF. Hay más mujeres (40 por 1.000
trabajadores, frente al 33,86 de media) que hombres (30), se da más entre
jóvenes (41,1 por 1000 entre 25 y 35 años, 34,4 entre 35 y 45 años,
28,7 entre 45 y 55 y 29,7 entre 55 y 65 años), aunque los más mayores están de
baja el doble de días. Cogen más bajas médicas y más largas los asalariados
(38,3 por 1000 trabajadores, con 112,5 días de media) que los autónomos (10,7
bajas por 1000, de 42,4 días de media) y más los asalariados con contrato
fijo que los temporales. Los sectores
con más bajas médicas (ILT) son la industria, las actividades sanitarias y
servicios sociales, el transporte y almacenamiento, el suministro de agua y
residuos, junto a las actividades administrativas, sin olvidar también a la
construcción y el turismo. En general, las bajas se concentran en las
grandes empresas, más que en las pymes. Y por autonomías, las que
tienen más bajas médicas son Navarra (52,2 por 1.000 trabajadores), Cataluña(49,1)
y País Vasco (42,6), aunque donde más han crecido desde 2017 han sido en
Canarias y Cantabria. Un dato llamativo
es que un 25% de los trabajadores son los que concentran el 55% de las
bajas y muchos repiten.
¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España?
Para
muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que
agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el
absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que
ha aumentado
las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las
consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con
problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de
personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos
expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar
por un médico de familia para dar las altas).
También hay otros factores que explican el
aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la
población ocupada (hay 4,2
millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro
(11,76% frente
al 26,94% en 2013, con lo que hay “menos miedo a perder el empleo) y, sobre
todo, una “distinta
actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos
precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han
aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el
absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios
laborales.
Otro factor que cada día cobra más peso es el
aumento del “estrés” en el trabajo, que ha disparado la depresión y
los problemas mentales de muchos trabajadores, que son ya la 2ª mayor
causa por la que se pide ahora una baja laboral, según la SS. Y además,
son las bajas cuya duración más ha aumentado, de 19 días hace una década a 45
días ahora. Según
este informe de UGT, en 2025 se concedieron 420.783 expedientes de
ILT por trastornos mentales y de comportamiento, sobre todo en
comercio, hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades
administrativas, Administración pública y educación. Y consideran que estos problemas
mentales son culpa en muchos casos de la temporalidad y la inseguridad laboral, las largas jornadas
laborales y la presión y sobrecarga de trabajo o el trato con clientes, a los
que se han sumado los problemas derivados de la digitalización y el teletrabajo
más las negativas condiciones climáticas (olas de calor, inundaciones,
incendios…).
Al final, el elevado absentismo laboral daña la
productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores,
que cobran mucho menos mientras están de baja. Por eso, el absentismo
preocupa no sólo a los empresarios (que llevan
años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que
se ha traducido en que ambas partes dedicaran un capítulo (el
VII) a abordar el absentismo en el V
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de
2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortaban al estudio
de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y estaban de
acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para
agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y
además, pedían más medios para reducir las listas de espera de la sanidad
pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los
procesos de bajas.
En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el
Gobierno anunció en febrero de 2024
que aprobaría una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que
las
Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen
las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran
8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondría que los
médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el
proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los
médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trataba de
“privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas
y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor
parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están
superados con el seguimiento de las bajas. Pero dos años después, la medida sólo
se aplica en 4 autonomías (Baleares, Asturias, Cataluña y Castilla
la Mancha, más Ceuta y Melilla) porque la mayoría de las autonomías (PP)
están retrasando la firma de los convenios.
En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las
fuerzas sociales una
vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido
enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los
sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las
fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el
problema de las bajas hasta el
pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de
AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear
un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana
después, el
16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse
sin resultados: los
sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el
absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .
Mientras, la patronal denuncia el alto nivel de
absentismo y pide
que el control de las bajas pase a las Mutuas, en tanto muchas
empresas recortan los complementos salariales que están pagando a los trabajadores
de baja. Y los sindicatos rechazan
que se “victimice” a los trabajadores y defienden que se mejore la sanidad
pública, para recortar la espera de los trabajadores para diagnósticos y
operaciones, mientras reiteran la necesidad de abordar los problemas de salud
laboral y en especial los crecientes problemas de salud mental. Y la AIReF, defiende
básicamente tres medidas: mejorar la conexión entre los
agentes que gestionan las bajas (sanidad, SS, Mutuas, empresas y trabajadores),
reducir las listas de espera en la sanidad pública y dotar de más medios a la atención primaria y
al INSS en el seguimiento y la gestión activa, con las Mutuas, de las bajas
médicas.
En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas
laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los afectados, sus
empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores
de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar
(como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y
rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se
puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al
trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay
que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas”
y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los
expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral,
fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay
que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más
integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar
no sea un tormento. Así habrá menos absentismo.
Cada día mueren 2 personas en el trabajo o yendo y
viniendo de trabajar. Fueron 735 muertes por accidente laboral en 2025,
61 menos que en 2024, aunque aumentaron los muertos en la construcción (+29
fallecidos). Y España es el 6º país europeo con más muertes laborales
en relación con los que trabajan. Los sindicatos denuncian que son “demasiadas
muertes” y que muchas podrían evitarse si las empresas invirtieran
más en prevención. Además, se quejan de que hay muchas enfermedades
profesionales que no se reconocen, como algunos cánceres. En febrero de 2026, Gobierno
y sindicatos han pactado una reforma de la Ley de prevención de riesgos
laborales de 1995, para reforzar la prevención y afrontar nuevos riesgos de salud
mental, trabajo digital y cambio climático. Pero la patronal se descolgó
del acuerdo, porque no quiere más normas sino regularlo en los convenios. Ahora
falta aprobar los Decretos y la nueva Ley, algo que no será
fácil por los enfrentamientos en el Congreso. Pero hay que tomar medidas para frenar estas “muertes silenciosas”.
No puede ser que el trabajo mate.
Empecemos por los
datos de los accidentes laborales, que prácticamente se estancaron
en 2025: hubo 1.163.047 accidentes declarados, un 1,5% menos que en 2024
(1.181.202). Pero algo menos de la mitad (542.661, -1,8%) fueron “accidentes
sin baja”, generalmente leves, porque muchos de estos trabajadores
prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos
denuncian que estos accidentes sin baja crecen en los últimos años).
Algo más de la otra mitad fueron “accidentes
con baja”, 620.386 en 2025, casi los mismos que en 2024
(628.300), aunque muy lejos de los accidentes con baja que había en España en
plena “burbuja inmobiliaria” (1.022.067 en 2007), aunque es una cifra de
accidentes con baja similar a la que había antes de la pandemia (650.602
en 2019). Pero hay que recordar que ahora trabajan en España 2,5 millones de
personas más…
El grueso de los accidentes de trabajo con
baja se produjo en
el trabajo (529.838 accidentes,-19% que en 2024) y el resto fueron
accidentes “in
itinere” (90.548,+2,9% que en 2024), accidentes producidos al ir y
venir de trabajar, que son los accidentes que más crecen en los últimos años,
por accidentes de tráfico. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres
(70,2%), pero curiosamente son las mujeres quienes tienen más
accidentes laborales “in itinere” (el 54% del total), quizás porque se
desplazan más para conciliar el trabajo con llevar a los hijos al colegio o
hacer las compras. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados
(95,4%) y el resto autónomos (4,6%).
Las actividades
más peligrosas en 2025,
con más accidentes laborales en el trabajo con baja, fueron la industria
(96.068, el 18,3% del total), la construcción (78.845 bajas, el 15,06%), el
comercio y la reparación de vehículos (69.968 accidentes, el 13,20%), las
actividades administrativas y servicios auxiliares (57.030, el 10,76%), la
hostelería (50.837, el 9,59%), el transporte y almacenamiento (41.168, el
7,76%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (40.864 accidentes, el
7,71%). Pero si tenemos en cuenta los que trabajan en cada sector, la “siniestralidad
relativa” (accidentes
por cada 100.000 trabajadores), las actividades más
peligrosas son en realidad la
construcción (5.510 accidentes en el trabajo por cada 100.000
trabajadores), la minería (5.413), el suministro de agua y saneamiento (5.136),
la industria (4.364), el campo (3.759), el transporte y almacenamiento (3.555),
las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.473) y la hostelería (2.731),
los 8 sectores con más accidentes que la media (2.547 por 100.000
trabajadores). Y las
autonomías más “peligrosas” para trabajar son, curiosamente, Baleares
(3.791 accidentes/100.000 trabajadores), Navarra (3.655), Castilla la
Mancha (3.227), La Rioja (3.155) y Aragón (2.912), por
encima de la “siniestralidad” de Andalucía (2.720), Comunidad
Valenciana (2.509),Cataluña (2.356) o Madrid (1927 accidentes/100.000
trabajadores).
Centrándonos en la gravedad de los accidentes
laborales, en 2025 se produjeron en el trabajo 3.701 accidentes
graves, de los que 584
fueron mortales (62 muertes menos que en 2024). De estas muertes en el
trabajo, la mayoría fueron hombres (546 muertes, 62 menos que en 2024) y
38 fueron mujeres (igual que en 2024). Por edades, los
trabajadores mayores son quienes tienen más muertes en el trabajo: entre 55
y 59 años (121 muertes en 2025), de 60 a 64 (105) y de 50 a 54 años (102
muertes). La 1ª causa de estas muertes en el trabajo son los
infartos y derrames cerebrales y otras “causas naturales” (251 muertes,
15 menos que en 2024), que los sindicatos atribuyen en muchos casos al “estrés
laboral”. Le siguen los golpes y caídas (97 muertes, 3 más que en 2024), los
aplastamientos (82 muertes, 17 menos) y los accidentes de trafico (73 muertes,
23 menos). En el caso de las muertes
“in itinere” (151 fallecidos, 1
más que en 2024), la mayoría fueron por accidentes de tráfico
(138) y afectaron más a hombres (122 muertes,+2 que en 2024) que a mujeres
(29,-1).
Centrándonos en las muertes
en el trabajo (584 en 2025), las actividades más letales fueron
los servicios (262 muertos, -64 que en 2024), la construcción
(164 muertos, 29 más, por lo que “alertan” los sindicatos), la industria (110
muertes laborales, -6) y el campo (48 muertos, -21). Pero si tenemos en cuenta
la “siniestralidad
relativa”, el sector con más muertes en el trabajo es la
construcción (11,32 muertes por 100.000 trabajadores), a mucha
distancia del campo (6,68 por 100.000), la industria (4,52) y los servicios
(1,61 muertos por 100.000 trabajadores, muy por debajo de la media: 2,81
muertes/100.000). Y por
autonomías, las más letales para trabajar son Andalucía
(95 muertes en el trabajo), Cataluña (91 muertes, su peor dato desde 2009),
Comunidad Valenciana (66), Madrid (55) y Castilla la Mancha (41 muertes). Pero
si lo comparamos con los trabajadores de cada región, la “siniestralidad
relativa” cambia: las más “letales” son Castilla
la Mancha (5,32 muertos en el trabajo por 100.000 trabajadores), Asturias
(5,24), Murcia (4,32), Galicia (4,23) y Castilla y León (3,98),
frente a 2,95 muertes/100.000 trabajadores en Andalucía, 2,41 en Cataluña y
1,52 en Madrid.
Los accidentes y las muertes laborales preocupan también en
Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja
(2.153.161 en 2023) y 2.972 muertes en el trabajo (2023), según
los últimos datos de Eurostat. España es el 2º país europeo con más
accidentes en el trabajo en relación a los que trabajan (2.707
accidentes por cada 100.000 trabajadores en 2023), sólo superado por Portugal
(2.995 accidentes) y muy por encima de la tasa europea (1.500 accidentes por
100.000 trabajadores), cerca de Francia (2.644) y lejos de Alemania
(1.620/100.000), Italia (1.182), Bélgica (1.513) o Dinamarca (1.578). Y en
cuanto a las muertes en el trabajo, la tasa de España
(2,28 muertes/100.000 trabajadores) supera a la media europea (2,28/100.000),
a Paises Bajos (0,6), Alemania (0,91) o Bélgica (1,67), pero es menor que la
mortalidad laboral en Francia (4,42 muertes/100.000) o Italia (2,62).
El trabajo no solo provoca accidentes y muertes, también enfermedades
profesionales que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al
trabajador en unos años. Y están creciendo: en 2024 (último
dato oficial) se contabilizaron 26.803 partes de enfermedades
profesionales,+4,6% que en 2023 y menos que antes de la pandemia (27.392 en
2019). De este total, la mayoría son partes sin baja (15.269), alcanzando los 11.534
con baja. Más de la mitad (54%) los dan las mujeres y por tramos de edad,
la mayoría (19,84%) los dan las mujeres de 50 a 54 años y los hombres de 45 a
49 años (otro 19,7% de los partes).Por autonomías, las que concentran
más partes por enfermedades profesionales en relación a sus trabajadores son Murcia (362 por 100.000 trabajadores),
Navarra (336), La Rioja (260), País Vasco y Comunidad Valenciana
(162/100.000 trabajadores). Y las actividades
con más bajas por enfermedad profesional son la minería (368 por
100.000 trabajadores, sobre todo en Extremadura y Galicia), la industria
(301/100.000 trabajadores, sobre todo en Murcia, Navarra, la Rioja y País Vasco),
la construcción (118), las actividades sanitarias (107) y
administrativas (107) y la hostelería (106,99 partes/100.000 trabajadores).
Las causas que provocan estos partes de
enfermedades profesionales son los agentes físicos (81,2% del total, la
mayoría por posturas forzadas y movimientos repetitivos), los agentes
biológicos (el 6,4%, sobre todo infecciones), las enfermedades de la
piel (5,6%), la inhalación de sustancias (3,8%), los agentes químicos
(3,27% del total) y sólo
104 bajas por enfermedad (el 0,37%) fueron por cáncer (107 en 2022).
Precisamente, los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del
cáncer como enfermedad profesional (104 casos en 2024, 54 por amianto) y que la
mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador afectado acaba en los
Tribunales. UGT
considera que 1 de cada 3 casos de cáncer en España podrían estar relacionados
con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Los trabajos
con más riesgo, según
detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la
sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de
madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el
formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos.
Ahora, en un próximo Consejo de Ministros, el
Gobierno aprobará esta reforma de la normativa de seguridad laboral
pactada con los sindicatos, mientras la patronal reitera que no ha firmado
el acuerdo porque debería
tratarse en la negociación de los convenios. Como el Gobierno sabe los
problemas que tendrá esta reforma de la Ley en el Congreso (Junts, el PP y Vox
votarán en contra, como apoyo a la patronal), la estrategia será aprobar
también una serie de Decretos (que no haya que convalidar) para reformar
los actuales Reglamentos de prevención de riesgos laborales en materia de
riesgos psicosociales, digitales y climáticos, más cambios para lograr un mayor
control del cumplimiento de la normativa vigente.
Al final, se intenta adaptar una Ley del siglo XX a
los trabajos y riesgos laborales del siglo XXI, aunque la clave es que
la normativa se cumpla, no sólo por las empresas (las pymes
tienen menos medios) sino también por sus trabajadores (falta una
mayor “cultura de la seguridad”), apostando por la vigilancia y las
sanciones en caso contrario, porque se juegan vidas e incapacidades.
Habría que alcanzar acuerdos, como país y empresa a empresa, para
conseguir un objetivo a medio plazo: “muertes
cero” en el trabajo. Es una tarea de todos: no podemos consentir
que el trabajo mate.
La compraventa de viviendas ha batido tres
récords en 2025: de pisos vendidos, de precios pagados y
de hipotecas firmadas. ¿Cómo se pueden comprar tantos pisos a precios
disparados? Básicamente, porque hay más población y más familias
buscando casa, porque ahora es más barato comprar que alquilar (si
se tiene dinero para la entrada y gastos) y porque hay muchos ahorradores,
inversores y extranjeros buscando una vivienda como inversión o 2ª
residencia, como lo demuestra que 3 de cada 10 viviendas se compran al
contado, sin hipoteca. Al final, se multiplica la demanda de
viviendas pero hay pocos pisos para vender y se construyen pocos cada
año. Así que lo normal es que la vivienda siga subiendo, mientras
los bancos miran con lupa la concesión de hipotecas, para evitar
otra burbuja. Entre tanto, el PP rechaza el Plan de Vivienda 2026-2030,
aunque triplica el gasto actual, y no hay colaboración entre Gobierno y autonomías
para resolver un problema que pone en peligro el crecimiento y angustia a
muchos españoles.
Sorprende este récord de ventas si sabemos que en 2025
se
han batido todos los récords de precios: el precio medio de las
viviendas compradas ha sido de 2.230 euros/m2, +13,07% que en 2024
(1.972,1 euros/m2), según
los datos del Ministerio de Vivienda, un récord histórico, ya que este
precio supera al anterior precio máximo, los 2.101 euros/m2 de marzo 2018. Un
precio de la vivienda que ha subido un +34,92% desde antes de la pandemia
(costaba 1.652 euros/m2 en diciembre de 2019) y un +52% sobre el precio
mínimo de diciembre de 2013 (1.466,9 euros/m2). O sea, que la compraventa
de vivienda ha subido en los últimos 12 años el doble que el IPC
(+28,5%).
Y el tercer dato récord, tras las ventas y precios, son las
hipotecas: en 2025 se firmaron en España 501.073 hipotecas, +17,8%
que en 2024 (425.522), según
el INE, el mejor dato de hipotecas firmadas desde 2010 (607.531), aunque
todavía lejos
de los máximos de hipotecas en 2006 (1.342.171), 2007 (1.238.890) y 2008
(836.419 hipotecas). Curiosamente, la
firma de hipotecas crece menos en las zonas más saturadas,
donde hay pocas viviendas en venta, como Madrid (+2,9% hipotecas), Navarra
(+5,7%) , Baleares (+12,8%), Asturias (+13,7%) y Canarias
(+16,8%), mientras crecen más las hipotecas firmadas en Cantabria (+42,8%), la
Rioja (+37%), Murcia (+28,6%), Extremadura (+24,9%), Castilla y León (+24,7%) y
Aragón (+24%), quedando en medio Andalucía (+18,4%) y Cataluña (+18,4% hipotecas).
El importe medio de las hipotecas firmadas en 2025 se
ha disparado, desde los 152.233 euros las firmadas en enero a los 172.535
euros las firmadas en diciembre,
reflejo de unos precios de venta disparados. El tipo medio de las
hipotecas firmadas (a un plazo medio de 25 años) ha sido del 2,87% en diciembre 2025, un
tipo menor al de un año antes (3,25%), aunque mayor que el que se pagaba por
las hipotecas en 2022 (2,66%) y 2019 (2,51%). Con estos tipos, el precio medio
de las hipotecas era en enero de 2026 el 2,76%, mucho más bajo que el
que cobraban los bancos de la zona euro (3,37%), según
el Banco de España. Y eso coloca nos coloca como el 2º país europeo con
las hipotecas más baratas, tras Malta.
¿Cómo es posible que se vendan tantas viviendas y se
pidan tantas hipotecas si los precios están por las nubes? Hay varias causas.
Una, que hay
mucha más población en España, concretamente 2.240.744 habitantes más
entre enero de 2020 y enero de 2026, según el INE, con lo que hay más familias,
jóvenes e inmigrantes necesitados de vivienda. Y además, hay también más
gente con trabajo: 2.496.400
ocupados más en estos últimos 6 años, trabajadores con mejores contratos y
con sueldos que les permiten pensar ahora en tener una vivienda o vender la que
tienen y buscar otra mejor. La tercera razón del “boom”, muy importante, es que
la compraventa de viviendas se ha convertido en una
inversión rentable, tanto para españoles ahorradores (que la
compran como inversión o para alquilarla) como para los que reciben una
herencia o inmobiliarias y Fondos de inversión, así como extranjeros que
buscan una segunda vivienda en España (en 2025, 1 de cada 7
compradores fueron extranjeros). Un dato que revela la importancia de
estas compras de ahorradores, inversores y extranjeros es que 3 de cada 10
viviendas compradas en 2025 se pagaron al contado, sin hipoteca, según
el Colegio de Registradores.
Una 4ª razón que explica también el tirón de las
compraventas es la bajada de los tipos de interés en los últimos dos
años, que facilita el pago de una hipoteca aunque hayan subido mucho los
precios, sobre todo si los alquileres están por las nubes. Mucha gente hace
cuentas y comprueba que sale más barato comprar que alquilar.
Veamos algunos ejemplos. En diciembre 2025, el alquiler medio en España
era de 1.323 euros (14,7 euros m2 y una casa de 90m2), según Idealista.
Y la hipoteca media era de 172.535 euros, según
el INE, que a un tipo medio del 2,87% supone un pago mensual
de 806,56 euros, mucho menos que el alquiler. Si vemos el caso de un piso en
Madrid, el alquiler costaría 2.043 euros (22,7 euros/m2 y una casa
de 90 m2), mientras que la hipoteca (277.680 euros) supondría una cuota de
1.296 euros mensuales. Y en Barcelona, el alquiler medio (90m2 a
23,8 euros/m2) costaría 2.142 euros y la hipoteca (205.160 euros) supondría una
mensualidad de 959 euros… Claro que para eso, el comprador debe tener
ahorrado (o pedir a sus padres) el 20% del precio que no cubre la
hipoteca y otro 10% para gastos e impuestos.
Y hay todavía otra 5ª razón que explica la actual “fiebre de
compras”: la mayoría de la gente piensa que mejor
comprar ahora que esperar unos meses o años, porque la vivienda va
a seguir subiendo. Y la clave de esta certidumbre es que falta
oferta, que hay muchas más personas que buscan comprar que pisos en venta,
sobre todo en las grandes ciudades. La realidad es que se compra todo lo que
sale a la venta, con rapidez (entre el 13 y el 20% se venden en menos de
una semana, según
Idealista) y sin “regatear” (incluso hay compradores que “pujan” por
la vivienda, ofreciendo más del precio que se pide).
Ahora, todo apunta a que en 2026 seguirán fuertes las
compras, aunque los expertos
no creen que estemos ante otra “burbuja”, porque la economía
está más saneada que en 2008, las familias tienen más empleo estable y los
bancos no conceden créditos a lo loco, como entonces. De hecho, el
BCE ha metido presión a los paises de la zona euro para que vigilen de
cerca la concesión de hipotecas, para evitar otra burbuja y otra crisis. Y ha
recomendado a todos los bancos centrales del euro que aprueben herramientas de
seguimiento y control (“macroprudenciales”) para poder restringir las
condiciones de las hipotecas si hace falta, herramientas implantadas ya en
todos los paises euro, salvo en España, Italia y Alemania. El Banco de
España lo está estudiando, pero antes de que tome medidas, los
propios bancos están frenando la concesión de hipotecas, por temor
a un aumento de la morosidad. Así que tras una cierta “guerra hipotecaria”
en 2023 y 2024, ahora miran las hipotecas con lupa…
Con todo, los expertos apuestan por nuevas subidas de las
viviendas este año, motivadas básicamente por una causa de fondo: seguirá
aumentando la demanda (se crean 250.000 hogares al año y hay un déficit
acumulado de 400.000 viviendas, según
el Banco de España) y falta oferta, porque apenas se
construyen nuevas viviendas: en
2025 (enero a septiembre) se iniciaron 87.624 viviendas libres y 11.567
protegidas, prácticamente las mismas que en ese periodo de 2024 (84.089 libres
y 12.355 VPO) y menos de la mitad de las que hacen falta (250.000
al año). Y la perspectiva a medio plazo es que la construcción está bastante
parada (por la falta de suelo y financiación, más los altos costes y la
escasez de mano de obra formada), frente a una demanda que sumará 3,7
millones de nuevos hogares en los próximos 15 años (246.000 nuevos
hogares al año), según
el INE.
Así que acceder a comprar una vivienda será más caro en
2026, año en que subirán también los alquileres y eso aumentará los
compradores, tanto los que deciden comprar antes que alquilar (aunque
tendrán más difícil conseguir una hipoteca, más cara además, sobre todo
por los conflictos geopolíticos, que pueden provocar una
subida de los tipos de interés) como los que compran para
invertir (alquilar y vender a medio plazo) y pagan al contado. Y mientras, los enfrentamientos políticos impiden acordar una mínima política de vivienda
que busque soluciones al problema nº1 de los españoles (Barómetro
CIS).
De hecho, el Gobierno aprobó en septiembre pasado el nuevo
Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías del PP (11 de 17) ya
dijeron que no les gustaba… Así que nace muerto, como la Ley de Vivienda,
aunque este
Plan tiene aspectos muy positivos. El principal, que pretende invertir
7.000 millones en vivienda, el triple que el Plan actual 2021-2025, aunque
a cambio piden que el 40% lo aporten las autonomías. Otro elemento
positivo es que promueve la construcción (y la venta de viviendas privadas)
para el alquiler, obligando a que estas VPO no se pueden vender a precio
libre (como ha pasado: los 6,5 millones de VPO construidas desde los
años 50 se han “privatizado), para crear un parque público de viviendas en
alquiler (2,5%
en España, del 10 al 30% en Europa). Y además, se mejoran las ayudas a los
jóvenes para comprar y alquilar, más en zonas rurales.
Resolver el grave problema de la vivienda exige actuar
en varios frentes. Por un lado, promover
un Pacto político entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos para
conseguir suelo y financiación a los promotores públicos y privados. Hay
suelo, pero hace falta catalogarlo y prepararlo para que sea urbanizable
y esté a disposición de los promotores, a los que hay que reducir burocracia y
plazos. Urge buscar financiación, pública (hay que territorializar
el ICO y especializarlo más en la vivienda) y privada, arrastrando a
los bancos ahora que no hay Cajas. Y hay que actuar sobre los
costes de construcción, mejorar la disponibilidad
de mano de obra y agilizar el proceso (se tardan 100 meses en
una promoción y habría que reducirlo a 50). Y el Estado (central y periférico)
debe gastar el doble en promover viviendas protegidas, directamente y con los promotores
privados, para crear un
parque de 1 millón de viviendas de VPO que ofrezca alquileres asumibles.
Hacen falta 250.000 nuevas viviendas al año para cobijar
a las nuevas familias y a los inmigrantes. Se puede
conseguir duplicar
la construcción de viviendas si los organismos públicos se ponen a la
tarea y facilitan suelo y financiación, agilizando las promociones privadas y
públicas. Y creando un parque de viviendas VPO, para alquilarlas a las
familias con menos ingresos. En paralelo, facilitar a los propietarios que
alquilen más y a precios razonables, sin
imposiciones, con incentivos fiscales y organismos que les ayuden a
gestionar su alquiler. En definitiva, medidas para conseguir que haya más
viviendas en el mercado, para compra y alquiler. Más oferta de pisos
es la clave.
Al final, el problema de los alquileres y la vivienda es
político: el Gobierno central, la autonomías y los Ayuntamientos
son incapaces de trabajar juntos para promover más vivienda, pública y
privada, pactando la promoción de suelo y los planes urbanísticos, la
financiación y la colaboración público privada, la promoción de viviendas
públicas para alquiler. Esta pelea política permanente impide poner en
marcha medidas eficaces y conseguir más viviendas, aumentar
significativamente la oferta, para rebajar precios y alquileres. Así que el
Gobierno tiene sus Planes, apoyados por la
empresa pública de vivienda (Casa 47), y las autonomías los suyos (con
pocos recursos), mientras los Ayuntamientos hacen lo que pueden
(poco). Y mientras, jóvenes y familias se ven incapaces para encontrar un
techo, un grave problema que acabará siendo “un cuello de botella” que frenará
la economía. Y lo sufriremos todos.
