Otro récord de bajas laborales

La patronal está obsesionada con el absentismo, con las bajas laborales. Los datos avalan su preocupación: 1,47 millones de trabajadores faltaron cada día a su trabajo en 2025, 1,1 millones por bajas médicas (+83% desde 2017). Y el coste de estas bajas (ILT) se ha triplicado, siendo 33.280 millones en 2025: 16.616 millones pagan las empresas y 17.164 millones la Seguridad Social, el 2º mayor gasto tras las pensiones. Estamos ante un problema grave, pero no se puede “culpar a los trabajadores", insinuando que “se escaquean” con las bajas, como hace la patronal. La causa de las bajas disparadas es el deterioro de la sanidad pública, que tarda meses en atender y curar y carece de medios para mejorar controles y reducir plazos. También ha crecido el estrés en el trabajo y muchos trabajadores se preocupan más de su salud, mientras los jóvenes no aceptan trabajar enfermos (como hacían sus padres). Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido varias veces para reducir las bajas, pero no logran acuerdos .  

                            Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empieza a superar la crisis financiera de 2008, y sobre todo tras la pandemia. En 2012, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo) rondaba el 4%, mientras las bajas por enfermedad (ILT) rondaban el 2% (el resto son ausencias por diversos motivos). A partir de 2014, sube ligeramente el empleo y también el absentismo, por encima del 5% en 2019 (las bajas por enfermedad suponen el 2,7% de las horas de trabajo). La pandemia trastoca las cifras, hasta picos de absentismo del 7% en 2021 y 2022, siendo el 5,8% por bajas por enfermedad. Y a partir de estos máximos, el absentismo ha bajado, pero poco: era del 6,6% en septiembre de 2025, un promedio diario de 1.477.549 personas que se ausentaron del trabajo, según el último estudio de Randstad. Y de ellas, el 5,2% no trabajaban porque estaban de baja médica (ILT), concretamente 1.164.129 trabajadores de baja.

Voy a centrarme en las bajas médicas (ILT), porque son el grueso de las bajas (el 79%), en esos 1,16 millones de trabajadores de baja a finales de 2025. La gran mayoría de estas bajas médicas (el 91%) son por contingencias comunes, por problemas temporales de salud (roturas y problemas de huesos y músculos, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, infecciones y problemas mentales), siendo una minoría (9%) las bajas derivadas de enfermedades profesionales. Un reciente informe de AIReF ha dado la alarma: las bajas médicas por contingencias comunes se han casi duplicado, pasando de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024 (+83%), mientras las bajas por enfermedades profesionales están estables (unas 700.000). Y a la vez, esas bajas por contingencias comunes son más largas: de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

Podría pensarse que hay más bajas médicas porque hay más gente trabajando (+3,4 millones de ocupados desde 2017). Pero no es por eso, como lo demuestra el dato de las bajas médicas por 1.000 trabajadores: eran 21,4 en 2017, saltaron a 28 en 2019, a 32,8 en 2022, a 36,5 en 2024 y a 38 bajas por 1.000 trabajadores en 2025, un salto enorme (+77,5%). Un porcentaje de bajas médicas superior al del resto de Europa: si en España suponían el 4,5% de las horas pactadas en 2024, la media europea era el 2,5%, en Italia el 0,7% y en Alemania el 3,2%, frente al 3,9% en Francia, un 4,1% en Bélgica y un 3,6% en Portugal, según este estudio de Ivie. Y la OCDE sitúa a España como uno de los paises occidentales con más bajas laborales, con una media de 4,9 semanas perdidas al año por enfermedad.

El problema de este alto nivel de bajas médicas no es sólo la pérdida de jornadas y de productividad, sino también su alto coste, no sólo para empresas y trabajadores sino también para la Seguridad Social. Actualmente, los tres primeros días en que no se trabaja por un problema médico, el trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, el trabajador cobra el 60% de su sueldo (mejor, de su base imponible) y lo paga su empresa. Entre el día 16º y el 20º de baja, cobra ese mismo 60%, pero ya se lo paga la Seguridad Social (el INSS) y desde el día 21 en adelante, lo sigue pagando el INSS (a través de las Mutuas), pero el trabajador cobra algo más, el 75% de su base imponible. Así que de baja se cobra menos, aunque hay convenios que complementan lo que se recibe (hasta el 80/91% del sueldo).

Así que las empresas pagan una parte del sueldo del trabajador del 4º al 15º día que está de  baja, unos costes que han pasado de 4.806 millones en 2015 a 16.116 millones pagados en 2025, según los datos oficiales. Y el mayor desembolso lo hace la Seguridad Social (el INSS), cuya factura por las bajas médicas ha pasado de 6.149 millones en 2015 a 17.164 millones en 2025, la 2ª mayor factura que paga la SS tras las pensiones. En conjunto, el coste total de las bajas médicas se ha triplicado en la última década, desde los 10.955 millones que costaban en 2015 a los 33.280 millones gastados en 2025.

Veamos el perfil del trabajador que está de baja, según el informe de la AIReF. Hay más mujeres (40 por 1.000 trabajadores, frente al 33,86 de media) que hombres (30), se da más entre jóvenes (41,1 por 1000 entre 25 y 35 años, 34,4 entre 35 y 45 años, 28,7 entre 45 y 55 y 29,7 entre 55 y 65 años), aunque los más mayores están de baja el doble de días. Cogen más bajas médicas y más largas los asalariados (38,3 por 1000 trabajadores, con 112,5 días de media) que los autónomos (10,7 bajas por 1000, de 42,4 días de media) y más los asalariados con contrato fijo que los temporales. Los sectores con más bajas médicas (ILT) son la industria, las actividades sanitarias y servicios sociales, el transporte y almacenamiento, el suministro de agua y residuos, junto a las actividades administrativas, sin olvidar también a la construcción y el turismo. En general, las bajas se concentran en las grandes empresas, más que en las pymes. Y por autonomías, las que tienen más bajas médicas son Navarra (52,2 por 1.000 trabajadores), Cataluña(49,1) y País Vasco (42,6), aunque donde más han crecido desde 2017 han sido en Canarias y Cantabria. Un dato llamativo es que un 25% de los trabajadores son los que concentran el 55% de las bajas y muchos repiten.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013, con lo que hay “menos miedo a perder el empleo) y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Otro factor que cada día cobra más peso es el aumento del “estrés” en el trabajo, que ha disparado la depresión y los problemas mentales de muchos trabajadores, que son ya la 2ª mayor causa por la que se pide ahora una baja laboral, según la SS. Y además, son las bajas cuya duración más ha aumentado, de 19 días hace una década a 45 días ahora. Según este informe de UGT, en 2025 se concedieron 420.783 expedientes de ILT por trastornos mentales y de comportamiento, sobre todo en comercio, hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades administrativas, Administración pública y educación. Y consideran que estos problemas mentales son culpa en muchos casos de la temporalidad y la  inseguridad laboral, las largas jornadas laborales y la presión y sobrecarga de trabajo o el trato con clientes, a los que se han sumado los problemas derivados de la digitalización y el teletrabajo más las negativas condiciones climáticas (olas de calor, inundaciones, incendios…).

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes dedicaran un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortaban al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y estaban de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, pedían más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero de 2024 que aprobaría una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondría que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trataba de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas. Pero dos años después, la medida sólo se aplica en 4 autonomías (Baleares, Asturias, Cataluña y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) porque la mayoría de las autonomías (PP) están retrasando la firma de los convenios.

En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las fuerzas sociales una vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el problema de las bajas hasta el pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana después, el 16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse sin resultados: los sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .

Mientras, la patronal denuncia el alto nivel de absentismo y pide que el control de las bajas pase a las Mutuas, en tanto muchas empresas recortan los complementos salariales que están pagando a los trabajadores de baja. Y los sindicatos rechazan que se “victimice” a los trabajadores y defienden que se mejore la sanidad pública, para recortar la espera de los trabajadores para diagnósticos y operaciones, mientras reiteran la necesidad de abordar los problemas de salud laboral y en especial los crecientes problemas de salud mental. Y la AIReF, defiende básicamente tres medidas: mejorar la conexión entre los agentes que gestionan las bajas (sanidad, SS, Mutuas, empresas y trabajadores), reducir las listas de espera en la sanidad pública  y dotar de más medios a la atención primaria y al INSS en el seguimiento y la gestión activa, con las Mutuas, de las bajas médicas.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así habrá menos absentismo.

Centros de Salud desbordados

Se han cumplido 5 años del primer muerto en España por COVID-19 y la sanidad pública no acaba de recuperarse de la pandemia : las listas de espera siguen en máximos históricos y la Atención Primaria está colapsada: me han dado cita para la médico de familia dentro de 14 días (y la demora media está en España en 9 días). La consecuencia es que 12,5 millones de españoles se pagan un seguro privado (ahora más caro), lo que lleva a demoras en la sanidad privada. Se multiplican las manifestaciones por la mejora de la sanidad, pero no se avanza. El problema más grave está en la Atención Primaria, donde Sanidad ha propuesto un Plan de actuación 2025-2027. Muchas medidas, pero falta lo fundamental: gastar más (+10.000 millones sólo en Atención Primaria), contratar más médicos de familia (+8.000) y enfermeras (+15.000) y reorganizar los centros, con 10.000 administrativos más. Urge un Plan de choque para mejorar la Atención Primaria. Nos jugamos la primera linea de la salud.

                        Centro de Salud en Madrid

El 13 de febrero de 2020 moría en Valencia el primer paciente contagiado por COVID-19. Han pasado 5 años y la sanidad pública no se recupera del mazazo de la pandemia: estamos mejor que entonces, pero el sistema sanitario apenas ha vuelto a los niveles de 2019, donde ya había problemas de saturación y falta de medios. La espera para ser atendido por el médico de familia (o el pediatra) estaba en 8,81 días en 2024 (Barómetro Sanitario), frente a los 5,8 días de espera media en 2019. Y las listas de espera, aunque han mejorado frente a lo peor de la pandemia, siguen en máximos históricos: 94 días de media para la consulta de un especialista en junio de 2024 (el 2º peor dato desde 2022) y la espera para ser operado estaba en 121 días (9 más que en junio de 2023).

La consecuencia es una peor atención de la sanidad pública (a pesar del esfuerzo de sus profesionales) y un desvío de muchos pacientes a la sanidad privada: más de 12,5 millones de españoles pagan un seguro médico privado cada mes (+3,5 millones que hace una década), sobre todo en Madrid  (38,7% población tiene un seguro médico privado), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), aunque su precio se ha disparado (los seguros médicos han subido +39,5% desde 2019, según el INE).  Este desplazamiento hacia médicos, especialistas y hospitales privados, para sortear “los atascos” en la sanidad pública tiene 2 consecuencias. Una, que ya hay especialistas y hospitales privados que dan muchos retrasos para ser atendidos (50 días me han dado para una ecografía… por lo privado), siendo habitual cambios de citas y deterioro en la atención. Además, como las aseguradoras pagan poco a los médicos, hay muchos especialistas que “no trabajan con aseguradoras”.

Pero el gran problema sigue estando en la primera línea de la sanidad pública, en la Atención Primaria de los Centros de Salud y los ambulatorios. La población residente en España acaba de superar los 49 millones (49.077.984 el 1 de enero 2025) y eso supone un aumento de +1,76 millones de personas residentes sólo en los últimos 5 años (47.318.050 habitantes el 1 enero 2020). Un aluvión de nuevos habitantes (y potenciales pacientes) que han de atender casi los mismos médicos y enfermeras, con lo que cuando algún profesional (o administrativo) se pone enfermo o toma vacaciones, el colapso en las consultas es grave y lo sufren los pacientes, dilatando los plazos para ser atendidos. Y muchos no esperan y acuden a las urgencias de los hospitales: el 45% de los ciudadanos acudió a las urgencias hospitalarias en el último año (frente al 38,2% en 2023), según el Barómetro Sanitario 2024.

La Atención Primaria en España tiene un serio problema de retrasos en las citas de los médicos de familia y pediatras. En julio de 2024, el retraso medio era de 8,81 días para ser atendido, frente a los 5,8 días de 2019, según el Barómetro Sanitario que elabora el CIS y Sanidad. Sólo un 0,1% de pacientes consiguen cita en el día, al 11,2% les dan en 2 días, al 13,7% en 3 días, al 8,41% en 4 días, un 20% tardan en ser atendidos 7 días, un 12,8% tardan de 8 a 10 días y al 21,7% (como a mí) les dan cita entre 11 y más días después de solicitarla (por Internet, porque los teléfonos están aún más colapsados … ).

Sanidad y las autonomías apenas informan de estos retrasos en conseguir una cita para el médico de familia o el pediatra. El diario EL PAIS ha publicado una relación de retrasos por autonomías, a través de solicitudes de Trasparencia a las consejerías de Sanidad y alerta que más de la mitad de los Centros de Salud de toda España dan cita pasadas 48 horas, a pesar de que el Gobierno y las autonomías pactaron en 2019 garantizar que la atención no urgente en Atención Primaria se hiciera en menos de 2 días. Según este rastreo, los peores datos de retrasos se encuentran en Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, donde más del 85% de los Centros de Salud registran demoras de más de 2 días. Pero lo más preocupante es que hay demoras de más de 5 días en el 59% de los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana, el 44% de Canarias, el 43% de Baleares, el 28% de Madrid, el 23% de Aragón, el 20% de Andalucía y el 16% en Castilla la Mancha, mientras las otras 10 autonomías no dan retrasos en citas superiores a los 5 días.

Estos retrasos, que agobian a los pacientes (sobre todo a los enfermos crónicos y de más edad), tienen un origen claro: la falta de medios en la Atención Primaria, detallada en este informe elaborado en 2024 por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El primer problema es que España gasta poco en Sanidad : 2.822 euros por habitante, un 20% menos de los 3.533 que gasta la UE y la mitad de los 5.317 euros por habitante que gasta Alemania, según la OCDE. Pero además de gastar menos, dedica un porcentaje menor que otros paises a financiar la Atención Primaria: un 14% de todo el gasto sanitario en España, frente al 25% de media que se gasta en Europa.

Y por si esto no explica la situación actual, la financiación de la Atención Primaria es muy desigual por autonomías, según los datos del gasto por habitante en 2024 que aporta la FDSP: 150,90 euros/habitante en Madrid, 154 en la Comunidad Valenciana, 229 en Cataluña, 247 en Murcia, 264 en Baleares o 274 euros/habitante en Galicia, frente a 402 euros/habitante en Extremadura (más del doble de gasto que en Madrid), 329 euros en Castilla y León, 323 en La Rioja,  309 en Andalucía, 308 en País Vasco o 306 en Asturias.

A partir de este gasto desigual, también es desigual el número de médicos y enfermeras que trabajan en Atención Primaria. Donde hay menos médicos de familia es en Baleares (0,51 por 1.000 habitantes), Madrid (0,57), Canarias (0,58), Andalucía (0,60), Murcia (0,62) y Cataluña ( 0,64), mientras hay muchos más médicos en Castilla y León (0,95/1.000 habitantes), Extremadura (0,77), Aragón (0,75) y Galicia (0,71), según la FADSP .Y en cuanto a enfermeras, donde menos hay (comparativamente) vuelve a ser en Balares y Murcia (0,59 por 1.000 habitantes), Madrid (0,52), Asturias (0,67) y Andalucía (0,69), mientras hay más en La Rioja (0,90 por 1000 habitantes, casi el doble que en Madrid), Extremadura y Castilla y León (0,86), Aragón (0,83) y Navarra (0,82).

Y con este diferente personal, las regiones con más población son las que tienen los Centros de Salud más colapsados. Así, la FADSP informa que si en España hay un 59,3% de médicos de familia que atienden a más de 1.500 tarjetas sanitarias, en Baleares son el 77,52% y en Andalucía el 69,99%, destacando también el 47% de Madrid y el 42,18% en Castilla la Mancha, mientras sólo tienen tantos pacientes el 23% de los médicos de familia vascos y el 27% de los navarros. Y si la media de médicos que atienden a más de 2.000 tarjetas es baja, el 4,14% de los médicos de familia, en Baleares son el 11,91% y en Madrid el 6,75%. Y si analizamos el trabajo de los pediatras, el 5,2% atiende a más de 1.500 tarjetas en España, pero en Madrid lo sufren el 12,1% de los pediatras, el 10,8% en Castilla la Mancha y algo menos del 10% en Baleares y Cataluña.

Y eso se traduce en un mayor o menor desvío a urgencias: Madrid es la que más atiende (815,3 pacientes por 1000 habitantes), seguida de Baleares (795), Murcia (743), Aragón y Andalucía (633), frente a sólo 471 pacientes/1000 en urgencias en Navarra, 533 en Extremadura, 534 en Canarias o 555 en Castilla y León.

El informe de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva más de una década analizando la situación de la sanidad en las autonomías, muy desigual tanto en el gasto como en las listas de espera como en la Atención Primaria (analizan decenas de parámetros). Y en el último ranking, de 2024, han agrupado la sanidad de las autonomías en 4 bloques. Uno, las 4 autonomías con mejor sanidad: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). El 2º grupo, 5 autonomías con servicios sanitarios “regulares” son Aragón, Cantabria y La Rioja (las tres con 91 puntos), Extremadura (90) y Galicia (82). El tercer grupo son 4 autonomías con una sanidad “deficiente” : Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (con 79 puntos cada una). Y en el pelotón de cola, “con peores servicios sanitarios” están Murcia (78), Baleares (77), Andalucía (76) y la Comunidad Valenciana (62). Desde 2010, la región valenciana aparece como “el farolillo rojo” de la sanidad autonómica, junto a Andalucía, Canarias y Murcia muchos años.

Los problemas en la Atención Primaria y de toda la sanidad, más graves en las autonomías más pobladas, han sacado a la calle a médicos y pacientes, con manifestaciones multitudinarias en Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón y el País Vasco. Las autoridades autonómicas prometen mejoras, pero apenas gastan y contratan, mientras crece la población. De hecho, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +22,02% entre 2009 y 2023, un tercio menos que la inflación (+36,6%). Y además, en Cataluña ha caído el gasto sanitario en estos 15 años (-4,80%), mientras ha crecido sólo un +9,97% en Madrid, un +15,20% en Castilla la Mancha y un +17,24% en Aragón. Y eso, a pesar de que las autonomías han recibido del Presupuesto del Estado, entre 2018 y 2024 (los 7 años de Gobierno Sánchez) 300.000 millones más de recursos que en los 6 años de Gobierno Rajoy. Unas se han gastado estas mayores transferencias “en otras cosas” y la mayoría (gobernadas por el PP) han aprovechado para bajar impuestos (a los más ricos), reduciendo ingresos muy necesarios. 

La gestión de la sanidad (y la mayor parte de su financiación) corresponde a las autonomías. El Gobierno trata de “ayudar”, facilitando la habilitación de médicos y aumentando las transferencias, aunque la clave es reformar el sistema de financiación autonómica, porque hay 6 autonomías a las que el actual sistema “penaliza” (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha , Baleares y Cataluña) y otras 5 a las que “premia” (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León), según FEDEA. Cara al futuro, cualquier reforma debe dar más peso en el reparto de los fondos públicos a factores como la población, el envejecimiento y los usuarios de la sanidad pública.

Mientras, el Gobierno central trata de influir en la mejora de la sanidad autonómica, más con normas que con financiación o medios. Así, el 16 de diciembre, la ministra de Sanidad presentó a las autonomías un Plan de Acción para la Atención Primaria 2025-2027, en cuyo texto han participado el Ministerio, las autonomías, asociaciones de médicos y pacientes. El objetivo es adoptar medidas para mejorar los equipos de gestión en Atención Primaria, las políticas de personal y gobernanza, así como la mejora y coordinación de prestaciones y servicios, para reducir las desigualdades actuales. Está bien, el Plan es un punto de partida para mejorar, pero no incluye las dos medidas más importantes: más financiación y más medios.  Por eso, puede acabar siendo “un catálogo de deseos”. Papel mojado.

Los expertos sanitarios insisten en que no mejorará  la Atención Primaria, la 1ª línea de nuestra sanidad, hasta que no cuente con más dinero y más personal, reestructurando su organización. La FADSP propone destinar el 25% de todo el gasto sanitario a Atención Primaria, lo que supone gastar 10.000 millones más al año (de forma escalonada). Y cree que se necesitan 8.000 médicos más, 15.000 nuevas enfermeras y 1.000 pediatras para “desatascar” los centros de Salud, además de 10.000 administrativos más para que una parte de la jornada de médicos y enfermeras no sea atender tareas administrativas. Y en paralelo, contar con más tecnología para realizar más pruebas diagnósticas en estos Centros. Además, proponen restablecer las Áreas sanitarias como marco de gestión y darles más autonomía. Con estas medidas, se busca que el 95% de las consultas se realicen en menos de 48 horas…

Esto sí son medidas concretas y una hoja de ruta para salir del colapso actual. Pero no se podrá avanzar si no se alcanza un Pacto (otro) entre el Gobierno central y las autonomías, con la participación de profesionales y pacientes. No parece que sea el camino elegido, mientras el PP avanza en la privatización de la sanidad pública en las autonomías que gobierna (con más “conciertos” para derivar pacientes, pruebas y operaciones a la sanidad privada) y el Gobierno intenta avanzar con normas y Leyes que luego no se pueden aplicar, por falta de financiación, medios y colaboración política. En medio estamos nosotros, los 49 millones de españoles, cada vez más envejecidos, que tenemos que esperar días y meses para saber qué problema de salud tenemos y cuándo tendremos la prueba, operación o tratamiento. Así no podemos seguir.

Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente”, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia. 

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios” para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras”. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.

Récord de bajas laborales

La patronal siempre se queja del absentismo laboral de muchos trabajadores. Pero en mayo, sindicatos y empresarios lanzaron una alerta conjunta, inédita en España: “manifestamos nuestra preocupación por el aumento de las bajas laborales”. Causa: batieron un récord en 2022, 768.094 bajas (43 por cada 1.000 asalariados, frente a 34 en 2019). El aumento se debe a que trabajan más personas y, sobre todo, al atasco en la sanidad pública, que ha retrasado las revisiones, tratamientos y altas. Y también a que las plantillas han envejecido y sufren más traumatismos y depresiones. Sindicatos y patronal no creen que haya “abusos”, sino que se diagnostican y tratan los problemas de salud tarde y mal. Y piden que las Mutuas colaboren con los médicos para agilizar y reducir las bajas, costosas para todos. Otra vía es mejorar la seguridad en el trabajo y la salud mental de los trabajadores, cada vez más deteriorada. También ayudaría mejorar el clima laboral, porque el 54% de los trabajadores están “desmotivados” en su trabajo.

Enrique Ortega

Sindicatos y patronal firmaron el 10 de mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, un pacto social para encarrilar las subidas salariales y las relaciones laborales entre 2023 y 2025. La novedad es que, en este Acuerdo se incluye, por primera vez en España, una referencia a las bajas laborales, una cuestión que preocupa desde siempre a la patronal, que lleva años quejándose de un aumento del absentismo laboral. En el Capítulo VII del Acuerdo, sindicatos y patronal dicen textualmente: “manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes”. La alerta se lanza por los últimos datos oficiales sobre bajas laborales (por problemas de salud comunes, no las “bajas profesionales”) publicadas por la Seguridad Social: 768.094 bajas de asalariados en 2022, frente a 583.118 bajas en 2019, antes de la pandemia, y 283.292 en 2012 (el mínimo de bajas, en lo peor de la crisis). Y con ello, se bate un récord histórico: son ahora 43,26 bajas por  cada millar de trabajadores por cuenta ajena, frente a 34,1 por cada 1.000 en 2019 y 19,14 en 2012 (incluso en 2007 eran sólo 32,14 por cada 1.000 asalariados).

El peso de las bajas laborales es muy desigual por autonomías. Están por encima de la media española (43,26 bajas por cada 1.000 asalariados) Galicia (57,28 bajas con 59,53 en Lugo), Canarias (56,93, con 59,15 en Las Palmas), País Vasco (55,72 bajas, con 61,46 en Vizcaya), así como León (58,13 bajas por 1.000 asalariados) y Palencia (53,50 bajas). Y tienen un menor problema de bajas laborales Madrid (34,94 bajas por cada 1.000 asalariados),  La Rioja (35,98 bajas), Baleares (36,75 bajas) y Andalucía (38,15 bajas).

Lo positivo es que la duración de estas bajas laborales por contingencias comunes se ha reducido en 2022, hasta los 37,68 días de media, tras batir récords en 2021 (47,86 días) y 2020 (49,44 días), por la pandemia y los atascos en la sanidad pública. Esta duración media de las bajas (37,68 días) es similar a 2019 (38,59 días) y 2012 (37,12 días) y menor a los años anteriores a la crisis financiera (43,83 días de media en 2007). Con todo, hay una gran diferencia por autonomías: la baja media dura más en Extremadura (67,18 días), Galicia (66,10) y Asturias (56,53), tres regiones más envejecidas, y es mucho menor en Cataluña (27,14 días), La Rioja (32,26), Madrid (33,17), Euskadi (36,22) y Castilla la Mancha (38,89), seguidas por Canarias (42,52), Cantabria (44,89) y Andalucía (44,48 días).

Los expertos consideran que hay varias causas que explican este aumento de las bajas laborales. La primera, que hay más gente trabajando, más asalariados, lo que puede explicar el aumento total de bajas (de 583.118 en 2019 a 768.094 en 2022, un +31,7%, muy superior al +2,5% que ha aumentado el empleo), pero no explica el aumento de su prevalencia, de su peso por cada 1.000 asalariados (que ha subido de 34,1 a 43,26). Este aumento habría que buscarlo en otras causas. La primera, el envejecimiento de las plantillas (el 34,4% de los trabajadores tienen más de 50 años, mientras sólo eran el 25,2% del total en 2012), que explicaría el aumento de bajas por problemas en el aparato locomotor (golpes, roturas, esguinces…), que son las que más han crecido. Y la otra, el aumento de la precariedad laboral y los problemas mentales agudizados por la pandemia, que explican el aumento de las bajas por depresión y salud mental.

Expertos, sindicatos y patronal coinciden en otra causa, que está por debajo de todas las demás: los atascos en la sanidad pública, agravados con la pandemia. La cuestión de fondo es que los problemas de salud ahora se diagnostican tarde (han aumentado las esperas para ir al médico de familia y, sobre todo, al especialista: 95 días de media) y eso retrasa los tratamientos y la recuperación, alargando las bajas.

Los sindicatos creen que muchas bajas traumatológicas (el 2º motivo de las bajas estos años, tras el coronavirus) se podrían reducir con un diagnóstico más rápido y sobre todo, con una rehabilitación más inmediata e intensa, algo que resulta difícil de conseguir en la sanidad pública, donde los servicios de rehabilitación están colapsados y tienen largas listas de espera. Otras bajas que se han disparado en 2021 y 2022 son las bajas por depresión, ansiedad, insatisfacción o sobrecarga de trabajo, que han crecido un 31% entre los menores de 35 años. Actualmente, estas bajas por salud mental son las segundas más frecuentes (el 17%), tras las bajas por razones musculo esqueléticas. De hecho, España es el mayor consumidor del mundo de ansiolíticos (el 11% de españoles los toman a diario…). Los sindicatos se quejan de que las empresas no tienen protocolos para detectar y mejorar los problemas de salud mental y que la sanidad pública tampoco ayuda, sólo con recetas y bajas.

Este fuerte aumento de las bajas laborales tiene un alto coste para el país. Empezando por los trabajadores que están de baja: los 3 primeros días no cobran nada y después cobran el 60% de la base reguladora (para un tercio de asalariados, en torno a los 1.000 euros) los días 4º al 20º, para subir al 75% de esa base a partir del día 21. El coste es también para las empresas, que pagan la baja y la cotización del 4º día al 15º, pagándolo después la Seguridad Social o la Mutua. Y el mayor coste es para la Seguridad Social, que paga la mayor parte del coste de estas bajas laborales, más sus cotizaciones sociales. Cuando la baja supera los 365 días, se produce una de estas 3 situaciones: el trabajador es dado de alta, se le prorroga la baja 180 días más si se piensa que puede curarse o se empieza el trámite para reconocerle una incapacidad permanente (que también paga la SS).

En un país con las plantillas tan cortas, donde faltan trabajadores en muchos sectores y empresas, que haya un porcentaje de baja complica la gestión de las empresas y tiene altos costes para todos. Por eso, sindicatos y patronal han propuesto solucionar el problema de las bajas, reconociendo que es un problema de mala gestión más que de “fraude” de los trabajadores, según los sindicatos: “No se puede meter en el mismo saco las ausencias injustificadas (absentismo) y las debidas a problemas médicos”, señalan, aunque reconocen que hay faltas al trabajo sobre todo “por razones familiares y de falta de conciliación laboral”, así como por razones de “insatisfacción laboral”.

Sindicatos y patronal creen que se puede reducir el número de bajas laborales y, sobre todo, gestionarlas mejor para que duren menos tiempo. Por un lado, insisten en la necesidad de mejorar la seguridad en el trabajo, la prevención y cuidar más la salud mental de los trabajadores, para reducir problemas médicos y bajas. Y cuando ya aparecen, creen que la sanidad pública (gestionada por las autonomías) debe tener ayuda de las Mutuas de Trabajo: “instamos a las administraciones a desarrollar Convenios con las Mutuas para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad laboral por contingencias comunes de origen traumatológico”, señalan en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

En concreto, lo que sindicatos y patronal proponen es que los médicos de cabecera sigan dando las bajas, pero que se envíe a los trabajadores con bajas traumatológicas a las Mutuas, que son entidades públicas (aunque participen las empresas privadas) y tienen personal especializado para atender los traumatismos y realizar rehabilitación, para hacer un seguimiento de las bajas y proponer el alta cuando esté motivada, alta que siempre tendrá que decidir y firmar el médico de cabecera.

Ahora, será el futuro Gobierno el que tendrá que atender esta petición de sindicatos y patronal, que las Mutuas de Trabajo participen en la gestión de las bajas laborales, aunque la última palabra la tienen las autonomías, que son las que gestionan la sanidad pública y en definitiva las bajas, con un resultado desigual según las regiones. Y también han de colaborar los médicos, sobre todo los de cabecera, que hoy se quejan de que destinan una gran parte de su tiempo a gestionar las bajas y su seguimiento.

Plantear el problema del exceso de bajas laborales no supone acusar a los trabajadores de “escaquearse”, de aprovecharse de las bajas para no ir a trabajar, como denuncian algunos empresarios. Es básicamente un problema de pérdida de tiempo y de recursos, por gestionar mal las bajas. Pero sí deberíamos afrontar otro problema colateral: “la insatisfacción con el trabajo, un problema que se da en todo el mundo. En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento es el sueldo, algo normal en un país donde el salario medio bruto son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo al dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un reciente informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiar la gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta… Empresarios: mejoren el ambiente laboral, habrá menos bajas y ganarán más.