Refugiados: Europa incumple (y España más)

La semana pasada se cumplieron los 2 años dados por Bruselas para que los paises acogieran a 120.000 refugiados, de los 2,6 millones que entraron entre 2015 y 2016. Pero los Gobiernos europeos han dado asilo a la tercera parte (38,5%). Y España peor: ha acogido a 1.980 refugiados, sólo el 11,4 % de los que nos tocaban. Ahora hay más de un 1 millón de inmigrantes ilegales por Europa y millones esperando en Turquía, Líbano o Jordania, mientras las pateras siguen llegando a Italia, Grecia y España, con 2.000 muertos este año. El aluvión de inmigrantes ha bajado en 2017, pero el problema sigue ahí y no parará. Europa tiene que afrontarlo con más dinero y medios, porque son una cifra mínima (2 inmigrantes irregulares por cada 1.000 europeos) y un gasto asumible (10.000 millones, el 0,06% del PIB UE). Urge otro acuerdo europeo para afrontar la inmigración, por solidaridad y economía: pueden ayudar a una Europa envejecida. Y un Pacto político en España, para acoger más inmigrantes.



                                                                                            enrique ortega

El mundo se ha llenado de refugiados y desplazados: 68,5 millones en 2016, la mayor cifra conocida desde finales de la II Guerra Mundial, según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y de ellos, 21,3 millones son refugiados, sobre todo de Siria (5 millones en 120 paises), Afganistán (2,7 millones) y Somalia (1,1 millones), más los palestinos (5,2 millones). Europa es un destino principal para muchos refugiados, sobre todo a partir de 2011, cuando las “primaveras árabes” acabaron con los controles migratorios en Libia y Túnez. Pero el gran salto migratorio a Europa se dio a partir de 2014 y sobre todo en 2015, con 1.354.000 solicitantes de asilo en Europa, a los que siguieron otros 1.259.265 solicitantes en 2016. Un aluvión de 2,6 millones de migrantes que provocó una auténtica crisis humanitaria y que puso en apuros a la Unión Europea y sus reglas, favoreciendo los controles, los muros y la xenofobia.

Hasta entonces, Europa se regía por una norma, la Regulación de Dublín (aprobada en 1977 y modificada en 2003), por la que el responsable de gestionar a los refugiados era el país al que el migrante llegaba en primer lugar. Y si se le denegaba, no podía volver a solicitarlo en otro estado miembro, para lo que se creó una base de datos de huellas dactilares en 2003 (Eurodac). El sistema europeo común de asilo (CEAS) funcionó bien mientras el flujo de migrantes fue bajo (Europa recibió 300.000 solicitudes de asilo al año entre 1994 y 2002), incluso en 2014 (663.000 solicitudes), pero no en 2015, al superar de repente las 1,3 millones de solicitudes. Y más porque los migrantes llegaban por paises del sur de Europa que estaban colapsados y sin medios (Grecia, Italia, España), que no podían aplicar las normas de asilo y “dejaban pasar el problema” a los Balcanes y centro y norte de Europa.

En un momento dado, a partir del verano de 2015, el aluvión migratorio puso en peligro uno de los pilares básicos de la Unión Europea, el acuerdo de Schengen, vigente desde 1995, que aseguraba la libre circulación de personas entre los paises comunitarios. Muchos paises empezaron a poner controles fronterizos y barreras por los migrantes (Austria, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca), e incluso muros (Hungría), que ponían en peligro la Europa del euro. Y en paralelo, crecían por toda Europa los partidos xenófobos, alimentados por el “miedo a la invasión extranjera” en un continente con 19 millones de parados. Ante todo esto, los líderes europeos convocaron una Cumbre extraordinaria el 23 de septiembre de 2015 para buscar una salida, repartiéndose un contingente de 120.279 refugiados,  a los que los paises tendrían que dar acogida en el plazo de 2 años, según un reparto pactado contra el que votaron Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania.

El plazo para este reparto limitado de refugiados terminó la semana pasada  y el balance es muy pobre. De los 120.729 refugiados comprometidos a asilar, los paises europeos sólo han concedido asilo a 46.475 refugiados, un 38,5% del total, según los datos aportados por Intermón Oxfam y la Comisión Europea. Ha funcionado mejor el reasentamiento de refugiados que están en campos de Turquía, Líbano y Jordania (de 22.474 previstos, se ha concedido asilo a 17.331, el 77%) pero peor la reubicación de los refugiados instalados en Italia y Grecia (los europeos sólo han asilado a 29.144 de los 98.255 previstos, un 29,7%). Hay 9 paises europeos que han reasentado al 100% de los refugiados de Turquía, Líbano y Jordania que les tocaba (Finlandia, Irlanda, Estonia, Suecia, Alemania, Liechtenstein, Suiza y Reino Unido) y otros tres más que han asilado a casi todos (Noruega, Austria y Francia), pero la mayoría ha fallado en dar asilo a los refugiados que están en Grecia e Italia. Y hay paises del Este, como Hungría o Polonia, que no han acogido a ningún refugiado. Y otros a casi ninguno, como Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Rumanía, Croacia o Eslovenia. De hecho, la Comisión Europea ha abierto procedimiento de infracción a Hungría, Polonia y República Checa por negarse a aceptar refugiados.

España está también entre los paises con más baja acogida de refugiados: se ha concedido asilo en estos dos años a 1.980 refugiados, el 11,45% de los 17.337 asignados. De ellos, 1.257 proceden de Grecia (1.089) y de Italia (190) y otros 701 refugiados vivieron de los campos de Turquía (506) y Jordania (195). El Gobierno, por boca de los ministros de Exteriores e Interior, culpa de esta baja acogida a Grecia e Italia, a que no les han ofrecido refugiados que cumplan los requisitos del acuerdo europeo. Y las ONGs se quejan de la excesiva burocracia, que ha dificultado los asilos en toda Europa, al incluir solamente a los refugiados de tres paises (Siria, Eritrea y Yemen) que están en Grecia e Italia y no al resto (de Afganistán y resto de África). De momento, Intermón Oxfam ha denunciado a España ante la Comisión Europea por su incumplimiento en el asilo a refugiados, mientras 9 ONGs han puesto en marcha este vídeo de denuncia (“Orgullo de incumplir”) de la política de asilo del Gobierno Rajoy.

En definitiva, la Operación asilo de refugiados ha sido un fracaso en Europa (y más en España). Y el problema sigue ahí, con millones de refugiados esperando en Turquía (3 millones), Líbano (1,1 millones) y Jordania (700.000), en Grecia e Italia y dentro de la propia Europa, donde se estima que hay más de 1 millón de migrantes ilegales, una parte refugiados y la mayoría migrantes económicos, personas que huyen de la miseria. Frente a esta migración ilegal, Europa ha vuelto a dar otra respuesta equivocada: en marzo de 2017, la Comisión Europea ha pedido a los paises europeos que expulse a más de 1 millón de inmigrantes sin papeles, que acelere las devoluciones a sus paises de origen. En lugar de intentar regularizar su situación, les plantea dos medidas a tomar. Una, ampliar el plazo de detención de los inmigrantes ilegales que permite la directiva europea, hasta los 18 meses (en España se trabaja con 60 días), para dar tiempo a los trámites de devolución. Y la otra, que Bruselas amplíe el número de paises con los que tiene acuerdos de readmisión, que ahora son sólo 17 (la Comisión trabaja ahora con Nigeria), para facilitar las expulsiones.

Así que frente a millones de inmigrantes y refugiados a las puertas o dentro, Europa reacciona con las expulsiones de la mayoría y el asilo de una minoría que ni siquiera cumple. Y ahora, la Comisión propone conceder asilo a otros 50.000 refugiados, pagando 10.000 euros por asilado a los paises terceros que los acojan (como han hecho con Turquía) y buscando ampliar el marco de asilo también a los refugiados que vienen del resto de África y Asia, no sólo de Siria, Eritrea y Yemen. Pero la cifra es ridícula para hacer frente al problema que ya existe y al futuro. Porque aunque la migración a Europa ha bajado a la mitad este año (350.000 solicitudes de asilo hasta junio, unas 700.000 esperadas), se debe al acuerdo de la UE con Turquía, firmado en marzo de 2016, para aceptar migrantes llegados a Grecia y atender a los que les llegan, a cambio de mucho dinero europeo. Es sólo un pequeño muro que cualquier día puede romperse. Y más cuando la miseria y el atraso de África y Asia no mejoran y la mayoría de su población son jóvenes dispuestos a todo por buscar un futuro en Europa y EEUU.

Europa (y España) se tienen que tomar en serio de una vez el reto migratorio, que va mucho más allá de acoger a refugiados que huyen de la guerra y que tiene que ver con millones de extranjeros que pugnan por trabajar y vivir en Europa (y en España). La única opción razonable es establecer una política de integración de inmigrantes a medio plazo, con reglas claras y fondos, no tomar medidas sólo cuando llegan avalanchas humanas. Primero, porque el fenómeno migratorio está ahí y va a seguir durante décadas. Segundo, porque si no se toman medidas, se alimenta entre los europeos el miedo y la xenofobia contra los extranjeros, lo que puede poner en peligro la propia democracia, ante el auge de la ultraderecha en muchos paises (Francia, Alemania, Austria, Holanda, Grecia, Noruega, Finlandia…). Y tercero, porque la inmigración regulada puede ser una baza positiva para Europa, un continente envejecido que necesita mano de obra y jóvenes para seguir creciendo y pagando sus pensiones.

La política migratoria europea (y española) necesita, antes que nada, contar con más medios. Los 8 mayores paises de la UE dedicaron 10.275 millones de euros en 2016 para gastos de acogida a refugiados, una cifra ínfima, que supone sólo el 6,5% del Presupuesto comunitario (y el 0.06% de su PIB). Es casi el Presupuesto de los 32 equipos de fútbol que juegan la Champions… Y además de ser poco, la mitad recae sobre un país, Alemania, que hace un enorme esfuerzo con los refugiados, como algunos paises nórdicos, mientras el resto hace muy poco (y los paises del Este, nada). España está a la cola del gasto en refugiados: 32 millones de euros en 2016, una miseria. Y además, estos Presupuestos para refugiados están saliendo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (AOD) de España y los demás paises europeos. O sea, que encima de ser recursos escasos, se los están quitando a proyectos de ayuda en los paises del Tercer Mundo, proyectos ya recortados (España gastará en 2017 en Ayuda al desarrollo 2.177 millones del Estado, la mitad que en 2007).  

No basta con gastar más en acoger a los refugiados, ayudando específicamente a Grecia, Italia y España, los paises que más los reciben. Hay que gastar más en integrar a los inmigrantes, regularizando en lo posible la situación de los que lleven más tiempo. Un millón de inmigrantes ilegales son muchos, pero sólo suponen el 0,2% de la población europea, 2 por cada 1.000 europeos. Y pueden ser a medio plazo la mano de obra que necesita una Europa (y una España) que envejecen y pierden población (Alemania necesitará 8 millones de trabajadores extranjeros de aquí a 2030, según los expertos). Pero para eso hacen falta políticas de integración, con medios y medidas laborales, educativas y de vivienda, que eviten su explotación y su precariedad (en España, los marroquíes por ejemplo tienen una tasa de paro del 52%), como ha propuesto incluso el FMI.

Y en paralelo, Europa (y España) se tienen que implicar más en las zonas de origen de los inmigrantes, en dos sentidos: colaborando en la pacificación de los países (es irresponsable el interés europeo, con la excepción de Francia, en las guerras de Siria, Afganistán o la mayor parte de África) y favoreciendo su desarrollo, para que los jóvenes no emigren. En esta línea, urge aprobar “un Plan Marshall europeo” para África y Oriente Medio, que incluso ha pedido Rajoy para el norte de África. Invertir en evitar las futuras avalanchas de inmigrantes.

No se pueden poner puertas a personas desesperadas. Ni afrontar un problema tan grave con parches como “el reparto de refugiados” de 2015. Europa tiene serios problemas de fondo a medio plazo (euro, paro, desigualdad, fiscalidad, competitividad…)  y uno de ellos es la inmigración. Un problema además, que si no se resuelve bien, puede romper la propia convivencia entre europeos (extremismos y populismos). Así que urge una nueva Cumbre europea que ponga las bases de una política común de inmigración, empujada por Macron (ha propuesto crear una Oficina europea de Asilo) y Merkel (aunque esté debilitada y con la presión de Alternativa para Alemania), con el apoyo decidido de España, una país que se juega mucho en ello, por su posición geográfica. Y en paralelo, urge un Pacto de estado sobre inmigración y refugiados en España, para afrontar con realismo el problema de la inmigración ilegal y los refugiados. Por pura solidaridad de una España que ha emigrado mucho y por puro egoísmo, porque nosotros también vamos a necesitar a los extranjeros para crecer y pagar las pensiones en el futuro. Piénsenlo.

Cooperación española: recortes de vergüenza

Mucho vender la “marca España” por el mundo y resulta que somos el país que más ha recortado la ayuda a los países pobres y el cuarto país que menos dinero aporta al mundo subdesarrollado. Con la crisis, el Gobierno Rajoy ha recortado ayudas dentro pero más fuera, donde hay 900 millones de personas en pobreza extrema. La OCDE acaba de publicar un  informe demoledor sobre la ayuda española: gastamos poco y mal en los países pobres. Y las ONGs denuncian sobre todo el hundimiento de  la ayuda humanitaria, para situaciones de emergencia (como la de Ecuador), que ha pasado de 320 millones anuales a sólo 50 millones. Urge recuperar la Cooperación de España en el mundo, que fue ejemplar hasta 2008. Todos los grupos políticos (salvo el PP)  han aprobado una proposición no de ley para triplicar la ayuda en la próxima Legislatura. Se puede y se debe. Porque ayudar a los más pobres tiene una triple recompensa: moral, política y económica. No nos avergüencen.
 

enrique ortega

Los fondos de ayuda al desarrollo (FAD) es el dinero que los países ricos destinan a ayudar a los países pobres, con proyectos para luchar contra la pobreza y el subdesarrollo. Con la crisis, todos los países occidentales recortaron sus aportaciones, que cayeron entre 2007 y 2009, estancándose después. Pero ahora, los últimos datos de la OCDE revelan que la ayuda al desarrollo (FAD) se está recuperando: creció un 6,8% en 2015, por tercer año consecutivo, y alcanzó los 146.680 millones de dólares (28 países). Eso supone que ahora dedican un 0,30% de su PIB para ayudar a los países pobres, volviendo a los niveles de ayuda de 2006, aunque el dato tiene "truco": inflan las ayudas al desarrollo incluyendo en ellas lo que los países ricos gastan "dentro" en atender a los refugiados (12.000 millones de dólares en 2015). Y aún así, todavía están lejos del objetivo del 0,7%, que comprometieron gastar con la ONU, en 1970. Los que más gastan en ayudar a los países pobres son Estados Unidos (31.080 millones dólares), Reino Unido (18.700), Alemania (17.780), Japón (9.320) y Francia (9230 millones dólares) , pero gastan poco en relación a su riqueza (0,17% de su PIB USA o el 0,51% Alemania) y sólo hay 6 países que gastan en ayuda al desarrollo más del 0,7% que propone la ONU: Suecia (1,40% de su PIB), Noruega (1,05%), Luxemburgo (0,93%), Dinamarca (0,85%), Países Bajos (0,76%) y Reino Unido (0,71%).

España está en el pelotón de cola de la ayuda al desarrollo: gastó 1.446 millones de euros en 2015, un 0,13% del PIB, el cuarto país que menos ayuda a los países pobres, sólo por delante de la República Checa (0,13%), Eslovaquia y Polonia (0,10%), incluso menos que Grecia (0,14%) o Portugal (0,16%), según el ranking 2015 que acaba de publicar la OCDE. Y  España es el país occidental que más ha recortado su ayuda al desarrollo con la crisis: un -73,7%, pasando de gastar 5.500 millones de euros en 2008 a 1.446 millones en 2015, casi la cuarta parte. El impresionante recorte muestra el cambio drástico que ha dado la ayuda exterior española: si en los años 80 gastábamos mucho menos que los demás (0,04% del PIB frente al 0,34 total en 1983), en los años 90 nos equiparamos (0,28% frente a 0,29% en 1993) y en la década del 2000 superábamos incluso al resto de la OCDE, con un máximo en 2008: España dedicó el 0,45% de su PIB a ayudas al desarrollo frente al 0,30% de los 28 países ricos. Pero en 2011, Zapatero pega el primer tajo a la Cooperación (baja al 0,29%) y en 2012 y 2013, Rajoy pega dos tijeretazos más, para bajarla al actual 0,13% del PIB. En resumen: de ser “un país modelo” en ayuda al desarrollo hemos pasado a ser “un vergonzoso ejemplo”.

El recorte a las ayudas al desarrollo y la Cooperación internacional no lo ha hecho sólo el Gobierno central, sino también las autonomías, Ayuntamientos, Universidades, Fundaciones, entidades y empresas: hay más de 900 entidades que ayudan y suponen un 15% del gasto total. Y este desplome de fondos ha supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de las ONGs, según un informe de la Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen en un 60% de recursos públicos (recortados). Las ONGs que no han cerrado han tenido que recortar plantillas, sueldos y proyectos, mientras buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Porque si en 2010, los fondos públicos al desarrollo llegaban a 665 ONGs españolas, en 2012 sólo llegaron a 78 ONGs.

El problema no es solo que se gaste casi la cuarta parte en Cooperación internacional. Otro problema grave es que además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo el menguante dinero disponible: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables.  En 2013 sólo se gastó el 69% del presupuesto disponible y en 2014 no debió subir del 70%. Segundo, porque una buena parte de la ayuda se gasta en burocracia, en gastos administrativos, no en proyectos concretos. Y además, expertos y ONGs se quejan de que no hay auditorías que sigan la eficacia de las ayudas (por no hablar de corrupción, como el caso que saltó en la Comunidad Valenciana).

Otro problema es que dos tercios de toda la ayuda española al desarrollo no la gestiona España: se tramita a través de organismos multilaterales, que gestionan  el 67% de toda la ayuda exterior, mientras en los demás países OCDE sólo se canaliza así el 27% de toda la ayuda. Eso significa que la mayor parte de nuestra ayuda son contribuciones fijas a organismos multilaterales (el 78%, contribuciones obligatorias a la Unión Europea, que es la que las gasta) y que sólo un tercio de toda la ayuda es bilateral, de España con cada país. Y aquí hay otro problema: el Gobierno Rajoy ha cambiado las prioridades y ha centrado buena parte de esta ayuda exterior en países de renta media (como Perú, Colombia y Ecuador), por interés de las empresas españolas que invierten fuera (los que venden la “Marca España”), recortando la ayuda a los países más pobres y en conflicto, que deberían ser los prioritarios (han pasado de llevarse el 25% al 18% de la ayuda total). Así, la Cooperación española con los países del Magreb y el África subsahariana (de donde salen las pateras con inmigrantes) ha caído un 91% desde 2011.

Otra crítica que hacen expertos y ONGs a la Cooperación española es que Rajoy ha cambiadoe l modelo de gestión, quitando recursos al Ministerio de Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado, que han pasado de gestionar el 47% de los recursos (2011) a sólo el 12% (2015). Y se los ha dado a los Ministerios económicos, para ligar más la ayuda exterior al crecimiento internacional de las empresas españolas. Así, ahora, más de la mitad del presupuesto (recortado a 1.446 millones de euros) lo gestionan Hacienda (el 50%, sólo para “transferir” las cuotas a los organismos multilaterales) y Economía (15%), además de muchos otros Ministerios e instituciones públicas, porque otro problema de la Cooperación española es que la hacen multitud de organismos, con poca coordinación entre ellos. Los expertos y ONGs critican también que la ayuda española se dirige a demasiados proyectos y países, 23 de Latinoamérica y África (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Mauritania, Marruecos, Sahara y territorios Palestinos, Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Filipinas).

Estos problemas de la Cooperación española y otros más aparecen en el último informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que cada 4 años evalúa la ayuda española y que publicó en marzo su informe de 2015. Es un análisis muy crítico con la política española de ayuda al desarrollo, que denuncia la escasez de recursos, la descoordinación y falta de control administrativo, el exceso de burocracia que se exige a las ONGs, la desaparición de las contribuciones voluntarias de España a organismos de la ONU (desde el PNUD a ACNUR o UNICEF) y sobre todo denuncia la caída drástica de la ayuda humanitaria española, la ayuda para catástrofes (como la de Ecuador): ha caído de 320 millones que se gastaron en 2009 a los 50 millones gastado en 2015, sólo un 4% de la ayuda total al desarrollo.

La OCDE recomienda a España, sobre todo, que aumente su ayuda al desarrollo, con el objetivo de gastar ese 0,7% objetivo de la ONU (recordemos que gastamos el 0,13%). Y sobre todo, pide que se suba la ayuda humanitaria, hasta el 10% del gasto total (serían 144 millones en vez de 50). Y proponen  más coordinación entre organismos, menos burocracia y concentrar la ayuda en menos proyectos y en  los países más pobres y con graves conflictos. Propuestas en las que coinciden los expertos y ONGs, que como Intermón Oxfam o Unicef, piden además que el futuro Gobierno cree una Secretaría de Estado de Cooperación (suprimida por Rajoy en diciembre de 2011), que potencie la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y que concentre las ayudas en menos países (España tiene proyectos en unos 100 países, frente a los 28 países donde trabaja Reino Unido, que gasta 15 veces más en Cooperación) y menos proyectos, más especializados, buscando programas donde España tiene experiencia y ventaja comparativa, como salud, seguridad alimentaria, infancia, educación o infraestructuras básicas. Y todos piden una política de Estado para la Cooperación, que dedique recursos en educar a los españoles sobre la importancia de la ayuda exterior.

Los españoles, teóricamente, somos solidarios con los países más pobres: un 90% considera que la ayuda al desarrollo es importante y un 57% cree que debe ser prioritaria para el Gobierno español, según el Eurobarómetro de 2015. Y un 50% de los españoles creen que se dedican pocos o muy pocos recursos a la Cooperación, según la encuesta del CIS (marzo 2015). Pero cuando se pregunta si hay que recortar antes fuera que dentro de España, la mayoría contesta que sí, lo que parece “avalar ”los recortes de Rajoy a la Cooperación (han pasado bastante desapercibidos). Y más en un país donde hay menos tradición de ayudas particulares a ONGs: sólo un 20% de españoles donan a ONGs, el porcentaje más bajo en Europa (33%), muy por debajo del 34% de Alemania, el 38% de Italia, el 49% de Francia o del 55% de Reino Unido. Y además, estas donaciones han caído con la crisis: de 800 millones en 2006 a menos de 500 en 2014, según un estudio de la Asociación de Fundraising.

Ahora, cara a la próxima Legislatura, todos los partidos políticos, salvo el PP, han apoyado en abril una proposición no de Ley presentada por Ciudadanos que defiende subir la ayuda al desarrollo del 0,13% al 0,40% (media hoy en Europa) para 2020. Eso supondría gastar 2.800 millones en 2017 (0,25%) y llegar a los 4.400 millones de euros en 2020, el triple que ahora. Y además, se comprometen a que un 10% sea en forma de ayuda humanitaria. Los expertos, ONGs y la mayoría de partidos creen que este “salto en la Cooperación” es posible y que bastaría con destinar a la ayuda exterior la mitad de lo que España ingrese con la tasa Tobin, el impuesto a las actividades financieras que debe entrar en vigor en 2017 (se prevé que ingrese 5.000 millones extras anuales). Además, se podrían conseguir más recursos privados, de empresas (cuando se apruebe una Ley de Mecenazgo) y particulares, si se estableciera una nueva casilla en la Renta (IRPF), para poder destinar un 0,7% de la declaración a Cooperación (como se hace para la Iglesia y fines sociales).

Habrá que esperar al próximo Gobierno, que tiene que aprobar antes de fin de año un nuevo Plan de Cooperación 2017-2020. Pero España no puede seguir “mirándose el ombligo de su crisis” y estando a la cola en la ayuda a los países pobres. Es una vergüenza inadmisible. Primero, por una cuestión ética y moral, de pura solidaridad. Pero también es una forma de desactivar tensiones geopolíticas, de reducir la presión migratoria,  y de defender mejor los intereses de España por el mundo. Gastar en ayudas y solidaridad con los países más pobres es una obligación ética pero también el mejor pasaporte de la “marca España”. No seamos rácanos. Porque ayudar a los demás siempre tiene recompensa. Moral, política y económica. 

Cooperación: la "Marca España" racanea

El Gobierno Rajoy presume de defender como nadie la “Marca España”, pero esconde que ha recortado un 46% los fondos de ayuda a países pobres, un eficaz instrumento para tener peso político y económico en el mundo. España es el 6º país occidental que menos ayuda al desarrollo, lo que entorpece nuestro papel en Latinoamérica y dificulta la lucha contra la inmigración ilegal en África. Además de los recortes, que han provocado el cierre de proyectos y ONGs, el Gobierno ha pasado la mayoría del gasto en Cooperación a Hacienda y a Economía, quitando peso a la Agencia Española para el Desarrollo (AECID). Y acaba de aprobar, en contra de toda la oposición, una enmienda que liga los proyectos de Cooperación a la estrategia de empresas y bancos. España gasta poco y mal en ayudar a países pobres y así torpedea la “Marca España”. Porque ayudar tiene una triple recompensa: moral, política y económica.

enrique ortega

La Gran Recesión dio la puntilla a las ayudas al desarrollo de los países ricos, aunque tardíamente: venían creciendo desde 1997, con un récord en 2010, y cayeron en 2011 y 2012. El gasto en Cooperación de los 28 principales países donantes volvió a crecer en 2013, un 5,2%, según la OCDE, aunque todavía aportan una miseria: 134.800 millones de dólares, un 0,3% de su renta bruta (RNB), muy lejos del 0,7% que fijó la ONU como objetivo en 1980 y que hoy sólo cumplen 5 países (1,07% Noruega, 1,02% Suecia, 1% Luxemburgo, 0,85% Dinamarca y 0,72% Reino Unido). Dos de cada tres euros para Cooperación proceden de los cinco grandes donantes (23.000 millones de dólares EEUU, 13.000 Reino Unido, 10.500 Alemania, 10.000 Japón y 9.300 Francia,) y Europa lidera las mayores aportaciones, con un 0,41% de su renta para ayudas.

España está en el pelotón de cola de las ayudas al desarrollo: es el 6º país que menos aporta entre los 28 donantes, junto a Italia, sólo por delante de Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Corea. Aportamos en 2013, un 0,16% de nuestra renta bruta (RNB), frente al 0,72% de Reino Unido, el 0,41% de Francia, el 0,38% de Alemania o incluso el 0,21% de Portugal. Eso contrasta con el 0,5% que llegamos a aportar en 2008, año récord en la Cooperación española, que Zapatero cuadriplicó desde 2002 (de 1.712 a 5.500 millones de euros), convirtiendo a España en el 6º país donante del mundo, tras los cinco grandes. A partir de 2010, los recortes se ceban en la Cooperación, que ha perdido un 70% de sus recursos. Y así, en 2014, el Presupuesto de ayuda al desarrollo es 1.739,27 millones de euros, un 0,17% de la renta bruta y menos de  la tercera parte de lo donado en 2008.

Se gasta la tercera parte en Cooperación y además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo lo presupuestado: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables. Y segundo, porque falta una auditoría eficaz de las ayudas, desconociéndose en muchos casos su distribución por sectores y países (sólo se conoce detalladamente la que gestiona la Agencia Española de Cooperación a través de las ONGs). Además, casi la mitad del gasto se destina a pagar burocracia, las cuotas obligatorias de España a la UE y organismos internacionales. Y cada vez hay más ayuda vía créditos (un 17% del total), lo que aumenta la deuda de los países pobres.

Los recortes en Cooperación, del Estado y de autonomías, Ayuntamientos, Universidades, entidades y empresas (más de 900 instituciones dan ayudas, un 15% del gasto total) han supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de ONGs, según un informe de La Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen, en un 60%, de recursos públicos (recortados). Las que no han cerrado han reducido plantillas (10% desde 2008) y sueldos (78% han congelado salarios) y buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Pero los españoles no somos muy solidarios, según un estudio de Fundraising: sólo el 19% (7,5 millones) dan dinero a una ONG, frente al 33% en Europa (56% en Reino Unido y 53% en Francia). Y sólo 682.500 españoles (el 1,5%) aportan dinero mensual o trimestralmente a una ONG.

El problema no está sólo en los recortes de las ayudas a los países pobres. El Gobierno Rajoy ha cambiado el modelo de gestión de la Cooperación y para 2014, más de la mitad del Presupuesto lo gestionan Hacienda (50%, para pago cuotas internacionales) y Economía (14,5%), mientras Exteriores sólo gestiona un 34% y ha caído drásticamente la ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado: si gestionaba 980 millones de euros en 2008, en 2014 sólo gestionará 264 millones, un 13,61 % del gasto total en Cooperación.

La puntilla a la Cooperación se la acaba de dar el Gobierno, al aprobar el Congreso una enmienda (10 abril), introducida por la puerta de atrás en el Senado, por la que se reforma el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE): ahora, en vez de gestionarlo Exteriores lo gestionará COFIDES, una sociedad mixta dependiente de Economía y en cuyo capital participan, además del ICEX y el ICO, bancos como Santander, BBVA, Sabadell o Popular. El objetivo es vincular más la ayuda al desarrollo a los proyectos de las empresas españolas en el exterior, lo que hace temer a las ONGs que se desvíen fondos públicos destinados a la lucha contra la pobreza en beneficio de intereses empresariales y financieros.

La Cooperación para el desarrollo de los países más pobres no es sólo una obligación moral de los países ricos, sino también una herramienta clave de política exterior, una pieza básica para reforzar la presencia política y económica de España en el mundo. Algo que tienen muy claro, desde hace décadas, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos o Japón. Incluso los países emergentes se están lanzando a la Cooperación Sur-Sur: es el caso de China, Brasil o México. Por eso, es un gran contrasentido intentar vender la “Marca España” por el mundo y a la vez recortar cada año en Cooperación (-165 millones en 2014). Con la ayuda por delante, es más fácil influir, invertir y vender,  tres claves para la recuperación.

Cara al futuro, España debe gastar más y mejor en Cooperación al desarrollo. Intermon propone gastar 500 millones extras durante 6 años, con los que España se pondría a nivel europeo (0,47% de la renta para 2020). Ese dinero podría salir en parte de la Tasa Tobin sobre operaciones financieras (Bolsa y bonos), que van a instaurar España y otros 10 países europeos en 2015.Y habría que fomentar las donaciones de empresas y particulares en la próxima reforma fiscal: las ONGs piden que desgraven más en el IRPF (70%, con la deducción íntegra de los primeros 150 euros donados) y en Sociedades (60% desgravación a empresas).

Además, hay que gastar mejor, con auditorías de resultados y una ayuda más técnica (asesoramiento) y menos financiera. Y concentrada en menos países: ahora la Cooperación española llega a 38 países y el IV Plan Director 2013-2016 pretende concentrarla en 23: 12 de Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana), 4 del norte África y Oriente Próximo (Marruecos, Mauritania, Sahara y Palestina), 6 más resto de África (Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea y Mozambique) y Filipinas (?). Dos zonas claves para España, Latinoamérica, y África, donde la ayuda puede reducir la inmigración ilegal que “invade” nuestras costas.

En definitiva, hay que ser solidarios con los más pobres por una cuestión ética y moral. Pero además, ayudar al desarrollo desactiva tensiones geopolíticas y mejorará la estabilidad mundial. Y gastar en Cooperación es practicar un egoísmo inteligente: es una forma eficaz de defender los intereses de España en el mundo. Más que fotos y campañas para vender la “Marca España”, ayudemos a los países con dinero y asesoramiento. Será nuestro mejor pasaporte. Porque ayudar tiene siempre recompensa. Moral, política y económica.