Universidad: polémica Ley y poco empleo

El Gobierno aprobó en  agosto el anteproyecto de Ley de Universidades (la LOSU), la 4ª reforma de la democracia. Pero no puede mandarla al Congreso porque, en la fase de consulta pública, ha sido vetada por los rectores y los alumnos. Y tampoco gusta al gobierno catalán. Así que la Ley Castells está bloqueada, aunque la haya retocado dos veces estos meses. El problema es “cuadrar” los intereses de rectores, profesores, alumnos y autonomías, que gestionan los Campus. La Ley busca reducir la precariedad de los profesores (un tercio, temporales), ordenar la carrera docente, mejorar la gestión y una Universidad más relacionada con las empresas y el mundo. Suena bien, pero no resuelve 2 asignaturas pendientes: más recursos públicos (para bajar coste matrículas) y una enseñanza que tenga más que ver con el mercado laboral, dejar de ser “una fábrica de parados” (15% licenciados en paro frente al 6% en la UE y el 4% en Alemania). Nos jugamos mucho en reconvertir la Universidad.

Enrique Ortega

Las Universidades españolas (50 públicas y 33 privadas) han tenido 3 Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999). Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.

Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.

El gran problema en el funcionamiento diario de las Universidades es la tremenda precariedad laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos), por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre 2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para oscurecer el panorama, se calcula que el 53,5% de los profesores permanentes se jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el 90% de los actuales catedráticos…

La Ley intenta afrontar este grave problema laboral de la Universidad pública española (en la privada hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en 2022, el Presupuesto permite contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan  y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.

Otro problema que afronta la nueva Ley es la gestión de las Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos, la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus, introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de dirección de las Universidades (sólo hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de la Ley es intentar ordenar la carrera docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.

Otro punto clave de la Ley es promover la producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo, pretende mejorar la relación de la Universidad, las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave  establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior (FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los licenciados tengan una formación “más práctica”.

Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización de las Universidades españolas, fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el extranjero puntuará a favor de todo los profesores.

Es sólo un resumen, que “suena bien”. Pero la Ley, al entrar en cuestiones relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy contrapuestos. Por eso, aunque el ministro Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha chocado con muchas críticas. Y por ello, ha hecho algo inaudito: cambiar por dos veces el anteproyecto de Ley  aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado” de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre, Castells presentó un 3º texto de la Ley, dirigido a los sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la participación de los alumnos.

Pero los cambios no han convencido. Y así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo, criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco han emitido su informe preceptivo las asociaciones de estudiantes, que convocaron protestas y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12 autonomías. Y en paralelo, el Gobierno catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras  el periodo de información pública, con lo que se retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.

El fondo de las críticas a la LOSU es que los rectores de las Universidades quieren más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más posibilidades de consensuar una Ley que sea poco eficaz. En esas estamos.

Pero al margen de la LOSU, las Universidades españolas han de afrontar otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo dos: la financiación de las Universidades y su utilidad para el reto de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de afrontar “la competencia” de las Universidades privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de 10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue comprada por el Fondo británico CVC (el que ha comprado parte de LaLiga)  y en 2021 el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.

La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. A lo claro, eso significa que les faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos autonómicos que gastan más que la media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros) y otras que gasta mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).

Esta escasa financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la Universidad pública española  sea la 2ª más cara de Europa, junto a Holanda, según el ministro Castells. Y somos el 11º país europeo (de los 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas, según un estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con una gran diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a 700 euros en Galicia. Claro que la privada es impagable: más de 1.000 euros al mes en Madrid.

El sistema de becas es también “insuficiente” (2.000 euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos 1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4 meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el Presupuesto siguiente, lo que crea serios problemas a sus familias.

La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a la financiación, es la adecuación de sus estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio, porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen un exceso de Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y  sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no cubren el 75%.

El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en el curso 2020-21 (últimos datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el 6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia de España con otros paises europeos es que somos el país con menos universitarios matriculados en titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un 28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un 37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el último informe de la CRUE.

La consecuencia es que las empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%), según Infoempleo y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que buscan las empresas se ve claro en dos datos dramáticos. Uno, que la tasa de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92% en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34 años): en España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.

Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo de nuestros universitarios (sepamos además que un tercio están subempleados, “sobrecualificados”: trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.

¿Para qué estudian los universitarios?

Casi millón y medio de universitarios han  vuelto a clase con la duda de todos los años: ¿me servirá de algo estudiar una carrera? Saben que hay muchos universitarios en paro (un 10,7%, el doble que en Europa) y que un tercio trabajan en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron. Es el doble fracaso de una Universidad que lleva ya 7 cursos ya perdiendo alumnos (sobre todo la pública), que investiga mucho menos y que pierde peso internacional, todo agravado por años de recortes donde han perdido 10.000 millones de Presupuesto y 4.730 docentes, con unas plantillas envejecidas (50 años de media) y precarias (42% con contrato temporal). Urge pactar una nueva Ley Universitaria que asegure más dinero para la Universidad y plantillas menos precarias, más becas, reordene la oferta (exceso de grados y Másteres), fomente la investigación, internacionalice los estudios y  logre una mayor conexión con las empresas que contratan, para que los jóvenes estudien profesiones con futuro. Conseguir estudiar para trabajar.

enrique ortega

El primer gran reto de la Universidad española es ser útil, conseguir que su formación le sirva al alumno para trabajar en el futuro. Así había sido hasta el inicio de esta crisis, en 2007, cuando el paro de los universitarios en España era sólo el 5,31%, según la EPA. Pero luego se disparó, como el del resto de españoles, hasta el 14,48% en junio de 2014. Y ahora ha caído y está en el 8,67%, que es casi la mitad del paro global en España (15,28%). Pero esa es la media, la tasa de paro es mucho mayor entre los universitarios jóvenes: el 25,01% de paro entre 16 y 19 años, el 18,72% entre 20 y 25 años y el 14,90% entre 25 y 29 años. Y todavía, el paro entre los universitarios jóvenes españoles duplica la media europea: un 10,7% entre licenciados menores de 39 años frente al 5,1% de paro en Europa (UE-28), el 2,8% en Reino Unido, el 3,2% en Alemania o el 6% de Francia, según Eurostat.

¿Qué carreras tienen más paro? El INE (Estadística) lo publica periódicamente, en la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios (la  última de 2014, publicada en diciembre de 2015). Ahí se ve que hay universitarios que no tienen casi paro: ingenieros en automática y electrónica industrial (0% de paro), médicos (0,6%), ingenieros electrónicos (1,4%), ingenieros aeronáuticos (2,8%), ingenieros informáticos (3,8%), licenciados en investigación y técnicas de mercado (4,4%), ingenieros de telecomunicación (5%) o fisioterapeutas (5,2%). Otros con poco paro, como farmacéuticos (6,3%), ópticos (6,9) o podólogos (10,8%), enfermería (8,1%), ingenieros técnicos en informática (8,9%)  o estadísticos (9,2%). Y hay carreras con un paro disparado: Filología francesa (45,4%) o árabe (44,5%), diplomado en Navegación Marítima (42,3%), Ciencias del Mar (41,5%), Bellas Artes o Historia del Arte (36,3%). Y universitarios con paro elevado: licenciado en Historia (38,1%), Minas (38,5%), Geología (36,2%), Biología (31,3%) o Filosofía (28,6%).

Al final, los universitarios que consiguen trabajar son menos que en Europa: trabajan el 77.3% de los universitarios menores de 39 años, una de las tasas más bajas de la UE-28, donde trabajan el 81% de los universitarios y hasta el 87% en Alemania y Reino Unido, según Eurostat. Pero el problema no es sólo encontrar trabajo sino que tenga que ver con lo que se ha estudiado. Y aquí España tiene un grave problema: somos el país europeo con más porcentaje de universitarios sobrecualificados, que trabajan en tareas que exigen menos formación de la que tienen: son el 37,1% de los graduados empleados, frente al 23,2% de media en Europa y muy por delante de Reino Unido (25,9% de empleados sobrecualificados), Francia (22,6%), Italia (20,6%), Alemania (19,5%) o Portugal (14,4%), según los datos para 2017 de un reciente estudio de la Fundación CYD. Y el problema ha ido a más, porque antes de la crisis, en 2007, los graduados empleados sobrecualificados eran el 34,9%.

La causa principal de que muchos universitarios acaben sirviendo hamburguesas o de cajera de supermercado está en que la economía española crea menos empleos cualificados que otras grandes economías europeas, porque aquí tienen menos peso la industria y los sectores de alto valor añadido y más los servicios (turismo y comercio) y la construcción. Y tenemos una economía menos eficiente y productiva, que también crea menos empleo. Pero además, hay un factor educativo: lo que se estudia en la Universidad tiene poco que ver con lo que demandan las empresas. Y esto agrava el problema, provocando que muchos universitarios acaben en paro o trabajen de cualquier cosa, con empleos y sueldos precarios. Así, el 20,2% de los universitarios españoles tienen contratos temporales frente a sólo el 10,5% de media en Europa. Y el 26,8% de los universitarios que cuentan con un título de máster y llevan trabajando entre dos y tres años perciben un salario que no sobrepasa los 1.000 euros al mes, un 8,8 % cobra menos de 600 euros y un 61% no supera los 1.600 euros. En consecuencia, más de 1 millón de universitarios españoles están en riesgo de pobreza, según un reciente informe de la Red Europea contra la pobreza (EAPN).

Todo esto tiene mucho que ver con lo que estudiaron. Porque todavía son pocos los estudiantes españoles matriculados en carreras de áreas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las que tienen mejores perspectivas de empleo, según todos los expertos (y los datos de paro por carreras del INE). En España, las carreras punteras son Salud y Educación y somos el 8º país europeo con menos matriculados en licenciaturas STEM: sólo un 23,7% de los matriculados en 2016-17, frente al 28,5% de media en la UE, el 37,6% en Alemania o el 30,6% en Reino Unido, según el estudio de la Fundación CYD. Y esto viene de lejos, de las últimas décadas en que no se han promocionado las carreras técnicas. El resultado está ahí: la proporción de graduados STEM entre los jóvenes españoles (20 a 34 años) es de 9 por 1.000, frente a los 11,3 por 1.000 de los grandes paises europeas y de los 14 por 1.000 de los paises más dinámicos, como Eslovenia, Irlanda, Dinamarca o Finlandia.

Así que ya sabemos por qué tenemos más universitarios en paro o subempleados: porque no estudian carreras con futuro (mejor, con presente). Este es el gran reto de la Universidad española: adecuar lo que se estudia a lo que demandan las empresas. Pero hay más. El segundo gran reto es recuperar los alumnos perdidos. Este curso 2018-2019 estarán estudiando en las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas) alrededor de 1.450.000 alumnos de Grado y Máster, siendo el 7º curso consecutivo en que se pierden alumnos. Y eso, porque desde el curso 2012-2013 han bajado los alumnos de Grado (licenciaturas): eran 185.612 menos el curso 2017-2018 (1.284.041) que en 2011-2012(1.469.653). En cambio, han subido los alumnos de Máster (son +77.082), desde los 113.061 en 2011-2012 a 190.143 el curso pasado. Y se espera que superen los 200.000 este curso. Esta pérdida de alumnos se ha dado sobre todo en las Universidades públicas, mientras han crecido en las Universidades privadas  (donde se matriculan un 14,3% de los estudiantes de Grado y el 34,3% de los Másteres) y en las Universidades a distancia (5% de Grados y 13% Másteres).

Una parte de esta pérdida de alumnos universitarios se debe a la demografía, a que hay menos jóvenes de 18 a 21 años: en enero de 2018 había 458.008 jóvenes menos (1.780.923) que en enero de 2002 y 152.351 menos que en enero de 2010. Otro factor es que, con la crisis, muchos jóvenes se han ido a estudiar Formación Profesional de grado superior en vez de matricularse en la Universidad, pensando que así tenían “más salidas”. De hecho, la FP Superior ha pasado de 212.802 alumnos en 2006-2007 a 333.079 en 2016-2017. Y un tercer factor que explicaría la pérdida de alumnos: la subida de matriculas y estudios universitarios desde 2012-2013, con tasas que han subido hasta un 60%.

De hecho, otro grave problema de la Universidad española es que, además de poco útil para trabajar, es muy cara, con grandes diferencias entre Universidades y regiones. Así, el coste de un crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83 euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la privada, según un estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades públicas, las diferencias son abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito, 2.014 un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León (24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de 12,57 a 13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).

Con estos precios, la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises (entre ellos Alemania, Austria, Finlandia o Suecia) donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede estudiar una carrera y completarla con un Máster, según un estudio de CCOO de 2016. En el extremo opuesto, hay 4 paises donde estudiar un Grado es más caro que en España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania (con más de 2.000 euros de coste anual. Al final, el estudio revela que de los 37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado (1.100 euros de media) y un Máster (2.200 euros de media). Y el 6º más caro tomando sólo la UE-28.

Y estos precios altos se agravan porque España tiene menos becas universitarias. Ocupa  el puesto 14 entre los 37 paises analizados en el porcentaje de universitarios con beca: un 23% frente a un 33% que reciben ayudas en Francia, Reino Unido y varios paises más, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (de 37) por el importe medio de las becas, más bajo que en la mayoría de Europa. Y todo esto se debe a que España invierte en becas universitarias un tercio menos que la media de la OCDE, según denunció el presidente de la Conferencia de Rectores. Y además, el sistema de concesión es muy deficiente, por lo que se quiere cambiar: ahora, se solicitan de agosto a octubre pero se conceden con el curso en marcha y una parte variable al final del curso. Y su cuantía es muy desigual por autonomías (más bajas en Madrid o Cataluña, donde estudiar es más caro).

El tercer gran reto de la Universidad española, además de dar trabajo y recuperar alumnos, es cumplir con su vertiente investigadora, ser “un templo para la Ciencia”, una función que se ha perdido en parte por los recortes. El gasto público en investigación (Administración más Universidad) ha caído del 48,3% del total en 2010 (el resto es investigación privada) al 46,1% en 2016. Y con ello, el peso del gasto en Ciencia de la Universidad española es sólo del 0,33% del PIB, frente al 0,44% que supone en Europa (UE28) o el 0,87% en Suecia. La Universidad española ha perdido estos años financiación, proyectos e  investigadores (-9,7%) y eso se ha traducido en una menor producción científica y en menos patentes y “spin-off” de nuestras Universidades, según refleja el estudio de la Fundación CYD.

El cuarto gran reto de nuestra Universidad es tener una mayor presencia internacional, para captar más alumnos extranjeros y más financiación de empresas e instituciones internacionales (sobre todo de la UE). Actualmente, las Universidades españolas no figuran en cabeza de los tres grandes rankings internacionales: sólo hay una (Universidad de Barcelona, puesto 151) entre las 200 mejores universidades del ranking de Shanghái (ARWU), 5 Universidades (puesto 135 la Pompeu Fabra y 145 la Autónoma de Madrid) entre las 400 mejores del ranking The Times Higher y 25 Universidades españolas (puesto 159 la Autónoma de Madrid y 193 la Autónoma de Barcelona) entre las 1.000 mejores del ranking QS Word. Mucho se debe a la menor producción científica e investigadora, pero también a la necesidad de aumentar Grados y Másteres en idiomas extranjeros y con profesores foráneos.

Estos cuatro grandes retos (enseñar para trabajar, carreras asequibles, más investigación y más internacionalización) exigen una Universidad española con más financiación. De hecho, aunque las autonomías han mejorado sus aportaciones en 2016, 2017 y 2018, todavía el gasto público universitario para 2018  (10.203 millones) es inferior al de 2009 (10.780 millones). Y los recortes hechos, sobre todo entre 2012 y 2015, han supuesto que las Universidades hayan perdido 10.186 millones entre 2009 y 2018. Esto se ha traducido en menos gastos, nulas inversiones, menos investigación y menos personal: se han perdido 4.730 docentes entre 2010 y 2016 (un 4%), según los Rectores (CRUE). Y lo peor es la precarización de las plantillas: el 42% del personal docente e investigador de la Universidad pública española tiene un contrato temporal. Y como no se han renovado plantillas, la edad media son 50 años y la mitad de los catedráticos tienen más de 60 años. Además existe una elevada (y perniciosa) endogamia: el 73,4% de los docentes de las Universidades públicas trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis, según la Fundación CYD.

Reformar la Universidad pasa, necesariamente, por dotarla de más recursos públicos, para acercarnos a niveles europeos. El gasto por alumno universitario en España era de 12.489 dólares en 2014 (última estadística de la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares de media que gastaban los 35 paises de la OCDE. Y ese gasto español es aún menor que el de EEUU (29.328 dólares por universitario), Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072), Alemania (17.180) o Francia (16.422) y sólo superior al de Portugal (11.813 dólares/universitario) o Italia (11.510). Y si tomamos el esfuerzo económico que se dedica a la Universidad, en España se aporta el 1,3% del PIB, inferior al 1,4% que se aporta en la UE-22 o al 1,6% que aportan los paises OCDE. Si quisiéramos aproximarnos, España debería gastar entre 1.200 y 2.400 millones más cada año en financiar la Universidad, unos 12.000 millones entre el Presupuesto y las autonomías.

Pero la Universidad no sólo necesita más dinero. Hay que emprender otras reformas, la principal ajustar la oferta de títulos (excesiva: 2.854 grados. 3.540 másteres y 1.120 doctorados) a lo que demandan realmente las empresas, orientando mejor a los alumnos que terminan el bachillerato. Esto pasa por una mayor participación de las empresas en la Universidad, una evaluación constante de la formación y fomentar las prácticas en las empresas en los últimos cursos, evitando los abusos actuales. Y reformar a fondo la gestión de la investigación universitaria, eliminando rigideces y aumentando la participación privada. Y volcarse en la internacionalización, captando más alumnos y profesores extranjeros.

Todo ello exige un Pacto político educativo, para garantizar una financiación estable, y un nuevo marco legal, con una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la de 2001. Los rectores de las Universidades ya la han pedido (junto a más autonomía)  y el ministro Pedro Duque promete una Ley para antes del final de Legislatura. Pero si la presenta, será difícil que salga adelante y menos si se adelantan las elecciones a 2019. Así que los grandes problemas de la Universidad tendrán que esperar dos cursos más, por lo menos. Y mientras, nuestros jóvenes seguirán estudiando con la amenaza del paro y el subempleo. Así es difícil ilusionarles.

Universidad: menos recursos,alumnos y empleo

Un millón y medio de universitarios han iniciado un nuevo curso lleno de problemas. El principal, la escasez de presupuesto, tras 5 años de recortes y con unas autonomías económicamente asfixiadas, a las que Bruselas exige ahora más recortes. Y eso que España gasta un 20% menos que Europa y la OCDE por universitario. Lo positivo es que este curso no suben las tasas universitarias, tras aumentar entre un 20 y un 62% desde 2012. Pero la Universidad española es de las más caras de Europa y eso ha supuesto perder 134.000 alumnos desde 2012. Y también habrá menos alumnos este curso, al no saberse aún las becas disponibles, por no haber Presupuesto 2017. Además, la Universidad sigue “fabricando parados” y 1 de cada 3 universitarios están “subempleados”: trabajan en algo que no necesita su título. Un desastre que obliga a una reforma a fondo de la Universidad, dotándola de más recursos y cambiando programas y organización: tiene que enseñar para trabajar.

enrique ortega

Las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas), que tuvieron 1.545.513 alumnos el curso pasado (1.317.278 las públicas y 228.235 las privadas), volverán a perder alumnos este curso 2016-2017, tras reducirse 32.200 alumnos el curso pasado. Es una tendencia que se viene produciendo desde 2012: en estos cuatro años se han perdido 134.000 universitarios, según un reciente informe de la Fundación CyD. Los expertos hablan de tres razones que explican esta caída de alumnos en la Universidad española. La primera, que hay un 6% menos de jóvenes entre 18 y 21 años. La segunda, que muchos jóvenes que terminaban el Bachillerato han cambiado la Universidad por la Formación Profesional, que ha crecido con gran fuerza desde 2010, con 370.000 estudiantes ya en la FP de Grado Superior. Y la tercera y más importante, que el aumento de las tasas universitarias y el recorte de becas han disuadido a muchas familias de enviar a sus hijos a la Universidad.

Pero esta bajada de alumnos no es un alivio para la Universidades, sobre todo para  las públicas, cuyas presupuestos están bajo mínimos tras cinco años seguidos de recortes, desde el curso 2010-2011. De entrada, se estima que las Universidades públicas han perdido 1.900 millones de euros en estos años, un 18% de su financiación (1 de cada 5,5 euros), lo que las ha obligado a duros ajustes de plantilla (se han perdido 10.000 empleos, entre profesores, investigadores y personal administrativo), una falta de medios e inversiones y un fuerte endeudamiento: las  principales Universidades públicas tienen 1.600 millones de deuda, un 16% más que en 2008. Y cara a este nuevo curso, no van a poder gastar más, porque las autonomías (que financian el 80% del gasto universitario) están en una penosa situación financiera.

Este curso 2016-2017, las autonomías querían mejorar la financiación de sus Universidades, sobre todo las 12 autonomías ahora gobernadas por partidos que no son el PP y que prometieron reforzarlas. Por un lado, pensaban convocar oposiciones a profesores en algunas, además de no subir más las tasas universitarias. Pero las autonomías se han encontrado con un complicado panorama: no saben todavía los ingresos que les va a transferir el Estado ni su límite de gasto para 2017, al estar el Gobierno Rajoy en funciones y no haberse aprobado un Presupuesto para 2017. Y tampoco saben qué déficit van a permitirles este año y el próximo. Lo que sí saben  es que Bruselas ha exigido a España recortar el déficit público y eso exige un ajuste de 16.500 a 23.000 millones entre 2016 y 2017, ajuste que en una buena parte tendrán que hacer las autonomías. Y no hay muchos sitios donde meter la tijera: sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales e inversiones.

Así que las autonomías no saben todavía  lo que van a poder gastar  en 2017 y por tanto tampoco las Universidades. De momento, han hecho sus cuentas sin subir los ingresos por tasas universitarias, tras haberlas subido entre un 20% y un 62% desde 2012. La mayoría han congelado el precio de las matrículas para el curso 2016-2017, mientras Madrid las ha vuelto a bajar, como el año pasado: eso sí, la bajada de los dos años es del 12%, que no compensa el 62% que subieron las matrículas desde 2012. Y lo mismo en otras autonomías: Cataluña ha subido el coste anual en 1.084 euros por grado desde 2012, 748 euros Castilla y León, 439 Madrid o 368 euros la Comunidad Valenciana. Sólo dos autonomías han congelado sus tasas en estos años, Galicia y Asturias. Otro problema que persiste es la enorme disparidad de tasas (ver precios matrículas) entre las distintas Universidades públicas. Así, un grado de Medicina o uno de Ingeniería cuesta 2.372 euros en Cataluña, el triple que en Andalucía (757 euros) y el doble que en Extremadura (1.111 euros). Y un grado de Derecho cuesta el doble: 1.516 euros en Cataluña frente a 757 euros en Andalucía.

La falta de Gobierno y de Presupuesto para 2017 también impide conocer el volumen de becas que se van a poder dar el próximo curso, lo que hace que muchos alumnos no se hayan atrevido a matricularse (o han recortado asignaturas), aunque se hayan congelado las tasas. Y eso porque, aunque en 2015-2016 subieron las becas para todas las enseñanzas, hasta los 1.416 millones, pero todavía eran 202 millones menos que en 2011-2012. Y España tiene una cuantía de becas universitarias (entre 244 y 6.241 euros) que es de las más bajas de Europa. Y en los últimos años, el Gobierno Rajoy ha endurecido los criterios de concesión, tanto las exigencias académicas como los ingresos exigidos a las familias.

Tenemos pues unas tasas elevadas y unas becas a la baja, lo que encarece la Universidad pública española, que ya en 2013 era de las más caras de Europa, según un informe de la Comisión Europea. Así, había 6 países europeos con la Universidad gratuita (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Grecia y Malta, más Bélgica  y Estonia con un precio mínimo) y otros 10 paises donde se paga menos que en España: Alemania (200-1.000 euros), Francia (183 euros), Portugal (631-1.066 euros), Croacia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Polonia, república Checa y Eslovaquia. Al final, sólo había 6 países europeos con la Universidad más cara que en España (713-2011 euros): Reino Unido (4.409-11.099 euros), Chipre, Irlanda, Eslovenia, Letonia y Hungría. Incluso Italia tenía menos tasas máximas (1.300 euros) aunque más altas las mínimas (1.300 €). Y de 2013 a hoy han subido en España.

Estos altos precios disuaden a muchas familias de mandar a sus hijos a la Universidad y explican, junto a la demografía, la pérdida continuada de alumnos universitarios. Pero la Universidad tiene otros problemas este curso. El primero, la incertidumbre sobre las futuras pruebas de acceso, en el verano próximo. La LOMCE, aprobada en solitario por el PP en 2013, establecía que este curso se realice una reválida obligatoria  al final del Bachillerato que sustituiría a las pruebas de selectividad para entrar en la Universidad. La mayoría de las autonomías (las 12 controladas por la oposición al PP más Castilla y León) están en contra de esta nueva prueba. Y hay 9 Universidades medianas y pequeñas que han llegado a un acuerdo para mantener la selectividad como está ahora, sea cual sea la norma que se apruebe para la reválida de Bachillerato. Mientras, Cataluña y Andalucía dicen que no piensan cambiar la selectividad. Por todo ello, no se sabe si los que acaben Bachillerato el verano que viene tendrán que hacer una prueba o dos y cómo será el acceso futuro a la Universidad.

Otro problema pendiente es el cambio en las carreras universitarias: el Gobierno Rajoy aprobó en enero de 2015 un decreto que permitía a las Universidades cambiar los actuales Grados de 4 años y un Master posterior de 1 año (4 ó 4+1) por Grados de sólo 3 años que se pueden complementar con uno o dos años de Master (3, 3+1 ó 3+2). Es una forma de recortar gastos, devaluando los títulos universitarios y favoreciendo que los que tienen más recursos se paguen carreras de 4 ó 5 años mientras que los alumnos con menos ingresos familiares las terminen en tres años. Los rectores aplazaron la reforma al curso 2017-18, pero hay Universidades, sobre todo en Cataluña, que pensaban introducirlo este curso.

Al final, la OCDE acaba de publicar un informe donde señala el problema de fondo que tiene la Universidad española: la falta de recursos. El gasto público en España por cada universitario es de 12.604 dólares, un 20% inferior a los 15.665 euros que gasta de media Europa (UE-22) o los 15.772 dólares por universitario que gasta la OCDE, según el informe "Education at a glance 2016". El gasto español por universitario (2013) está por debajo del de EEUU (27.500 dólares) y muchos países europeos como Luxemburgo, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria, reino Unido (25.500 dólares), Suecia, Islandia, Bélgica, Finlandia, Holanda, Alemania (17.000 dólares), Francia (16.500 dólares) o Irlanda. Y España, como país, dedica el 1,3% de su PIB a financiar la Universidad, por debajo del 1,5% que gasta la OCDE (28 países).  

La OCDE insiste en su informe, publicado en septiembre: “una educación de calidad necesita una financiación suficiente y sostenible”. Y el gasto educativo en España está por debajo de la OCDE, desde primaria a la Universidad. Recuperar el nivel de otros paises, ese 1,5% del PIB de gasto, exigiría gastar 2.300 millones más cada año en la Universidad, lo que permitiría contratar más profesores y contar con más medios. Pero el problema no es sólo falta de dinero. La Universidad española tiene que resolver otros problemas serios, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (hay 2.637 Grados y 3.661 Master) y fusionando centros (hay 234 Campus, con ofertas de estudios similares a pocos kilómetros de distancia. Y otros temas claves son reducir la endogamia (7 de cada 10 profesores trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis), abriendo los puestos de profesores al mundo económico y empresarial, fomentando la autonomía universitaria y las auditorías de eficiencia y calidad (sólo hay una Universidad española, la de Barcelona, entre las 200 mejores del mundo).

Pero sobre todo, hay que cambiar los contenidos  académicos y orientar a los universitarios hacia las carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas profesionales). Es prioritaria una mayor relación Universidad-empresa, para orientar la formación de los universitarios hacia lo que necesitan y demandas las empresas. Porque si no, las Universidades seguirán siendo “fábricas de parados”. Vean el dato: la tasa de paro de los universitarios españoles era del 11,61% (EPA de junio), inferior a la del conjunto de los españoles (20% de paro) pero más del doble que la tasa de paro de los universitarios europeos (5,7%). Y por si fuera poco, un tercio de los universitarios españoles 33,7%) están “subempleados”: trabajan en empleos que no exigen estudios superiores, según un estudio de la Fundación CyD. O sea, que el país y las familias se esfuerzan en que su hijo/hija estudie una carrera para acabar trabajando de camarero o de cajera de supermercado…

La formación y la Universidad son claves para la recuperación y el empleo pero contamos con unas Universidades medio quebradas, sin recursos, más caras que en el resto de Europa y muy desiguales entre autonomías, que no aseguran el empleo porque están muy disociadas de lo que necesitan las empresas. Hay que financiarlas bien, con más recursos, y asegurar que este dinero público de gasta con más eficacia y resultados. Y conseguir que los jóvenes estudien para luego trabajar en lo suyo. Para lograrlo, hay que promover un gran Pacto educativo, con las autonomías, el Gobierno, las Universidades, los alumnos y las empresas, para configurar un marco organizativo y docente estable y a largo plazo. No se puede esperar otro curso más así.