Otra Semana Santa a tope (y más cara)

Los españoles se han lanzado a viajar esta Semana Santa, por España y por Europa, mientras hay un aluvión de extranjeros en costas y ciudades. A pesar del mal tiempo, será otra Semana Santa récord, tras la de 2023, con una ocupación hotelera que supera el 85% en muchos destinos, en el litoral, islas y ciudades con procesiones. Una “fiebre por salir” que no se detiene ante las fuertes subidas de precios, superiores al 15%, en transportes, hoteles, restaurantes, cultura y ocio. El Gobierno espera 14,2 millones de turistas extranjeros entre marzo y abril, 2 millones más que el año pasado, que gastarán 19.000 millones (+3.700). Y seguirá el aluvión hasta el verano, cuando se esperan más turismo (nacional y extranjero) que en 2023. Ya se habla de 93 millones de turistas en 2024 y 100 millones en 2025. Pero ojo: la saturación turística, como en esta Semana Santa, puede volverse en contra y matar nuestra primera industria, el turismo. Hay que reconvertir los viajes y el ocio.

                   Enrique Ortega

El año 2024 ha empezado muy bien para el turismo. En enero y febrero se produjo un récord de pernoctaciones (estancias en hoteles y alojamientos turísticos), según el INE: 34.995.422 pernoctaciones, 2,7 millones más que al inicio de 2023 (+8,38%), sobre todo por la mayor llegada de extranjeros (22,5 millones de pernoctaciones, +12,6%). Y enero de 2024 fue el mejor mes de enero de nuestra historia para el turismo: llegaron 4,8 millones de extranjeros, un +15,3%, sobre todo europeos y de EE. UU. (+23,6%), casi la tercera parte a Canarias (1,32 millones, +9,25%), pero también a Cataluña (958.726, +20,37%), Andalucía (666.363, +17,4%), Comunidad Valenciana (619.718 turistas, +29,06%) y Madrid (609.325, +17,45%). Y estos turistas extranjeros que llegaron en enero se gastaron 6.550 millones de euros, un 25,5% más que en enero de 2023, con una estancia media de 8,71 días y un gasto medio de 158 euros diarios,  según Frontur.

En marzo, a falta de datos oficiales, el sector confirma que han seguido aumentando las pernoctaciones y la llegada de turistas extranjeros, atraídos por el excepcional buen tiempo. Y así, se ha llegado a una Semana Santa que se espera récord, con una ocupación media del 85%, que superará el 90% en las islas, zonas de costa y algunas ciudades de interior con atractiva oferta de procesiones (en Andalucía y Castilla y León). Los hoteleros insisten en que las reservas de Semana Santa se anticiparon este año, superando en un 35% la ocupación de 2023 (cuando tuvimos una Semana Santa récord) e incluso la de 2019 (+25% de reservas). La novedad este año es que lo que más crecen son las reservas de españoles, sobre todo a Canarias, Navarra, Murcia y Aragón, según CEHAT. Y todo ello ayudado por un aumento de los vuelos (Iberia y sus filiales han ofertado 1 millón de plazas más) y de trenes (2,5 millones de plazas en Renfe), además de un récord en los desplazamientos por carretera.

Se espera pues un récord histórico de ocupación esta Semana Santa, a pesar del mal tiempo y, sobre todo, de que los viajeros se encuentran con unos precios disparados, desde los carburantes (el diesel está más caro que hace un año y la gasolina está en máximos de cuatro meses, aunque más barata que en la Semana Santa de 2023) y los billetes de avión y tren a las estancias en hoteles, las comidas y bebidas en restaurantes y bares o el coste de la cultura y el ocio. En febrero, los hoteles ya habían subido un +9% anual (y los restaurantes un 5,1%), según el INE, pero para Semana Santa, las habitaciones de hotel han subido una media del +15%. Y más en algunas ciudades como Palma (+28%), Madrid (+19%), Sevilla o Málaga. A pesar de este fuerte aumento de precios, generalizado, españoles y extranjeros no han renunciado a viajar, aunque algunos han recortado su estancia (4 días en lugar de toda la semana) y otros han buscado más casas rurales y apartamentos que hoteles. Y los supermercados están multiplicando ventas en zonas turísticas.

Este aluvión de viajes esta Semana Santa está sirviendo para mantener el consumo y la actividad económica, que habrá vuelto a crecer este primer trimestre gracias al turismo (que ya aportó en 2023 el 70% de todo el crecimiento español, 1,75% del 2,5% que crecimos). Y se notará también en el empleo, porque se han realizado 116.200 contrataciones extras en marzo por la Semana Santa (+18,6% que en 2023), según Randstad, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Madrid. Eso sí, la subida de precios provocada por la Semana Santa (“todo el mundo se aprovecha”) provocará una subida de la inflación en marzo, que subió al 3,2% anual (+0,4%), según el dato adelantado del INE, una mala noticia que puede retrasar la bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE), esperada para junio.

Con todo, esta Semana Santa récord no es un hecho aislado, sino que se espera un aumento del turismo y los viajes (de españoles y extranjeros) el resto de la primavera, a la vista de las reservas ya hechas y del aumento de billetes de avión y tren ofertados y reservados. Las previsiones de Turespaña, tras sondear los mercados internacionales, son que visiten España, entre marzo y abril de 2024, unos 14,5 millones de turistas extranjeros, 2 millones más que en esos meses de 2023. Y además, que esos turistas hagan también un gasto récord, de 19.000 millones de euros (+3.700 millones que en marzo y abril de 2023). En paralelo, el sector hotelero espera aumentar sus ingresos un +14% esta primavera respecto a la de 2023 (y +25% sobre la primavera de 2019), gracias a un aumento de la ocupación (+4%) y sobre todo a la subida de precios (+10%), según el Smart Observatory, elaborado por la Confederación hotelera CEHAT y la consultora PwC.

Los expertos reiteran que crece el interés por viajar a España, esta primavera y el próximo verano, como lo atestiguan las búsquedas por Internet, las reservas y el aumento de plazas en los vuelos internacionales. Así que el sector espera una primavera récord (de abril a junio) y que el verano vuelva a ser récord, superando la llegada de turistas de 2023 y el turismo de los españoles. Y además, creen que la buena temporada turística podría extenderse hasta septiembre y parte de octubre, si el “buen tiempo” acompaña. Se observa un gran interés de los europeos (no sólo británicos, franceses y alemanes) por viajar a España y un fuerte aumento de turistas de América y Asia, que nos ven como un país “seguro” (ante el conflicto en Palestina, que desalienta viajar a Turquía o Egipto) y con una oferta muy completa, que suma al sol y playa la gastronomía, el ocio y la cultura.

Además, los expertos creen que “la tendencia a viajar” se ha consolidado como una prioridad para los consumidores occidentales, tras el gasto en comida y vivienda. Así que todos los europeos (y los españoles) ya no sólo viajan en vacaciones, sino que aprovechan cualquier hueco o fin de semana para “escaparse”, para buscar nuevas experiencias fuera de su ciudad, “cueste lo que cueste”. Es esta “fiebre”, desatada en Occidente tras el fin de la pandemia, la que explica el aluvión de viajes y turistas, aunque suban los precios. Y por eso, las previsiones sobre el año turístico en España son “estratosféricas”: ya se habla de recibir este año 93 millones de turistas, 8 millones más que en 2023 (85,1 millones). Y llegar a los 100 millones de turistas extranjeros en 2025…

Una locura, si recordamos que en 2003 llegaron la mitad de turistas extranjeros (50 millones) y en 1995 la tercera parte (33 millones). Está claro que el turismo es nuestra primera industria y la locomotora de la economía, el sector que este año 2024 volverá a aportar casi la mitad del crecimiento (el 41,4% del 1,6% que esperamos crecer) y crea 1 de cada 4 nuevos empleos. Pero ojo, podemos “morir de éxito”, llegar a una situación en que el exceso de turistas (sobre todo en algunos destinos) retraiga a los visitantes y cree problemas serios con la población local, que la fiebre por viajar acabe convirtiéndose en un hartazgo ante los destinos masificados y caros, que fuercen a buscar destinos alternativos fuera de España. Es un temor que ya han reiterado expertos y hoteleros españoles, que llevan meses pidiendo “repensar el turismo”, alcanzar un Pacto de Estado entre instituciones y empresas para conseguir un crecimiento sostenible del turismo.

Para ello, el sector propone una hoja de ruta hasta 2030 que tenga en cuenta las exigencias medioambientales y sociales, que reduzca los pisos turísticos (principales responsables del turismo masivo “low cost”), que mejore y diversifique la oferta turística (fuera de las zonas masificadas y de los meses tradicionales de viajes), afrontando una  mayor digitalización y una profunda reconversión del sector para renovar la obsoleta oferta turística en muchos destinos de sol y plaza, para lo que piden aprovechar los Fondos europeos.

En definitiva, planificar el crecimiento del sector turístico en las próximas décadas, para no matar a la gallina de los huevos de oro. Por eso, el sector, los sindicatos,  el Gobierno, las autonomías y los Ayuntamientos tienen que sentarse y lograr un Pacto por el turismo a medio plazo, para que sea sostenible y de calidad, que no nos agobie viajar. No es fácil, pero hay que conseguirlo.  

Centros Comerciales renacen tras la pandemia

En 2023, las ventas en los Centros Comerciales españoles superaron las cifras de antes de la pandemia, alcanzando un récord histórico, gracias a las mayores ventas en ropa, restauración y ocio, aunque todavía reciben menos visitas que en 2019. Son ya 580 los parques y Centros Comerciales que hay en España (somos el 4º país europeo con más espacios, tras Reino Unido, Alemania y Francia), con 33.500 tiendas dentro, que pagan alquileres cada vez más altos (después de pasar algunas por “listas de espera”). Unos Centros Comerciales cada vez con más servicios, desde gimnasios y hospitales a centros de buceo, rocódromos y espectáculos. De aquí a 2026 se prevé abrir 42 nuevos espacios, la mayoría Parques comerciales y centros de outlet. Y ha vuelto “el apetito” de los inversores, sobre todo de los Fondos extranjeros, por comprar y vender Centros comerciales, un negocio con enormes plusvalías. El riesgo es que volvamos a alimentar una “burbuja” de Centros Comerciales y un día nos estalle.

                     Enrique Ortega

En abril se cumplirán 44 años de la apertura del primer Centro Comercial en España, Baricentro, inaugurado en 1980 en Barberá del Vallés, cerca de Barcelona. En los años 80 llegaron los Centros más grandes, Nuevo Centro de Valencia (1982), La Vaguada (1983) y Parque Sur (1989) en Madrid , con 76 Centros Comerciales creados entre 1981 y 1.990 (1,6 millones de m2), a los que se sumaron 197 Centros más abiertos entre 1991 y 2.000 (5,18 millones de m2). La fiebre por los CC se aceleró en la primera década de este siglo, con 225 nuevos Centros abiertos entre 2001 y 2010 (7 millones de m2). Luego, con la crisis, las nuevas aperturas bajaron drásticamente, a 28 CC abiertos entre 2011 y 2015 (1 millón de m2), abriéndose sólo 5 Centros en 2017, otros 8 en 2018 y 5 más en 2019.

La pandemia hundió las visitas (cayeron un 35% en 2020) y las ventas (-27%) a los Centros Comerciales, con el riesgo de que estallara la “burbuja”, como había pasado en Estados Unidos tras la crisis financiera: entre 2008 y 2023 cerraron 300 de los 1.200 “Mail” que había en USA, por un exceso de oferta y porque muchos se habían quedado obsoletos. En Europa, la oferta de Centros Comerciales no era tan excesiva (347 m2 por 1.000 habitantes, 14 veces menos a los 5.000 m2 por 1.000 habitantes en EE. UU.). Por eso, aunque tras la pandemia se cerraron algunos Centros Comerciales, en la mayoría de paises aguantaron, con menos tiendas y pocas aperturas. Y a partir de 2022, volvieron a inaugurarse nuevos Centros y Parques comerciales, cerrando 2023 con 580 Centros (12 más que antes de la pandemia), 33.500 comercios (el 85% con menos de 300 m2) y 16,7 millones de m2 disponibles, según la Asociación de Centros Comerciales (AECC).

Con este volumen de Parques y Centros Comerciales, España se consolida como el 4º país europeo con más grandes espacios comerciales, sólo por detrás de Reino Unido (más de 1.200 Centros), Alemania y Francia (con unos 750 Centros cada uno). Y además, España ha sido el tercer país que inauguró más Centros Comerciales antes de la pandemia (300.000 m2 abiertos entre 2019 y 2020), tras Francia y Polonia, según el estudio de la consultora Cushman&Wakefield. Y tras la pandemia, España es de los paises europeos con más aperturas. En 2022 abrieron Mirasierra Gallery (Madrid) , Parque Comercial Atalaya del Tormes (Salamanca), Nasas Nigrán (en Nigrán, Pontevedra) y Parc Comercial Vilanova (en Vilanova i la Geltrú, Barcelona). Y en 2023 se inauguraron La Finca Gran Café (en Pozuelo, Madrid), Nasas Torrejón (en Torrejón, Madrid), Nexus Retail Park (en Fuenlabrada, Madrid) , Parque comercial A Revolta (A Coruña) y Parque comercial Oalma Center (en León), además de las obras de ampliación en el CC Jaén Plaza.

El sector de Parques y Centros Comerciales está eufórico porque ha cerrado 2023 con un récord histórico de ventas: 52.051 millones de euros, +9,6% que en 2022 y +13,2% por encima de las ventas de 2019, antes de la pandemia, gracias a un mayor consumo y a la subida de precios. Eso sí, todavía no se han alcanzado las visitas de antes de la pandemia: hubo 1.840 millones de visitas en 2023, +6,3% que en 2022 pero todavía un -8,3% que en 2019, según la Asociación AECC. Eso sí, han crecido las tiendas que venden en CC y el sector mantiene 870.000 empleos directos e indirectos, aportando el 1% del PIB español.

El negocio de Parques y Centros Comerciales “se ve fuerte” y asegura que han demostrado que es uno de los formatos que mejor se adapta hoy a los hábitos de consumo de los españoles, al ofrecer tiendas de distinto tamaño y oferta, con amplios aparcamientos y entradas independientes, situadas en ubicaciones estratégicas a las afueras de grandes ciudades y pueblos. Además, otra de las claves de su éxito, añaden, es que los Parques y Centros comerciales han ampliado su oferta de servicios: ya no hay sólo tiendas de moda y alimentación, sino que proliferan los puntos de restauración y ocio y servicios que han aumentado su demanda tras la pandemia, como el bricolaje, las tiendas de perfumería y droguería, los centros de deporte y las tiendas de mascotas. Y en los nuevos Centros se están incluyendo hospitales (como la Clínica CEMTRO en el Mirasierra Gallery de Madrid).

Este tirón de las visitas y ventas en Centros Comerciales sigue atrayendo a los inversores, sobre todo a Fondos de inversión extranjeros, que ven en los Parques y Centros una máquina de generar ingresos por alquileres y gestión. De ahí que haya 42 nuevos proyectos de Parques y Centros Comerciales previstos de aquí a 2026, según la Asociación AECC. De ellos, 34 son proyectos de Parques comerciales, a los que ven más futuro que a los Centros Comerciales (la diferencia: no es una única ubicación cerrada, como el CC, sino un Parque con grandes locales con salida directa a la calle). Son más fáciles de gestionar (tienen 20 o 30 grandes tiendas frente a 300) y ahora se opta por un tamaño mediano y pequeño, que se puede ubicar mejor en localidades más pequeñas (las grandes capitales tienen ya una excesiva concentración de CC). Y también se apuesta por los Parques outlet (con grandes tiendas de descuento, a las que están llegando nuevas marcas). La mayoría de las aperturas en 2024 (ver lista) serán en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Actualmente, unas pocas multinacionales y Fondos extranjeros son los propietarios de la mitad de los 580 Parques y Centros Comerciales abiertos en España, según los últimos datos de la Asociación AECC. La multinacional francesa Carrefour es la líder del sector, con 109 Centros Comerciales gestionados por Carrefour Property y otros 79 por Carmila (una inmobiliaria de Sebastián Palacios donde Carrefour tiene el 35%) . Le sigue Ceetrus (propiedad de la multinacional francesa Auchan), con 53 Centros y Auchan directamente con otros 32. Tras los 2 franceses está Castellana Properties (propiedad del Fondo sudafricano Vukile), con 16 Centros Comerciales y la “española” Lar (25% del Fondo Sudafricano Vukile, un 14% de la inmobiliaria Lar y el resto repartido entre Santa Lucía y Fondos de pensiones USA), que cuenta con 14 Centros. General de Galerías Comerciales (del magnate murciano Tomas Olivo) gestiona 9 Centros Comerciales y la francesa URW gestiona 8 Centros más, la cartera con más valor (La Vaguada, Parque Sur, Equinoccio, la Maquinista, Gloríes, Splau…). Y luego, varios Fondos internacionales, como Nuveen, Klempierre, Neinver, MDSR (israelí) gestionan cada uno entre 8 y 5 Centros Comerciales en España.

La verdad es que el negocio de los Parques y Centros Comerciales se ha convertido en uno de los grandes objetivos de los Fondos internacionales. Por un lado, buscan la liquidez mensual que ofrecen los alquileres de las 33.500 tiendas y locales que operan en sus Centros, unos alquileres que se han disparado en el último año, de tal manera que hay “lista de espera” para cubrir los espacios que se quedan vacíos o los que se van a abrir en el futuro (cuando en 2019, el 18% de los locales estaban vacíos). Y eso, a pesar de que los alquileres alcanzan hasta 20.000 y 100.000 euros al mes, más gastos comunitarios y en ocasiones un porcentaje sobre ventas. Pero el negocio de los Centros Comerciales no está tanto aquí (que lo hay) como en las compraventas, en la especulación de lanzar un Parque o un CC y venderlo en unos años con jugosas plusvalías (y a veces con pérdidas).

Por eso, hay un constante cambio en la propiedad y la gestión de muchos de los Centros Comerciales que visitamos, aunque los usuarios no nos enteramos. Un ejemplo: Puerto Venecia, en Zaragoza, el mayor Centro Comercial de España (19 millones de visitantes en 2023), ha cambiado de dueño 5 veces (más una compra fallida) desde su inauguración en 2012, la última en diciembre de 2019, cuando el grupo inmobiliario británico Intu se lo vendió al Fondo Generali por 475 millones de euros (con 115 millones de plusvalía). En 2024, los expertos alertan que hay Centros Comerciales a la venta por valor de más de 1.000 millones de euros, entre ellos Islazul (Madrid) , Zielo Shopping (Pozuelo, Madrid), Gran Vía de Alicante, Salera (Castellón), Imaginalia (Albacete), Splau en Cornellá, Barcelona),  Los Fresnos (Gijón), Alzamora (en Alcoi, Alicante), Odeón (Ferrol), Ruta de la Plata (Cáceres), Equinoccio Park (en Majadahonda, Madrid) o Moraleja Green (en Alcobendas, Madrid) , tras el cambio de propiedad realizado en julio en los CC de Rivas Futura (Madrid) y Vista Hermosa (Alicante). Operaciones especulativas que suponen cambios en la gestión y a veces reformas y mejoras en los Centros Comerciales, para venderlos más caros en unos años.

Así que todo apunta a que vuelve a creer la burbuja de los Parques y Centros Comerciales, en España y en el resto de Europa, alimentada por un consumo en alza y la perspectiva de bajada de los tipos de interés, que fuerza a los Fondos a buscar inversiones más especulativas. Y todo ello alimentado por un cambio en “la cultura del consumo”, donde muchas personas y familias aprovechan la visita a los Centros Comerciales no sólo para comprar comida o ropa (en muchos casos, para recoger compras hechas por Internet) sino también para hacer deporte, acudir a una consulta médica, ir al cine o a un espectáculo, comer, cenar o tomar copas, todo en el mismo espacio y con aparcamiento asegurado.

Esta tendencia de los grandes espacios comerciales se consolidó hace décadas en las grandes capitales y ahora llega a muchas pequeñas ciudades del resto de España. Un proceso que parece imparable pero que tiene un riesgo evidente: que venga otra crisis, “estalle la burbuja” y los Centros Comerciales se vacíen, con el coste de cierre de tiendas o negocios y pérdida masiva de empleos. Por eso, alguien (Estado, autonomías, Ayuntamientos) debería “vigilar y controlar” el proceso de crecimiento de los Centros Comerciales, para conceder licencias sin demasiado riesgo, para evitar que esos “grandes templos del consumo” sean un día “cementerios comerciales”. Hay que autorizarlos “con cabeza”.

Adjudicados la mitad de los Fondos europeos

Los Fondos Europeos han superado la primera mitad de su trayecto, que acaba el 31 de agosto de 2026, cuando tienen que estar adjudicados los 163.800 millones que llegarán de Europa (mitad subvenciones, mitad créditos). De momento, vamos bien, porque se han adjudicado el 48% de las subvenciones inicialmente previstas, dirigidas a 600.000 proyectos en marcha, que benefician a 400.000 empresas y autónomos, 150.000 particulares y 5.000 centros de investigación. Pero lo más difícil está por hacer: habrá que adjudicar 114.500 millones en los próximos 2 años y medio, más del triple de lo adjudicado hasta ahora. Eso exigirá un enorme esfuerzo de gestión al Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, empresas y centros de investigación, porque el dinero que no se ejecute se pierde. Y estos Fondos europeos son claves para modernizar la economía y afrontar los retos energético y digital, la garantía para mejorar nuestra productividad, empleo y nivel de vida. Nos jugamos mucho gastando bien estos Fondos europeos, un reto que debería unirnos a todos, relegando las peleas políticas (?).

                     Enrique Ortega

En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés a devolver), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, que eran, otra vez más, la 1ª entrega de Fondos del Plan de Recuperación que hacía Bruselas a un país europeo, tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un segundo desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la aprobación de la reforma laboral, la primera fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Y ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España (la 4ª entrega efectiva de Fondos): 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

En total, con estas 3 entregas condicionadas y el anticipo inicial, España recibió en el primer año y medio del Plan 37.036 millones de subvenciones de Fondos europeos, el 52,9% de las ayudas a fondo perdido previstas inicialmente (70.000 millones). Y había cumplido, en esos primeros 18 meses, 121 hitos (objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026. Con ello, España era el país europeo más avanzado en el cumplimiento del Plan y la Comisión lo ponía como “ejemplo”, como demostraban los 2 tuits escritos el 17 de febrero de 2023, el día que se autorizó el tercer pago condicionado: “Doy la enhorabuena a España. Que siga trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de recuperación”, tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

Este apoyo explícito de la Comisión a España, más avanzada que la mayoría de los paises en el cumplimiento de los Planes de Recuperación, chocaba con la actitud crítica del PP español, que llevaba año y medio poniendo en cuestión la ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los Fondos Europeos. Primero criticó la gestión en España y luego llevó sus críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, “alimentando las dudas” de los partidos populares europeos (sobre todo, alemanes y holandeses), a los que no les gusta mucho el Fondo de Recuperación europeo, básicamente porque les toca pagar… (a los paises derrochadores del sur, Italia y España). Además, una parte de “la familia popular europea”, el ala “más ultra” (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) intentaron utilizar a los Fondos Europeos y a España para atacar a la presidenta Von der Leyen (de la CDU), cuyo puesto Weber quiso ocupar.

Así se explica que la presidenta del Comité de Control del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier (de la CSU y brazo derecho de Weber), organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero de 2023, acompañada de eurodiputados españoles, para una misión de “control y auditoría” de los Fondos europeos. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía, autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta el detalle de los movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el despliegue de los 31.000 millones recibidos. Y la misión constató que “España cumple”.

Un año después, este 14 de marzo de 2024, la Comisión Europea se ha reunido en Madrid con el ministro de Economía y otros expertos, para hacer un balance de la ejecución de los Fondos europeos, cuando se cumple la mitad de su trayectoria (2 años y medio). La Comisión ha calificado de “excelente” el Plan español, en palabras del Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aunque pide “acelerar ahora la ejecución de los Fondos europeos porque tienen que gastarse para 2026”. Y como prueba de buena voluntad, la Comisión ha concedido a España un plazo extra de 2 meses, hasta el 20 de mayo, para que culmine dos reformas que se exigen para entregarnos la 4ª entrega condicionada de fondos, otros 10.021 millones de euros, vinculados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Ahora, España tiene que avanzar en dos de esos hitos pendientes: uno, aprobar una nueva reforma del seguro de desempleo (la anterior fue aprobada el 19 de diciembre, pero Podemos la tumbó en el Congreso este 10 de enero) y el otro, introducir una serie de cambios técnicos (exigidas por el Tribunal de Cuentas Europeo) en las inversiones en las redes de transportes.

Mientras España aprovecha esta prórroga para aprobar los cambios, el Gobierno ha hecho un balance del cumplimiento del Plan de Recuperación en su primera mitad de vida: se han utilizado ya, el Tesoro ha adjudicado 37.000 millones de euros (a 30 de noviembre de 2023), el 48% de los Fondos europeos asignados a España. O sea, que se han “inyectado” a la economía la mitad de los fondos disponibles al cumplirse la mitad del Plan. Inicialmente, en 2020, se dijo que España iba a recibir 69.500 millones de euros en subvenciones a fondo perdido. Pero después, la Comisión ha ampliado esta cifra, porque resulta que la caída del PIB de España con la pandemia fue mayor de la esperada (-11,2%) y así, en octubre de 2023, nos han adjudicado 7.700 millones más en transferencias adicionales (de ahí que los 37.000 millones adjudicados supongan el 47,92% de los 77.200 millones en subvenciones que nos corresponden). Y todavía hay otros 2.600 millones más de ayudas a fondo perdido para España, con cargo al Plan REPower EU, un nuevo Plan que Bruselas aprobó en mayo de 2022, a raíz de la invasión de Ucrania para diversificar el abastecimiento energético.

A finales de noviembre, según el último informe de ejecución del Plan de Recuperación, se habían adjudicado el 47% de las subvenciones recibidas por España (37.000 millones pagados por el Tesoro), con una media de 2.000 millones licitados al mes). Y en febrero, según el ministro de Economía, se había hecho la convocatoria para adjudicar 60.000 de los 70.000 millones inicialmente previstos (el 86%). Según este balance, se han convocado licitaciones para 600.000 proyectos: 400.000 de empresas y autónomos, 150.000 de particulares (ayudas a coches eléctricos y paneles solares) y 5.000 a proyectos de investigación. Los grandes beneficiados por estas convocatorias son las empresas (17.000 millones), los Ayuntamientos (7.200), las autonomías (3.000), entidades de investigación  (2.100 millones), particulares (1.300 millones) y otras entidades (3.000 millones). En conjunto, la Administración central y las autonomías son quienes impulsan el Plan.

Parece que “vamos bien” con la ejecución del Plan de Recuperación, pero en realidad “vamos lentos”. Y eso, porque a los 77.200 millones de subvenciones (más los 2.600 millones de ayudas para inversiones energéticas del Plan REPower EU) hay que sumar otros 84.000 millones en créditos (a devolver) que la Comisión Europea adjudicó a España en octubre de 2023, dentro de la 2ª fase del Plan de recuperación. El Gobierno español aprobó pedir estos créditos el 20 de diciembre de 2022, como una “adenda” (añadido) al Plan de recuperación, comprometiéndose a cambio a aprobar 30 nuevos hitos y reformas.

Ahora, tras recibir la luz verde a estos créditos del Plan de Recuperación (24.000 los canalizará el Banco Europeo de Inversiones y 40.000 España), el Gobierno aprobó el 24 de febrero 5 líneas de crédito en el ICO para facilitar la concesión de estos 40.000 millones de créditos UE a empresas y particulares: linea ICO verde (22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para financiar viviendas en alquiler), linea Spain Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Techo (4.000 millones para tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).

Entre subvenciones a fondo perdido (79.800 millones) y créditos (84.000 millones), España contará con 163.800 millones de euros de fondos europeos, que hay que adjudicar antes del 31 de agosto de 2026, antes de 2 años y medio. Y de momento, hemos adjudicado 37.000 millones, el 48% de las subvenciones pero sólo el 22,5% de los Fondos disponibles. Y quedan 2 años y medio para ejecutar el 78,5% restante. Por eso habla la Comisión Europea de que hay que “agilizar el Plan”, porque queda mucho por adjudicar e invertir en estos 2 años y medio (y lo que no esté adjudicado el 31 de agosto de 2026, se pierde). De hecho, basta ver los calendarios de pagos previstos: 25.600 millones a recibir en 2024, 44.600 en 2025 y 44.300 millones en 2026. En total, 114.500 millones pendientes de recibir de Bruselas estos 2 años y medio (y de gastar) , frente a los 37.330 millones recibidos (y ya adjudicados) en los 2 años y medio pasados.

En resumen, que queda el grueso de los Fondos europeos (el 70%)  por recibir y por gastar. Un reto colosal para cualquier país y más para España, cuya administración pública adolece de falta de experiencia y medios (aunque la ejecución del Plan está muy digitalizada)  para movilizar unos Fondos gigantescos (suponen el 12% del PIB español). Hay que agilizar al máximo los procesos, reduciendo burocracia, pero asegurando que las inversiones se seleccionen con rigor y eficacia ( y sin fraudes), lo que exige la cooperación de autonomías, Ayuntamientos, instituciones y empresas, que deberían volcarse más en esta tarea, “el gran objetivo” de España en los próximos dos años y medio.

Así deberían verlo todos los partidos políticos, evitando que la polarización y el constante enfrentamiento político impidan cumplir los objetivos y acabemos perdiendo unas ayudas imprescindibles. Porque estos 163.800 millones son el empujón que necesita España para modernizar su economía y afrontar los retos climáticos y digital, para mejorar nuestra productividad, crecimiento, empleo (los Fondos crearán más de 1 millón de empleos) y nivel de vida. Hay que aprovechar hasta el último euro. Nos jugamos el futuro en ello.

Castigo político a autonomías y Ayuntamientos

El enfrentamiento político constante provoca que no se resuelvan los grandes problemas que preocupan a los españoles, desde la sanidad y la educación a la vivienda, la Dependencia, el agua o las ayudas a la familia. Un ejemplo reciente: el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto para 2024, paso previo a los Presupuestos (ahora prorrogados). Y así, ha privado a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría gestionados por el PP) de gastar 4.380 millones extras este año, que no podrán destinarse a servicios públicos. Ese dinero está perdido, aunque el Gobierno ha asegurado, con una enmienda a otra Ley, que autonomías y Ayuntamientos reciban este año más dinero que nunca, a cuenta de la recaudación prevista. Pero la mayoría de autonomías y Ayuntamientos (gestionadas por PP y Vox) han aprovechado para bajar impuestos (más a los más ricos), con lo que recaudarán menos y no podrán gastar más en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales y servicios públicos, faltos de medios y recursos. La política manda.  

                    Enrique Ortega

El primer trámite para que cualquier Gobierno elabore unos Presupuestos es aprobar “el techo de gasto”, un tope al gasto que se puede presupuestar para rebajar el déficit y la deuda. Es una exigencia impuesta por Bruselas en 2011, que obligó a reformar la Constitución española (artículo 135, en septiembre de 2011) y aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria (abril de 2012), que exige aprobar ese techo de gasto previo a cualquier Presupuesto (el primero, para el Presupuesto 2013). Esta vez, el Gobierno Sánchez aprobó el 12 de diciembre pasado ese techo de gasto para los Presupuestos de 2024 y lo envió al Congreso, que lo aprobó el 10 de enero. Luego tuvo que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazó, como ataque político al Gobierno y su amnistía.  El Gobierno volvió a aprobar (13 de febrero) ese mismo techo de gasto y lo envió, por 2ª vez, al Congreso (que lo volvió a aprobar el 29 de febrero)  y al Senado, que volvió a rechazarlo (6 marzo), alegando está vez la corrupción y el caso Koldo.

El Gobierno reaccionó a este doble veto manteniendo el anterior techo de gasto para 2024, que había enviado a Bruselas en abril y que aprobó la Comisión Europea. Pero ojo, este anterior techo de gasto, que podía aplicar este año, tiene una diferencia esencial: permite menos gastos a autonomías y Ayuntamientos. En el techo de gasto vetado por el PP en el Senado, se permitía a las autonomías tener un déficit del -0,1% de su PIB, mientras que en el anterior techo (el vigente ahora) no pueden tener déficit. Y se permitía a los Ayuntamientos tener un superávit del +0,2% de su PIB, mientras el anterior (el vigente ahora, tras el veto del Senado) les prohíbe tener superávit. Consecuencia: las autonomías podrán gastar 1.456 millones menos en 2024 y los Ayuntamientos otros 2.924 millones menos.

Así que el veto político del PP (y Vox) al nuevo techo de gasto (que permitía más gasto a Ayuntamientos y autonomías a cambio de menos gasto del Estado) suponía que autonomías y Ayuntamientos podrían gastar 4.380 millones menos. Un veto político que era “un tiró en el pie”, porque perjudicaba a instituciones gobernadas mayoritariamente por PP y Vox (11 autonomías y el 40% de Ayuntamientos).  De hecho, la Comunidad de Madrid va a poder gastar 284,2 millones menos este año, Andalucía -195,7 millones, la Comunidad Valenciana -137,3 millones, Galicia -75,8 millones, Castilla y León -69,7 millones y Canarias -53,2 millones, por ejemplo, mientras Cataluña pierde -277,1 millones, País Vasco otros -86,2 millones, Castilla la Mancha -50,7 millones, Aragón -45,4 millones, Murcia -38,9 millones, Baleares -38,5 millones, Asturias -28 millones, Navarra -24,5 millones, Extremadura -24 millones y Cantabria -17,6 millones, según cálculos de Hacienda, que recuerda que con ese mayor gasto autonómico (los 1.456 millones perdidos con el veto del Senado) se podrían crear 50.000 plazas de profesores o 28.000 de médicos.

El mayor recorte por el veto al nuevo techo de gasto lo sufrirán los Ayuntamientos, que no podrán gastar 2.924 millones más este 2024, unos recursos que les permitirían promover viviendas públicas, mejorar el transporte público o los servicios municipales, afrontar los problemas de agua o mejorar las ayudas a mayores y personas vulnerables. El Ayuntamiento que más pierde es el de Madrid (-202 millones), seguido de lejos por Barcelona (-101 millones), Sevilla (-42), Málaga (-36), Las Palmas (-23), Vigo (-18), A Coruña (-15), Fuenlabrada (-15), Alcorcón (-10) o Pontevedra (-5 millones), según datos del PSOE, que propondrá mociones en Ayuntamientos y autonomías para denunciar el perjuicio del veto del PP (y VOX) a sus propias instituciones. Y ,tanto Ayuntamientos como autonomías, tendrán que rehacer sus Presupuestos 2024, para incluir estos menores ingresos.

Una semana después del veto en el Senado al techo de gasto, el Gobierno catalán se descolgó con un adelanto electoral, al no poder aprobar sus Presupuestos para 2024, por el veto de los comunes. Y unas horas después, el Gobierno Sánchez comunicaba que renuncia a presentar unos Presupuestos para 2024, como tenía previsto (en abril) , porque necesitaba pactar con los nacionalistas catalanes (y vascos), que estarían enfrascados en sus elecciones (21 de abril en Euskadi y 12 de mayo en Cataluña) y eso enturbiaría sus exigencias. Además de que sólo servirían para 6 meses (sería imposible aprobarlos antes de junio). Su decisión es mantener la prórroga de los Presupuestos 2023 para todo 2024, una prórroga que ya aprobó el Gobierno el 27 de diciembre de 2023. Y ponerse a trabajar para presentar en septiembre los Presupuestos de 2025.

Esta será la 9ª prórroga de Presupuestos de la democracia. La prórroga más duradera fue la de los últimos Presupuestos de Montoro, los de 2018, que sirvieron para 2018, 2019 y 2020, siendo los de 2021 los primeros aprobados por el Gobierno Sánchez. La prórroga de Presupuestos afecta negativamente a la economía, aunque se salvaguardan temas claves, como la subida de las pensiones (se cumplirá la Ley de subirlos con el IPC) y los funcionarios (subida pactada), así como las rebajas de impuestos a la electricidad y los alimentos (aprobadas ya). Tampoco afecta la prórroga de Presupuestos a las inversiones ligadas a los Fondos europeos, que seguirán su curso. Eso sí, no se podrán retocar impuestos ni realizar nuevos gastos, lo que impedirá aplicar reformas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, algunas mejoras a la dependencia, ayudas al campo y medidas ligadas a la nueva Ley de Familia y la de derechos de los consumidores. En definitiva, no poder aprobar un nuevo Presupuesto no ayuda a resolver problemas, paralizando algunos gastos e inversiones.

Cara a autonomías y Ayuntamientos, el Gobierno Sánchez ha encontrado “un truco” para que reciban en 2024 las “entregas a cuenta” de la recaudación prevista: las ha incluido a última hora como enmienda socialista al proyecto de Ley de ayudas anticrisis. Así, asegura que las autonomías recibirán este año 134.658 millones, un +8,3% que en 2023,  a cuenta de la recaudación prevista (les toca un 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRPF e IVA y un 58% de los impuestos especiales). Falta saber si les podrá abonar también (con un Presupuesto prorrogado) los otros 20.746 millones que les corresponden como liquidación definitiva de 2022 (se liquida 2 años después). En el caso de los Ayuntamientos, la misma enmienda les asegura este año 23.773 millones de euros, un +5,1% que en 2023, como entrega a cuenta de la recaudación prevista (municipios reciben el 2,13% de los ingresos por IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos especiales). Y queda por saber si podrán recibirán alguna cantidad adicional (como otros años)  por la liquidación final de 2022.

En cualquier caso, Hacienda reitera que autonomías y Ayuntamientos recibirán en 2024 las mayores transferencias del Estado de la historia, como ya pasó en 2023, gracias a que Hacienda consiguió una recaudación récord, por el crecimiento del PIB y del empleo, aumento de recaudación que será menor en 2024, aunque Hacienda estimaba (antes de prorrogar el Presupuesto) que iban a recibir 20.000 millones más que en 2023. Y destacan que las autonomías han recibido 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2013) que los recibidos en los 5 años de Gobiernos de Rajoy (2013-2017), según datos aportados por Hacienda como defensa ante las acusaciones de falta de recursos.

¿Qué han hecho las autonomías (y los Ayuntamientos) con estos mayores recursos recibidos del Estado central?  La mayoría los han destinado a mayores gastos e inversiones, aunque hay autonomías que también han aprovechado para gastar menos en algunas cosas. Dos ejemplos escandalosos. Uno, el gasto en Dependencia. En 2021, 11 autonomías aprovecharon que el Gobierno aprobaba un Plan de choque y aumentaba el gasto estatal en dependencia para gastar ellos menos (“ahorraron” 188,7 millones), según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y en 2022, volvieron a hacerlo: 9 autonomías gastaron 203 millones menos en Dependencia, mientras había 180.000 dependientes “en lista de espera”. El otro ejemplo, las rentas mínimas: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central ponía en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir el gasto (-241 millones, entre 2020 y 2022) y los beneficiarios (-128.448) de las rentas mínimas que financian las autonomías, según otra denuncia de los Directores de Servicios sociales.

Lo que han hecho la mayoría de las autonomías (y Ayuntamientos), sobre todo a partir de 2023, cuando ganaron las elecciones del 28-M el PP (y Vox), ha sido bajar los impuestos, aprovechar los mayores recursos recibidos para reducir los impuestos (más a los que más tienen). En 2023, ya bajaron el impuesto de la Renta (bajando la tarifa o aumentando las deducciones) la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Canarias. Y en 2024, son ya 11 las autonomías (básicamente las gobernadas por PP y Vox) que han vuelto a bajar la tarifa del IRPF (aumentando además deducciones), así como la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones (peleando por quien cobra menos por las herencias), transmisiones patrimoniales y sobre todo, aprobando cambios en el impuesto de patrimonio: 7 autonomías han legislado para recuperar lo que perdían al aprobar Hacienda el impuesto alternativo sobre grandes fortunas, según refleja este estudio del Consejo de Economistas, donde se ve “el guirigay fiscal” de las autonomías.

El problema de estas bajadas de impuestos autonómicos (y municipales), que políticamente “suenan bien”, es que reducen la recaudación de las autonomías (y Ayuntamientos), perjudicando a sus ciudadanos. Se estima que en la Comunidad de Madrid, las rebajas sólo en el IRPF van a recortar sus ingresos en 379 millones en 2024 (más otros 1.200 millones que pierde por bonificar el Impuesto de Patrimonio). En Murcia, las rebajas supondrán recaudar este año 400 millones menos y otros 366 en la Comunidad Valenciana, 240 millones menos en Canarias, 120 millones en Baleares, 90 millones menos en Cantabria, 67 en Extremadura, 51 en Aragón y 50 millones menos en Galicia…

En definitiva, las mismas autonomías (y partidos) que se quejan de que están “infra financiadas”, aprueban por ideología política unas rebajas fiscales (que favorecen más a los contribuyentes con más recursos) que les suponen recaudar menos y por tanto poder gastar menos en servicios públicos y sociales, que necesitan más los que menos tienen. Basta analizar las autonomías que menos gastan en educación, Sanidad, Dependencia o rentas mínimas para ver que son las que más bajan impuestos. Veámoslo.

En sanidad,  6 autonomías gastaron por debajo de la media (1.809 euros por habitante) en 2023: Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651 euros/habitante). En educación, gastaron por debajo de la media (en 2022) Madrid (816 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937). En Dependencia, los que menos gastan por habitante potencialmente dependiente (2023) son Asturias (744 euros), Galicia (812), Canarias (858), Navarra (971), Aragón (986), Murcia (1.020), Baleares (1.238), Cantabria (1.239) y Comunidad Valenciana (1.292), todas por debajo de la media (1.305 euros), mientras Madrid recortó este gasto un -57%. Y en rentas mínimas, hay gran distancia entre los 526,4 millones que gastó Cataluña (2022), los 379,6 millones del País Vasco, 97,11 de Canarias o 77,22 de Andalucía y los 25,18 millones que gastó Madrid, 23,2 de Extremadura, 7,7 de Murcia, 7,3 de Aragón y los 3,4 millones gastados por Castilla la Mancha.

Y no podemos olvidar las desigualdades en el gasto de los Ayuntamientos, que sostienen unos Presupuestos de 50.000 millones al año, destinados al pago de personal y a atender servicios básicos para sus vecinos (transportes, basuras, abastecimiento agua, policía, seguridad e inversiones en infraestructuras y servicios). Aquí, el gasto es muy desigual, porque lo son sus ingresos, relacionados con su población y economía: dos tercios de su recaudación procede de la vivienda (del IBI) y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias que reciben del Estado y de su autonomía. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (2023) son Barcelona (2.243 euros), Marbella (2.227), San Sebastián (2.095), Bilbao (1.915), Lleida (1.630), Madrid (1.622), Cádiz (1.451), Tarragona (1.383), Zaragoza (1.325), Valencia (1.320), Huelva (1.314), Toledo (1.290), Logroño (1.281) y Málaga (1.258 euros por habitante). El gran problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños (8.000), con bajos ingresos y unos gastos mínimos que han de afrontar.

En resumen, estamos ante un problema muy serio: la mayoría de los servicios públicos que nos importan dependen de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las autonomías (gestionan el 92% del gasto sanitario, el 85% del educativo y el 73% de la Dependencia). Y aunque reciben muchos más recursos del Estado, racanean con los gastos sociales y rebajan impuestos, recortando así su recaudación. Este año 2024, sin el gasto extra del techo de gasto vetado y sin Presupuestos, tendrán que ajustar sus Presupuestos y hacernos recortes. Pero lo tienen peor para 2025, porque recibirán menos transferencias del Estado (recaudará menos y tendrá que bajar más el déficit público) y ellos también recaudarán menos. Así que convendría alcanzar acuerdos (tras las elecciones europeas de junio) sobre financiación e impuestos (estatales, autonómicos y municipales), para costear un Estado del Bienestar que necesita más medios y recursos. Con tanta pelea política, no avanzamos en resolver los problemas que preocupan a la mayoría.

La Inteligencia Artificial destruye y crea empleo

Este miércoles 13, el Parlamento europeo aprobó la 1ª Ley en el mundo sobre la Inteligencia Artificial (IA), que entrará en vigor en mayo y hasta 2026. Mientras, sigue la fiebre inversora por la IA y las grandes empresas empiezan a utilizarla, por temor a quedarse fuera de la mayor revolución tecnológica desde la electricidad. Y se perfila el gran temor ante la IA, la pérdida de empleos: un 40% del empleo mundial (1.360 millones) se verá afectado, según el FMI. En España, un estudio revela que perderemos 400.000 empleos netos los próximos 10 años: en realidad se perderán 2 millones, pero también se crearán 1,6 millones. Un problema muy serio, que afectará más a mayores y personas con formación, y que exige prepararse desde ya, aprobado ayudas a los que pierdan el trabajo y formando al resto para adaptarse a esta revolución tecnológica. España tiene “ la ventaja” de la escasa adopción de la IA (54,5% empresas no la utilizan), pero su uso crecerá exponencialmente. Urge prepararse.

La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable en todo el mundo, recibiendo millonarias inversiones para nuevos desarrollos y empresas (más de 50.000 millones de dólares en 2023) y con un uso cada vez más extendido entre las empresas (más de la mitad de las grandes empresas del mundo la están utilizando en 2024), por el temor a quedarse fuera y para aprovechar una tecnología que puede aumentar su productividad. Y con este avance, aumentan también los dos miedos que genera la Inteligencia Artificial (IA): que avance sin control y que suponga la destrucción de millones de empleos.

La Inteligencia Artificial (IA) busca que una máquina o una red de máquinas sean capaces de aprender y desarrollar tareas humanas, desde escribir o traducir a diagnosticar enfermedades, conducir un coche, investigar o invertir. Las primeras computadoras se crearon en EE. UU. en los años 40 y ya en 1950 se creó el primer experimento de Inteligencia Artificial, el proyecto Theseus: un ratón a control remoto capaz de encontrar la salida de un laberinto. En los años 90 aparecieron programas para juegos contra humanos y ya en 2012, el desarrollo AlexNet reconocía imágenes y objetos. En 2020 se avanza en el reconocimiento del comportamiento humano y el 1 de diciembre de 2022 aparece ChatGPT, un sistema de chat basado en modelos de lenguaje por IA que permite elaborar informes, traducción, artículos, fotos y vídeos, gracias al reconocimiento de voz e imágenes. Y actualmente, Google, X y otras grandes tecnológicas compiten cada día con nuevos desarrollos.

 Los expertos creen que, antes o después, se conseguirá que las máquinas (los ordenadores, solos o con robots) realicen (con menos coste y aceptable calidad) una gran parte de las tareas humanas, que exista “una Inteligencia Artificial a nivel humano”: un 50% de los científicos encuestados creen que esto sucederá antes de 2061 y el 90% están seguros que será “antes de 100 años”,  aunque muchos creen que se logrará “un gran avance” ya para 2050. Todo apunta a que la Inteligencia Artificial (IA) será la mayor innovación en la historia de la humanidad desde la electricidad (finales siglo XIX), permitiendo grandes avances en la Ciencia, sobre todo en energía, medicina, movilidad y sustitución de trabajos rutinarios y desagradables. Pero tiene dos graves incertidumbres: su efecto negativo sobre el empleo y el temor a un descontrol, que permita manipulaciones y controles de la sociedad.

El temor más inmediato es que la Inteligencia Artificial (IA) nos deje sin trabajo, sustituyendo a los humanos en muchos empleos, sobre todo los trabajos más cualificados y los más rutinarios, especialmente empleos administrativos, profesionales y técnicos, matemáticos, asesores financieros, periodistas, abogados, traductores y gestores. Todos estos empleos cualificados corren más riesgo con la IA que los empleos de baja cualificación, porque suelen tener salarios altos y la inversión para sustituirlos por IA compensa más que en empleos de baja cualificación (salvo los más rutinarios). A cambio, la IA también creará nuevos empleos, especialmente los ligados a la programación de las máquinas (“ingenieros de peticiones") y al tratamiento de datos.

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), de enero de 2024, cuantifica por primera vez los riesgos de la IA para el empleo: afectará al 40% del empleo mundial, a 1.360 millones de trabajadores, cuyo trabajo cambiará drásticamente o desaparecerá. Pero el efecto será diferente según los paises: en los paises desarrollados, el 60% de los trabajadores estarán expuestos a la IA, afectando al 40% en los paises emergentes y al 26% de trabajadores en los paises atrasados. También dependerá mucho de la cualificación:  los trabajadores más afectados por la IA serán los que tienen alta cualificación, junto a los mayores y parte de las mujeres. Otro informe anterior, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que las profesiones más afectadas por la IA serán los empleados administrativos (82% expuestos), las profesiones intermedias (27%), las  intelectuales y científicas (26%), los servicios directos a particulares, comerciantes y vendedores  (22%) y los directores y gerentes (14% afectados).

El informe del FMI señala que la IA tiene “un lado oscuro”, que supondrá la pérdida y reconversión de millones de empleos y agravará la desigualdad laboral y salarial dentro de los paises y también entre sectores y paises. Pero también la IA tiene “un lado muy positivo”: es una revolución tecnológica que aumentará la productividad de las empresas y el crecimiento del mundo, creando además nuevos empleos. Se trata, pues, de una gran oportunidad, como la que abrieron antes otras revoluciones tecnológicas, y el reto es aprovechar sus ventajas y reducir sus inconvenientes, que serán más visibles a corto plazo. De hecho, el FMI advierte que la IA puede agravar las tensiones sociales (como hizo la 1ª Revolución Industrial, en el siglo XIX) y ampliar la brecha de desigualdad entre paises desarrollados y paises pobres.

De momento, aunque la aplicación de la IA está empezando, ya han surgido los primeros despidos. Así, un 25% de las grandes empresas anticipan una reducción del 5% de su plantilla o más en 2024 por la IA, según una Encuesta realizada por la consultora PwC a 4.702 consejeros delegados de 105 paises y presentada en enero en el Foro de Davos. Y, en paralelo, otro 39% de grandes empresas encuestadas van a aumentar su empleo este año un 5% o más por la IA . Los sectores que van a recortar un 5% o más por la IA son los medios de comunicación y entretenimiento (lo harán el 32% de las empresas), bancos, mercados y aseguradoras (el 28%), el transporte y la logística (el 25%), las telecos y empresas de servicios (25% harán recortes). A cambio, el 60% de los directivos multinacionales consultados esperan que la IA les mejore sus productos y servicios, aumentando su productividad y permitiendo nuevas contrataciones a medio plazo.

En España, un reciente informe de Randstad (26 de febrero) se atreve a hacer un balance del coste laboral de la IA en los próximos 10 años (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de -390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA).

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816 empleos netos),  telecomunicaciones (+8.995 empleos), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema del trabajo en el futuro es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que en las próximas décadas, la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la Inteligencia Artificial.

Esta nueva tecnología, la IA, ya está revolucionando la gestión de los recursos humanos hoy: el 40% de los responsables de recursos humanos, los que seleccionan y contratan personal, ya conocen y utilizan la IA para el cribado de currículos y la búsqueda de candidatos, según publica el Observatorio de RRHH de Randstad, que refleja que una de las primeras aplicaciones de la IA está siendo identificar el talento y las competencias a la hora de ampliar y definir las plantillas del futuro .¡Qué miedo! 

Parece claro que, a pesar de sus indudables ventajas, la IA va a traer una oleada de despidos en el mundo y en España. Los sindicatos ya lo están asumiendo, en la negociación del último ERE de Telefónica, por ejemplo. Saben que las nuevas tecnologías, acabarán con los trabajadores menos formados y más mayores, cuyo puesto cambiará drásticamente o desaparecerá. Y sólo queda una salida: ayudar a los que se van, con un desempleo que se alargue hasta la jubilación (incluyendo la ampliación del ingreso mínimo vital, como “una red de seguridad” frente a los despidos tecnológicos).  Sólo en otros casos, en algunos puestos y con trabajadores más jóvenes, hay otra salida: el reciclaje y la formación, algo por lo que deben apostar empresas y Gobiernos, según recomienda el estudio del FMI. 

El temor al despido por la IA va paralelo a su implantación, todavía lenta: sólo el 8% de las compañías mundiales utilizan la IA de forma proactiva en el día a día, según un informe de la consultora KPMG. Pero ojo: un 55% de los directivos de las grandes empresas mundiales consideran que la implantación de la IA será crucial para alcanzar sus objetivos en los próximos 3 años. En definitiva, que el proceso de implantación de la IA va a toda velocidad, en paralelo a las múltiples inversiones para poner en marcha nuevas versiones más accesibles y eficaces. Por eso, la IA va a crecer de forma imparable y afectará cada año más al empleo.

En España, tenemos “la ventaja” de que todavía son pocas las empresas que han implantado la IA en su día a día, aunque un 45,5% ya lo utilizan para tareas complementarias, como el análisis de datos, la automatización de procesos productivos o la optimización de tareas administrativas, según el estudio de Randstad. Pero también en España, la IA está “pisando el acelerador” y su uso se ha multiplicado por 5,7 en el 4º trimestre de 2023. Y hasta Microsoft acaba de anunciar que invertirá 1.950 millones de euros en España hasta 2025 para potenciar la Inteligencia Artificial.

El otro temor sobre la IA, su regulación para evitar que crezca de forma descontrolada, sigue ahí. De hecho, en marzo de 2023, más de 1.300 expertos y personajes públicos firmaron esta carta abierta para ralentizar (durante 6 meses) el desarrollo y aplicación de la IA, buscando “controlar los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad”. Pero no ha habido ningún parón, sino una aceleración de inversiones y proyectos. Eso sí, a principios de noviembre de 2023, un total de 28 paises (entre ellos EE. UU., China, Europa, Japón, Corea y Brasil) firmaron en Oxford la Declaración de Bletchley para trabajar juntos en que la IA se atenga a “unos mínimos de regulación”. Pero la realidad es que EE. UU. y China mantienen una guerra tecnológica por la IA, sin transparencia ni controles.

Mientras, Europa, que está muy retrasada en cuanto a desarrollos e implantación de la IA, se ha convertido en el continente líder en la regulación, aprobando este miércoles 13 de marzo, en el Parlamento Europeo, la 1ª ley que regula la IA en el mundo, que entrará en vigor en 2026. El Reglamento de la IA, aprobado por los líderes europeos el 8 de diciembre, pretende “garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente”. Y, sobre todo, asegurar que los sistemas sean supervisados por personas, no por máquinas. Ahora se creará una Oficina Europea de IA para vigilar los distintos riesgos en la aplicación de la IA y la aplicación de la Ley (que no resuelve varios problemas claves) será progresiva, hasta mediados de 2026.

En paralelo, la Comisión Europea quiere que la UE recupere el terreno perdido en la IA frente a EE. UU. Y China, pensando en aprobar (después de las elecciones europeas de junio) un nuevo Plan económico (como el de Recuperación tras la pandemia) para relanzar las inversiones europeas en tecnología, digitalización e Inteligencia Artificial (IA). Entre tanto, en España, que creó en 2022 la 1ª Agencia Nacional de IA (en A Coruña), el Gobierno apuesta por promover la IA dentro del Plan de Recuperación (Componente 16), con una inversión pública de 560 millones de euros que busca movilizar otros 1.500 millones de inversión privada. El Plan pretende atraer inversiones internacionales (como la de Microsoft) y que tiren de la IA las grandes empresas españolas, para llegar luego a las pymes. Un reto, la IA, que debería ayudar a España a mejorar su productividad, inferior a la de la mayoría de Europa.

En resumen, que la Inteligencia Artificial (IA) crece de forma imparable y ya sabemos que, además de mejorar la productividad de empresas y paises, va a provocar la pérdida de millones de empleos, 2 millones de ellos en España. No podemos perder este tren, como perdimos el de las anteriores revoluciones tecnológicas. Pero hemos de prepararnos para ayudar a los que caigan y a salvar a los que puedan reciclarse. No dejar a nadie atrás.