Prioridad a los dependientes más "baratos"

La recuperación no ha llegado (tampoco) a los dependientes, ancianos y discapacitados. Tras cumplirse en enero 10 años de la Ley de Dependencia, el balance sigue siendo pobre, por falta de financiación: hay 310.000 dependientes (1 de cada 4) con el derecho reconocido y que no reciben ayudas. Y cada día, 100 de estos dependientes se mueren sin recibirla. Un drama que el Gobierno Rajoy desoye, después de haber recortado 2.865 millones a la Dependencia. Y las autonomías, que gestionan las ayudas, se ven obligadas a prestar servicios “low cost”, ayudas baratas (como la tele asistencia) para atender a más dependientes con menos dinero. Lo último: dan prioridad a los dependientes leves (más “baratos”) mientras se estancan las ayudas a los más graves, más “caros” de atender. Así tratan de rebajar la lista de espera. Urge aprobar un Plan de choque para atender ya a todos los dependientes con derecho y aumentar el Presupuesto para prestar una atención “decente” a mayores y discapacitados. Es lo mínimo.


 
                                                                                              enrique ortega

La atención a los dependientes (ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos, unos 3 millones en España) es uno de los grandes puntos negros de la política social del Gobierno Rajoy. En enero de 2017 se cumplieron los primeros 10 años de la Ley de Dependencia, aprobada por Zapatero, que ha chocado con una financiación escasa, sobre todo a partir de 2012, cuando los recortes de Rajoy le quitaron 2.865 millones de euros hasta 2.015, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales . En el otoño de 2015, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados en su mayoría por la izquierda) trataron de revertir la situación, mejorando algo la atención a la dependencia. Pero se han encontrado con pocos recursos propios y menos financiación del Estado.

El resultado es que la Dependencia no acaba de despegar. Si en los primeros 5 años de la Ley, hasta diciembre de 2011 (cuando Rajoy llegó a la Moncloa), había 738.587 dependientes con ayudas, 5 años después, en diciembre de 2016, sólo había 126.977 dependientes más atendidos (865.564). Y aunque este año 2017 han aumentado los beneficiarios, todavía eran 915.929 a finales de agosto, frente a 1.668.950 solicitudes de ayuda. Pero lo peor es que todavía hay una “lista de espera” muy elevada: 310.809 dependientes que, a finales de agosto, tenían reconocido el derecho a recibir una ayuda (se les había aprobado su solicitud) pero que no la recibían, por falta de presupuesto y medios de las autonomías para dársela. Son ancianos y discapacitados que están en “el limbo de la Dependencia”. Nada menos que 1 de cada 4 dependientes (el 25,33%) con derecho reconocido a ayuda, según los datos oficiales del IMSERSO (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Si es grave que la cuarta parte de los dependientes reconocidos no reciban ayuda, más lo es que la situación sea aún peor en casi media España, en 6 autonomías donde el porcentaje de dependientes en espera de ayuda es más elevado que la media, según los últimos datos del IMSERSO: Canarias (40% dependientes reconocidos están esperando ayuda), Cataluña (37,2% en espera), Andalucía (31,7%), Rioja (31,5%), Aragón (27,6%) y Extremadura (26,8%). En contrapartida, hay 3 autonomías casi sin listas de espera, Castilla y León (1,03% dependientes), Melilla (3,4%) y Ceuta (4,6%), y otras tres con muy poca, Baleares (12,2%), Asturias (12,6%) y Murcia (15,8%).

Resulta más grave aún que haya dependientes en espera de ayuda cuando la mayoría (54%) tienen más de 80 años de edad, según el IMSERSO,  y pueden morirse antes de que les llegue la ayuda que tienen legalmente reconocida. De hecho, en 2016, hubo 40.647 dependientes con ayuda reconocida que murieron sin recibirla, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y este año  ya se han muerto 21.000 de los 310.809 de la lista de espera y la estimación es que mueran 34.000 dependientes en espera en todo 2017, una media de 100 dependientes de la lista de espera al día.

En los dos últimos años, los nuevos Gobiernos autonómicos (controlados mayoritariamente por la izquierda y los nacionalistas) han recortado la lista de espera, de 421.335 dependientes en agosto 2015 a 310.809 dependientes en espera en agosto de 2017. Pero lo han tenido que hacer casi con los mismos recursos, porque el Presupuesto del Estado para dependencia apenas ha subido en 2016 y 2017 y lo mismo el gasto autonómico. Y lo que la mayoría de las autonomías han buscado es atender a más dependientes con casi el mismo dinero ¿Cómo? Gastando menos por dependiente, utilizando más “servicios low cost”, como denuncian los Directores y gerentes de Servicios Sociales.

Así, en los dos últimos años, las ayudas a la dependencia que más han crecido son las más baratas: la ayuda por prevención y promoción de la autonomía (muy importante en Asturias, donde supone el 21,8% de las ayudas, en Castilla y León, con el 12% y Aragón, el 10%), la teleasistencia (la que más ha crecido: cuesta sólo 25 euros al mes por dependiente y supone ya el 16% de todas las ayudas, pero un 32% en Andalucía, un 23,5% en Madrid y un 20,5% en la Rioja) y la ayuda a domicilio (16% de todas las ayudas). Y también han crecido mucho las ayudas que se dan a los familiares para que cuiden en casa a los dependientes: por unos 300 euros al mes (y bajando), las autonomías se quitan de en medio el problema de tener que abrir centros de día o residencias para ancianos y dependientes. Esta es la ayuda que tienen más dependientes, el 33,35% del total de ayudas, y llega al 65,7% en Baleares, el 57,4% en Navarra, el 54,06% en Murcia, el 50,7% en la Comunidad Valenciana, el 49,8% en Cantabria y el 46,3% en Cataluña, según datos del IMSERSO. Eso sí, el porcentaje de dependientes que tienen ayuda para residencias, el servicio más caro, se ha reducido.

Así que en la mayoría de autonomías, el “truco” para bajar las listas de espera es atender a más dependientes con los servicios más baratos. Pero hay otro “truco” que acaban de denunciar los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: dar prioridad a los dependientes leves (Grado I, que tienen derecho a ayuda sólo desde el 1 de julio de 2015) y retrasar la ayuda a los dependientes severos (Grado II) y graves (grandes dependientes, el Grado III), “los más caros” de atender (no basta con la teleasistencia, como los leves, por ejemplo). Los datos oficiales del IMSERSO son muy explícitos: si la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 37.600 dependientes el último año (agosto 2016-agosto 2017), casi todos son personas con dependencia leve (34.800 tienen Grado I) y sólo 2.800 son dependientes más vulnerables (Grado II y III). Y de los 310.809 dependientes en lista de espera, 119.150 son más vulnerables (grado II y III), casi los mismos que hace un año (122.600), mientras los 191.652 restantes son dependientes leves (Grado I: 246.000 hace un año).

Así que no es sólo que la lista de espera se rebaja a base de una atención más mediocre a los dependientes, sino que además se busca atender primero  a los dependientes “más baratos”. Y todo ello porque las autonomías, que gestionan la dependencia, están económicamente “asfixiadas”. Primero porque están mal financiadas (les faltan recursos y les sobran competencias), pero sobre todo porque cada vez tienen que aportar más a la Dependencia porque el Estado central aporta cada vez menos. Los datos oficiales, aportados por los Directores y Gerentes de Servicios sociales, son otra vez muy explícitos: si en 2009, el Estado central financiaba el 39,2% del gasto en Dependencia, en 2017 financia menos de la mitad, el 15,9%. Y por eso, las autonomías tienen que financiar mucho más (del 46,2% al 63,7% del gasto), a costa de sus maltrechos presupuestos. Y además, los usuarios, las familias de los dependientes, tienen que pagar más: si en 2009 aportaban el 14,7% del gasto, en 2017, las familias financian con el copago el 20% del gasto en Dependencia.

En definitiva que el Estado, con los recortes de Rajoy, se ha desentendido de la Dependencia y aporta menos incluso que las familias. Y eso obliga a las autonomías a hacer malabarismos para mantener el sistema y aumentar los beneficiarios, a cambio de retrasar la concesión de ayudas (listas de espera) y atenderlos peor. Y ese peor servicio lo sufren no sólo los dependientes y sus familias sino también el empleo del sector, que se ha estancado este año 2017 (201.000 empleos directos), cuando venía creciendo imparable desde 2009 (93.000 empleos), porque la ayuda a los dependientes es uno de los grandes nichos de empleo, presente y  futuro, al ser España un país envejecido. El CSIC estima que los dependientes (ancianos y discapacitados) se van a duplicar con creces, pasando de los 3 millones actuales a 7 millones en 2050.

El Gobierno y Ciudadanos pactaron que este año 2017 habría 100 millones más para la Dependencia, un aumento ridículo tras los recortes pasados (-2.865 millones entre 2012 y 2015). Pero el problema además es que ese mayor dinero podría no gastarse, como han denunciado los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y eso porque ese Presupuesto del Estado (1.220,28 millones en 2017) se destina a pagar a las autonomías un nivel mínimo por cada dependiente: 55,11 euros a los de Grado I, 85,71 euros a los de Grado II y 195,52 euros a los de Grado I, según el reciente decreto-Ley, que incluye los nuevos pagos de este año, todavía un 30% menores a los que se pagaban en 2011 (antes de los recortes de Rajoy). Pero luego, las autonomías tienen que aportar otra cantidad (mayor) para cada dependiente, para cubrir su propio nivel de atención. Y si no aportan esa cantidad, porque no tienen Presupuesto, no reciben el nivel mínimo que aporta el Estado. Luego “el dinero de Madrid” no llega (y se pierde) si no se concede la ayuda con dinero autonómico. De momento, este año, hasta junio, sólo se han gastado 587 millones del nivel mínimo del Estado y se podría acabar el año gastando 1.170 millones, 90 millones menos de los previstos en el Presupuesto, según los cálculos de los Directores y Gerentes de servicios sociales. Serían 90 millones, de los 100 extras, que no se gastarían en los dependientes.

Sería una vergüenza: que se mueran 100 ancianos cada día antes de recibir ayuda y que encima sobre dinero. La alternativa es subir el nivel mínimo que aporta el Estado, pagar a las autonomías más del doble que ahora por cada dependiente (104,40 euros al Grupo I, 195,09 el Grupo II y 418,86 al Grupo III, según la propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales), con lo que el esfuerzo del Estado en financiar a la Dependencia volvería a ser la mitad del gasto público en Dependencia (hoy es sólo el 20% y el otro 80% lo aportan las autonomías). Y así, las autonomías podrían conceder ayudas a más dependientes y reducir drásticamente las listas de espera, porque les costaría menos hacerlo. Claro que esa medida supone que el Estado se tendría que gastar unos 5.100 millones en suprimir las listas de espera, según estiman los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unos 1.700 millones cada uno de los tres años que quedan de Legislatura. Y otros 1.000 millones más para recuperar el nivel acordado (que suprimió Rajoy en 2012) y hacer frente al mayor aumento futuro de dependientes, por el envejecimiento. Unos 2.700 millones más al año, no los míseros 100 millones más vendidos “a bombo y platillo” por Ciudadanos y el PP.

Es mucho dinero, pero al final, sería gastar unos 9.800 millones anuales en Dependencia, una factura mucho más asequible que los 125.000 millones que gastamos en pensiones, los 88.000 millones que gastamos en sanidad, los 50.000 en educación o los 23.800 millones que gastamos en desempleo. Y además de ser un gasto que “les debemos” a nuestros mayores, es un gasto “rentable”, porque una gran parte se recupera vía impuestos, cotizaciones y empleo creado en la Dependencia: se podrían crear 100.000 empleos más en unos años, en personal para atender a mayores y discapacitados.

Urge alcanzar un Pacto de Estado por la dependencia, que ya firmaron el 14 de diciembre pasado en el Congreso todos los grupos políticos, salvo el PP (y el PNV, por un tema de competencias). Blindar un sistema para financiarlo de forma estable a medio plazo, asegurando una mayor aportación del Estado para garantizar de verdad este derecho, “la cuarta pata” del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia). Las “listas de espera” y los dependientes que mueren sin ayuda son una vergüenza. Acaben con ello de una vez.  Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros mayores.

Dependencia: 10 años falta de recursos

La Ley de Dependencia cumplió 10 años en enero, para garantizar la atención a ancianos y discapacitados. Y en esta década, 1.600.000 dependientes han solicitado ayudas, aunque hoy sólo las reciben 859.053, mientras otros 353.990 dependientes con el derecho reconocido están “a la espera”, por falta de recursos. La Ley fue un gran avance, pero no aseguró una financiación estable y el Gobierno Rajoy la ha invalidado con sus recortes. Ahora, las autonomías exigen recibir más recursos con la futura financiación autonómica, para terminar con las listas de espera, porque muchos ancianos se mueren antes de que les lleguen las ayudas. PP y Ciudadanos han pactado 400 millones más al año para la Dependencia, pero harían falta 2.275 millones anuales extras en esta Legislatura. Y todos los partidos, salvo PP y PNV, han firmado un Pacto para salvar la Dependencia. Cada vez habrá más viejos y más dependientes y tenemos que asegurar su cuidado. Por justicia y por puro egoísmo.
 

enrique ortega

El ex presidente Zapatero no pasará a la Historia por muchas cosas, pero quizás sí por haber sido el promotor de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), que su Gobierno aprobó el 20 de abril de 2006. Con ella, España se sumaba a los pocos países europeos que tienen una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos, ya sea por minusvalías o por la vejez. Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los países nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho. En España, la Ley fue aprobada en noviembre de 2006, por una amplia mayoría en el Congreso (la apoyaron todos los partidos, salvo CiU, PNV y EA, por cuestión de competencias autonómicas) y el apoyo entusiasta de Rajoy, entonces en la oposición: se mostró “muy satisfecho” con la Ley y pidió al Gobierno socialista que dotara a la norma de “recursos presupuestarios suficientes”.

La Ley arrancó el 1 de enero de 2007, hace ahora 10 años, con un Presupuesto que tenía superávit, porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. Pero con la crisis de 2008 empezaron los problemas y los déficits, para el Estado y para las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, la mayoría entonces dirigidas por el PP. Y así Rajoy declaró en noviembre de 2011, tres días antes de ganar las elecciones: “la Dependencia no es viable”. Y menos que lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Las autonomías, que gestionan las ayudas a los dependientes, se encontraron con menos recursos del Estado central y con recortes propios (otros 1.000 millones entre 2012 y 2015), por lo que se vieron obligados a reducir el gasto en Dependencia, apoyados en el decreto del Gobierno de 2012 y buscando además “vías propias” de recortes, como denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayudas, disparando las “listas de espera” (384.326 dependientes con derecho reconocido, pero sin recibir ayudas en diciembre de 2015). La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que redujeron el número de “grandes dependientes (Grado III), los más caros de atender, y aumentando los “severos” (Grado II) y sobre todo los “moderados” (Grado I), los más baratos de tender. Y la tercera “vía de “ahorro” ha sido “revisar de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias a los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos ancianos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de estos 10 años de Ley de Dependencia sólo puede ser gris: hay 1.619.043 españoles dependientes que han solicitado ayudas y 1.213.043 a los que se les ha reconocido el derecho a recibirlas, pero sólo 859.053 dependientes recibían alguna ayuda a 31 de diciembre de 2016, según datos del IMSERSO. O sea que hay 353.990 dependientes “en lista de espera” (un 28,7%), con el derecho reconocido a una ayuda, pero sin recibirla. Y eso, además de injusto es muy preocupante porque más de la mitad de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y pueden morirse esperando la ayuda. De hecho, 125.000 ancianos dependientes se han muerto desde 2012 esperando una ayuda que tenían reconocida, según estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta injusta aplicación de la Ley de Dependencia es muy desigual por autonomías. Así, hay 5 regiones donde más de una tercera parte de los dependientes reconocidos no reciben ayudas: Canarias (45,2% de los dependientes reconocidos no reciben ayuda), Cataluña (41,7% en lista de espera), Aragón (37.4%), Castilla la Mancha (36% pendientes) y Andalucía (35,8% dependientes a la espera). Y en número, más de la mitad de los dependientes reconocidos sin ayudas están en Andalucía (102.691 dependientes en espera) y Cataluña (90.673). En el otro extremo, hay otras 5 regiones donde casi todos los dependientes reconocidos reciben ayudas, donde no hay casi listas de espera, porque gastan más o lo gestionan mejor: Castilla y León (sólo un 0,6% de dependientes en espera), Ceuta y Melilla (4,16% pendientes), Madrid (14,5% pendientes) y Asturias (15,6% dependientes en espera).

Claro que recibir una ayuda tampoco significa que los dependientes o ancianos estén bien atendidos. Porque muchas autonomías optan por sistemas de atención baratos y que no les compliquen, la mayoría pagar una pequeña cantidad ( de 153 a 442 euros al mes, según el grado de dependencia) a las familias para que les cuiden (así son el 33,79% de todas las ayudas) y ofrecer servicios “baratos, como la tele asistencia (15,35% de las ayudas) o las ayudas a domicilio (15,97% de las ayudas). Y son minoría los dependientes que reciben atención en una Residencia (el 14,19%) o en Centros de día (8,02%), la atención “más cara”. Y en los dos últimos años, hay autonomías que han apostado por “privatizar el servicio”, pagando un cheque a las familias para que contraten lo que quieran: esta ayuda (“vinculada a servicio) es muy importante en Castilla y León (22,6% del total de ayudas), Extremadura (38,9%), Aragón (19,7%), Canarias (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,92%).

El problema central de la Dependencia es la falta de recursos y el desequilibrio en su financiación. La Ley pretendía que las ayudas públicas se pagaran “a medias” entre el Estado central y las autonomías, pero los recortes de Rajoy han llevado a que el Estado cada vez pague menos y las autonomías más, junto a las familias. Así, si en 2009 el Estado central financiaba el 39,2% de la dependencia, en 2015 financió sólo el 18,1%, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las autonomías, que pagaban el 46,2% de la Dependencia en 2009 pagaron en 2015 el 62%. Y las familias, con el copago obligatorio de los servicios, financian ya el 19,9% restante, cuando en 2009 sólo pagaban el 14,7%. Así que el Gobierno Rajoy está incumpliendo la Ley de Dependencia porque de la financiación pública (sin los copagos), el 77,4% lo ponen las autonomías y el 22,6% el Estado (no 50/50).

El “escaqueo” del Estado es igual en todas las regiones, pero luego hay autonomías que gastan más en Dependencia y que gestionan mejor, con lo que tienen menos dependientes “en espera”. Pero la mayoría lo hacen mal. De hecho, el Observatorio de la Dependencia sólo aprueba la gestión de 6 autonomías, encabezadas por Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y suspende a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, colocando en el farolillo rojo de la Dependencia (y desde hace varios años) a la Comunidad Valenciana (nota: 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra y Murcia (2,86 puntos sobre 10), malas regiones para ser hoy un discapacitado o un anciano dependiente en España.

Ahora, cuando la Ley de Dependencia ha cumplido sus primeros 10 años, es un buen momento para mejorar su aplicación, aumentando sus recursos. En julio pasado, Ciudadanos forzó al PP a mejorar la financiación de la Dependencia, dentro de las 150 medidas pactadas para apoyar la presidencia de Rajoy. El compromiso es aumentar el Presupuesto en 400 millones anuales esta Legislatura. Una cantidad claramente insuficiente, porque las estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales son que hacen falta 5.100 millones netos en 4 años para acabar con las listas de espera y atender a esos 354.000 dependientes con derecho a ayuda y que no la reciben. Eso supone un gasto extra de 1.275 millones de euros al año, más otros 500 millones anuales que harían falta para recuperar el nivel acordado (lo que Rajoy suprimió en 2012) y otro tanto para hacer frente al aumento de dependientes, por el envejecimiento. Hablamos de 2.275 millones extras anuales para la dependencia en esta Legislatura, empezando por el Presupuesto 2017. Eso supondría gastar en Dependencia unos 8.800 millones al año, en vez de los 6.589 actuales (2015).

Hace falta un Pacto político para conseguir más recursos para la Dependencia, sobre la base de las propuestas planteadas en 2009 por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso: más ingresos fiscales (se pueden conseguir, porque España ingresa 50.000 millones menos que la media europea, según Eurostat), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales. De momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos, el 19 de enero, acordó crear (en un mes) una Comisión para estudiar la financiación futura de la Dependencia, reconociendo que este gasto ha de contemplarse en la reforma del sistema de financiación autonómica.

Mientras se espera el trabajo de esta Comisión, hay un nubarrón en el horizonte: la actitud de Rajoy y el PP, que ha sido el único partido (junto al PNV, pero por cuestión de competencias) que no firmó el Pacto de Estado por la Dependencia, alcanzado entre todos los grupos políticos en el Congreso el 14 de diciembre, a propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con dos objetivos básicos: revertir los recortes de 2012 y conseguir un modelo estable de financiación para la Dependencia. Se trata de destinar unos 8.800 millones anuales a la Dependencia, un gasto mucho menor de lo que nos cuesta la sanidad (88.000 millones anuales), la educación (50.000 millones) o las pensiones (120.000 millones). Y, además, un gasto que tiene muchos retornos, en ingresos impositivos y empleo: actualmente hay 250.000 personas trabajando en la dependencia y se podrían crear otros 100.000 empleos más, además de ingresos fiscales y cotizaciones, financiando mejor la Dependencia.

En resumen, tenemos una Ley de Dependencia que asegura unas ayudas (un “derecho”) que no se pueden dar por falta de recursos. Y si no se financia mejor, el sistema se colapsará aún más en el futuro, porque cada vez vivimos más años y habrá en España más ancianos dependientes, que necesiten cuidados: la estimación del CSIC es que se dupliquen con creces los dependientes, pasando de los 3 millones actuales (discapacitados y ancianos dependientes) a 7 millones en 2050. Así que hay que afrontar el problema, liquidando las listas de espera actuales y afianzando el sistema para que atienda a los dependientes futuros. Por justicia, para ayudar a los dependientes y sus familias, porque muchos necesitan apoyo para cuidarlos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

Autonomías: el regalo electoral de Rajoy

En el último Consejo de 2014, Rajoy les hizo un regalo de Reyes anticipado a las autonomías: perdonarles los intereses de los 62.558 millones de euros que este Gobierno les ha prestado para que pagasen facturas y servicios y no quebraran. Y tampoco les cobrará intereses por la deuda que contraigan en 2015, 2016 y 2017. Con este nuevo rescate, el quinto en tres años, se ahorrarán 5.552 millones en intereses. Pero hay más: Hacienda devolverá por ellos el céntimo sanitario y les ingresará lo que recaude con el nuevo impuesto sobre depósitos bancarios. En total, un balón de oxígeno de 8.000 millones para 2015. Y gracias a este regalo, podrán rebajar impuestos (12 autonomías) y gastar más en este año electoral. Una maniobra política descarada, porque de las 5 autonomías más endeudadas (Valencia, Castilla la Mancha, Cataluña, Baleares y Murcia), 4 las dirige el PP. Pero hay un tema de fondo: las autonomías están asfixiadas porque están mal financiadas, al margen de que gasten mal. Y Rajoy ha incumplido su promesa de reformar el sistema de financiación autonómica.
 

enrique ortega

En diciembre de 2011, antes incluso de tomar posesión (el 21), Rajoy se encontró con que la Comunidad Valenciana podía ir a la quiebra: no podía devolver un crédito de 123 millones de Deutsche Bank (que vencía el día 25) ni pagar las nóminas ni la SS, a pesar de un anticipo de 480 millones que le había dado la ministra Elena Salgado días antes de irse. A Rajoy y a Montoro les tocó avalar de palabra la deuda  y adelantar 110 millones para pagos urgentes. Baleares pidió un crédito para pagar las nóminas de diciembre. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones ni las cuotas sociales de sus funcionarios. El resto estaban igual, como los Ayuntamientos: sin liquidez, endeudados y con millones de facturas sin pagar a miles de empresas y autónomos.

El Gobierno Rajoy dejó claro a las autonomías (la mayoría gobernadas por el PP) que no iba a dejarlas caer, menos cuando los mercados tenían la vista puesta en España. Y aprobó, en marzo de 2012, el primer rescate: 27.303 millones del Plan de Pago a proveedores, préstamos para que autonomías (17.704 millones) y Ayuntamientos (9.598 millones) pagaran las facturas atrasadas. Pero no era suficiente: había que ayudar a las autonomías a financiar la sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales, que se llevan el 75% de su Presupuesto. Y para ello, aprobaron en octubre de 2012 el segundo rescate, sólo para las autonomías: un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 16.638 millones en préstamos. En 2013, fue necesario un tercer rescate: un nuevo Plan de pago a proveedores (4.544 millones para autonomías y 1.965 para Ayuntamientos) y un nuevo FLA autonómico (con 22.920 millones más de préstamos). Y aunque dijeron que era la última vez, en 2014 hubo un cuarto rescate: otro Plan de pago a proveedores (7.979 millones para autonomías y sólo 32.051 euros para Ayuntamientos) y otro FLA para las autonomías (23.242 millones).

En total, suman 93.019 millones en préstamos entregados a las autonomías y otros 11.595 millones para los Ayuntamientos. Pero no todas las autonomías se han beneficiado de este dinero. Del Plan de pago a proveedores (30.219 millones para las autonomías) se han beneficiado 14 autonomías, todas salvo Galicia, Navarra y el País Vasco (no pidieron), destacando el dinero recibido por la Comunidad Valenciana (7.518 millones), Cataluña (6.464), Andalucía (4.953) y Castilla la Mancha (3.956 millones). Del Fondo de Liquidez Autonómica (62.800 millones) se han beneficiado 10 comunidades: sobre todo Cataluña (25.422 millones), Comunidad Valenciana (13.008), Andalucía (11.437), Castilla la Mancha (3.512), Canarias (2.661), Murcia (2.495) y Baleares (2.428), seguidas de lejos por  Cantabria (808 millones), Asturias (783) y Extremadura (sólo 178 millones en 2014). Las otras 7 autonomías, con Madrid a la cabeza, no han querido ni un euro del FLA, por una cuestión de “prestigio” (no parecer “rescatadas”) y para no tener que funcionar “vigiladas por Montoro”. A cambio, han tenido que pagar mucho más por endeudarse en los mercados: han pagado un sobrecoste financiero de 1.757 millones (822 millones sólo Madrid), según Hacienda, quien afirma que las autonomías “rescatadas” se han ahorrado en intereses 1.126 millones con los dos Fondos.

A pesar de todos estos préstamos públicos, las autonomías siguen sin levantar cabeza: los ingresos (propios y cedidos por el Estado) les siguen cayendo, por la crisis, y los gastos siguen ahí, sin poder reducirlos mucho, a pesar de los drásticos recortes de estos tres años. En 2014 habrá 7 que incumplirán el déficit y en 2015, habrá que darles más ayudas. Pero antes de hacerlo, el Gobierno Rajoy quiere aliviarles un poco de la pesada losa de la deuda, cuya carga se ha duplicado: si pagaban 4.500 millones en intereses en 2012, en 2014 habrán pagado 9.000 millones. Y eso porque la deuda de las autonomías casi se ha duplicado con Rajoy: de 137.049 millones en 2011 a 232.004 millones en 2014 (septiembre). Sólo los préstamos recibidos en estos 3 años suponen el 40% de toda esa deuda.

Para aligerar el peso de la deuda, Rajoy ya hizo un primer regalo a las autonomías en 2014, (31 de julio), por partida doble. Por un lado, les rebajó los intereses al 1%, lo que supuso un ahorro de 409 millones en intereses para 2014 y otros 1.625 millones en 2015, según Hacienda. Por otro, les retrasó un año la devolución del principal de los créditos: el FLA de 2012, el primero a devolver, se hará en 2016 en lugar de en 2015. Y lo mismo los demás, en 4 años. Eso supone a las autonomías otro ahorro de 2.000 millones en intereses en 2015.

Ahora, Rajoy hace el segundo regalo: la deuda autonómica pagará un 0% de interés. Un regalo que se ofrece en  tres paquetes. Uno, para las 10 autonomías con préstamos del FLA (Fondo de liquidez autonómica): no pagarán intereses durante 2015, 2016 y 2017 por los 62.800 millones recibidos del Gobierno central y por los nuevos créditos que necesiten (hay 28.100 millones disponibles para los próximos 3 años). Dos, a las 7 autonomías que no pidieron créditos del FLA (Madrid, Galicia, Castilla y León, la Rioja, Aragón, Navarra y  País Vasco), se les ofrece no cobrarles tampoco intereses si piden créditos al Gobierno (en vez de a la banca)  en 2015, 2016 y 2017 (tienen 12.880 millones nuevos disponibles). Y tres, se crea un nuevo Fondo Social (FLA social), de hasta 1.280 millones, otra línea de crédito que pueden pedir las autonomías para pagar las deudas que tienen con los Ayuntamientos (es un regalo electoral para los municipios).

El efecto inmediato de este regalo de Navidad es que las autonomías tendrán un ahorro adicional de casi 2.000 millones en intereses para 2015. Un ahorro que beneficiará más a las autonomías más endeudadas, por lo que han protestado las que no pidieron los préstamos del FLA y se endeudaron con los bancos, sobre todo Madrid, que se queja de que Rajoy favorece a las autonomías “despilfarradoras”. La mayoría son  autonomías del PP. De hecho, las 6 autonomías que han recibido más prestamos del Gobierno central (entre el Plan de pago a proveedores y FLA) son Cataluña (31.886 millones), Comunidad Valenciana (20.526 millones), Andalucía (16.390 millones), Murcia (4.284 millones) y Baleares (3.617 millones), cuatro de ellas gobernadas por el Partido Popular. Y de las 5 autonomías más endeudadas en 2014, Comunidad Valenciana (35,8% PIB), Cataluña (31,8%), Castilla la Mancha (33,7%), Baleares (28,3%) y Murcia (24,6%), cuatro son gestionadas por el PP.

Al final, entre el regalo de julio y el de diciembre, las autonomías se ahorrarán 5.552 millones en sus gastos financieros de 2015, según Hacienda. Pero hay más regalos: Montoro se compromete a que Hacienda pague toda la devolución del céntimo sanitario (que recaudan las autonomías) a transportistas y particulares (exigida por Bruselas), lo que les evitará pagar unos 2.000 millones de euros. Y además, se ha comprometido a ingresarles lo que recaude con el nuevo impuesto sobre depósitos bancarios, que les supondrá un ingreso extra de 375 millones en 2015. En total, entre todos los regalos (menos intereses,menos pagos y más ingresos) , las autonomías tendrán un ahorro de casi 8.000 millones de euros. Una cifra  que es la cuarta parte de lo que ingresan al año por IRPF (Renta).

Un gran alivio, un balón de oxígeno que ya tiene destino al ser un año electoral: servirá para bajar impuestos y para gastar más, aunque Bruselas querría que destinaran ese ahorro a rebajar su déficit (será del 1,2% en 2014 en vez del 1% y deberían bajarlo al 0,7% en 2015, lo que supondría recortar 5.000 millones). Pero las autonomías no están por recortar gastos en vísperas de elecciones, sino de subirlos: van a aumentar un 2,5% el presupuesto de sanidad y educación, algunos gastos (extra funcionarios) e inversiones (en carreteras, obras y servicios, incluidos 15 nuevos hospitales previstos para antes de mayo). Y hay 12 autonomías que ya han prometido bajar impuestos, reducir su parte del IRPF como Montoro: son Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Aragón, Murcia, Canarias y Asturias (todas con elecciones y 9 del PP), más Navarra.

Así que vía libre para gastar más e ingresar menos, a la espera de que Juncker y la Comisión Europea (con mayoría conservadora) miren para otro lado. Todo sea por intentar ganar las elecciones de mayo. Y con este parche electoralista, Rajoy gana tiempo y pospone afrontar el problema de fondo: la insuficiente financiación de las autonomías. La realidad ha dejado claro que sus ingresos son insuficientes para los servicios que prestan y que además están mal repartidos: la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Andalucía reciben menos recursos por habitante que la media, según un estudio independiente de Fedea. Rajoy prometió cambiar el sistema de financiación, pero será otra promesa incumplida y solventada con rescates y regalos. Pero el problema sigue ahí: quien recauda y quien gasta en España. Hace falta dar más medios a las autonomías (y a los Ayuntamientos) y menos al Estado central. O cambiar las competencias. Es un tema de reparto del poder. Complicado.