EPA marzo 2019: menos empleo y más paro

La EPA publicada hoy, con una caída del empleo y un aumento del paro, debería servir para que los partidos hablaran menos de la Patria y de Cataluña y se plantearan resolver la 1ª preocupación de los españoles: el paro. Porque hay 3.354.200 parados, un 14,70% de los adultos (y un 35% de los jóvenes), más del doble que en Europa. Y casi la mitad llevan más de un año sin trabajo y sin cobrar el paro, sobreviviendo en la pobreza. Son datos como para que los partidos acordaran un Plan de choque contra el paro, con recursos, formación y ayuda a los parados que lo tienen peor: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Y más cuando, este año, Europa está estancada y España crecerá menos y se crearán menos empleos (muy precarios). Pero no se unirán contra el paro: harán declaraciones, le echaran la culpa al otro y seguirán “a su bola”, mientras el paro se enquista y los jóvenes y muchos españoles “no ven una salida”. Volcarse en una “cruzada contra el paro”. Eso sí sería “patriotismo”. 

enrique ortega

El primer trimestre es, desde 2008, una mala época para el empleo, porque se acaban los contratos de Navidad y Reyes, que suelen ser de temporada. Y este año ha sido aún peor, porque la Semana Santa no ayudó en marzo (como en 2018), porque cayó en abril. Y por eso, el empleo cayó, entre enero y marzo de 2019, en -93.400 personas, según la EPA de hoy, aunque sea menor a la del año pasado (-124.100 empleos en el primer trimestre 2018) y mayor que en 2016 (-64.600) y 2017 (-69.800). El empleo ha “pinchado” sobre todo en los servicios (- 109.200 empleos), en el turismo, la hostelería y el comercio, mejorando muy poco  en la industria  (+200 empleos), la construcción (+1.400) y algo más en la agricultura (+ 14.100 empleos). El empleo se ha perdido más entre los hombres (-54.000 empleos) que entre las mujeres (-39.400) y entre los más jóvenes: dos tercios de empleos los pierden los jóvenes (-70.000 empleos entre 16 y 29 años), algunos menos los de 40 a 44 años (-48.400) y curiosamente mejoran su empleo los mayores de 50 años (+38.500 empleos). Y donde se pierden más empleos es en Baleares (-40.000), Castilla y León (-26.200) y Canarias (-20.900), mientras ganan empleo Andalucía (+15.900), País Vasco (+5.300) y Extremadura (+5.100).

El poco empleo creado este primer trimestre ha sido otra vez un empleo muy precario, como entre 2014 y 2018: de los 5.138.900 contratos firmados entre enero y marzo (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,69% fueron temporales (la cuarta parte, por menos de una semana de duración) y un 10,31% indefinidos, un dato similar al 10,25% de contratos indefinidos firmados en todo 2018, según los datos del Ministerio de Trabajo. Y un 33,18% fueron empleos a tiempo parcial, por horas, similar dato al 35,8% de contratos a tiempo parcial de 2018. Con ello, sólo el 6,8% de todos los contratos firmados este año han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009 (6,5% en 2018).

Esta pérdida de empleo en 2019 ha llevado a un aumento del paro en este primer trimestre, sumando  49.400 parados nuevos parados (frente a +29.400 entre enero y marzo de 2018), lo que da una cifra estimada de 3.354.200 parados a finales de marzo de 2019, según la última EPA . Una cifra que podría haber sido mayor si no hubieran bajado este trimestre  los españoles que buscan trabajo, los “activos” (- 43.500 activos), porque hay más personas “desanimadas” que ya ni buscan empleo. Con ello, la tasa de paro sube al 14,70 %, todavía la más baja desde 2008 pero  seguimos teniendo más del doble de paro que Europa: 6,5% en la UE-28 y 7,8% en la zona euro, 8,8% en Francia y 3,1% de paro en Alemania, en febrero de 2019, según Eurostat . Y la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) todavía está en el 34,9%  en España, frente al 14,6% en Europa.

El paro en España también es desigual, como el empleo, y se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.783.800, con una tasa del 16,74%,frente al 12,90% de los hombres), los jóvenes ( 33,60% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (21% de paro) y los mayores de 50 años (el 13,02 % de paro, el triple que en 2017), donde ya hay 890.700 españoles mayores sin trabajo (y sin muchas posibilidades de conseguirlo), según la primera EPA de 2019. Por autonomías, todavía hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, que se mantiene o supera el 20%: Melilla (25,92% de paro), Extremadura (22,52%), Ceuta (22,31%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Y otras 3 autonomías que tienen un nivel de paro “europeo” y rondan el 10%, como Navarra (8,19% de paro), el País Vasco (9,62%) y Aragón (10,50% de paro). Además, hay más de 1 millón de hogares (1.089.400) con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y aumentan los parados que llevan más de un año sin trabajar, casi la mitad del total : 461.700 llevan parados entre 1 y 2 años y otros 1.053.900 parados llevan más de 2 años en paro, según la EPA del primer trimestre de 2019. En total, 1.515.600 parados “de larga duración”, el 45,18% de todos los parados. Una bolsa enorme de “parados crónicos” (668.000 llevan parados más de 4 años, según los datos aportados por UGT), que tienen muy difícil volver a trabajar, básicamente por su elevada edad (un 70% superan los 50 años y dos tercios son mujeres) y su baja formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO e incluso menos. Y además, estar más de un año fuera del mercado laboral reduce un tercio sus posibilidades de ser contratados, según los expertos.

Mientras ven muy difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras meses y años en el paro, se les ha acabado el subsidio. De hecho, en febrero de 2019, sólo cobraban el paro el 56,6 % de los españoles que se declaran en paro según la EPA: 1.898.369 parados con subsidio, según la última estadística del Ministerio de Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.075.587 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de sólo 430 euros al mes, mientras los 822.782 restantes cobran un subsidio contributivo, de 827,70 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Esto significa que un 43,4 %de los parados EPA, 1,455.831 parados, no cobran ningún subsidio. Y sobreviven en la pobreza, gracias a ayudas de la familia y amigos y a “chapuzas” en la economía sumergida. La situación es peor en las 7 regiones donde son mayoría los parados que no cobran: Melilla (71% parados EPA no cobran), Madrid (57,4%), Canarias (54,6%), Ceuta (52%), Asturias, País Vasco  y La Rioja (51% parados EPA no cobran nada).

Volviendo al empleo, ahora se espera que siga débil en 2019, dado que España va a crecer menos este año: 2,2% frente al 2,6% en 2018, según el Gobierno, y podría ser incluso menos si Europa sigue débil  (Alemania va a crecer sólo un 0,5% este año) y hay turbulencias en la economía internacional (proteccionismo comercial, petróleo caro, subidas de tipos y crisis en paises emergentes). La estimación del presidente Sánchez, en la Cumbre de Davos, fue que se pueden crear 330.000 empleos en 2019, bastantes menos de los creados en estos 5 años de recuperación (372.500 empleos de media anual: 1.862.200 empleos en total). Y se espera crear otros 350.000 empleos en 2020, año en que también bajará el crecimiento. De ser así, España tendrá que esperar todavía a 2021 o 2022 para recuperar el empleo perdido antes de la crisis, los 20,51 millones de puestos de trabajo de 2007 (ahora hay 19,47 millones: falta todavía recuperar 1,1 millones de empleos).

Con menos empleo todavía que antes de la crisis y más del doble de paro que Europa, el empleo y el paro deberían ser la prioridad de todos los partidos en esta campaña electoral (no ha sido así) y del futuro Gobierno. Y más cuando tenemos el empleo más precario de Europa, con 1 de cada 4 asalariados con contratos temporales (el 25,88 % en marzo de 2018, según la EPA) y con 1 de cada 7 empleos a tiempo parcial (el 14,90% de los empleados), empleos por días o por horas que son “obligados”, forzados, para dos tercios de estos trabajadores, más “subempleos” que en la mayoría de Europa. Y lo peor: sólo un 8% de los contratos temporales se hacen fijos en España, cuando en Europa lo son el 24%, según ha advertido recientemente el Banco de España.

Urge algún acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto. Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

En paralelo a esta nueva reforma laboral, urge aprobar un Plan de empleo, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que van a contratar las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, además de promover empleos decentes y la contratación, hay que mejorar la situación de los parados, porque es escandaloso que el 43,4 %, casi millón y medio de parados no cobren ningún subsidio. Habrá que revisar el seguro de desempleo, para asegurar que cubra a más parados, en colaboración con las prestaciones sociales (renta mínima) que pagan las autonomías. Y sin olvidar que estamos en Europa y que, de cara a la futura Comisión Europea, somos los más interesados en que se apruebe un “seguro de paro europeo”.

Para todo esto hacen falta recursos (un Plan de empleo creíble, que gaste en formación, asesoramiento e incentivos a la contratación, exige no menos de 5.000 millones extras anuales y mejorar el seguro de paro exigiría 2.000 millones más) y medios, básicamente más personal para los servicios públicos de empleo: cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. En definitiva, España tiene que gastar más en “políticas activas de empleo”, porque no es de recibo que teniendo más del doble de paro que Europa, gastemos la mitad: 5.710 millones en 2018, el 0,5% del PIB frente al 1% que gasta de media la UE-28.

A 3 días de las elecciones generales, la EPA del primer trimestre debería servir para forzar a los partidos a ofrecer alternativas eficaces contra el paro y para crear empleo. Pero la principal medida sería dejarse de “peleas políticas” y pactar, a partir del lunes 29 de abril, un Plan de choque contra el paro, gobierne quien gobierne. Los parados de este país, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50 años, lo necesitan con urgencia. Es importante que el próximo Gobierno inicie una verdadera “cruzada contra el paro”, con dinero y medidas eficaces, apoyadas por todos. Eso sí sería “patriotismo”.

Elecciones 28-A: urgen más ingresos y pactos

Este domingo 28 son las elecciones y muchos centran la campaña en Cataluña y en quien tiene la bandera más grande, en lugar de afrontar lo que preocupa a la mayoría: paro, desigualdad, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático… El dilema parece ser: “la Patria o las cosas de comer”. No. El gran reto es cómo salir de verdad de la crisis, cómo repartir el crecimiento para que lo noten todos los españoles y cómo afrontamos un futuro incierto. Y para eso, España debe hacer reformas pendientes desde la transición, desde las pensiones a la luz o los alquileres. Reformas que exigen dinero y acuerdos. Pero nadie quiere pactar y tenemos dos Españas muy enfrentadas. Y las tres derechas defienden bajar impuestos, cuando España recauda mucho menos que Europa. Así, sólo conseguirán deteriorar más el Estado de Bienestar, no modernizar España. Urge conseguir más ingresos de los que pagan poco (multinacionales, empresas y ricos) y pactar las reformas más acuciantes o tendremos un país bloqueado unos años más. Eso nos jugamos. Voten.

enrique ortega

España lleva más de 3 años medio paralizada, tras unas elecciones en diciembre de 2015 que acabaron con el histórico bipartidismo y abrieron unos años de fuertes enfrentamientos políticos y pocas medidas eficaces. Y ahora,  tras dos años de un último Gobierno Rajoy medio paralizado y 10 meses de “parches” del Gobierno Sánchez, los problemas de los españoles siguen ahí, agravados y sin resolver: paro, pobreza, desigualdad, pensiones, dependencia, sanidad, educación, vivienda, tecnología, cambio climático. Y con una peor coyuntura exterior, una Europa estancada y una guerra comercial peligrosa, que no va a ayudarnos nada. Así que el próximo Gobierno tendrá que consolidar la recuperación y que llegue de verdad a la mayoría de los españoles, porque el 70% dice que no la nota. Y hacer reformas para resolver graves problemas que afrontamos desde la transición, como conseguir un paro “europeo”, asegurar el futuro de las pensiones, recuperar el deteriorado Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales), conseguir una vivienda para la mayoría o un empleo digno para los jóvenes.

Esto es lo que se juega en estas elecciones y no la independencia de Cataluña o la Patria. “Es la economía, estúpido”. Los grandes problemas que nos preocupan a todos y para los que no hay “soluciones mágicas”, “atajos”, como parecen ofrecer algunos. Voy a repasar aquí estos 12 grandes problemas, sobre los que llevo escribiendo 8 años en este blog.

El primer gran problema de España es el paro, como revelan los españoles en todos los Barómetros del CIS. Estamos mejor, pero todavía hay 3.304.300 españoles en paro, según la EPA de diciembre, una tasa de paro del 14,45% que duplica con creces la europea (6,6%) y cuadruplica la alemana (3,3%). Y un  tercio de los jóvenes (menores 25 años) está en paro, el 32,7%, más del doble que en Europa (14,9%) y cinco veces el de Alemania (6%). Pero además de tener mucho paro, se ha enquistado (el 47% de los parados llevan más de un año sin trabajo) y casi la mitad de los parados EPA (el 44,17%) no cobran el desempleo (y hay 7 autonomías, entre ellas Madrid, donde más de la mitad de parados no cobran). El gran reto de la próxima Legislatura es ayudar a estos parados a sobrevivir (que haya más cobrando el paro) y a conseguir empleo, con formación y asesoramiento, lo que pasa por tener más recursos para políticas de empleo y una reforma radical de las oficinas de empleo (SEPE).

El 2º gran reto es reformar el mercado laboral, porque España crea el empleo más precario de Europa: en 2018, un 89,75% de los contratos fueron temporales (la cuarta parte por una semana o menos) y un 35,8% a tiempo parcial, lo que indica que sólo 6,5 de cada 100 empleos que se crean son “de calidad”. Y con ello, tenemos un mercado laboral donde 1 de cada 4 trabajadores son temporales (26,86%) y 1 de cada 7 trabajan a tiempo parcial (las dos terceras partes porque no encuentran otra cosa). En consecuencia, los salarios no se recuperan y un trabajador cobra de media (bruto) 1.668,75 euros, según el INE, sólo 40 euros más que en 2014, a pesar de la cacareada “recuperación”. Y así, los trabajadores españoles tienen unos salarios de los más bajos de Europa: 15,94 euros por hora, un 27,6% menos que la UE-28 (20,35 euros/hora), un 51,3% menos que Francia (24,12 euros) y un 68,8% menos que en Alemania (26,91 euros/hora), según Eurostat (2018). Y un tercio menos de salario mínimo (1.050 euros en 12 pagas frente a 1.498 euros en Francia o Alemania).

El tercer gran reto es reducir la pobreza y la desigualdad que ha acrecentado la crisis, debido al desigual reparto de la recuperación (en 2018, el 1% más rico se llevó el 12% de la riqueza creada y el 50% más pobre sólo consiguió el 9%). Con ello, España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad entre 2008 y 2017 y el 4º país más desigual, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el 90% restante (que se lleva el 44,67%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50% más pobre (7,20%). Eso lleva a que España tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población (12.338.187 españoles) están en riesgo de pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo parados, emigrantes y mujeres solas con niños (más del 50% son pobres). Y 1 de cada 3 niños (menores de 16 años) está en situación de pobreza (el 31%), 1.400.000 niños pobres según Save the Children. Y lo peor es que, ante tanta pobreza y desigualdad, España gasta poco y mal en ayudas sociales, según alerta un estudio de la Comisión Europea.

El 4º gran reto para el futuro es la igualdad de la mujer y la demografía, dos problemas muy relacionados. La discriminación de la mujer no es sólo la brecha salarial (ganan un 22,35% menos que los hombres) sino que hay otras peores: trabajan menos (sólo el 58,3% frente al 69,67% los hombres), en peores puestos y con contratos más precarios, peor pagadas (1 millón de mujeres ganan un tercio menos que los hombres en sus trabajos), tienen más paro (16,2% frente al 12,87% los hombres), cobran menos desempleo (-15%), muchas no consiguen jubilarse (hay 1,5 millones menos que hombres) y su pensión es un 35,69% más baja. Toda esta discriminación de la mujer, y el desigual reparto de tareas con el hombre en el hogar, han provocado un desplome de la natalidad, al tener España la menor tasa de fecundidad de Europa: 1,31 niños por mujer (2,90 en 1970) frente a 1,59 en Europa, 1,57 en Alemania o 1,90 en Francia. Lo que se traduce en una caída y un envejecimiento de la población, un “suicidio demográfico” que es un verdadero cáncer para España.

El quinto gran problema, que lleva años sin soluciones, son las pensiones. A corto plazo, el problema es que la Seguridad Social tiene un “agujero” estructural (-18.500 millones de déficit anual en 2016, 2017 y 2018), debido a que los pensiones crecen mucho, con pensiones cada vez más altas que se revalorizan anualmente y las cotizaciones crecen menos porque los nuevos empleos son precarios y con bajos salarios. Pero el gran problema es a medio plazo, porque a partir de 2027 se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), con lo que en 2050 habrá 15 millones de pensiones, frente a 9,6 millones ahora. Y sólo habrá 1 millón más de españoles trabajando, con lo que no salen las cuentas. Así que hay que buscar más ingresos (con cotizaciones e impuestos) y frenar el ritmo de gasto, para poder pagar las pensiones actuales y las futuras. Una reforma que nadie afronta y que obligará a aumentar la edad de jubilación y computar lo cotizado toda la vida laboral, junto a una revalorización no con el IPC sino con el aumento del PIB o las cotizaciones.

El 6º gran problema, uno de los grandes, es el deterioro de la sanidad pública, una de las mejores del mundo. Los recortes de Rajoy (1 de cada 7 euros y 41.000 enfermeras y médicos) han llevado a un “atasco” en muchos servicios, que se traducen en las abultadas listas de espera (584.018 españoles esperan una operación y 43 de cada 1.000 esperan 57 días de media para ir al especialista) y en una congestión de los centros de salud y las urgencias, muy desigual por autonomías (Cataluña, Valencia y Canarias tienen una sanidad “mala” y Baleares, Galicia, Andalucía, Cantabria y Murcia “deficiente”, según la FADSP). Urge conseguir más recursos para la sanidad (7º del PIB, unos 12.000 millones más al año), regularizar plantillas (1/3 son empleos temporales) y ampliar el número de médicos y especialistas (+ 4.000,según Sanidad), con un Plan para homogeneizar el servicio en toda España.

El séptimo gran problema son los ancianos y jóvenes dependientes, cuya atención ha sufrido también serios recortes (- 4.600 millones entre 2012 y 2017) y el resultado es que, junto a 1.064.795 dependientes atendidos (marzo 2019), hay todavía 253.346 dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir ningún servicio o ayuda, porque la autonomía no tiene recursos. Y lo grave es que la mayoría son ancianos y muy mayores, con lo que 80 de estos dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda, según los Directores de servicios sociales, que proponen aumentar la financiación del Estado central (+2.700 millones cada año) para atender a los dependientes, que además, por el envejecimiento del país, se van a duplicar para 2050, según el CSIC.

Otro gran reto, el 8º de esta lista, es la educación. España tiene un grave problema de fracaso escolar: 1 de cada 3 niños de 15 años ha repetido curso y el 18,3% de los jóvenes de 20 a 24 años dejan sus estudios sin terminar Bachillerato o FP, con lo que somos líderes europeos en “abandono escolar temprano”. Y con un paro juvenil récord (32,7%), tenemos 543.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, los “ni-nis”. Y muchos universitarios subempleados, trabajando en un bar o de cajera de supermercado, mientras las empresas dicen que no encuentran los trabajadores que necesitan. Hay que reformar la educación de arriba abajo, desde Primaria a la Universidad, para conseguir recuperar los que se han ido y formar en los empleos que se van a demandar en el futuro. Y eso necesita pactar una nueva Ley de Educación y conseguir más recursos, acordar un gasto del 5% del PIB (11.200 millones extras sobre el 4,1% actual) y permitir una mayor autonomía a los centros y más coordinación entre autonomías.

Otro reto clave es la vivienda, porque la subida de los pisos (+21,5% entre 2014 y 2018, según el INE) y, sobre todo, de los alquileres (+46%, según la Sociedad de Tasación) hace imposible que muchas familias y jóvenes (el 80% de los menos de 30 años viven con sus padres, frente al 66% en Europa) consigan una vivienda. De hecho, 1.500.000 españoles no pueden pagar un piso o aun alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. La solución pasa, sobre todo, por ofrecerles alquileres asequibles, pero no forzando a controles de precios (los propietarios no alquilarían), sino poniendo más pisos en el mercado de alquiler, lo que forzaría a bajar precios. Una vía es incentivar fiscalmente a los propietarios de los 3,5 millones de viviendas vacías a que las alquilen, comprando además pisos del banco malo y de la banca para crear un parque de vivienda pública en alquiler. Y en paralelo, facilitar a los ayuntamientos y autonomías a que promuevan viviendas públicas (VPO), aportando suelo público y financiación, porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1989 se terminaban en España más de 100.000 VPO cada año.

El 10º gran reto del futuro es la energía y el medio ambiente, para todo el mundo pero más para España, porque somos un país totalmente dependiente de la energía exterior y uno de los únicos 5 paises europeos (con Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que aumentó las emisiones de CO2 entre 1990 y 2017 (+15,5%) mientras el resto de Europa las reducía. Así que ahora nos costará más cumplir el objetivo europeo de recortarlas un 30% para 2030, lo que obliga a cerrar las 15 centrales de carbón actuales (entre junio de 2020 y  2030), a recortar las centrales de fuel y gas, a cerrar las centrales nucleares (entre 2027 y 2033) y a apoyar las energías renovables, que deben producir el 100% de la electricidad para 2040, según los planes enviados a Bruselas. En paralelo, en el recibo de la luz, urge que el próximo Gobierno haga una auditoría de costes, para rebajar los extracostes y peajes que pagamos de más (unos 4.500 millones anuales), extracostes que explican por qué los consumidores españoles pagamos la 2ª luz más cara de Europa (y las empresas, la 4ª más cara).

No podemos olvidar el 11º gran reto, apostar por la Ciencia, la tecnología y la innovación, algo que todos los políticos prometen pero que ha sufrido un duro recorte (-21.728 millones desde 2009), traducido en abandono de proyectos y emigración de investigadores. España es uno de los países europeos que menos gasta en Ciencia (1,20% del PIB en 2017, lejos del 2,07% de la UE-28, del 3% de Alemania o del 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de que gastamos poco, lo gastamos mal, porque el 60% del presupuesto es vía créditos que no se piden (hay Universidades y centros que tienen prohibido endeudarse), con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones). Y en paralelo, las empresas gastan poco en innovación (sobre todo las pymes) y están muy retrasadas en la digitalización de su negocio, donde nos jugamos el futuro.

Y como último reto, el 12º, el más difícil y del que menos se habla: conseguir un país más productivo, más competitivo, una economía más moderna, apoyada más en la industria y los sectores de futuro que en los servicios, no un país que crece con tiendas y bares. Hoy por hoy, la productividad española se ha estancado y es un 10,5% inferior a la de 1995, mientras la de Europa ha crecido un 4,5%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Eso explica que seamos la 5ª economía más grande de Europa (tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y sin embargo seamos el 14º país europeo más rico, en renta o PIB por habitante, por detrás de los 4 grandes, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Finlandia y Malta, según Eurostat. Somos menos ricos porque somos menos productivos y eso se debe, según los expertos, a que invertimos menos en tecnología e innovación, al desplome de las inversiones públicas (por los recortes), a que tenemos pocas grandes empresas (y demasiadas pymes), a la elevada precariedad laboral (con contratos por días es difícil rendir mucho) y a la deficiente organización del trabajo (con un exceso de autoritarismo y poco trabajo en equipo), además de demasiada burocracia y descoordinación regional.

Hasta aquí los grandes problemas, de los que se ha hablado poco en esta campaña, muchos enquistados sin solución desde hace décadas. Problemas que exigen reformas de fondo, que necesitan dos ingredientes: recursos y acuerdos. Y aquí tenemos un enorme lastre político, porque hay dos bloques antagónicos, una derecha tripartita y una izquierda múltiple, que son incapaces de aunar fuerzas para recaudar más y pactar soluciones.

Porque el primer gran reto de España, por delante del resto, es recaudar más. No es una cuestión ideológica, sino de cifras: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó Europa (UE-28), el 45,8% que recaudaron los paises euro y la mayor recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) o incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los últimos datos de Eurostat. Esto significa, a lo claro, que si España recaudara como el resto de Europa, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar parte del déficit público (el mayor de Europa) y destinar recursos a atender los grandes retos, desde las políticas de empleo y las pensiones a la sanidad o la educación, promover viviendas públicas para alquiler, gastar en tecnología o modernizar la economía.

Así que si queremos afrontar los 12 retos, hay que conseguir más ingresos, reduciendo el fraude fiscal, homogeneizando los tipos de IVA y, sobre todo, haciendo que paguen más los que pagan hoy menos (multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos), no la mayoría de los españoles, que ya pagamos suficiente, como explico con detalle en este blog reciente. Pero las tres derechas van por el camino contrario, prometen quitar o reducir impuestos (Casado cuantifica sus bajadas en -16.000 millones y Vox quiere que los que ganan más de 60.000 euros paguen de IRPF el 22% en vez del 45% actual…). Si ganan y los bajan, sólo hay dos opciones: o consiguen ingresos por otros lados (tasas e impuestos indirectos, que se ven menos pero son más regresivos) o podrán gastar menos en todo lo que nos hace falta. Es lo que hay , porque los cuentos de la lechera (“bajo impuestos, crezco más y recaudo más”) son mentira, como ya vieron los norteamericanos con Reagan y Bush padre, responsables de gigantescos déficits (ver comentario). En el fondo, la ideología que defienden (neoliberalismo) es "menos Estado" y más iniciativa privada,  frente a los que defienden que el Estado "debe" compensar lo negativo del capitalismo, asegurando un crecimiento "inclusivo" para todos (socialdemocracia).

Si no hay mayorías claras tras las elecciones y tampoco pactos post-electorales para aumentar la recaudación y afrontar los grandes retos, la consecuencia es evidente: no se podrán resolver los grandes problemas de España, que seguirán enquistados y agravándose si el viento internacional nos sopla de frente. Hay problemas que son tan graves (paro, pensiones, jóvenes, sanidad, educación medio ambiente…) que lo verdaderamente “patriótico” sería sentarse y no levantarse hasta lograr un acuerdo para arreglarlos. Es lo que han hecho los políticos de Alemania durante décadas. Pero no parece que esto vaya a pasar aquí, donde cada vez hay más crispación y menos acuerdos, donde cada partido quiere imponer su visión al resto. Pero aquí estamos los ciudadanos y deberíamos forzarles a entenderse, por nuestro bien. Y si no, al menos, votemos para que haya una mayoría clara que pueda aprobar algunas medidas urgentes que la mayoría necesitamos.

Elecciones 28-A : lo que queda por hacer

Muchos españoles se quedan sin ayudas y se perderán inversiones al no aprobarse los Presupuestos 2019. Y 31 Leyes quedan sin aprobarse. Pero el Gobierno Sánchez quiere aprobar en su último Consejo varios decretos Leyes : subsidio para 114.000 parados mayores de 52 años, pago de cotizaciones a 180.000 cuidadoras de dependientes o ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Y medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, más algunos cambios urgentes en la reforma laboral. E incluso, la revalorización de pensiones con el IPC o reformas en alquileres. También pretende aprobar algunas Leyes antes del cierre del Parlamento (5 marzo). Pero como ha aprobado gastos y no más ingresos, deja como “herencia” un agujero de 8.000 millones (mínimo). Así que el futuro Gobierno, o consigue más ingresos o tendrá que hacer más recortes. Y tanto PP como Ciudadanos prometen bajar impuestos, con lo que la tijera sería mayor. Mientras, quedan pendientes los grandes problemas: paro, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático, pobreza y desigualdad, tecnología o modernización del país. Retos mucho más importantes que Cataluña. 

enrique ortega

El Gobierno Sánchez, con sólo 84 diputados, ha echado mano del decreto-ley para gobernar estos 8 meses: han sido 25 decretos-leyes aprobados en Consejo de ministros y luego todos convalidados en el Congreso, salvo el de alquileres, rechazado por Podemos. El decreto-ley está limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente necesidad”, pero ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, más por Aznar y Rajoy que por Sánchez. Primero fue José María Aznar, que en su primera Legislatura (1996-2000), sin mayoría absoluta, aprobó 85 decretos-leyes, un 32,95% de sus 173 Leyes. Pero le ganó Mariano Rajoy, que en su primera Legislatura (2012-2016), aprobó el 33,8% de sus Leyes por decreto-Ley (y eso que tenía mayoría absoluta): fueron en total 76 decretos-leyes, entre ellos 15 de las 16 primeras Leyes que aprobó (143 en total). Sólo en julio de 2014, el Gobierno Rajoy aprobó un “macrodecreto” Ley que modificó 26 importantes Leyes, entre ellas el IRPF o la Ley de Empleo. En su segunda Legislatura (octubre 2016-mayo 2018), Rajoy sólo aprobó 16 decretos-Leyes y otros 9 proyectos de Ley, la mayoría por obligada trasposición de Directivas europeas.

El Gobierno Sánchez ha justificado su apelación a gobernar por decreto-Ley al “filibusterismo” parlamentario del PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso (5 de 9 miembros) para torpedear la aprobación de las Leyes enviadas al Parlamento. La estrategia, denuncian, ha sido la ampliación sistemática e indefinida de los plazos para presentar enmiendas. Un ejemplo es la Ley para reformar el Código Penal, para reducir las penas a los piquetes de huelga (como exigen los sindicatos): no se aprueba porque PP y Ciudadanos han conseguido ampliar los plazos de enmiendas… hasta 59 veces. Con este sistema y otras maniobras en las Comisiones, la oposición de PP y Ciudadanos ha bloqueado muchas de las 13 Leyes aprobadas por el Gobierno Sánchez y sus 25 decretos-leyes, convalidados por el Congreso pero luego muchos tramitados como proyectos de Ley.

Ahora, el Gobierno Sánchez intenta que algunas de estas 31 Leyes pendientes (ver listado) se aprueben en el Congreso antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno aprobó la Ley Hipotecaria, una trasposición de una Directiva Europea que debería haberse aprobado hace casi 3 años, en marzo de 2016. Pero el Gobierno Rajoy fue retrasando su aprobación, que incluye nuevas obligaciones para la banca y mayor protección para los hipotecados (en materia de reclamaciones, embargos y desahucios), además de una nueva regulación de las clausulas suelo y la asunción por la banca de todos los gastos hipotecarios (salvo la tasación), dos cambios introducidos por el Gobierno. De no aprobarse in extremis, Bruselas podría multar a España con 100.000 euros diarios.

Otras tres Leyes aprobadas en el Pleno del pasado jueves fueron la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (incluye más control de las sociedades de gestión, como la SGAE, y más medidas contra la piratería y cierre de Webs), otra Ley obligada para trasponer una Directiva europea, la mejora de la situación de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género (pasarán de cobrar 140 euros a 600) y  una Ley para mejorar las condiciones de los profesores en la enseñanza no universitaria (volver a los alumnos por clase y régimen de sustituciones anteriores a los recortes de la Ley Wert). Y también se aprobó la convalidación de decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de inundaciones y catástrofes.

Para el próximo jueves 28 de febrero, el último Pleno del Congreso, el Gobierno Sánchez quiere llevar otros proyectos de Ley que estaban a punto de aprobarse, algo que intentarán torpedear  PP y Ciudadanos. Quizás acepten incluir la aprobación de un paquete de medidas urgentes para la Ciencia, destinadas a eliminar trabas burocráticas y que el Gobierno aprobó el 8 de febrero. Y quizás el Gobierno Sánchez intente convalidar algunas de las 5 medidas pactadas con las asociaciones de autónomos el 26 de diciembre de 2018, que necesitan ser aprobadas por el Congreso para que beneficien a 3,3 millones de autónomos: mejorar el paro y las bajas de los autónomos, cotizaciones por ingresos reales, que no paguen el IVA hasta que cobren las facturas, acabar con los falsos autónomos y mejorar sus pensiones. El Gobierno Sánchez sólo enviará al Pleno temas que cuenten con el apoyo seguro de Podemos y nacionalistas.

Pero la mayoría de las 31 Leyes pendientes (casi todas aprobadas por el Gobierno Sánchez) se quedarán sin aprobar en el Congreso, a la espera del nuevo Parlamento. Y muchas son importantes y afectan a muchos españoles. Como la Ley de Seguridad Ciudadana (o “Ley Mordaza”) o la Ley del voto rogado (para facilitar el voto emigrante), la Ley de Eutanasia (bloqueada por PP y Ciudadanos, que han aprobado 23 prorrogas para presentar enmiendas), la Ley de Cuidados paliativos (pendiente del Senado), la Ley de prevención del suicidio, la Ley contra las “pseudociencias”, la nueva regulación de las especialidades médicas, la nueva Ley de Industria, la regulación del contrato de relevo, la creación de la Autoridad de protección del cliente financiero o la Autoridad de supervisión macro prudencial, el organismo que debe vigilar y avisarnos si viene otra crisis. O el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero. Y dos Leyes que ha aprobado el último Consejo de Ministros del 22 de febrero, porque las exigía Europa antes de finales de 2018: una Ley de Cambio Climático y un Plan Nacional de Energía y Clima (España ha sido el último país UE en aprobarlo). 

En paralelo, el Gobierno Sánchez no se resiste a aprobar antes de irse algunas medidas que iban en los Presupuestos 2019 y que benefician a muchos españoles. Tratará de aprobarlas  por decreto-ley, en los Consejos del 22 de febrero y el 1 de marzo. La primera, el seguro de paro para los que tienen entre 52 y 55 años (que les quitó Rajoy en 2013), unos 114.000 personas beneficiadas (la medida cuesta 700 millones). La segunda, el pago de la cotización a la Seguridad Social  (que les quitó Rajoy en 2012) a los cuidadores familiares de los dependientes, 180.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres (315 millones). La tercera medida, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que podría beneficiar a 18.000 padres (cuesta 302 millones). 


Y además, mañana martes 26 de febrero, negociará con sindicatos y patronal un consenso laboral para aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, un decreto-ley para anular algunas medidas de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 y que exigen los sindicatos: la prórroga automática indefinida de los convenios (ultraactividad), suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la prohibición de la subcontratación, así como el control horario de jornada, para evitar el abuso de las horas extras (la mayoría, sin cobrar).  Incluso, el presidente Sánchez anunció el sábado que va a aprobar, en el Consejo de este viernes 1 de marzo, un decreto-ley de medidas urgentes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, incluyendo la obligación a las empresas de llevar un registro salarial. Y el Gobierno no descarta negociar otro decreto de alquileres con Podemos y aprobarlo como decreto-ley antes de las elecciones. 

Si finalmente el Gobierno Sánchez aprueba “in extremis” estas medidas (u otras, como la revalorización de las pensiones con el IPC), por decreto-ley, luego tendrá que conseguir convalidarlas en el Congreso, bien en el último Pleno o en la Diputación Permanente, el organismo que sigue abierto, "de guardia", tras el cierre de las Cortes el 5 de marzo, donde hay 64 miembros y la presidenta del Congreso (24 del PP, más Ana Pastor, y 6 de Ciudadanos, lo que dejaría la convalidación en manos del PSOE, 15 votos, Podemos, con 12, Grupo mixto, 4, Ezquerra con 2 y PNV con 1). A ver quien “se retrata” y vota en contra del seguro de paro a los mayores de 52 años, la cotización a las cuidadoras, aumentar el permiso de paternidad o la revalorización de las pensiones.

Y queda otra importante tarea pendiente: la reforma de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, integrada por 48 diputados de todos los partidos, lleva reuniéndose más de 2 años, desde noviembre de 2016, sin ser capaces de pactar medidas para asegurar el futuro de las pensiones. El 19 de febrero, cuando parecía que tenían unas recomendaciones medio pactadas, se rompió el posible acuerdo, por Podemos y el PP. Y eso cuando había consenso sobre varias recomendaciones para eliminar el déficit en 2025: revalorizar las pensiones con el IPC real, pagar las prestaciones asistenciales con impuestos, que el jubilado pueda escoger sus mejores años de cotización (15 ahora y 25 en 2022) y limitar la jubilación parcial. No es mucho para afrontar una reforma que exige conseguir más recursos (vía cotizaciones e impuestos) y ver cómo repartirlos para que haya para los pensionistas actuales y futuros. Así que 7 años perdidos para afrontar una reforma clave que también queda para la próxima Legislatura. 

Ahora, tras estas dos semanas contra reloj para aprobar las medidas más urgentes, el Gobierno entra en funciones y el país se paraliza durante 2 meses de larga campaña electoral. Y hasta junio o julio no habrá nuevo Gobierno, con lo que habremos perdido medio año para afrontar los graves problemas del país, mucho más preocupantes para los ciudadanos que Cataluña: el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la pobreza y la desigualdad, los impuestos, la vivienda, la situación de las mujeres y los autónomos,  la Ciencia, la crisis de la industria, la energía y el cambio climático, la digitalización y la modernización de la economía, en una Europa que apenas crece y con Brexit. Esos deberían ser los temas centrales de la campaña electoral, no sólo el 155.

Y por encima de todo, una cuestión clave: los impuestos. Porque la no aprobación de los Presupuestos 2019 nos ha creado un problema serio: hay una serie de gastos que van a seguir adelante (subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios, algunos gastos sociales e inversiones), pero no se van a aprobar los nuevos ingresos que contemplaba el Presupuesto (subida impuestos sucesiones empresas, subida patrimonio, tasa Google, impuesto transacciones financieras), con los que el Gobierno Sánchez esperaba ingresar 5.600 millones extras. Y por ello, el déficit público va a ser mayor del previsto: entre el 2 y el 2,4% del PIB, no el 1,8% previsto ni el 1,3% inicial impuesto por el techo de gasto. Eso supone que el próximo Gobierno, sea el que sea, sólo tiene 2 opciones: o subir esos impuestos (u otros) o no tocar los ingresos, aplicar la tijera y recortar 8.000 millones de euros o más. Es “la herencia” que deja Sánchez por no haberle aprobado los Presupuestos. Lo preocupante es que, tanto PP como Ciudadanos se presentan a las elecciones con la bandera de “bajar impuestos”: si lo hacen, el ajuste tendrá que ser todavía mayor.

Así que lo serio sería plantear en la campaña electoral los retos que tenemos, lo que queda por hacer: las necesidades que hay que cubrir (en empleo decente, pensiones, Estado del Bienestar, ayudas sociales, igualdad, vivienda, tecnología, industrialización, infraestructuras, modernización de la economía…) y decirles a los españoles que todo esto no se puede hacer sin aumentar los ingresos públicos, porque España recauda menos que Europa (82.000 millones menos cada año). Y por eso, es obligatorio subir los impuestos, no a la mayoría, que ya pagamos bastante (trabajadores y jubilados), sino a los que pagan menos de lo que deben: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos. Y si alguien le vende que “se puede hacer todo bajando impuestos”, no le crea: no salen las cuentas y antes o después hará nuevos recortes y le echará la culpa a “la herencia de Sánchez”. ¿Les suena?