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lunes, 11 de noviembre de 2024

Reforma desempleo y fallos políticas de empleo

El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570 euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio, tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6 meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan. Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las empresas no las utilizan para buscar trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de 4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas de empleo.

                            Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.

Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay “2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo, cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”, por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran 480 euros al mes. 

Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una de las mayores partidas del Presupuesto (22.130 millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo para casi  otro millón. Por eso, ser parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el 41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el 11,9% entre los que trabajaban, según la Red EAPN.

Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un “despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa. Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa (claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que reforme el subsidio de desempleo, no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden mejor a recolocarse. 

Bruselas pidió a España que incluyera la reforma del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un enfrentamiento político entre dos “alas” del Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles. Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el 19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero tropezó: en enero de 2024, Podemos votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.

El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra de Trabajo se hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo parcial, el Gobierno Sánchez volvió a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171 abstenciones (ahora) de PP y Vox.

El Decreto-ley de reforma entró en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”, no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio asistencial a 450.000 nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de 52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.

El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial es que se simplifica y se reduce burocracia. A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio. Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otras novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime el doble requisito de que justifiquen  rentas bajas el beneficiario y su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF) cada año, ganen lo que ganen.

El tercer cambio y el principal objetivo de este reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir ahora la firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas “los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE), gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el 2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares, amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición” (14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).

España gasta menos que el resto de Europa en “políticas activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024, vamos a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década  pero un porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55% del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan 0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1 millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.

El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”, porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30 años registrados en el SEPE. De hecho, un estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.

Y no es de extrañar, porque las 4.000 oficinas de empleo (SEPE), mal gestionadas por las autonomías (y de forma muy desigual),  están colapsadas y no tienen ni medios ni personal (8.100 personas, pero necesitarían 12.000, según los sindicatos) ni tecnología (su sistema informático es obsoleto y colapsa con frecuencia) para ayudar a los 2.602.054 parados registrados (octubre 2024). Y sobre todo, no tienen personal cualificado ni realizan un seguimiento para “asesorar a los trabajadores” (uno a uno) a buscar y encontrar empleo, como establece la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023 y que debería estar aplicándose este año. Pero la realidad es otra: sólo 1 de cada 38 parados recibe una oferta de empleo del SEPE, según sus propias estadísticas. El resto, “se busca la vida”…

Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores” pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro dato: en la web del SEPE hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710 ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro fracaso: asisten menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se necesita, además de muy presenciales.

Otra pata que falla en las políticas de empleo son los incentivos a la contratación de parados, generalmente bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Los expertos (AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15 millones al año) son un coste inútil,un peso muerto”: la mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia  son los “parados de larga duración” , los que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el 79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y Canarias). Y entre ellos, hay 585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en 2023  un Plan especial para combatir  este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.

En resumen, somos el país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas (poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible, nuestra gran “asignatura pendiente”.

jueves, 17 de septiembre de 2020

Parados y COVID 19: imposible trabajar


Miles de empresas y sus trabajadores están muy preocupados por sobrevivir este otoño, a la vista de que los rebrotes frenan el consumo y la recuperación económica. Pero peor están esos 4 millones de parados que ven imposible encontrar trabajo, sobre todo jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración. Y muchos de ellos, 1,6 millones según UGT, sin recibir un subsidio o a punto de perderlo. Todo el mundo habla de prorrogar los ERTES, para salvar el empleo de los que lo tienen, pero urge pensar en los parados en tiempos de COVID, sin salida. Hay que aprobar ya un Plan de ayudas a los parados, para evitar su pobreza, y reformar las oficinas de empleo para ayudarles a formarse y reconvertirse, a que encuentren un trabajo. Y además, pactar un Plan de choque para promover empleos con las futuras inversiones estatales y europeas entre jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, sobre todo en las zonas más afectadas por la recesión de esta pandemia. SOS parados.


enrique ortega

La pandemia se ha llevado por delante 753.000 empleos. En los primeros 50 días, entre el 11 de marzo y el 31 de abril, se perdieron casi un millón de empleos (de 19,34 millones de personas afiliadas a la SS a 18,40 millones), pero luego se han ido recuperado algunos, sobre todo entre mayo y julio, al reanudarse distintas actividades. Con todo, sólo se ha recuperado un 20,6% del empleo perdido (195.000 empleos), según este estudio de Randstad. Y podría haber sido mucho peor si no se hubieran puesto en marcha los ERTEs (que llegaron a tener a 3,4 millones de trabajadores en marzo y abril, aunque ahora sólo quedan 812.438 trabajadores protegidos) y si no se hubiera ayudado a otros 1,2 millones de autónomos, también salvados del paro. Trabajadores y autónomos que temen por su empleo en los próximos meses.

España es el país europeo que ha perdido más empleo con el coronavirus: un -7,5% en el segundo trimestre, frente a un -2,7% en Europa y un -2,9% en la zona euro, según Eurostat. De hecho, la pandemia ha afectado de forma muy desigual al empleo en el continente y hay 10 paises que han perdido menos del 2% de su empleo en el 2º trimestre, entre ellos Alemania (-1,4%) y Reino Unido (-0,7%), siendo también baja la pérdida de empleo en Italia (-2,5) y Francia (-2,6%). Las causas de que España haya perdido más empleo que todos es que nuestra economía ha sido la economía europea que más ha caído en el 2º trimestre (un -18,5% cayó el PIB en el 2º trimestre, frente al -11,4% de media en la UE-27, según Eurostat), por el mayor peso del turismo, los servicios y las pymes, y porque tenemos el doble de empleo precario (temporal y a tiempo parcial), que es el primero que se pierde en las crisis.

Con esta fuerte caída del empleo (recordemos: 753.000 empleos perdidos, a pesar de los ERTEs), el paro ha aumentado también con la pandemia, aunque menos porque ahora mucha gente no se molesta en apuntarse al paro en las oficinas de empleo (SEPE). El paro aumentó mucho en marzo (+302.265) y abril (+282.871), los meses de menos actividad por el confinamiento, menos en mayo (+26.573) y junio (+5.107), volviendo a subir más de lo esperado en agosto (+29.780), por el pinchazo del turismo tras los rebrotes. Y sólo bajó el paro en julio (-87.849), porque el turismo se preparaba para el verano. En conjunto, a finales de agosto había 556.767 parados más que a finales de febrero, 3.802.814 parados. Pero eso son personas que se han registrado en las oficinas de empleo (SEPE) y que renuevan su demanda. Parados de verdad, personas sin trabajo, hay más de 4 millones, como confirmará la EPA del 3º trimestre, que se conocerá en octubre.

Pero el aumento del paro por el coronavirus, esos 556.767 parados más, se reparten de una forma desigual. En esta ocasión, las mujeres han visto aumentar más su paro (+301.841) que los hombres (+254.926), aunque también son más (1.197.913 paradas registradas frente a 1.604.901 hombres parados en agosto), por lo que su porcentaje de aumento del paro con la pandemia (+15,91%) es menor que en los hombres (+18,8%). Pero el colectivo que más ha sufrido esta crisis son los jóvenes, sobre todo los que tienen entre 25 y 29 años (hay 80.123 parados más que a finales de febrero, un 27,9% más), los que tienen entre 30 y 34 años (hay 74.559 parados más, un 24,10% más) y los que tienen entre 20 y 24 años (hay 46.576 parados más, un 23,82% de aumento), según los datos del SEPE, mientras crecían menos (por debajo del 20%) los trabajadores de más de 40 años que se han quedado en paro y todavía menos (han crecido menos del 10%) los parados de más de 50 años.

La pandemia se ha cebado en los jóvenes y las mujeres, pero sobre todo en los parados de larga duración, los que llevaban más de un año sin trabajar. Si la media del paro ha crecido un +17,15% con la pandemia, los parados que llevaban entre 12 y 24 meses sin trabajar han aumentado su paro un +35,68%, aunque han crecido más (+115,27%) los parados que llevaban entre 6 y 12 meses sin trabajar cuando llegó la crisis. Y lo peor es que si los parados de larga duración representaban el 38,15% del total (1.238.585 parados) a finales de febrero, ahora, a finales de agosto, esos 1.492.322 parados representan el 39,24% del total, según los datos del SEPE. O sea, que la pandemia no solo ha aumentado el paro total sino también “el paro con menos salida”.

La factura del paro COVID también es desigual por autonomías. Si en toda España, el desempleo ha crecido un +17,15% (29 frebrero-30 agosto), ha sido peor en Baleares (+28,12% de paro), en el País Vasco (+24,91%), Canarias (+23,84%), Madrid (+21,79%),Cataluña (+21,61%) y Comunidad Valenciana (+20,32%), creciendo muy poco en Cantabria (+0,18%), Extremadura (+0,20%), Castilla la Mancha (+5,69%), Asturias (+5,97%) o Galicia (+6,45%), según los datos de Trabajo. Y si lo vemos por provincias, estas serían las que más han sufrido el aumento del parto COVID, entre enero y agosto de 2020, según los datos del SEPE: Baleares (+89,8%), Girona (+36,11%), Tarragona (+35,24%), Granada (+33,16%), Huesca (+32,89%), Guipúzcoa (+32,38%), Teruel (+30,49%), Segovia (+30,41%) y Málaga (+30,22%).

Visto el reparto desigual del paro COVID, hay que decir que la mayor parte de estos parados cobran ahora alguna ayuda: en agosto (con datos de julio), cobraban un subsidio 3.241.832 parados, el 85% de los parados registrados (la cobertura más alta de los últimos años), según Trabajo. Eso sí, sólo 2.100.000 cobraban un subsidio contributivo (según lo que cotizaron) y el resto (1,1 millones) cobraban un subsidio asistencial de 426 euros (y sólo por unos meses). Pero todavía hay 531.202 parados registrados que no cobran nada y muchos más que están sin trabajo, no se registran y tampoco reciben ninguna ayuda. Y eso a pesar de que el gasto en desempleo se ha duplicado, por la mayor cobertura y sobre todo por el pago de los ERTEs): 3.237 millones pagados en julio de 2020, el doble que un año antes (1.567). Y todo apunta a que este año, el gasto en desempleo (parados y ERTEs) podría superar los 40.000 millones de euros, frente a 18.701 millones gastados en 2019.

El problema no es sólo que el paro haya crecido y que en realidad haya 4 millones de españoles sin trabajo, sino que muchos parados no reciben ayudas. Actualmente, hay 3 colectivos que preocupan a los sindicatos, que negocian nuevas ayudas con el Gobierno y la patronal. El primero, unos 550.000 parados despedidos a partir del estado de alarma (14 de marzo) y que en septiembre habrán agotado los 6 meses de paro que se les concedió de forma extraordinaria (no tenían derecho a desempleo). La propuesta del Gobierno es que cobren 3 meses más de paro, pero los sindicatos quieren que sean 6 meses más. El segundo grupo, otros 150.000, son  trabajadores que están en un ERTE y trabajaban a tiempo parcial, con lo que cobran una ayuda muy baja. Y el tercer grupo, los trabajadores fijos discontinuos (de temporada) que salgan de un ERTE y no tengan derecho al paro: los sindicatos quieren que cobren un subsidio que sea igual a lo que han cobrado en el ERTE.

Al final, más que resolver la casuística de cada grupo, se trata de organizar y planificar las ayudas a los parados, dentro de las negociaciones del pacto social que llevan a cabo el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Se trata de gastar más en ayudas y repartirlas entre todos los que las necesiten, porque hay 1,6 millones de parados sin protección, según UGT. Y eso pasa por una reforma a fondo del sistema de subsidios, ligándolos al ingreso mínimo vital y, sobre todo, a la exigencia de formación, para que ese dinero sirva para recalificar a los parados y darles una salida. Una política de cualificación y recolocación que exige una reforma a fondo de las oficinas de empleo, que hoy por hoy son “inútiles”: el SEPE sólo emplea al 2% de los parados y apenas realizan cursos de formación el 5% de desempleados. La OCDE acaba de proponer a los paises que “reubiquen a los trabajadores con baja demanda”, capacitándolos para otras tareas con más futuro. Si en la anterior crisis hubo que reubicar a los parados de la construcción, ahora habrá que hacerlo con los del turismo y la hostelería, hacia sectores como la sanidad, los cuidados, el medio ambiente o la digitalización.

Además de pactar un Plan de ayuda a los parados, para que no acaben en las colas del hambre de Cáritas y mejorar su formación y empleabilidad, hay que pactar un Plan de choque por el empleo, para conseguir crear 1 millón de empleos en dos años (por ejemplo). Eso implica planificar las próximas inversiones (con dinero europeo y del Presupuesto 2021) con una estrategia de empleo en paralelo, que trate de conseguir trabajo a los colectivos más vulnerables (jóvenes, mujeres y parados de larga duración) y en las provincias más afectadas por el aumento del desempleo. Que en cada proyecto, en cada inversión, en cada administración, se cuantifiquen los empleos que se pueden crear y se identifiquen los perfiles profesionales que se necesitan, para intentar formar y reubicar a los parados.

Tenemos por delante un otoño complicado, donde muchas empresas tratan de sobrevivir y una mayoría de directivos empresariales piensan en despedir trabajadores, no en contratarlos, según este estudio de Manpower Group para el 4º trimestre de 2020. Por eso, los 4 millones de parados actuales lo tienen muy difícil. Hace falta poner en marcha “una cruzada por el empleo para los que no lo tienen”, de momento 1 de cada 6 españoles en edad de trabajar. Se habla mucho de “prorrogar los ERTEs, de salvar empresas y empleos, pero muy poco de dar una salida a los parados, de los que casi nadie habla. Y muchos son nuestros hijos, nuestras mujeres y algunos de nosotros ya en edad madura. 

Tenemos más del doble de paro que Europa (15,8% frente al 7,2%) y esa debe ser nuestra prioridad: el empleo. Salvar el máximo de empleos pero también crear otros nuevos. Por eso hay que volcarse en relanzar el consumo y las inversiones, en reanimar la economía con un Presupuesto 2021 que recaude y gaste más para salir de la recesión del COVID. Pensando en esos 4 millones de españoles que se han quedado atrás. SOS parados.

jueves, 25 de julio de 2019

El empleo no puede esperar


Hoy se ha conocido la EPA de junio, que aumenta el empleo y baja el paro, como es habitual en primavera. Pero la ocupación aumenta menos que los años anteriores. Y se crea más empleo temporal que en 2018, con parados que firman hasta 40 contratos al año para tener trabajo. Y los empleos “fijos” tampoco lo son: 1 de cada 3 acaban en despido antes de un año. Además, el paro sigue siendo el doble que antes de la crisis y que en Europa. Y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar y no cobran el paro. De hecho, hay 1,45 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza. Un panorama muy preocupante, tras 5 años de recuperación. Por eso, urge pactar un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad del futuro Gobierno. El empleo no puede esperar


El segundo trimestre del año suele ser el mejor para el empleo, por las rebajas y las contrataciones previas al verano. Y en 2019, la EPA de junio lo ha confirmado, con un aumento del empleo y una bajada del paro. Pero, en ambos casos, la mejoría es menor que en 2018 y años anteriores, porque el empleo está perdiendo fuelle. Y si el paro baja, también menos, es en gran parte porque hay menos españoles que buscan trabajo, menos “activos”, sobre todo mujeres y mayores de 45 años, así como jóvenes que prolongan sus estudios. De hecho, hay 500.000 activos menos que en 2012, según la EPA.

Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea es muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,32% de los contratos firmados entre enero y junio de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018 y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que está pasando es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un reciente estudio de CCOO.

Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (14,1% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.7%) o Alemania (12,6%), según Eurostat (2018). Y además, España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.

También han subido este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 34,72% de los contratos firmados de enero a junio de 2019 (frente al 33,18% en el primer trimestre), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,2 millones de los 3 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 61,1% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 26,4% de media en Europa, según Eurostat.

Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,31% de los contratos firmados en 2019 (10.988.900 entre enero y junio) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% de contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero es que, además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.

Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento de los trabajadores pobres en España: 2.654.000 personas con empleo, el 14,1% de los asalariados, según la Red Europa de lucha contra la pobreza (EAPN), con lo que somos el país occidental con más porcentaje de trabajadores pobres (que ganan menos del 60% de la media del país), según la OCDE.

Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3 millones de españoles y sus familias. La bajada del paro es menor en 2019 que en los dos últimos años. Y aunque la tasa de paro esté ahora por debajo del 14% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (18,1% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,3% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (mayo 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (32% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (16,5% en paro frente al 12,5% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras tres no llegan al 10% (Navarra, País Vasco y Aragón).

No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,5 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva porque tienen más de 45 años.

Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En mayo, último dato de Trabajo, sólo 1.745.593 parados cobraban alguna ayuda, el 56% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 7 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla, Madrid, Canarias, Ceuta, Asturias, País Vasco y la Rioja. Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.048.500 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (697.094 parados), ahora de 817,50 euros al mes.

Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.850.000 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar más de 700.000 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos de interés, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).

Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 5 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 62,5%), según el Barómetro del CIS de junio. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales españoles y europeos.

Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un reciente estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, más de 2 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse de nuevo en un Congreso bloqueado, salvo que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.

Esta medida debería ser una prioridad del Congreso y de la mayoría de los partidos, aunque PP y Ciudadanos no la apoyan. Y el próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro y por el empleo estable, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto (se han regularizado 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso quiere decir que hay que evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.

Son retos muy importantes y que exigen tiempo, pero el empleo no puede esperar, porque es lo que preocupa a los españoles aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos este año. Al tajo.

jueves, 25 de enero de 2018

EPA 2017: más empleo, pero falta la mitad



En el último trimestre de 2017 pinchó” el empleo: se perdieron 50.900 empleos, por el freno del consumo y la crisis en Cataluña. Y en todo 2017 se crearon 490.300 nuevos empleos, más que en 2016 y 2014 pero menos que en 2015. Lo peor es que sólo un 5% fueron empleos de calidad, porque la mayoría fueron contratos temporales (91%) y a tiempo parcial (35,6%), lo que sucede desde 2009. La causa de tanta precariedad está en que se trabajan casi las mismas  horas que en 2011 y como hay más gente empleada, el “truco” es trocear” el trabajo: hay varias personas para cubrir cada puesto  y además se reparten las horas que hacen. Segundo problema: se han creado 1,86 millones de empleos, pero falta recuperar otros 2 millones perdidos. España es, junto a Grecia y Portugal, el único país UE con menos gente trabajando que antes de la crisis. Necesitamos un Plan de choque contra la precariedad y un Plan de empleo, con recursos y medidas. Si pactaron el 155 y quieren pactar la financiación autonómica, ¿no pueden acordar un Plan para crear más empleo de calidad? Urge hacerlo.

enrique ortega

2017 fue el cuarto año de crecimiento consecutivo en España (+3,1%), pero el empleo “pinchó” en el cuarto trimestre, por un cierto freno en el consumo y la crisis política en Cataluña: se perdieron 50.900 empleos entre enero y octubre, más que en el otoño de 2016 (-19.400 empleos), según la EPA conocida hoy. Con ello, en todo 2017 se crearon +490.300 empleos, más que en 2016 (+413.900) y 2014 (+433.900) pero menos que en 2015 (+525.100), lo que da un total de 1.863.200 empleos creados en estos 4 años, según los datos históricos del INE (no los "más de 2 millones" de que hablan algunos medios). El empleo 2017 se ha creado sobre todo en los servicios (+ 289.700), por el turismo, la hostelería y el comercio, pero también en la industria (+132.200), la construcción (+64.300) y la agricultura (+4.000). Y se ha creado empleo neto en todas las autonomías, salvo Castilla y León (-7.100) y Asturias (-5.400) sobre todo en Andalucía (+126.400), Cataluña (+113.600, más que los 100.800 empleos de 2016) y Madrid (+66.200).


Tras la mejora de empleo de 2017, hay que resaltar el grave problema de que es un empleo muy precario: sólo el 5% de los contratos firmados en 2017 (una barbaridad: 21,5 millones, 44 contratos por cada empleo creado) fueron “normales”, fijos y a jornada completa. El resto fueron precarios : contratos temporales (el 91,02%), la cuarta parte (el 26%) por menos de una semana y un tercio por menos (37,8%) de un mes, y a tiempo parcial (el 35,6% de los contratos), por horas o días, según datos de Empleo. Y esta precariedad en los contratos no se ha dado sólo en 2017, sino que se arrastra desde 2009: ese año ya, un 91% de los contratos firmados fueron temporales, como en 2010, y luego entre 2011 y 2015 subieron hasta el 92% de todos los contratos, para bajar al actual 91% de temporalidad en 2016 y 2017.


Se ha creado empleo en 2017 y eso ha permitido bajar el paro estimado hasta los 3.766.700 parados, según la EPA publicada hoy, una reducción anual de 471.000 personas, la menor caída del paro en los últimos cuatro años. Con esta reducción, la tasa de paro sube al 16,55%, la menor desde 2008, aunque tenemos todavía más del doble de paro que Europa: la tasa de la UE-28 es del 7,3% (noviembre) y la de la zona euro el 8,7%, según Eurostat. Y sólo nos supera Grecia (20,5% de paro), estando muy por debajo el paro de Italia (11%), Portugal (8,2%), Reino Unido (4,2%) y sobre todo Alemania (3,6%). Y lo peor es el paro juvenil (menores de 25 años), que aunque ha bajado, es del 37,4%, más del doble que en Europa (16,2%) y la zona euro) y cinco veces el alemán (6,6%).


El paro español se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.946.000, con una tasa del 18,35%, frente al 15,07% los hombres), los jóvenes (35% de paro entre menores de 29 años), los emigrantes (22% de paro)  y los mayores de 50 años (el 15% de paro, el triple que en 2007), donde hay ya 957.400 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo). Y el paro se concentra también en 5 autonomías, que siguen con una tasa de paro “insoportable”, superior al 20%: Ceuta (26,3%), Extremadura (25.12%), Melilla (24,62%), Andalucía (24,43%) y Canarias (22,04%), la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España más rica, Navarra (9,63% paro), País Vasco (10,57%) y la Rioja (11,51%). Y un dato estremecedor: han aumentado (+16.700) los hogares donde no trabaja nadie y son ya 1.210.500 hogares donde todos sus miembros están en paro. Y así llevan muchos años.


Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar, son los llamados “parados de larga duración”: en diciembre de 2017, eran 1.899.000 personas, el 50,5% de todos los parados, según la EPA publicada hoy (en la UE-28 son el 43%). Y de ellos, 1,36 millones llevan parados ya más de 2 años y un millón lleva más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar. Y no sólo por su edad (un tercio superan los 50 años) y porque están fuera del “mercado”, sino porque tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.


Con todo, la inmediata consecuencia de que los parados se mantengan meses y años en el desempleo es que acaban agotando el subsidio, si llegaron a tenerlo. Y así, lo grave no es sólo que haya 3.766.000 españoles en paro, sino que la mitad no cobran nada: en noviembre de 2017, según datos de Empleo, sólo cobraban algún subsidio 1.901.054 parados, el 50,5% de los parados estimados por la EPA (cuando llegó Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, cobraban subsidio el 55,5% de los parados). Y encima, sólo el 39,3% (748.333) cobraban un subsidio contributivo de 818 euros al mes, mientras los dos tercios restantes (1153.321 parados) cobraban un subsidio contributivo de 426 euros al mes. Esto es por los recortes que hizo Rajoy en 2012 a las prestaciones de desempleo, para rebajar el déficit público a costa de “ahorrar con los parados” (si en 2012 se gastaban 31.680 millones en los parados, en 2017 han sido casi la mitad, 18.318 millones).

Ahora, en 2018, los expertos apuestan porque España crezca menos (el 2,4%, según el FMI, frente al 3,1% de 2017), lo que se traducirá en una menor creación de empleo: unos 440.000 nuevos ocupados, frente a los 490.300 de 2017. Y aún podrían ser menos si se agravan las incertidumbres exteriores (subida del petróleo, el euro y los tipos de interés) y se enquista la crisis en Cataluña. Y este menor empleo es más preocupante porque España aún tiene que recuperar una buena parte del empleo perdido en la crisis. Así, entre 2014 y 2017 se han creado 1.863.300 empleos nuevos, pero hace falta crear otros 2 millones de empleos para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos desde 2007 (el máximo se dio en septiembre 2007, con 20.753.400 españoles trabajando y a finales de 2017 sólo había 18.998.400, según estos datos históricos del INE). En eso también vamos rezagados con Europa, porque la UE-28 recuperó el empleo de antes de la crisis en 2015 y los países euro en 2016, siendo España, Grecia y Portugal los únicos grandes países donde todavía trabaja menos gente que en 2007, según Eurostat.

Así que tenemos dos grandes retos por delante: que crezca más el empleo y que el empleo sea de más calidad, menos precario. Porque tras 9 años de enorme peso de los contratos temporales (el 91/92% del total), España se ha convertido en el país de Europa con más temporalidad: el 27,5% de los trabajadores tienen ya un contrato temporal, superando al hasta ahora “líder” (Polonia tiene un 26%) y muy por delante de Francia (17,4% temporalidad), Italia (16,3%), UE-28 (14,4%) y Alemania (12,9%), según Eurostat (septiembre 2017). Y los contratos cada vez duran menos (51,67 días de media). Además, han crecido mucho los contratos a tiempo parcial, por horas: los tienen el 14,5% de asalariados (2017), menos que en muchos países, pero con una particularidad: en Holanda, Reino Unido y otros países, mucha gente trabaja media jornada porque quiere, mientras en España, el 60% lo hace “obligado”, porque no encuentra otra cosa (los “forzosos en Europa son el 27,5%, según la OIT).

Hay que ir al origen de la precariedad, que se ceba sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. Y el origen está en que hay poco trabajo y el que hay “se trocea”, se reparte, con la ayuda de la reforma laboral que aprobó el Gobierno Rajoy en 2012. Vean el dato: en España, por la crisis, se trabajan hoy casi las mismas horas que en 2011, según la EPA: 604 millones en el 4º trimestre de 2017 frente a 597,4 millones a finales de 2011, a pesar de que hay 845.400 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Eso significa que el mismo empleo (horas) se reparte entre más personas, de dos maneras. Una, con más de una persona por empleo (la media de 2017 fueron 44 contratos por empleo creado), gracias a los contratos por meses o semanas (se firman cada mes 500.000 contratos por 1 semana). Y la otra, con contratos por horas, que reparten un empleo entre dos o más personas. Por eso hay tanta precariedad: para repartir el poco empleo disponible (y ahorrar costes).

Y no es verdad que las empresas hagan contratos temporales para “probar” a los nuevos empleados y luego hacerlos fijos. Sólo un 36% de los contratos temporales que se firman cada mes (1,5 millones) son nuevas contrataciones. Y los trabajadores temporales esperan una media de 94 meses (7,8 años) para ser fijos (antes de la crisis esperaban 57 meses). Los  tercios restantes, el 64% de los contratos temporales son “renovaciones, se hacen a trabajadores que ya están trabajando, según los datos de las oficinas de empleo (SEPE). Una “rotación” que para muchos dura años, como un mal menor frente al paro. Y además, cuando finalmente llega el ansiado contrato “fijo”, tampoco da mucha estabilidad: el 60% de los contratos fijos que se firman no sobreviven más de 2 años, según un estudio de la profesora Inmaculada Cebrián. Así que tenemos más empleo, pero de poca calidad.

La precariedad laboral, enquistada en España al menos desde 2009, es un grave problema, no sólo para quien la sufre sino para todos. Primero, porque los contratos precarios están muy mal pagados y tiran a la baja de todos los salarios, más bajos que antes de la crisis y en un nivel “mileurista” (el salario más frecuente son 16.498 euros brutos, 966 euros netos en 14 pagas, según el INE) y muy por debajo de los europeos (un 15,4% menos, según Adecco) Esta precariedad y bajos salarios aumenta la incertidumbre de los españoles, reduciendo el consumo de las familias y la natalidad, sus impuestos y sus cotizaciones, lo que se traduce en un elevado déficit de las pensiones y en que bajen los activos que tienen que pagarlas. Y todo ello para que encima España no sea un país competitivo, a pesar de ser líder en precariedad y bajos salarios: ocupamos el puesto 34 en el ranking mundial GCI.

La Comisión Europea señaló en su informe 2017 que uno de los mayores problemas de España es la precariedad laboral y la “dualidad” del mercado de trabajo (españoles con “buenos” y “malos” contratos). Y la delegación del FMI que visitó España, en octubre 2017, ya indicó al Gobierno que “debía tomar medidas para mejorar la calidad del empleo”. Pero Rajoy como si nada. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, en el punto 2.4 del Acuerdo tripartito que firmó con patronal y sindicatos: “tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos”. Palabras inútiles, papel mojado tres años después.

Urge aprobar un Plan de choque contra la precariedad laboral, pactado con sindicatos, patronal y partidos políticos. Se trataría de actuar con el palo y la zanahoria. El “palo” sería hacer cumplir la ley y permitir contratos temporales para trabajos realmente temporales, no para ocupaciones temporales (para eso están los “fijos discontinuos”). Hay que lanzar la inspección de trabajo a las empresas, con planes piloto por zonas y sectores (la hostelería en Mallorca, por ejemplo), que den un “escarmiento” a los que abusan. Claro que para eso hace falta dotar de más medios a la inspección de trabajo (tiene 1.797 inspectores y subinspectores, los mismos que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE) y que se dediquen más a inspeccionar contratos (sólo el 4% de las inspecciones hechas en 2016 fueron a combatir el fraude en la contratación temporal). Y la “zanahoria” serían ayudas a las empresas que contraten trabajadores fijos, penalizando las cotizaciones de las que hagan más contratos temporales.

Con este Plan de choque, podría conseguirse mejorar la calidad del empleo en unos años. Pero quedaría otro problema pendiente: hay que crear más empleo, porque falta recuperar 2 millones de empleos perdidos y a este ritmo (400.000 al año) se tardaría 5 años. Y eso sin pensar en los jóvenes que se incorporen a buscar trabajo. España tiene más del doble de paro que Europa y tiene que crear mucho más empleo para salvar la brecha. ¿Cómo? Pues acordando entre todos un Plan de empleo con  4 patas: más ayudas a los parados (que cobren subsidio al menos 1 millón de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), mejorar la formación de los parados (es un escándalo que haya 1.800 millones de remanente para formación sin gastar, según denuncia la patronal), reformar las oficinas de empleo a fondo (para que asesoren y coloquen de forma eficaz a los parados) y aprobar planes específicos para la colocación de jóvenes (no están cobrando las ayudas europeas de la Garantía Juvenil), mujeres y mayores de 50 años, los que más sufren el paro.

En resumen, hemos batido récord de empleos (el Gobierno y sus medios “echarán hoy las campanas al vuelo”) pero son empleos muy precarios y mal pagados, que están repartiendo el poco trabajo que hay entre más gente, “troceando” el empleo. Y aún nos queda recuperar casi la mitad del empleo perdido desde 2007, cosa que ya han hecho en EuropaY todavía hay millones de parados desesperados, como reflejan las colas kilométricas para dejar un currículo para 100 vacantes en el futuro hotel de la Torre de Madrid. Así que en vez de dormirse en el “triunfalismo”, Gobierno y oposición, junto a sindicatos y patronal, deberían pactar de una vez dos Planes, uno para reducir la precariedad y otro para relanzar el empleo, con la ayuda de un Presupuesto 2018 que debería reanimar la economía, para contrarrestar la incertidumbre del petróleo, el euro y los tipos, más Cataluña. Si PP y PSOE fueron capaces de pactar el 155 para Cataluña y ahora hablan de pactar la financiación autonómica o la política del agua, ¿por qué no pactar el empleo? Urge hacerlo.