Los salarios no alimentan la inflación

Este año 2023 debería ser el año en que subieran los salarios, tras haber perdido poder adquisitivo en 2021 y 2022 (-7,5%), al subir mucho menos que la inflación. España es el 2º país europeo donde los trabajadores han perdido más poder adquisitivo, mientras los beneficios empresariales siguen creciendo (+30% las empresas del IBEX). Y además, los salarios bajos han evitado una mayor subida de precios, que en un 80% se debe a la subida de los márgenes empresariales. “Si no hay negociación salarial, habrá conflictos”, amenazan los sindicatos, que piden un 8% de aumento en tres años (2022, 2023 y 2024), mientras la patronal propone subir el 3,5% este año, sin clausulas de revisión. La novedad es que ha caído otro mito económico: que si suben los salarios, se disparará la inflación. Economistas del FMI concluyen que se pueden subir los salarios sin alimentar la inflación. Es hora de subir los salarios, por justicia y para reanimar el consumo de las familias y evitar una recesión. Negocien.

Enrique Ortega

“Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los salarios altos en el aumento del precio (…).Nada dicen de los efectos perjudiciales de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre los efectos perniciosos de sus propias ganancias”. Adam Smith, 1776

Los salarios han vuelto a perder poder adquisitivo en 2022, por 2º año consecutivo. Los 9 millones de trabajadores que firmaron o renovaron su convenio (en 911.187 empresas) pactaron una subida salarial media del +2,78% en 2022, según Trabajo, frente a una subida media de la inflación en España del +8,4%. Eso significa que perdieron un -5,62% de poder adquisitivo. Más los trabajadores que pactaron subidas menores (un 5% pactaron subidas menores al 1%, otro 18% entre 1 y 1,5% y el 25% han tenido subidas entre 1,5 y 2%) y menos los trabajadores que tenían clausula de revisión (total o parcial) para compensar una subida extra de la inflación (ojo: solo la tienen el 21% de los trabajadores con convenio). Y el resto de trabajadores (hay 17,4 millones de asalariados), sin convenio o en pymes que no negocian salarios, han tenido subidas mínimas o se les han congelado los sueldos.

Esta pérdida de poder adquisitivo en 2022 se suma a la de 2021, donde los sueldos en convenio subieron un +1,53% frente a una inflación media del +3,1%. Otra pérdida de poder adquisitivo del -1,6%, que sumada a la de 2023, da una devaluación real de los salarios del  -7,22% en los dos últimos años. En los años anteriores, entre 2012 y 2020, los salarios crecieron más que la inflación (baja o incluso negativa), pero sólo ganaron un +2,97% de poder adquisitivo, que no compensa lo perdido ahora. Y si contemplamos la última década, entre 2012 y 2022, los trabajadores españoles con convenio perdieron un -4,25% de poder adquisitivo, según las estadísticas oficiales. Hay un dato que refleja con claridad esta  “devaluación salarial”, según CCOO: el salario ganado en 2022 está un 12,6% por debajo del de 2008 si descontamos la inflación de estos años. Ganamos menos en términos reales.

Además, España, con salarios más bajos que la Europa rica, es el 2º país de la UE donde los trabajadores han perdido más poder adquisitivo en 2022, tras Eslovaquia, según los datos de Eurostat: un -5,9% en España frente al -4,7% de pérdida en la UE-27, el -4,3% en la eurozona, el -5,7% en Italia, el -4,2% en Alemania, el -3,4% en Portugal y el -1,1% en Francia. Y esto viene pasando desde 2019, porque los salarios españoles crecen menos que la eurozona (6,5% frente al 8% en estos tres años) mientras la inflación se mantiene en línea e incluso es menor (en 2022). Para 2023, la previsión de la Comisión Europea es que los salarios españoles apenas ganen poder adquisitivo (+0,1%: subirán un 4,9% frente al 4,8% la inflación), y que en 2024 ganen otro poco (+0,4: salarios subirán un 2,7% frente a un 2,3% la inflación). Pero no será suficiente para recuperar lo perdido y así, el balance 2019-2024 para España será una pérdida de poder adquisitivo del -5,9%, la tercera mayor de la UE (tras el -6,6% de Italia y el -6,3% de la República Checa, más del doble que la zona euro (-2,4%) y mayor que la pérdida de poder adquisitivo de Alemania (-5,1%) y Francia (-1,3%). En resumen, en 15 de los 27 paises europeos, los trabajadores perderán poder adquisitivo entre 2019 y 2024, con la pandemia y la alta inflación. Y España será el 3º que más pierda.

Este deterioro de los salarios reales ha ayudado a que los precios no subieran más en 2021 y 2022, al contener los costes laborales de la mayoría de empresas. Y por eso, sindicatos y expertos critican que las empresas no hayan sido responsables y que hayan aprovechado esta crisis y el aumento de costes para subir precios y márgenes. Lo ha reconocido la consejera alemana del BCE, Isabel Schnabel, quien en una charla en Galicia constató que “las empresas europeas han subido sus precios por encima de los salarios y del coste de la energía, aumentando sus beneficios”. Y añadió que en algunos sectores, como la hostelería o los transportes, los beneficios empresariales han crecido casi un 20%, más del doble de lo que han subido los salarios nominales  y la factura energética. Lo mismo se denuncia en EEUU, donde algunos expertos destacan que el aumento del margen de las empresas (aumentaron un +42% entre el 1º trimestre de 2020 y el 2º de 2022), muy superior al aumento de sus costes (+16%) es uno de los factores claves que explican la inflación. Y dan un dato llamativo: los márgenes empresariales no habían sido tan altos en EEUU desde 1950.  

En España, se ha repetido esta situación de Europa y USA: a finales de 2022, los márgenes de las empresas eran un +60% superiores a los de finales de 2019 mientras los salarios sólo crecieron en ese periodo un +4%, según este informe de Intermón Oxfam, que toma los datos de ventas y costes de la Agencia Tributaria, que señalan un margen del 10,4% sobre ventas en el verano de 2022, frente al 8,6% de margen a finales de 2019 y el 8,4% en 2014. Las mayores subidas de márgenes, en 2022, se han dado en la construcción, los servicios, el comercio minorista, la hostelería y el transporte.

Esta fuerte subida de márgenes (superior a la de los costes) y los consiguientes beneficios empresariales son los principales responsables de la inflación en España, según este informe de Oxfam y otros de UGT y CCOO, que cuantifica esa responsabilidad: los beneficios empresariales (las empresas del IBEX aumentaron sus beneficios un +30% en el tercer trimestre de 2022) son responsables del 80% de la inflación de 2022, mientras los salarios lo son del 13,5% y el resto es por los impuestos. Y tanto Oxfam como CCOO sostienen que las alzas de precios se deben a la falta de competencia en muchos sectores (hay oligopolios) y al fuerte aumento de la demanda tras la pandemia, dos factores que han aprovechado sobre todo las grandes empresas y las multinacionales para subir sus precios, más que las pymes. Y añaden que las empresas españolas tienen mayores márgenes que el resto de las europeas desde 2019, sobre todo en el sector energético, finanzas e industrias. Si la inflación es más baja en España (5,5% en España frente a 10,4% en la UE-27), se debe a que los salarios hacen de contrapeso, al ser también más bajos y haber subido menos en estos años.

Ahora, tras dos años de moderación salarial y pérdida de poder adquisitivo, ha llegado la hora de subir más los salarios. “Si no hay negociación, habrá conflictos”, amenaza el líder de UGT, molesto con la actitud de la patronal CEOE, que no tiene prisa por pactar convenios tras haber negociado en 2022 la mitad que un año normal (1.024 convenios, con 2,7 millones de trabajadores, frente a 1.907 convenios y 4,6 millones de trabajadores en 2018). El ambiente negociador no parece propicio, después que la CEOE se levantara en mayo de la mesa negociadora con los sindicatos, argumentando que querían “saltarse una línea roja” al querer incluir en los futuros convenios una clausula de revisión salarial para defenderse ante posibles desviaciones de la inflación. Los sindicatos denuncian que las empresas aprovecharon la reforma laboral de Rajoy (2012) para suprimir esta cláusula en los convenios: si en 2008 la tenían el 70% de los trabajadores con convenio, en 2022 sólo la tenían el 21% (1,9 millones).  O sea, sólo 1 de cada 10 asalariados tienen cláusula de revisión salarial.

La patronal argumenta que les están subiendo todos los costes (energía, transporte, créditos, cotizaciones e impuestos) y que no es momento de subir mucho los salarios, porque además, eso alimentaría la inflación. Y los sindicatos les replican que la inflación sube porque están disparando márgenes y beneficios y que los trabajadores no pueden ser los paganos de la inflación, perdiendo año tras año poder adquisitivo. Las posturas de partida están encontradas: la patronal no acepta subidas superiores al +3,5% en 2023 y los sindicatos pretenden pactar subidas a varios años, que compensen lo poco subido en 2022 y aseguren un mínimo para los años siguientes. No piden “un mundo”, en la mayoría de sectores defienden una subida del 8% a tres años (3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024), pero, eso sí, acompañada de una clausula de revisión que garantice subidas extras si la inflación se dispara. Hay sectores que ya están negociando o han pactado subidas mayores, como construcción (4+3+3=10% en 3 años), sector químico (1+2+2) o banca (+4,5% para 2023). Y CCOO ya ha dicho que están dispuestos a negociar “teniendo en cuenta la situación de cada sector o empresa”.

Un elemento clave es la subida del salario mínimo interprofesional, que debe aprobar el Gobierno pero que influirá en la futura negociación salarial. Ocho paises europeos ya han subido su salario mínimo para 2023, entre un 5 y un 19% de media, desde el 15% que lo ha subido Alemania (a 1.913 euros), el 10% Paises Bajos (a 1.897 euros) o el 5,6% de Francia (hasta 1.692 euros). En España, la propuesta del Comité de Expertos es subir el salario mínimo actual (1.000 euros mensuales en 14 pagas) entre un 4,6% (1.046 euros) y un 8,2% (1.082 euros). Los sindicatos quieren subirlo hasta 1.100 y la patronal no quiere que suba más del 4% (1.040), con lo que se espera una subida “salomónica” del Gobierno, hasta los 1.070 euros (+7%), que beneficiará a un 20% de los asalariados (unos 3,5 millones de trabajadores).

Este aumento del salario mínimo tendrá un “efecto arrastre” sobre todos los salarios, en especial sobre los más bajos. Algo importante porque en España, los salarios son muy bajos, un 21,3% por debajo de la media europea (se cobra 22,9 euros por hora trabajada, frente a 29,10 euros en la UE-27 y 37,2 euros por hora en Alemania). Y el salario mediano es de 1.430 euros netos, según el INE, con un 30% de los trabajadores (5 millones) ganando menos de 1.111 euros netos al mes. Un dato que contrasta con los sueldos de los altos directivos de muchas empresas españolas: acaba de publicarse que hay 211 directivos españoles de banca que ganan más de 1 millón de euros al año. Y que el directivo bancario europeo que más gana trabaja en el Banco Santander: ganó 14,6 millones en 2021… 

Cara a esta próxima negociación salarial de 2023, hay un elemento nuevo que puede ser decisivo: los economistas del FMI acaban de señalar que “se pueden subir los salarios sin que eso alimente la inflación”, lo que desmonta el viejo “mito económico” de que hay que contener las subidas salariales para frenar la inflación. Estos economistas han estudiado 79 periodos históricos, en 38 paises (incluida España) para analizar la relación salarios/precios en un contexto de inflación de costes (no de demanda) como el actual. Y concluyen que la subida de los salarios no provocó una espiral de inflación y que si hay subidas la inflación termina bajando. En definitiva, que “las espirales sostenidas de precios y salarios son poco comunes”. Y que se puede subir salarios sin alimentar la inflación. Y que la clave son las expectativas: que los agentes económicos no apuesten por más inflación, que no se preparen ante ella disparando márgenes o salarios.

Ahora, parece que “hemos tocado techo con la inflación”, según anunció en la Cumbre de Davos la economista jefe del FMI. Y la expectativa es que la inflación baje en 2023 (al 4,8% en España) y en 2024 (al 2,3%). Por eso, empresas y trabajadores deberían pactar subidas que compensaran esta inflación prevista y parte del poder adquisitivo perdido. Las empresas venden más y han recuperado sus beneficios de 2019 en muchos sectores, por lo que pueden hacerlo (las que siguen con problemas, evidentemente no). Y subir más los salarios no es sólo un deber de justicia (repartir el pastel entre empresas y trabajadores, además de reducir la tremenda desigualdad salarial) sino también una necesidad económica: hay que reanimar el consumo de las familias, uno de los motores del crecimiento, y eso exige mejorar sus ingresos, subir más los salarios. Es la mejor vacuna para evitar una recesión en 2023 y mantener las ventas y el empleo. Los empresarios deberían verlo claro: si los trabajadores no ganan más, no podrán gastar más y ellos ganarán menos.

Al final, se trata de pactar la salida de esta nueva crisis, repartiendo el crecimiento entre salarios y beneficios empresariales. Es lo que se llama “un pacto de rentas”. Algo tan viejo como la economía, como refleja este párrafo de Adam Smith, el padre del liberalismo económico, que lo escribió en 1776, en su libro “La riqueza de las naciones”: “Nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los salarios altos en el aumento del precio (…).Nada dicen de los efectos perjudiciales de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre los efectos perniciosos de sus propias ganancias. Sólo se quejan de los efectos de las ganancias de otros”… Empresarios: ¡aplíquense el cuento!  

La pandemia dispara privaciones y pobreza

Como se temía, los últimos datos del INE revelan que la pobreza creció en España en 2020, por la pandemia y su profunda recesión económica. Hay 620.000 personas más en situación de pobreza y exclusión social, casi 12,5 millones de españoles, sobre todo mujeres solas con niños, jóvenes, parados e inmigrantes. Y lo más llamativo : casi se han duplicado los españoles en situación de privación material severa, 3.300.000 personas que tienen privaciones serias, problemas para comer carne o pescado, calentar su casa, pagar recibos o afrontar gastos imprevistos, sobre todo familias con niños. Un indicador de vulnerabilidad que vuelve a niveles de 2014, tras la anterior crisis. Urge tomar medidas para ayudar a estas familias a comer mejor, pagar sus recibos y el alquiler, con un Plan de choque para mejorar la atención social de niños, mujeres, jóvenes e inmigrantes. Y para mejorar sus ingresos, con un empleo. No podemos recuperar el país tras la pandemia dejando a uno de cada cuatro españoles atrás.

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, ya teníamos en España un serio problema de pobreza, con 1 de cada 4 españoles en situación de exclusión social, según las estadísticas europeas. Así, en 2019 había 11.870.012 personas, un 25,3% de españoles, en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador europeo AROPE que considera 3 factores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. Y con este indicador AROPE, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población). Y los 11,8 millones de España (el 25,3%) nos colocaban en 2019 (antes de la pandemia) como el 7º país europeo con más pobreza, sólo por detrás de Bulgaria (32,5%), Rumanía (31,2%), Grecia (30%), Letonia (28,4%) e Italia (27,3%) y Lituania (26,3%), según Eurostat.

La pandemia ha empeorado la situación de pobreza y privación material, al reducir los ingresos de muchas familias y llevar a otras al paro. Y eso se refleja en la reciente Encuesta de Presupuestos Familiares de 2020, publicada  por el INE, que aumenta en 620.000 personas los oficialmente “pobres”, las personas con bajos ingresos, privación material severa o bajo nivel de empleo. Son ya 12.495.000 personas (el 26,4% de la población) “en situación de pobreza o exclusión social”, lo que rompe una tendencia de cinco años seguidos en que bajó  en España la tasa de pobreza AROPE (del 29,2% máximo en 2014 al 25,3% en 2019). Este es el porcentaje medio de pobreza, pero hay familias que están peor: madres solas con niños (49,1% de esos hogares son pobres), familias con niños (37,4% pobres) y personas que viven solas (31,8% pobres). Y sobre todo los parados (54,7% en situación de pobreza), inmigrantes (43,4% de los europeos y el 58% del resto del mundo). Y sufren más la pobreza las personas que tienen sólo educación primaria (36% son pobres) y sólo la ESO (32,5%).

En 2020, con la pandemia, han empeorado dos de los tres indicadores que miden la pobreza AROPE: la pobreza monetaria y la carencia material severa, mientras ha mejorado el bajo nivel de empleo, porque la Encuesta del INE toma los datos de 2019, cuando aún no había caído por la pandemia. La pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, sí aumentó en 2020, aunque el dato es parcialmente revelador, porque toma como base la renta de 2019, que aún no había bajado por la pandemia. Aún así, hay 9.940.000 personas, un 21% de la población, que se le considera “pobre”, porque ingresó en 2020 menos del 60% de la renta media de 2019: menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con 2 hijos. Son 223.000 “pobres” más que en 2019, lo que rompe también 5 años de bajada de la pobreza monetaria (desde  el 22,2% máximo de 2014 al 20,7% de pobreza en 2019).

Este aumento de la pobreza monetaria en 2020 se ha concentrado en las mujeres (21,7% de pobreza, +0,6%) y no ha variado entre los hombres (20,2% de pobreza, igual que en 2019). Y ha aumentado sobre todo entre los niños (27,6% en los menores de 16 años, +0,5%) y entre los mayores de 65 años (18,8%, +4,3%), debido a que los ingresos de los jubilados crecieron menos que el umbral de la pobreza. Por autonomías, destaca el aumento de la pobreza monetaria en Cataluña (del 13,9 al 16,7%, un aumento del 20%) y su reducción en Ceuta, Aragón y Murcia. Pero la pobreza sigue concentrada en Extremadura (31,4% de la población), Ceuta (35,3%), Melilla (36,3%), Canarias (29,9%) y Andalucía (28,5%) y es muy reducida en Navarra (9,9% de la población), País Vasco (10%), La Rioja (15%), Castilla y León (15,1%) y Madrid (15,4%), según el INE.

Aunque ha aumentado la pobreza con la pandemia, lo más llamativo en 2020 ha sido que se ha disparado la privación material severa, las personas que no pueden hacer frente a 4 o más gastos de los 9 gastos que Europa considera básicos: no poder comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días (5,4% españoles no pueden, frente al 3,8% en 2019), no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada (10,9% no pueden frente al 7,6% en 2019), no poder afrontar gastos imprevistos (el 35,4%, frente al 33,9% en 2019), tener retraso en el último año en pagos de alquiler, hipoteca, gas o comunidad (el 12,2%, frente al 7,8% en 2019), no poder irse 1 semana de vacaciones al año (34,4% frente al 33,4% en 2019), no disponer de teléfono, TV, lavadora o coche (4,9% frente a 4,7%).

En conjunto, 3.300.000 personas, el 7% de los españoles no pudieron afrontar 4 o más de estos gastos en 2020, casi el doble que en 2019 (4,75%), un porcentaje de privación material severa similar al de 2014 (7,1%), en lo peor de la anterior crisis. Las que más sufren estas penurias son otra vez las mujeres (7% frente al 6,9% los hombres) y las familias con niños (8,2% tienen carencia material severa), en especial las madres solas con niños (el 16,8% sufrieron estas penurias en 2020). Por autonomías, donde más han aumentado estas carencias materiales ha sido en Cantabria (las sufren el 10,7% de personas, frente al 3,9% en 2019) y la Comunidad Valenciana (han saltado del 4,8 al 11,5% de la población).  La carencia de carne o pescado es más alta en Galicia, Melilla y Murcia, no poder mantener la temperatura de la vivienda se sufre más en Baleares, Melilla y Canarias y el mayor retraso en el pago de los recibos de la casa ha crecido en Ceuta, Canarias y Melilla.

Además de estos tres indicadores de la pobreza (pobreza monetaria, carencia material severa y bajo nivel de empleo), la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE refleja otro indicador: los hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes, un dato importante porque revela qué personas están en el camino de ser pobres mañana si les surge algún imprevisto. Y aquí, los efectos de la pandemia son muy evidentes: las personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes han pasado del 7,8% en 2019 al 10% en 2020. Son ya 4.733.261 personas, 1 millón más que antes de la pandemia. Y lo peor: son muchos más que en la crisis anterior (7,1% en 2014). El mayor porcentaje de personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes se da en Melilla (17,6%), Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%), Extremadura (12,7%), Murcia (11,2%) y Comunidad Valenciana (10,7%), siendo muy bajo en Ceuta (2,7%), Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%). Otro 12,8% de españoles tienen “dificultad” para llegar a fin de mes y un 22,3% más llega “con cierta dificultad”. En total, un 45% de españoles tienen problemas para llegar a fin de mes con la pandemia.

Como se temía, los datos del INE revelan con claridad que la pandemia ha disparado la pobreza y, sobre todo, las penurias económicas de muchos españoles. Con ello, se ha agravado la situación de familias que ya tenían problemas y se les han sumado otras que han perdido trabajos e ingresos con la pandemia. En consecuencia, la pobreza y la penuria se ha generalizado más y alcanza ya “a personas que tenemos cerca”, a nuestros vecinos, como revelaba la Encuesta hecha por EAPN-ES a 7.000 pobres: la mayoría son españoles (el 78,3%), adultos (27,7% tienen entre 45 y 64 años), con nivel educativo medio y alto (el 38,5% de los pobres, un 16% universitarios), que trabajan (un 33% de los pobres tienen empleo) y que viven en grandes ciudades (45,4% de los pobres) y zonas rurales (otro 30,4%). Y la mayoría sobreviven gracias a la ayuda de familias o amigos (el 21,4%) y las ONGs (el 12,3%).

La ONG Save the Children alerta que la pandemia se ha cebado sobre los niños: hay 1.100.000 niños en situación de pobreza y de ellos, más de 740.000 niños (el 14,1% de los menores de 18 años) viven en situación de pobreza severa, en hogares que ingresan menos del 40% de la renta media. Y eso dificulta su alimentación, su educación, incluso su atención sanitaria, favoreciendo que sean también pobres cuando lleguen a adultos.

Todos estos datos urgen a tomar medidas en tres frentes. El primero y más básico, asegurar una comida decente a ese 5,4% de personas (2.565.000 españoles) que se alimentan con pocas proteínas. Eso requiere potenciar con ayudas públicas los Bancos de Alimentos y canalizar lotes de comida a través de ONGs, asociaciones de vecinos y colegios, con especial atención a la alimentación de los niños. El segundo frente, ayudar a pagar el recibo de la luz y el gas, mejorando el actual bono social eléctrico: la burocracia y el exceso de requisitos provoca que sólo lo reciban 1,1 millones de familias y que otras 3,5 millones de familias vulnerables se queden fuera. Y en tercer lugar, hay que mejorar y ampliar las ayudas para el alquiler de viviendas, que son escasas y llegan a pocas familias necesitadas.

Además de estas medidas de choque, la pobreza y penuria post pandemia exigen reforzar los ingresos de las familias más vulnerables, desde el Ingreso Mínimo Vital al salario mínimo o las subidas salariales anuales. El Ingreso Mínimo Vital, la principal herramienta contra la pobreza (aprobada en mayo de 2020) no funciona bien: llegaba a mediados de julio a 320.000 beneficiarios, poco más de la tercera parte del objetivo previsto, llegar a 850.000 beneficiarios. Siguen sin solventarse los problemas (se mira la renta de 2019, no la de 2020, y hay un exceso de burocracia), lo que provoca que se hayan denegado 700.000 solicitudes (la mitad de las presentadas), mientras muchas autonomías han suprimido las rentas mínimas que pagaban (un tercio de los acompañados por Cáritas las han perdido).

Subir el salario mínimo (SMI) es otra medida clave para paliar la pobreza y la penuria material de muchas familias vulnerables, las que más cobran ese ingreso mínimo. España sigue siendo uno de los paises europeos con el SMI más bajo (1.108 euros en 12 pagas frente a 1.555 en Francia o 1.614 en Alemania)  y un Comité de Expertos ha recomendado al Gobierno subirlo de los 950 euros actuales (14 pagas) a 1.047 en 2023. Pero la patronal y la vicepresidenta Calviño se oponen a subirlo este año, argumentando que puede dificultar la recuperación y la creación de empleo. Es una postura discutible, pero la mayoría de expertos reconocen que la subida del salario mínimo es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para ayudar a las familias más vulnerables.

En paralelo, urge mejorar los salarios más bajos y pactar unas subidas salariales más altas para 2022, que contrarresten el aumento de la inflación previsto este año: el IPC puede alcanzar el 2% para este otoño, cuando los salarios han subido el 1,56% este año, según la última estadística de convenios. Si no suben más los salarios y se dispara el precio de la luz, los carburantes y la alimentación, como está pasando, serán más los españoles que sufran carencias materiales severas. Y los que tengan problemas para llegar a fin de mes.

Además, necesitamos reforzar los servicios sociales, que están superados con el aumento de la pobreza y la penuria económica, lo mismo que las ONGs. España tiene que gastar más en servicios sociales (gastó en 2019 el 17,4% del PIB en protección social, lejos del 19,3% de media europea, el 23,9% de Francia, el 21,2% de Italia o el 19,7% de Alemania), gastarlo mejor (sólo Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España, según la OCDE) y con menos desigualdad entre autonomías (sólo País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras la mayoría tienen un nivel “medio” y 10 autonomías suspenden, de ellas Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid con servicios sociales “irrelevantes”, según el índice DEC 2020).

Junto a todas estas medidas contra la pobreza, la principal es que la economía se reanime y se pueda crear empleo estable y decente, porque el desempleo y los trabajos precarios están detrás de la mayoría de las familias vulnerables. Eso pasa por poner en marcha el Plan de recuperación y gastar bien las ayudas europeas, pero también por aprobar un Plan de choque para crear empleo urgente entre los colectivos más afectados por la pandemia: las mujeres, los jóvenes, los parados de larga duración y los inmigrantes. Un Plan que incluya formación e incentivos a la contratación, con un asesoramiento personalizado a los parados de las oficinas de empleo. Y muy dirigido a las regiones y colectivos más afectados, en sus ingresos y paro, por la pandemia.

Muchos no quieren oír hablar de la pobreza y creen que es algo que sólo afecta a unos pocos, que no es un problema para la mayoría. Pero sí lo es. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. Y también ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.

Servicios sociales: escasos y muy desiguales

La pandemia deja un reguero de familias con problemas económicos, sociales y psicológicos que hay que atender. Pero los servicios sociales públicos están colapsados y las ONGs no dan abasto: Cruz Roja ha atendido a 788.000 personas más y Cáritas a 500.000 nuevos, como los Bancos de alimentos. Estamos ante “una crisis social sin precedentes”, según Cáritas, que ha agravado los problemas de pobreza y exclusión social que ya teníamos antes. Y contamos con un mínimo gasto en servicios sociales, el 11º en Europa, con una gran desigualdad entre las autonomías: sólo el País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras en 6 autonomías (donde viven el 40% de españoles) son “débiles” o “irrelevantes” (Madrid, Murcia y Canarias, los peores). Urge un gran acuerdo entre Gobierno y las autonomías para reforzar con dinero y personal unos servicios sociales públicos superados y ahogados en trámites burocráticos que no ayudan a las familias necesitadas. Hay que “curar las heridas” de la pandemia.

Enrique Ortega

Más de 15 meses de pandemia han agravado la difícil situación económica y social que 1 de cada 5 familias ya tenían en febrero de 2020. Porque no podemos olvidar que en 2019, casi 10 millones de españoles (9.695.989 personas, el 20,7% de la población) estaban en situación de “pobreza monetaria”: ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 9.009 euros anuales los solteros (menos de 750 euros al mes) y menos de 18.919 euros anuales las familias con 2 hijos (menos de 1.576 euros al mes). Eso nos colocaba, antes de la pandemia, como el 6º país con más pobreza monetaria de Europa, sólo por detrás de Rumanía (23,5%), Letonia (23,3%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), lejos de la media europea de pobreza monetaria (17,1% en la UE-28), según Eurostat. Y entre estos pobres, casi la mitad (4,3 millones, el 9,3% de los españoles) sufren pobreza severa, porque ingresan menos del 40% de la media de españoles (menos de 500 euros al mes los solteros y menos de 1.050 euros al mes las familias con dos hijos).

Ahora, como la pandemia y la crisis subsiguiente se han cebado más en España (PIB cayó un -10,8% frente al -6,4% en la UE-27), cabe esperar que se haya agravado más esta situación de pobreza post-COVID, que ya era preocupante antes. Así, un estudio de Oxfam Intermón advierte que puede haber 1.100.000 españoles más en situación de pobreza monetaria, alcanzando ya los 10,9 millones de personas (el 22,9% de los españoles). Y lo más preocupante es que la mayoría de estos “nuevos pobres” han caído en la pobreza severa: 790.000 personas más con ingresos inferiores al 40% de la media. El informe señala que el aumento de la pobreza en 2020 se concentró en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, creciendo más en Baleares, la Rioja, Navarra, Andalucía, Madrid y Cataluña.

Cáritas considera que la pandemia ha provocado una crisis social “sin precedentes”, enquistando la pobreza que ya había antes. Los datos de las ONGs que han atendido a las familias más afectadas por la pandemia son muy esclarecedoras: Cruz Roja ha atendido a 788.000 personas más y Cáritas a 500.000 nuevos demandantes de ayuda, con lo que habrán superado los 3 millones de personas atendidas en 2020 (fueron 2,4 millones en 2019). Y el Banco de Alimentos ha ayudado a 1.500.000 personas, medio millón más.

¿Cuál es la situación de estas familias pobres cuya situación ha agravado el COVID-19? Caritas acaba de publicar los resultados de una Encuesta hecha entre las 1.500.000 familias que “acompaña” y sus conclusiones son muy elocuentes. La primera, que la pandemia ha agravado su paro y ha deteriorado sus precarios contratos e ingresos: 258.000 de estos hogares que atienden no reciben ningún ingreso (+75.000 que antes) y 825.000 familias (el 55% de las que acompañan) están en situación de pobreza severa, dos tercios de ellas con menores. La segunda, que sólo el 3,6% de estas familias atendidas por Cáritas están cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras un 39% han dejado de cobrar las rentas de inserción que antes les pagaban las autonomías. Y la tercera, que ante este deterioro de sus ingresos, el 16% de las familias acompañadas se han visto obligadas a cambiar de vivienda (77.000 familias) y casi la mitad tiene problemas para pagar el alquiler o su hipoteca (el 44%) o los recibos mensuales (el 47%). Y un 16% sufren problemas tecnológicos, que les impiden acceder a la educación online o a buscar empleo en la Red.

Estas familias, más empobrecidas por la pandemia, no sólo sufren problemas económicos y sociales: 3 de cada 10 hogares atendidos por Cáritas han empeorado su salud física y, más de la mitad, también la mental, con un aumento de la soledad (recordemos que hay 4.889.000 españoles que viven solos, más de 2 millones de ellos con más de 65 años, el 75% mujeres que viven solas). Y la Encuesta refleja también “un agotamiento” de las relaciones sociales y la ayuda familiar: en lenguaje claro, que a las familias necesitadas se les cierra la puerta de amigos y familiares que les ayuden, tras años pidiendo ayuda. Y por todo ello, el 55% de las familias acompañadas por Cáritas tienen “miedo al futuro”.

Ante esta situación de emergencia social provocada por la pandemia, los servicios sociales de las autonomías y Ayuntamientos están superados (ya antes atendían a 5 millones de personas al año). Y muchos descargan la atención en las ONGs, que tampoco dan abasto, por falta de medios, personal y financiación. Al final, la pandemia ha revelado lo vulnerables que son los servicios sociales en España. Un problema es que es fruto de una década de bajas inversiones en servicios sociales y de los recortes hechos entre 2010 y 2015, tanto en los Presupuestos del Estado como en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos.

El hecho relevante es que España es el único de los grandes paises europeos que redujo su gasto social entre 2012 y 2017, según ha revelado Eurostat: pasó de suponer el 25,7% del gasto público total en 2012 a ser el 23,4% en 2017, muy por debajo de la media de la UE-27 (27,9% del gasto es social) y de paises como Italia (29,1%), Alemania (29,7%) y Francia (32,2% del gasto es social). En este gasto social se incluye la sanidad, la educación, las pensiones, el desempleo y los gastos de protección social. Si nos centramos en estos últimos, que tienen que ver con el gasto directo para atender la emergencia social, España está también a la cola de los grandes paises: gastó en 2019 en protección social el 17,4% del PIB, lejos del 19,3% de media europea y mucho menos que Francia (23,9% del PIB), Italia (21,2%) o Alemania (19,7% del PIB), paises con muchos menos problemas sociales. Y somos el 11º país en la UE-27 por gasto en protección social, según Eurostat.

No se trata sólo de que España gaste mucho menos (-23.600 millones cada año) en protección social que Europa, es que además, lo gasta mal, con menos eficacia, porque las ayudas benefician porcentualmente más a las familias con ingresos medios y altos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI): el 40% de las familias más pobres reciben el 30% de las ayudas sociales. De hecho, la OCDE ha dicho que, entre sus 34 paises miembros, sólo  Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España.

Menos gasto social, mal repartido y además muy desigual por autonomías, con lo que depende donde uno viva para que las familias necesitadas sean mejor o peor atendidas, según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La primera clave de esa desigualdad está en lo que gasta cada autonomía en gasto social: entre 738 euros por habitante y año en Navarra, 687 euros en Euskadi o 514 euros en Extremadura y 299 euros por habitante y año en Murcia, 353 euros en Madrid, 367 en Galicia y 376 euros en Andalucía. Y sobre esa base, más o menos gasto, hay también una brecha en el personal de servicios sociales que tiene cada una: 1 profesional por 745 habitantes en Navarra, 1 por 1.902 en País Vasco o 1 por 1995 en Asturias frente a 1 profesional por 3.219 habitantes en Canarias, 1 por 3.166 en Extremadura o 1 por 3.084 habitantes en Cantabria.

Al final, el estudio de los Directores de Servicios Sociales pone una nota a cada autonomía (de 1 a 10), en base a tres parámetros: los derechos sociales que reconoce y su decisión política (0 a 1,5 puntos), el gasto social que hacen (de 0 a 3 puntos) y la cobertura de servicios sociales que prestan (de 0 a 5,5 puntos). Y así concluyen que sólo 3 autonomías ofrecen un nivel “excelente” de servicios sociales: País Vasco (7,95 puntos), Navarra (7,90) y Castilla y León (7,30). Otras 8 aprueban con un nivel “medio”: Asturias (6,30), Castilla la Mancha (5,75), Aragón (5,65), La Rioja (5,60), Extremadura (5,15), Baleares (5,15) y Cataluña (5,05 puntos). Y las 6 regiones restantes suspenden: dos tienen un nivel “débil” de servicios sociales (4,65 puntos Comunidad Valenciana y 4,50 Galicia) y otras 4 autonomías tienen unos servicios sociales “irrelevantes” (4,65 puntos Cantabria, 3,40 Canarias y 3,20 puntos Murcia y Madrid, los “farolillos rojos” de la asistencia social). Lo preocupante es que en estas 6 autonomías que suspenden en servicios sociales viven el 40% de los españoles.

El estudio no sólo puntúa los servicios sociales autonómicos sino que analiza sus problemas. El primero y fundamental, señalan, la sobrecarga de gestión, que ya tenían antes pero que ha agravado la pandemia, llevando a muchos de estos servicios públicos a derivar a las familias necesitadas a ONGs como Cáritas o Cruz Roja (“un termómetro de su fracaso”). Además, advierten, ha aumentado la complejidad burocrática y los trámites para solicitar ayudas son demasiado farragosos, lo que disuade a muchos necesitados. Es lo que pasa, según los Directores de Servicios Sociales, con los trámites para pedir el ingreso mínimo vital o las ayudas a la dependencia (los trámites tardan de media 430 días), lo que lleva a que 229.493 dependientes (el 16,62% del total) están en lista de espera para recibir la ayuda o servicio que tienen reconocido. Y también es escandalosa la asistencia a las personas sin hogar: los servicios sociales tienen 19.093 plazas en albergues, 40,7 por 100.000 habitantes, que oscilan entre 170 plazas/100.000 habitantes en Euskadi a 34 en Madrid o 23 en Cataluña.

Visto el panorama, nos encontramos con un país en emergencia social por la pandemia, con más pobres y más familias vulnerables, pero con una red de servicios sociales colapsada y con pocos medios, que no ofrece soluciones a la mayoría de los necesitados. ¿Qué se puede hacer? La Plataforma del tercer sector, que representa a 28.000 entidades sociales de toda España, se reunió en abril con el Ministerio de Economía y presentó sus propuestas para la mejora de los servicios sociales: aumentar el gasto social a la media de la UE, subir el salario mínimo, mejorar el ingreso mínimo vital, reducir la brecha digital de las familias más desfavorecidas, reforzar el sistema sanitario público, mejorar la política de vivienda y ampliar la oferta de alquileres sociales y una fiscalidad más progresiva.

Una medida urgente es mejorar de una vez el ingreso mínimo vital, que acaba de cumplir un año (se estrenó el 15 de junio de 2020) con un balance muy pobre: había 260.206 beneficiarios (en familias donde viven 680.000 personas), menos de la tercera parte de los 850.000 beneficiarios a los que esperaba llegar el Gobierno. Todas las ONGs y expertos se quejan de un exceso de burocracia y  de que no se incluye la situación real de las familias más vulnerables, como lo demuestra que de las 1.320.000 solicitudes recibidas y las 1.100.000 ya tramitadas, 700.000 se han denegado. Y lo peor es que, con la entrada en vigor del IMV, varias autonomías han reducido o suprimido sus rentas mínimas de inserción, como demuestra que un tercio de las familias acompañadas por Cáritas las hayan perdido.

Además de mejorar el ingreso mínimo vital, es importante subir el salario mínimo (más bajo en España que en la mayoría de Europa), porque muchas familias desfavorecidas ingresan ese salario mínimo o uno vinculado. De hecho, un Comité de Expertos acaba de recomendar al Gobierno subirlo un 10%, elevarlo de los 950 euros actuales (en 14 pagas) a una franja entre 1012 y 1047 euros para 2023. El debate está en el seno del Gobierno, por la llamada de atención de la patronal y algunos expertos a que se puede crear menos empleo (precario) si sube el salario mínimo. Pero es una vía clara para reducir la pobreza de muchos.

Otras medidas para reducir las heridas sociales de la pandemia son las políticas activas de formación y empleo, porque la mejor ayuda a los más desfavorecidos es ayudarles a trabajar. Y apoyos concretos a la vivienda y el alquiler, ampliando el parque de viviendas sociales, hoy casi inexistente. Y ayudas concretas para el pago de los recibos (luz, agua, gas, Internet) de los más desfavorecidos, sin olvidar los apoyos a la educación de sus hijos, con políticas concretas contra el abandono escolar y para reducir su brecha digital. Y por supuesto, una reforma fiscal que consiga más ingresos y permita aumentar los gastos sociales.

Las ONGs y los expertos en servicios sociales creen que España debe aprobar una Ley de Servicios Sociales, que asegure un marco estable de gasto público, coordine mejor los esfuerzos del Estado, autonomías y Ayuntamientos y consiga una cartera de servicios mínimos a prestar, al margen de donde vida cada uno. De momento, el Gobierno ha prometido destinar 600 millones de los Fondos europeos a la mejora de los servicios sociales. Pero no es sólo cuestión de dinero, sino de mejorar su funcionamiento, quitar burocracia y conseguir que funcionen con la agilidad y cercanía de Cáritas o la Cruz Roja. Es un reto clave, más ahora que la pandemia nos deja un reguero de familias vulnerables. No podemos dejarles tirados.

La pandemia se come los salarios

Con la pandemia, los ingresos de los trabajadores europeos cayeron un -4,8% en 2020, según Eurostat. Y en España más, un -5,7%. Unos trabajadores perdieron todos sus ingresos (se quedaron en paro), otros más de una cuarta parte (al pasar a un ERTE) y la mayoría ganaron menos porque trabajaron menos días y menos horas. La caída de ingresos fue desigual: más para jóvenes, mujeres e inmigrantes y trabajadores precarios, sobre todo de hostelería y comercio, en Canarias, Baleares y Cataluña. Al final, en 2020, el coste salarial le bajó a las empresas un -1,2% y los convenios subieron de media un +1,89%. Este año 2021, la negociación salarial será dura: las empresas van a subir aún menos los sueldos, tratando de congelar muchos e incluso bajar otros, a cambio de mantener el empleo. Pero ojo: necesitamos que suban los salarios (incluido en salario mínimo), aunque sea poco, para reanimar el consumo y la economía, a cambio de mejorar la productividad. Los trabajadores pobres apenas gastan.  

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, los salarios llevaban cuatro años (2016-2019) subiendo en todo el mundo, entre el +1,6% y el +2,2% anual,  tras el largo ajuste que sufrieron (2010-2015) a raíz de la anterior crisis. Pero en 2020 se rompió esa tendencia, sobre todo a partir de marzo y será el primer año en que caigan los ingresos de los trabajadores, en todo el mundo, según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cifra en una caída global del -6,5% los ingresos de los trabajadores en el mundo, una caída que ha sido mayor entre las mujeres (-8,1%) y sobre todo entre los trabajadores con sueldos más bajos (habrán perdido un -17,3% de ingresos). Una parte de esa caída de ingresos ha sido paliada por las ayudas públicas (subsidios, ERTEs, ayudas a familias), pero se han repartido de forma desigual y no han servido para evitar pérdidas de ingresos.

En Europa, la estimación de Eurostat es que la renta laboral cayó un -4,8% en 2020, por los despidos (se cambia sueldo por subsidio, si se cobra), ERTEs (los trabajadores cobran el 70% del sueldo) y la reducción de días y horas trabajadas: se han hecho un 16,8% de horas menos de media en Europa (y -25% en España), según un estudio del BCE. La mayor pérdida de ingresos laborales se ha dado en Croacia (-10,6%), Grecia (-7,7%), Francia (-7,65), Chipre (-7,4%) e Italia (-7,6%), ocupando España el puesto 10º en el ranking de paises donde más cayeron los ingresos laborales, un -5,7% en 2020, según Eurostat. Los colectivos que sufrieron una mayor pérdida de ingresos fueron los trabajadores temporales y los jóvenes (-11,5%), las mujeres, los inmigrantes y los trabajadores con bajos sueldos (que sufrieron una caída entre 3 y 6 veces mayor que la media en la mitad de Europa).

En toda Europa, las ayudas públicas mitigaron parte de esta caída de ingresos. Pero finalmente, los trabajadores con menos sueldos perdieron más ingresos con la pandemia que los que ganan más, según Eurostat. En el caso de España, la renta salarial del 30% que menos gana cayó un -10% (más que en la UE-27, donde estos trabajadores perdieron un -8%). Y con las ayudas públicas  recibidas (subsidios, ERTEs, ayudas a familias), la caída se quedó finalmente en el -7%. Por el contrario, el 30% de españoles que más ganan perdieron sólo un -2% de ingresos con la pandemia, que se quedó en una caída del -1,5% tras las ayudas. Y en la franja de sueldos medios (el 40% restante de trabajadores), la pérdida de ingresos fue del -6,5% y se quedó en el 4,5% tras las ayudas públicas recibidas. Con ello, España ha sido el tercer país europeo con más desigualdad en el efecto salarial de la pandemia, tras Portugal y Luxemburgo.

Precisamente, una de las cuestiones que más preocupa a la OIT es que la pandemia ha agravado la desigualdad salarial en el mundo. Y lo mismo confirma Eurostat en Europa. En España, un estudio de CaixaBank y la Universidad Pompeu Fabra hecho sobre 3 millones de nóminas revela que la desigualdad salarial se agravó entre marzo y junio (con el confinamiento) y que se ha mantenido después, perjudicando más los sueldos de jóvenes, mujeres e inmigrantes, trabajadores de hostelería y comercio y los que trabajan en Baleares, Canarias y Cataluña, los más afectados por la pandemia y la recesión.

Los sindicatos ya alertaron en junio del riesgo de “intensa devaluación salarial en la segunda mitad del año”, mientras el presidente de la patronal CEOE reclamaba en el Congreso (12 de junio) “más facilidad para hacer ajustes salariales” y “más flexibilidad para aplicar descuelgues en los convenios colectivos que obligan a determinadas subidas salariales”. El resultado lo anticipaba una Encuesta empresarial hecha en verano por la consultora JPMG: casi el 60% de las empresas consultadas bajarían o congelarían el sueldo de consejeros, directivos y empleados en la segunda mitad de 2020, mientras que sólo el 4% de las empresas decían que iban a subir los sueldos en lo que quedaba de año. Y además, la mayoría de los encuestados (34%) preveían reducir también la retribución variable a los que tienen bonus, mientras otro 23% las retrasará y modificará y sólo el 24% las mantendrán.

Al final, el primer efecto claro de la pandemia es que se han negociado en 2020 muy pocos convenios colectivos y con una subida menor, según los datos de Trabajo. Al cierre de diciembre, se habían firmado sólo 524 convenios de empresa (424) y sector (100), la tercera parte que en 2019 (1.666 convenios firmados), que ya eran menos que los tres años anteriores (cerca de 1.900). Al final, entre los convenios nuevos y los vigentes de años anteriores, fueron 7.665.586 trabajadores los que revisaron su salario por convenio (poco más de un tercio de los 19.874.300 ocupados que hay en España), con un aumento medio del +1,89%, muy inferior al +2,24% que subió el salario de convenio en 2019.

Como se ve, la mayoría de los trabajadores no firmaron subida salarial o están fuera de convenio, por su tipo de contrato o su trabajo. Y aquí, el dato disponible lo da el INE, con su Encuesta de coste laboral. El último publicado, del tercer trimestre de 2020, indica que los costes laborales de las empresas españolas cayeron un -8,3% en el 2º trimestre y un -1,1% en el tercer trimestre, evidentemente por la pandemia. Cayó más el gasto en cotizaciones (por los ERTEs y despidos), pero también cayeron los costes salariales, lo que las empresas pagan a los trabajadores: un -1,2% cayó el coste laboral ordinario (sin atrasos ni pagos extras), entre septiembre de 2020 y un año antes. Con lo que salario medio se quedó en 1.689,45 euros de media en septiembre 2020, 21,90 euros menos que en septiembre de 2019. Esa es la bajada media mensual por la pandemia.

Esa bajada salarial media (-1,2%) ha sido mayor en la industria (-1,9%) y menor en los servicios (-1,3%), mientras ganan más que hace un año los trabajadores de la construcción (+1,2%), quizás por la recuperación inmobiliaria y la falta de operarios en algunas especialidades. Con todo, la mayor caída de sueldos se ha dado en la hostelería (-27,3%), cuyo sueldo medio es también el más bajo (810 euros de salario ordinario en septiembre 2020),  seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (1.197 euros), otros servicios (1.190), actividades artísticas y recreativas (1.300) y comercio (1.464 euros mensuales). Y por regiones, las mayores caídas de sueldos en 2020 se dieron en Canarias (-13,7%), Extremadura (-11,6%) y Baleares (-5%), según el INE.

Vistos los efectos salariales de la pandemia hasta ahora, queda estimar qué puede pasar en 2021. La OIT está preocupada por una nueva caída de los ingresos laborales este año, sobre todo cuando los Estados retiren las ayudas públicas, que han compensado en parte las pérdidas de ingresos en 2020. Los expertos temen sobre todo la nueva caída (-20%) en los salarios más bajos y un aumento de la ya fuerte desigualdad salarial, en perjuicio otra vez de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores pobres. En Europa, se anuncian ya bajadas de salarios en Francia e Italia. Y en España, las encuestas realizadas anticipan que una gran parte de las empresas pretenden congelar salarios, un porcentaje menor bajarlos y los que puedan subirlos no lo harán más de un 1%, la mitad del 2% de subida pactada por el Acuerdo trianual de sindicatos y patronal para 2020.

La negociación salarial se espera para febrero y marzo y las empresas están retrasando su propuesta hasta ver qué pasa con la 3ª ola de contagios y la esperada recuperación del primer trimestre. La ventaja es que en 2021 tendremos también una inflación baja, no tanto como la de 2020 (el IPC anual cayó un -0,5%), pero podría estar entre el +0,6 y el +0,9% anual (previsión del Gobierno, que no se alcanzará, según muchos expertos). Eso supone que si los sueldos suben un 1% de media en 2021, ganaremos poder adquisitivo, como ya sucedió en 2020 (se ganó un +1,5%). El Gobierno ya ha marcado el camino, subiendo un +0,9% el sueldo de los funcionarios y las pensiones, mientras deshoja la margarita de subir o no ese 0,9% al salario mínimo (que es de 950 euros en 14 pagas, 1.108 en 12).

El debate sobre la revisión del salario mínimo (SMI) ha creado polémica entre sindicatos y patronal, enturbiando la negociación colectiva, y también en el seno del propio Gobierno, donde el PSOE quiere congelarlo y Podemos subirlo un 0,9% (ojo: supondría 9,97 euros al mes, 33 céntimos diarios). Al margen de lo que cada uno piense, hay dos datos que aportar. El primero, que 15 paises de Europa han subido ya o van a subir el salario mínimo, a pesar de la pandemia y la recesión, entre ellos Francia (+1,2%, hasta 1.230 euros), Alemania (+2%, hasta 1.536 euros en julio), Holanda (algo menos del +2%, 1.654 euros), Reino Unido (+2,2%, hasta 1.561 euros), Irlanda (+1%, hasta 1.632 euros), Portugal (+4,7%, hasta 635 euros) y Polonia (+7,7%, hasta 630 euros). Y el otro, la reflexión de la OIT, que ha pedido a los paises una subida del salario mínimo porque es una manera de contrarrestar los efectos de la pandemia en los trabajadores más vulnerables, que son los que más ingresos pierden.

En España, algo más de 2 millones de trabajadores cobran el SMI y la mayoría tienen trabajos muy vulnerables, que son los más afectados por la pandemia, especialmente mujeres (6 de cada 10 personas que cobran el salario mínimo), jóvenes, trabajadores de los servicios (3 de cada 4 perceptores del SMI) y que viven en Andalucía (1 de cada 4 perceptores), Madrid (336.000) y Cataluña (193.000). Parece poco justificable privarles de una subida de 33 céntimos diarios, cuando ese 0,9% se ha subido a funcionarios y pensionistas. Y si una empresa (en el campo, la hostelería, el comercio o la limpieza) no puede pagarles esos 9,97 euros más al mes, su problema no es la subida del SMI sino su propia subsistencia.

Este debate del SMI abre otro que es mucho más de fondo: qué subida salarial se puede acordar para 2021. Si las empresas “se cierran en banda” y se atrincheran en congelar salarios o incluso bajarlos, amparadas en la pandemia, se va a torpedear la recuperación. Porque el principal motor del crecimiento es el consumo privado (aporta más del 50% del PIB) y no habrá mejoría del consumo si los sueldos se estancan o bajan (y tampoco si no despejamos las incertidumbres y acabamos con  la 3ª ola). Por eso, si las empresas quieren recuperar sus ventas, deben subir algo los sueldos de sus trabajadores. Al menos el 1%, para que puedan ganar algo de poder adquisitivo. Y las que puedan subir más, deben hacerlo, en favor de la recuperación. Eso sí, a cambio, sindicatos y trabajadores tienen que comprometerse a mejorar la productividad, a trabajar con eficacia.

En definitiva, la gran preocupación de 2021 es reanimar la economía y que no crezca el paro, pero hay que preocupase también de que los que tienen un empleo no pierdan más ingresos y no caigan sus sueldos, para que puedan gastar y consumir. Los “fundamentalistas” del ajuste salarial deben entender que va contra sus intereses, contra la lógica económica, además de ser socialmente injusto, porque lo que bajan son los sueldos peores, no los medios y altos, como ya pasó en la anterior crisis y como ha sucedido en 2020. No vale hablar de ajustarse el cinturón cuando sólo lo hacen algunos y cuando eso frena la recuperación. Hay que pactar una subida de sueldos razonable, equitativa y justa.