Reforma pensiones: otro "parche" insuficiente

El Gobierno ha completado la 1ª fase de reforma de las pensiones, con una subida por 10 años de cotizaciones (+0,6%), que no apoya la patronal. Esta medida evita los recortes de las futuras pensiones que aprobó Rajoy con el Factor de Sostenibilidad (-30% para 2050), pero la recaudación extra (+42.000 millones, con la “hucha” actual) será “insuficiente” para afrontar los gastos extras por la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), unos 50.000 millones. La decisión es esperar a 2033 y entonces, con las previsiones de ingresos y gastos, decidir nuevos ingresos o  recortar gastos. Se trata de “ganar tiempo” con esta primera reforma (subidas con el IPC, más transferencias del Presupuesto, incentivar retraso en la jubilación, aumento cotizaciones) y esperar a que los próximos “agujeros” los resuelvan futuros Gobiernos (o Europa). Habría que afrontar ya el déficit estructural de las pensiones y pactar  un sistema que permita pagarlas con seguridad de aquí a 2050. Sin “parches” ni “politiqueo”. Se pueden salvar.

Enrique Ortega

La subida temporal de cotizaciones sociales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, es “la cuarta pata” de la primera fase de la reforma de las pensiones, aprobada en el Congreso el pasado 27 de octubre, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu. La reforma aprobada dentro del Pacto de Toledo contemplaba la revalorización de las pensiones con el IPC, el cargo al Presupuesto de muchos gastos “impropios” con los que hasta ahora cargaba la Seguridad Social,  acercar la edad real de jubilación a los 67 años legales e incentivar trabajar más años voluntariamente y sustituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy que pretendía recortar las pensiones futuras (a partir de 2023) por un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional”, que asegure las pensiones futuras.

Los tres primeros acuerdos  de esta reforma ya estaban en marcha. 2022 será el primer año en que las pensiones suban no lo que decida el Gobierno de turno (+0,25% Rajoy, +0,9% Sánchez en 2021) sino lo que suba la inflación media prevista (IPC noviembre 2021-noviembre 2022), el próximo año sobre un +2,4%. Una medida que parece justa pero que va a encarecer la factura de las pensiones en los próximos años, sobre todo hasta que no baje sensiblemente la inflación. De hecho, la estimación es que la revalorización de las pensiones cueste en el año 2022 unos 5.000 millones de euros (3.000 millones por la subida anual y otros 2.000 por la “paguilla” que se va a pagar a los pensionistas en enero, para compensar la desviación de precios de 2021, unos 200 euros para una pensión de 1.000 euros).

El segundo punto del acuerdo, que el Presupuesto cargue con parte de los gastos impropios de la Seguridad Social, ya se empezó a aplicar en 2021: se transfirieron a la SS 13,929 millones para cubrir parte de esos gastos impropios (22.567 millones que se pagan con cotizaciones) y ,además, se cargó con más de la mitad del déficit esperado para 2021 (1,7% del PIB sobre el 3% de déficit total), otra transferencia de 18.396 millones, lo que suma unos 32.000 millones de euros aportados a la SS para tapar la mayor parte de su “agujero”. Para 2022, el Presupuesto incluye otra transferencia a la SS de 18.396 millones para cubrir “gastos impropios” (prestaciones por maternidad y paternidad, reducción de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales, coste jubilaciones anticipadas voluntarias, complementos de prestaciones contributivas y pago del presupuesto del Ministerio de Trabajo), más otros fondos públicos para complementar pensiones mínimas (7.000 millones) y para pensiones contributivas (2.700), más otros recursos para tapar parte de su déficit (6.000 millones). Y para 2023 está previsto que el Presupuesto cargue con todos los “gastos impropios” de la Seguridad Social (22.567 millones)  y acabar así con su déficit.

La tercera pata del acuerdo pretendía acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses de media) a la edad oficial (66 años en 2021). Y eso porque es una medida importante de ahorro de gasto: se podría reducir el gasto en pensiones en 14.000 millones anuales por cada año que suba la edad real de jubilación (hay 2,4 años de margen hasta los 67 años con que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo hay 2 vías, que el Gobierno tiene ahora que concretar y proponer al Pacto de Toledo: penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 38% de los jubilados en 2020), que ya sufren recortes en la pensión del -1,65 al -2% por cada trimestre que anticipan su jubilación. La otra medida que se estudia es incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde, algo que ya se hace hoy, pero con poco apoyo (un 2% de pensión extra, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivar mucho más (4,6% anual) el retraso de la jubilación y “visualizar” esta compensación con la entrega de un cheque a los que se jubilen más tarde.

El cuarto punto del acuerdo era el más peliagudo y por eso se ha dejado para ahora, introduciéndolo como enmienda en esta reforma de las pensiones que debate el Parlamento (y que el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar antes de fin de año): la sustitución del Factor de Sostenibilidad que aprobó Rajoy en 2013 por un nuevo sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para afrontar el gasto extra en pensiones que va a suponer la jubilación de los “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. El Factor de Estabilidad contemplaba un recorte de las pensiones futuras, para afrontar este mayor gasto y el hecho de que los futuros pensionistas vivirán más y cobrarán más años. La estimación de un Grupo de Expertos, en un informe entregado en junio de 2013, era que la aplicación del Factor de Estabilidad supondría un recorte de las futuras pensiones que iba del -6,61% para los que se jubilasen en 2024 al -12,03% para los que se jubilaran en 2034 y un recorte del -20% para los que se jubilaran en 2053 (-266 euros sobre los 1.193 de pensión inicial actual). Y ahora, el ministro de SS dice que ese recorte podría ser realmente del -30%.

Los sindicatos y el Gobierno, que no apoyaron la reforma de Rajoy de 2013 (la decretó en solitario) no estaban dispuestos a aplicar el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor retrasó el propio Rajoy a 2023 (para conseguir que el PNV apoyara los Presupuestos 2018). Y ambos consiguieron que el Pacto de Toledo (PP incluido) rechazaran su aplicación y apoyaran otro sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que acaba siendo una subida temporal de cotizaciones (de 2023 a 2032), del +0,6%. Y como la patronal no ha firmado el acuerdo, se le ha penalizado en el reparto: un +0,5% subirán las cotizaciones empresariales y otro +0,1% más pagarán los trabajadores. No es mucho: en un sueldo medio de 2.000 euros, la empresa pagará 10 euros más al mes y el trabajador 2 euros más.

La patronal no ha firmado esta parte del acuerdo de reforma (si las tres restantes) porque alega que subir las cotizaciones sociales desincentiva el empleo, encarece la contratación. Y es cierto. Pero el Gobierno contraataca con dos datos. El primero, que el peso de las cotizaciones sociales es menor en España que en Europa: las cotizaciones sociales en Europa suponen un 16% del PIB, frente al 13,7% en España (sube al 13,9% con el aumento temporal de cotizaciones). Es verdad, pero también lo es que la aportación de las cotizaciones de las  empresas es mayor en España que en Europa (9% del PIB frente al 7,3% las empresas UE), mientras es menor la aportación de los trabajadores. Y que el peso de las cotizaciones empresariales sobre los salarios es mayor en España (29,9% del salario bruto) que en la media de la UE  (22,1% del salario bruto) y que en Alemania (19,8%), aunque es menor que en Francia (cotizaciones empresas son el 36,3% salario) o Italia (31,6%), según la OCDE. Algo que se explica porque los sueldos son más bajos en España.

El otro dato que aporta el Gobierno frente a la crítica patronal es más decisivo: los costes laborales (salarios más cotizaciones) son mucho más bajos en España, con lo que hay margen para subir un poco y por 10 años las cotizaciones sin poner en peligro la competitividad con otros paises. Concretando, España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia), 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a los de Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los costes laborales de Alemania y un 23,7% inferiores a los de Italia (28,7 euros).

Con esta subida temporal de cotizaciones sociales (2023-2032), el Gobierno espera rellenar “la hucha” de las pensiones, que se creó en el año 2000 y llegó a tener un remanente de 66.815 millones en 2011, de los que tuvo que tirar Rajoy (-58.720 millones) y Sánchez (-5.957) para cubrir el pago de pensiones en los últimos años, con lo que sólo quedan en la hucha 2.138 millones. Ahora, la previsión del ministro Escrivá es que el recargo de cotizaciones (y la rentabilidad que se saque a la hucha, un 3,5%) permita ingresar en la hucha unos 38.500 millones de euros, que sumados a los 2.138 que ya hay (y sus  intereses) se consiga tener ahorrados 42.000 millones de euros a finales del año 2.032.

¿Será suficiente? Todos los cálculos, de la AIReF y de la Comisión Europea, indican que no. Sus estimaciones señalan que el aumento de jubilaciones por la generación del “baby boom” (1960 a 1975) provocará un gasto extra de pensiones de 25.000 a 30.000 millones en 2033 (que sí cubriría “la hucha”) pero que superaría los 50.000 millones (de hoy) en 2050, lo que provocaría entonces un agujero mínimo de 8.000 millones, que algunos aumentan incluso hasta los 20.000 millones, por diversos factores. La mayoría de expertos creen que el gasto en pensiones se va a disparar hasta 2050 por tres causas: el coste de la revalorización anual con el IPC (acumulativo), el aumento de pensionistas (de los 9,3 millones actuales a 15,67 millones en 2050, según el INE), que además vivirán y cobrarán durante más años, y unas pensiones iniciales más altas (ya ha pasado: la pensión inicial de jubilación ha subido de 620 euros en el año 2.000 a 1.053 en 2008 y 1.419 euros en 2021).

El nuevo Mecanismo de Equidad Generacional aprobado ahora contempla que en 2033 se hará un examen de la evolución del gasto en pensiones. Si demuestra que el gasto se ha desviado más del 0,2% del PIB sobre lo previsto por el informe de la Comisión Europea (que hará en 2024), se destinará parte o toda la hucha a cubrirlo (si no hace falta, se destinarán esos 42.000 millones a bajar cotizaciones o mejorar pensiones). Y si no fuera suficiente, se propondrá a los firmantes del Pacto de Toledo (partidos y fuerzas sociales) un nuevo aumento de ingresos (más cotizaciones o aportaciones del Presupuesto) o bien reducir el gasto en pensiones (sobre el PIB). Así que de alguna manera, el mecanismo aprobado supone “ganar tiempo” y aprobar un parche que convenza a la Comisión Europea, sabiendo que en el futuro habrá que tomar nuevas medidas. Y casi seguro que antes de 2033.

La cuestión de fondo, que no se afronta ahora, es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio y largo plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico, de baja natalidad, que se suma a una menor creación de empleo, por la revolución tecnológica y digital. Basten dos datos: habrá que pagar  a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (que vivirán además 4 años más de media, cobrando pensión 20,2 años) y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba de relojería” que hay que desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer  a los españoles que las pensiones del futuro están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crea riqueza y se puede permitir destinar el 16 o el 20% de esa riqueza a pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con  previsión y control, para que las cuentas cuadren, que no se dispare el gasto o falten ingresos y haya que adoptar de repente recortes drásticos. Eso obliga a planificar una senda realista de gastos (asegurar unas pensiones “dignas” en el futuro) y estudiar con que ingresos reales se puede contar y buscar otros posibles. Con transparencia y sin politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los futuros ingresos para financiar las pensiones, lo que debe llevar a subir las cotizaciones, especialmente las máximas (a partir de 4.070,10 euros no se cotiza), así como las bajas cotizaciones de los autónomos,  con el objetivo de que el peso de las cotizaciones sociales (sobre el PIB) se equipare a la zona euro (hay todavía un colchón para subirlas  36.000 millones). Y ver si una parte mayor de los impuestos de todos puede ir a pagar parte de las pensiones, recaudando más impuestos, dado que España recauda cada año 85.000 millones menos que la media europea, según Eurostat.

Y luego, habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones sino de “atemperar” su crecimiento futuro, utilizando varias vías de las que se habla en privado pero no en público: ampliar los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión (de los 25 años que se tomarán en 2022 a 35 años o toda la vida laboral) o aumentar los años que se exigen para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 en 2027). Y evaluar el reparto entre los años que se cobra.

Y por supuesto, hay que tomar otras medidas al margen de las pensiones: mejorar la competitividad de nuestras empresas y reconvertir el modelo económico para crear más empleo, que trabaje y cotice más gente (si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más, según Eurostat). Y eso pasa por facilitar la inmigración legal (más a cotizar), que nos va a hacer falta para cubrir el déficit de mano de obra derivado de la baja natalidad. Y por promover que las familias tengan más hijos, para que haya más españoles trabajando, cotizando y pagando impuestos.

Como se ve, el problema es complejo y exige actuar en múltiples frentes. No hay soluciones simples. Ni se arregla nada con parches a corto plazo. Cuanto antes planifiquemos la hoja de ruta de las pensiones hasta 2050, más tranquilos estaremos todos, sobre todo los jóvenes. Y si nosotros no ajustamos el sistema, Bruselas nos impondrá los recortes. Habría que hablar de todo esto, con realismo y transparencia, planteando a los españoles la realidad del debate y las opciones de futuro, sin pensar sólo en las próximas elecciones. Pero me temo que nadie está por la labor. Y por eso, mucha gente teme por sus pensiones.

La "mini reforma" de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal han pactado esta semana una primera reforma de las pensiones, que deshace parte de la reforma impuesta por Rajoy en 2013. Se aprueban 3 cambios claves: subida anual de las pensiones con el IPC, penalización de las jubilaciones anticipadas y derogación del factor de sostenibilidad. Y se acuerda pagar la mitad del déficit de las pensiones con impuestos. Más que una reforma de las pensiones, es “un parche” para atajar lo más urgente, porque se dejan para 2022 los temas más polémicos: ampliar los años de cotización exigidos, subir las cotizaciones máximas y de autónomos o cómo sustituir el factor de sostenibilidad para “atemperar” el gasto futuro. Así que la verdadera reforma sigue pendiente: cómo conseguir más ingresos y contener un gasto creciente para pagar al doble de pensionistas en 2050. Un problema complejo, que exige tomar medidas polémicas y repartir el esfuerzo entre los pensionistas de hoy y los futuros. Urge una reforma a fondo de las pensiones, pactada y realista. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Enrique Ortega

La pandemia ha sido “la puntilla” para las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, al reducir mucho los ingresos por cotizaciones (pérdida de empleo y ERTEs) y disparar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. Al final, la Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de -29.685 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia. Y eso que el Estado transfirió a la SS una cantidad de 22.000 millones de euros, para compensarla de los gastos extras derivados de la pandemia (ayudas y reducción de cotizaciones para EREs y autónomos). Así que, sin esa aportación extra del Presupuesto, el déficit real de la SS en 2020 hubiera sido de -51.685 millones de euros.

Pero el “agujero” de la SS no se debe a la pandemia, aunque lo haya agravado. La realidad es que el déficit de las pensiones se arrastra desde hace 10 años (ver gráfico déficit SS), desde que perdió -2.433 millones de euros en 2010. Posteriormente, el déficit superó los -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016,2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de euros en 2019 y rozar los -30.000 millones en 2030 (con la aportación extra del Estado, sino superaría los -51.000 millones). En total, un “agujero” acumulado  en la última década de -142.620 millones de euros, que se han “tapado” con deuda (la SS tiene una deuda acumulada de 85.355 millones), aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones.  

Y lo peor es que el déficit no iba a mejorar en el futuro, una vez pasada la pandemia. La previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo de 2020, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones de euros en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea ha exigido a España que la reforma de las pensiones sea una de las tres reformas exigidas (junto a la reforma laboral y fiscal) para acceder a los 140.000 millones de euros de los Fondos europeos. La negociación empezó en 2020 y se ha cerrado esta primavera, con un principio de acuerdo con Bruselas: la reforma de las pensiones debe ser pactada y para conseguirlo, se aprobará una primera reforma este año (los temas más fáciles) y se dejará el grueso de la reforma (lo polémico) para 2022.

Tras meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, este lunes se llegó al acuerdo de esa primera fase de la reforma, “la más sencilla” (aunque ha costado decenas de reuniones), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 6 de julio y que luego irá al Parlamento, para convertirla en Ley que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Una “mini-reforma” que viene precedida de un compromiso del Gobierno para afrontar el problema más urgente, el déficit de la SS. El acuerdo establece que el Presupuesto, los impuestos, financiarán parte de los gastos de la Seguridad Social, los considerados “gastos impropios” (22.871 millones), que hasta ahora se pagaban con cotizaciones: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementario de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1,14 millones), costes extras en el cálculo de pensiones (788) y los propios gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto como en el caso de otros Ministerios).

El compromiso del Gobierno con sindicatos y empresarios es que el Presupuesto se hará cargo de estos “gastos impropios”, descargado de ellos a la SS, lo que supone quitarle casi todo el déficit. El compromiso ya se ha hecho efectivo en el Presupuesto de este año 2021, donde se han asumido 13.929 millones de esos costes de la SS, con la intención de asumir más en 2022 y asumirlos todos (22.871 millones) en 2023, para conseguir así que la Seguridad Social no tenga déficit dentro de dos años.

Con el compromiso de que el Gobierno “tapará el agujero” de la SS en 2023, sindicatos y empresarios han apoyado las otras 3 medidas de este primera reforma de las pensiones. La primera, el sistema de revalorización anual de las pensiones: subirán cada año según la inflación del año anterior (IPC medio anual) y si bajan los precios un año, no se tocarán (ni bajarán). Eso supone asegurar que las pensiones mantienen el poder adquisitivo, gobierne quien gobierne, frente a la reforma aprobada por Rajoy en 2013, que fijaba una subida anual del 0,25% mientras las pensiones tuvieran déficit. Eso sí, la medida tiene un coste extra para la Seguridad Social, estimado en unos 30.000 millones de euros.

Para contrarrestarlo, esta primera reforma aprueba una segunda medida: penalizar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores se jubilen más tarde, una medida que el Gobierno estima ahorrará 15.000 millones anuales (otros estudios rebajan este ahorro a la tercera parte). El problema hoy es que la edad legal de jubilación (66 años en 2021 y 67 años para 2027, según la reforma de pensiones de 2011 hecha por Zapatero) no se cumple y la edad real de jubilación está en 64,6 años, lo que encarece la factura de las pensiones. Ahora se pretende rebajarla, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo (el palo) e incentivando a los que trabajen más años sin jubilarse (la zanahoria).

Si esta reforma se aprueba en el Congreso, el 1 de enero de 2022, los que se quieran jubilar anticipadamente (antes de los 66 años) cobrarán menos pensión. En el caso de un despido, el trabajador podrá jubilarse 4 años antes (a los 62), con una penalización del 0,5%  al 30% de recorte de su pensión, según el tiempo cotizado y los meses que se anticipe (ahora se contará los meses, no los trimestres como hasta ahora).En el caso de una jubilación anticipada “normal” (sin despido), sólo se podrá adelantar 2 años (a los 64) y el jubilado tendrá una penalización del 2,81% al 21%, según los años cotizados y los meses que adelante la jubilación  (ver cuadro con los recortes en cada caso).

Y veamos “la zanahoria”, el incentivo que tendrán los que decidan trabajar después de los 66 años. Podrá elegir entre un aumento extra de su pensión (del 4% por cada año que retrase, cuando ahora se le bonifica el 2%) o un cobro único, una prima que oscilará entre 12.060 euros (para los que tienen derecho a pensiones máximas y un alto periodo de cotización) y 4.786 euros (para los que se van a jubilar con pensiones mínimas), con una media de 8.230 euros de pago único a los que corresponda jubilarse con una pensión media (20.000 euros).

La tercera medida pactada en esta primera reforma de las pensiones es derogar el factor de sostenibilidad, la medida estrella de la reforma de Rajoy, que pretendía ajustar la pensión futura de los nuevos pensionistas a sus años de vida: si ahora viven más años, se repartiría el pago de la pensión y cobrarían menos cada año. La estimación de algunos expertos era que la aplicación de este factor de sostenibilidad rebajaría las futuras pensiones, entre un -5 y un -6% dentro de 10 años y un -22% a los que se jubilaran dentro de 30 años. Al final, este factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero la polémica hizo que Rajoy retrasara su entrada en vigor para 2023. Ahora se deroga esta medida, que pretendía ahorrar 11.000 millones de euros en la factura de las pensiones para 2050. Y en paralelo, se acuerda pactar, antes del 15 de noviembre un “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que se aprobaría a fin de año y entraría en vigor en 2027.

Hasta aquí la “mini-reforma” de pensiones ahora aprobada, un “parche” que deja fuera los temas más polémicos, que se retrasan para negociarlos en los próximos meses y en 2022, con el compromiso ante Bruselas de que el resto de la reforma (la parte más dura) estará aprobada antes de finales de 2022 (año preelectoral). El primer tema pendiente, muy polémico, es el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular la pensión: actualmente se tienen en cuanta los últimos 24 años cotizados y desde 2022 serán ya 25 años (hasta 2013 se miraban los últimos 15 años). El debate ahora es subir a 35 años o incluso tener en cuenta toda la vida laboral, dos medidas que no quieren los sindicatos porque rebajarían las futuras pensiones. Otra medida pendiente, que no gusta a los empresarios, es subir las cotizaciones de los autónomos (la mayoría cotizan en mínimos) y subir las cotizaciones máximas (ahora tienen un tope), lo que obligaría también a subir las pensiones máximas.

En definitiva, la “mini reforma” pactada ahora cambia de sitio el “agujero” de las pensiones (de la Seguridad Social al Presupuesto) y retoca lo más urgente, pero no afronta el problema de fondo de las pensiones, que es estructural: los ingresos no llegan para pagar las pensiones y eso se va a agravar en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy tenemos 9,27 millones de españoles mayores de 65 años (el 19,6%), en 2050 serán 15,67 millones (el 31,4%), según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más que ahora (de media, estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años.

Este es el verdadero problema de las pensiones, un problema demográfico (muchos más jubilados y menos personas para trabajar) que es una verdadera “bomba de relojería”, frente a la que no valen “parches” ni politiqueos. Sólo queda actuar, tomar medidas realistas y rigurosas por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar el mayor gasto en pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales (no ahora, cuando se consolide la recuperación), porque son más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen en España un 12,9% del PIB frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, los tres paises con los que competimos. Esto significa que si las cotizaciones sociales fueran como las europeas, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Sería un coste extra para empresas y trabajadores, pero mejor subir la cotización pública que tener que pagarse una pensión privada. Y el otro frente, aumentar la recaudación fiscal del Estado y así poder financiar parte de la factura de las pensiones cuando haga falta. Aquí también, España recauda menos por impuestos que la media europea: 85.889 millones menos en 2019, según Eurostat. Si se hace la reforma fiscal (que también nos exige Europa) habría más dinero para todo, también para las pensiones.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no nos guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050. Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque sean impopulares. Sobre todo dos: ampliar los años de cotización  que se toman para calcular la pensión (habría que subirlos de 25 a 35 y quizás a toda la vida laboral) y, además, si hace falta, aumentar los años de cotización  exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y la otra medida, tener en cuenta la mayor esperanza de vida (más de 20 años de cobro de pensión) para repartir cuantías. Un factor de sostenibilidad más justo que el anterior, pero que sirva para atemperar la factura. Suena mal, pero al ritmo actual (de aumento de pensionistas, con pensiones más altas) será imposible pagar las 15 millones de pensiones de 2050, con los ingresos y empleo previstos hoy.

Así que no queda más remedio que abordar una reforma a fondo de las pensiones, no quedarse en “parches”. Por responsabilidad con los pensionistas actuales y, sobre todo, con los futuros. Y además, porque nos lo va a exigir Europa, que lleva años diciendo que España debe ajustar su gasto en pensiones, como vía para ajustar el déficit público. También critican  que sean “demasiado generosas” (aunque más de la mitad de los pensionistas, 4,8 millones, cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes). El dato es claro:  la pensión media en España supone el 78,7% del último salario, frente al 45,5% del salario que suponen las pensiones en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE. Y además, cotizamos menos de lo que recibimos de pensión: quien ha cotizado 37 años ha pagado con ello 13,2 años de pensión media, así que los 8 años restantes que cobra pensión (21,2 años de media) los cobra sin haber cotizado por ellos, según este detallado estudio de FEDEA. Y otro estudio del Banco de España insiste en lo mismo: cotizamos entre el 40 y el 60% de la pensión que recibimos. Y que por cada 1.000 euros aportados a la SS por un jubilado, se lleva 1.740 euros de pensión.

En definitiva, que las cuentas de las pensiones no salen y menos que van a salir cuando se dupliquen los pensionistas. Y aunque muchos reciban pensiones de miseria, la pensión media es superior a lo que se cotiza por ella, lo que genera déficits permanentes que hay que solucionar, ingresando más y atemperando las nuevas pensiones. Y todo ello, en un difícil equilibrio entre los pensionistas actuales y los futuros, a los que no se les puede dejar un sistema quebrado. Hay que pactar una reforma realista, que garantice nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos, repartiendo esfuerzos. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Rajoy y las pensiones: el que venga detrás...

Las pensiones han sido moneda de cambio para que Rajoy asegure la Legislatura: a cambio de los 5 votos del PNV, acepta subir todas las pensiones un 1,6% este año y en 2019, algo que consideraba “imposible” hasta ahora. Y lo más importante: retrasa hasta 2023 la reforma (recortes) que impuso en 2013, “para asegurar el futuro de las pensiones”. Dos “parches” que no afrontan el problema de las pensiones, cuyo déficit se agravará si no se toman medidas. La fundamental: no hacer más recortes sino conseguir más ingresos, entre 20.000 y 50.000 millones extras a 20 años, con ahorros, más cotizaciones y más ingresos fiscales, sobre todo de los que menos pagan (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). España recauda 81.000 millones menos al año que Europa y así no hay quien financie las pensiones ni lo demás. Urge dejarse de “politiqueos” con las pensiones y afrontar una reforma de fondo. Porque si no, la solución será peor después.

enrique ortega

“Me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto. Porque es muy fácil decir: suba las pensiones, ¿cuánto?, lo que quiera. Pero si luego no hay recursos para pagarlo, lo que estaremos es tomando el pelo a la gente”.
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Mariano Rajoy. Bruselas, 23 febrero 2018

Así pensaba Rajoy hasta hace poco: no se pueden subir más las pensiones. No salen las cuentas. Pero de repente salen: cuando el PNV le ofrece apoyar sus Presupuestos, este año y el que viene, y salvarle la Legislatura. Entonces sí hay dinero: 3.300 millones extras a gastar en las pensiones este año (1.500 millones más de lo dicho) y el que viene (1.800 más), para que todas las pensiones suban lo que el IPC, un 1,6% en 2018 y en 2019, a cobrar con efecto retroactivo desde enero de este año (unos 10 euros extras al mes, de media). Además, se mantiene la subida ya prevista del 3% para las pensiones mínimas (600 millones de gasto extra) y la subida de la base reguladora (del 52 al 56%) de las pensiones de viudedad (otro gasto de 400 millones). En total, 2.500 millones de gasto extra en pensiones en 2018 (y 2.800 en 2019) que hace unos días eran “imposibles”.

Pero hay más. El acuerdo del PP con el PNV, para que le apoye los Presupuestos 2018 con sus 5 diputados, tiene una cláusula de más calado que este dinero extra para las pensiones: se retrasa de enero de 2019 a enero de 2023 (4 años) la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una reforma que el Gobierno Rajoy aprobó en 2013 para tratar de frenar el importe de las futuras pensiones y recortarlas, hasta un 30% para 2050. En su momento, el Gobierno del PP “vendió” esta reforma como un cambio necesario “para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones”: como los españoles vivimos más años, se trataba de rebajar el importe inicial de las nuevas pensiones, ya que las íbamos a cobrar más años. Según algunos cálculos, eso supondría rebajar desde 2019 todas las nuevas pensiones un porcentaje cada año, de tal manera que serían un 29,8% más bajas para 2050 (la nueva máxima pasaría de 2.561 euros a 1.797 euros y lo mismo las demás.

Ahora, Rajoy tira por la borda su reforma y las nuevas pensiones no se ajustarán hasta 2023. Rajoy ha apostado por salvar esta Legislatura y “el que venga detrás que arree”…No es que los recortes del “factor de sostenibilidad” fueran la solución  al grave problema de las pensiones (la clave está en aumentar los ingresos de sistema de pensiones, no en recortar los gastos), pero el Gobierno Rajoy sí lo creía y lo defendía… hasta que le ha tocado elegir entre mantenerse en el Gobierno o sanear las cuentas de las pensiones. Y con las elecciones de 2019 y 2020 por delante, no quiere perder el voto de casi 9 millones de pensionistas.

Pero es todo un parche para salir adelante ahora, sin preocuparse del futuro. Y además, un parche pactado entre Rajoy y el presidente del PNV, al margen del Parlamento y de donde tiene que pactarse la reforma de las pensiones, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (47 miembros). Y como todo parche, no afronta una reforma en profundidad del sistema de pensiones, reforma pendiente desde que se renovó el Parlamento en 2016 (y antes). De momento, Montoro sólo ha lanzado “globos sonda”, como que el gasto extra en pensiones (los 1.500 millones nuevos pactados con el PNV, no los 2.500 millones más presupuestado en 2018) van a salir de “un nuevo impuesto” que quiere poner a las tecnológicas (Google, Apple o Amazon), algo difícil de aplicar en un solo país y que la Comisión Europea estudia pero que está aún “muy verde” para que permita ingresar más este año (y serían sólo 600 millones, frente a 2.500 millones de gasto extra).

El Gobierno Rajoy trata de “ganar tiempo” y no afrontar una reforma a fondo de las pensiones, algo que tampoco agobia a “la oposición”, mientras millones de españoles están muy preocupados por sus pensiones. Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones. Ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para 2018, los expertos creen que se mantendrá en 17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (somos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.396 euros las nuevas en marzo 2018). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizaban (antes del pacto con el PNV) un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 50% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016), frente al 13,3% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7% del PIB), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7%), según Eurostat . Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que el dinero extra se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra vía es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medio ambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones. Y todavía quedaría, para mejorar la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas y bancos, multinacionales y los más ricos.. Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino un resumen de las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y sin politiqueos. Y sabiendo que cuanto más se tarde en conseguir nuevos ingresos, más fácil será que nos impongan recortes más duros. No pidamos sólo subidas de las pensiones. Exijamos que pacten reformas de fondo ya para asegurar el futuro de las pensiones. No pierdan más tiempo. 

Así nos van a recortar las pensiones

El Gobierno ha aprobado otra reforma de las pensiones, la tercera en dos años. Los cambios, en vigor desde 2014, implican que habrá una revisión mínima de las pensiones cada año y que los que se jubilen a partir de 2019 cobrarán una pensión inicial más baja que ahora. Si la reforma de Zapatero ya supone un recorte de pensiones del 20%, esta reforma de Rajoy provocará otro recorte adicional: un  20% para todos los pensionistas y hasta un 23% para los que se jubilen en las cuatro próximas décadas. Se busca recortar el gasto (nuestras pensiones) en otros 33.000 millones hasta 2022, ahora que la Seguridad Social tiene déficit, por la caída de cotizantes y el aumento de pensionistas. Es el camino fácil y un recorte injusto e inútil. Porque para asegurar las pensiones hay que dedicarles más recursos públicos, subir cotizaciones, fomentar la natalidad y hacer otra política para que más españoles trabajen. Sin empleo no hay pensiones.

enrique ortega

La primera reforma de las pensiones la hizo el Gobierno Zapatero, en febrero de 2011, con una Ley pactada con sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (PP se abstuvo e IU votó en contra). Entró en vigor en enero de 2013, con tres medidas claves: subir la edad de jubilación (un mes cada mes) hasta llegar a los 67 años en 2027, elevar el periodo de cotización de 35 a 37 años para optar al 100% de pensión y ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión de 15 a 25 años. Resultado: un recorte medio del 14 al 20% para 2027.

El Gobierno Rajoy, presionado por Bruselas, puso en marcha la segunda reforma de las pensiones el 1 de abril de 2013, con un decreto en solitario que retrasa dos años las jubilaciones anticipadas (de los 63 a los 65 años para 2027) y dificulta la jubilación parcial. El objetivo es retrasar la entrada en el sistema de muchos pensionistas, ya que la mitad de las jubilaciones anuales son anticipadas, lo que perjudica sobre todo a los mayores de 55 años, muchos sin trabajo ni desempleo. Y así recortan otros 4.000 millones de gasto hasta 2027.

Ahora, el Gobierno Rajoy da la tercera vuelta de tuerca a las pensiones, con una nueva Ley que entrará en vigor en enero de 2014, a pesar del rechazo sindical y político (PSOE e IU). Contempla dos medidas propuestas por un Comité de Expertos, dos caminos para recortar el gasto en pensiones. Una, modificar el sistema de revalorización anual de las pensiones, una revisión que supone el 27% del gasto total. Y la otra, cambiar las reglas (factor de sostenibilidad) para los que se jubilen a partir de 2019, que tendrán una menor pensión inicial (dicen que porque vivirán más años). En conjunto, un tercer recorte para ahorrar (quitarnos) 33.000 millones sólo hasta 2022.

El primer cambio supone que ya en 2014, las pensiones no se revalorizarán con el IPC, sino con una fórmula compleja (FRA) que tendrá en cuenta la situación del sistema de pensiones, a través de cuatro factores: ingresos de la Seguridad Social (si caen o suben), aumento número de pensionistas, subida de la pensión media y superávit o déficit del sistema de SS (en déficit desde 2012). Y se tomará, en cada caso, la media de esos factores ese año, los cinco anteriores y la previsión de los próximos 5 (11 años en total). Con ello, saldrá lo que se revalorizan las pensiones cada año, con un suelo (no menos del 0,25%) y un techo (el IPC+ 0,25%) Pero como esos factores juegan en contra (y así será al menos hasta 2018), todo apunta a que habrá muchos años de revalorización al 0,25%, mientras la inflación sube entre el 1 y el 2%. Resultado: pérdida de poder adquisitivo, entre 0,75 y 1,75% por año. Una pérdida para los pensionistas actuales y futuros del 15 al 28% en los próximos 15 años, según CCOO. Un recorte medio de 1.500 euros año por pensión (Calcule aquí lo que perderá).

El otro cambio, aplicar el llamado “factor de sostenibilidad”, afecta a los pensionistas futuros, que desde 2019 cobrarán una menor pensión inicial, aunque durante más años (porque tendrán más esperanza de vida… si no se mueren). Los que ahora tienen entre 50 y 60 años (jubilación entre 2019 y 2029) recibirán un 5,8% menos de pensión. Y así cada década: los que tienen hoy entre 40 y 50 años (jubilación entre 2029 y 2039), tendrán un 11,6% menos de pensión que el que se jubila ahora. Los que tienen entre 30 y 40 años (se jubilarán entre 2039 y 2049) tendrán una pensión un 17,4% menor. Y finalmente, los que tienen hoy entre 20 y 30 años, se jubilarán (si consiguen cotizar 37 años) con un 23,2% menos de pensión inicial, según estimaciones de Ignacio Moral-Arce, experto del Instituto de Estudios Fiscales.

En resumen, que los jubilados actuales perderán con las tres reformas un 40%, entre menos pensión y pérdida de poder adquisitivo. Y los trabajadores que tienen hoy entre 20 y 60 años tendrán entre un 5,8 y un 23% menos de pensión inicial, más el poder adquisitivo que pierdan después (según el IPC) por la escasa revalorización anual (0,25% mucho tiempo).

Es cierto que el sistema de pensiones es una bomba de relojería, que no salen las cuentas, por culpa de la crisis económica y demográfica. Por un lado, crece la esperanza de vida (de 81 años a 86,5 en 2048), con lo que las pensiones se van a duplicar (de 9 millones hoy a 17 millones en 2050), disparando el gasto. Y por  otro, han caído drásticamente los ingresos, las cotizaciones, al haber menos empleos y peor pagados, mientras la baja natalidad  y el envejecimiento de la población provocan que hoy haya sólo 1,9 personas trabajando por cada pensionista. Y en unas décadas será peor (1,2 empleados por pensionista para 2050). Pero dicho esto, la única alternativa no son los recortes, a costa de los pensionistas. Es el camino fácil, pero tan injusto como inútil, porque no afronta el fondo del problema.

Y el fondo del problema es que fallan los ingresos del sistema de pensiones, no sólo por la crisis sino también porque España gasta menos en pensiones que otros países: un 10,1% del PIB (2010), frente al 11,3% media UE, 10,8% de Alemania, 14,6% de Francia o el 15,3% de Italia. Luego habría que destinar más recursos a pagar pensiones para ponernos “a nivel europeo”. Además, habría que fomentar la natalidad, con ayudas a las familias para tener más hijos que un día trabajen y coticen para pagar la pensión de sus padres: en España nacen 1,32 hijos por mujer frente a 1,59 en la UE, 1,94 en Gran Bretaña o 2,03 hijos en Francia. Y sobre todo, hay que recuperar la mayor parte de los 3,5 millones de empleos perdidos con la crisis, para que coticen. Sin más empleos, no se pueden salvar las pensiones. Y los recortes son sólo un parche tras otro, que no afrontan los problemas de fondo de las pensiones: el empleo y la demografía.

Lo fácil es repartir la miseria: decir que como no hay ingresos, los pensionistas que han cotizado toda su vida tienen que pagarlo. Hay otro camino. Por un lado, recaudar más impuestos (en este blog he explicado cómo conseguir 50.000 millones más sin que pague más la mayoría) y destinar una parte a financiar las pensiones (20.000 millones propone el PSOE). Por otra, subir las cotizaciones, para que empresas y trabajadores con empleo paguen algo más: se podrían ingresar otros 7.000 millones extras .Si se habla de contratar un plan privado de pensiones, ¿por qué no pagar ese plus al sistema público para consolidarlo? Y con ello, salir del bache a corto plazo. Pero la clave sigue estando en el empleo y la demografía: hacer otra política que la de Rajoy, para reanimar la economía y crear dos millones de empleos que salven las pensiones. Y ayudar a las familias a tener más hijos, porque hace falta que nazcan 280.000 niños más cada año para asegurar el relevo generacional.

Los recortes nos llevan a unas pensiones de miseria. Hay que enfocarlo al revés: ¿qué hay que hacer para tener unas pensiones dignas? Pues crecer, crear empleo, recaudar más y destinar más impuestos a pagar las pensiones. Y si hace falta, cotizar más. Y tener más hijos que trabajen y coticen. No es fácil, pero es más efectivo que los recortes año tras año. Y sobre todo, más justo para los que llevamos toda la vida cotizando. Nos lo deben.