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lunes, 22 de diciembre de 2025

A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.

domingo, 4 de noviembre de 2018

Este blog cumple 8 años


Hoy hace ya 8 años que empezó a publicarse este blog, todos los lunes y jueves, sin fallar una sola semana. Son 786 artículos e ilustraciones sobre casi todo, desde el paro y el empleo a los recortes o el Presupuesto y los temas que nos preocupan cada día, desde las pensiones, la sanidad, la vivienda o la compra y los seguros a la economía que hay detrás del fútbol, la muerte o la cultura, sin olvidar la situación de los jóvenes, las mujeres o los mayores. Detrás de todo está la economía y sólo conociendo los intereses y problemas que mueven las grandes cuestiones podemos entender mejor nuestra vida. Este blog empezó con un Gobierno, el de Zapatero, siguió con el de Rajoy y ahora se publica con Sánchez, por lo que es una crónica viva de la crisis y la recuperación que no se nota. Y todos estos años, el blog ha pretendido lo mismo: ayudar a entender la economía y lo que nos pasa. Así seguiremos. Gracias.


Haciendo balance de estos 8 años, hay algo preocupante: los grandes problemas de la economía y de nuestro día a día siguen ahí, sin resolverse desde 2010 y algunos peor. Ahí está el paro, doble que en Europa, mejor pero sin conseguir una economía que cree empleos decentes. Unas pensiones con un agujero creciente y sin otearse soluciones. Un Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia) tocado profundamente por los recortes y sin un futuro claro de mejoría. Una vivienda que no tiene enmienda.Una economía poco eficiente, huérfana de tecnología e innovación, incapaz de crear más empleo y de afrontar el reto de modernizarse y digitalizarse. Y una sociedad con más pobreza y desigualdad, donde los ricos son cada vez más ricos y donde muchos jóvenes viven peor que sus padres y no ven claro el futuro, mientras las mujeres avanzan muy lentamente y los mayores tienen cada vez más difícil trabajar y sobrevivir. Y donde se ha perdido la ilusión política de la transición, porque los políticos se dedican a peleas estériles y no a resolver los verdaderos problemas que preocupan a la gente, pactando soluciones.

Hay otra cuestión, quizás más preocupante que la incapacidad de los políticos: el pasotismo de los españoles. Nos quejamos mucho, pero nos preocupamos poco por conocer el trasfondo real de lo que pasa, las posibles soluciones a los problemas. Y mucho menos, luchar por mejorarlos, aunque sea sólo  informándonos bien y sabiendo cuando nos engañan. La mayoría de los medios de comunicación son "penosos" pero mucha gente no lee y sólo se mandan WhatsApp o tuis con vídeos graciosos o frases impactantes. Informarse cansa. Por eso muchos achacan que este blog tiene “demasiadas cifras” (tardo horas a veces en encontrar una buena, que me ayuda a entender las cosas) o es demasiado largo (“¿quién va a leer 2.000 palabras?”). Y quizás por eso sólo tiene unas pocas decenas de lectores, a pesar de las muchas horas de trabajo que hay detrás. Pero sólo con información veraz, rigurosa y crítica, como la que pretendo dar aquí, podemos conseguir ciudadanos maduros y una sociedad mejor.

Es lo que intentamos, yo y Enrique Ortega, que llama a la reflexión con sus estupendas ilustraciones, que dicen más que mil palabras (¡mil gracias!). Un trabajo enorme, sin ninguna compensación económica ni casi personal, porque cada semana suena más a “predicar en el desierto”. Pero aquí estamos, tratando de explicar "clarito"lo que pasa y ayudar a entenderlo, en un país cada día menos informado y menos crítico. Lo nuestro es escribir y dibujar, porque es lo que nos gusta y hacemos desde hace más de 40 años. Y aquí vamos a seguir, informando y dibujando con rigor, claridad y sentido crítico, hasta que el cuerpo aguante. Si os parece interesante, divulgar el blog. Gracias por seguirnos. 

martes, 28 de diciembre de 2010

El ajuste de las Cajas, también lo pagamos todos

En plenas Navidades, la mayoría de las Cajas de Ahorros han estado cerrando fusiones para alumbrar un nuevo mapa de un sector que apenas había cambiado en el último siglo. El Banco de España les había dado un ultimátum: o ponéis orden para Nochebuena o lo ponemos nosotros. Y vaya si lo han hecho: ha habido fusiones contra reloj, para pasar de 45 Cajas a 17, se van a cerrar 2.300 oficinas y salen unos 20.000 trabajadores (1 de cada 6), la mayoría por prejubilaciones. Pero una cuarta parte del ajuste la pagaremos todos los españoles, financiando el paro durante dos años a los prejubilados de las Cajas, que salen con 55 años, lo que nos costará 1.100 millones de euros. Y además recibirán préstamos públicos del FROB para financiar el ajuste de un sector con beneficios.
Las Cajas son el eslabón más débil del sistema financiero español, por varias razones. La principal, porque soportan el 65% de la crisis del ladrillo (170.000 millones en activos inmobiliarios), con una elevada morosidad. La segunda, porque tienen una débil estructura de capital. La tercera, por su exceso de capacidad, fruto de haber aumentado en la última década oficinas (+30%) y plantillas (+32%), mientras la banca las recortaban (-6%).La cuarta, una gestión muy condicionada por los políticos locales y autonómicos (y hasta los Obispados).Y la última, que este año se han intervenido dos Cajas (CCM y Caja Sur) y los mercados temen que haya más Cajas en apuros(11 han tenido pérdidas en el tercer trimestre).
Pero las prisas ahora por ajustar las Cajas se deben a dos factores más. Uno, que necesitan con urgencia liquidez y apelar a los mercados para refinanciar en 2011 más de 40.000 millones de deuda. El otro, que la normativa europea Basilea III les obligará en 2011 a mayores exigencias de capital. Y para ello, tendrán que convencer a los inversores que son entidades saneadas y bien gestionadas.
La reforma ha consistido en un puzle de 12 fusiones entre Cajas de distintas autonomías o de la misma (caso de las Cajas de Galicia o Castilla y León), buscando siempre que una Caja sana se haga cargo de una o varias con problemas. Caja Madrid, Bancaja y 5 Cajas pequeñas han hecho la mayor fusión financiera de nuestra historia, creando la tercera entidad tras Santander y BBVA. Otras fusiones importantes son las protagonizadas por Cajastur, Catalunya Caixa, Caja Murcia y Caja Navarra. Ahora quedan 17 grupos de Cajas, tres veces más grandes, con un 15% menos de personal, y una estructura más ágil, como bancos, para poder captar accionistas y capital en la Bolsa y en los mercados. Y con una gestión más profesionalizada, aunque siguen los políticos: en el grupo Caja Madrid-Bancaja, por ejemplo, de los 22 consejeros hay 2 ex- ministros (Rato Y Virgilio Zapatero) y otros 11 cargos políticos.
El mayor coste del ajuste de las Cajas será para reducir el personal en 20.000 empleados, de los que 17.000 saldrán por prejubilaciones a los 55 años. El Ministerio de Trabajo, el que quiere que todos nos jubilemos a los 67 años, les va a autorizar un ERE para que los dos primeros años cobren el paro y lo pague el INEM (o sea,todos), así como sus cotizaciones a la Seguridad Social (además, los prejubilados pagarán menos impuestos en el cobro de su indemnización al ser un ERE). Esta fórmula de ajuste laboral, de las que no han disfrutado los bancos en sus múltiples prejubilaciones, les supondrá un ahorro de 1.100 millones que paga el Estado. Y también recibirán 12.000 millones de préstamos públicos del FROB.
Ahora, las Cajas tendrán que digerir estas complicadas fusiones y buscar capital para sanearse y reforzarse. Y en enero, se desnudarán, al tener que publicar el riesgo que tienen con el ladrillo, un dato clave para los mercados. Habrá que ver si mantienen su “trato de Cajas” frente al cliente, qué pasa con su Obra Social  y si pierden cuota frente a los bancos. Ojala no haga falta un segundo ajuste, porque también nos tocaría pagarlo.