El empleo sigue batiendo récords en España, a pesar de la negativa coyuntura internacional y europea. A finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, según la EPA, algunos menos que a finales de 2024 (21.857.900), por una ligera caída en el primer trimestre. Pero en abril, con el empuje de la Semana Santa, el empleo ha vuelto a aumentar, como lo refleja el récord de afiliados a la Seguridad Social: 21.588.639 cotizantes. Pero estos datos tan positivos esconden un dato preocupante: crecen también los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: a finales de marzo eran ya 3.075.900 los ocupados que trabajaban menos horas o días de lo habitual, un 14,13% del total de ocupados (1 de cada 7), según la última EPA. Una cifra que aumenta desde 2007 (2.380.900 ocupados a tiempo parcial, el 11,75% del total) y desde 2019 (2.944.800 ocupados parcialmente, el 14,74%).
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jueves, 15 de mayo de 2025
Aumentan los "mini empleos"
El empleo en
España ha superado otro récord histórico en abril, con 21.588.639 afiliados
a la Seguridad Social. Pero no todos son empleos “decentes”: 1 de
cada 7 ocupados, más de 3 millones de trabajadores, tienen un empleo
a tiempo parcial, con menos jornada y mucho menos sueldo. Y lo más
preocupante: casi la mitad de estos trabajadores tienen “mini empleos” porque no
encuentran un trabajo a jornada completa, aunque el resto los tienen
para cuidar a hijos o familiares y estudiar. Al final, el 6,5% de todos los ocupados
(1,41 millones de trabajadores) están “subempleados”, el mayor porcentaje
en Europa. Y las tres cuartas partes son mujeres. El contrato a tiempo
parcial lo usan muchas empresas para contratar más barato y luego subir la
jornada real, obligando a hacer horas (pagadas o no), lo que ha llevado a una campaña
de la inspección de Trabajo en 2024. Urge aprobar un Plan de choque,
para incentivar que los “mini empleos” no justificados se conviertan en empleos
a tiempo completo. Enrique Ortega
El empleo sigue batiendo récords en España, a pesar de la negativa coyuntura internacional y europea. A finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, según la EPA, algunos menos que a finales de 2024 (21.857.900), por una ligera caída en el primer trimestre. Pero en abril, con el empuje de la Semana Santa, el empleo ha vuelto a aumentar, como lo refleja el récord de afiliados a la Seguridad Social: 21.588.639 cotizantes. Pero estos datos tan positivos esconden un dato preocupante: crecen también los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: a finales de marzo eran ya 3.075.900 los ocupados que trabajaban menos horas o días de lo habitual, un 14,13% del total de ocupados (1 de cada 7), según la última EPA. Una cifra que aumenta desde 2007 (2.380.900 ocupados a tiempo parcial, el 11,75% del total) y desde 2019 (2.944.800 ocupados parcialmente, el 14,74%).
España no es de los paises europeos con más ocupados a
tiempo parcial, un tipo de contrato que se usa más en el centro y norte de
Europa. Así, en 2024, la UE-27 tenía una media del 17,8% de contratos a tiempo parcial,
siendo muy superior el porcentaje en Paises Bajos (42,2%), Austria (39,5%),
Alemania (29,8%), Dinamarca o Bélgica (24,1%), paises donde
muchos jóvenes y mayores utilizan este contrato a tiempo parcial para poder estudiar
o hacer otras tareas (son los “mini jobs”). España ocupa
el lugar 13º en este ranking
de Eurostat, con un 13,4% de empleo a tiempo parcial (2024), inferior a Irlanda
(19,6%), Francia o Italia (16,8%) y superior al de Portugal (7,3%), Grecia
(6,3%) y los paises del Este y del Mediterráneo.
El problema de España
es que casi la mitad de este empleo a tiempo parcial es “indeseado”:
los trabajadores españoles trabajan menos horas (o días) no porque quieran,
sino porque no encuentran un trabajo a tiempo completo. La
última estadística de Eurostat es muy contundente: el 46,6% de los
que trabajan a tiempo parcial en España es “porque no han encontrado otro
trabajo” (48,3% de los hombres y 46% de las mujeres), mientras esto
sólo les pasa al 18,2% de los ocupados a tiempo parcial en Europa
(UE-27). Somos el tercer país con más trabajo parcial indeseado (46,6%),
sólo por detrás de Rumanía (el 57%) e Italia(51,3%), muy lejos de lo que sucede
en Alemania (sólo el 5% del trabajo parcial es “indeseado”), Paises Bajos
(2,2%), Francia (22,6%) o Portugal (36,3%).
El 2º
motivo más utilizado para tener un empleo a tiempo parcial es “poder
cuidar niños o adultos con discapacidad”: lo utilizan el 21,4%
de los que trabajan a tiempo parcial en Europa (UE-27) y el 13,9% de los
que tienen este contrato en España (el 4,2% de los hombres y el 17,4% de las
mujeres), subiendo al 32,3% en Paises Bajos, el 25,3% en Francia, el 11,9% en
Italia y el 8,1% en Portugal, según Eurostat. El
tercer motivo para trabajar parcialmente es poder estudiar y formarse:
lo justifican el 14,4% de los trabajadores parciales en Europa (25,4% hombres y
10,7% mujeres), el 29,4% en Paises Bajos y el 13,3% en Alemania, siendo menor
el porcentaje en España (12,7%: 21,9% hombres y 9,4% mujeres), Francia (8,1%) e
Italia (4,2%). El resto
de razones para tener un trabajo a tiempo parcial son la enfermedad o
discapacidad (6,2% en la UE-27 y 2% en España, otras razones familiares
(5% en la UE-27 y 2,2% en España) y otras razones personales (12,1% en
la UE-27 y 4,4% en España).
Las estadísticas europeas consideran “subempleados” a
los que trabajan menos horas de la jornada habitual porque no encuentran un
empleo a tiempo completo. En España, son ese 46,6% de los que trabajan a
tiempo parcial, 1.136.610 trabajadores “subempleados” en 2024, el
5,2% del total de ocupados Y este porcentaje nos coloca, según
Eurostat, como el país con más subempleados de Europa, por
delante de Finlandia y Paises Bajos (5,1% de subempleados en 2024), Irlanda (4,6%),
Dinamarca (4,3%), Francia (4,2%), Suecia (4,1%) y Portugal (2,8%), paises todos
que tienen más “subempleo” que la media europea (2,6% del empleo total) y que
Italia (2,1%), Grecia (2%) y Alemania (1,2% de subempleo).
Centrándonos en España, el subempleo (trabajo
a tiempo parcial no deseado) se concentra mucho más en las mujeres (afecta
al 8,1% de las trabajadoras y al 2,7% de los hombres). Mirando los datos globales,
de todo el empleo a tiempo parcial (3.075.900 ocupados en marzo de 2025,
según
la EPA) revelan que las tres cuartas partes son mujeres
(2.265.200 trabajan a tiempo parcial) y el resto son hombres (810.700), debido
a que las mujeres escogen más estos “mini empleos” para poder cuidar de hijos y
mayores y porque tienen más problemas para encontrar un trabajo a tiempo completo.
Y además, si el empleo parcial ha aumentado en 131.000 ocupados desde 2019, el
empleo parcial de las mujeres ha crecido el doble (+82.300 desde la
pandemia) que el de los hombres (+48.700 ocupados parciales).
La última EPA (marzo 2025) refleja claramente los
motivos por los que 3.075.900 ocupados trabajan a tiempo parcial en
España: 1.418.600 (el 46,11%) porque no han encontrado otro
trabajo a jornada completa (son los “subempleados: 1052.200 mujeres y 366.400
hombres), 403.500 trabajan parcialmente para estudiar o formarse (el 13,11%),
399.700(el 12,99%) para cuidar niños y adultos, 214.000 (6,95%) para atender
otras obligaciones familiares o personales y 64.500 por enfermedad o
incapacidad, siendo sólo 269.100 (8,74%) los que no quieren un trabajo a
jornada completa, alegando el resto “otros motivos” para trabajar parcialmente.
El trabajo parcial se concentra en los
servicios (2.825.000 ocupados (el 91,8% del total de empleos a tiempo
parcial y el 17,01% del empleo total en este sector), sobre todo en
hostelería, turismo, comercio y servicios varios, siendo muy escaso el
trabajo parcial en la construcción (62.100 empleos parciales, el 4,2% del
total), en la industria (137.300, el 4,7% del empleo industrial) y en la
agricultura (51.500 empleos parciales, el 6,75% del empleo total en el campo).
Y por categorías, el trabajo a tiempo parcial se concentra en las “ocupaciones
elementales”, las que exigen menos formación (suponen el 30,09% del
empleo).
Y por
regiones, la mayor tasa de empleo parcial (14,1% de media en
España) se da en el País Vasco (19,2% de todo el empleo, 190.900
ocupados), Comunidad Valenciana (16,4% del empleo, 386.400 ocupados), Castilla
y León (15,2%, 156,900 ocupados), Madrid (14,4% del empleo, 509.900
ocupados parciales) y Extremadura (14,3%, 58.600 ocupados). Y tienen un
porcentaje de trabajo parcial inferior a la media Ceuta (9,6% del
empleo, 2.800 ocupados parciales), Baleares (10,1%, 55.800 ocupados), Canarias
(10,6%, 108.300 ocupados), Melilla (11,7%, 3.400 ocupados), Cataluña (13,2% , 510.100 ocupados), Aragón (13,6%, 84.300 empleos) y Andalucía
(13,8% del empleo, 484.100 ocupados parciales).
Lógicamente, estos empleos a tiempo parcial (3.075.900 en
marzo) tienen sueldos bastante más bajos que los de los
trabajadores a jornada completa. Según la última estadística completa
de salarios del INE, de 2022, el salario bruto medio de los trabajadores a
tiempo parcial era de 12.986,50 euros anuales, el 41,8% del sueldo
de los trabajadores a jornada completa (ganaban 30.998,32 euros brutos
anuales). Y en el caso de las mujeres, también ganan menos las que trabajan a
tiempo parcial que los hombres con jornada recortada: 12.551 euros brutos
anuales frente a 13.956 euros (una “brecha salarial” del -11,2%). Si
tomamos otra estadística más reciente, el Decil de salarios
de la EPA 2023, el salario medio bruto mensual de los que trabajan a
tiempo parcial es de 915,68 euros, un 36,57% inferior al de los trabajadores
a tiempo completo (2.503,81 euros mensuales).
Al final, el problema de estos trabajadores a tiempo parcial
en España es que casi
la mitad no han elegido ese tipo de trabajo, algo que sí sucede en la
mayoría de Europa: trabajan menos horas porque las empresas no los
contratan para trabajar una jornada completa. Y encima, en muchos
casos, se ven obligados a trabajar más horas de las pactadas en el contrato,
prolongando la jornada o haciendo horas extras no reconocidas (muchas no
pagadas y otras pagadas “en negro”, sin
cotizar por ellas). Y este tipo de contratos
a tiempo parcial están creciendo porque, tras la reforma laboral de 2022, muchas
empresas los utilizan para cubrir con contratos parciales empleos que deberían
ser a jornada completa.
Por todo este “fraude”, la inspección de
Trabajo lanzó
en noviembre de 2024 un Plan para detectar el fraude en
la contratación a tiempo parcial, enviando 124.000 cartas a otras
tantas empresas para pedirles
información sobre 240.000 contratos, para que les informaran de las
jornadas reales que hacen estos trabajadores. El problema es que en muchas
empresas (sobre todo pymes) no hay un control eficaz de los horarios, aunque es
obligatorio desde mayo de 2019. Ahora, el proyecto de Ley para recortar el
horario laboral a 37,5 horas, aprobado
por el Gobierno el 6 de mayo, exigirá a las empresas que ese control de
horarios sea digital y accesible a la inspección de trabajo, lo
que debería reducir el fraude.
Esta Ley que pretende recortar la jornada laboral
legal (si el Gobierno logra aprobarla en el Congreso, algo difícil por la
oposición del PP, Vox y Junts) incluye
también otro cambio que afectará a los trabajadores con un
contrato a tiempo parcial: en su Disposición transitoria 2ª señala
que “las personas que trabajan a tiempo parcial tendrán derecho a seguir
realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de
la entrada en vigor de la normas”. Pero también dice que “tendrán derecho a un
incremento proporcional a su salario a partir de la aplicación de la jornada de
37,5 horas semanales…”
¿Cómo
afectará el recorte de jornada a los trabajos a tiempo parcial? En
principio, estos trabajadores tendrán que decidir si recortan su horario o
lo mantienen, en cuyo caso, la empresa le tendrá que pagar más si se
aprueba la Ley. . Así, si alguien trabajaba 30 horas semanales (el 75% de la
jornada), ahora trabajará 28,12 horas o, si decide mantener su anterior
jornada, la empresa le debe compensar (en este ejemplo, subirle un 6,26%
el sueldo). Por eso, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que el recorte
de jornada “hará que crezcan los salarios de los trabajadores a tiempo
parcial”.
No basta con este “parche” para mejorar la situación de los
que trabajan a tiempo parcial. El problema de fondo es que un 6,5% de los
que trabajan están “subempleados”: son 1.418.600
trabajadores (marzo 2025) que
están mejor que si estuvieran en paro, pero que cobran poco más de un tercio que
el resto de trabajadores y muchos son “pobres”, no pueden cubrir sus
necesidades básicas porque ganan menos de 1.000 euros al mes. Un colectivo del
que apenas se habla, integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes,
que sirven para mejorar las cifras de empleo y reducir el paro, pero que son
“subempleados”.
Para atajar este problema, hay dos caminos. Por un
lado, atacar y reducir el fraude de las empresas que los contratan a
tiempo parcial para cubrir un puesto que requeriría jornada completa. Eso pasa
por implantar el control digital de horarios (algo que tardará, hasta que se
aprueba la Ley que recorta la jornada laboral) y por un aumento de las
actuaciones de la inspección de Trabajo (escasa de inspectores y medios). Por
otro lado, el Gobierno debería pactar,
con empresas y sindicatos, un Plan de choque contra el trabajo temporal “indeseado”,
incentivando a las empresas (con cotizaciones y ayudas fiscales) a convertir
contratos parciales en contratos a jornada completa. Porque no deberíamos
consentir que una parte de los que trabajan malvivan por trabajar menos horas
de las que quieren.
El empleo sigue batiendo récords en España, a pesar de la negativa coyuntura internacional y europea. A finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, según la EPA, algunos menos que a finales de 2024 (21.857.900), por una ligera caída en el primer trimestre. Pero en abril, con el empuje de la Semana Santa, el empleo ha vuelto a aumentar, como lo refleja el récord de afiliados a la Seguridad Social: 21.588.639 cotizantes. Pero estos datos tan positivos esconden un dato preocupante: crecen también los trabajadores con un contrato a tiempo parcial: a finales de marzo eran ya 3.075.900 los ocupados que trabajaban menos horas o días de lo habitual, un 14,13% del total de ocupados (1 de cada 7), según la última EPA. Una cifra que aumenta desde 2007 (2.380.900 ocupados a tiempo parcial, el 11,75% del total) y desde 2019 (2.944.800 ocupados parcialmente, el 14,74%).
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jueves, 15 de febrero de 2024
Menos muertos por trabajar (ojo: 2 diarios)
En 2023 se estancaron los accidentes de trabajo
(aunque superaron el millón) y bajaron las muertes, en el trabajo y de
camino: fueron 721, 105 muertos menos que en 2022 y los mismos que en
2019, con 1,2 millones de trabajadores más. Siguen siendo muchos muertos
(2 diarios), más que en Europa. Y los accidentes aumentaron en la
mayoría de sectores, aunque bajaron en sanidad y servicios sociales (al no
haber casi COVID). Y aumentaron también las enfermedades profesionales, aunque
no se contabilizan muchos canceres (1 de cada 3 tienen
causa laboral). Por eso, se teme un repunte de la siniestralidad laboral
en 2024. Para frenar accidentes y muertes, este lunes se han reunido
sindicatos, patronal y Gobierno, que quieren reforzar la protección y los
medios para inspeccionar la seguridad y aumentar las condenas en los juzgados
por los accidentes mortales (264), algunas con 20 años de retraso. Urge un Plan
de choque para frenar estas “muertes silenciosas”. Hay que evitar
que el trabajo mate. Enrique Ortega
Un trabajador de 58 años murió este martes en San Fernando de Henares (Madrid) al caerle encima una viga durante la demolición de una nave industrial. Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 721 fallecidos durante 2022, en el trabajo (581) o yendo y viniendo de trabajar (140 muertos “in itinere”), según los datos que acaba de publicar Trabajo. Una cifra que reduce sustancialmente los muertos laborales de 2022 (826), disparada por el repunte de la pandemia y los muertos (21) del naufragio del pequero gallego “Villa de Pitanxo" en Terranova. Y que es similar a la cifra de muertos por accidentes laborales en 2019 (721 también), aunque ahora trabajan 1,2 millones de personas más que antes de la pandemia. Aún así, son muchos más de los 558 muertos laborales de 2013, el mínimo desde antes de la crisis financiera (841 en 2007) y la mitad de las 1.580 muertes en el trabajo producidas en España el año 2.000.
Empecemos por los datos
de los accidentes laborales, que prácticamente se
estancaron en 2023: hubo 1.194.907 accidentes, un -0,12% que en
2022. Pero algo menos de la mitad (569.996, +0,9%) fueron accidentes
sin baja, generalmente leves, por lo que muchos trabajadores
prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos
denuncian que estos accidentes sin baja crecen cada año). Algo más de la otra
mitad fueron accidentes con baja, 624.911 en 2023, casi los mismos
que en 2022 (-1,1%), muy lejos de los accidentes con baja que había en
plena burbuja inmobiliaria (1.022.067 en 2007) pero similar a la cifra de accidentes
con baja que había antes de la pandemia (650.602 en 2019).
El grueso de los accidentes laborales con baja se produjo en
el trabajo (539.584, el 86,3% del total y -2,3% respecto a 2022) y
el resto fueron accidentes “in itinere” (85.327), accidentes producidos
al ir y venir de trabajar, que son los que crecieron en 2023 (+7,3%) y en
años anteriores (básicamente por los accidentes de tráfico). La mayoría de los accidentados
en el trabajo son hombres (casi el 71%), pero curiosamente las
mujeres son las que tienen más accidentes con baja “in itinere” (el
56% del total), quizás porque se desplazan más por conciliar el trabajo con los
hijos y las tareas del hogar. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados
(94,5%) y el resto autónomos (5,5%).
Del total de accidentes laborales con baja, 4.706 fueron
accidentes graves, con muertos y heridos de importancia (similar a los 4.714 de
2022). De ellos, 721 fueron accidentes mortales (105 fallecidos
menos que en 2022), la mayoría de los muertos hombres (658) y
asalariados (649), según
Trabajo. Estas muertes laborales se repartieron entre las producidas en
el trabajo (581, 98 menos que en 2022) y las producidas “in itinere”,
al ir o volver de trabajar (140 muertes, 7 menos que en 2022). Las principales
causas de las muertes en el trabajo fueron los infartos y
derrames cerebrales (245 de las 581 muertes en jornada), seguida de los
accidentes de tráfico (91 muertes), las caídas (91 muertes) y el quedar aplastado
o atrapado (87 muertes). En el caso de las muertes “in itinere”, la mayoría
(125 de 140) fueron en accidentes de trafico al ir o volver de trabajar.
Las actividades más peligrosas, con más
accidentes laborales con baja
en 2023, fueron la industria (95.273 accidentes, +3,5%), construcción
(83.968, +3%), comercio y la reparación de vehículos (70.726, +4,9%),
las actividades administrativas y servicios auxiliares (55.172, -1,6%), hostelería
(53.397 accidentes, +7,6%) y transporte y almacenamiento (39.682, +2,7%),
habiendo bajado casi a la mitad los accidentes en sanidad y servicios
sociales (42.439 bajas en 2023, -39,4%), por haberse mitigado el COVID, que
se consideró un accidente laboral en la sanidad y la atención y disparó los
accidentes entre 2020 y 2022. Pero si miramos la siniestralidad
relativa, respecto a las personas que trabajan, las actividades más
peligrosas son la minería (6,11 accidentes por 100 trabajadores),
la construcción (6,08%), el suministro de agua, saneamiento y
residuos (5,67%), el campo (4,12%), la hostelería (3,77) y la Administración
pública y Defensa (3,53%), frente al 2,17% de media. Y por autonomías,
superan la media de accidentes con baja Baleares (4,17%), Navarra (3,75%), La
Rioja y Castilla la Mancha (3,45%), Murcia (3,04%), País Vasco (2,94%) o Andalucía
y Asturias (2,93%).
Centrándonos en las muertes
laborales, la mayoría de los fallecidos son hombres (658 muertos, el 91,2% del total) y trabajadores mayores de 50 años (402 muertos, el 55,2%). Las actividades más letales son los servicios
(282 muertos en 2023, -11,9%), especialmente el transporte y
almacenamiento (129 muertos), el comercio y la reparación de automóviles (60),
las actividades administrativas y servicios auxiliares (56 muertos) y la
hostelería (31 muertos), seguidos de la construcción (141 muertos, -12,7%),
la industria (96 muertos, -15,8%) y el campo (72 muertos, -11,9%).
Y por autonomías, destaca la mortalidad laboral en Andalucía (116 muertes
laborales en 2023), Cataluña (107), Comunidad Valenciana (72), Galicia (56) y
Castilla y León (51).
Pero si ponemos estas muertes en relación con los que
trabajan, las
actividades más letales son el campo y la pesca (10,33 muertes por
100.000 trabajadores), la construcción (9,49) y la industria (4,07), muy
por encima de la media española (2,92 muertes por cada 100.000 trabajadores). Y
por autonomías, las más letales son La Rioja (9,89
muertes por 100.000 trabajadores), Melilla (8,34), Cantabria (4,96), Galicia
(4,84, con 6,66 en Lugo), Aragón (4,43, con 9,21 muertes por 100.000
trabajadores en Teruel), Castilla la Mancha, 4,17, con 10,29 en Cuenca), Asturias
(4,07) y Castilla y León (4,12, con 10,11 en Soria y 6,24 en León).
Los accidentes y muertes laborales preocupan también en
Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja (4 días o
más) y 2.982 muertes al año en el trabajo, según
Eurostat. España es el tercer país en accidentes laborales con 4
días de baja o más (356.001 en 2021), detrás de Alemania (667.104) y Francia (447.161)
y por delante de Italia (203.733), según
Eurostat. Pero como tenemos menos trabajadores, ocupamos
el 2º lugar europeo en incidencia (2.656 accidentes por 100.000
trabajadores, detrás de Francia (3.364) y por delante de Italia (1.244) y Alemania(1.858). Y en muertes por
accidente laboral, la tasa española (2,49 muertes por cada
100.000 trabajadores en 2021) es superior a la media europea (2,23),
aunque nos superan Francia (4,45) e Italia (3,17), mientras Alemania tiene la
mitad de tasa de mortalidad laboral (1,08 por 100.000), según
Eurostat (2021).
El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes, también enfermedades
profesionales, que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al
trabajador en unos años. Y en los últimos años crecen: en 2023 se
contabilizaron 25.878 partes de enfermedades profesionales, un +15,5%
que en 2022 (22.408), aunque todavía son menos que antes de la pandemia (27.392
en 2019), según
Trabajo. Por autonomías, donde más crecieron los partes fue en
Cataluña (+57,92%), Cantabria (+46,91%), Canarias (+35,71%) y Madrid (+24,48%).
Las
causas que provocaron estas enfermedades profesionales fueron los agentes
físicos (20.842 partes), los agentes biológicos (1.850), las
enfermedades de la piel (1.459), la inhalación de sustancias (945), agentes
químicos (688) y sólo 94 partes de enfermedad profesional fueron por cáncer
(107 en 2022). Las actividades
con más bajas por enfermedad profesional (10.929 en 2023, +13,54%)
son la industria (4.023, +7,45%), el comercio y la reparación de vehículos
(1.467 bajas, +7,24%), las actividades administrativas y servicios auxiliares
(1.022, +8,49%), la construcción (937 bajas, +12,22%) y la hostelería (917
bajas, +29,15%).
Los sindicatos denuncian cada año el bajísimo
reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (94 casos en
2023), que en la mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador acaba
en los Tribunales. UGT
considera que 1 de cada 3 casos de cáncer que se detectan en España
podrían estar relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas en
el trabajo. Los trabajos con más riesgo, según
detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la
sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de
madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el
formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos. Los sindicatos
piden que se eviten muchos casos de cáncer controlando estos trabajos más
expuestos y que se flexibilice la normativa, para reconocer muchos casos de
cáncer como enfermedad profesional, facilitando luego la reinserción del
trabajador curado.
Los sindicatos acaban de valorar positivamente la reducción
de muertes por accidente laboral en 2023, pero creen
que todavía hay datos preocupantes. Por un lado, el número de
accidentes con baja se ha estancado y habría aumentado de no ser por las bajas
por COVID, que se han desplomado a la mitad. Y señalan que en la reducción de
muertes ha jugado que una parte de la subida de 2022 fue por el naufragio del
pesquero gallego. Pero, sobre todo, alertan de que en casi todos los
sectores han aumentado las bajas por accidente, sobre todo la
industria, la construcción, el comercio, el transporte y la hostelería. Y por
eso, temen que la siniestralidad laboral repunte en 2024, mientras recuerdan
que es mayor que en el resto de Europa y que 2 muertos diarios es “un dato
insoportable”.
Los sindicatos
denuncian que muchas empresas no cumplen la Ley de prevención de
riesgos laborales y que, con la COVID y la crisis posterior (más la
inflación), muchas
empresas “han bajado la guardia”, destinando menos recursos y
formación a la prevención. Y sobre todo las pymes, las menos preparadas.
Y aportan un dato clave: en un tercio de los accidentes laborales producidos
en 2022 se detectó que no se había realizado una evaluación de riesgos, como
exige la normativa. Además, los sindicatos se
quejan de falta de control, porque la Inspección de
Trabajo carece de medios para vigilar (tienen un funcionario por cada
15.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 de media en la UE). Y denuncian la falta
de medios judiciales para acabar con la impunidad penal ante los
accidentes laborales. Baste un dato: en 2022 sólo hubo 432
sentencias judiciales por siniestralidad laboral, 264 condenatorias.
Y algunas incluso sobre accidentes de hace 20 años (19 relativas a 2004-2009).
El mayor motivo de esperanza es que España, forzada por la
Comisión Europea, ha creado una Mesa tripartita (Gobierno, sindicatos y
patronal), dentro del diálogo social , para atajar los accidentes y
muertes laborales, siguiendo el Marco
Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, aprobado por la
Comisión Europea en junio de 2021. La primera reunión de la Mesa de prevención
de riesgos laborales se
celebró el lunes 12 de febrero, con año y medio de retraso, y tanto
el Gobierno como las fuerzas sociales han trazado una hoja de ruta para
aprobar medidas que reduzcan los accidentes y las muertes en el trabajo. Los
sindicatos piden
un Plan de choque, que mejore la prevención en las pymes y amplíe
los riesgos psicosociales y la problemática ligada con la salud mental y las
nuevas tecnologías, dotando de más medios a la Inspección de Trabajo y a los
Juzgados, además de reforzar los organismos estatales y autonómicos ligados a
la prevención y la salud laboral.
En definitiva, se trata de contar con más medios para vigilar
el cumplimiento de las normas de riesgos laborales y castigar con más dureza
(multas y penas) a los culpables, porque tanto los sindicatos como los expertos
creen que no
hacen falta más normas, sino que se cumplan. Y, sobre todo, que las empresas (y los trabajadores) apuesten por la seguridad en el trabajo, no
sólo por sentido común sino porque “es
rentable”: los accidentes laborales le cuestan cada año a Europa un
3,3% de su PIB, según la UE, entre bajas, gastos médicos e indemnizaciones, lo
que supone un coste global de 480.000 millones de euros (a España le cuestan unos 40.000 millones anuales). Y se estima que, por cada euro invertido en seguridad,
la empresa obtiene algo más del doble en productividad.
Hay que acabar con
esta lacra de los accidentes y muertes por trabajar, 721 muertos “invisibles” de los que no se habla, al contrario que
los muertos por tráfico (1.145) o por violencia de género (56). Una factura
humana inadmisible y escandalosa, más en el siglo XXI. Hay que alcanzar un gran Pacto social, como país y
empresa a empresa, con un solo objetivo: conseguir “muertes
cero” en el trabajo. No podemos consentir que el trabajo mate.
Un trabajador de 58 años murió este martes en San Fernando de Henares (Madrid) al caerle encima una viga durante la demolición de una nave industrial. Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 721 fallecidos durante 2022, en el trabajo (581) o yendo y viniendo de trabajar (140 muertos “in itinere”), según los datos que acaba de publicar Trabajo. Una cifra que reduce sustancialmente los muertos laborales de 2022 (826), disparada por el repunte de la pandemia y los muertos (21) del naufragio del pequero gallego “Villa de Pitanxo" en Terranova. Y que es similar a la cifra de muertos por accidentes laborales en 2019 (721 también), aunque ahora trabajan 1,2 millones de personas más que antes de la pandemia. Aún así, son muchos más de los 558 muertos laborales de 2013, el mínimo desde antes de la crisis financiera (841 en 2007) y la mitad de las 1.580 muertes en el trabajo producidas en España el año 2.000.
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jueves, 26 de julio de 2018
EPA junio 2018: empleo histórico pero precario e insuficiente
Los datos de la EPA conocidos hoy han sorprendido: se crearon 469.900 empleos en el 2º trimestre, un récord histórico, aunque la Semana Santa cayó en marzo. Y la tercera parte, entre mayores de 50 años. Dos buenas noticias que ocultan que sólo el 6,15% de los nuevos contratos hechos en 2018 han sido “decentes”, fijos y a tiempo completo. Y que todavía tenemos más del doble de paro que Europa y el triple de paro juvenil. Ahora, se espera que el empleo crezca algo menos en los próximos meses, como la economía. Y que no se recupere el empleo de 2008 hasta el año 2021 o 2022. Por eso es importante reanimar la economía y el empleo, con algo más gasto y déficit, aunque PP y Ciudadanos no lo apoyan. Y en paralelo, urge aprobar dos Planes de choque. Uno para los parados, porque la mitad no cobran nada. Y otro contra el empleo precario. El Gobierno anuncia que en agosto pondrá en marcha un Plan para inspeccionar a las empresas que subcontratan y el abuso de becarios, falsos autónomos, docentes, economía colaborativa y brecha salarial. Falta hace.
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| enrique ortega |
El segundo trimestre suele ser bueno para el empleo, por el turismo y las tareas agrícolas, aunque este año era diferente porque la Semana Santa cayó en marzo. Pero se han roto todas las previsiones: esta primavera se crearon 469.900 empleos, según la EPA conocida hoy, la mejor cifra de la historia, muy superior a los empleos creados en los últimos años (+375.000 en 2º trimestre 2017 y +271.400 en 2016). El nuevo empleo se ha creado sobre todo en los servicios (+ 371.400), por el turismo y la hostelería, aunque también aumentó en la construcción (+63.400) y la industria (+46.400), cayendo en el campo (-10.200). Se ha creado más empleo entre los hombres (+ 244.300) que entre las mujeres (+225.500). Y lo más chocante: se ha creado sobre todo entre los mayores de 50 años (+160.300) y los de 30 a 40 años (+98.100 empleos. Por autonomías, ha crecido el empleo en todas, pero sobre todo en Baleares (+ 85.400), Andalucía (+64.700) y Cataluña (+57.200).
El problema, un trimestre más, es que el empleo creado es muy precario, aunque menos que en 2017: de los 10.829.878 contratos
firmados entre enero y junio (una
barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,6% fueron temporales y un 10,4
% indefinidos (frente al 9,88% en todo 2017), según datos de Empleo. Y un 34,7% fueron a tiempo parcial, por horas, mientras
el 65,3 % restante eran contratos a jornada completa. Con ello, sólo el
6,15% de todos los contratos firmados en 2018 han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad
que se arrastra desde 2009. Y ahora, un 26,8% de todos los trabajadores asalariados tienen un contrato temporal (la cuarta parte de
los nuevos, por menos de 7 días), el porcentaje más alto de Europa, donde hay
un 14,5% de trabajadores temporales. Y un 15 % de trabajadores tienen un empleo a tiempo parcial, el 60% porque no encuentran otro mejor.
La mejora del empleo ha permitido reducir el paro estimado en el segundo trimestre, en 306.000 personas, una rebaja algo menor
a la de 2017 (-340.700 parados en primavera), porque han aumentado las personas
que buscan trabajo (+163.900 activos). Con ello, el número de parados baja a 3.490.100,
según la EPA de hoy, y la tasa de paro se reduce al 15,28 %, la más baja
en una década. A pesar de la mejoría, somos el 2º país de Europa con más paro (tras el 20,1% de Grecia) y
tenemos más del doble de paro que el
continente (7% de paro en mayo en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de
Eurostat. Y lo peor es el paro juvenil,
el de los menores de 25 años: en España afecta al 34,68 % de los jóvenes, frente al 15,1% en Europa (UE-28), el
31,9% en Italia, el 20,4% en Francia, el 11,5% en Reino Unido o el 6,1% en Alemania.
El paro en España
se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los
parados:1.816.200 , con una tasa del 17,08
%, frente al 13,72% de los hombres), los
jóvenes (34,38 % de paro entre los
menores de 29 años), los inmigrantes
(22,3 % de paro) y los mayores de 50
años (el 13,2 % de paro, el triple que en 2007), donde ya hay 909.500 españoles mayores sin trabajo
(y sin posibilidad de tenerlo la mayoría), según la EPA de hoy. Además, el paro se concentra también en 5
autonomías, que mantienen una tasa de paro “insoportable” superior al 20%:
Ceuta ( 29,46 %), Melilla (27,96 %), Extremadura ( 23,85%), Andalucía ( 23,09 %), y Canarias ( 20,06%), casi
la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España
rica, Navarra ( 9,93% de paro), País Vasco ( 10,12% ) y la Rioja (10,68%). Y un
dato esperanzador: se han reducido (-128.700) los hogares donde no trabaja nadie:
son 1.113.000 hogares los que tienen a todos sus miembros en paro.
Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más
de 1 año sin trabajar, los llamados “parados
de larga duración”: en junio de 2018 eran 1.780.100 personas, el 51%
de todos los parados, según la EPA del segundo trimestre (en la UE-28 son el 43% de los parados). Y de
ellos, 1.274.600 llevan ya parados más de 2 años y un millón largo más de 4
años sin trabajo, según un estudio de Fedea. De hecho, en las oficinas de empleo (SEPE) hay 668.432 parados apuntados desde hace
más de 4 años, según los datos aportados por UGT. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que
tienen muy difícil volver a trabajar,
porque están “fuera del mercado”. Y no sólo por
su edad (un 70% de los que llevan parados más de 4 años superan los 50 años y dos tercios son
mujeres) sino porque tienen poca formación: un 63% de
estos parados de larga duración sólo tienen la ESO (o incluso menos) y eso les
aleja aún más de poder ser contratados.
Mientras ven difícil recolocarse, el mayor problema de
muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir,
porque tras tantos meses en el paro, se les ha agotado el subsidio en
muchos casos. Y así nos encontramos con que más de la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio de paro:
en mayo de 2018, según los últimos datos de Empleo, sólo cobraban alguna ayuda 1.716.471 parados, el 49,18
% de los parados estimados (EPA). Y encima, de los parados que cobran, sólo
algo más de un tercio (658.106 parados) cobran el subsidio contributivo de 810
euros al mes y los dos tercios restantes cobran un subsidio asistencial (de 6 a
12 meses) de sólo 430 euros mensuales. Los 1.773.629
parados restantes (el 50,82 % del total) no cobraban nada, ningún subsidio: cuando Rajoy llegó a
la Moncloa, a finales de 2011, los que no
cobraban ningún subsidio eran el 44,5% de los parados).
Esta rebaja en el número de parados que cobran alguna ayuda es
algo buscado, tras los recortes aplicados en 2012 y después a las prestaciones por desempleo, para recortar el gasto y el déficit público. Así, el gasto en desempleo ha pasado de un máximo de 32.366 millones en 2009 a 17.397
millones que se gastaron en 2017,
según la liquidación del Presupuesto. Y esa caída
del gasto (-46,26%) no se
corresponde con la caída del paro EPA en esos años (-559.800), que ha sido menor (-12,93%), con lo que ha caído el porcentaje de parados que no
cobran y los que cobran reciben menos
(810 euros mensuales frente a 864 euros
en 2011) y de forma muy desigual: en Baleares,
los parados cobran 984,60 euros de subsidio frente a 696,30 en Extremadura y
784,60 euros en Canarias.
Esta baja cobertura de parados que cobran el desempleo
provoca que casi la mitad de los parados
españoles sean pobres:
si en el conjunto de España, un 21,6%
de las personas son “pobres” (ingresan menos del 60% de la media: ganan menos
de 6.664 euros al año), entre los parados son pobres el 44,6% (ingresan menos de esos 6.664 euros anuales), según la
última Encuesta de Condiciones de Vida 2017 del INE. Y además, el hecho de que la mitad de los parados
estimados (EPA) no cobre ayudas les supone también que el Estado no cotiza por ellos a la Seguridad Social, lo que afecta muy negativamente a su futura pensión.
El Gobierno Rajoy preparó antes de irse una reforma para refundir las tres ayudas
asistenciales a los parados (Renta activa de inserción, Plan Prepara y Programa
de Activación para el Empleo) en una sola (Renta complementaria de Desempleo,
RED), un cambio que perjudica al 75% de los parados, según los sindicatos. El nuevo subsidio a
los parados de larga duración con cargas familiares se ha retrasado, con el
Presupuesto 2018, hasta el 5 de julio
y los sindicatos critican que es muy
“restrictivo”, porque la familia del parado necesita ingresar menos de 1.060
euros al mes para que él pueda recibirlo (y sólo durante 6 meses). Además, UGT y CCOO denuncian que el nuevo
subsidio deja fuera a 42.000 parados de larga duración que ahora no
pueden recibirlo. El nuevo Gobierno
Sánchez está negociando con autonomías y agentes sociales una solución para que estos parados sigan
cobrando y aprobarla el 3 de agosto.
Tras los datos de primavera,
se espera un verano bueno para el
empleo y que crezca menos en otoño, para cerrar 2018 con una menor creación
de empleo que en 2017, dado que la economía también va a crecer
menos (2,7% frente a 3,1% en 2017). Así, frente a los 490.300 empleos
creados en 2017, la previsión del nuevo Gobierno Sánchez es crear 456.000 nuevos empleos en 2018 y 439.000 empleos más en 2019. Eso
significa que España no recuperaría el
empleo de antes de la crisis (20.646.000
ocupados en junio de 2008) hasta dentro de tres años, hasta
diciembre de 2021 (20.653.000
ocupados), según la última previsión del Gobierno Sánchez. Habrán sido, pues, 13
años perdidos para el empleo. Y algunas otras
previsiones, como la del profesor Josep Oliver, retrasan esa recuperación
del empleo de 2008 un año más, hasta 2022.
Todo va a depender del panorama internacional en los
próximos años, de si estalla o no otra crisis, motivada por el proteccionismo y
la guerra comercial desatada por
Trump, la subida del petróleo y,
sobre todo, el impacto de la subida de los tipos de interés en Europa a partir de 2019, una medida
que puede frenar drásticamente el crecimiento de países como España, con el Estado,
las empresas y familias muy endeudados. Por todo ello, sería clave para
recuperar más empleo el que España
creciera más, que el Gobierno consiguiera reanimar la economía con más gasto y más inversión en 2019, algo que hoy parece imposible por el
veto del PP y Ciudadanos a un mayor gasto, a esos 5.300 millones más de déficit que
nos deja Bruselas. Y que España necesita para crear más empleo y
reducir la brecha de paro con Europa.
Pero, al margen de que la “pelea política” deje o no gastar
más en los próximos meses, el Gobierno y las fuerzas políticas deberían pactar dos Planes urgentes que necesita
la economía española. El primero, un Plan de choque contra el paro,
asentado en tres patas. Una, aumentar la cobertura de ayudas a los
parados, mejorando las ayudas actuales y recuperando las ayudas a los parados de 52 a 55 años que quitó Rajoy en 2013, al margen
de los ingresos de su familia. Dos, poner en marcha una estrategia de formación e incentivos a la contratación de
los parados de larga duración, en especial los mayores de 50 años, las
mujeres y los jóvenes. Y tres, una reforma a fondo de las oficinas de empleo
(SEPE), dado que el 91% de los parados no recibe ningún servicio (sólo el 4,12%
hace cursos) y ayudan a buscar trabajo al 2% de los parados, según un reciente informe de CCOO. Y eso implica no sólo tener más recursos y más medios (herramientas informáticas para ayudar a
los parados), sino también más personal:
cada empleado del SEPE atiende a 211 parados, frente a 105 en la UE-28, 73 en
Francia, 48 en Alemania y 24 en Reino Unido.
La otra gran prioridad es un Plan contra la precariedad laboral,
en dos frentes: lucha contra los abusos
en la contratación temporal y combate al empleo a tiempo parcial injustificado (excesos de jornada y horas
extras no justificadas). Hay que poner a la inspección de Trabajo a vigilar para combatir el empleo precario ilegal y no justificado, lo que
requiere antes que nada aumentar la plantilla de funcionarios,
que, tras los recortes hechos por el Gobierno Rajoy es hoy la más baja desde
2009: 1.800 inspectores y subinspectores, lo que da una media de 1 funcionario por 15.000 asalariados, el
doble de trabajo que en Europa (donde hay un inspector por cada 7.300
asalariados). De momento, el Gobierno
Sánchez ha dado un paso, al anunciar que en agosto pondrá en marcha un Plan de inspección que vigilará las subcontratas
(las camareras de piso, las “Kellys”, y los vigilantes de seguridad), los falsos autónomos y becarios, la economía colaborativa (plataformas de Internet, como Glovo),
los docentes que pierden el empleo
en verano y los re-contratan en septiembre y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es un buen comienzo y no se
entendería que políticos o empresas torpedearán este Plan por un empleo “más
decente”.
Otro trimestre más, la
EPA nos indica que se sigue creando empleo pero con
mucha precariedad. Y que, con más del doble de paro que Europa,
deberíamos volcarnos como país en crear más empleo y reducir el número de
parados y su pobreza. Sigue siendo la primera preocupación de los españoles, según el Barómetro del CIS, aunque no de los políticos. Pero hay que avanzar en la lucha
contra el paro, sin esperar a nuevas elecciones y Gobiernos. Tomar
medidas ya, para que más parados cobren, para que más parados vuelvan a
trabajar, para que la economía crezca más y haya más empleos. Esto es lo
realmente importante, no las peleas políticas sin salida.
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jueves, 22 de septiembre de 2016
Aumentan los accidentes de trabajo
Casi dos personas
mueren cada día en España en accidentes de trabajo: 301 muertes
en el primer semestre, 16 más que el año pasado. Y llevamos ya dos
años y medio creciendo los accidentes laborales, que cayeron a la mitad
con la crisis. También crecen las enfermedades profesionales
derivadas del trabajo. Patronal y Gobierno dicen que se debe a que hay
más actividad y más gente trabajando, pero los sindicatos denuncian que
la culpa de esta mayor siniestralidad laboral es doble: las empresas
gastan menos en prevención y hay más precariedad en el empleo (hay
más rotación en los trabajos, con gente menos experta en contratos por días o
semanas). Y que si se cumpliera la Ley
de prevención de riesgos laborales, se evitarían un tercio de los accidentes.
Por eso piden dedicar más campañas y medios a la prevención, más control de la inspección de
Trabajo y un Plan de choque contra los
accidentes laborales. No es de recibo que en pleno siglo XXI, trabajar mate.
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| enrique ortega |
Un hombre de 41 años murió antesdeayer en una empresa de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), al caerle encima unas bobinas de cable eléctrico que pesaban más de 300 kilos. Es el penúltimo trabajador fallecido en
un accidente laboral en España, donde el primer
semestre hubo 276.069 accidentes laborales y murieron 301 personas, 16 muertos más que el año pasado, según el Ministerio de Empleo. Con ello, sigue la tendencia
de los dos años anteriores, en
los que también aumentaron los accidentes
y las muertes en el trabajo, tras haber caído a la mitad con la crisis. El
récord se alcanzó en 2007, con 1.022.067 accidentes laborales y 1.136 muertes. En los años
posteriores, la cifra de accidentes cayó a la mitad, sobre todo porque 3,8
millones de personas perdieron su empleo. Pero en 2014 cambia la tendencia
(suben los accidentes a 491.099 y los muertos a 580) y volvió a aumentar la siniestralidad en 2015, con 529.000 accidentes y 629 trabajadores muertos, la mitad que en accidentes de tráfico (1.126 muertos en 2015). Y este año 2016 aún vamos peor.
El 86% de los accidentes laborales se producen en el centro
de trabajo (238.526 accidentes, con 226 muertes, en la primera mitad de
2016), pero otro 14% se producen yendo a trabajar,”in Itinere” (37.543 accidentes, con 75
muertes), dos tercios de ellos por accidentes de tráfico, que son los que más
han aumentado este año. La mitad de las muertes por accidente laboral se
producen en los servicios (312 de las 629 de 2015), porque es donde
trabajan tres de cada cuatro españoles, seguidos de la industria (157muertos),
la construcción (87) y el campo (73), pero la actividad más peligrosa sigue siendo la construcción (con el doble
de accidentes que la media), seguida del campo y la industria. Hay 8 autonomías
que superan la media de accidentes, encabezadas por Baleares, Castilla la
Mancha, Asturias, Canarias y Andalucía, aunque en 2016 ha sido Navarra donde más han crecido los accidentes laborales.
Un dato destacable es el aumento de accidentes y muertes entre las mujeres, sobre todo en accidentes camino del trabajo. Los expertos
lo achacan a que las mujeres tienen más contratos precarios y a tiempo parcial,
a la vez que se ocupan más de los hijos y las tareas del hogar, lo que multiplica sus desplazamientos y sus riesgos
de tener un accidente yendo o viniendo de trabajar. También es mayor la
siniestralidad laboral entre los jóvenes (los menores de 25 años tienen un 20% más de accidentes
laborales), debido a su menor experiencia y a las peores condiciones de
trabajo: tienen más contratos temporales y reciben menos formación para
prevenir riesgos laborales. De hecho, las estadísticas revelan que un 38% de los accidentes con baja laboral se
producen en trabajadores con menos de 1 año de antigüedad.
El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes sino también
enfermedades profesionales, que no
siempre se diagnostican como tales. En 2015 se diagnosticaron 24.627
enfermedades profesionales, un 47% con baja laboral, según el Ministerio de Empleo, lo que convierte a España, junto a Francia,
en el
país de Europa con más enfermedades profesionales. Y en la primera
mitad de 2016 ya se han diagnosticado 11.657, casi mil más que el año pasado.
Las enfermedades profesionales se dan sobre todo en la industria y la minería,
también en la construcción, destacando Navarra, País Vasco, la Rioja y Aragón.
UGT
denuncia que un 20% de las
enfermedades profesionales no se contabilizan como tales, (serían 2.320 más al año), porque no se reconocen
así por las empresas, los médicos o las Mutuas. Y eso porque es una manera de que Mutuas y empresas se
ahorren dinero, pasando la factura de estas enfermedades a la sanidad pública.
Y dan dos ejemplos. Uno, el cáncer laboral: mientras algunas
estimaciones hablan de 9.000 nuevos diagnósticos anuales atribuibles a
exposiciones laborales, las Mutuas sólo comunicaron 23 casos en 2015 (19 por
exposición al amianto). Y lo mismo pasa con el aumento de enfermedades psíquicas y depresiones, muchas de ellas
derivadas de situaciones laborales muy críticas.
¿Por qué aumentan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales?
Según los empresarios y el Gobierno, porque hay más actividad económica y un
millón más de españoles trabajando que hace dos años y medio. Es cierto. Pero hay más razones de peso. Para los
sindicatos, dos son claves. Una, el aumento de la precariedad, a partir de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en febrero de
2012: han aumentado los contratos temporales (92% de los que se hacen) y a
tiempo parcial (35%), por lo que hay más rotación en el empleo, gente trabajando
poco tiempo, sin formación en riesgos laborales y sometidos a tensos ritmos de
trabajo, con plantillas muy recortadas. De hecho, el 36,7% de los accidentes con baja se concentran en trabajadores con
contrato temporal (que son el 24% de todos los trabajadores). La otra causa
es que las empresas, con la crisis, invierten menos en prevención. Y otras han
externalizado el servicio, lo que dificulta el control sindical.
Para los sindicatos, la
causa principal de que haya más muertes en el trabajo es porque no se cumple la Ley de prevención de riesgos laborales, de noviembre de 1995, en su opinión “una buena Ley”.
Y lo argumentan en que el 31% de los
accidentes de 2015 se produjeron en empleos donde no se había llevado a cabo la
obligatoria evaluación de riesgos laborales para los trabajadores que los
ocupan, según un estudio de UGT. Eso significa, añaden, que 1 de cada 3 accidentes laborales en los centros de trabajo (no “in Itinere”) se podrían haber evitado: serían 140.232 accidentes y 148 muertes
evitables, sólo en 2015.
Urge un Plan de choque contra los accidentes
laborales y las muertes en el trabajo, que invierta más en prevención, con formación en las empresas y
campañas públicas de concienciación social. Y dotar de más medios y personal especializado (expertos en prevención) a la Inspección de Trabajo, para multiplicar los controles en las
empresas. Ahora, en muchos casos, la empresa donde se produce un accidente trata
de calificarlo de “leve”, para evitar la intervención de la inspección de
Trabajo, porque cuando el accidente es grave interviene de oficio la inspección
de Trabajo y sanciona a la empresa si es culpable. Y en muchos casos, el trabajador no denuncia, por miedo a represalias
o al despido. Otro problema a resolver es el
atasco de los Tribunales a la hora de fijar las indemnizaciones: tardan de
media 5 años y medio en dictar una sentencia, según la última Memoria judicial.
Otro problema a resolver es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades profesionales, que
exigiría un menor papel de las Mutuas y un mayor protagonismo de la sanidad pública, a la que habría que trasvasar
recursos que ahora tienen las Mutuas, para crear unidades básicas
de salud laboral en las áreas de atención primaria, formando a especialistas
(no existe la especialidad de medicina del trabajo en la Sanidad pública).
Al final, UGT y CCOO enviaron al Congreso de los Diputados en
abril una propuesta para que se cree una Comisión parlamentaria para analizar la salud laboral en España y tomar las
medidas necesarias para reducir la siniestralidad laboral, esos 1.500 accidentes y casi 2 muertos diarios,
que tienen un gran coste humano, sanitario y económico para España. Es
otra tarea urgente para el futuro Gobierno, en colaboración con sindicatos y
empresarios. Porque no es admisible que en
pleno siglo XXI, el trabajo mate. Y más, cuando un
tercio de estas muertes podrían evitarse, con dinero y formación. La vida no tiene precio.
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