España, un país de morosos

Es el deporte nacional: no pagar lo que se debe. Instituciones, autonomías, Ayuntamientos, empresas, autónomos y tres millones de particulares registrados como morosos. Somos el tercer país de Europa con más morosidad. El sector público tarda 162 días en pagar y las empresas 98 días. Todos incumplen la Ley contra la Morosidad (2010), que desde este 1 de enero obliga a pagar en 60 días (y en 30 las Administraciones públicas). Los impagos son un virus que contagia a empresas y autónomos sanos y fuerzan a un tercio a cerrar. Ahora, los impagos han llegado a  muchos trabajadores: sus empresas tienen problemas y ellos no cobran su sueldo o lo cobran tarde y mal. Y trabajan sin cobrar para no perder su empleo. La esperanza está en una Directiva europea que entra en vigor en marzo y obligará a España a cumplir con la Ley. Pero no bastará. Hace falta un Plan de choque contra la morosidad. Y salir de la recesión, porque mientras sigamos así, muchos no podrán pagar.

enrique ortega

En julio 2010, el Gobierno Zapatero aprobó una Ley contra la Morosidad, para intentar poner freno a la cadena de retrasos e impagos que arrastraba la crisis. El objetivo era acortar los plazos de pago con un calendario: 85 días en 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 desde el 1 de enero de 2013 (50, 45 y 30 días para el sector público). En paralelo, el acreedor podía reclamar al deudor hasta un 15% de la deuda, como indemnización. Pero las reclamaciones se eternizan en los Juzgados y la morosidad sigue ahí, con plazos de pago escandalosos: 162 días en las Administraciones  públicas (51 de media en Europa) y 98 días entre empresas (78 en la UE), según la Plataforma contra la Morosidad. Y las empresas del Ibex 35 pagaban en 2012 con 215 días de retraso.

España es el tercer país europeo con más retraso en los pagos, tras Italia (a 180 días paga el sector público y a 113 el privado) y Grecia (168 y 110 días), muy alejado del plazo de pago en Europa central (50 y 55 días) y en el norte de Europa (33 y 34 días). Cada año, las empresas dejan de cobrar por impagos un 7,1% de su facturación, perdiendo 42.600 millones. Esta morosidad es un virus que contagia a la economía sana y la tumba: se calcula que un tercio de las 600.000 pymes y 200.000 autónomos que han cerrado ya durante esta crisis ha sido por no poder cobrar sus ventas y servicios.

Siempre se habla del sector público como el mayor moroso: en 2011 debían unos 50.000 millones a empresas y autónomos, a los que autonomías y Ayuntamientos pagaron 27.000 millones en mayo de 2012, gracias a un Plan de pago de facturas con créditos públicos. Pero como les siguen cayendo los ingresos, han vuelto a las andadas: las autonomías debían 13.730 millones a proveedores en octubre de 2012, según Hacienda. Y habrán cerrado el año con 15.000 millones, más otros 5.000 los Ayuntamientos. Una deuda que sufren sobre todo pymes y autónomos, el sector educativo, la Dependencia (ancianos y discapacitados), proveedores sanitarios (3.000 millones sólo a los laboratorios) y farmacias, empresas de limpieza y servicios, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El sector público debe, pero también le deben. Sólo las autonomías tenían pendientes de cobrar a empresas y particulares 5.875 millones a finales de 2012. Y Hacienda, unos 20.000 millones en deudas tributarias (a 1,7 millones de contribuyentes), más otros 6.000 millones que está litigando en los Tribunales. Y la Seguridad Social, aunque no lo publica, podría tener 10.000 millones sin cobrar en cotizaciones. Para frenar los impagos, en julio subió los recargos al 20% aunque sea por un día y eso ha aumentado las peticiones de aplazamientos de pago: 2.000 millones de cuotas aplazadas en 2012, el doble que antes de la crisis. Y luego están los que no se retrasan ni aplazan: simplemente no pagan, por fraude o porque no pueden. Tal es así que la Seguridad Social tiene un “ejercito” de 3.257 funcionarios en procesos ejecutivos, para intentar cobrar cuotas.

Pero el grueso de la morosidad se da entre empresas y entre particulares. Más de la mitad de las empresas (56%) han sufrido un impago significativo en el último año, según el IV Estudio de Crédito y Caución. Y una de cada diez soporta impagos que ponen en riesgo su futuro. En el sector del transporte, por ejemplo, dos de cada tres facturas se cobra a más de 75 días. Y dos de cada tres empresas admiten tener contratos con clientes que les exigen pagarles a 85 días, cláusulas abusivas que prohíbe la Ley contra la Morosidad. La banca ha batido récords históricos de morosidad: un 11,23 % de los créditos concedidos hasta octubre, sobre todo créditos a promotores inmobiliarios (46.703 pueden ser fallidos), a empresas (36.810 millones pueden perderlos) y a particulares (24.800 millones, entre créditos consumo e hipotecas). Y un dato curioso: el 22% de las comunidades de propietarios tienen recibos impagados, por importe de 1.600 millones, de vecinos, inmobiliarias y bancos.

Al final, muchos trabajadores están sufriendo en sus carnes los impagos: sus empresas tienen problemas de liquidez o no cobran y a ellos no les pagan el sueldo, extras, horas o atrasos (o se los pagan con retraso). Se ha visto en empresas de limpieza o en trabajadores de la Dependencia y ONGs. Y no pueden hacer nada, salvo trabajar sin cobrar, porque si reclaman pueden verse en la calle. Otros, ya sin empleo, no han podido  pagar su hipoteca (siendo desahuciados) o sus deudas y han acabado en el registro de morosos de ASNEF, donde en 2009 había 2,7 millones de españoles (que hoy serán 3 millones). Y acabar fichado como moroso es una lacra que inhabilita para muchas cosas, desde abrir una cuenta bancaria a contratar la luz o el móvil. También hay mucho abuso de empresas (sobre todo de móviles) que llevan sin motivo a este fichero y otras que persiguen ilegalmente a los morosos.  

El  16 de marzo entrará en vigor una Directiva europea que obliga a pagar en 60 días (30 en el sector público), estableciendo un  recargo del 8,75%. Muchos creen que eso obligará a España a cumplir la Ley de Morosidad de 2010, empezando por la Administración. El ministro Montoro asegura que para este verano, el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán a 30 días, gracias a las ayudas del Fondo de Liquidez autonómico (23.000 millones para 2013). Además, estudia que las empresas puedan cobrar sus facturas directamente de Hacienda, que luego las descontaría de las transferencias públicas a autonomías y Ayuntamientos. Pero no basta. Las empresas piden sanciones más duras por impagos (de 6.000 a 900.000 euros), establecer la figura del mediador (funciona en Francia) y agilizar los trámites judiciales: hay 39 procedimientos y se tarda 515 días de media  para resolver disputas comerciales.

Con todo, hace falta un Plan de choque para reducir los impagos públicos y privados, con ayudas y créditos del ICO, además de quitas para las deudas con la Administración. Pero el fondo del problema de los impagos y la morosidad es la crisis: no se vende, no se cobra, no se puede pagar a todos. Mientras no se cambie de política y se acelere la salida de la recesión, habrá empresas y particulares en apuros que no podrán pagar. Y muchos morosos serán fallidos. Seguro.

El cuidado a los ancianos, en el aire

Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia. Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda  312.000 personas con derecho reconocido. Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia “no es viable” y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.

enrique ortega

La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los 3 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos. El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas. Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.

Y algo más grave: hay 8 autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes,  a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).  

En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios). Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.

Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos. Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.

El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su “empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla”. Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.

Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia “no es viable”, lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas. De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.

Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados  estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).

Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.

La Justicia gratuita, en peligro

Casi 2 millones de personas con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un servicio financiado con los impuestos y que cuesta menos que en Europa. Las autonomías, sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional, dentro de otros recortes que ya está sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.

enrique ortega

Defender gratis a los que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis, han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La mayoría son del turno de oficio (66%), seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).

En España, la Justicia gratuita, en la que colaboran 36.000 abogados de 83 Colegios, es muy valorada por los usuarios (nota de 6,9, según encuesta de Metroscopia) y resulta más barata que en Europa: costó 256,6 millones en 2010, 5,40 euros por habitante frente a 7 € de media europea (y 50 € en Reino Unido, donde tienen derecho a ella todos los ciudadanos). Y su coste bajó por primera vez en 2010, un 4%, a pesar del aumento de expedientes, sobre todo por impagos, ejecuciones hipotecarias, litigios en pagos por divorcios y juicios por delitos de tráfico.  

En las 5 autonomías donde la Justicia no está transferida (Castilla y León, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura), el Ministerio paga a los abogados sin problemas. Pero en el resto, las autonomías aplican recortes e impagos al turno de oficio. Madrid  debe los 10 meses de este año (8,14 millones), lo que ha provocado la primera huelga de abogados de la historia. Y Valencia debe otros 10 millones. En ambos casos, y en otros (Cataluña debe cuatro meses), los Colegios tienen créditos para pagar a sus colegiados (como los farmacéuticos).

Junto a estos impagos, casi todas las autonomías han aplicado recortes a la Justicia gratuita en 2011, reduciendo derechos: exigencia de más requisitos a los emigrantes (Valencia, Castilla y León, Madrid, Sevilla, Granada, Melilla), recortes a la asistencia a presos y desvío de la asistencia a mujeres maltratadas a asociaciones al margen de los Colegios de abogados. Y hay varias autonomías, con Madrid a la cabeza, que se han reunido para estudiar “reformas”, por tres vías: asumir ellos el servicio (“funcionarizarlo”), privatizarlo (Madrid ya ha adjudicado a Legalitas el Servicio de asistencia jurídica a mayores) y restringir el servicio (“a los pobres de solemnidad”, como dijo el ex- consejero madrileño, Granados).

Los recortes e impagos en la Justicia gratuita (el chocolate del loro: supone el 6,3% del gasto  en Justicia), son sólo una muestra de los recortes en la Justicia, tras los de sanidad, educación y gastos sociales, aplicados por el Gobierno (el Presupuesto 2011 cayó un 7%) y todas las autonomías, que financian el 60% del gasto judicial. Y eso, a pesar de que España gasta menos en Justicia (0,38% PIB, frente al 0,50 % de media en Europa). Y, lo más llamativo: hay varias autonomías del PP, empezando por Madrid y Aragón, que ya han dicho que quieren devolver  esta competencia al Estado. Y tanto Murcia como Castilla la Mancha no han querido este verano asumir las competencias de Justicia, como les tocaba.

En paralelo, Dolores de Cospedal advirtió que el PP “estudiará cómo gestionar mejor los recursos en Justicia”, lo que augura nuevos recortes. Y Cabré, el consejero de Justicia valenciano defendió que” los que usan la Justicia paguen una tasa extra”. Precisamente, varias asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria) han lanzado el debate del copago judicial: aumentar las tasas judiciales que liquidó Felipe González en 1986 y que recuperó Aznar en 2002. Actualmente las pagan sólo las empresas, en temas civiles y contenciosos, aportando 173 millones al año. Algunos expertos plantean extenderlas también a los temas penales y de lo social y que paguen también los particulares (que ya pagamos la Justicia con los impuestos). Otros sin embargo defienden aumentar el Presupuesto de Justicia, para modernizarla y hacerla más ágil, lo que pasa por aumentar jueces, plantillas, tecnología  y juzgados.

De momento, Cataluña introducirá en 2012 el copago en la Justicia, con siete nuevas tasas. En paralelo a este debate sobre la financiación de la Justicia, está en el aire el futuro del turno de oficio y la Justicia gratuita, más aún con el futuro Gobierno. Y eso cuando la Unión Europea se está planteando crear un turno de oficio europeo. El Consejo de Colegios de Abogados denuncia que “con la excusa de la crisis, algunas autonomías aprovechan para reducir derechos de los que por no tener posibles no tendrían ni derecho a una defensa justa”. 

Estamos hablando del 112 de la Justicia, un servicio público esencial (como la salud) que nos cubre por si nos pasa algo y no podemos pagar un abogado. Un servicio modelo en Europa y que cuesta 45 millones al año en Madrid (lo que 4 meses Tele Madrid) o 24 millones en la Comunidad Valenciana (poco más que las tres torres fantasmas de Calatrava). Es un derecho fundamental, para los más débiles, y hay que salvarlo.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

IVA facturas impagadas:otro palo a los autónomos

Son más de tres millones de españoles que se buscan la vida por sí mismos, con todos los inconvenientes de ser trabajadores y empresarios a la vez. El drama de los autónomos es que no venden, los bancos y Cajas les niegan la financiación y  sufren los impagos de empresas y la Administración. Y encima, tienen que pagar a Hacienda el 18% de IVA de las facturas que les deben, algo que no ha querido arreglar el Congreso, que acaba de votar en contra de una propuesta del PP para que no paguen el IVA de las facturas impagadas. Otro palo más para un colectivo con graves problemas, donde hay un 20% de pobres  y en el que se han dado de baja 375.000 autónomos en los últimos tres años.

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España es el país con más morosidad de Europa en el pago de las facturas y eso lo sufren especialmente los autónomos. Dos de cada tres autónomos denuncian que la morosidad les ha trastocado su negocio, según una encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo (ATA). Y cuatro de cada diez tardan al menos 6 meses en cobrar las facturas, mientras otros tres tardan entre 6 meses y un año y los tres restantes más de 365 días. Los que peor pagan son las administraciones públicas (sobre todo, autonomías y Ayuntamientos), a 158 días de media, incumpliendo en un 95% la Ley de Morosidad aprobada en 2010 (les fijaba un máximo de 50 días para pagar en 2011). En cuanto a las empresas privadas, pagan en España a un plazo medio de 101 días, frente a 57 días en la Unión Europea.

Por si no tuvieran bastante con no cobrar, los autónomos tienen que pagar a Hacienda cada trimestre el IVA de las facturas que emiten, las cobren o no. Así, el autónomo, obligado a ser recaudador, está adelantando al fisco unos 1.500 millones de euros por el IVA de las facturas impagadas. Por eso, llevan años pidiendo que sólo paguen el IVA de las facturas cobradas, una petición que el PP trasladó al Congreso y que fue rechazada por el Gobierno y la mayoría de los grupos, para no bajar la recaudación. Otra petición, también rechazada por el Parlamento, era no pagar tributos y cotizaciones a las entidades públicas para compensar las facturas impagadas a autónomos y pymes (unos 34.000 millones de euros en total).

Al final, los impagos son responsables de la caída de dos de cada tres autónomos, según ATA. Otro grave problema es la falta de financiación: el 54,2% de los autónomos señala que bancos y Cajas le denegaron un crédito en el primer trimestre de 2011 y a otro 23% le dieron menos de lo que pidió. El resultado, según la encuesta, es que dos de cada tres autónomos desisten ya de pedir financiación. Y lo peor de todo es que, además, no venden: un 74 % de los autónomos han disminuido su actividad en 2011, casi la mitad de ellos con caída de ventas de más del 20%, que se suman a la caída del negocio en los dos años anteriores.

Morosidad, falta de crédito y caída de ventas, tres problemas que llevan a los autónomos a no crear empleo (el 81% no ha contratado a nadie en 2010 y el 88,7% no piensa hacerlo en 2011) y a cerrar. El primer trimestre de 2011 ya han dejado su actividad 56.500 autónomos y en los últimos tres años de crisis ya han caído 375.000 autónomos, según ATA. Y sólo una mínima parte cobrará el desempleo, ya que de los 3.162.336 autónomos registrados, sólo 640.000 se han decidido a cotizar por desempleo, para cobrar dos meses por año cotizado.

Otro problema es su envejecimiento: 7 de cada 10 autónomos tienen más de 40 años y los jóvenes no se animan a trabajar por su cuenta. Lo peor es que el 95% de los autónomos cotizan por bases mínimas, con lo que sus pensiones son un 41 % inferior a las de un trabajador asalariado, según UPTA. Para corregirlo, las asociaciones de autónomos han iniciado una campaña para convencer a los autónomos de que coticen por bases más altas. Y el Gobierno les ha cambiado la norma, con lo que ahora sólo tienen hasta los 42 años (antes, hasta los 50) para elegir la base de cotización de los últimos 25 años que computan para la pensión. Con ello, muchos autónomos que ahora cotizaban lo mínimo (223 euros al mes) van a tener que cotizar 730 euros más al mes (hasta 953 €) para poder tener una pensión decente.

En resumen, un panorama desolador en un año, 2011, donde la mayoría de autónomos espera que su negocio irá igual (32%) o peor (50%). Ello agravará los ceses de autónomos y su nivel de vida, ya muy deteriorado por la crisis. Tal es así que un 20% de los autónomos españoles son pobres, según la EFILWC (una agencia de la UE), porque perciben rentas por debajo del 60% de la media de los trabajadores. En este grupo están sobre todo los autónomos jóvenes con hijos que trabajan en el campo, la pesca, la limpieza o la hostelería.

Al final, los autónomos son una pieza clave para crear empleo y riqueza, una buena fórmula de autoempleo para jóvenes, mujeres y desempleados. Pero necesitan ayudas para lanzarse a emprender un negocio, no un palo al mes como se les da. Hay que mimarles.