España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.

España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo” que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

Trabajo precario: los esclavos del siglo XXI

Ya nada nos sorprende, pero es indignante: empresas que no pagan las nóminas o bajan un 25% los sueldos, horas extras que no se pagan, médicos en paro que hacen guardias en cinco hospitales, profesores contratados por días, camareros con contratos a media jornada que trabajan 12 horas, becarios sin cobrar durante años, empleos a comisión sin  sueldo y hasta empresas que cobran a los que buscan trabajo. Miles de ejemplos de trabajo precario, ilegal y legal, de abusos a parados y trabajadores, cada vez más indefensos. España es el país con más precariedad de Europa, el paraíso del contrato temporal: el 92,16% de los firmados en 2013. Y así nos va: menos consumo, menos ingresos fiscales, menos cotizaciones, más accidentes y menos productividad. Y la patronal ha pedido todavía más flexibilidad en contratos, sueldos y horarios. La esclavitud laboral no ayudará a salir de la crisis. Nos hundirá por décadas.
                                    
                                                                                              Enrique Ortega

Tras cinco años de crisis, los trabajadores españoles están cada vez más indefensos, a merced de los crecientes abusos (legales e ilegales) de muchas empresas, grandes y pequeñas, que los consideran como trabajadores kleenex, de usar y tirar. Se recortan sueldos, se cambian horarios y se quitan horas extras, se reducen derechos y se cambian contratos más estables por otros temporales y precarios. Y el poco empleo que se ofrece es más precario y barato, mucho sin contrato, con sueldos de hasta 4 euros la hora. Incluso hay empresas que cobran por hacer los trámites de selección a parados, mientras uno de cada cuatro fraudes en Internet son ofertas de empleo falsas, según Inteco.

Un negro panorama, agravado por la crisis, el recorte en la inspección de Trabajo y la debilidad de los sindicatos. Con ello, España es el país de Europa con más precariedad laboral, según las estadísticas. Primero, somos el país con más contratos temporales: 23,1% de todos los contratos, frente al 14,1% en Europa. Y sobre todo en los dos colectivos que más los sufren: jóvenes (65% con contrato temporal frente al 43% en la UE) y mujeres (26,1% con contratos temporales frente al 23,9% los hombres). De hecho, este año 2013, un 92,16 % de los contratos firmados hasta septiembre son temporales, según Trabajo. Lo peor  además es que España es el país europeo donde menos contratos temporales se hacen fijos: 16% frente al 23% en UE o el 41% en Alemania.

Segundo, somos el país con más crecimiento de los contratos a tiempo parcial: un 33% de los firmados este año son a tiempo parcial y otro 28,5% por obra. Ya representan el 16,4% de los contratos, aún por debajo de Europa (19,5%), pero lo preocupante es que mientras en otros países hay una mayoría que “eligen” trabajar menos tiempo, en España se hacen porque son lentejas: o los tomas o no hay otros. Así, los contratos a tiempo parcial “involuntarios” son el 62% en España y el 28% en Europa (18% en Alemania). Y son las mujeres españolas las que acaparan el 80% de estos contratos a medias.

Hay muchas otras formas de precariedad en auge. Una, la subcontratación en cadena: personas que trabajan para una gran empresa a través de una, dos o más empresas interpuestas, subcontratistas que les explotan y malpagan quedándose con la diferencia. Y que desaparecen incluso si vienen mal dadas. Otra, los falsos autónomos, muchos de ellos trabajadores despedidos de una empresa que trabajan para ella en exclusiva, a veces en la misma mesa, como autónomos, pagándose su Seguridad social, sin vacaciones ni extras: arquitectos, periodistas, ingenieros y muchos profesionales de la construcción y hostelería. Y luego están cientos de miles de becarios, jóvenes que trabajan con o sin contrato, con o sin sueldo, años y años, la mayoría sin cotizar (ahora, tras una sentencia del Supremo, se obliga a muchos a cotizar desde septiembre). Ya en 2012, la Comisión Europea advirtió de la precariedad de los becarios españoles.

Y luego está el trabajo más precario, el empleo sumergido, que ha crecido con la crisis: se estima que hay entre 1 y 4 millones de empleos sumergidos, cubiertos por parados o por subempleados, la mayoría en la construcción, agricultura, hostelería y comercio, en el trabajo doméstico, entre cuidadores (niños y ancianos)  y en trabajos a domicilio. Y el último eslabón de la precariedad son los inmigrantes ilegales, contratados en la calle y llevados en furgonetas a trabajar a fábricas ilegales o al campo, hasta por 4 euros la hora.

Otra precariedad, que afecta a la mayoría de trabajadores, son los salarios a la baja y el auge de los mileuristas: cuatro de cada diez españoles, más de 15 millones de trabajadores, autónomos, parados y pensionistas ganan menos de 1.000 euros al mes. Y lo peor es que más de la mitad son minieuristas: 8,5 millones de españoles que ganan entre 400 y 860 euros al mes. Los salarios más bajos se dan entre los jóvenes (la mitad ganan menos de 1.000 euros) y las mujeres (ganan un 23% menos que los hombres, según el INE). Y ganan menos los que tienen un contrato temporal (un 32% menos de sueldo que los indefinidos) y un contrato a tiempo parcial (ganan  un tercio menos, incluso por hora: 10,89 € frente a 15,03 €).

Y como complemento, están cayendo las horas extras que se pagan: se han reducido al nivel más bajo de la última década, con una media de menos de media hora el mes (en 2006 era 1 hora al mes por empleado). Eso sí, se han cambiado horarios y se hacen más horas extras gratis, sin cobrarlas: en el cuarto trimestre de 2012 se hicieron 2.630.000 horas extras a la semana sin cobrar, una media de 12 minutos semanales por empleado. Eso son 40 millones de euros que se dejaron de cobrar y, lo peor, 65.750 empleos que no se crearon.

Unos cobran menos y otros trabajan sin cobrar. Por un lado, muchos becarios y jóvenes cualificados, que o no cobran o mal cobran, en empleos de baja cualificación: España es el país europeo con más jóvenes sobrecualificados, que ocupan empleos por debajo de su cualificación, un 33% frente al 21% en la UE. Por otro, trabajadores de empresas en crisis, como Panrico, que decidió no pagar las nóminas para pagar a proveedores. Otras, como Sniace o Balboa, ofrecen bajar los sueldos un 20/25% a cambio de no despedir. Otras no pagan nóminas porque no cobran de otras empresas o de la Administración (empresas de limpieza, Dependencia, servicios sanitarios o educativos), mientras sus empleados deben seguir trabajando para no perder derechos. Y otros no cobran porque su empresas está en quiebra o suspensión de pagos y el FOGASA no tiene dinero ni medios (150.000 expedientes pendientes) para pagarles sueldos e indemnizaciones. Y como colofón, aumentan las empresas que ofrecen trabajos sin sueldo, sólo a comisión.

Dentro del negro panorama de la precariedad, hay sectores que la sufren más. Uno de ellos, el turismo, nuestra primera industria, con el 10% del empleo: tiene más temporalidad (32,8% frente a 23,1% media española), más trabajo a tiempo parcial (28,6% frente a 16,4%), más autónomos (21,45% frente a 18,16%) y un 30% de las inspecciones detectan irregularidades. La última “moda” es la media jornada ficticia: se cobra y se cotiza por 4 horas y se trabajan 12. O la subcontratación de servicios en hoteles y los falsos autónomos. Otro sector precario es la enseñanza, con docentes que trabajan por días o meses, haciendo sustituciones. Y lo mismo los médicos, que incluso hacen un segundo MIR para trabajar 4 años por 1.500 euros. O los arquitectos: 60% son falsos autónomos que trabajan para empresas, como muchos periodistas “free lance”. Y miles de investigadores con contratos trampa para seguir investigando.

La precariedad, además de reducir los ingresos y los derechos laborales, tiene otras consecuencias muy negativas: reduce los derechos futuros (desempleo y pensiones), accede a menos formación, aumenta la siniestralidad laboral (los contratados temporales tienen el doble de accidentes que los fijos en muchos sectores) y acarrea más estrés y menos salud laboral , con un aumento de los problemas psicológicos: de hecho, con la crisis, se han triplicado las consultas por depresión y se han duplicado las ventas de ansiolíticos, mientras crece el consumo de alcohol y drogas, sobre todo entre los jóvenes.

Todo apunta a que, aunque pasemos de la recesión a la crisis, no va a reducirse mucho la precariedad. Primero, porque, con 6 millones de parados dispuestos a casi todo por trabajar, va a resultar difícil recuperar los derechos y sueldos perdidos por los trabajadores. Y segundo, porque los empresarios siguen exigiendo más flexibilidad laboral: la patronal CEOE ha pedido en agosto eliminar las restricciones a encadenar contratos temporales (ahora no se pueden tener más de 2 años), facilitar la conversión de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial y facilitar contratos donde se cobre menos del salario mínimo (645 €).O sea, piden más precariedad a cambio de crear más empleo (está por ver).

La precariedad es un cáncer no sólo para el trabajador, sino para la economía: no podemos competir en Europa y en el mundo con unas condiciones laborales marroquíes. No es sólo que no podemos perder los derechos laborales ganados en un siglo. Es que con trabajadores descontentos y desmotivados no se sale de la crisis. Hace falta luchar de verdad contra la precariedad, con más inspección de Trabajo, más medios, más multas y penas, más voluntad política y más rechazo social contra los abusos. Es un problema de dignidad, que sufren más los parados, jóvenes, mujeres e inmigrantes. ¡Basta ya ¡

No más recortes: recauden 50.000 millones más

La Comisión Europea y la OCDE han dinamitado la estrategia económica de Rajoy: la recesión en España será mayor de la esperada y no cumpliremos los objetivos de déficit público ni este año ni el que viene ni en 2014, según sus últimas previsiones. Y como Bruselas no dará marcha atrás en sus delirios de austeridad, nos tememos lo peor: que nos obligarán a hacer más recortes, este año, el próximo y en 2014. Una receta que nos llevará a más recesión, más paro y… más déficit. Pero hay otro camino, con dos vías. Por un lado, retrasar dos años más, hasta 2016, el objetivo de déficit del 3%, como dice el FMI y sugiere la OCDE. En paralelo, recaudar más: se pueden conseguir 50.000 millones extras luchando contra el fraude y haciendo que paguen más impuestos las empresas con beneficios y los más ricos. Así también baja el déficit.

enrique ortega

Las previsiones de otoño de la Comisión Europea no se creen las previsiones del Gobierno Rajoy: estiman que la recesión será más profunda en 2013 (-1,4% frente al -0,5%), con una mayor pérdida de empleo (-500.000 frente a -37.000) y más paro (26.6% frente a 24,3%). En consecuencia, caerá la recaudación y España no podrá recortar el déficit lo previsto por el Gobierno, ni este año (estiman un déficit del -8,0% del PIB frente al 6,3% de los Presupuestos), ni el que viene (-6% frente al 4,5% presupuestado) ni en 2014 (-6,4% frente a -2,8%). Y lo mismo señalan las previsiones de la OCDE publicadas ayer: menos crecimiento en 2013 (-1,4%), más paro (26,8%, unos 6,2 millones de parados) y más déficit público (-6,3% en 2013 y -5,94% en 2014).

En consecuencia, España tendría que recortar aún más de lo presupuestado para cumplir con el objetivo de déficit del 3% en 2014: 17.000 millones más este año, otros 15.000 extras en 2013 y lo peor, 34.000 millones de recortes en 2014. Algo imposible, ya que no hay mucho más margen de recortes en pensiones, desempleo, sanidad, educación, servicios sociales y empleo público sin crear una fractura social similar a la de los desahucios. Y suicida porque si se hicieran esos recortes, la economía entraría en una recesión más profunda, con aún menos consumo e inversión, más paro y menos recaudación. O sea, más déficit.

Antes de que Bruselas nos fuerce a más recortes, hay que buscar otro camino: recaudar más, algo que es posible. En  2007, España ya recaudaba menos que el resto de Europa: un 41,6% del PIB frente al 46% de media UE. Y con la crisis, España es el país europeo donde más han caído los ingresos fiscales: al 35,1% del PIB en 2011, frente al 46% que se han mantenido en Europa. Eso quiere decir que el país recauda un 11% menos del PIB que el resto, 110.000 millones que se pierden cada año por no recaudar como los demás. Y no es porque los que pagamos impuestos paguemos menos (pagamos igual o más, según países), sino porque hay mucho fraude y se recauda menos por empresas, IVA, multinacionales y grandes fortunas.

La recaudación por sociedades (empresas) ha caído a la tercera parte con la crisis (de 44.823 millones en 2007 a 16.601 en 2011) y no sólo porque a las empresas les vaya peor, sino porque en 2006 y 2010, el Gobierno Zapatero les dio una serie de “regalos fiscales” en forma de exenciones, deducciones, desgravaciones y libertad de amortización. El resultado es que aunque el tipo nominal de sociedades es el 30%, el tipo efectivo ha caído del 23,1%(2005) al 15,3%(2010). Y los grandes grupos (unos 3.000) pagan un 5% de impuestos sobre beneficios, menos que un mileurista, mientras las pymes pagan del 21 al 25%. Y aunque el Gobierno Rajoy les ha quitado muchos beneficios fiscales, aún pagan menos que la mayoría de los contribuyentes por el IRPF. Y las multinacionales, españolas y extranjeras (como Google o Apple, que facturan desde Irlanda), no pagan apenas impuestos en España : sólo con las tecnológicas, Hacienda deja de ingresar 1.000 millones al año (Montoro acaba de crear una oficina especial para fiscalizar multinacionales). Un mal que sufren EEUU y toda Europa, según acaba de denunciar el G-20.

En IVA, sólo el 42% de los bienes están gravados al tipo general del 21%, frente el 82% en Alemania o el 56% en Italia. En el IRPF, aún hay muchas deducciones y desgravaciones discutibles: por planes de pensiones, loterías, compra de vivienda (sólo se quita en enero para las nuevas compras y nos cuesta 5.000 millones anuales). Las SICAV son una vía legal para que escapen de pagar impuestos las grandes fortunas (pagan el 1%) y los millonarios tienen muchas vías de “evasión legal”, como Rafael Nadal, que sólo pagó un 1% de impuestos por 56 millones de activos al tener domicilio fiscal en San Sebastián hasta 2011.

Al final, el Gobierno podría ingresar 50.000 millones más al año, por tres vías. La primera, reduciendo el fraude fiscal: la economía sumergida supone en España un 23,3% del PIB, un 10% más que en países como Francia o Alemania. Sólo recortar un  tercio el fraude fiscal permitiría ingresar 20.000 millones más, aunque para ello, además de la nueva Ley contra el fraude (31 de octubre), hacen falta más medios: más inspectores (tenemos un funcionario por 1.928 personas frente a 1 por 712 en Alemania) y más presupuesto (España gasta la quinta parte que Alemania y la tercera parte que Francia en combatir el fraude), que ha sufrido también los recortes (-72 millones entre 2012 y 2013).

La segunda vía sería reducir “el fraude legal”: subir el tipo efectivo en sociedades (+10.000 millones), ampliar los productos que pagan el IVA general (+5.000) y recortar deducciones en renta (+5.000). Y la tercera, introducir nuevos impuestos, para que paguen más los que pueden hacerlo: un impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), apoyado por la mayoría de Europa (+4.000 millones), un impuesto sobre grandes fortunas alternativo al impuesto sobre el patrimonio (+4.500 millones) e impuestos verdes (+1.000 millones).

En total, los 50.000 millones más. Los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen incluso que se podrían recaudar 70.000 millones más, sin tocar los impuestos de la mayoría. Con ello, el déficit público que espera Bruselas para 2013 (6%), se quedaría en el 1%. Y quedaría un margen (sobre todo si nos dan dos años más, hasta 2016, para cumplir con el 3%, como ha sugerido el FMI y la OCDE) para gastar más en tres frentes ineludibles: bajar impuestos a los que ganan menos de 25.000 euros (para reanimar el consumo), gastar más en formación de parados y empleados (para reciclarlos hacia sectores con futuro) y aumentar las inversiones públicas en tecnología, educación, industria, exportaciones, infraestructuras, energías renovables, Dependencia, ayudas a las pymes y al empleo. Invertir en el futuro, en preparar la salida de la crisis.

No es un cuento de hadas. Es posible recaudar más, para recortar el déficit y en paralelo ayudar a salir de la crisis, reanimando la inversión y el empleo. Y con más crecimiento y más gente y empresas trabajando, más recaudación y menos déficit. Hay que romper el círculo vicioso actual: más recortes, más recesión, más déficit. Buscar otro camino: menos recortes y más recaudación para salir del túnel de la recesión. Se puede y se debe.

Una Europa a dos velocidades

La Cumbre Europea del 24 y 25 de marzo ha dejado a Portugal a los pies de los mercados, sin ayuda y con exigencias. Merkel ha vuelto a imponer su voluntad y se aplaza hasta junio la reforma del Fondo de rescate, a la espera de que los países hagan sus deberes y sus ajustes. Zapatero ha vuelto a ser un alumno aventajado y ha presentado a Bruselas un tercer catálogo de medidas. La principal, que va a recortar el gasto público por Ley, lo que se suma a la obligación de que la Unión Europea dé el ok previo a los Presupuestos de 2012. La Cumbre ha aprobado el Pacto del Euro, por el que 23 países aceptan las recetas económicas impuestas por Merkel y los conservadores europeos. Unas recetas que obligan a un duro ajuste a los países del sur, que van a crecer poco y no van a crear empleo, mientras los del norte crecen y exportan. Una Europa a dos velocidades, con un alto coste para los más débiles.

Portugal vuelve de la Cumbre de Bruselas sin apoyo de sus socios europeos ante la durísima presión de los mercados. No les preocupa que caiga, incluso parecen provocarlo al hablar el presidente del Eurogrupo de que el rescate podía cifrarse en 75.000 millones de euros. Pero  han dejado claro que “gobierne quien gobierne en Portugal, tendrá que hacer recortes”. Es un mensaje claro a los portugueses: da igual a quien votéis en las próximas elecciones, porque la política la dictamos en Bruselas. Es precisamente este mensaje, el hecho de que Sócrates informara antes a la Comisión que a su Parlamento del cuarto Plan de ajuste el que le ha forzado a dimitir. Porque si es por recortes, Portugal ya no puede hacer más de los que ha hecho. ¿Y para qué? Para llevar seis meses desangrándose en los mercados. Y todo porque Merkel y la Comisión no resuelven el problema de fondo, como tampoco lo hicieron antes con Grecia e Irlanda: hacer un frente común ante los mercados, establecer un Fondo de rescate flexible, que compre deuda y ayude de verdad a los países en dificultades.

El problema de fondo es que Merkel y la mayoría de conservadores que gobiernan en Europa quieren hacer cargar la crisis de la deuda sobre los países deudores, sin reconocer su parte de culpa, la de los países y los bancos (como los alemanes), que han prestado alegremente y han provocado también la burbuja de esta crisis. Y así, en lugar de buscar una solución conjunta, que pasaría por renegociar la deuda, tipos y vencimientos, han querido salvar sus bancos a costa de los países deudores. Y les imponen unos planes de ajuste de caballo que van a dificultar su salida de la crisis y el propio pago de la deuda (lean este  artículo : "El error Merkel", de Antón Costas).

España ha conseguido una tregua con los mercados, pero es sólo algo temporal. Si cae Portugal o si los especuladores aprecian la más mínima duda en Bruselas o en Madrid, volverán a oler sangre y a conspirar contra la deuda. Sobre todo hasta junio, cuando se espera aprobar los cambios en el Fondo de rescate, que ya serán tardíos e insuficientes. Mientras, lo que si se ha aprobado es el Pacto del Euro, que obliga a los países a presentar en abril unos Planes para aplicar las recetas económicas impuestas por Merkel y los conservadores de Bruselas: recorte de déficits y deuda, salarios ligados a la productividad, saneamiento de la banca, recorte de la edad de jubilación y reformas en los sistemas de protección social.

Zapatero, siempre haciendo méritos, no ha querido esperar y ha sido uno de los cuatro países (junto a Alemania, Francia y Bruselas) que ha presentado en la Cumbre un paquete de medidas para cumplir con el Pacto. Unas están en marcha, como el recorte de las pensiones, la reforma de las Cajas o el esperado acuerdo de negociación colectiva que modere los salarios. Entre las nuevas, la más importante es el anuncio de una Ley para recortar el gasto público, vinculándolo al crecimiento: tanto creces, tanto gastas. Una decisión por la que ningún Gobierno podrá hacer frente a una crisis gastando más, para luchar contra la recesión, como se ha hecho siempre desde Keynes. Y eso conlleva a que cualquier Presupuesto que apruebe el Parlamento tendrá que tener el visto bueno (previo) de Bruselas. Se acabó la autonomía de la política económica.

Otra medida anunciada es un Plan contra la economía sumergida. Pretende aflorar el empleo irregular, con un doble objetivo: reducir las cifras de paro y recaudar más. La idea es buena, pero hay que ir con cuidado: la economía sumergida (17% del PIB) ha crecido por la crisis y combatirla ahora puede llevar a que muchas empresas despidan a los ilegales  o cierren por no poder pagar cotizaciones o impuestos (sobre todo las pymes).

La Cumbre Europea se ha saldado con el triunfo de las políticas conservadoras en Europa y la idea de que los países del sur, manirrotos y poco competitivos, han de ajustarse para salir de la crisis. Pero no son España, Portugal, Grecia o Irlanda los que han  provocado esta crisis, sólo los que más la sufren. Y con los recortes que nos imponen, ayudados por los mercados, se reduce el consumo, la inversión y el crecimiento (no dejen de leer este artículo del Nobel Krugman : "La falsa ilusión de la austeridad"). No en vano, Alemania y la Europa del norte está creciendo y creando empleo mientras España y los países presionados por los mercados apenas van a crecer este año (en algunos,caerá el PIB) y van a perder empleo. Es el fruto de dar ricino a un enfermo que está en la UVI, en lugar de reanimarle. De nuevo, una Europa a dos velocidades, donde ha triunfado el ajuste a costa de los países más débiles. Así saldremos más tarde de la crisis, con un alto coste para la mayoría de los españoles. Esta no es la Europa que soñábamos.