Sanidad cada vez más privada

La crisis y los recortes han llevado a ocho autonomías, gobernadas por el PP, a privatizar total o parcialmente 25 grandes hospitales, argumentando que así recortan costes y se gestionan mejor. La realidad es que ya no pueden mantenerles y en vez de reformar la gestión pública para que sean más eficientes, los traspasan a empresas privadas, que buscan beneficios a costa de recortar servicios y calidad. La privatización traerá despidos y cierre de servicios, mientras empeora la sanidad pública y se duplican las listas de espera. Con ello, casi 11 millones de españoles tienen ya un seguro médico privado y la sanidad privada ha duplicado su tamaño, alcanzando ya un 30% del pastel sanitario. O se hace más eficiente la sanidad pública o seguirá ganando terreno la privada, para el que se la pueda pagar.

enrique ortega

La privatización de hospitales se inició en la Comunidad Valenciana: en 1.999 se entregó a una empresa privada (Ribera Salud, participada por Bancaja y la CAM) la construcción y gestión no médica del hospital de Alzira. Luego, se amplió a la gestión médica y a los centros de salud de la zona (la llave para controlar el gasto en el hospital). Y con ese modelo se han privatizado los hospitales de Torrevieja (2006), Denia (2009), Manises (2010) y Elche (2011): hay un millón de personas (20%) atendidas por la gestión privada, a cambio de cobrar a la Comunidad 639 euros por persona.


En Madrid, Esperanza Aguirre quiso copiar el modelo Alzira, que curiosamente llaman PPP (Partenariado Público- Privado) y puso en manos privadas la construcción y gestión de cuatro hospitales públicos en la periferia: Valdemoro (2007), Torrejón (2011), Móstoles (2012) y Collado-Villalba (en proyecto). Además, dejó en manos privadas la construcción y gestión no médica (limpieza, restauración, material y mantenimiento) de otros 7 hospitales, que inauguró en 2008. Ahora, su sucesor, Ignacio González, va más allá y privatizará también (en 2013) la gestión sanitaria de 6 de estos  hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo. A cambio, desmantelará parcialmente dos hospitales públicos con solera, La Princesa (donde ha dado marcha atrás) y Carlos III, cerrando el Instituto de Cardiología. Y privatizará el 10% de los centros de salud de Madrid (unos 27), además de externalizar los servicios no sanitarios (lavandería restauración, mantenimiento) de todos los hospitales (también lo hará en 2013 la Comunidad Valenciana)

El mismo camino sigue Cospedal en Castilla la Mancha: antes de fin de año sacará a concurso la construcción y gestión total de cuatro nuevos hospitales (Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares) y sus centros de salud. Y quiere repetirlo en los futuros hospitales de Toledo y Guadalajara. La Rioja sacará también a concurso la gestión total del hospital de Calahorra.

Otras cuatro autonomías gobernadas por el PP apuestan por otra variante privatizadora, el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada): se deja a empresas privadas la construcción y gestión no médica de hospitales. Es el caso de Galicia (hospital de Vigo, en construcción), Extremadura (futuros hospitales de Cáceres y Don Benito), Castilla y León (Burgos), Baleares (futuro hospital Son Espasses). También Canarias privatizará servicios no médicos de sus hospitales. Cataluña posee históricamente una estructura mixta, con hospitales públicos gestionados por mutuas, fundaciones, consorcios y centros de la Iglesia.

La razón real de tanta privatización es que las autonomías no pueden con el gasto sanitario (hasta 45% de sus Presupuestos) y menos Madrid, donde Aguirre creó una verdadera burbuja hospitalaria: 13 nuevos hospitales públicos en 10 años (de 20 a 33). El problema no ha sido tanto construirlos (gracias a pagar un canon a las empresas) sino ahora mantenerlos, lo que resulta imposible. Luego está el argumento ideológico (“lo público es peor que lo privado y cuanto menos mejor”), que se disfraza con el argumento de costes: dicen (no hay estudios independientes) que una cama privada cuesta 700 euros frente a 1.250 la pública. Pero eso esconde dos hechos. Uno, que los privados pujan por precios bajos y luego reclaman más: en 2010, la Comunidad de Madrid subió 2 millones el canon a los 6 hospitales semiprivatizados (además de que una inspección reveló que tenían menos personal, medios y material del que decían). Y el otro, que el servicio no es el mismo ni tampoco la calidad: la atención privada mira con lupa las pruebas que se encargan, hay más vigilancia (e incentivos) sobre los médicos y se desvían a la pública los tratamientos más caros (por ejemplo, trasplantes).

Dicho esto, hay un hecho claro: la sanidad pública es manifiestamente mejorable. No se justifica que haya quirófanos cerrados por las tardes (para no pagar horas), que máquinas costosas sólo se usen unas horas (en la privada hacen TAC un viernes a las 11 de la noche), que las consultas especializadas sólo sean de mañana (para que los médicos puedan tener consulta privada por las tardes), que haya horarios funcionariales, una política de sueldos y contratación sin incentivos y una gestión política y no médico-económica.

Volviendo a la privatización de hospitales y servicios (análisis clínicos y pruebas -60% TAC- ya se hacen mayoritariamente en centros privados), el resultado a corto plazo va a ser más despidos (personal interino y contratado) y un deterioro de la calidad del servicio, primando más los costes sobre los criterios médicos. Y eso, unido a los recortes (7.267 millones en el tijeretazo de abril), deteriorará aún más nuestra sanidad. De hecho, las listas de espera se han duplicado, pasando de 32 a 72 días para una operación. Y se tarda 82 días de media en recibir el diagnóstico de un especialista.  

La consecuencia inmediata es que el que puede, se hace un seguro médico privado para lo más urgente. Ya hay 10,7 millones de españoles, que pagaron 6.589 millones en primas en 2011 (50 euros al mes por asegurado), el doble que hace diez años. Y la sanidad privada ya supone un 30% del gasto sanitario, facturando casi 7.000 millones, el doble que en 2002. Al amparo del deterioro de la sanidad pública ha crecido una potente industria sanitaria privada, empujada por empresas extranjeras de capital riesgo: el fondo británico Doughty Hanson (y la familia Cordón Muro) controlan el Grupo Quirón (líder en pacientes, con 46 centros en 29 ciudades), la sociedad luxemburguesa CVC (dueña de la Fórmula 1) gestiona el Grupo Capio (líder en hospitales, 30, y en conciertos con la sanidad pública), el fondo Goodgrower (familia Gallardo, de Almirall) controla Adeslas Hospitales (la 3ª del ranking), la británica BUPA es dueña de Sanitas Hospitales (4ª) y Bankia y Sabadell controlan el Grupo Ribera Salud (Alzira y otros 5 hospitales). Todos esperan ansiosos los nuevos concursos.

Cara al futuro, el gasto sanitario va a seguir creciendo (tecnologías más caras y más viejos) y la tentación de privatizar seguirá en alza, al menos mientras sea negocio (si no, se vuelven a nacionalizar los hospitales, como se pretende hacer ahora con las autopistas). Pero, al margen de las protestas generalizadas, la mejor manera de preservar la sanidad pública es reformarla a fondo, no con recortes, sino con cambios profundos: política de personal, horarios de médicos, utilización de tecnologías y tratamientos (según la OMS, un 30% del gasto es ineficiente), potenciar la atención primaria y la prevención, despolitizar la gestión…

Si la sanidad pública no se hace más eficiente, se recortará más mientras crece el pastel de la privada. Y acabaremos con una sanidad dual: la pública para los pobres y la privada para el que se la pueda pagar. Hay que atajarlo ya, cuando todavía tenemos la mejor sanidad de Europa.

Guarderías a precios imposibles

Las familias de los 450.000 niños (0-3 años) que van a una guardería lo han tenido difícil este curso: fuertes subidas (25% de media y hasta el 77%), menos ayudas, menos profesores y más niños por clase. Otros 100.000 niños se han quedado sin guardería, por falta de plaza o porque no podían pagarla y han tenido que quedarse con sus madres o abuelos. Tres años de recortes están afectando gravemente a la educación infantil, aunque está mejor en España que en la mayoría de Europa. El Gobierno Rajoy ha suprimido la construcción de nuevas guarderías, aunque faltan 150.000 plazas. Y ha aplazado la ampliación del permiso de paternidad, mientras las empresas han reducido un 40% sus ayudas a la conciliación laboral. Lo pagan las mujeres, que trabajan menos que en Europa, y los niños, dos palancas claves para salir de la crisis.

enrique ortega

Las guarderías públicas se financian mayoritariamente con recursos de las autonomías y Ayuntamientos, que han recortado drásticamente sus aportaciones en 2011 y 2012, obligando a un mayor pago de las familias. En Zaragoza, por ejemplo, el Ayuntamiento financiaba el 50% de las guarderías municipales, la autonomía el 25% y las familias otro 25%. Este año, el Gobierno regional recorta su aportación un 20% y los padres pagarán hasta 50 euros más al mes. En Cataluña, la Generalitat pagaba un tercio del coste de cada plaza en educación infantil (5.400 euros al año), 1.800 euros en 2.010, repartiéndose los otros dos tercios entre los Ayuntamientos y familias. En los últimos años, el gobierno autonómico ha recortado su aportación, que este curso será de 875 euros por niño, lo que obliga a los Ayuntamientos a subidas en las guarderías del 10% (Barcelona), 40% (Sabadell) y 44% (Badalona).

En toda España, la media de subida en las guarderías este curso se estima en un 25,6%, con grandes diferencias entre Andalucía (+3,5%), Valladolid (+10%), Galicia (+19%, aunque para rentas medias suben el 70,45%), Castilla la Mancha (+42% en algunos municipios) o Murcia (+77% en Cartagena). Pero la subida más llamativa se ha dado en Madrid: para las rentas más bajas, el coste de una guardería pública (con comida) sube de 142,40 a 234,20 euros (+77%), para bebés de menos de un año, por los que ahora cobran una cuota extra de 60 euros. Y los de más renta pasan de pagar 205,40 euros a 334,20 (+62%).

Además de las subidas, las familias se han encontrado este curso con menos profesores, más niños por aula (desde 2008, han subido un 10% en 1-2 años y un 20% en 2-3 años) y menos medios. Y han visto recortadas las ayudas y becas, el cheque guardería y las ayudas al transporte, aunque ya era bastante difícil conseguir plaza en una guardería pública ganando más de 15.000 euros anuales. Además, siguen faltando plazas: 5.300 en Galicia, 25.000 en Madrid o Cataluña, 60% de solicitudes sin plaza en Zaragoza, un 40% en Valladolid… En total, habrán faltado unas 100.000 plazas, según fuentes sindicales, aunque este año, los altos precios y la crisis han bajado sensiblemente la demanda.

Con estos precios, las familias que pueden se han ido a las guarderías privadas, que intentan ajustar precios, entre 400 y 450 euros con comida. Así, más de la mitad de las guarderías (unas 8.000 en total) son ya privadas y en muchas autonomías (Madrid, Valencia, Galicia, Castilla la Mancha) se está privatizando la gestión de las guarderías públicas, dejándola en manos de empresas de servicios y restauración, que ganan concursos por precio frente a cooperativas de profesores, en perjuicio de la calidad. Y proliferan las “guarderías piratas”, aparcaderos low cost de niños sin autorización de Educación.

Al final, las familias echan cuentas y si tener dos niños en guardería o colegio les cuesta 600 euros, la mujer se piensa dejar de trabajar y ahorrarse eso, el transporte y otros gastos (800 €) a cambio de su sueldo mileurista. O dejar al niño con los abuelos: un tercio de las abuelas y una cuarta parte de los abuelos cuidan a sus nietos cada semana. Este abandono de las guarderías tiene dos costes. Uno, educativo: los niños que han ido a preescolar obtienen mejores notas de mayores, según un informe de la OCDE. Y otro, sobre la mujer y la economía: en España, hay un 48% de mujeres que son inactivas (9.197.600 mujeres que ni trabajan ni buscan trabajo), frente a un 42% en Europa. Y el 23% dejaron su trabajo por atender a sus hijos menores de 5 años. Un despilfarro humano y económico, que la situación de las guarderías agrava.

Los ajustes están dando al traste con una educación infantil que tiene en España un peso mayor que en la mayoría de Europa (salvo países nórdicos), gracias al empujón de la última década: se ha pasado de 88.926 niños (curso 1.999-2000) a unos 450.000 este curso. La escolarización es mínima hasta un año (7,6%), baja en un año (27,6%), media en 2 años (44,8%) y muy elevada en 3 años (99,1%), donde superamos con creces la media europea (77,2%), por encima de Alemania (88%) o Reino Unido (79,8%) y sólo por debajo de Francia (100%). El problema son las disparidades regionales: hay diez autonomías con 100% de escolarización a los 3 años, pero otras por debajo del 90% (Madrid, Canarias o Baleares).

Sin embargo, las plazas de educación infantil son insuficientes y en 2008, el Gobierno Zapatero puso en marcha el Plan Educa-3, para crear 300.000 nuevas plazas entre 2008 y 2012, con una inversión de 1.087 millones, financiados a medias entre el Estado y las autonomías. Pero los recortes autonómicos se lo llevaron por delante (el Estado ha aportado sus 100 millones al año) y sólo se han construido 71.000 plazas hasta 2010. Este año, el Gobierno Rajoy ha eliminado el Plan Educa-3 del Presupuesto 2012, quitando los 100 millones para nuevas guarderías. Y además, ha aplazado otro año más, hasta 2013 (Zapatero lo aplazó a 2012) la ampliación de 2 a 4 semanas del permiso de paternidad, en perjuicio de la conciliación y del trabajo de la mujer. Y con la crisis, las empresas, bancos y Cajas han recortado un 40% (unos 85 millones) sus ayudas a guarderías y conciliación laboral, incluyendo menos incentivos en los nuevos convenios.

Al final, el recorte en educación infantil es un suicidio económico y social, que busca ahorrar en dos palancas clave de futuro: los niños y el trabajo de la mujer. Hacer 100.000 guarderías y subvencionar su precio a las familias es una inversión para salir de la crisis. Y costaría unos 500 millones, menos de un tercio del crédito extraordinario (1.782 millones) recién aprobado por el Gobierno para pagar armamento. Estamos perdiendo el norte.

Sube el agua y subirá mucho más

La mayoría de Ayuntamientos han vuelto a subirnos el agua este año, el 3% y más. Buscan desesperadamente ingresos y muchas veces utilizan la subida del recibo para tapar agujeros. Pero en la mayoría, el recibo del agua no paga el servicio y provoca un serio déficit municipal: los españoles sólo pagamos el 70 % de lo que cuesta abastecer y depurar el agua, la mitad que los europeos. Bruselas y la OCDE insisten en que deben repercutirse los costes y que el agua debería subir más, duplicar su precio en cinco años, algo asumible ya que pagamos 6,5 euros al mes por persona. Además, hay un gran desorden en la gestión municipal y autonómica y muchos piden una Agencia Estatal del Agua, mientras políticos del PP defienden privatizar el servicio.  

enrique ortega

El agua es un bien escaso (y más con las sequías derivadas del cambio climático) pero barato. De hecho, cada familia gasta unos 190 euros al año en el recibo del agua, según el INE (2007), un 0,60% de su presupuesto, menos que en agua embotellada y refrescos (0,73%), luz (2,22%), teléfono (2,82%) o restaurantes y cafés (9,23%). Y tres días de consumo de agua nos cuesta lo que un café, una caña o dos barras de pan.

El precio medio del agua en 2011 era de 1,65 euros por m3, para los usuarios con un consumo medio y un contador de 15mm, el más habitual (el diámetro de la tubería y el caudal es un factor clave en la factura). Las ciudades con el agua más cara son Alicante (4,20 € m3), Murcia (3,12 € m3), Córdoba y Tenerife (2,28 € m3) y las más baratas Valladolid (0,79 € m3), Ciudad Real (0,92 € m3) y Coruña (1,02€ m3), según FACUA. Y entre las grandes ciudades, la más barata es Zaragoza (1,06 € m3), seguida de Bilbao (1,16 € m3), Madrid (1,53 € m3), Valencia (1,60 € m3), Barcelona (1,79 € m3) y Sevilla (1,89 € m3).

Estos precios del agua son más bajos que en Europa. Así, el agua en Madrid (1,53 € m3) o Barcelona (1,78 € m3) dista mucho de los 4,92 € m3 que se paga en Berlín, los 2,56 € m3 de Londres o los 2,12 € m3 de París. Y si homogeneizamos precios con rentas, el porcentaje de sus ingresos que dedica un español a pagar el agua es la mitad que el de un europeo.

Y eso, porque el recibo del agua está subvencionado, no paga los costes reales del abastecimiento (60% del recibo) y saneamiento (un 40% para alcantarillado y depuración). Se estima que el recibo paga del 57 al 95% de los costes, según ciudades, con una media del 70% de lo que cuesta abastecer y depurar el agua. Esto promueve el consumo y el mal uso del agua, un bien escaso, por lo que Bruselas aprobó en octubre de 2000 una Directiva Marco del Agua (DMA) que obligaba a los países europeos a repercutir los costes en las tarifas… en 2010. Y la OCDE, en su último informe sobre España, recomienda “un aumento gradual de los precios del agua que contemple la recuperación total de los costes”.

En los últimos cuatro años, el agua ha subido más, pero no es suficiente. Muchos ayuntamientos y autonomías tienen medio quebrada su empresa pública de aguas (el déficit de la Agencia Catalana de Agua es de 1.300 millones). Y no tienen dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructuras, desde acometidas y depuradoras (muchos  pueblos de menos de  5.000 habitantes carecen de depuradora, sobre todo en la costa y las islas) hasta sustitución de tuberías centenarias. Hace falta invertir 19.000 millones de euros, que ya no van a venir de los fondos europeos. El recorte de proyectos ya  ha forzado a salir al extranjero a muchas empresas españolas de gestión del agua, que son punteras en el mundo (sobre todo en desalinización), con grandes proyectos en EEUU, Oriente Medio y África.  

La solución es que una gran parte de las inversiones futuras y la gestión de las instalaciones actuales se paguen con las tarifas, con un mayor precio del agua. ¿Cuánto más? Cataluña estudia subir el recibo del agua un 75% en cinco años. Y muchos expertos defienden que habría que duplicar el precio del agua. Algo asumible para el usuario, ya que gastamos una media de 130 litros por persona al día, lo que supone un gasto de 6,5 euros al mes, que pasaría a 13 euros por habitante, 52 euros al mes por familia en agua, menos que en móviles.

A cambio, habría que poner orden en la gestión del agua, repartida entre ayuntamientos y hasta 8 administraciones más, con tarifas y recibos muy dispares entre ciudades y poco transparentes para el usuario, demasiadas pérdidas por roturas y fugas (¡ hasta un 16,8% ¡ ) y una desigual calidad, en general baja, como demuestra el boom de ventas del agua embotellada. Actualmente, la gestión del agua se reparte al 50% entre empresas públicas y privadas (Agbar y FCC controlan el 90%) y hay políticos, como en Madrid, que defienden privatizar el agua. Los Ayuntamientos ganan porque ingresan más, al cobrar  un canon no finalista a la concesionaria, que pagamos los consumidores sin que tengamos la seguridad de que va a costear un mejor servicio del agua y no  a pagar las nóminas municipales o una rotonda.

Con gestión pública o privada, hace falta una Agencia Estatal del Agua que ponga orden en la gestión y el suministro del agua, homogeneizando el servicio y garantizando la calidad. Y un esfuerzo público en infraestructuras, para hacer frente a la sequía y modernizar un país donde hay muchos pueblos y urbanizaciones con vertidos a los ríos y al mar y con traídas de aguas obsoletas. Y hace falta un Pacto político por el agua entre las administraciones. Sólo así  nos pueden pedir que paguemos más en el recibo. Claro como el agua.