El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.
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jueves, 3 de abril de 2025
Justicia: arranca una reforma histórica
Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para
mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los
tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025, los Juzgados de jueces unipersonales se
integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se
repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas
judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán
sus trámites judiciales los ciudadanos. Y además, se obliga a quien presente un litigio,
que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El
objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy
duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera
judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma,
bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal,
digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces.
Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años
para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a
nuestra economía. Enrique Ortega
El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.
La Comisión Europea lleva años presionando a
España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale
mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The
2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo
donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de
Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª
instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª
instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela
que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes,
frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por
habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es
que los
ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos
percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia,
Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.
Este complejo panorama justifica la insistencia de
Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un
reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para
recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026.
En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31
de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el
19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley
Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de
Justicia, aprobada
por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la
sacó la adelante por 177 votos a
favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día
siguiente (20 diciembre) pidió
a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en
subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.
Esta Ley Orgánica
1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que
reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años
y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse
entre julio y diciembre de 2025, supone
3 grandes cambios. El primer cambio supone la
reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800),
vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia
(431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales
de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos
Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el
presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración,
especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora
aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de
Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y
experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará
sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias
“orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.
El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos
se incluyen en las
Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los
ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin
tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha
en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para
enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una
especie de ventanillas públicas judiciales, como una
ventanilla única que facilite trámites.
La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante)
es promover
la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan
antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará
una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional
independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que
acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que
tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los
litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además
de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la
suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan
algunas “costas procesales”.
Con esta tercera medida se trata de reducir
los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7
millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de
forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado
en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios
importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados
de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos
delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”):
delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se
ampliarán con más jueces, algunos
magistrados han advertido que “colapsarán”.
Otro cambio importante se dará en
los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en
conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas
(documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico.
Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio,
buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo
social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los
juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un
plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir
la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad
española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y
para abrir una vía a las Comunidades
de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso
a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo
votan el 60% de los vecinos…
El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados
y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios
de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen
que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y
coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen
el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces
y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo
ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”.
Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación, más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no
parece fácil aprobar unos para 2026.
Otro problema que preocupa a muchos expertos es que
la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a
muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen
experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después
pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden).
Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente
confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy
que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena
sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los
bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a
hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse
en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se
podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una
solución consensuada (ver
casuística).
Con todo, muchos
expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización
para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los
jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como
ejemplo, este dato: la
tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha
bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan
más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no
aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y
la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y
autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos
profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más
evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por
eficacia, no el “café para todos”.
Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar
el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han
crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que
en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas
de jueces, el
Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar
la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio
(difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).
La reforma tiene 4 patas: igualdad de
oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los
opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para
opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos
cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios
en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por
un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas
para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces
“sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años),
reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido
prestigio). Además, la reforma incluye cambios
en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones
de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación
Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de
los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.
En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de
la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno
democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya
es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP. Ahora falta
ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización
y presupuesto. Y sobre todo, la
implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar
que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a
miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de
ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”,
dice el refrán. Un país moderno y
eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y
regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia
más ágil en una década. Amén.
El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.
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jueves, 16 de abril de 2015
Más litigios para una Justicia colapsada
Por si la Justicia no
estaba ya bastante colapsada, en 2014 aumentaron los litigios, por
primera vez en los últimos 4 años. Y eso, aunque Ruíz Gallardón disparó las tasas judiciales en 2012. Con ello, los Juzgados no dan más de sí: sumarios por los suelos, sistemas
informáticos colapsados, jueces con estrés y juicios que se citan para 2019,
sobre todo en la jurisdicción mercantil y
en los juzgados de lo social, los más colapsados. El ministro de Justicia
ha quitado
las tasas judiciales y ha aprobado tres
Leyes para agilizar los procesos judiciales e informatizar la Justicia desde 2016. Pero jueces y expertos dicen
que son
parches y que hacen faltan más medios: duplicar los jueces (la mitad que en Europa), abrir más juzgados,
aumentar personal y gastar mucho más en
informática, donde hay 10 sistemas
distintos. Hace falta una justicia más ágil, eficaz e independiente: los españoles
desconfían mayoritariamente de la Justicia. Y así no hay democracia que valga.
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| enrique ortega |
La Justicia lleva
una década colapsada, pero la
situación se agravó en 2014, año en que aumentaron los litigios judiciales, por
primera vez desde 2010. Y eso, a pesar de que Ruíz Gallardón aumentó
drásticamente las tasas judiciales, en diciembre de 2012. El año pasado ingresaron
en los juzgados españoles 8.653.160 nuevos asuntos judiciales, un 0,2%
más que en 2013. La mayoría fueron
asuntos penales (6,1 millones, el
70%, lo que indica una elevada
conflictividad social), que se redujeron (-2,1%), igual que los laborales (427.966, un -8,8%), pero aumentaron los litigios civiles
(1.845.173, +10,5%) y los
contencioso-administrativos (206.700, +8,2%). Con este aumento, el índice
de litigios subió a 185 asuntos por
1.000 habitantes, casi el doble de pleitos que en Europa
(menos de 100 por cada 1.000 habitantes).
El aumento de pleitos en 2014 ha colapsado
aún más los Juzgados, aumentando
los sumarios por juez (1.702 asuntos) y reduciendo las sentencias (306 por
juez, 1,33 por día laborable), quedando 2.562.153 sumarios en trámite a finales
de 2014. La mayor congestión se da en los juzgados de lo Contencioso (pleitos con la
Administración) y en los juzgados de lo
Social, por el aluvión de juicios tras la reforma laboral de 2012. Las
autonomías con más colapso judicial
son Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Valencia y Galicia, así
como los juzgados mercantiles y los Juzgados de lo Social de Madrid y Sevilla.
La duración
media de los procesos mejoró en 2014, pero aún es muy elevada: 3,7
meses en primera instancia, 4,6 meses en segunda y 11,1 meses en el Supremo, o
sea 19,4 meses de media, aunque en la jurisdicción contenciosa llega a 41,7
meses y en la Social a 27,3 meses. Un plazo medio de resolución de los litigios
(473 días) es muy
superior al del resto de Europa, siendo España el quinto país con la
justicia más lenta, tras Portugal, Malta, Grecia y Chipre.
El colapso de la
Justicia ha sido denunciando
en las redes sociales por un grupo de jueces, la
“brigada tuitera”, que difundió fotos de sumarios
en los baños de los Juzgados y por los suelos, mientras faltan hasta
estanterías, se colapsan los servidores y faltan jueces y personal, mientras las
bajas no se sustituyen. Todo ello lleva a casos como el Juzgado de lo Social nº
3 de Sevilla, en la que se acaba de fijar un
juicio para el 6 de febrero
de 2019. O el mercantil nº 1 de Sevilla, que ha fijado un juicio oral sobre
una clausula hipotecaria (interpuesta por un cliente de la Caixa en 2014) para
febrero de 2018. O un juzgado de Cartagena que ha tardado 11 meses en fijar las
medidas provisionales de un divorcio (que deberían tardar un mes).
Los datos oficiales
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el colapso de la Justicia son esclarecedores: 1.695 órganos
judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior
a la que pueden asumir. Y de ellos, 864 juzgados (el 43,5% del total) están
sobresaturados: soportan una
carga de trabajo del 150%. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el
95,65%), los Mercantiles (93,75%) y 45 de los 46 Juzgados
de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). Y son datos de 2013: ahora será peor. Este colapso en los Juzgados se
acaba cebando en jueces y funcionarios,
aumentando las enfermedades y los infartos. De hecho, el 92,66% de los jueces declara
padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta
de Jueces por la democracia. Por ello, el CGPJ ha aprobado en enero de 2015
un Plan
de riesgos laborales para jueces y personal de la Justicia.
La Justicia está
colapsada porque aumentan los
litigios, con causas cada vez más
complejas (sumarios económicos y de corrupción), mientras se han reducido los Presupuestos y los
medios. Nada más llegar al Gobierno, Ruíz Gallardón suprimió
los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos
Juzgados) y no ha cubierto más que un
10% de jubilaciones, a la vez que recortaba el personal interino. Y el Presupuesto de Justicia ha perdido 328,76
millones en los últimos cinco años (pasando de 1.804,32 millones en
2010 a 1.475,56 en
2015), mientras las autonomías (12
tienen competencias y cargan con dos tercios de los gastos de la Justicia) han recortado también sus gastos e
inversiones. Con ello, España
gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de la mayoría de países
europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia y 166€
Portugal).
Menos gasto y menos
medios, empezando por los jueces: en España hay 5.500
jueces y magistrados, 11
por 100.000 habitantes, la mitad que
en Europa (21 jueces por 100.000 habitantes). Y lo mismo pasa por los fiscales
(5,3 por 100.000 habitantes), funcionarios
y personal de los juzgados, destacando la escasez de peritos y expertos en temas económicos, financieros y
fiscales. La Fiscalía
Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y
la Audiencia
Nacional, con 6 Juzgados, apenas puede afrontar las 3.000
causas pendientes, de las que 77 son macroprocesos muy complejos. Y
también están colapsadas la Agencia
Tributaria y la Policía
Judicial, con pocos medios para apoyar a la Justicia. Y luego está el desastre
informático: hay 10
aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.
Frente al grave colapso de la Justicia, el nuevo
ministro de Justicia intentó paliar
lo peor de Ruíz Gallardón, suprimiendo
(febrero 2015) las tasas judiciales a las personas físicas (no a las
empresas y pymes) y suavizando los
cambios de tres Leyes del anterior ministro, aprobadas en febrero y marzo y
que están ahora en el Congreso, para aprobarse
en septiembre. La primera, la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a los profesionales de la Justicia
(abogados y procuradores) a presentar los escritos y documentos por
medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. La segunda, la Ley
orgánica del Poder Judicial, que establece medidas organizativas en
el sistema judicial para tratar de agilizar los procesos: mejor sistema de
reparto asuntos, mayor especialización tribunales, adscripción de los
secretarios judiciales para ayudar a los jueces y Plenos para fijar criterios
comunes que eviten sentencias contradictorias entre Juzgados. Y la tercera, la Ley orgánica que modifica parcialmente la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (de 1882), para intentar agilizar la
justicia penal, evitando los macroprocesos, ampliando los juicios rápidos y no
enviando al juzgado los atestados policiales sin autor conocido (debería
reducir los sumarios).
Jueces y
expertos consideran que estas leyes son más realistas que las de
Ruíz Gallardón pero que no dejan de ser “un parche”, retoques que no van a
ser decisivos para agilizar y modernizar la Justicia. Y temen que la
Justicia telemática, obligada a partir de 2016, ahonde
aún más el caos actual, a convivir el papel y lo digital sin
inversiones ni formación. La mayoría
insiste: lo que hace falta son más medios (duplicar los jueces
actuales) y más inversiones (en juzgados, personal e informática). Y
denuncian que este
año 2015, el Gobierno Rajoy sólo va a crear 100 nuevas plazas de jueces y gastará
sólo 59,27 millones del Presupuesto de Justicia (1.475,56 millones) en modernización tecnológica. Una
miseria…
Pero resolver
el colapso de la Justicia no es sólo
cuestión de dinero y personal. También hay que realizar cambios en la
organización y aplicación de la
Justicia. Empezando por promover las acciones
colectivas, agrupando las demandas
de muchos afectados (como las preferentes o las clausulas
suelo de las hipotecas), algo a lo que tienen
“aversión” la mayoría de jueces (unos por falta de medios de apoyo y
otros porque cobran pluses de productividad por número de causas resueltas).
Otra vía de acelerar la justicia sería promover
los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses)
y más baratos (60€). Además, los abogados
se quejan de la mala
organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan
retrasados o se suspenden y con vistas sólo tres mañanas a la semana. Parece
clara también la necesidad de una mejor
coordinación de los juzgados y compartir medios
y personal.
Una Justicia lenta e
ineficaz hace un gran daño
a la economía y a los ciudadanos, que la valoran muy negativamente: un 48% de españoles creen que
funciona mal o muy mal (Barómetro
del CIS 2011) y la suspenden, con un 3,1 de nota (INE 2014). Pero quizás lo peor es
que los españoles opinan que la justicia
no es independiente de los poderes políticos y económicos: los españoles puntúan
la independencia judicial con 3,2 puntos, la tercera peor nota en Europa,
tras Eslovaquia y Bulgaria, según el informe
EU Justice Scoreboard 2015. Y lo peor es que España
ocupa el lugar 97 entre los 144 países evaluados en el ranking mundial
de independencia judicial: hay países como Tanzania, Costa de Marfil, Nepal,
Irán, Kazajistán, Timor, Vietnam, Argelia, Marruecos o Senegal que consideran
su Justicia más independiente que los españoles. Tremendo. Sobre todo porque la independencia de la Justicia es una de
las condiciones claves de una democracia.
Esta falta
de legitimidad de la Justicia agrava
aún más su colapso, su lentitud e
ineficacia. Y debería obligar a los
partidos a un gran Pacto
de Estado, para dejar de
“instrumentalizar la Justicia” (con acuerdos para repartirse cargos) y poner los medios materiales y humanos
para que los tribunales funcionen mejor y no torpedeen la economía. Es una
de las asignaturas pendientes de la democracia, que algún día habrá que
afrontar de verdad. Porque seguimos con una Justicia decimonónica en pleno
siglo XXI. Eso es ineficaz y sobre todo injusto.
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domingo, 20 de enero de 2013
Tasas judiciales: la Justicia tiene un precio (alto)
Desde el 17 de
diciembre, la Justicia es sólo
gratuita para los pobres y el resto tiene que pagar por pleitear, entre
100 y 350 euros para empezar, subiendo luego (según los recursos) hasta pagar 2.300
euros, más un porcentaje sobre lo reclamado. Este “tasazo” ha provocado duras críticas del mundo judicial, desde jueces y fiscales a abogados, mientras el
Gobierno argumenta que servirá para reducir
el exceso de litigios (y recaudar
306 millones de euros). También ultima privatizar una parte de la Justicia,
el Registro Civil, matrimonios y
divorcios, que en 2014 llevarán los registradores
y notarios (cobrando). Y estudia reducir los partidos judiciales a la mitad,
concentrando juzgados. O sea, una justicia más cara y más lejos. Pero no más ágil: los juzgados siguen atascados, con poco personal y un 17,4 % menos de
Presupuesto que en 2010. Un colapso que perjudica a la economía y los
ciudadanos.
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| enrique ortega |
Ahora, al pensar en poner
un pleito laboral, civil o contra la Administración, antes hay que echar
cuentas de lo que va a costarnos: a la minuta del abogado y procurador
(más perito, documentos y aranceles), hay que sumar el pago de las tasas
judiciales, que antes sólo pagaban bancos y grandes empresas (desde
2002). Las tasas se pagan por cualquier demanda
civil (pleitos entre particulares y contra empresas), contra la
Administración (contencioso) y demandas laborales
(cuando se recurre), no en pleitos penales. La tasa
tiene una parte fija, cuyo importe se
ha duplicado: oscila
entre 100 y 1.200 euros según el pleito y las veces que se recurra: 200 euros
una multa de tráfico, 300 un divorcio, 100-1.200 por una deuda, 500-700 por recurrir
un despido… Y luego hay una tasa variable añadida, por la que se
paga un 0,5% del valor de los bienes que
se reclaman.
Al final, una demanda
civil (300€), con recurso de apelación (800 €) y casación (1.200 €) sale
ahora por 2.300 euros de tasas, más
la parte variable y los gastos de letrado y procurador. Y hay que pagar antes para seguir pleiteando. Unas tasas que todo
el mundo judicial, incluido el Fiscal
general del Estado y el CGPJ,
consideran excesivas, ya que a la
víctima de una presunta negligencia
médica, por ejemplo, puede acabar costándole el pleito 11.300
euros. De hecho, las asociaciones de consumidores
denuncian que los más beneficiados son
los bancos, aseguradoras y grandes empresas (eléctricas, telecos…), que van
a tener ahora menos demandas de clientes, por su alto coste. Y también habrá
menos demandas laborales (sobre todo
reclamaciones de cantidad), se quejan los sindicatos.
El Gobierno
justifica el tasazo en que servirá para reducir el exceso
de litigios: más de 9 millones en España, frente a 4 millones en
Francia o 7,5 millones en Italia. Y cree que se evitará el abuso de los que pleitean sólo para ganar tiempo: el
75% de los recursos los pierde el recurrente y el 80% de los casos que llegan
al Supremo. También sugieren que si en España hay más pleitos es porque tenemos
el
doble de abogados que en Europa (125.208 abogados: 272 por 10.000
habitantes, frente a 127 en la UE). Además de “frenar el abuso” de los
tribunales, argumentan, las tasas recaudarán 306 millones de euros (un 20% del
Presupuesto del Ministerio) para financiar la justicia
gratuita de los más pobres, las familias con ingresos brutos inferiores
a 15.000 euros (los mileuristas).
A estas nuevas tasas en toda España hay que sumar las tasas judiciales que se cobran en
Cataluña desde mayo de 2011 y que el Tribunal Constitucional ha suspendido esta semana, tras el recurso presentado por el Gobierno en diciembre: se
pagaban entre 60 y 120 euros por pleitos civiles y entre 90 y 120 € en
lo contencioso, tasas por las que la Generalitat recaudaba 25 millones anuales.
Pero la Justicia no
se ha encarecido ahora. El octubre de 2011 entró en vigor la Ley
de Medidas de Agilidad Procesal, pactada entre PSOE y PP, con dos
cambios importantes. Uno, limitar las
apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros
ni ir al Contencioso o al Supremo para
cuantías inferiores a 800.000 euros. Lo que algunos abogados critican
como “dejar la justicia para los ricos”. Otro cambio: ahora paga
las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez) y se amplía
el pago de costas al contencioso administrativo. Esto ya está retrayendo a los
particulares a presentar menos recursos,
sobre todo contra la Administración, que gana tres de cada cuatro pleitos. O
sea, estamos más indefensos, salvo que nos arriesguemos a pagar si perdemos.
Cara al futuro, se anuncia una privatización de parte de la Justicia, los servicios que prestan las 8.700 oficinas del Registro Civil: nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios,
cambio de apellidos, nacionalidades (1,4 millones de trámites al año). Gallardón se lo ha
ofrecido a los 1.000 Registradores
de la Propiedad, que prestarían este servicio en 2014: gratis sólo el
registro de nacimientos y defunciones y cobrando el resto, con tarifas de 20 a
40 euros. En paralelo, también “pillarán” los 3.000 notarios, a los que el Gobierno permitirá
realizar matrimonios civiles (hay
100.000 al año), separaciones
de mutuo acuerdo (70.000) y otras tareas
que ahora hacen los jueces (declaraciones de herederos, adopciones, conflictos
de lindes, convocatoria de Juntas…). Cobrándonos ,claro, por estos servicios.
Además de más cara, a
muchos la Justicia les va a quedar más lejos, porque en 2013 debe aprobarse
la nueva
reordenación judicial, que reducirá a la mitad los partidos judiciales (de 431 a 199), lo
que supondrá cerrar
y concentrar juzgados: si
antes había 50.000 habitantes por demarcación (y 15 kilómetros) ahora habrá
100.000 (y una hora de viaje). Como antes pasó con escuelas, ambulatorios o trenes,
ahora habrá pueblos que se quedarán sin
Juzgado.
Al final, una justicia más cara y más lejana,
pero no mejor: siguen los atascos, con 3
millones de litigios sin resolver al final de cada año y una larga lista de espera para las sentencias: 8,6 meses en pleitos
civiles, de 8-10 meses en penal, 9,6 meses en lo social, 12,9 meses en lo contencioso
y 25,9 meses en Tribunales superiores. Un
caos (3.177
casos al año por Juzgado en Madrid), agravado por la crisis económica, según
el CGPJ: desde 2007 hay un millón de pleitos más al año, sobre todo pleitos civiles (+54%, por dispararse concursos de acreedores, monitorios y ejecuciones hipotecarias) y pleitos laborales
(+50%, sobre todo por despidos, que se han duplicado).
Más trabajo y pocos
recursos: faltan jueces (hay 5.171, 10,2 por 10.000 habitantes, frente a 21,3 en
Europa), falta personal (un 20% interino, ahora en peligro), faltan medios y Juzgados (sólo en Madrid,
el TSJM pide 39 juzgados y 32 jueces)
y falta tecnología (hay 10
aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles), imposibilitando la
justicia electrónica sin papeles (e-expediente).
Y sobre todo, faltan
recursos: el Presupuesto de
Justicia (Estado central más 12 autonomías
con competencias) ha caído 500 millones, un 17,4% desde 2010.
En conclusión, la Justicia sigue siendo un servicio
público caótico, suspendido por los usuarios
y ahora más caro. Hace falta dedicar más
recursos a la Justicia (como a Sanidad
y Educación), poner orden y gastarlos mejor, agilizando procesos no poniendo un filtro con tasas a las clases
medias. Es urgente poner en marcha un
Pacto de Estado por la Justicia, tantas veces reclamado, quitando privilegios y ganando eficacia y
agilidad, para que poner un pleito no sea
un drama costoso y eterno sino un derecho accesible y eficaz. Justicia para todos.
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miércoles, 13 de abril de 2011
Modernizar la Justicia,otra receta contra la crisis
Pleitos tengas…y los ganes. Pero en España, puedes tardar 6 años en ganar un pleito y mientras haber perdido los bienes o la empresa. La Justicia española es lenta y está colapsada, con más de 9 millones de asuntos al año para 5.000 jueces. Y funciona casi como en el siglo XIX, en medio de la desconfianza de los ciudadanos. La lentitud de la Justicia (salvo para el fútbol) paraliza aún más la economía y bloquea fondos de litigios por más de 6.000 millones de euros. La esperanza está en un Plan de Modernización y cuatro Leyes que esperan en el Parlamento a ser aprobadas este año, con consenso. Hace falta además, dinero y muchos cambios en los juzgados.
En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las obras de soterramiento de la M-30 de Madrid, con una sentencia favorable a un recurso de los ecologistas presentado… en 2005. Es papel mojado, porque las obras están terminadas y han costado más de 6.000 millones de euros. Pero es un claro ejemplo de la lentitud y la ineficacia de la Justicia, que a finales de 2010 tenía 3,2 millones de asuntos pendientes, de los 9,5 millones de litigios presentados el año pasado. Dos de cada tres son asuntos penales (lo que indica una alta conflictividad social), pero con la crisis han crecido los litigios por deudas e impagos, los mercantiles (suspensiones de pagos y quiebras) y los juicios por despidos.
España es el país de Europa con más litigios (205 por 1000 habitantes), quizás porque es el tercer país con más abogados (unos 120.000). Y los Juzgados no dan de sí a abordar una media de 8 litigios por juez y día laborable. El resultado es que el plazo medio de resolver una demanda en primera instancia son 300 días y lo normal es que, con apelaciones, se vaya a cuatro y seis años. Y esos retrasos suponen un alto coste para la economía, los particulares y las empresas. Sólo en la Sala de lo Contencioso están bloqueados, por litigios, fondos por más de 6.000 millones de euros. “La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.
Los ciudadanos tienen una pésima imagen de la Justicia: un 48% piensa que funciona mal o muy mal (y un 28,7%, regular), según la última encuesta del CIS. Tres de cada cuatro piensa que los pleitos son tan caros y largos que no compensan y un 70% creen que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un rico, Hacienda o la Administración. Y la mayoría cree que la Justicia está igual o peor que hace 3 años.
Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. Un duro diagnóstico contra el que se han unido todos los partidos, que han hecho un pacto en el Congreso para sacar adelante con urgencia cuatro Leyes claves. La principal, la Ley de medidas de agilización procesal, que busca agilizar los procesos y limitar las apelaciones en los tribunales civiles y contencioso-administrativos. Así, las sentencias en juicios civiles de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros) no se podrán recurrir y tampoco se podrá recurrir al Contencioso-administrativo o al Supremo las cuantías inferiores a 800.000 euros. Es una forma tajante de agilizar litigios, cortando apelaciones. Los abogados lo han criticado por indefensión y hablan de” justicia para ricos”, mientras el CGPJ dice que se quejan porque los abogados “cobran más cuanto más recurren”…Otra Ley, de Nuevas tecnologías, pretende acabar con el papel en los juzgados dentro de 5 años. La tercera, de creación de Tribunales de instancia, busca agrupar los juzgados en uno sólo por partido judicial, con jueces, personal y medios trabajando colegiadamente. Y la cuarta, la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles : con ella, las reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 euros deberán someterse a la mediación, como paso previo a ir a los tribunales.
Junto a estas Leyes, hacen falta más medios. El Presupuesto en Justicia han crecido un 74% desde 2004 y el gasto por habitante está casi a nivel europeo, pero en 2011 ha sufrido también el ajuste (-6,9%), sobre todo en las 11 autonomías con competencias, que afrontan las dos terceras partes del gasto. Cataluña sufre los mayores recortes (se ha llegado a cerrar el Juzgado de Reus), pero también la Comunidad Valenciana y Madrid, donde hay una amenaza de huelga en el turno de oficio, por impagos. Y el propio consejero Granados ha hablado de devolver las competencias, porque la justicia en Madrid se ha convertido en “un carajal”…
La medida más urgente es aumentar el número de jueces, que son el embudo de la Justicia: España tiene 10 jueces por 100.000 habitantes, la mitad que la UE. Haría falta duplicar su número, otros 5.000, pero el acceso es lento y sólo entran 250 al año. Además, hace falta más personal, mejor formado y con incentivos, reduciendo la interinidad y la rotación. Y un mayor esfuerzo en la informatización. Pero no todo es dinero. Hay que organizar mejor los juzgados, con menos burocracia, menos castas y más eficacia. Y otra actitud con los ciudadanos, menos distante y prepotente, más accesible, con otro lenguaje: la justicia, como los curas, los médicos y los economistas defienden su status con una verborrea incomprensible para el gran público.
Modernizar y democratizar la justicia es un proceso largo, pero que debe acelerarse cuanto antes, porque es otra receta para salir de la crisis. El reto es agilizar una Justicia del siglo XIX y adaptarla a la sociedad y a la economía de hoy. A ver si este siglo lo arreglamos.
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