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jueves, 3 de abril de 2025

Justicia: arranca una reforma histórica

Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025,  los Juzgados de jueces unipersonales se integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán sus trámites judiciales los ciudadanos. Y  además, se obliga a quien presente un litigio, que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma, bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal, digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces. Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a nuestra economía.

                             Enrique Ortega

El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.

La Comisión Europea lleva años presionando a España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The 2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes, frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es que los ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.

Este complejo panorama justifica la insistencia de Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026. En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31 de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el 19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la sacó  la adelante por 177 votos a favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día siguiente (20 diciembre) pidió a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.

Esta Ley Orgánica 1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse entre julio y diciembre de 2025, supone 3 grandes cambios. El primer cambio supone la reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800), vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia (431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración, especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias “orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.

El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos se incluyen en las Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una especie de ventanillas públicas judiciales, como una ventanilla única que facilite trámites.

La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante) es promover la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan algunas “costas procesales”.

Con esta tercera medida se trata de reducir los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7 millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”): delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se ampliarán con más jueces, algunos magistrados han advertido que “colapsarán”.

Otro cambio importante se dará en los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas (documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico. Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio, buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y para abrir una vía a las Comunidades de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo votan el 60% de los vecinos…

El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”. Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación,  más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no parece fácil aprobar unos para 2026.

Otro problema que preocupa a muchos expertos es que la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden). Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una solución consensuada (ver casuística).

Con todo, muchos expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como ejemplo, este dato: la tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por eficacia, no el “café para todos”.

Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas de jueces, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio (difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).

La reforma tiene 4 patas: igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces “sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años), reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido prestigio). Además, la reforma incluye cambios en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.

En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP.  Ahora falta ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización y presupuesto. Y sobre todo, la implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.  Un país moderno y eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia más ágil en una década. Amén.

jueves, 16 de abril de 2015

Más litigios para una Justicia colapsada


Por si la Justicia no estaba ya bastante colapsada, en 2014 aumentaron los litigios, por primera vez en los últimos 4 años. Y eso, aunque Ruíz Gallardón disparó las tasas judiciales en 2012. Con ello, los Juzgados no dan más de sí: sumarios por los suelos, sistemas informáticos colapsados, jueces con estrés y juicios que se citan para 2019, sobre todo en la jurisdicción mercantil y en los juzgados de lo social, los más colapsados. El ministro de Justicia ha quitado las tasas judiciales y ha aprobado tres Leyes para agilizar los procesos judiciales e informatizar la Justicia desde 2016. Pero jueces y expertos dicen que son parches y que hacen faltan más medios: duplicar los jueces (la mitad que en Europa), abrir más juzgados, aumentar personal y gastar mucho más en informática, donde hay 10 sistemas distintos. Hace falta una justicia más ágil, eficaz  e independiente: los españoles desconfían mayoritariamente de la Justicia. Y así no hay democracia que valga.
 
enrique ortega

La Justicia lleva una década colapsada, pero la situación se agravó en 2014, año en que aumentaron los litigios judiciales, por primera vez desde 2010. Y eso, a pesar de que Ruíz Gallardón aumentó drásticamente las tasas judiciales, en diciembre de 2012. El año pasado ingresaron en los juzgados españoles 8.653.160 nuevos asuntos judiciales, un 0,2% más que en 2013. La mayoría fueron asuntos penales (6,1 millones, el 70%, lo que indica una elevada conflictividad social), que se redujeron (-2,1%), igual que los laborales (427.966, un -8,8%), pero aumentaron los litigios civiles (1.845.173, +10,5%) y los contencioso-administrativos (206.700, +8,2%). Con este aumento, el índice de litigios subió a 185 asuntos por 1.000 habitantes, casi el doble de pleitos que en Europa (menos de 100 por cada 1.000 habitantes).

El aumento de pleitos en 2014 ha colapsado aún más los Juzgados, aumentando los sumarios por juez (1.702 asuntos) y reduciendo las sentencias (306 por juez, 1,33 por día laborable), quedando  2.562.153 sumarios en trámite a finales de 2014. La mayor congestión se da en los juzgados de lo Contencioso (pleitos con la Administración) y en los juzgados de lo Social, por el aluvión de juicios tras la reforma laboral de 2012. Las autonomías con más colapso judicial son Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Valencia y Galicia, así como los juzgados mercantiles y los Juzgados de lo Social de Madrid y Sevilla.  

La duración media de los procesos mejoró en 2014, pero aún es muy elevada: 3,7 meses en primera instancia, 4,6 meses en segunda y 11,1 meses en el Supremo, o sea 19,4 meses de media, aunque en la jurisdicción contenciosa llega a 41,7 meses y en la Social a 27,3 meses. Un plazo medio de resolución de los litigios (473 días) es muy superior al del resto de Europa, siendo España el quinto país con la justicia más lenta, tras Portugal, Malta, Grecia y Chipre.

El colapso de la Justicia ha sido denunciando en las redes sociales por un grupo de jueces, la “brigada tuitera”, que difundió fotos de sumarios en los baños de los Juzgados y por los suelos, mientras faltan hasta estanterías, se colapsan los servidores y faltan jueces y personal, mientras las bajas no se sustituyen. Todo ello lleva a casos como el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en la que se acaba de fijar un juicio para el 6 de febrero de 2019. O el mercantil nº 1 de Sevilla, que ha fijado un juicio oral sobre una clausula hipotecaria (interpuesta por un cliente de la Caixa en 2014) para febrero de 2018. O un juzgado de Cartagena que ha tardado 11 meses en fijar las medidas provisionales de un divorcio (que deberían tardar un mes).

Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el colapso de la Justicia son esclarecedores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir. Y de ellos, 864 juzgados (el 43,5% del total) están sobresaturados: soportan una carga de trabajo del 150%. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75%) y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). Y son datos de 2013: ahora será peor. Este colapso en los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, aumentando las enfermedades y los infartos. De hecho, el 92,66% de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según  una encuesta de Jueces por la democracia. Por ello, el CGPJ ha aprobado en enero de 2015 un Plan de riesgos laborales para jueces y personal de la Justicia.

La Justicia está colapsada porque aumentan los litigios, con causas cada vez más complejas (sumarios económicos y de corrupción), mientras se han reducido los Presupuestos y los medios. Nada más llegar al Gobierno, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados) y no  ha cubierto más que un 10% de jubilaciones, a la vez que recortaba el personal interino. Y el Presupuesto de Justicia ha perdido 328,76 millones en los últimos cinco años (pasando de 1.804,32 millones en 2010 a 1.475,56 en 2015), mientras las autonomías (12 tienen competencias y cargan con dos tercios de los gastos de la Justicia) han recortado también sus gastos e inversiones. Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de la mayoría de países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia y 166€ Portugal).

Menos gasto y menos medios, empezando por los jueces: en España hay 5.500 jueces y magistrados, 11 por 100.000 habitantes, la mitad que en Europa (21 jueces por 100.000 habitantes). Y lo mismo pasa por los fiscales (5,3 por 100.000 habitantes), funcionarios y personal de los juzgados, destacando la escasez de peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 Juzgados, apenas puede afrontar las 3.000 causas pendientes, de las que 77 son macroprocesos muy complejos. Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar a la Justicia. Y luego está el desastre informático: hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Frente al grave colapso de la Justicia, el nuevo ministro de Justicia intentó paliar lo peor de Ruíz Gallardón, suprimiendo (febrero 2015) las tasas judiciales a las personas físicas (no a las empresas y pymes) y suavizando los cambios de tres Leyes del anterior ministro, aprobadas en febrero y marzo y que están ahora en el Congreso, para aprobarse en septiembre. La primera, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores) a  presentar los escritos y documentos por medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. La segunda, la Ley orgánica del Poder Judicial, que establece medidas organizativas en el sistema judicial para tratar de agilizar los procesos: mejor sistema de reparto asuntos, mayor especialización tribunales, adscripción de los secretarios judiciales para ayudar a los jueces y Plenos para fijar criterios comunes que eviten sentencias contradictorias entre Juzgados. Y la tercera, la Ley orgánica que modifica  parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (de 1882), para intentar agilizar la justicia penal, evitando los macroprocesos, ampliando los juicios rápidos y no enviando al juzgado los atestados policiales sin autor conocido (debería reducir los sumarios).

Jueces y expertos consideran que estas leyes son más realistas que las de Ruíz Gallardón pero que no dejan de ser “un parche”, retoques que no van a ser decisivos para agilizar y modernizar la Justicia. Y temen que la Justicia telemática, obligada a partir de 2016, ahonde aún más el caos actual, a convivir el papel y lo digital sin inversiones ni formación. La mayoría insiste: lo que hace falta son más medios (duplicar los jueces actuales) y más inversiones (en juzgados, personal e informática). Y denuncian que este año 2015, el Gobierno Rajoy sólo va a crear 100 nuevas plazas de jueces y gastará sólo 59,27 millones del Presupuesto de Justicia (1.475,56 millones) en modernización tecnológica. Una miseria…

Pero resolver el colapso de la Justicia no es sólo cuestión de dinero y personal. También hay que realizar cambios en la organización y aplicación de la Justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, agrupando las demandas de muchos afectados (como las preferentes o las clausulas suelo de las hipotecas), algo a lo que tienen “aversión” la mayoría de jueces (unos por falta de medios de apoyo y otros porque cobran pluses de productividad por número de causas resueltas). Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y más baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan retrasados o se suspenden y con vistas sólo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Una Justicia lenta e ineficaz hace un gran daño a la economía y a los ciudadanos, que la valoran muy negativamente: un 48% de españoles creen que funciona mal o muy mal (Barómetro del CIS 2011) y la suspenden, con un 3,1 de nota (INE 2014). Pero quizás lo peor es que los españoles opinan que la justicia no es independiente de los poderes políticos y económicos: los españoles puntúan la independencia judicial con 3,2 puntos, la tercera peor nota en Europa, tras Eslovaquia y Bulgaria, según el informe EU Justice Scoreboard 2015. Y lo peor es que España ocupa el lugar 97 entre los 144 países evaluados en el ranking mundial de independencia judicial: hay países como Tanzania, Costa de Marfil, Nepal, Irán, Kazajistán, Timor, Vietnam, Argelia, Marruecos o Senegal que consideran su Justicia más independiente que los españoles. Tremendo. Sobre todo porque la independencia de la Justicia es una de las condiciones claves de una democracia.

Esta falta de legitimidad de la Justicia agrava aún más su colapso, su lentitud e ineficacia. Y debería obligar  a los partidos a un gran Pacto de Estado, para dejar de “instrumentalizar la Justicia” (con acuerdos para repartirse cargos) y poner los medios materiales y humanos para que los tribunales funcionen mejor y no torpedeen la economía. Es una de las asignaturas pendientes de la democracia, que algún día habrá que afrontar de verdad. Porque seguimos con una Justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Eso es ineficaz y sobre todo injusto.

domingo, 20 de enero de 2013

Tasas judiciales: la Justicia tiene un precio (alto)


Desde el 17 de diciembre, la Justicia es sólo gratuita para los pobres y el resto tiene que pagar por pleitear, entre 100 y 350 euros para empezar, subiendo luego (según los recursos) hasta pagar 2.300 euros, más un porcentaje sobre lo reclamado. Este “tasazo” ha provocado duras críticas del mundo judicial, desde jueces y fiscales a abogados, mientras el Gobierno argumenta que servirá para reducir el exceso de litigios (y recaudar 306 millones de euros). También ultima privatizar una parte de la Justicia, el Registro Civil, matrimonios y divorcios, que en 2014 llevarán los registradores y notarios (cobrando). Y estudia reducir los partidos judiciales a la mitad, concentrando juzgados. O sea, una justicia más cara y más lejos. Pero no más ágil: los juzgados siguen atascados, con poco personal y un 17,4 % menos de Presupuesto  que en 2010. Un colapso que perjudica a la economía y los ciudadanos.
enrique ortega

Ahora, al pensar en poner un pleito laboral, civil o contra la Administración, antes hay que echar cuentas de lo que va a costarnos: a la minuta del abogado y procurador (más perito, documentos y aranceles), hay que sumar el pago de las tasas judiciales, que antes sólo pagaban bancos y grandes empresas (desde 2002). Las tasas se pagan por cualquier demanda civil (pleitos entre particulares y contra empresas), contra la Administración (contencioso) y demandas laborales (cuando se recurre), no en pleitos penales. La tasa tiene una parte fija, cuyo importe se ha duplicado: oscila entre 100 y 1.200 euros según el pleito y las veces que se recurra: 200 euros una multa de tráfico, 300 un divorcio, 100-1.200 por una deuda, 500-700 por recurrir un despido…  Y luego hay una tasa variable añadida, por la que se paga  un 0,5% del valor de los bienes que se reclaman.

Al final, una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800 €) y casación (1.200 €) sale ahora por 2.300 euros de tasas, más la parte variable y los gastos de letrado y procurador. Y hay que pagar antes para seguir pleiteando. Unas tasas que todo el mundo judicial, incluido el Fiscal general del Estado y el CGPJ, consideran excesivas, ya que a la víctima de una presunta negligencia médica, por ejemplo, puede acabar costándole el pleito 11.300 euros. De hecho, las asociaciones de consumidores denuncian que los más beneficiados son los bancos, aseguradoras y grandes empresas (eléctricas, telecos…), que van a tener ahora menos demandas de clientes, por su alto coste. Y también habrá menos demandas laborales (sobre todo reclamaciones de cantidad), se quejan los sindicatos.

El Gobierno justifica el tasazo en que servirá para reducir el exceso de litigios: más de 9 millones en España, frente a 4 millones en Francia o 7,5 millones en Italia. Y cree que se evitará el abuso de los que pleitean sólo para ganar tiempo: el 75% de los recursos los pierde el recurrente y el 80% de los casos que llegan al Supremo. También sugieren que si en España hay más pleitos es porque tenemos el doble de abogados que en Europa (125.208 abogados: 272 por 10.000 habitantes, frente a 127 en la UE). Además de “frenar el abuso” de los tribunales, argumentan, las tasas recaudarán 306 millones de euros (un 20% del Presupuesto del Ministerio) para financiar la justicia gratuita de los más pobres, las familias con ingresos brutos inferiores a 15.000 euros (los mileuristas).

A estas nuevas tasas en toda España hay que sumar las tasas judiciales que se cobran en Cataluña desde mayo de 2011 y que el Tribunal Constitucional ha suspendido esta semana, tras el recurso presentado por el Gobierno en diciembre: se pagaban entre 60 y 120 euros por pleitos civiles y entre 90 y 120 € en lo contencioso, tasas por las que la Generalitat recaudaba 25 millones anuales.

Pero la Justicia no se ha encarecido ahora. El octubre de 2011 entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, pactada entre PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso  o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. Otro cambio: ahora paga las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez) y se amplía el pago de costas al contencioso administrativo. Esto ya está retrayendo a los particulares a presentar menos recursos, sobre todo contra la Administración, que gana tres de cada cuatro pleitos. O sea, estamos más indefensos, salvo que nos arriesguemos a pagar si perdemos.

Cara al futuro, se anuncia una privatización de parte de la Justicia, los servicios que prestan  las 8.700 oficinas del Registro Civil: nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, cambio de apellidos, nacionalidades (1,4 millones  de trámites al año). Gallardón se lo ha ofrecido a los 1.000 Registradores de la Propiedad, que prestarían este servicio en 2014: gratis sólo el registro de nacimientos y defunciones y cobrando el resto, con tarifas de 20 a 40 euros. En paralelo, también “pillarán” los  3.000 notarios, a los que el Gobierno permitirá realizar matrimonios civiles (hay 100.000 al año), separaciones de mutuo acuerdo (70.000) y otras tareas que ahora hacen los jueces (declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatoria de Juntas…). Cobrándonos ,claro, por estos servicios.  

Además de más cara, a muchos la Justicia les va a quedar más lejos, porque en 2013 debe aprobarse la nueva reordenación judicial, que reducirá a la mitad los partidos judiciales (de 431 a 199), lo que supondrá cerrar y concentrar juzgados: si antes había 50.000 habitantes por demarcación (y 15 kilómetros) ahora habrá 100.000 (y una hora de viaje). Como antes pasó con escuelas, ambulatorios o trenes, ahora habrá pueblos que se quedarán sin Juzgado.

Al final, una justicia más cara y más lejana, pero no mejor: siguen los atascos, con 3 millones de litigios sin resolver al final de cada año y una larga lista de espera para las sentencias: 8,6 meses en pleitos civiles, de 8-10 meses en penal, 9,6 meses en lo social, 12,9 meses en lo contencioso y 25,9 meses en Tribunales superiores. Un caos (3.177 casos al año por Juzgado en Madrid), agravado por la crisis económica, según el CGPJ: desde 2007 hay un  millón de pleitos más al año, sobre todo pleitos civiles (+54%, por dispararse concursos de acreedores, monitorios y ejecuciones hipotecarias) y pleitos laborales (+50%, sobre todo por despidos, que se han duplicado).

Más trabajo y pocos recursos: faltan jueces (hay 5.171, 10,2 por 10.000 habitantes, frente a 21,3 en Europa), falta personal (un 20% interino, ahora en peligro), faltan medios y Juzgados (sólo en Madrid, el TSJM pide 39 juzgados y 32 jueces) y falta tecnología (hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles), imposibilitando la justicia electrónica sin papeles (e-expediente). Y sobre todo, faltan recursos: el Presupuesto de Justicia (Estado central más 12 autonomías con competencias) ha caído 500 millones, un 17,4% desde 2010.

En conclusión, la Justicia  sigue siendo un servicio público caótico, suspendido por los usuarios y ahora más caro. Hace falta dedicar más recursos a la Justicia (como a  Sanidad y Educación), poner orden y gastarlos mejor, agilizando procesos no poniendo un filtro con tasas a las clases medias. Es urgente poner en marcha un Pacto de Estado por la Justicia, tantas veces reclamado, quitando privilegios y ganando eficacia y agilidad, para que poner un pleito no sea un drama costoso y eterno sino un derecho accesible y eficaz. Justicia para todos.

miércoles, 13 de abril de 2011

Modernizar la Justicia,otra receta contra la crisis

Pleitos tengas…y los ganes. Pero en España, puedes tardar 6 años en ganar un pleito y mientras haber perdido los bienes o la empresa. La Justicia española es lenta y está colapsada, con más de 9 millones de asuntos al año para 5.000 jueces. Y funciona casi como en el siglo XIX, en medio de la desconfianza de los ciudadanos. La lentitud de la Justicia (salvo para el fútbol) paraliza aún más la economía y bloquea fondos de litigios por más de 6.000 millones de euros. La esperanza está en un Plan de Modernización y cuatro Leyes que esperan en el Parlamento a ser aprobadas este año, con consenso. Hace falta además, dinero y muchos cambios en los juzgados.
En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las obras de soterramiento de la M-30 de Madrid, con una sentencia favorable a un recurso de los ecologistas presentado… en 2005. Es papel mojado, porque las obras están terminadas y han costado más de 6.000 millones de euros. Pero es un claro ejemplo de la lentitud y la ineficacia de la Justicia, que a finales de 2010 tenía 3,2 millones de asuntos pendientes, de los 9,5 millones de litigios presentados el año pasado. Dos de cada tres son asuntos penales (lo que indica una alta conflictividad social), pero con la crisis han crecido los litigios por deudas e impagos, los mercantiles (suspensiones de pagos y quiebras) y los juicios por despidos.
España es el país de Europa con más litigios (205 por 1000 habitantes), quizás porque es el tercer país con más abogados (unos 120.000). Y los Juzgados no dan de sí a abordar una media de 8 litigios por juez y día laborable. El resultado es que el plazo medio de resolver una demanda en primera instancia son 300 días y lo normal es que, con apelaciones, se vaya a cuatro y seis años. Y esos retrasos suponen un alto coste para la economía, los particulares y las empresas. Sólo en la Sala de lo Contencioso están bloqueados, por litigios, fondos por más de 6.000 millones de euros. “La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.
Los ciudadanos tienen una pésima imagen de la Justicia: un 48% piensa que funciona mal o muy mal (y un 28,7%, regular), según la última encuesta del CIS. Tres de cada cuatro piensa que los pleitos son tan caros y largos que no compensan y un 70% creen que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un  rico, Hacienda o la Administración. Y la mayoría cree que la Justicia está igual o peor que hace 3 años.
Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. Un duro diagnóstico contra el que se han unido todos los partidos, que han hecho un pacto en el Congreso para sacar adelante con urgencia cuatro Leyes claves. La principal, la Ley de medidas de agilización procesal, que busca agilizar los procesos y limitar las apelaciones en los tribunales civiles y contencioso-administrativos. Así, las sentencias en juicios civiles de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros) no se podrán recurrir y tampoco se podrá recurrir al Contencioso-administrativo o al Supremo las cuantías inferiores a 800.000 euros. Es una forma tajante de agilizar litigios, cortando apelaciones. Los abogados lo han criticado por indefensión y hablan de” justicia para ricos”, mientras el CGPJ dice que se quejan porque los abogados “cobran más cuanto más recurren”…Otra Ley, de Nuevas tecnologías, pretende acabar con el papel en los juzgados dentro de 5 años. La tercera, de creación de Tribunales de instancia, busca agrupar los juzgados en uno sólo por partido judicial, con jueces, personal y medios trabajando colegiadamente. Y la cuarta, la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles : con ella, las reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 euros deberán someterse a la mediación, como paso previo a ir a los tribunales.
Junto a estas Leyes, hacen falta más medios. El Presupuesto en Justicia han crecido un 74% desde 2004 y el gasto por habitante está casi a nivel europeo, pero en 2011 ha sufrido también el ajuste (-6,9%), sobre todo en las 11 autonomías con competencias, que afrontan las dos terceras partes del gasto. Cataluña sufre los mayores recortes (se ha llegado a cerrar el Juzgado de Reus), pero también la Comunidad Valenciana y Madrid, donde hay una amenaza de huelga en el turno de oficio, por impagos. Y el propio consejero Granados ha hablado de devolver las competencias, porque la justicia en Madrid se ha convertido en “un carajal”…
La medida más urgente es aumentar el número de jueces, que son el embudo de la Justicia: España tiene 10 jueces por 100.000 habitantes, la mitad que la UE. Haría falta duplicar su número, otros 5.000, pero el acceso es lento y sólo entran 250 al año. Además, hace falta más personal, mejor formado y con incentivos, reduciendo la interinidad y la rotación. Y un mayor esfuerzo en la informatización. Pero no todo es dinero. Hay que organizar mejor los juzgados, con menos burocracia, menos castas y más eficacia. Y otra actitud con los ciudadanos, menos distante y prepotente, más accesible, con otro lenguaje: la justicia, como los curas, los médicos y los economistas defienden su status con una verborrea incomprensible para el gran público.
Modernizar y democratizar la justicia es un proceso largo, pero que debe acelerarse cuanto antes, porque es otra receta para salir de la crisis. El reto es agilizar una Justicia del siglo XIX y adaptarla a la sociedad y a la economía de hoy. A ver si este siglo lo arreglamos.