Pensiones: las cuentas empeoran

El pago de pensiones ha costado en febrero más de 9.500 millones, con el mayor aumento de esta factura desde 2008. Y no sólo porque haya más pensionistas y cobren pensiones más altas, sino por la subida del 1,6% en 2018 y 2019, el 3% de las mínimas y la “paguilla” de febrero. Con ello, el déficit de la Seguridad Social superará este año los  -18.500 millones de los últimos tres años. Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo se cerró sin aprobar ninguna reforma, tras más de 2 años de debate. Y la SS necesitará un nuevo préstamo y “tirar” de la hucha (dejándola en 1.350 millones) para pagar las pensiones este año. El “agujero” empeora y nadie toma medidas ni dice cómo van a pagar las próximas subidas y cómo asegurarán el futuro de las pensiones. Habrá que recaudar más por cotizaciones, trasvasar impuestos y hacer ajustes, aunque no nos guste. Si no, mejorarán las pensiones actuales pero tendrán un problema grave nuestros hijos y nietos. SOS pensiones.

enrique ortega

El “agujero” de la Seguridad Social, el déficit entre ingresos y gastos, empeora. Hasta 2010, la SS tuvo superávit, porque se creaba empleo, se ingresaban más cotizaciones y había menos pensionistas. De hecho, en 2008, la Seguridad Social tuvo un superávit de +16.743 millones (1,5% del PIB). Pero llegó la crisis, se desplomó el empleo y las cotizaciones y en 2011 empezó el primer déficit, pequeño (-487 millones), que se multiplicó por 12 al año siguiente (-5.812 millones en 2012), se duplicó con creces en 2014 (-13.762) y siguió creciendo con la recuperación, hasta alcanzar un déficit de -18.537 millones en 2016, que incluso ha subido en 2017 (-18.756 millones) y 2018 (- 18.937 millones, el 1,6% del PIB).

En total, un déficit acumulado en la Seguridad Social de - 101.723 millones de euros entre 2011 y 2018, un “agujero” que se ha tapado emitiendo deuda pública (supera ya el billón de euros) y tirando de la “hucha de las pensiones”: en 2011 tenía 66.815 millones ahorrados de los años buenos y Rajoy la dejó con 8.000 millones, de los que Sánchez sacó 3.000 en 2018 y su sucesor tendrá que sacar otros 3.696 millones este año, para dejarla en 1.350 millones a finales de 2019. Además de la hucha, este año se ha aprobado otro crédito de 15.164 millones y una transferencia de 850 millones, para pagar la pensión extra de verano y Navidad.

Como se ve, el agujero de las pensiones en un tema serio y todo apunta a que este año 2019 va a empeorar, con la revalorización de las pensiones, y podría alcanzar los -22.000 millones de euros. De entrada, en febrero de 2019, la factura de las pensiones ha tenido un coste histórico: 9.563,1 millones (9.535 millones en enero), con un aumento del 7,16% sobre febrero de 2018, la mayor subida mensual en 10 años, desde diciembre de 2008 (entonces pagar las pensiones costaba un tercio menos: 6.332 millones).

La factura de las pensiones sube ahora más, desde el verano de 2018, no sólo porque aumentan los pensionistas (ya son 8.818.371) y las pensiones (hay 9.707.140), por el envejecimiento de la población, sino porque los nuevos pensionistas cobran pensiones más altas que los antiguos: la pensión nueva de jubilación era en enero de 1.446 euros, 448 euros más alta de las que cobraban los que han muerto y son bajas del sistema. Las subidas de los sueldos en los últimos años (aunque bajas) y la fuerte subida del salario mínimo (+34% entre 2017 y 2019) han hecho que los nuevos pensionistas tengan ahora derecho a pensiones más altas: la pensión media de todo el sistema es de 985,16 euros (+5,6% que hace un año) y ya supera los 1.000 euros en 12 provincias (aunque no llega a 800 euros en Orense, Lugo y Almería). La pensión media de jubilación es de 1.131 euros, un 5,04% más que hace un año. Y la pensión media de viudedad es de 708,26 euros (+8,6%).

Pero hay otra razón básica de que la factura de las pensiones haya subido un 7,16% en febrero: la revalorización de las pensiones. Después de muchos años subiendo sólo un 0,25%, en 2018 y en 2019, las pensiones han subido un 1,6%. Y las mínimas un 3%, mientras se subía del 56 al 60% la base reguladora de las pensiones de viudedad. Y en febrero, además, se ha cobrado una “paguilla” para compensar la mayor subida del IPC en 2018. Todo esto está muy bien, pero hay que pagarlo. Y se estima que esta revalorización habrá costado 3.000 millones extras en 2018 y costarán otros 4.000 millones en 2019, con una factura que crece año tras año y supondrá un coste extra de 37.550 millones hasta 2022, según estimó la Seguridad Social. Y hasta 85.000 millones extras si se mantiene la revalorización hasta 2050.

El problema es que todos los partidos acordaron que las pensiones suban con el IPC, pero nadie se preocupó de buscar dinero para pagarlo, más allá de recurrir a la deuda y a la “hucha” de las pensiones (que se ha agotado). Y también pactaron que no entrara en vigor en enero de 2019 otra medida de ajuste, el “factor de sostenibilidad” (pagar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida), retrasando su aplicación hasta 2023, de momento. Con ello, las nuevas pensiones de este año y los tres siguientes no se verán recortadas (como preveía la reforma de 2013 de Rajoy), pero la decisión va a suponer otro aumento extra de la factura de las pensiones, entre 3.000 y 5.000 millones más al año.

Así que tenemos un agujero de las pensiones (-18.937 millones en 2018) y las medidas aprobadas por todos los partidos en 2018 (revalorización con el IPC y retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad) van a aumentar este déficit, como ha advertido recientemente la Comisión Europea, preocupada porque las pensiones impidan reducir la deuda y el déficit público en España. Y en contrapartida, los partidos, presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de aprobar reformas para tapar este agujero creciente y asegurar la financiación de las pensiones a medio plazo. Y cuando quieran pactar algo, se habrá perdido otro año.

El problema ya no es que tengamos un agujero en las pensiones, lo más preocupante es que se va a multiplicar en los próximos años, por culpa del envejecimiento de la población, que va a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

Así que sólo hay dos soluciones: o modernizamos la economía para poder emplear a 10,5 millones de personas más (sobre todo inmigrantes, porque la población española cae y habrá menos jóvenes) o atemperamos la factura de las pensiones, para poder pagar estos 15 millones de pensiones aunque sea menos a cada una. Lo lógico sería actuar en los dos frentes. El problema se agrava y se hará más acuciante a partir de 2027, cuando se jubilarán los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975.

Así que tenemos dos problemas con las pensiones. Por un lado, afrontar el agujero actual, que lleva ya cuatro años en -18.500 millones y creciendo. Y a medio plazo, el agujero futuro, tomar medidas para que las pensiones no se coman la mitad del gasto público en 2050 (hoy se llevan la cuarta parte). Los partidos, en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de dar soluciones, pero hay expertos que proponen medidas. Y entre ellos, la propuesta más razonable a corto plazo es la de la AIReF (la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal), que propone suprimir el déficit actual de la SS por dos caminos: uno, trasvasando 10.400 millones de cuotas del desempleo a la Seguridad Social (dejaría de pagar el desempleo no contributivo y bonificaciones de cotizaciones, que cargarían sobre el Presupuesto del Estado) y el otro, quitando a la SS 7.000 millones de gastos que pagarían los Presupuestos (el  coste de funcionamiento de la SS, gastos de fomento del empleo y bonificación de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales y el pago de las prestaciones por paternidad y maternidad). Básicamente, se trata de descargar a la Seguridad Social de 17.400 millones de gastos que se financiarían con impuestos vía Presupuestos.

Es un “parche”, cambiar el "agujero" de sitio (y quien paga: en vez de las cotizaciones, que no llegan, los impuestos), pero serviría para quitar a la Seguridad Social la losa del “déficit coyuntural” actual. Pero eso no nos resuelve el problema de fondo: que las pensiones y su coste crecen más que los ingresos por cotizaciones (sobre todo con empleos precarios y mal pagados). Por eso, hay que pensar en medidas a medio plazo, para evitar el anunciado “gran agujero” a partir de 2027, el déficit “estructural”. Y aquí, la AIReF plantea algo muy sensato: defender que no se revaloricen las pensiones “no es políticamente viable”, nadie lo va a defender con la presión de 9 millones de pensionistas (votantes) detrás. Pero sí hay que defender “atemperar” el ritmo de crecimiento de las pensiones, porque si seguimos la inercia actual, no serán viables para 2050. Y eso hay que decirlo.

Para “atemperar” el gasto en pensiones, la AIReF propone buscar otras vías de revalorización que no sean el IPC, muy volátil y costoso. Una alternativa sería revisarlas lo que crezca la economía (aumento del PIB) o los salarios (que se traduce en la subida de cotizaciones). Además, proponen 2 medidas que serían muy efectivas para atemperar el ritmo de gasto en pensiones. La primera y que tiene más efecto de ahorro, retrasar la edad efectiva de jubilación en 1 año, no sólo la legal (que estará en 67 años para 2027), para que la edad efectiva de jubilación sea de 65,5 años en 2048 frente a los 62,7 años actuales (aunque legalmente sea de 65 años y 8 meses). Y la otra, aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los 25 años previstos para 2027 a 35 años, con la idea de contemplar después el cómputo de toda la vida laboral.

Son dos medidas que recortarían el gasto en pensiones del 18% del PIB en 2050 (si no se hace nada, un gasto insostenible) a un 13,4% del PIB, que sí se podría pagar. Y claro, en paralelo habría que tomar otras medidas como subir en lo posible las cotizaciones sociales (son algo más bajas en España, según Eurostat: un 12,2% del PIB frente al 13,3% en la UE-28, sobre todo las cotizaciones de los trabajadores) y conseguir más ingresos fiscales (se puede: España recauda cada año 81.000 millones menos que la media europea) para financiar con impuestos las pensiones no contributivas, las de viudedad y orfandad y los complementos de mínimos a las más bajas (hoy, la cuarta parte de las pensiones).

Las soluciones no son sencillas pero hay que empezar a tomar medidas con una idea clara: hay que mejorar en lo posible las pensiones actuales pero sin poner en peligro las pensiones futuras, con un equilibrio generacional en los sacrificios. Y eso pasa por saber algunos datos y asumirlos. Como que los pensionistas actuales tienen una esperanza de vida de 21,1 años (a partir de los 65 años), 6,1 años más que en 1975. Y todavía aumentará hasta 22 o 23 años, lo que dispara el gasto en pensiones y obliga a pagar algo menos durante más años para que no estalle el sistema. Y además, hay que saber que las pensiones en España son de las más generosas de Europa y que no hemos cotizado suficiente por ellas.

Los datos son explícitos. En España, la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 49,9% del último salario que supone la pensión media en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% del último salario en Alemania. O sea que aunque se hable de “pensiones de miseria” (la cuarta parte, 2,4 millones sí son mínimas), las pensiones en España son más altas sobre el último salario que en casi toda Europa (eso sí, los salarios son más bajos y por eso la pensión es baja, pero ese es otro tema). Y la otra cuestión: con lo que cotizamos (si se ha cotizado 37 años), se pagan 13,2 años de pensión media, con lo que no se pagan todos los que se cobran de media (21,1 años): hay 8 años que se cobra pensión sin haber cotizado por ellos (y con una tasa de reposición del 78,7%, faltarían 5,1 años de cotizar, según este detallado estudio de Fedea que conviene conocer.

En definitiva, que las pensiones “no son de chicle” y se puede pagar lo que se puede pagar, lo que dan de sí las cotizaciones e impuestos. Y no queda más remedio (aunque no nos guste) que frenar el gasto, retrasando la edad de jubilación, aumentando los años de cómputo y compaginando lo que se cobra con lo que se vive, porque si no, no salen las cuentas y el problema lo tendrán los que se jubilen en 2050: nuestros hijos y nietos. Por eso, hay que hacer muy bien las cuentas, difundirlas sin demagogia y proponer  a los españoles medidas justas y equilibradas, que repartan el pastel disponible  entre los pensionistas actuales y los futuros. Una reforma pactada por la mayoría y que no se cambie por circunstancias políticas o electorales. No podemos seguir otro año más, como los dos anteriores, sin tomar medidas, sin frenar el déficit, sin asegurar el futuro de las pensiones. Cuanto más se tarde en atajar los problemas, más duras serán las soluciones. SOS pensiones.