Europa: libertad "vigilada" para España

El pasado viernes 14 de junio, los ministros de Economía de la UE sacaron a España de la lista negra por “déficit excesivo”, tras 10 años dentro. Pero ojo, ahora estamos en libertad “vigilada”: la Comisión Europea seguirá controlando nuestras cuentas públicas. Y ha dicho que el próximo Gobierno tiene que "ajustar" (recortar gastos o subir ingresos) 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que los “fundamentalistas” del déficit de Bruselas siguen determinando las cuentas españolas, mientras Pedro Sánchez les ha prometido déficit 0 para 2022, algo incomprensible para un país con el doble de paro que Europa y que necesita de todo. Y nadie dice la verdad: que España gasta menos que Europa y que si tenemos más déficit es porque ingresamos menos, 80.000 millones menos cada año. Y que eso pasa porque hay demasiadas desgravaciones, mucho fraude y porque algunos (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos) pagan menos de lo que deberían. Hagan una reforma fiscal con más ingresos, no más recortes. No cedamos otra vez a la austeridad.

A partir del inspector Clouseau de Friz Freleng. enrique ortega

La Gran Recesión iniciada en 2008 dañó las cuentas públicas de todos los paises, al reducir los ingresos (por la menor actividad y empleo) y aumentar los gastos (desempleo, ayudas sociales, rescate bancario…), lo que disparó el déficit público y la deuda. Y los políticos de la Comisión Europea, “fundamentalistas” del déficit,  impusieron su receta a la Europa del sur: la austeridad. Recortar los gastos (desde la sanidad y la educación a la inversión pública o las pensiones) para que los Estados pudieran pagar a los bancos e inversores los crecientes intereses de la abultada deuda pública acumulada. Incluso, en España, ZP y Rajoy pactaron en 2011 una reforma exprés de la Constitución, para recortar el déficit por Ley y que el pago de intereses de la deuda tuviera prioridad sobre los demás gastos públicos. Era un guiño para “contentar a los mercados”, que no se convencieron, y en junio de 2012 llegó el rescate bancario a España.

La receta de la austeridad, impuesta a partir de 2010 por Merkel, la Europa del norte y los conservadores de Bruselas, para asegurar a la banca y los tenedores de deuda que les íbamos a pagar, agravó la crisis en Europa, mientras EEUU y China salían de la recesión en 2010 reanimando la economía, no recortándola como Europa. Por un lado, los recortes redujeron el crecimiento y la inversión, alargando la crisis. Y por otro, como se crecía poco y se creaba poco empleo, los países europeos no conseguían recomponer sus cuentas públicas, agobiados por una caída de la recaudación y una presión de los gastos públicos (paro, ayudas, rescates...), por la crisis.

Y así, España, como la mayoría de la Europa del sur, ha tardado una década en rebajar su déficit por debajo del 3% que exige el acuerdo del euro. Si tuvimos superávit en las cuentas públicas en 2005 (+1,51% del PIB), 2006 (+2,2%) y 2007 (+2%), en 2008 pasamos a tener un déficit del -4,4%. Y en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estaban (en 2011) 24 de los 28 paises europeos. Zapatero inició los recortes en 2010 (pensiones congeladas y menos gasto en sanidad, educación, tecnología e inversiones públicas) y prometió a Bruselas que bajaría el déficit del 3% en 2012. Pero no consiguió enderezar las cuentas y se marchó dejando el déficit público en el 9,6% en 2011. Rajoy entró “cargando gastos” (“la herencia”) y subió el déficit al 10,5% en 2012, para prometer a Bruselas que cumpliría en un par de años. Pero en 2014, el déficit estaba en el 6% del PIB, el doble de lo permitido. Y tras varias prórrogas solicitadas a Bruselas, se fue en mayo de 2017, año que terminó con un déficit del 3,1%. Y Sánchez ha conseguido, gracias a una mejora de la recaudación, bajarlo al 2,48% en 2018.

Así que, tras 10 años en la lista negra, España es el último país de los 24 paises europeos que salió, el 14 de junio,  de esa lista de paises con déficit excesivo, tras Francia, Reino Unido, Croacia, Grecia y Portugal. Pero no ha sido gratis. Rebajar el déficit por debajo del 3% ha supuesto unos recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (-34.753 hechos por Rajoy sólo entre 2012 y 2015), según los datos oficiales de Hacienda. Unos recortes que han sufrido casi todos los españoles, sobre todo los más pobres, en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, etc. Y además, un aumento extra de impuestos: Rajoy, en 2012, subió el IVA y todos los impuestos, hasta 2015 en que bajó algunos, pero menos. Y por ello, los españoles pagamos 23.000 millones más de impuestos entre 2011 y 2015, según la Agencia Tributaria. En resumen, 21.847 menos de gasto y 23.000 millones más de ingresos, 45.000 millones de ajustes para bajar el déficit y “cumplir con Bruselas”, a costa de un bajo crecimiento, poco empleo, pérdida de rentas, más pobreza y desigualdad y un deterioro tremendo del Estado del Bienestar que tanto nos había costado conseguir.

Tremendo viaje para llegar al 2,6% de déficit actual. Y eso sin olvidar el otro coste, la tremenda deuda pública acumulada para financiar el déficit público, año tras año. Si la deuda de España era baja en 2007 (384.662 millones de euros, el 35,6% del PIB), se duplica para 2011 (ZP la deja en 744.323 millones de euros, el 69,5% del PIB). Y Rajoy, aunque reduce el déficit, se endeuda más año tras año para financiarlo, superando el 100% del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), por primera vez en un siglo (desde 1909). Y Rajoy se va dejando una deuda pública récord: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, un tercio más de la que recibió a finales de 2011. A finales de 2018, la deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. Eso supone que debemos 25.228 euros por español.

Ahora, la Comisión Europea ha felicitado a España por haber salido de la “lista negra” del déficit, pero “quiere más”: ya ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que España ha de reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que, antes de pactarse un nuevo Gobierno en España, ya tiene “tarea”: recortar gastos y subir ingresos para “ajustar” esos 15.000 millones estos dos años. Y dado que no habrá Gobierno hasta julio y que será difícil tener un Presupuesto este año, el ajuste tendrá que concentrarse en 2020. Así que ya lo saben: esto de la austeridad no ha terminado. Seguimos bajo vigilancia de Bruselas, a pesar de que en las pasadas elecciones europeas hayan caído los votos de los conservadores y socialdemócratas y hayan subido los verdes y liberales. La “ortodoxia económica”, que ha estancado a Europa, sigue imponiendo su Ley, la de los mercados.

Pedro Sánchez y su ministra de Economía (en funciones) mandaron a Bruselas, el 30 de abril (2 días después de ganar las elecciones) un mensaje claro, en forma de Programa de Estabilidad 2019-2022 : “España es un país serio y va a seguir rebajando el déficit”. Y el PSOE, a diferencia de los populistas italianos (Italia tiene el -2,1% de déficit) o el liberal Macron (Francia tiene el -2,5% de déficit), se compromete con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en 2022. Como “los mejores alumnos de la clase”, camino del superávit en sus cuentas que hoy tiene la Europa rica, Alemania (+1,7% del PIB en 2018), Holanda (+1,5%) o Suecia (+0,5%).

Lo malo de esta promesa de “rigor” de Sánchez a Bruselas es que la hace a costa de casi congelar el gasto público (pasaría del 41,3% del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del 35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000 euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, más luchando contra el fraude fiscal. Pero la Comisión y muchos expertos creen que esta promesa del 0% es imposible, porque los ingresos no se van a conseguir. El problema es que la congelación de gastos, en un país que necesita de casi todo, va a ser problemática y afectar a mucha gente. Porque no se podrá gastar lo que hace falta, en pensiones, sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas o modernización de la economía si España no aumenta más su gasto público. Y la Comisión Europea no nos deja.

El problema de fondo es ese, “el corsé del 3% de déficit”, aprobado en 1999 para imponer una disciplina fiscal en el euro y en unos paises muy diferentes. Porque ¿qué sentido tiene no poder tener un 2% de déficit, por ejemplo (o un 3%) un país como España, que tiene más de cuatro veces de paro que Alemania (un 13,8% frente al 3,2%, según Eurostat)  y unos peores servicios públicos y sociales además de una cuarta parte menos de renta (el 92% de la media mientras Alemania tiene el 124% del PIB comunitario, según Eurostat)? Solamente unos “fundamentalistas” del déficit pueden exigir más recortes a un país que necesita gastar más en casi todo para igualarse a la Europa del norte. Y solamente un PSOE que ha olvidado las bases de la socialdemocracia puede prometer un déficit cero para 2022.

Unos y otros esconden a los españoles un dato objetivo y constatable: España tiene todavía el 4º mayor déficit de Europa (el -2,48%, tras el -4,8% del Chipre, el -3% del PIB de Rumanía y el -2.5% de Francia), no porque España tenga un mayor gasto público sino porque ingresa mucho menos. España ha gastado siempre y gasta menos que la mayoría de Europa: un 41,3% de lo que producimos (PIB), frente al 45,6% que gasta la UE-28 y el 46.8% que gasta la zona euro, según Eurostat. Eso significa que, en 2018, el gasto público de España fue un 5,5% inferior al de los paises euro. A lo claro, que gastamos 66.453 millones menos que los paises euro en sanidad, educación, pensiones, ayudas a la familia y vejez, según demuestran también los últimos datos de gasto público de Eurostat (2017). Y gastamos un 14,7% del PIB menos que Francia (177.612 millones menos al año) y  un 2,6% del PIB menos que Alemania (31.414 millones menos de gasto que ellos cada año).

Así que tenemos más déficit que la mayoría de Europa no porque gastemos más (gastamos bastante menos) sino porque ingresamos mucho menos. Las estadísticas de Eurostat son muy reveladoras, aunque apenas se hable de ellas: España recaudó en 2018 el 38,9% de su PIB, mientras los paises europeos (UE-28) recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que España ingresó un 6,1% menos que la media y un 7,4% menos que los paises euro. A lo claro: recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que Europa y 89.410 millones menos que la zona euro. Pongamos 80.000 millones menos de recaudación anual, que darían para reducir el déficit y la deuda y también para gastar más en todo lo que nos hace falta para equipararnos a Europa.

Así que el camino para rebajar más el déficit (algo dudoso e injustificable para un país como España), debería estar claro: ingresar más (+80.000 millones), para poder gastar más (+60.000 millones) y aún reducir el déficit, no hacer más recortes. Y ¿cómo ingresar más? La propia Comisión Europea se lo viene diciendo a España desde hace años: hay que aumentar los ingresos por IVA (suprimiendo tantos tipos reducidos, como el 10% de hoteles y restaurantes), aumentar los ingresos por IRPF (quitando deducciones y desgravaciones, 8.000 millones de euros, que favorecen a las rentas medias y altas), aumentar los ingresos por impuestos verdes (subiendo el gasóleo y la gasolina, que tienen impuestos más bajos que en Europa) y mejorar la recaudación en sociedades, donde las grandes empresas, bancos y multinacionales pagan sólo el 5,99% sobre beneficios. Y luchando más contra el fraude fiscal, con más medios (tenemos "el menor número de inspectores fiscales por habitante de la UE", según alertaba el informe 2019 de la Comisión Europea).

Así que más que pedir más recortes (Comisión Europea) o prometer contener el gasto (Sánchez), lo que habría que hacer es aprobar una reforma fiscal en toda regla y conseguir recaudar entre 40.000 y 60.000 millones más al año, como hacen los demás europeos. Eso supone no que la mayoría de españoles paguen más, sino que paguen más los que ahora pagan poco: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos, además de los defraudadores. Algo que no les gusta a las tres derechas, que defienden reiteradamente bajar impuestos, una medida que va en contra de los datos y  lo razonable para la mayoría (y que sólo favorece a los que hoy pagan poco, sus votantes). Y una vez que se consigan más impuestos, hay que hacer una lista de prioridades para gastar más y acercarnos al nivel de gasto de Europa en sanidad, educación, pensiones, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas, digitalización y modernización de la economía, para crecer con más equidad y recomponer nuestro Estado del Bienestar tras una década de ajustes.

Este debería ser el gran debate de esta Legislatura y de los próximos Presupuestos: no caer en más recortes, los pida quien los pida, y apostar por ser europeos de verdad, ingresando como ellos y gastando como ellos, una estrategia justificada por los datos pero que se enturbia con la ideología conservadora de unos y el miedo a que les tachen de radicales de otros. Ingresar más y gastar más no es de izquierdas, sino la única salida posible para huir de más recortes y reducir la pobreza y la desigualdad que nos ha dejado la austeridad. No se equivoquen de nuevo.