Inflación: culpables, beneficiados y paganos

Los precios siguen disparados, desde EEUU a Europa, dañando las cuentas de las familias y recortando el crecimiento. La inflación en España supera el 10%, aunque el petróleo y la luz se moderan, porque suben carburantes, alimentos y casi todo. Y seguirá alta en julio y agosto, por el turismo y la mayor demanda. La culpa no es sólo de Putin y la guerra: los hoteles suben un +45% anual, por ejemplo. Las empresas aprovechan para subir márgenes tras la pandemia y son culpables del 83% de la inflación. Eso ha disparado los beneficios de eléctricas, petroleras, gasistas, intermediarios y supermercados, no del campo. Mientras, todos somos un 10,2% más pobres, en especial las familias con menos ingresos, donde pesa más el gasto de alimentos, luz, energía y vivienda. El Gobierno ha tomado nuevas medidas para compensar a los más perjudicados y subir impuestos a los más beneficiados. Pero queda vigilar la formación de precios, evitar subidas injustificadas a costa de nuestro bolsillo. No todo debe subir.

Enrique Ortega

Hoy se cumplen 140 días de la guerra en Ucrania (estancada) y el mundo se encuentra en medio de otra crisis, sobre todo Europa, provocada por una inflación imparable, con subidas de precios del +9,1% en EEUU (la más alta desde 1981) y el +8,6% en la zona euro, la más alta en décadas. El petróleo ha amainado sus subidas (cuesta ahora sólo un 3,3% más que antes de la invasión), pero los carburantes siguen disparados, porque faltan productos refinados y ha subido la demanda. Lo peor está en el gas, que casi ha duplicado su precio en el último mes y medio, por el temor a que Putin corte el suministro a Europa. Y eso tira al alza del precio de la luz en todos los paises, que ven subir también los alimentos y todos los productos de forma imparable.

Todo apunta a que julio y agosto seguiremos con una alta inflación, derivada del mayor consumo de energía (subirán más los vuelos y carburantes), luz (por las olas de calor) y alimentos, así como hoteles, ocio y servicios. Y no ayuda la caída del euro, que cotiza a la par que el dólar (1x1: en 2008 nos daban 1,5 dólares por euro) que se ha convertido en “moneda refugio”, apoyada por tipos de interés más altos (1,5-1,75% frente al 0% en Europa): todos los artículos de importación, desde el petróleo y el gas a los coches o medicamentos, son  ahora más caros, habrá que pagar más euros por ellos (el euro se ha depreciado -11,3% desde la invasión de Ucrania). Y esto es más preocupante para España, que importa más (342.787 millones) de lo que exporta (316.609 millones).

En medio de esta tormenta de inflación mundial, en España suben algo más los precios que en el resto de Europa: +10,2% de inflación anual en junio, por encima del +8,6% estimado para la zona euro, el +8,5 % de Italia, +8,2% de Alemania y el +6,5%% de Francia, un fenómeno que es habitual (solemos tener más inflación), debido a la menor competencia, la estructura económica (más peso de los servicios) y a los mayores márgenes empresariales en España. Con todo, los “culpables” de la inflación son casi los mismos: los carburantes (el gasóleo ha subido un +42,7% anual y la gasolina un +34,4%), la electricidad (+33,4% anual), los vuelos internacionales (+16% anual) y los alimentos (+12,9%), en especial aceites (+37%), pastas (+28,8%), huevos (+23,9%), frutas frescas (+19,3%), cereales (+18,4%), pollo (+14,1%), legumbres y hortaliza (+14%), pan (+13,9%), vacuno (+13,1%) y patatas (+10,8%), según el INE. Pero ojo: lo que más sube en España el último año son los hoteles: +45%, un alza que poco tiene que ver con la guerra y mucho con recuperarse de la pandemia.

La mayor subida, los carburantes, ha ido a peor en el último mes y medio, aunque llevemos dos semanas con ligeras bajadas. Pero seguimos pagando más por la gasolina y el gasóleo que en el resto de Europa: 2,072 euros litro la gasolina (1,960 euros de media en la UE-27) y 2,022 euros litro el gasóleo (1,952 en la UE-27) y no es por los impuestos (sin impuestos, pagamos 68 céntimos más cara la gasolina y 59 euros más caro el gasóleo).  Con estos precios, recogidos por el Boletín Petrolero europeo, la gasolina está ya 48 céntimos más cara (+30,3%) que antes de la invasión de Ucrania y el gasóleo 54 céntimos más (+36,7%). Y eso, a pesar de que el petróleo está ahora casi en los precios de antes de la guerra (97,89 dólares), aunque suben los productos refinados y el margen bruto de las petroleras.

La otra gran subida, la de la luz, sigue ahí, pero se ha “atemperado” tras la entrada en vigor del tope al gas por la “excepción ibérica”. En España, la luz tuvo un precio medio en el mercado mayorista de 197,2 euros MWh del 1 al 14 de junio y del 15 de junio (cuando entró en vigor el tope al gas) al 30, ha costado 145,5 euros de media. Pero como los consumidores tenemos que pagar ahora una compensación por el tope, el precio final de la 2ª quincena será de 236,8 euros MWh… más caro que antes. Pero ojo, si España no hubiera conseguido esta excepción ibérica, este precio habría sido de 275,9 euros MWh. Así que los consumidores, aunque pagamos más que en mayo, nos hemos ahorrado en junio un -16,7% sobre lo que habríamos pagado sin tener el tope al gas, según el Gobierno. De hecho, el precio mayorista de la luz medio de junio en España (236,8 euros, con compensación) es mucho menor al que han tenido Alemania (262,45), Francia (303,56) e Italia (320,80 euros MWh).

En definitiva, que hemos pagado más cara la luz en junio (subió el recibo un 9,1%, según el INE) pero hubiera subido mucho más si Europa no nos hubiera autorizado el tope al gas, lo que permite a España y Portugal tener ahora la luz más barata del continente (aunque sea carísima). Y lo más importante es que a medida que ruede el tope al gas, se notará más. Así, en las cotizaciones para el 4º trimestre de 2022 (los "futuros"), el precio mayorista de la luz en España (sin compensación) se mantendrá en los 147 euros KWh, frente a los 362 euros que se anticipan para Alemania y los 787 euros para Francia… Eso sí, si Putin corta el suministro, habrá que pagar más de compensación por el tope al gas, pero seguiremos con precios más bajos que el resto de Europa. Por eso Italia y Francia piden extender “la excepción ibérica”.

El tercer gran bloque de subidas, los alimentos, ha ido a peor, con una subida adicional en junio del +1,8%, sobre todo por las frutas (+11%), mientras siguen disparados los precios de aceites, pastas y cereales, huevos y carnes. Pero no es porque agricultores y ganaderos suban precios, aunque les hayan subido los carburantes, la luz, los piensos y fertilizantes. Ellos se quejan de que las subidas que pagamos en el supermercado no les llega a ellos, sino que se quedan por el camino: intermediarios, industrias agroalimentarias, hipermercados y súper. Y cada mes aportan una estadística para demostrarlo, el IPOD, que publica COAG, sobre la diferencia entre los precios en origen y destino de los alimentos.

Según el IPOD de junio, los consumidores pagamos por los productos agrícolas 4,6 veces lo que reciben los agricultores y 2,79 veces más de lo que reciben los ganaderos. Veamos algunos ejemplos: naranjas (de 0,15 euros kilo al agricultor a 1,48 euros de venta: +887%), ajos (de 0,70 a 5,94: +749%), lechuga (de 0,18 a 1,10 euros: +511%), patata (de 0,20 a 1,35: +575%), ciruela (de 0,66 a 4,37: +562%), sandía (de 0,36 a 2,17: +503%), tomates (de 0,66 a 2,46: +273%), aceite de oliva (de 3,38 a 5,11: +51%) ternera (de 4,98 euros a 17,22: +246%), cerdo (de 1,64 a 6,18%: +277%) o leche (de 0,40 a 0,80: +100%)…

¿Por qué suben tanto los precios? Las subidas de la energía, alimentos y materias primas, ya desde agosto pasado y aceleradas por la guerra de Ucrania,  explican parte de la inflación, pero no toda, como se ve claro en la subida de los hoteles, restaurantes y bares (¡disparados¡). Un reciente informe de CCOO, hecho a partir de los datos del INE, revela que el 83,4% del aumento de los precios se debe a la subida de los márgenes empresariales, mientras que los salarios (suben un 2,42% en los convenios firmados en 2022) sólo son culpables del 13,7% de las subidas (y los impuestos del 2,9% restante). Y lo más importante: esto ya pasaba antes de la guerra de Ucrania: en el 4º trimestre de 2021, los márgenes empresariales eran responsables del 106,3% de las subidas de precios.

A lo claro: las empresas han aprovechado el repunte de consumo de 2021, tras las escasas ventas de la pandemia, para recomponer sus márgenes y subir precios, les suban los costes o no (poco en el caso de hoteles y muchos servicios), “aprovechando” la guerra y el aluvión de subidas. El informe revela que los márgenes empresariales han subido más en España que en Europa, sobre todo en las empresas energéticas (han subido márgenes un +60,4% en España frente al +46,5% en la eurozona), los bancos y financieras (han subido sus márgenes un +25,7% en el último año en España, frente a una caída del -0,6% en la eurozona) y el sector manufacturero (+7,4% subida márgenes en España frente al +1,3% en la eurozona). Y también han subido márgenes el comercio, los transportes y la hostelería.

Así podemos perfilar  una lista de “culpables” de la inflación, además de Putin y la guerra. Y esto se traduce en otra lista similar de “beneficiados” por la inflación, empresas y sectores que ahora ganan más, como reflejan sus cuentas públicas. En cabeza, las empresas energéticas: las 6 grandes energéticas del IBEX (Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Cepsa y Enagás) ganaron 10.097 millones de euros en 2021, cuatro veces los beneficios de 2020 y 2019. Y en el primer trimestre de 2022, Repsol ha duplicado sus beneficios (1.392 millones) y Cepsa los ha triplicado (265), mientras Iberdrola los aumentó un 3% y Naturgy, Endesa y Enagás los reducían por temas regulatorios o por no tener extraordinarios (Endesa espera ganar 1.800 euros este año, un 25,4% más que en 2021). Faltaría añadir los beneficios de algunas industrias agroalimentarias, híper y supermercados.

Tampoco podemos olvidarnos de la banca, aunque algunos digan que no se benefician de la alta inflación. Pero sí de la subida de tipos, que ha aumentado el Euribor desde finales de 2021, encareciendo créditos e hipotecas. Por eso, este primer trimestre de 2022, los 5 grandes bancos (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) han ganado 5.262 millones de euros, un +56,04% más que al inicio de 2021 (su mejor año desde 2007, con 19.866 millones de beneficios, tras perder -5.500 millones en 2020). Y ahora, con la subida de tipos que va a aprobar el BCE el 21 de julio, aún ganarán más. Sobre todo porque durante la pandemia se han financiado en el BCE al -0,1% (para asegurar que prestaran) y ahora, al subir los tipos, van a cobrar más por estos depósitos en el BCE y por los créditos. De hecho, algunos expertos les auguran un beneficio extra por este dinero barato de 24.000 millones de euros, con lo que el propio BCE está pensando en ponerles alguna penalización (o impuesto).

Ya sabemos algo más de los culpables y beneficiados por la inflación. Más sencillo es saber quiénes somos “los paganos” de las subidas de precios: los consumidores, ahora un 10,2% más pobres. Si en 2021, el gasto medio de cada familia fue de 29.244 euros (INE), eso significa que la inflación se ha comido ya casi 3.000 euros por hogar. Pero ojo, la subida de precios no es igual para todos: afecta más a las familias más vulnerables, que son las que gastan más (porcentualmente) en lo que más está subiendo. Así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos, mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto, según el INE. Así que la inflación va por barrios,  afecta desigualmente a los españoles.

Por eso, las medidas de los Gobiernos para paliar la inflación no deberían ser generalizadas sino selectivas, dirigidas a las familias más vulnerables, como defienden desde hace meses el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. El Gobierno Sánchez se ha apuntado a esta tesis, aunque sin olvidar a la clase media, a la mayoría de los votantes, la razón por la que bajó los impuestos a la luz y subvencionó los carburantes (una medida “popular” pero que beneficia más a los que más tienen). Y ahora, al aprobar un 2º paquete de medidas, ha optado por dos que ayudan más a los más perjudicados: abono gratis de cercanías y media distancia de Renfe entre septiembre y diciembre y 100 euros adicionales de beca (de septiembre a diciembre) al millón de jóvenes con beca estatal (de familias con menos ingresos).

Y además, el Gobierno ha apostado por otra medida clave: aprobar (antes de fin de año) un impuesto especial a los sectores y empresas que se benefician de la inflación (eléctricas, petroleras, gasistas) y a la banca, para recaudar 7.000 millones de euros en dos años (2022 y 2023) con los que pagar parte de las medidas contra la inflación (costarán más de 20.000 millones de euros al Estado).Una medida que parece “justa”, aunque el PP critica que es fruto de “la podemización del Gobierno”. Lo que no dicen es que este impuesto a los beneficios extraordinarios de algunos sectores (no “caídos del cielo”, sino de “nuestros bolsillos”) lo propuso la Comisión Europea hace meses y lo aplican ya varios Gobiernos europeos conservadores: Reino Unido, Italia, Grecia y Rumanía (a las empresas energéticas), junto a Hungría (a la banca, telecos y aerolíneas), mientras lo estudia también  Bélgica.

Las nuevas medidas, más la bajada de impuestos, los 20 céntimos al carburante y el tope al gas, junto a los futuros ingresos extras, ayudarán pero son insuficientes. Porque los culpables de la inflación (la guerra, la imparable subida de la energía y los márgenes disparados) siguen ahí, minando nuestros bolsillos. Habría que tomar nuevas medidas a nivel internacional (G-7 y G-20), como un gran acuerdo para aumentar la oferta de crudo y gas no ruso en los mercados, para frenar los precios (la visita de Biden a Arabia Saudí va en esta línea). Y a nivel europeo, aprobar planes de ahorro energético y diversificación del suministro para este invierno, más drásticos de los inicialmente previstos. Y en España, el Gobierno debe vigilar a fondo la formación de precios, en la energía, los alimentos y los principales componentes del IPC, para que no haya empresas que quieran mejorar sus márgenes y beneficios a costa de nuestros bolsillos.

La verdad es que las grandes empresas españolas no han dado muestras de ser muy “patriotas”, de pensar en los consumidores. Basten tres ejemplos deplorables. Uno, la multa de 203 millones impuesta por la Comisión de la Competencia (CNMC) a las 6 grandes constructoras (ACS, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte y Sacyr) por acordar precios… ¡durante 25 años (desde 1992): ¡ se han  reunido semanalmente para acordar el reparto de concursos públicos de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y otras infraestructuras, encareciendo el coste de estas obras públicas (a los contribuyentes). Otro, las multas impuestas por la CNMC a Repsol y Cepsa por pactar precios, la última (de 2015) anulada la semana pasada por el Supremo por haber excedido el plazo al presentar el expediente (no porque no fuera verdad). Y el tercero, la reciente apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional contra 4 directivos de Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por encarecer artificialmente el precio de la luz en 2013…

Igual son casos aislados, pero parece evidente que hay muchas empresas y sectores que están subiendo injustificadamente márgenes y precios. Una operativa que sólo se puede frenar de dos maneras: con la zanahoria de un “pacto de rentas” (patronal y sindicatos se comprometen a no subir márgenes y salarios para contener precios), que no ha salido cuando lo ha propuesto el Gobierno, o con el palo de una vigilancia generalizada de los precios, para descubrir fraudes como los ya detectados antes en eléctricas, petroleras y constructoras, así como subidas injustificables, lo que exige dotar de más medios a la CNMC. Y otra medida eficaz sería fijar precios máximos (temporales) en algunos bienes y servicios básicos, como ya se hizo con las mascarillas y geles, los test de antígenos, la bombona de butano, el gas o la revisión de alquileres. Cuando el sacrosanto “mercado” abusa, más control.

En resumen, tenemos precios altos para rato y conviene saber por qué suben, quien se beneficia y qué podría hacerse para atajar las causas de fondo, porque no vale con poner parches bien intencionados. Al final, se trata de repartir mejor los costes de la inflación. Que no ganen unos pocos a costa de la mayoría.

Guerra, inflación y medidas de choque (políticas)

La guerra en Ucrania supera los 4 meses y los europeos sufren una alta inflación, que ha provocado crisis políticas en Francia, Italia, Reino Unido y España (Andalucía). El Gobierno Sánchez ha aprobado nuevas medidas de choque, porque el tope al gas apenas funciona, suben los carburantes (aunque baja el petróleo) y las empresas siguen aumentando precios (la mitad, sin relación con la guerra). Unas medidas, el cheque y las ayudas a las familias más vulnerables, están plenamente justificadas. Pero la bajada del IVA o el descuento a los carburantes, dirigidas “a la clase media” (la que vota), son “cuestionables”: benefician más a los que más ganan y tienen un alto coste, disparando el déficit, en víspera de una subida de tipos que encarecerá la deuda. Ayudas que, además, son “parches”, porque no se afronta el problema de fondo: atacar las causas de que suban luz, carburantes y alimentos. Pero la política manda y el Gobierno busca salvar su imagen. Atajar a fondo los problemas es más lento e impopular.

Enrique Ortega

En Ucrania, sigue la guerra y Zelenski está a punto de perder el Donbás (un 5% del territorio y el 20% de su economía), tras miles de muertos y 8 millones de refugiados. Y en Europa, el corte parcial provocado por Putin dispara el precio de la energía y los alimentos, con una inflación disparada que afecta ya seriamente a las economías y al bolsillo de los europeos, provocando tensiones sociales y políticas en distintos paises: Francia (Macron ha perdido la mayoría absoluta, algo insólito para un presidente en la V República), Italia (el ministro de Exteriores ha roto con su partido), Reino Unido (Johnson se enfrenta a una dura huelga de transportes mientras pierde dos elecciones locales) y España, donde la izquierda ha perdido estrepitosamente las elecciones en Andalucía..

La inflación elevada y persistente desgasta a todos los Gobiernos europeos, que temen una recesión en otoño si persiste la guerra y entra en juego la subida de tipos que va a aprobar en julio el BCE, por primera vez en 11 años. Y las medidas adoptadas no acaban de frenar la escalada de precios en la energía, los alimentos y la mayoría de productos y servicios. En España, hay tres culpables claros de la alta inflación (+8,7% anual en mayo), según el INE: la subida de la luz (+30,2%), los carburantes (+23,5%) y los alimentos (+11%), con 14 artículos que suben más del 10% anual. Pero además, hay un problema de fondo: la mayoría de empresas han aprovechado la coyuntura para subir precios tras la pandemia. Así, más de la mitad de los productos y servicios se han encarecido más de un 3% y el 40% más de un 4%, al margen de la energía y los alimentos, según la AIReF.

La esperanza del Gobierno era que bajara la electricidad, un 15%, gracias al tope al gas autorizado por Bruselas, y eso ayudara a rebajar el IPC. Pero la medida llegó tarde (con 45 días de demora, por Portugal y Bruselas) y está siendo poco efectiva, al menos en la primera semana: entró en vigor el miércoles 15 de junio, con un precio mayorista de 225,27 euros (214,05 el día anterior) y seguía en 282,12 euros el viernes 24 (el triple del precio mayorista de la luz hace un año y más caro que los 195,86 euros que costaba el día antes de la invasión). Esto se debe a que la excepción ibérica (un tope al gas de 48,8 euros durante un año) ha empezado en un mal momento: el precio del gas se ha disparado (de 79 a 118 euros), por los cortes de suministro de Putin, y  además ha habido que utilizar más gas para producir electricidad porque la última ola de calor ha reducido la energía eólica y la hidroeléctrica. Así que el tope del gas ha hecho que bajara el precio mayorista de la electricidad (de 214,05 euros el 14 de junio a 131,59 el viernes 24), pero como ahora hay que compensar a las eléctricas por un gas que es más caro (la compensación ha pasado de 59,68 euros el 15 de junio a 89,31 el viernes), al final el coste real de la luz en origen es mayor.

El Gobierno insiste en que se trata de “un mal estreno” de los topes, por razones coyunturales del mercado y del clima, pero que los precios mayoristas van a bajar y lo acabaremos notando en el recibo, con rebajas del 15 al 20%. Pero no hay que ser optimistas, porque este verano puede bajar poco la luz, dado el alto consumo (calor y turistas) y la menor aportación de la energía eólica e hidráulica, que se notarán más en otoño e invierno.

El otro quebradero de cabeza, la subida de los carburantes, va a peor: los precios de la gasolina y el gasóleo han alcanzado récords históricos, a pesar de que el petróleo baja en junio. Veamos los datos. La gasolina costaba de media 2,141 euros por litro, 0,55 euros más que antes de la invasión de Ucrania, según el Boletín Petrolero Europeo. Y el gasóleo cuesta de media 2,076 euros por litro, 59 céntimos más que el 23F. Con ello, la gasolina en España ha subido un +34,5% (sólo +19% de media en la UE-27) y el gasóleo un +40,4% (+27,6% en Europa), mientras el petróleo subió un +12,7%. En este mes incluso, el petróleo ha bajado un -9,7%, mientras la gasolina ha subido un +9%  en España y el gasóleo un +11%.

¿Qué está pasando? Básicamente, que los precios de los carburantes en el mercado internacional suben más que el petróleo, porque hay menos refinerías trabajando (las de Rusia ya no están en el mercado y otras se cerraron con la pandemia) y además les ha subido el gas que utilizan para el refino. Además, en España, las petroleras están aumentando su margen bruto. El último dato publicado por la Comisión de la Competencia (CNMC) es de abril: ese mes, bajó el precio internacional de los carburantes (en euros), pero subió el precio de venta (sin impuestos) porque las petroleras subieron su margen bruto (costes, transportes, distribución y beneficio): +4,3% en las gasolinas y +23,7% en los gasóleos. Precisamente, el Gobierno ha reiterado que la CNMC “vigilará de cerca” los márgenes de las petroleras. Porque el precio internacional del petróleo y los carburantes son igual para todos,  pero los precios en la gasolinera (sin impuestos) son más altos en España: tenemos el tercer precio más alto de Europa en las gasolinas (1,297 euros frente a 1,235 en la UE-27) y el 9º más caro en el gasóleo (1,337 frente a 1,298).

Y luego están los alimentos, que han subido un +11% de media (aunque algunos aceites han subido un +95,4%, los huevos un +25,4%, la leche un 16,5% y el pan un 12,6%). Mientras, los agricultores y ganaderos dicen que no es por ellos, que los precios agrícolas que ellos reciben se multiplican por 4,6 veces al llegar al consumidor, según el IPOD de mayo. Y por 2,79 veces los precios de leche, carne y huevos. Y se quejan de que estas subidas se quedan por el camino, entre industrias, distribuidores y supermercados. Lo que preocupa ahora es que con el verano (y con 29 millones de turistas más a consumir entre julio y septiembre), los precios de los alimentos sigan subiendo, sobre todo frutas y carnes.

¿Qué se puede hacer? La tentación de cualquier político es aprobar ayudas y extenderlas al mayor número posible de personas (votantes) para rebajar las quejas por la inflación que se dan en toda Europa. El 29 de marzo, el Gobierno Sánchez ya aprobó un primer paquete de medidas contra los efectos de la guerra, con subvención a los carburantes, ayudas a sectores (transportistas, campo y pesca) y rebaja de 20 céntimos a los carburantes, con un coste de 6.000 millones de euros. Pero los precios han seguido subiendo y se han comido las ayudas. Y crece la “impotencia social”, agravada porque el Gobierno ha perdido las elecciones en Andalucía. Así que, a finales de junio, cuando  acababan las anteriores ayudas, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas de choque frente a la inflación.

La medida más llamativa es la rebaja del IVA de la luz, del 10% al que lo había bajado ya el 26 de junio de 2021 al 5% ahora, durante seis meses, una rebaja ahora posible porque Bruselas modificó el 5 de abril la Directiva 2020/285 para poder rebajar el IVA a la electricidad. Con ello, España es ahora el 2º país con el IVA más bajo a la luz (junto a Malta), con un tipo inferior al de Portugal y Grecia (6%) y muy inferior al de Alemania (19%), Francia y Reino Unido (20%), Finlandia (24%), Dinamarca o Suecia(25%). Como el tope al gas es poco eficaz de momento, esta rebaja del IVA al 5% abaratará el recibo unos 5 euros.

El segundo bloque de ayudas de dirigen a aliviar la factura de  los carburantes. Por un lado, se mantiene el descuento a la gasolina y al gasóleo, 20 céntimos por litro, que ahora, con el verano, beneficiará también a millones de turistas. Y además, se ampliará el descuento al gasóleo profesional de los transportistas, que ya empezaban a hablar de una nueva huelga de transportes. Y se mantienen también las ayudas al campo y a la pesca.

El tercer bloque de ayudas va dirigido a las familias menos favorecidas. Primera, un nuevo cheque, de 200 euros, que recibirán 2,7 millones de trabajadores y parados con pocos recursos (las que ingresen menos de 14.000 euros al año), para ayudarles a paliar las subidas de precios. Un cheque que se da también en Francia (100 euros para los que ganan menos de 2.400 euros al mes) y en Italia (200 euros para los que ganan menos de 35.000 euros anuales). Segunda, la subida del 15% a los 800.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Tercera, suben un 15% (60 euros al mes) las pensiones no contributivas (medio millón). Y cuarta, financiar más el transporte público, para que el  abono transporte baje (desde el 1 de septiembre) un 30% (50% si ayudan  autonomías y ayuntamientos).

El Gobierno dice que esta vez las ayudas se dirigen no sólo a las familias más vulnerables (cheque, pensiones y abono transporte)  sino a la clase media (bajada de impuestos y carburantes). Estas últimas medidas, las que se conceden a todos, “suenan muy bien”, pero tienen varios problemas. El primero y fundamental, que son “socialmente injustas”, como han reiterado numerosos expertos y también la OCDE y el FMI: benefician más a las rentas más altas. Por eso, defienden mejor “ayudas selectivas”, no generalizadas (aunque estas son más “populares”: afectan a todos los “votantes”). Y eso porque la inflación afecta más a las familias con menos recursos, según demuestra un estudio de CaixaBank Research: los gastos de primera necesidad (alimentación, vivienda y energía) suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

La segunda crítica es que la subvención a los carburantes favorece el Cambio Climático, va en contra de subir los impuestos a los hidrocarburos, la medida que defienden los expertos. Y además, la subvención favorece el consumo de carburantes, en lugar de frenarlo. La gente se queja de lo mucho que paga, pero está consumiendo más: en abril, se consumieron 471.602 Tm de gasolina, más que en marzo (433.822) y febrero (416.522) y sobre todo más que en abril de 2021, también con Semana Santa (377.439 TM), según CORES. Y lo mismo en el gasóleo: 2.638.030 TM consumidas este abril, un 7,8% más que en abril de 2021 (2.448.030 Tm), a pesar de que cuesta 90 céntimos más. Tremendo.

La tercera crítica de fondo es que la rebaja de impuestos (defendida reiteradamente por el PP y aceptada ahora por el Gobierno) y las ayudas indiscriminadas torpedean las cuentas públicas, muy deterioradas tras 2 años largos de pandemia. De hecho, las ayudas aprobadas el último año (rebaja IVA luz, descuentos y ayudas) han costado al Presupuesto unos 10.000 millones de euros. Y la factura de las medidas actuales (rebaja IVA, carburantes,  cheque y otras ayudas) superará los 9.000 millones de euros hasta diciembre. Un altísimo coste total, más de 19.000 millones de euros, que agrava el problema de las cuentas públicas de España, que nos acaba de recordar la Comisión Europea: un 6,76% de déficit público en 2021 y una deuda del 118% del PIB, deuda por la que habrá que pagar más, dado que en julio suben los tipos de interés.

Así que algunas de las medidas de choque son “socialmente injustas” y agravan el agujero de las cuentas públicas, acercando el peligro de que haya que hacer recortes a medio plazo, algo de lo que nunca habla el PP (que luego los hace). El Gobierno sabe de este riesgo y promete compensar las ayudas con más ingresos, pero no ahora: sube el impuesto a los beneficios 2022  de las eléctricas y petroleras (retroactivamente) en una Ley que aprobará con urgencia este año y recaudará a partir de enero de 2023. Una medida que ya se ha aprobado en Italia, con el conservador Draghi (ha aprobado un impuesto extraordinario del 25% sobre el beneficio de las eléctricas: 6.000 millones de euros), y en Reino Unido, con el conservador Johnson (ha subido el impuesto de sociedades del 40 al 65%: 5.800 millones de euros más de recaudación). Incluso la propia Comisión Europea lo apoya.

Al final, el problema de algunas de las medidas de choque aprobadas es que son socialmente regresivas y muy caras, aunque sean “populares” y con ellas el Gobierno busque mejorar su imagen. Pero lo peor es que son sólo un “parche”, que no resuelve los problemas de fondo, como ha apuntado incluso la ministra de Transición Ecológica. Para bajar la luz de verdad, hay que cambiar drásticamente el sistema de fijación de precios, como reconoce ahora la presidenta de la Comisión Europea. Y en el tema de los carburantes, urge una actuación internacional (para aumentar la oferta) y en España, una vigilancia a las petroleras y sus márgenes. Y en el conjunto de la economía, hace falta una mayor vigilancia (de la Administración y de la Comisión de la Competencia) sobre los márgenes y precios, para que las empresas no abusen y aprovechen la guerra de Ucrania para subir precios y beneficios sin justificación. No puede ser que algunos sectores (eléctricas, petroleras, grandes distribuidores y supermercados)  multipliquen sus beneficios, a costa de trabajadores y pensionistas cuyos ingresos están congelados.

Y una última reflexión de fondo. El Gobierno utiliza estas medidas de choque para mejorar su imagen tras los fracasos electorales en Madrid, Castilla y León y Andalucía. No le va a servir. Porque el problema de fondo es que la sociedad está muy polarizada y la mitad de la población no apoya ni tiene en cuenta lo positivo que hace el Gobierno. ¿Cómo es posible que el PP saque mayoría absoluta en Andalucía cuando ese partido ha votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la actualización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, el decreto anticrisis, la  reforma de la FP, la Ley de Eutanasia, la Ley del sí es sí…? Pues porque la mitad del país está en contra de Sánchez y del gobierno de coalición, hagan lo que hagan (aunque se hayan creado 1.117.800 empleos desde 2019). Y la otra mitad, están divididos, les exigen más o “pasan” de la política (42% de abstención en Andalucía).

En resumen, si el Gobierno busca “atajos populistas”, bajar impuestos y aprobar costosas ayudas generalizadas en lugar de afrontar los problemas de fondo, no le va a funcionar: no va a ganarse a la mitad del país que no valora sus reformas y empleos ni tiene en cuenta los noes injustificables de la oposición. Así, van camino de perder las elecciones de 2023.