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lunes, 7 de octubre de 2024

El recibo de la luz, pendiente del clima

Ya casi nadie se fija en el recibo de la luz, que tantos “sustos” nos dio en 2021 y 2022. En 2023 moderó su subida y así sigue en 2024, a pesar del final de “la excepción ibérica”, la subida del IVA y los conflictos geopolíticos. Y España sigue con la luz más barata de Europa. La causa de estos precios “más controlados” está en las energías renovables (sol, aire y agua), que producen una electricidad más barata y limpia: llevan 12 meses consecutivos generando más del 50% de la electricidad. Y el objetivo es que generen el 81% de la luz en 2030. Es bueno, pero obliga a estar más pendientes del clima: más o menos aire, sol y lluvia explican los vaivenes del precio de la luz. En paralelo, se agrava la “guerra de precios” y las ofertas de las eléctricas para que contratemos la luz “en el mercado libre”, con tarifas planas (y “letra pequeña”) que ya tienen el 71,8% de consumidores.

                            Enrique Ortega

El recibo de la luz sigue sin darnos sustos en 2024. Ya en 2023 volvimos “casi a la normalidad” en las tarifas, tras los “sustos” sufridos en 2021 y 2022, por la crisis de la energía y la invasión de Ucrania. Así, el coste de la luz en el mercado mayorista (donde venden y compran la luz diariamente las compañías productoras y distribuidoras) cerró 2023 con un precio medio de 87,43 euros/MWh, menos de la mitad del precio medio de 2022 (209,69 euros/MWh) y por debajo del precio medio de 2021 (111,39 euros/MWh), aunque todavía duplicaba el precio medio de los 5 años anteriores (46,15 euros/MWh). Y ahora, en lo que llevamos de 2024 (enero-septiembre), el precio medio del mercado mayorista ha sido menor al de 2023, 45,5 euros/MWh, a pesar de ser mayor en verano (desde 56 euros en junio a 91,05 en agosto y 72,62 en septiembre), por las olas de calor y el turismo.

Con un precio de la luz en origen más moderado, los consumidores hemos pagado precios contenidos, tanto en el mercado regulado (8,6 millones de clientes, cuya tarifa se rige por el precio mayorista diario según las horas de consumo) como en el mercado “libre” (21,8 millones de clientes) , donde las tarifas (“planas”) se suelen fijar por un año o más (y se revisan después, con la evolución del mercado). Ya en 2023, el recibo medio de la luz (para un hogar que tenga contratada 4,6 kW de potencia y 292 kwh de consumo mensual) fue de 60,26 euros al mes (723 euros al año), una rebaja importante (-42,8%) sobre el recibo medio pagado en 2022 (105,48 euros al mes) y en 2021 (79,11 euros al mes de media), según los precios que publica la OCU. Y este año 2024, revelan que estamos pagando un recibo algo más bajo: 58 euros de media (enero a septiembre), con recibos inferiores a 55 euros en abril, mayo y junio y por encima de los 60 euros en enero, julio y agosto.

Así que este año 2024, el precio de la luz es más bajo incluso que en 2023, tanto en el mercado mayorista de origen como en el recibo final al consumidor. Y eso que hemos contado con dos factores en contra. Uno, que desde el 1 de enero de 2024 ya no tenemos la ayuda de “la excepción ibérica, esa medida concedida por Bruselas a España y Portugal para poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad, para que no disparara el precio del mercado de origen. La medida entró en vigor el 15 de junio de 2022 y fue clave para rebajar la tarifa eléctrica en 2022 (el peor año) y en 2023 (aunque no se aplicaba desde febrero de 2023, porque el gas estaba por debajo del tope, entonces 65 euros/MWh). De hecho, “la excepción ibérica” (el “timo ibérico” para el PP) permitió a España un ahorro de 5.106 millones de euros en los recibos (4.000 millones en 2022 y 1.100 millones en 2023).

El otro factor que no ha ayudado a bajar el recibo han sido los 3 impuestos a la electricidad, que han subido en 2024. En enero, con los precios en origen más bajos, el Gobierno Sánchez decidió subir el IVA (tras bajarlo del 21 al 10% en 2021 y al 5% en junio de 2022): lo subió al 10%, siempre que el precio mayorista (en origen) estuviese por encima de los 45 euros/MWH. Pero en febrero bajó a 40euros y con ello, el IVA  subió al 21% hasta mayo. En junio, el precio mayorista se colocó en 56 euros/MWH y el IVA volvió al 10%, que ha estado vigente hasta septiembre. Además de un IVA más alto que en 2023, hemos pagado una subida del impuesto especial a la electricidad (del 0,5% al 2,5% en el primer trimestre, el 2,8% en el 2º y el 5,11% desde julio) y del impuesto a la generación de electricidad, que pagan las eléctricas pero “nos lo repercuten” a los clientes (se suprimió en 2021 y ha vuelto, al 3,5% en el primer trimestre, el 5,25% en el 2º y el 7% a partir de julio). En conjunto, se estima que pagaremos 7,50 euros extras mensuales en 2024 por esta triple subida de impuestos a la luz.

Sin embargo, hay otros factores que sí han ayudado y explican por qué pagamos algo menos por la luz que en 2023 (y mucho menos que en 2021 y 2022). Uno de ellos, la reforma de la tarifa regulada, el PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), que entró en vigor el 1 de enero de 2024. El principal cambio es que la tarifa regulada ya no oscila sólo con el precio diario del mercado mayorista, sino que se obliga a las compañías distribuidoras que compren una parte de la luz que nos venden en el mercado a plazo: este año, un 25% deberá ser de contratos a plazo (a un mes, un trimestre, un año o más), un 40% en 2025 y un 55% en 2026. Con ello se buscan contratos más estables (evitando los “saltos” diarios de precios) y que deben ser más baratos, en beneficio de los consumidores.

Pero el factor clave de que el precio de la luz sea más bajo está en el creciente peso de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) en la generación de electricidad, porque son más baratas que el resto (gas, carbón o incluso algunas nucleares). Así, en 2024 (enero-septiembre), las energías renovables han aportado el 57,3% de la electricidad producida (22,4% la eólica, 20,3% la solar, 13,2% la hidráulica y 1,4% otras energías renovables), según Red Eléctrica (Redeia). Y lo más importante: son ya 12 meses consecutivos (de octubre de 2023 a septiembre de 2024) en que las energías renovables generan más del 50% de la electricidad en España. Ya en 2023, las renovables aportaron el 50,1% de la electricidad generada, un gran salto desde 2019, cuando aportaron el 39,2%. 

El tirón de las renovables es lo que explica que nuestro recibo de la luz no se dispare, junto a la moderación en el precio del gas natural, el culpable de disparar nuestro recibo en 2021 y 2022: sigue por debajo de los 40 euros/MWh, cuando en agosto de 2022 se disparó a 311 euros, aunque su precio podría repuntar por el conflicto en Oriente Próximo. En cualquier caso, la electricidad generada con gas (centrales combinadas) es ahora marginal (11,3% de enero a septiembre), con lo que podría aumentar algo el recibo si su precio se dispara, pero no lo notaríamos demasiado, porque casi dos tercios de la electricidad es renovable.

Este tirón de las renovables explica también otro hecho: España tiene la electricidad más barata de Europa. Con datos del 3 de octubre, en España costaba 58 euros/MWH, casi como en Francia (57,64 euros) y mucho más barata que en Portugal (67,45), Alemania (72,66), Paises Bajos (86,05), Grecia (101), Italia (115) o Finlandia (183 euros/MWh). Y eso ha sido así durante todo 2024 y también en 2022 y 2023. Concretamente, en los 18 meses que iban de junio de 2022 a diciembre de 2023, el precio mayorista de la electricidad fue de 102,64 euros por MWh en España, 161,48 euros en Alemania, 175,82 en Francia y 207,88 euros en Italia, según los datos publicados por el Grupo ASE. Y si miramos todo el año 2023, el precio mayorista en España (87,43 euros de media) fue un -14,2% inferior a la media de la electricidad mayorista en los 4 grandes paises UE (101,82 euros).

Eso se explica en parte por la “excepción ibérica” (hasta 2023) pero sobre todo porque España ha desarrollado más las energías renovables. En energía solar, somos líderes europeos en potencia instalada (29,5 GW de potencia, por delate de los 24,6 de Alemania, los 10,8 de Francia, los 9,8 de Reino Unido  y los 4,8 de Italia)  y también en potencia en construcción (7,8 GW, más que la prevista en Grecia, Reino Unido, Portugal y Alemania juntas. Y en energía eólica, España ocupa el 2º puesto en Europa en capacidad instalada (30,42 GW en 2023), tras Alemania y por delante de Reino Unido, Francia e Italia. Y por si no quedara claro, en 2023, España produjo casi el 40% de la electricidad (39,3%) con energía eólica y solar, frente al 13% en el mundo y algo por encima de Alemania (39%).

El objetivo es seguir aumentando el peso de las energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica y otras) en los próximos años  y conseguir que aporten el 81% de la electricidad en 2030, según el último Plan aprobado por el Gobierno en septiembre y enviado a Bruselas. La hoja de ruta de la energía solar (fotovoltaica y térmica) va bien, según lo previsto, pero la energía eólica va retrasada: ha superado  el listón de los 30 GWh (con 22.200 aerogeneradores), pero le queda mucho para llegar a los 62 GW previstos para 2030. Y avanza a un ritmo lento: en 2023 se instalaron 607,27 MWh, la octava parte de los 5,2 GWH anuales que hay que instalar hasta 2030. El sector se queja de un “exceso de rigidez normativa” por las distintas administraciones, con mucha “judicialización” de proyectos (sobre todo en Galicia). Problemas que urge agilizar y resolver, junto al desarrollo de la eólica marina (recién autorizada) porque la energía eólica es clave para cubrir la demanda en horas que no hay sol (si no hay molinos y energía suficiente, obliga a tirar de las centrales de gas…).

El tirón de las renovables no sólo abarata el recibo de la luz sino que reduce drásticamente las emisiones de CO2 que provocan las centrales de carbón (solo ha generado el 1% de la electricidad este año), fuel y gas (11,5%) y los residuos de las centrales nucleares  (que generan todavía un 19,7% de la electricidad). Concretamente, en 2024 (enero-septiembre), la producción de electricidad ha generado 18,58 millones de toneladas de CO2 equivalente y podrían llegar a 25 millones de toneladas de CO2 en todo 2024. Eso supondría reducir a la mitad las emisiones por generar electricidad que se hicieron en 2019 (50 millones).

Así que el impulso a las renovables nos está permitiendo tener una luz más barata y limpia. Ahora, la clave es seguir promoviendo las energías eólica, solar y otras renovables, mejorando su eficiencia y desarrollando el almacenamiento, porque una parte de la energía renovable no se puede guardar (almacenar en baterías gigantes) y se pierde. En paralelo, urge modernizar la red de distribución, para evitar picos y cortes: hay horas y lugares donde se ha cortado la luz a grandes industrias para no cortarla al resto, por desajustes puntuales en la generación y distribución de electricidad. Con todo, lo esperado es que la luz sea cada año más barata, al ser más renovable. El Banco de España estima que las energías renovables pueden reducir los precios de la luz un 50% de aquí a 2030. Y con ello, España tendría unas tarifas eléctricas más competitivas, del 20 al 30% más bajas que en Europa.

Pero esto va a suponer un gran cambio: cada vez tendrá más peso el clima en nuestro recibo de la luz. Ya lo hemos visto este año: en primavera, con las lluvias, hemos tenido la luz más barata del año (marzo, abril y mayo). En verano, con las olas de calor (más demanda y menos rendimiento de los paneles solares), la falta de viento y de lluvias, hemos tenido la luz más cara (julio y agosto). Y en septiembre, con más viento y algunas lluvias, la electricidad ha bajado. También se espera que baje en octubre (salvo por “sustos” geopolíticos en el gas natural). Así que alegrémonos los días de viento, sol y lluvia  (más renovables) y poco calor y frío (menos demanda), porque eso rebajará nuestro recibo de la luz.

Visto el panorama, queda hablar de la “guerra de precios que han vuelto a lanzar las eléctricas y sus distribuidoras (también las independientes y empresas como Repsol o el Corte Inglés) para “robarse clientes”. Ahora que los clientes de tarifa regulada (PCPV) han visto subir algo su recibo en verano (aunque les bajó más en primavera), las distribuidoras arrecian sus ofertas para que se cambien al “mercado libre”. Hasta ahora están teniendo éxito, porque han ganado clientes en los últimos años: en junio sólo había 8,6 millones de consumidores con tarifa regulada (el 28,2%) y 21,8 millones con “tarifa libre” (71,2%), clientes que contratan una “tarifa plana” (tanto al año), con el argumento de que así “no tendrán sustos”. Pero muchos no saben “los inconvenientes”: estos contratos suelen tener “permanencia”, no pagan según la hora de consumo, como la tarifa regulada (a veces tienen 3 franjas horarias) y no tienen derecho al bono social. Y a veces pagan potencia de más.

Cualquier consumidor puede meterse en el comparador de la CNMC, para ver las ofertas de luz disponibles y compararlas con su tarifa regulada (PVPC). Pero ojo, aquí pasa un poco como con las hipotecas: las eléctricas quieren convencernos de que nos pasemos al mercado “libre”, como los bancos nos intentan convencer de las hipotecas a tipo fijo. Y ahora que bajan los tipos, puede que no sean una buena opción. Lo mismo pasa con la luz: si la previsión es que siga bajando, compensará más estar en el mercado regulado (más ligado al mercado) que en el “libre” (donde habrá que pelear la rebaja en cada revisión, algo difícil). Por eso, a pesar del bombardeo de “ofertas”, yo sigo con la tarifa regulada.

jueves, 18 de noviembre de 2021

Sequía, gran consumo y robo de agua

Tras un verano muy seco, se espera un otoño con pocas lluvias, que agravará la preocupante situación de los embalses, a un tercio de su capacidad y con la mitad de agua embalsada que hace una década. Por eso, se teme una grave sequía el próximo verano. Pero 4,3 millones de españoles ya tienen falta de agua hoy: la Confederación del Guadalquivir ha decretado la alerta “por sequía extraordinaria en 554 localidades de Andalucía,  Castilla la Mancha y Extremadura. Y Cataluña ha declarado la alerta por sequía en 22 municipios del Alt Empordá. El problema no es sólo que llueva poco: se consume demasiada agua, sobre todo la agricultura (85% consumo), por los regadíos, los mayores de Europa. Y además, roban agua de los acuíferos, con un millón de pozos ilegales. Urge reordenar el consumo, regenerando unas aguas muy contaminadas, como nos advierte la UE. Hay Planes para invertir 21.000 millones hasta 2027, con Fondos Europeos.  O cuidamos el agua o faltará en pocos años.

Enrique Ortega

Es evidente que el clima está cambiando desde hace unas décadas, con una subida de la temperatura (+0,3 grados por década en España desde los años 60) y menos lluvias: las precipitaciones medias se han ido reduciendo en los últimos 50 años y caen unos 18,7 litros menos por metro cuadrado desde 1961, lo que se traduce en una reducción de las lluvias en torno al 2,8%, según el balance de la Agencia de Meteorología (AEMET). Además, han cambiado “los patrones” y ahora España sufre “más lluvias torrenciales en un entorno de sequía meteorológica”, como bien lo saben muchas zonas de Levante y Baleares.

En el último año meteorológico (1 octubre 2020-30 septiembre 2021) ha caído una precipitación acumulada media de 606 mm, un -5% por debajo de la media de referencia (1981-2010), según el balance de la AEMET, siendo el 8º año más seco del siglo XXI. Las lluvias no han alcanzado los valores normales en el tercio sur de España y tampoco en el cuadrante norte peninsular, la mitad norte de Castilla y León, el este de Navarra y los archipiélagos de Baleares y Canarias, destacando la baja precipitación en el litoral de Cataluña, Córdoba y Jaén, los límites entre Cádiz, Sevilla y Málaga, el este de Mallorca y varias islas de Canarias (en especial Fuerteventura).

Esta falta de lluvia y el fuerte consumo de agua han llevado a vaciar la mayoría de los embalses, que están a un tercio de su capacidad (39,38% el 16 de noviembre), según Embalses.net. Un nivel de agua embalsada que es un 12% inferior al de hace un año (47.21% de ocupación) y casi la mitad del que había hace una década (62,2% de capacidad en los embalses en noviembre de 2011). La situación más preocupante se da en los embalses de  10 autonomías: Murcia (21,62% de agua embalsada), Navarra (30,03%), Andalucía (30,3%), Castilla la Mancha (35,52%), la Rioja (36,21%), Extremadura (36,90%), Cantabria (39,48%), Castilla y León (40,15%), Galicia (45,16%) y la Comunidad Valenciana (48,38%). Y mirando por Cuencas Hidrográficas, hay  8 cuyos embalses están por debajo de la mitad de su capacidad: Guadalquivir (26,35%), Guadiana (30,10%), Segura (33,51%), Mediterránea Andaluza (34,07%), Duero (40,55%), Miño-Sil (41,75%), Tajo (44,19%) y Ebro (48,75%, según los últimos datos publicados por Embalses.net. Un preocupante panorama.

Ahora, la previsión de los meteorólogos es que tengamos un otoño seco, con una gran probabilidad de que “las precipitaciones se encuentren en el tercil seco en toda España, con menores posibilidades cuanto más al Este”, según la AEMT, que espera en el 4º trimestre de este 2021 unas precipitaciones “inferiores a las normales”. Con ello, y un invierno similar, se espera que los embalses sigan muy bajos al inicio de la primavera y el próximo verano, con un serio riesgo de provocarse otra gran sequía, como las tres sufridas ya en España en las últimas tres décadas (1982-84, 1991-96 y 2005-2009).

De momento, esta sequía ya la sufren hoy 4,3 millones de españoles que viven en Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada), Castilla la Mancha y Extremadura, afectados todos por la alerta decretada el 2 de noviembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido una “situación excepcional por sequía extraordinaria”, debido a una falta importante de agua en el 80% de la Cuenca (la 3ª mayor de España, con 49 embalses), donde no se sufría una sequía tan grave desde 2008. No se prevén de momento cortes de agua generalizados (como en los años 80 y 90) para el consumo humano (10% del consumo total), pero sí cortes puntuales de suministro de agua en algunos pueblos. Y se han aprobado restricciones de consumo para la industria (3% del consumo total) y, sobre todo, para la agricultura y los regadíos (que consumen el 87% del agua en Andalucía).

La Cuenca del Guadiana está “en prealerta” y si no llueve este otoño podría acabar también en alerta por sequía. Y en Cataluña, la Agencia del Agua ya declaró, el 28 de octubre, “la alerta por sequía” en 22 municipios del Alt Empordá, que se abastecen del acuífero Fluviá Muga. Allí se ha limitado el consumo de agua en los domicilios (a un máximo de 250 litros diarios por persona), determinados consumos urbanos (riego jardines, limpieza de calles…) y un recorte del consumo en regadíos (-25%), ganadería (-10%) e industrias (-5%).

El problema ya no es que llueva menos, sino que con el Cambio Climático va a haber menos precipitaciones cada año, sobre todo en el sur de Europa y especialmente en España. De hecho, disponemos de un 20% menos de recursos hidráulicos que en los años 90. Pero  aunque lloviera lo mismo (que no va a pasar), tendríamos problemas porque el consumo de agua crece mucho más que el agua disponible. Y así crece “el estrés hídrico”, en toda España pero especialmente en el sur, este e islas.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y este gasto de agua por la agricultura (y ganadería, menos) ha ido en aumento en la última década, mientras se reducía el agua disponible, por el gran salto en la superficie de los regadíos: de 3.044.710 hectáreas regables en 2010 se ha pasado a 3.831.181 hectáreas en 2020, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Y podrían haber superado ya los 4 millones de hectáreas, según distintas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente europeo, muy por delante de Italia (2 millones de Has regadas), Francia (1,5 millones) o Grecia (1 millón Has).

El salto en los regadíos se ha dado en la última década por un crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se han empezado a regar cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos, viñas y almendros, principalmente. Y eso, para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, aprovechando el bajo precio del agua (muy inferior al del resto de Europa). Con ello, los cereales de regadío sólo suponen el 24,7% de la superficie total regada, con un 21,78% el olivar, un 10,4% el viñedo y otro 10,24% los frutales no cítricos. Las regiones con más regadío son Murcia (15,88% de su superficie total y 38,46% de las tierras cultivadas), Andalucía (en regadío el 12,76% de su superficie total y el 31,57% de sus tierras cultivadas) y la Comunidad Valenciana (12,55% territorio se riega y el 45.74% de la superficie cultivada), aunque también destacan Canarias (el 57,36% de su superficie cultivada se riega) y Cataluña (riegan el 32,57% de su superficie cultivada), según los datos oficiales.

El segundo gran consumidor de agua (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona en 2020, un consumo que nos coloca como el 12º país en el ranking europeo de consumo doméstico de agua, sólo por delante de Alemania (125 litros) y con menos gasto que Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y Reino Unido (140 litros por persona). Los expertos creen que los españoles gastamos demasiada agua en casa y que no se controla su uso porque la pagamos barata: a una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato en Europa, donde se paga por el agua doméstica desde 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. El tercer consumidor  de agua son las industrias (3% del consumo total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan de menos planes de ahorro, debido también al bajo precio del agua para consumo industrial.

Estos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando el robo de agua por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. De hecho, en España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace.  Y la ONG WWF acaba de publicar un informe, “El saqueo del agua, donde ha investigado 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y ha descubierto que se riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas, una superficie 1,5 veces la ciudad de Madrid, con 220 millones de m3 de agua robada. El delito más grave se da en el acuífero de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), donde se riegan ilegalmente 51.400 hectáreas (como 63.000 campos de fútbol) mientras la Administración tiene que acudir a aportaciones externas para salvar las lagunas. En el acuífero de Los Arenales (en el sur de Valladolid, noreste de Salamanca y noroeste de Segovia), se riegan ilegalmente otras 23.975 Has (29.000 campos de fútbol), básicamente nuevos cultivos de patata, maíz, hortícola y remolacha. En el Mar Menor (Murcia) se riegan ilegalmente 8.460 Has, contaminando aún más con nitratos y fosfatos la mayor laguna salada de Europa. Y en Doñana (Cádiz), se riegan ilegalmente 5.700 hectáreas, sobre todo fresas.

El agua en España, además de ser escasa por un consumo desatado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo)  y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio riesgo para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea acaba de alertar (en octubre 2021) a España y otros 11 paises europeos (Alemania, Bélgica y Paises Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha procesos de infracción contra 10 paises, entre ellos España.

Mientras preparan esta multa por mala gestión de la calidad del agua, ya tenemos una multa importante, impuesta en 2018 por el Tribunal Europeo de Justicia a España, “por falta de depuración de las aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 habitantes). La multa crece cada trimestre que no se remedia el problema y ahora son ya 53,4 millones de sanción (la mayor nunca impuesta por la UE a España), mientras siguen sin resolverse los problemas de depuración  en localidades de Huelva, Málaga, Cádiz, Gijón y Tenerife, habiéndose arreglado sólo en Tarifa (Cádiz). Es sólo una muestra de un problema serio: España depura menos sus aguas residuales (un 63,6% frente al 72% en Francia o el 88% en Alemania), otra vía de disponer de más agua para muchos consumos.

Visto el panorama, parece claro que tenemos un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no. Y además, el Cambio Climático asegura que las lluvias irán a menos en los próximos años: el informe de la ONU (IPCC) estima que vamos a un recorte del -20% en las precipitaciones a medio plazo, incluso más en el sur de Europa (-30% de lluvias). Y encima, el 40% del suelo español está en proceso de desertificación. Por todo ello, España podría ser uno de los 33 paises del mundo con problemas de abastecimiento de agua en 2040, según un informe del World Resources Institute.

Para afrontar este viejo problema del agua en España, el Gobierno presentó el 21 de junio de 2021 los borradores de los Planes Hidrológicos para 2022-2027, la herramienta para gestionar el problema del agua en los próximos 6 años, ahora en periodo de consulta pública. El objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros, la mayoría con Fondos europeos, en la restauración de los ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y ecosistemas y mitigar riesgo inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones). Además se va a aprobar un Decreto-ley para luchar contra “la contaminación difusa”, producida por nitratos y fosfatos de origen agrícola.

Algunas autonomías han acogido bien estos futuros Planes Hidrológicos (Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) pero otras no (Murcia y Andalucía), lo que indica que la política del agua va a politizarse de nuevo, como en las últimas décadas, siendo una “bandera regionalista” de enfrentamientos. Las ONGs ven bien la mayoría de las medidas, pero piden “ir más lejos”, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de Has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, conseguir depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industriales para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable.

La falta de agua es una de las consecuencias más graves del Cambio Climático y todos los paises tienen que aprobar políticas para salvaguardar que haya agua suficiente y de calidad.  No hay economía sin agua. Está bien que España sea “la despensa de Europa”, pero no puede ser a costa de futuras sequías. Habría que alcanzar un gran Pacto del Agua (como con el Cambio Climático, las pensiones, la educación o la sanidad),  al margen de las batallas políticas a corto plazo. Nos jugamos el futuro más cercano. Sin agua no hay crecimiento ni empleo ni vida. La naturaleza y los embalses nos están avisando. Reaccionemos.