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jueves, 10 de diciembre de 2020

Más muertos en accidentes de trabajo

 

Con la pandemia y la menor actividad económica, han bajado los accidentes laborales, pero aumentan los muertos: 543 trabajadores murieron en el trabajo o de camino hasta septiembre, 36 más que el año pasado. Y hasta hoy, van ya 581 muertos, casi tantos como por accidentes de tráfico (640). Y eso que no se contabilizan la mayoría de muertes de sanitarios por la COVID 19. Además, las enfermedades profesionales batieron un récord histórico en 2019, aunque bajan ahora. Los expertos achacan este repunte de muertes laborales a que empresas y trabajadores han bajado la guardia, a un aumento de infartos e ictus por un menor seguimiento y a que no se invierte en seguridad, sobre todo las pymes. Los sindicatos piden un Plan de choque, con mayor control e inversiones, porque creen que 1 de cada 3 muertes serían evitables si se cumplen las normas de seguridad, algo rentable porque los accidentes tienen un alto coste. No es admisible que en pleno siglo XXI, trabajar mate.

 


Un trabajador de 35 años falleció anteayer en el Viso de San Juan (Toledo), al caer desde cinco metros de altura cuando instalaba unos adornos de Navidad. Es el penúltimo muerto por accidente laboral en España, donde van ya 581 muertos en el trabajo o de camino hasta hoy, según la estadística diaria (“El contador de la vergüenza”) que publica UGT en su web. Con ello, se confirma el aumento de muertes en accidentes de trabajo este año, a pesar de la pandemia: se han producido 543 muertes hasta finales de septiembre, 36 más que el año anterior, según la última estadística de Trabajo. Se corta así la racha de estabilización de los muertos en accidentes laborales, entre 2015 y 2017 (629 muertos anuales), superada en 2018 (708) y mantenida en 2019 (641), tras los mínimos de 2013 (558) y 2014 (580) y muy alejada de los más de 1.000 muertos anuales provocados entre 2000 (1.580) y 2008 (1.065).

España superó a comienzos de este siglo el millón de accidentes laborales (1.005.289 en el año 2000, 989.353 en los trabajos y 72.357 “in itinere”), pero luego bajaron ligeramente, aunque subieron después, hasta batir otro récord en plena “burbuja económica”: 1.022.067 accidentes laborales en 2007. Con la crisis, la menor actividad y 3,8 millones de trabajadores menos, los accidentes laborales cayeron en picado, hasta un mínimo en 2013 (468.030 accidentes, 404.284 en los trabajos y 63.746 “in itinere”). Pero después, con la recuperación iniciada en 2014 y la precariedad del empleo creado, volvieron a crecer, hasta los 596.606 accidentes laborales en 2017 y los 650.602 accidentes laborales con baja en 2019 (562.756 en las empresas y 88.846 “in itinere”), la mayor cifra de accidentes desde 2010. Este año 2020, con la pandemia y la menor actividad, los accidentes laborales se han desplomado, cayendo un -26,4% entre enero y septiembre (348.862 accidentes laborales), pero han provocado más muertos (579 en 9 meses, +36 que en 2019).

Antes de la pandemia, España era el tercer país europeo con más accidentes de trabajo (617.488), sólo por detrás de Alemania (877.501 accidentes, con más del doble de trabajadores) y Francia (771.837 accidentes), por delante de Italia (291.503), Reino Unido (220.985) y Portugal (130.434), según los últimos datos publicados por Eurostat (de 2018). Y éramos el 4º país europeo con más muertes en el trabajo (323 en 2018, sin contar los muertos “in itinere”), tras Francia (615), Italia (523) y Alemania (397), por delante de Reino Unido (249 muertes), Rumanía y Portugal, según Eurostat. Pero si relacionamos las muertes laborales con el número de trabajadores, la situación de España mejora y su siniestralidad laboral (1,96 muertes por cada 100.000 trabajadores en 2018) nos coloca como el país nº 14 de la UE-28, peor que la media europea (1,77 muertes laborales por 100.000 trabajadores), Alemania o Reino Unido (0,78 muertes/100.000 ambos), pero mejor que Francia (2,74), Italia (2,25), Portugal (2,12) y la mayoría de los paises del Este, según Eurostat (2018).

Volviendo a los últimos datos de 2020, la estadística de Trabajo indica que aunque el número de accidentes laborales haya caído drásticamente, un -26,4% (348.862 accidentes totales con baja hasta septiembre, 308.453 en las empresas y 40.409 “in itinere”), hubo 36 muertos más: 543 muertes en total, 456 durante la jornada de trabajo (+62) y 87 muertos en el camino al trabajo (-26 muertos que el año pasado, al haber menos actividad y más teletrabajo). El mayor aumento de accidentes (y muertes) se ha dado entre los hombres (+62 muertes sobre 2019, mientras morían las mismas mujeres), sobre todo entre los 45 y 59 años (más de la mitad de las muertes), en las tareas del campo (de 31 a 75 muertes este año)  y en la industria ( de 63 a 93 muertes), creciendo muy poco los accidentes y muertes en los servicios (+5,5%) y bajando en la construcción (-10,3%), según Trabajo. Y donde más han aumentado las muertes en el trabajo este año ha sido en Castilla la Mancha (+19 muertes sobre 2019), Castilla y León (+17), Asturias (+8), Extremadura (+7), País Vasco y Andalucía (+6 cada una), aunque las regiones con más muertes en el trabajo en 2020 son  Andalucía (75), Cataluña (55), Castilla y León (48), Comunidad Valencia (46), Galicia (45) y Castilla la Mancha (40 muertos hasta septiembre).

Y un dato importante, según, según denuncian los sindicatos: estas estadísticas oficiales no valoran el efecto de la COVID 19 entre los trabajadores sanitarios y socio sanitarios. De hecho, sólo recogen 2.648 accidentes de trabajo en esos dos sectores (los únicos que tienen reconocida esa contingencia profesional), de los que 7 son accidentes graves y 17 son mortales. Esto supone un grave “subregistro” de accidentes y muertes profesionales, porque las propias estadísticas de Sanidad incluyen 88.471 casos de personal sanitario contagiados por la COVID hasta el 3 de diciembre, 63 de ellos fallecidos. Además, las estadísticas de accidentes laborales sólo incluyen los accidentes con baja laboral y cada vez hay más accidentes sin baja, por miedo de los trabajadores a perder su empleo, según denuncian los sindicatos. De hecho, en 2019, hubo más accidentes sin baja (724.321) que con baja (650.602) y lo mismo en años anteriores y en 2020 (378.851 frente a 348.862, hasta septiembre), según las estadísticas de Trabajo.

¿Por qué hay más muertes en el trabajo a pesar de la pandemia? Los expertos creen que se debe a que empresas y trabajadores “han bajado la guardiacon la seguridad laboral, impactados por la COVID-19 y sus consecuencias. Otro factor es que los trabajadores están más preocupados y se cuidan menos, controlan menos su salud, se hacen menos chequeos y no van tanto al médico. Hay un dato que lo apoya: la principal causa de las muertes en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales, que han provocado este año 171 muertes (+14%), seguida muy de lejos por atrapamientos (76 muertes), accidentes de tráfico trabajando (63 muertes), caídas (60) y choques (36 muertes), según Trabajo.

Los sindicatos añaden que, con la pandemia, las empresas han desatendido aún más sus inversiones en seguridad, que ya eran bajas y en muchos casos se subcontratan fuera (lo hacen el 88,75% de las pymes, según Asepeyo), en empresas de protección de riesgos laborales “low cost”, baratas y con pocos medios (expertos y sanitarios). Además, resaltan que el 54% de las pymes desconoce cómo funciona la prevención de riesgos, según un estudio del Colegio de Politólogos y Sociólogos. Y para completar el cuadro, 1 de cada 3 autónomos (hay 3 millones) no sabe cómo actuar si sufre un accidente laboral.

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes sino también enfermedades profesionales, que en muchos casos acaban incapacitando o matando al trabajador en unos años (en 2019 murieron 7 trabajadores por enfermedades profesionales notificadas a partir de 2007). En este año 2020, hasta finales de noviembre, las enfermedades profesionales han caído un -32,5% (17.182 expedientes), pero llevan creciendo año tras año desde 2007 (16.791 casos) y en 2019 alcanzaron un récord histórico: 32.589 enfermedades causadas por el trabajo: 27.292 enfermedades profesionales como tales y otras 5.277 patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo. Estas enfermedades profesionales afectan más a las mujeres (51,43% del total, aunque trabajan menos) que a los hombres y a los trabajadores mayores (entre 45 y 49 años de media, entre 50 y 54 años en el caso de las mujeres), sobre todo de la industria alimentaria, la construcción y las industrias metálicas y del automóvil, más en Navarra (3,5 veces la media), La Rioja (2,6 veces), Murcia (2,3) y País Vasco (2,2 veces), dándose poco en Ceuta, Andalucía, Madrid y Andalucía.

La mayoría de estas enfermedades profesionales se deben a esfuerzos y malas posturas (el 84,8%), seguidas de lejos por enfermedades de la piel (4,32%), agentes biológicos (3,61%), inhalación de sustancias (3,95%), agentes químicos (2,98%) y agentes cancerígenos (0,34%), una causa que está creciendo mucho: hubo 94 trabajadores con cáncer de origen laboral en 2019 (la mayoría por amianto), frente a 27 en 2018 y 50 en 2017. UGT estima que unas 9.500 muertes por cáncer cada año están relacionadas con enfermedades profesionales. Y  denuncian que tampoco afloran muchas depresiones y enfermedades psíquicas causadas por el estrés laboral. Y también muchas enfermedades profesionales de las mujeres, que quedan fuera de las enfermedades laborales que recoge el real decreto vigente. Al final, los sindicatos se quejan de que un 20% de las enfermedades profesionales reales no se contabilizan como tales, porque no quieren reconocerlas así las empresas o las Mutuas, para ahorrarse dinero al pasar la factura de estas enfermedades (“profesionales”) a la Sanidad pública: el coste extra se estima en 2.000 millones de euros anuales.

Al final, el trabajo ha matado ya este año a 579 trabajadores, en su empresas o yendo y viniendo a trabajar, casi tantos como en accidentes de tráfico (640 muertes). Una “cifra de la vergüenza” para UGT, que ha pedido al Gobierno un Plan de choque contra la siniestralidad laboral, que podría dispararse en 2021 si hay recuperación. Por un lado, pide aumentar las inspecciones de Trabajo (faltan inspectores y medios) y exigir a las empresas que cumplan escrupulosamente la Legislación vigente sobre riesgos laborales, de 1995. Y exigen al Gobierno y a las autonomías que vigilen el cumplimiento de las normas, pidiendo que se creen Delegados de prevención de riesgos laborales en las autonomías y más Juzgados especializados, porque la mayoría de los accidentes graves no acaban en los Juzgados. De hecho, en 2018, sólo se incoaron 152 causas por homicidio en accidente laboral y las sentencias se retrasan muchísimo (6 años y 4 meses de media) y son escasas y a la baja: 495 en 2018, frente a 579 en 2017 y 676 en 2014, según la última Memoria del Poder Judicial.

Los sindicatos y expertos coinciden en que el aumento de los accidentes y muertes en el trabajo tienen mucho que ver con la precariedad laboral y la baja inversión en prevención. De hecho, los trabajadores temporales han tenido el 40% de los accidentes en el trabajo (y el 42% de las muertes), cuando son el 28% de los asalariados. Y los trabajadores con menos de 1 año de antigüedad concentran el 46% de los accidentes (y el 41% de las muertes). Así que a más precariedad y menos formación, más riesgo de accidentes y muertes. Y cuanto menos se invierte en prevención o más se subcontrata con empresas poco especializadas, más riesgo para empresas y trabajadores. Y al final, más coste, no sólo en vidas (el más grave), sino también en horas perdidas y en gastos sanitarios. De hecho, la OIT estima que los accidentes laborales cuestan el 4% del PIB de los paises. En España, según este cálculo, nos costarían 50.000 millones al año. Como para que gastáramos algo en campañas públicas de prevención: se hacen campañas de Tráfico pero no contra los accidentes laborales.

Con todo, la clave es que cada empresa tenga planes de prevención de riesgos laborales y los cumplan, los trabajadores y las empresas. Porque un 31% de los accidentes laborales se producen en trabajos donde no se ha realizado la evaluación de riesgos laborales obligatoria,  según un estudio de UGT. Eso significa que 1 de cada 3 accidentes en los trabajos (no “in itinere”) se podrían evitar si las empresas cumplieran la Ley. Eso significa que, sólo este año, se podrían haber evitado 180 muertes en el trabajo. Y casi 2.000 de las 6.500 muertes por accidentes laborales en la última década. Es como para tomárselo en serio y ponerlo en la lista de prioridades del diálogo social, junto a los ERTES y la reconstrucción. Debe ser un objetivo para todos, empresas, sindicatos y Gobierno. Hay que acabar con esta otra pandemia. Porque no es de recibo que, en pleno siglo XXI, “el trabajo mate”.

lunes, 25 de mayo de 2020

La pandemia revela nuestras debilidades


Entramos en la 11ª semana de confinamiento, ahora muy suavizado en toda España y también en Madrid, Barcelona y Castilla y León, epicentros de la pandemia. Esto aumenta el riesgo de rebrotes, cuando el 95% no se ha contagiado y faltan medios en atención primaria, donde sólo hacen 47 test PCR por 1.000 habitantes. Pero la emergencia económica presiona, con 1 de cada 4 activos sin trabajar y muchas familias pasándolo mal. Y 14 autonomías están entre las pocas regiones europeas con un tercio del empleo en riesgo. La Comisión Europea acaba de “examinarnos” y dice que España sufre más la recesión del coronavirus por problemas estructurales: poco gasto sanitario, doble de paro, más precariedad laboral, demasiadas pymes, excesivo peso turismo, hostelería, transporte y comercio (25% PIB), poca formación, innovación y digitalización, mucha pobreza y un gasto social escaso y mal hecho. Por eso somos más vulnerables, ahora y en 2008. Ya tenemos la hoja de ruta de la reconstrucción: dejar atrás el “Spain is different”. Mientras, seamos prudentes.

enrique ortega

El coronavirus sigue imparable y el viernes 22 de mayo volvió a batir su récord de contagios diarios: 108.400. Son ya 5.410.288 contagiados en 188 paises, 1 millón más en los últimos 10 días, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.976.120 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos (+24.300 contagios al día, 1.643.499 contagiados: es un honor”, dice Trump), Brasil (+16.500 diarios, 363.211 contagiados), Rusia (+8.600 diarios, 344.481 contagiados) y Reino Unido (+3.000 diarios, 260.916 contagiados), los cuatro paises cuyos dirigentes han sido más laxos contra la pandemia. Y les siguen España (235.772 contagiados), Italia (229.858), Francia (182.036) y Alemania (180.072). El coronavirus ha causado 345.104 muertes en el mundo, casi un tercio en EEUU (97.722), seguido de Reino Unido (36.875), Italia (32.785), España (28.752), Francia (28.370), Brasil (22.666), Bélgica (9.280) y Alemania (8.283 muertes), según los datos de Sanidad, que revelan que la letalidad (muertes/contagiados) es menor en España (12,2) que en Francia (19,6), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,3), Italia (14,3) y Holanda (12,9), pero mayor que en Alemania (4,6), Portugal (4,3) o Austria (3,9).

Tras 10 semanas de confinamiento, suavizado las tres últimas (desde el 4 de mayo), no se aprecian “rebrotes” en los contagios, que aparecen con unos 12 días de retraso. Pero todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media (14,36 contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Castilla y León (34,88), Cataluña (30,76), Madrid (29,22), Castilla la Mancha (26,86), Navarra (25,53), Aragón (25,01) y Ceuta (16,51). Y los contagios siguen aumentando cada día, aunque menos (246 ayer), sobre todo en Cataluña (52) y Castilla y León (52), Castilla la Mancha (34), Madrid (26) y  Comunidad Valenciana (22). Se han frenado las hospitalizaciones (más de 100 diarias y 86 ayer) y los ingresos en UCIs (entre 15 y 30 diarios, aunque sólo 3 ayer). Y los muertos diarios (entre 50 y 95 diarios, bajando a 70 ayer), concentrados en Cataluña (31) y Madrid (21) y con 11 autonomías sin muertos ayer, según los datos de Sanidad, que “bailan” cada día, por retrasos y homogeneización. Madrid sigue “alterando” los datos: es la única autonomía que remite los casos confirmados en las últimas 24 horas y luego añade los contagiados en días anteriores tras llegarles los resultados de los test PCR, lo que infravalora sus contagios en las cifras diarias de Sanidad. Y Cataluña  comunicó el viernes 635 muertos de fechas anteriores.

Con estos datos, difíciles de comparar, Sanidad ha decidido los nuevos cambios de fase de las autonomías, bajo la presión de todas (ver mapa). Madrid pasa por fin a la fase 1 (ver aquí lo que se puede hacer), también el área metropolitana de Barcelona y toda Castilla y León, ese 30% de españoles que han sufrido con más dureza la pandemia y que ahora van a poder ir a una terraza o ver a sus familiares (enorme riesgo para los mayores). Y siguen en fase 1  la Comunidad Valenciana (que ha detectado un cierto repunte de contagios), las tres provincias más retrasadas de Castilla y León (Toledo, Cuenca y Ciudad Real) y las dos de Andalucía (Málaga y Granada), en total 25 millones de españoles (el 53% de la población). Pasan a fase 2 (ver aquí lo permitido) el 47% restante (22 millones de españoles), lo que multiplica la movilidad y los riesgos de rebrote. Y pasan a fase 3 (ver aquí  la movilidad autorizada), con mucho menos riesgos, Formentera, Hierro, la Gomera y la Graciosa.

Se suaviza más el confinamiento en toda España y con ello aumento el riesgo de rebrotes (ver mapa del riesgo por provincias), sobre todo porque el 95% de los españoles no se han contagiado con el virus (según el Estudio de seroprevalencia) e incluso no se sabe el alcance y duración de los anticuerpos en los que sí se han contagiado. La clave ahora es detectar los nuevos contagios con rapidez (teóricamente en 24 horas), con los test PCR, y rastrear los contactos de los nuevos contagiados, para aislarlos e impedir que contagien a otros. Dos tareas que no son sencillas y que recaen en los centros de atención primaria, que son ahora la primera línea del frente contra el coronavirus, como antes fueron los hospitales. El problema es que faltan medios, tanto médicos de familia como enfermeras y rastreadores, sin olvidar la escasez de test PCR y laboratorios (ver aquí lo complicado del abastecimiento y análisis) .

Una de las autonomías menos preparadas para esta nueva fase de la emergencia sanitaria es Madrid, donde los profesionales denuncian escasez de personal, a pesar de que el Gobierno regional insiste en que han contratado 600 profesionales en atención primaria y 172 en Salud Pública. Los sanitarios explican que ya antes del COVID faltaban 400 médicos de familia y 150 pediatras en Madrid, donde no acaban de llegar los “nuevos contratados”, mientras se van los médicos residentes de los ambulatorios y siguen cerrados 70 centros o consultorios y las urgencias ambulatorias de noche y fines de semana. Y sólo les llegan unos 20 test PCR diarios por Centro de Salud, porque los laboratorios no dan más de sí.

Precisamente, otro problema de esta nueva fase de la emergencia sanitaria es que se están haciendo pocos test PCR a la población, concentrándose en los sanitarios, residencias de ancianos, fuerzas de orden público y grandes empresas (sin olvidar los futbolistas y Clubes, “prioritarios” para los test). Hasta el 21 de mayo, en España se habían hecho 2.221.497 test PCR (detectan el virus), una media de 47,2 test PCR por 1.000 habitantes, más otros 1.335.070 test serológicos (detectan anticuerpos que indiquen que se ha tenido el virus), frente a 60 test PCR/1.000 habitantes en Alemania o 50 en Italia. Y además, el problema es que los test se hacen de forma muy desigual entre autonomías (ver cuadro), con grandes diferencias entre la Rioja (93,6 test PCR/100.000 habitantes,  País Vasco (81,2) o Asturias (80,7) y Madrid (69,4), Castilla y León (55,7), Cataluña (53,3) o Extremadura (30,3), Murcia (21,9) o Andalucía (18,6), según los datos de Sanidad.  El cuello de botella no es tanto la falta de test como su análisis, porque los laboratorios de hospitales y Universidades están saturados, mientras los laboratorios privados “hacen su agosto” con pruebas (descontroladas por la sanidad pública) a particulares y empresas.

El otro reto, junto a confirmar los nuevos contagios, es rastrear los contactos de los nuevos contagiados, una tarea en la que se lleva dos semanas (lean aquí cómo trabajan) y que es más fácil en autonomías uniprovinciales (como la Rioja Navarra o Cantabria) que en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde falta personal y se trata de paliar con Call Centers. Se estima que hay unos 2.000 profesionales dedicados al rastreo de contactos, cuando Alemania (con el doble de población) ha tenido 3.280 equipos de 5 personas (16.400) y Reino Unido ha contratado a 18.000. Necesitaríamos al menos 8.000 rastreadores y sistemas de detección vía móvil, que se retrasan (habrá una prueba piloto en Canarias… en junio).

Mientras cruzamos los dedos para que los contagios y muertos no rebroten, avanza la desescalada empujada por las presiones de sectores y empresas, en especial el turismo, la hostelería, las líneas aéreas y el comercio, precisamente los sectores que más se benefician de los ERTEs (3,4 millones) y el cese temporal de actividad de los autónomos (1,3 millones). Y hay 1 millón de trabajadores que perdieron definitivamente su empleo entre marzo y abril. En total, 5,7 millones de españoles que han sufrido la emergencia económica del coronavirus, perdiendo temporal o definitivamente su empleo, un 30% de los afiliados a la Seguridad Social antes de la pandemia (18,8 millones en febrero 2020).

Los que más han sufrido los efectos económicos de la pandemia son los trabajadores más precarios (jóvenes y mujeres con contrato temporal), los sectores más afectados por el confinamiento (turismo y hostelería, ocio y entretenimiento y comercio) y 6 autonomías que han tenido la  mayor caída del empleo (temporal o definitivamente): Baleares (afectados el 42,5% de los afiliados a la SS), Canarias (41,3), sobre todo, seguidas de Comunidad Valenciana (-29,6% afiliación), Andalucía (-28,1%), Cataluña (27,7%) y Asturias (27,1%), según este estudio del IVIE. Y las autonomías menos afectadas económicamente por la pandemia son Extremadura (21,3% afiliados afectados), Murcia (21,9%) y Madrid (23,8%), por mucho que se queje la presidenta Díaz Ayuso. 

Ahora, el problema es que la emergencia económica alcanza ya a 8,9 millones de españoles, el 38,5% de los activos (españoles en edad de trabajar), si sumamos a los 5,7 millones afectados por la pandemia los 3,2 millones de parados anteriores. Y el gran riesgo es que muchos se queden atrás dentro de unos meses, cuando entremos en la “nueva normalidad” y se autoricen algunos despidos “por causas objetivas “(desde julio). El Banco de España acaba de alertar que está en riesgo un 20% del empleo, unos 3.750.000 empleos, sobre todo del sector turístico, hostelería, transporte y comercio, especialmente en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.  Y el problema es que estos trabajadores en riesgo son “poco reciclables”, según el Banco de España, tienen pocas posibilidades de trabajar en los sectores que ganarán empleo (+1,4 millones): sanidad, logística, información y comunicaciones. Si tras la crisis de 2008, muchos parados de la construcción pudieron “reciclarse” en la hostelería, el turismo y el comercio, ahora el Banco de España lo ve más difícil, por su baja formación. Por eso proponen reformar a fondo las oficinas de empleo y reforzar su formación para rescatar a los más posibles.

El drama de España es que será el país peor parado económicamente por esta pandemia (el PIB caerá este año el -9,4%), junto a Italia (-9,5%) y Grecia (-9,7%), según la Comisión Europea. Y, sobre todo, el que va a perder más empleo: -8,7% (-1.737.000 empleos), tras Francia  (-9,1%) y por encima de Italia (-7,5%) y Grecia (-3,7%). De hecho, 14 de las 17 autonomías españolas (todas salvo Madrid, País Vasco y Navarra) están entre las regiones europeas que tienen en riesgo un tercio del empleo por la pandemia, junto a casi toda Italia y la mitad de Francia, según un estudio del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y eso, explican, por 2 razones. Una, el mayor peso del los sectores más afectados por el confinamiento (transporte, turismo, hostelería y comercio): suponen el 25% del PIB en España, frente al 20% en la zona euro, el 22,5% en Italia, el 19,5% en Francia o el 17,5% en Alemania, según datos del Banco de España. Y la otra razón, porque en España tienen mucho peso las pymes, más vulnerables ante una crisis como esta: las empresas de menos de 50 trabajadores sostienen el 50% del empleo en España y el 33% en Europa.

Con todo esto, nos acercamos al núcleo de la cuestión: ¿por qué la recesión de esta pandemia se ha cebado más en España? Lo contesta el “examen de primavera” hecho a España la semana pasada por la Comisión Europea. Viene a decir que la pandemia ha desvelado las debilidades de nuestra economía, los problemas de los que ya nos han alertado en sus informes anuales (ver aquí el de febrero 2020). Empezando por los tres problemas estructurales que “han ampliado” los efectos de esta crisis: la alta tasa de contratos temporales (el 25% frente a un 15% en la UE-27), la excesiva proporción de micropymes y pymes sin empleados (98,6% frente al 75% en Alemania), muy vulnerables, y sobre todo un modelo económico con excesivo peso del turismo, la hostelería y el comercio (“Un país de bares y tiendasseñalé en este blog), ahora los más dañados.

Y señalan otra debilidad, que ha sido clave en explicar un mayor contagio de esta pandemia: “un nivel bajo de inversión en la sanidad”, que ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad. Y otra: la escasa digitalización de la economía (incluida la enseñanza, donde sólo la mitad de los centros disponen de plataformas online, señalan) y el bajo gasto en innovación y tecnología (I+D+i), además del retraso en la educación y la Formación Profesional, que ahora pasarán factura. Lo mismo que la pobreza y la desigualdad (ya antes mayor en España que en Europa), que ahora aumentarán (incluso entre autonomías, alertan, agravando “las dos Españas”), mientras somos “el país europeo que menos ayuda a las familias y centra su gasto social en los mayores (pensiones) y no en los jóvenes y los más vulnerables.

Una radiografía dura, que pueden leer aquí (los medios apenas han hablado de ella) y que reitera unas debilidades estructurales que vienen de lejos, que ya nos pasaron una costosa factura en la crisis de 2008 y ahora otra mayor con el coronavirus. “Spain is different” y por eso lo pasamos peor en las crisis. Este “examen” de la Comisión Europea, nos marca la hoja de ruta de la reconstrucción: combatir con todos los medios la recesión de esta pandemia, reforzar la sanidad, respaldar el empleo, reducir la precariedad laboral, aumentar el tamaño de las empresas, volcarnos en la digitalización y la innovación, apostar por la formación y la educación, reducir la pobreza y la desigualdad, aumentar el gasto social y hacerlo más eficiente (alertan que beneficia a los mayores y a las rentas medias y altas) y, sobre todo, cambiar el modelo económico, para ser un país con más industria, más empresas tecnológicas y exportadoras y menos un país de servicios (“la California de Europa”). Conseguir un país más productivo (estamos a la cola de Europa) y más competitivo, que cree más empleo y afronte mejor las crisis. Una tarea de décadas, que habría que empezar ya, con la reconstrucción. Todos unidos (parece imposible), porque afrontar estas debilidades estructurales exige pactos a medio plazo.

Mientras se afronta esta emergencia económica y, sobre todo, la emergencia social (urgen medidas de choque para ayudar a las familias que pasan hambre), no perdamos de vista la prioridad, la emergencia sanitaria, frenar los contagios y salvar vidas. Vigilar día a día la pandemia y frenar la desescalada si hace falta. La vida, no la bolsa. No tengamos prisa en salir a la calle, comprar, viajar, volver a una vida “normal” que es imposible mientras no haya vacuna. La pandemia nos ha trastocado la vida y el bolsillo y así será durante meses. Lo importante es seguir vivos. Y ayudar a los que malviven.

lunes, 20 de abril de 2020

Coronavirus: más test o más confinamiento


El Gobierno ha decidido ampliar el confinamiento hasta el 9 de mayo (serán 8 semanas). Pero lo hace bastante a ciegas. Los datos de las autonomías son heterogéneos e incompletos. Y no saben cuántos españoles hay contagiados en sus casas, que podrían relanzar contagios y muertes si salen. Habría que hacer millones de test PCR (se han hecho 930.000), pero faltan  kits de extracción y laboratorios. Es ahora el “cuello de botella” sanitario, como antes los respiradores y UCIs. Y se retrasa el estudio epidemiológico a 30.000 familias, que nos dirá el alcance del virus. Estamos a ciegas y es un riesgo enorme suavizar el confinamiento, aunque haya provocado una recesión sin precedentes, con 6 millones de españoles temporalmente sin trabajo. Pero la prioridad es la vida, no la bolsa. Lo que tienen que pactar, antes que la reconstrucción, es dedicar más medios y estar más unidos (las autonomías van por libre) frente a la emergencia sanitaria, multiplicar test y estudios para saber cuál es el alcance real del coronavirus. Mientras, aguantemos en casa.

enrique ortega

Al cumplirse hoy 110 días de ser detectado, el coronavirus ha contagiado ya a 2.404.325 personas en 185 paises, causando 165.257 muertos, según la Universidad Jhons Hopkins. El centro de la pandemia sigue en Estados Unidos (759.696 contagiados), aunque la mitad de los contagiados están en Europa, destacando España (195.944 contagiados) e Italia (175.925), pero con un fuerte ascenso en Francia (152.978), Alemania (144.348 contagiados) y Reino Unido (121.168). En muertos por coronavirus, también está en cabeza EEUU (40.611 muertos), seguido de Italia (23.660), España (20.453), Francia (19.718) y Reino Unido (16.060), quedando muy lejos Alemania (4.547 muertos). España sigue siendo el país con más muertos por millón de habitantes (435), pero tiene una tasa de letalidad (muertos/contagiados) de 10,4, inferior a Francia (17,3), Bélgica (14,7), Reino Unido (13,5), Italia (13,2) y hasta Holanda (11,4), según los datos de Sanidad publicados ayer domingo.


Tras 5 semanas de confinamiento, la curva de contagios en España sigue creciendo a menos ritmo: los nuevos contagios aumentaron la semana pasada por debajo del +3%  (+2,20% ayer domingo) frente al +7% hace dos semanas, el +15% hace tres y el +20% al inicio del estado de alarma. Los ingresos en hospitales crecen menos, el +1,7%, cuando hace dos semanas crecían el +7% y hace un mes el +34%. Lo mismo los ingresos en UCIs: crecieron un +1,5% la semana pasada frente al 6% hace dos semanas y al +40% al inicio del estado de alarma. Y los muertos crecieron un +3% la semana pasada, frente al +9% hace dos semanas y el +38% de hace un mes, aunque todavía sean “demasiados”: 410 nuevos ayer (ojo: fin de semana) frente a 950 el 1 de abril.


El alcance de la pandemia sigue siendo muy desigual por autonomías, aunque hay un problema previo que dificulta comparar: las estadísticas no son homogéneas, no se miden igual los contagios y las muertes, por lo que Sanidad publicó el viernes una Orden tratando de clarificar el alcance real de la pandemia. Con todo, sigue habiendo 7 autonomías con más contagios que la media (138,6 por 100.000 habitantes): La Rioja (351), Castilla la Mancha (324), Madrid (259), Castilla y León (286, aunque Segovia tiene 1.521 contagios por 100.000 habitantes  y Soria 1.405), Navarra (236), Cataluña (184) y País Vasco (178). Y los hospitalizados han bajado la última semana en Madrid (de 11.424 a 8.291) pero subían en el resto de España. Y también los pacientes en UCIs (de 1.332 a 1123 en Madrid), que han subido en Castilla la Mancha (de 316 a 518), la Comunidad Valenciana (de 567 a 643) y Andalucía (de 619 a 687). Al final, las autonomías con más letalidad (muertos/contagiados) son Aragón (18,81), Madrid (13,18), Extremadura (12,24), Castilla la Mancha (11,80), Comunidad Valenciana (10,71) y Cataluña (9,68), según los datos de Sanidad de ayer.


Un dato que sigue preocupando son las residencias de ancianos, donde se han producido 11.600 muertes (4.953 en Madrid), la mayoría por coronavirus, aunque se desconoce el alcance real de los contagios y muertes (un mes después del inicio del estado de alarma). Y todo indica que las autonomías siguen luchando “por su cuenta” contra el coronavirus, sin traspasarse enfermos ni equipos y algunas (Cataluña, Andalucía, País Vasco) sin colaborar demasiado con Sanidad, ni en los datos y estrategias ni en las compras de material.


Ahora, la clave en la emergencia sanitaria es reducir el ritmo de contagios (aunque coyunturalmente, podrían subir si se hacen más test, según ha advertido el ministro Illa) y los ingresos en hospitales y Ucis. Para lograrlo, hay que seguir manteniendo el número reproductivo básico por debajo de 1: que haya menos de un contagiado secundario por cada contagiado primario. Al inicio de la pandemia en España (principios de marzo), cada enfermo contagiaba a 4. El 14 de marzo, al inicio del estado de alarma, bajó a 3. Y a principios de abril, bajó de 1. Ayer repuntó hasta 0,95, aunque había 5 autonomías con más de 1: Baleares (1,19), Cantabria (1,15), Ceuta (1,17), Madrid (1,1) y Asturias (1,03), según Sanidad. ¿Cómo se ha reducido el número de contagios? Básicamente, con el confinamiento (evitando los contactos entre personas) y las medidas de protección (lavado de manos, limpieza y equipos de protección). Pero hay que avanzar más, con otras dos medidas claves, que se han aplicado con éxito en Corea, Austria y Alemania: detectar los contagios ocultos (con test masivos) y rastrear sus contactos (con investigadores y programas de móviles, APPs que detecten otros infectados) para aislarlos también.


Hasta ahora, en España, el confinamiento ha frenado el ritmo de contagios. Pero no podemos estar confinados eternamente. El problema es que no pueden abrir la mano y “desescalar” la cuarentena sin saber el alcance real de la pandemia. Porque los 196.000 contagiados contabilizados son sólo la punta del “iceberg”: no sabemos lo que hay debajo. Podría haber 7 millones de españoles contagiados o más, según el Imperial College. Así que necesitamos hacer test masivos y fiables. Hay 2 tipos de test para detectar enfermedad activa (antígenos). Unos, los test rápidos, más baratos y sencillos, que tienen un problema: detectan los contagiados, pero si dan negativo no son concluyentes y se necesita hacer el otro test, los PCR. Y estos test más precisos, los PCR, tienen 4 componentes: un hisopo (o palito) para coger la muestra, un kit de extracción, otro kit de identificación y un laboratorio que los analice. Y tenemos varios “cuellos de botella. Faltan hasta “palitos”, según reconoció el miércoles el doctor Simón. Hay empresas españolas que fabrican los test de identificación del virus, pero previamente se necesita un kit de extracción del ARN (el coronavirus no tiene ADN), que necesita una materia prima, un reactivo, para “leer” ese ARN. Y esos reactivos son escasos y sólo los produce EEUU (que ya no vende), Alemania (se ha volcado en sus ciudadanos) y China (todos a comprarle). Y por si fuera poco, hay escasez de laboratorios homologados para las pruebas PCR, que exigen varias horas.


El resultado de estos “cuellos de botella”  con los test PCR es que sólo se han hecho 930.230 hasta el jueves, según el ministro de Sanidad. Y 2 millones de test rápidos (que son como una “ruleta rusa”, según los expertos). O sea, menos de 3 millones de españoles testados y 44 millones sin saber si son asintomáticos o contagiados. Y así, con este desconocimiento, el Gobierno tiene que decidir si seguimos confinados o se arriesga, por la presión de las familias encerradas y de la recesión económica, a abrir la mano. Urge volcar todos los medios en hacer test antes de levantar el confinamiento. Buscar producir aquí test de extracción (en Navarra y Euskadi investigan caminos alternativos) y multiplicar los laboratorios (se van a añadir los de las Universidades, 13 de momento que pueden ser hasta 50), con la ayuda de 4 robots que empezaron a trabajar el jueves y que analizan 10.000 PCR diarias. 


Y además, acelerar ese estudio de seroprevalencia a 30.000 familias (63.000 personas), anunciado el 7 de abril y que se ha retrasado por perfilar la muestra y por definir el  personal para hacer los test en las casas : no se quería retirar sanitarios de los hospitales y se pensó  que lo hicieran los militares, pero finalmente lo harán los médicos de familia, a partir del lunes 27 de abril. El estudio, en 2 oleadas, dará una muestra muy fiable (las encuestas electorales son menos de 5.000 y suelen acertar) para saber de una vez el alcance del coronavirus. Y cuando sepamos más, con millones de test y el estudio epidemiológico, no antes de 3 semanas (ojo, el estudio completo de seroprevalencia llevará 2 meses), los expertos y el Gobierno podrán decidir, con datos más  relevantes, si levantar el confinamiento y cómo. Y para entonces, necesitamos tener esa herramienta informática, una APP para móviles, que detecte los posibles contactos de los contagiados, para aislarlos y que no suba de 1 la tasa de contagios secundarios como pasó antes de la cuarentena.


Todo esto es lo prioritario, conocer de verdad el alcance del virus, realizando los test rápidos y los PCR (ambos para detectar la enfermedad activa) y los test serológicos (el tercer tipo de test, que sirve para detectar si se tienen anticuerpos y por lo tanto se ha pasado la enfermedad) , que se quieren también multiplicar para detectar los "inmunizados". Hay que acabar con los “embudos” en los 3 tipos de test, como antes se hizo con los hospitales,las camas de UCI y los respiradores. Y en eso hay que volcar recursos, medios y expertos, involucrando a las empresas españolas. Es la gran prioridad de una emergencia sanitaria que sigue ahí, agazapada, a la que no hemos vencido. Y mientras, sería una irresponsabilidad bajar la guardia y suavizar el confinamiento. A ciegas.


Y hay que hacerlo sabiendo que prolongar el confinamiento agravará la recesión, ya de por sí sobrecogedora. De momento, 4 millones de trabajadores se han acogido a un ERTE y están temporalmente sin trabajo, muchos todavía sin poder cobrar el paro y teniendo que sobrevivir hasta que lo reciban el 10 de mayo. Y 1.016.670 autónomos ya han pedido el cese temporal de actividad (el viernes, 919.000 cobraron la prestación, un mínimo de 661 euros mensuales). Y hay 950.000 trabajadores más que han sido ya despedidos (el 70% tenían empleo temporal), según la estimación del ministro Escrivá. Si sumamos, son 6 millones de personas afectados ya por la emergencia económica del coronavirus. Y que no saben cuántos meses van a estar así. Sin olvidar las empresas y trabajadores que siguen a medio gas (se mantiene un 42% de la actividad empresarial, según Randstad), que temen contagiarse y perder su trabajo o su negocio si el confinamiento dura mucho más.


Sabíamos que la emergencia económica provocada por el coronavirus es muy grave, pero la semana pasada, el FMI ha puesto números a la peor recesión mundial desde 1929: la economía mundial caerá este año un -3,5%, Estados Unidos un -5,9%, Japón -5,2%  y la zona euro un -7,5%, con fuertes caídas del PIB en Alemania (-7%), Francia (-7,5%), Reino Unido (-6,5%) y más en Italia (-9,1%), España (-8%), Portugal (-8%) y Grecia (-10%). Sólo se salvan China (crecerá +1,2%, aunque cayó un -6.8% en el primer trimestre) y la India (+1,2%). Y subirá el paro en todo el mundo, sobre todo en Europa (10,4%), Italia (12,7%) y principalmente en España (20,8% de paro en 2020), donde el FMI vaticina que tendremos 1,5 millones de parados más a fin de año (4,8 millones).


El FMI, propone que los paises “gasten lo que haga falta", como si no hubiera mañana. De momento, lo que han hecho muchos paises es que los Bancos centrales (Reserva Federal, BCE, Banco de Japón o de Inglaterra) garanticen la liquidez, que los bancos y las empresas tengan crédito. Pero en muchos paises, como EEUU y algunos europeos, el gasto en ayudas directas a los afectados (sobre todo a parados y familias temporalmente sin ingresos) es bajo. En este sentido, España es un ejemplo: entre abril y mayo habrá 8,35 millones de españoles que recibirán ayudas públicas (aunque lleguen con retraso), entre afectados por ERTEs (4 millones), autónomos afectados por cese de actividad (serán 1,4 millones), trabajadores despedidos (950.000) y los que ya cobraban el paro (2.002.235 en marzo) y se les mantiene sin contar plazos, según detalló el ministro Escrivá en el Congreso.


El problema de todas estas ayudas es que hay que pagarlas. Y por eso, el FMI señala que la emergencia económica va a disparar el déficit público de todos los paises, sobre todo de los que ya lo tenían alto, como Italia (subirá al -8,3% del PIB) y España (subirá del -2,6 al -9,5% en 2020: +108.000 millones de euros), aunque también en EEUU (subirá al -15,4%), China (-11,2%), Japón (-7,1%), Francia (-9,2%), Alemania (-5,5%), Portugal (-7,1%) o Grecia (-9%). Este mayor “agujero” en las cuentas públicas se producirá porque cae la recaudación (se estima que España ingresará este año 40.000 millones menos de impuestos) y suben los gastos, por las ayudas a empresas, trabajadores y familias (unos 45.000 millones). De ahí sale que el déficit público español acabará 2020 en 85.000 millones de euros más de lo previsto antes de la pandemia.


La siguiente cuestión es cómo financiarlo, como “cubrir este agujero”. Teóricamente, hay dos caminos: endeudarse y subir impuestos. El segundo, con la economía en una grave recesión, será inviable hasta que no se crezca (el FMI piensa que podemos crecer un +4,3% en 2021). Así que este año, sólo queda endeudarse. Por eso, el FMI estima que la deuda de todos los paises se dispare en 2020 (del 113,3 al 131% del PIB en los paises del G-20, del 109 al 131% en EEUU) y muy especialmente la deuda de Italia (del 134,8 al 155,5% del PIB) y de España (del 98,5% del PIB al 113,4%, el mayor porcentaje de deuda desde 1901). Eso significa que todos los paises van a acudir a los mercados a financiarse, con lo que los inversores forzarán una subida de tipos de interés


En el caso de España (y de Italia), el problema no va a ser sólo encontrar quién nos preste (tendremos que emitir unos 100.000 millones este año en vez de los 32.500 previstos), sino que nos costará más pagar la deuda, cuyos intereses ya se llevaron 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). De momento, los "mercados” ya han aprovechado el coronavirus para subir el tipo de la deuda  a 10 años de España (del 0,460% en enero al 0,809 el viernes) y de Italia (del 1,407 en enero al 1,781% el 17 de abril). Y si la pelota de la deuda sigue creciendo, lo normal es que sigan pidiendo más interés por prestarnos y que suba la prima de riesgo (la diferencia entre el tipo de la deuda española y alemana): era del 0,59% el 1 de enero (59,8  puntos básicos) y el viernes 17 de abril era ya del 1,26% (128,4 puntos). Por eso son tan importantes los eurobonos, que niegan Alemania y la Europa del norte: permitirían a España e Italia financiar esta deuda del coronavirus de forma más barata y segura. Porque si los mercados empiezan a seleccionar a quién prestan, sólo nos quedará que el BCE nos ayude comprando deuda, como pasó en 2015, para evitar problemas y “rescates”.


Estas son las consecuencias de la emergencia económica, junto a la recesión y la pérdida de empleos y empresas: nos dejará una factura muy abultada, que habrá que pagar durante décadas. Y eso sin contar con los recursos necesarios para reconstruir el país. Todo esto es lo que tendrían que pactar y acordar el Gobierno, la oposición, los empresarios y sindicatos. Pero antes, o en paralelo, habría que pactar cómo salir de la emergencia sanitaria, a la vista de que cada autonomía va por su cuenta (¿por qué no se mandan enfermos de Segovia, líder en contagiados en España, al hospital de campaña de IFEMA, en Madrid, que se ha empezado a desmantelar por falta de enfermos?) y la mayoría de partidos utilizan la pandemia para criticar y tumbar al Gobierno. Pacten primero cómo salvar vidas, que es la gran prioridad. Y luego, cómo salvar empresas y empleos. Basta de politiqueos.