¿Cuánto vamos a ganar en 2019?

Este mes de enero, casi 14 millones de españoles van a ganar algo más. A los 8,8 millones de pensionistas les suben este año un 1,6%, como en 2018. Y cobrarán  además, en febrero, una “paguilla” de 13,43 euros, para compensarles de inflación extra en 2018. Los 2,55 millones de funcionarios cobrarán un 2,25% más, que puede llegar al 2,5%.Y los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo tendrán una subida del 22,3% y ganarán 900 euros al mes. El resto, 14 millones de asalariados más,  tendrán que negociar la subida 2019 con su empresa, aunque patronal y sindicatos han pactado una subida del 2% para este año, que no se cumplió en 2018. Son más ingresos para muchos, lo que ha provocado quejas de las empresas, por un aumento de costes, pero sus beneficios llevan años subiendo mientras trabajadores y pensionistas han perdido poder adquisitivo. Lo bueno es que estos mayores ingresos de las familias harán subir el consumo y compensarán el menor crecimiento previsto para 2019. Eso sí, seguimos con sueldos un 21% más bajos que los de Europa.

enrique ortega

Los primeros en notar la subida serán los pensionistas, que serán ya 8,8 millones de personas este mes. Al cobrar la pensión de enero, verán que les sube un 1,6%, lo mismo que en 2018, tras el pacto que firmó del Gobierno Rajoy con el PNV, en marzo. Será un aumento mensual medio de 15,37 euros al mes, teniendo en cuenta que la pensión media son 960,98 euros (diciembre 2018). Y los que cobran pensiones mínimas  tendrán una subida del 3%, también como el año pasado. Esta subida de pensiones, que será mayor que la inflación prevista (1% de inflación media para 2019), tendrá un coste extra para la Seguridad Social de 2.343 millones en 2019. 

Además, todos los pensionistas van a cobrar "antes de abril" (quizás en febrero) una “paguilla” para compensarles de la mayor subida del IPC sobre lo previsto en 2018: habrá subido de media un 1,68% entre diciembre 2017 y noviembre de 2018, subida que se redondea al 1,7%. Y como las pensiones subieron un 1,6% en 2018, se les compensa ese 0,1% de diferencia, lo que supondrá un pago único de 13,43 euros (0,95 de desviación por 14 pagas), según la Seguridad Social. Otro extracoste para el sistema de pensiones, de 257 millones de euros en 2019 (128,6 millones por la paguilla y otros 128 adicionales porque se consolida en la pensión de este año). 


En total, entre subida anual y "paguilla", serán 2.596 millones de gasto extra para la Seguridad Social en 2019, lo que complica aún más sus cuentas y su agujero (-17.000 millones de déficit previsto para  2018). Para compensarlo en parte, el Gobierno Sánchez ha aprobado una subida de las bases de cotización mínimas (+22%: 1.500 millones más de ingresos) y máximas (+7%: otros 850 millones más), lo que supondrá 2.350 millones de euros más de ingresos por cotizaciones en 2019.  

Los empleados públicos, 2.553.505 personas en 2018, también verán subir desde este mes su sueldo, una media del 2,25% para todos, más otro 0,25% que se negociará con las distintas Administraciones (estatal, autonómica y local) para pagar homologaciones retributivas o planes de pensiones. Incluso podrían subir otro 0,25% más si la economía crece este año 2019 un 2,5%, algo que ningún experto ni organismo internacional creen (se apuesta por un crecimiento del 2,2%). Curiosamente, lo que hace el Gobierno Sánchez con esta subida es aplicar el acuerdo al que llegaron los sindicatos de funcionarios y el Gobierno Rajoy en marzo de 2018, poco antes de salir de la Moncloa. Fijaba una subida salarial mínima del 1,75% en 2018, 2,25% en 2019 y 2% en 2020, más las homologaciones retributivas (0,20% en 2018, 0,25 en 2019 y 0,30% en 2020) y otro 0,25% de aumento salarial si la economía crece un 2,5% en 2019 o 2020, algo bastante difícil de conseguir.

Con la subida de 2019 (que costará 3.625 millones, 2.100 millones a cargo de las autonomías), más la subida del año pasado y la de 2020, los empleados públicos aumentarán su sueldo un 6% en tres años (que llegará al 6,75% para algunos colectivos, por la homogeneización de sueldos) , con lo que no recuperarán ni la mitad del poder adquisitivo perdido desde 2010, un -14%, tras la bajada de sueldos de mayo de 2010 (-5%), la congelación salarial de 2011 a 2015 y la mínima subida de 2016 y 2017 (+1%).

El tercer colectivo en subir sus ingresos serán los trabajadores que cobran el salario mínimo,  2,5 millones de asalariados. El pacto presupuestario entre el PSOE y Podemos se ha traducido en un decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, por el que se sube el salario mínimo un 22,3% este año, de 735,90 a 900 euros mensuales (en 14 pagas o 1.050 euros en 12 pagas). Una subida que beneficiará a 1.327.000 asalariados del régimen general que cobran el salario mínimo (20% trabajan en el comercio y la reparación de vehículos, 14% administrativos y personal de empresas de servicios, 10,8% en hostelería, 6,8% en sanidad y servicios sociales, 6,8% en servicios públicos y el resto en ciencia y tecnología, educación e industria), más de 750.000 trabajadores eventuales del campo y temporeros y 400.000 empleadas de hogar. En estos dos últimos casos, la subida afecta al pago por horas y sube también el 22,3% (de 5,76 a 6,90 euros/hora).

Esta abultada subida del salario mínimo (SMI), la mayor desde 1977, puede provocar problemas en tres colectivos donde su aplicación tendrá que ajustarse. El primero, en el campo, entre temporeros y trabajadores eventuales, donde el decreto del Gobierno permite ahora pagar el SMI por horas (hasta ahora estaba referenciado a la jornada legal), lo que abre el riesgo de “prácticas indeseadas que conllevarían una mayor inseguridad de estos colectivos”, según denuncia CCOO, preocupada porque algunos empresarios agrícolas utilicen el nuevo sistema para contratar por horas y tratar de pagar menos, algo que también preocupa a la Seguridad Social. El segundo problema puede saltar entre los trabajadores discapacitados: hay 481.000 discapacitados trabajando y la mayoría cobran el SMI, con lo que muchas empresas pueden tener la tentación de despedirlos ahora que son “más caros”, creándose un problema a los 1.992 “centros especiales de trabajo” (donde el 75% de los empleados son discapacitados), que reciben un 50% del sueldo de estos discapacitados en subvenciones de las autonomías, que ahora deberían aumentar.

El tercer problema, el más peliagudo, son las contratas que tiene el sector público (Estado, autonomías y Ayuntamientos) con empresas privadas de limpieza, seguridad y mantenimiento, subcontratas que ya han pedido renegociar  los contratos al haberles subido los costes un 22,3%. Incluso algunas están estudiando llevar a la Administración a los Tribunales si no les compensa del extracoste. De momento, parece que la decisión de Hacienda es que se revisen los contratos uno por uno y asumir una parte del extracoste, pero no todo, obligando a las subcontratas a asumir otra parte (si no quieren perder el contrato). Pero la patronal CEOE quiere una solución única para todas estas subcontratas y que la Administración asuma en sus cuentas el aumento del salario mínimo.

Además de estos problemas concretos, la fuerte subida del salario mínimo ha provocado una avalancha de duras críticas, de la ortodoxia económica y los empresarios. Primero, la Comisión Europea estimó que la subida provocará que España cree 75.000 empleos menos entre 2019 y 2020. Y el Banco de España (cuyo gobernador gana 183.000 euros anuales) asegura que la medida costará 150.000 empleos. Mientras, el premio Nobel estadounidense Josep Stiglitz les replica que subir el salario mínimo “no daña el empleo” y que hay datos abrumadores que lo confirman (lean este interesante artículo del catedrático Carlos García Serrano). En cualquier caso, sepamos que, aún con 900 euros (1.050 en 12 pagas), el salario mínimo en España es más bajo que en la mayoría de Europa: se pagan 1.999 euros en Luxemburgo, 1.614 en Irlanda, 1.578 en Holanda, 1.563 en Bélgica, 1.499 en Francia, 1.498 en Alemania y 1.463 en Reino Unido, según datos de Eurostat para julio 2018 (SMI en 12 pagas), estando sólo por debajo los salarios mínimos de Malta (748 euros), Grecia (684 euros), Portugal (677) y 11 paises del Este, mientras en Italia, Dinamarca, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no hay salario mínimo.

Junto a estos tres colectivos (jubilados, empleados públicos y trabajadores que cobran el salario mínimo), 13,85 millones de españoles que van a ganar más desde este mes, hay otros 14 millones de asalariados que tienen que negociar con su empresa la subida de 2019. En principio, muchos han firmado ya sus convenios, con una subida media del 1,7% en los negociados hasta noviembre. Y la patronal y los sindicatos firmaron, en julio de 2018, un pacto salarial, dentro del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), por el que los sueldos subían un 2% en 2018, 2019 y 2020, más otro 1% variable según las mejoras de productividad. Además, pactaron un sueldo mínimo de 1.000 euros para 2020.

Sin embargo, no parece que este pacto salarial se haya cumplido en 2018, a la vista de la subida pactada en los convenios (+1,7% en los firmados hasta noviembre) y del aumento anual de los costes salariales que refleja el INE hasta septiembre: +1,2%. Y eso se debe a que muchos trabajadores no tienen convenio y hay muchas pymes que no tienen sindicatos y cuyos directivos no acatan este pacto salarial. Por eso, todo indica que la subida salarial de los asalariados será inferior al 2% en 2019, aunque ganarán poder adquisitivo (se espera que la inflación media suba el 1%). La subida salarial podría ser menor si el enfriamiento de la recuperación, en Europa y en España, ralentiza ventas y exportaciones y algunas empresas ven reducidos sus beneficios en 2019.

Pero no es justo que las empresas "racaneen" con los salarios. Primero, porque los beneficios empresariales se han recuperado con creces de la crisis, pero los salarios no: los beneficios de las empresas han aumentado 98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (82.000 millones se los han quedado las empresas y 15.663 millones han ido a sus accionistas, como dividendos) mientras los salarios totales se reducían en 10.214 millones, según el INE. Y con ello, las empresas han aumentado “su trozo” en el reparto del pastel de la renta: si en 2008 se llevaban el 41,7% de la riqueza generada, en 2017 se llevaron el 42,5%. Y los trabajadores “han perdido pastel”: del 50,1% que se llevaban en 2008 al 47,3% de 2017, según el INE (el resto, hasta el 100% se lo llevan los impuestos).

Además, las empresas no pueden argumentar que ya pagan salarios altos, porque con la “devaluación salarial” sufrida por los trabajadores españoles (el salario medio bruto subió sólo un 2,09%, 38,70 euros, entre 2012 y 2017, un 0,41% menos que el IPC, según el INE), el coste de la mano de obra es mucho menor en España que en los grandes paises de Europa con los que competimos. Así, el coste por hora trabajada en España era de 21,2 euros en 2017, un 21% menos de lo que se pagaba en Europa (26,8 euros en la UE-28) y un 29% menos que el sueldo por hora en la zona euro (30,3 euros), según Eurostat. Y muy inferior  al sueldo de Suecia (38,3 euros/hora), Francia (36 euros), Holanda (34,8), Alemania (34,1), Italia (28,2) o Reino Unido (25,7 euros/hora).

España y nuestras empresas no pueden aspirar a ser “la China de Europa”, a competir en base a tener los sueldos más bajos. Y menos quejarse de que ahora tengan que pagar un mínimo de  900 euros al mes a cualquier empleado: poco eficiente y competitivo es un negocio si no da para pagar ese mínimo sueldo. Y tiene poco futuro, así que su problema no es que tenga que pagar ese salario mínimo sino quizás su modelo de negocio. Además, las empresas tienen también otros costes no salariales, que son mucho más altos en España que en Europa y de los que no se quejan tanto. Unos, los costes energéticos: la electricidad les cuesta a las empresas en España un 20% más cara que la media europea (0,083 euros/kwh sin impuestos en 2017 frente a 0,069 euros/kwh), un 29% más cara que en Alemania (0.064 euros/kwh) y un 40% más cara que en Francia (0,059 euros/kwh), según Eurostat. Y lo mismo los créditos: en España cuestan de media el 4,72% (tipos a más de 5 años), el doble del 2,36% que cuestan en la zona euro, según el Banco de España.

Otro grave problema de que los salarios suban poco es que las familias ingresan menos y consumen menos, sobre todo si sube la inflación (como pasa desde 2017), lo que ralentiza el crecimiento de la economía y el empleo, además de reducir la recaudación de impuestos (IVA y Renta) y los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social (más gente trabajando con sueldos bajos igual a menos ingresos y déficit). Por eso, y a pesar de las críticas, la subida del salario mínimo, los sueldos de los funcionarios  y las pensiones van a servir para reanimar el consumo y el crecimiento en 2019, un año que soplarán “vientos en contra desde fuera de Europa y del mundo (por lo que el crecimiento bajará del 2,5 al 2,2%). Además, ayudará a Hacienda a recaudar algo más, que falta hace (para gastar más en tantas cosas y reducir el déficit). Y, sobre todo, mejorará las cuentas de la Seguridad Social: sólo la subida del salario mínimo aumentará las cotizaciones en 1.500 millones. Y si esa subida tiene “un efecto arrastre” sobre todos los salarios, como “temen las empresas, la recaudación de la SS podría subir hasta 3.000 millones en 2019, algo que hace mucha falta a las pensiones.

Bueno, hay muchos españoles que ganarán algo más este mes y este año. Ahora, lo que hace falta es que esos mayores ingresos se traduzcan en mejoras de productividad en las empresas y en las Administraciones públicas y en mayores ingresos de Hacienda y la Seguridad Social. Y a partir de ahí, tengamos claro que si queremos ganar más, los españoles tendremos que ser más productivos, para lo que tenemos que mejorar la formación  y conseguir unas empresas más competitivas, en un país más innovador, moderno y eficiente. No podemos tener unos salarios de subdesarrollo pero si queremos tener los sueldos de la Europa rica, tenemos que mejorar a fondo nuestra formación, nuestra tecnología, nuestro trabajo y nuestras empresas, para que produzcan más y con más valor y más empleo. Una buena petición para los Reyes Magos. 

El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.

Presupuestos 2015 : el cuento de la lechera

Érase una vez un país que crecía más que sus vecinos y donde el Gobierno prometió al pueblo bajarles los impuestos y a la vez recortar el déficit público y crear mucho empleo. Es “el cuento de la lechera” de Rajoy para 2015, año de elecciones. La realidad es que España tiene difícil crecer más porque Europa está en recesión (mientras Latinoamérica se desinfla) y también porque el consumo no tira (uno de cada cuatro españoles está en paro y los que trabajan tienen empleos precarios y cobran poco), las empresas venden poco y no invierten (tampoco hay crédito) y las exportaciones han pinchado, con lo que volvemos a tener déficit exterior. En resumen: la economía está frenada y así es difícil crecer al 2% y crear 1.000 empleos diarios en 2015, como promete Rajoy. Y si no crecemos tanto, harán más recortes para bajar el déficit, después de las elecciones. Más realismo y menos cuentos.

enrique ortega 

  Todo el Presupuesto 2015  presentado por el Gobierno Rajoy descansa sobre un pilar: España crecerá este año (+1,3%) y el que viene (+2%) más de lo que habían dicho (una décima y dos más) y más de lo que crecerá la Europa del euro (+1,1 y +1,5%). Gracias a este mayor crecimiento, España creará mucho empleo, más que los años en que crecíamos al 3%: Rajoy promete crear 274.200 empleos en 2014 y otros 348.200 en 2015. Y al haber más gente trabajando y más crecimiento, el Estado ingresará más (+9.500 millones en 2015) y así será posible recortar el déficit (-6.000 millones el Estado) y a la vez bajar impuestos a las empresas (-600 millones) y particulares (-3.400 millones en 2015), que lo notarán ya en la nómina de enero, por la bajada de retenciones (más rebaja a los que ganen más de 60.000 euros). 

Para conseguir cuadrar las cuentas y tratar de cumplir con el déficit en 2015, el Gobierno cuenta con dos “regalos”: 2.000 millones más para gastar por la subida“extra” del PIB (al contabilizarse los negocios de las drogas, la prostitución y el contrabando) y otros 4.426 millones de “ahorro” en el desempleo (sobre todo porque se les ha acabado el paro a los que perdieron su empleo antes de 2013). Y luego está el ahorro por no subir el sueldo a los funcionarios (se les congela por 5º año seguido) y por subir las pensiones sólo un 0,25%. Así tienen un colchón para prometer algunos gastos con tinte electoral: devolver a los funcionarios  un cuarto de la paga extra de Navidad no pagada en 2012 (antes de que les obligue el Tribunal Constitucional…), convocar algo de empleo público (unos 2.000 empleos, sólo el 50% de las jubilaciones en servicios esenciales mientras no se cubren la mayoría de las 30.000 jubilaciones anuales de funcionarios) y gastar algo más en inversiones públicas (tras recortarlas un 55% en cuatro años), en el AVE (llegará en 2015 a Zamora, Orense, Burgos, Palencia, León, Murcia y Cádiz) y algunas nuevas carreteras (autovía del Cantábrico, puente Bahía de Cádiz, A-7 en Granada o cierre Benavente-Zamora en la Ruta de la Plata), que pueden sumar votos.

Eso sí, lo importante para la mayoría de los españoles, el gasto en educación, sanidad, dependencia y gastos sociales, que  hacen sobre todo las autonomías, sufrirá nuevos recortes en 2015 (sin que se note mucho). Sobre todo cuando se acaba de saber que 6 autonomías superaban ya en julio el déficit previsto para todo el año 2014 (Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Andalucía y Cataluña). Todo sea por cumplir con Bruselas (sin perder las elecciones).

Hasta aquí el cuento de la lechera (electoral) para 2015. El problema de fondo es que se basa en una premisa difícil de cumplir: crecer más que la Europa del euro. El Gobierno Rajoy espera crecer más gracias al despegue del consumo y la construcción (que aportarían el 1,8% del 2% que prevén crecer en 2015), pero la realidad es que el consumo está parado (lo dicen el comercio y los fabricantes), como lo atestiguan tres meses de inflación negativa, y no se ve el despegue de la construcción (la subida de la vivienda es un espejismo y todavía hay 600.000 pisos nuevos sin vender). Y también creen que el exterior aportará crecimiento en 2015 (+0,2%, tras restar un -0,1% en 2014), por la mejora de las exportaciones, algo difícil ya que Europa crecerá poco (como Latinoamérica), aunque ayude tener un euro más débil (pero sólo beneficia a un tercio de nuestras exportaciones, las que van fuera de la zona euro).

Si las previsiones no se cumplen y crecemos menos (+1,2 en 2015 y +1,6% en 2015 prevé el FMI), se crearía menos empleo (Funcas/Cajas prevé 350.000 nuevos empleos entre 2014 y 2015, la mitad que el Gobierno) y se recaudarían menos impuestos, con lo que no saldrían las cuentas. Y el Gobierno (y las autonomías) se verían obligados a hacer más recortes para cumplir con el déficit. Claro que, como hay elecciones, se harían después. La esperanza de Rajoy y sus barones autonómicos es llegar a las elecciones con el cuento de la lechera, que la gente se lo crea y si hay que hacer recortes sea después de ganar otra vez. Y confiar que Europa (y Latinoamérica) se recuperen y nos ayuden algo a crecer.

Aunque nos creyéramos el cuento, el balance es demasiado pobre para haber sufrido tantos recortes y sacrificios estos cuatro años: creyéndonos sus previsiones, España terminaría 2015 con 395.400 personas menos trabajando que en diciembre de 2011. Y un 22,2% de paro, más del doble que en Europa. No es para tirar cohetes. Y lo normal es que el balance sea aún peor, porque la tímida recuperación española se ha frenado (lo dice el Banco de España) y hay muchas incertidumbres en Europa, Latinoamérica y en todo el mundo (salvo USA, que crece el 4,2%). Por eso, es urgente apostar por otra política, en España y en Europa, que asegure de verdad un mayor crecimiento y más empleo, sin cuentos. Si no, no recuperaremos el empleo de antes de la crisis hasta 2023, según el informe de la OIT sobre España.

En España, habría que hacer un Presupuesto 2015 que favoreciera la recuperación. Y eso pasa por recaudar más y gastar más, para reanimar la actividad. Si recaudáramos como el resto de Europa (luchando contra el fraude y recaudando más a empresas, multinacionales y grandes fortunas), podríamos ingresar hasta 90.000 millones más al año. Y esto no es otro cuento de la lechera: España tiene margen para recaudar más, porque ingresa sólo un 37,8% de su riqueza (PIB) mientras Europa (zona euro) ingresa un 46,87%, según Eurostat.  Con estos mayores ingresos, podrían bajarse los impuestos de verdad a los que menos ganan (para que consuman más) y dedicar más recursos públicos  a “invertir en la recuperación”: ayudas a la industrialización, el turismo y la exportación, incentivos a la inversión y a la creación de empleo, fomento de la investigación e innovación, más formación y educación, además de un programa decidido de fomento del empleo, para reciclar y recolocar a los parados. Y una subida del salario mínimo que fomentara un aumento de los salarios privados, ligados a mejoras de productividad (como pide la OIT). Además, hay que ayudar a empresas y particulares a renegociar sus deudas, para que puedan invertir y consumir.

Lo básico es reanimar la recaudación y con ello el gasto, el consumo y la inversión en España. Pero no es suficiente. Hay que hacer también otra política en Europa, para no caer en la tercera recesión y ayudar a crecer más a los países del sur. Es urgente poner en marcha un Plan de inversiones que reanime la actividad, con un mayor gasto en Alemania y países del norte que tire de las exportaciones en la Europa del sur. Dos temas que iban a plantearse en una Cumbre europea extraordinaria el 7 de octubre en Roma que se ha anulado. Y es que Merkel y los fundamentalistas de la austeridad no quieren cambiar de política (a pesar de que Guindos haya reclamado “autocrítica) y reanimar la economía europea, hoy estancada. Y por mucho que lo intente el BCE, inyectando dinero para fomentar el crédito, si no hay más consumo y más inversión, Europa marcha al ralentí y no despega. Y sin este empuje europeo, España no puede crecer lo que sueña Rajoy.

El problema, en Europa y en España, es que falta confianza: ciudadanos y empresas no ven claro el futuro. Y en consecuencia, no gastan (tampoco pueden), no piden créditos, no invierten, contratan lo mínimo y en precario. Y la mayoría de los parados, con varios años ya sin trabajar, lo ven aún más negro. Por eso, lo que hace falta es una política creíble, que reanime la economía y reduzca la pobreza y las desigualdades, que dé confianza a ciudadanos y empresas,  que no sólo busque cuadrar las cuentas sobre el papel  y llegar como sea hasta las próximas elecciones, aprovechando que no hay alternativas ilusionantes. Más realismo y menos cuentos.