Curso 2024-25: desigual tensión educativa

Más de 8,3 millones de niños y jóvenes han vuelto a clase, en 28.800 colegios e institutos, para un nuevo Curso escolar con pocas novedades y viejas tensiones, muy diferentes según regiones, centros y enseñanzas. El número de alumnos crece, pero menos que otros Cursos, por la caída de la natalidad, aunque hay autonomías que siguen perdiendo estudiantes mientras otras los forman en barracones. Los estudiantes crecen por el aumento de los alumnos inmigrantes, cuya presencia es mayor en el este de España. Pero la mayor tensión educativa y falta de medios sigue concentrada en los centros públicos, con más inmigrantes y alumnos problemáticos. Todo ello mientras aumenta el gasto educativo, bajo en las autonomías con más alumnos, y los padres se ven obligados a pagar más por la enseñanza que en Europa. Y la calidad de la enseñanza apenas mejora, con demasiados repetidores y abandonos. Urgen más recursos, pero concentrados en las regiones, centros y enseñanzas con más problemas.

                       Más alumnos en 11 regiones, menos en otras 8

Este Curso escolar 2024-25 se espera recibir  a 8.348.030 alumnos en las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil al Bachillerato y la Formación Profesional(FP), según estima el Ministerio de Educación. Serán 10.493 alumnos más que el Curso 2023-24 (8.337.537), un aumento inferior al del curso pasado (+28.057 alumnos) y al anterior (+60.999 alumnos en 2021-22, tras el bache de la pandemia), porque cada año se nota más la caída de la natalidad en España (los nacimientos se han desplomado un -40% entre 2008 y 2023). Y por eso, los niños y jóvenes que estudiarán este Curso serán menos de los que lo hicieron el Curso récord de 1990-91 (8.378.935 alumnos).

Este pequeño crecimiento de alumnos para 2024-25 es muy desigual por edades y estudios: sólo crecen los niños escolarizados en el primer ciclo de educación infantil (+7.251, hasta 491.307 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+1.927, con 45.001 alumnos), en otros programas formativos (+305, hasta 14.079 alumnos), en Bachillerato, por el aumento demográfico de décadas anteriores (+20.234 alumnos, hasta un total de 711.651) y, sobre todo, en Formación Profesional (+48.460 matriculados este Curso, 1.193.260 alumnos). Pero pierden alumnos este Curso el 2º ciclo de educación infantil (-21.493 niños, con 1.084.307 matriculados de 3 a 6 años), Primaria (-35.380 alumnos, con 2.715.544 matriculados de 6 a 12 años) y la ESO (-10.811 matriculados, con 2.092.405 alumnos de 12 a 16 años), por la caída de la natalidad desde 2008.

Con ello, hay regiones y Centros educativos que ganan alumnos y los tienen que colocar en barracones (como en Levante y Cataluña) y otras que tienen que cerrar escuelas, por falta de niños, como en Zamora o Galicia. Y eso se traduce en que hay autonomías más tensionadas, porque reciben más alumnos, y otras menos, porque los pierden, una tendencia que se repite desde hace más de una década. Así, entre el Curso escolar 2013-14 y el 2023-24, han aumentado un +3,2% los alumnos de enseñanzas no universitarias (de infantil a Bachillerato y FP), según Educación, pero sólo porque han aumentado esta década los niños escolarizados en 8 regiones, sobre todo: Baleares (+11,2% alumnos), Madrid (+10,4%), Navarra (+9,1%), Murcia (+8,3%), Cataluña (+8,1%), Comunidad Valenciana (+6,4%), la Rioja (+5,4%) y Aragón (+4,1% alumnos). Apenas han crecido los alumnos en Melilla (+1,6%), Cantabria (+1,1%) y País Vasco (+0,9%). Y ojo, hay menos alumnos estudiando hoy que hace una década en 8 autonomías: Extremadura (-7,7% alumnos), Canarias (-6,2%), Ceuta (-4,4%), Asturias (-3,4%), Castilla la Mancha (-2,8%), Andalucía (-1,1%) y Galicia (-0,2%).

En resumen, que Madrid, Baleares, Levante, Aragón, Navarra y el País Vasco, el centro y este de España, recibe más alumnos cada Curso y el resto de España, sobre todo el centro más despoblado y el sur, los pierden. Una razón es que el mayor nivel de vida y el modelo económico atraen más población y con ella, más niños y adolescentes. Y otra, que estas regiones del este de España y las más ricas atraen más inmigrantes, que suelen tener más hijos en edad escolar que los españoles. Los alumnos extranjeros se han disparado en España: eran 763.087 en el Curso 2013-14 y fueron ya 1.066.875 alumnos extranjeros en las enseñanzas no universitarias el Curso 2023-24 (+330.626 en una década, un aumento del 45%). Con ello, los niños y jóvenes extranjeros que estudian en Colegios e Institutos españoles son ya el 12,2% del total, aunque su reparto es muy desigual.

Los alumnos inmigrantes se concentran precisamente en las regiones donde más están creciendo los estudiantes no universitarios, según Educación: Baleares (18,3% alumnos extranjeros, frente al 12,2% de media en España), la Rioja (17,1%), Comunidad Valenciana (17%), Cataluña (16,5%), Aragón (16,2%), Murcia (15%), Madrid (14,3%) y Navarra (12,9%), mientras los estudiantes extranjeros tienen poco peso en Colegios e institutos de Extremadura (4% de los alumnos), Ceuta (3,2%), Galicia (5,9%), Asturias (7%), Andalucía (7,2%), Cantabria (8,1%), Castilla León (8,7%) y Castilla la Mancha(8,5%), autonomías que pierden alumnos.

Los alumnos inmigrantes se concentran más en los centros públicos (colegios e Institutos), según los datos de Educación: ahí estudian el 75,7% de los alumnos inmigrantes no universitarios, cuando sólo concentran el 67% de los alumnos totales. En los centros concertados estudian en 16,5% de los inmigrantes (cuando tienen el 24,8% de todos los alumnos) y en los privados sólo el 7,8% (frente al 8,2% del total de alumnos que acogen). Y hay autonomías (las más pobres) que concentran más porcentaje de inmigrantes en sus Centros públicos, lo que tensiona su enseñanza (porque exigen mayor dedicación y medios): Melilla (el 95,5% de los alumnos inmigrantes estudian en centros públicos), Castilla la Mancha (91,2%, Extremadura (87,9%), Murcia (86,9%), Canarias (85,7%) o Ceuta (85,7%), mientras el porcentaje es mucho más bajo en Madrid (72,1%) o Cataluña (73,9%).

Como vimos, el aumento de alumnos y la consiguiente tensión en Colegios e institutos es muy desigual según los Cursos que se estudien (hacen falta más medios en educación infantil de 0 a 3 años y en FP, también en Bachillerato), la región donde se viva (más tensión en el este de España, Baleares y Madrid) y en los centros públicos, no sólo porque reciben a un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes que los concertados o privados, sino porque los centros concertados y privados “seleccionan” a los alumnos que reciben y las cifras demuestran que los colegios e Institutos públicos concentran a más niños y jóvenes de familias con menores ingresos, que normalmente tienen más problemas de integración educativa y formación (1 de cada 3 deja los estudios antes de tiempo), alumnos de familias vulnerables que exigen más atención educativa y más refuerzo escolar.

Este panorama indica que deberíamos centrar los esfuerzos en reforzar los centros públicos de las regiones con más tensiones educativas, sin descuidar al resto. Y en cuanto a los estudios, urge reforzar la educación infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. Sobre la educación infantil no obligatoria (0 a 3 años), España es un referente europeo, ya que tenemos escolarizados al 41,8% de estos niños, frente al 31% en Europa (39,6% en Alemania o 38,5% en Finlandia) y el 32,4% en la OCDE. Pero la mayoría de estos niños están en guarderías privadas, muy caras para sus padres, por falta de plazas públicas. Frente a una creciente demanda, el Gobierno pretende crear 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años entre 2021 y 2025, utilizando Fondos Europeos. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado 162 millones más (con Fondos UE) para promover plazas públicas de 0 a 3 años. De ellos, 32 millones son fondos públicos que ha devuelto Andalucía porque ha preferido no gastarlos que tener que destinarlos a guarderías públicas (el Gobierno andaluz y otras autonomías del PP optan por financiar guarderías concertadas o privadas).

Sobre la Formación Profesional (FP), este nuevo Curso se han repetido los problemas de falta de plazas públicas, dada la enorme demanda, porque los jóvenes han visto que abre las puertas al empleo. Educación espera 1.193.260 alumnos de FP este Curso 2024-25, lo que supone casi duplicar los alumnos de hace una década (698.694 en 2013-2014). Pero el gran salto (+54,7% entre 2013 y 2023) se ha dado en los centros de FP privados (de tener 39.941 alumnos a 226.661 en 2022-23, un +467%), más que en los centros públicos de FP (los alumnos han subido de 542.203 a 710.601 en 2022-23, +31,2%) y que en los centros concertados (de 116.550 alumnos a 143.701, +23,5%). Eso se debe a que inversores privados (entre ellos Fondos de inversión extranjeros) se han lanzado a abrir centros de FP privados, sobre todo de Grado medio y Superior, cobrando precios desorbitados (de 2.500 a 6.000 euros al año), aprovechando la falta de centros públicos de FP (casi gratuitos).

Los sindicatos creen que faltan unas 100.000 plazas públicas de FP, sobre todo en Madrid, Barcelona y las regiones más pobladas y con más demanda. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó 88,5 millones para crear 41.790 plazas y destaca que desde 2020 se han creado 376.186 plazas públicas de FP, con una inversión de 842 millones. Pero faltan más. Y además, este Curso se repite también el problema de encontrar empresas que colaboren para que los 1,2 millones de alumnos de FP hagan prácticas, algo obligatorio (deben hacer unas 500 horas anuales de prácticas, entre el 25 y el 35% de sus estudios).

Mientras los alumnos de Colegios e institutos aumentan o bajan, según dónde, el número de profesores de enseñanzas no universitarias aumenta, aunque menos: eran 784.425 profesores en junio pasado, +15.627 que el Curso anterior y +113.646 más que 10 años antes (670.777 en 2013-14). Eso permite mejorar algo la ratio alumnos por profesor, que era de 11,4 alumnos por profesor en 2021-22, aunque existen también grandes diferencias por niveles de estudio, centros y autonomías. Así, hay regiones con muchos más alumnos por profesor, como Madrid (12,9), Cataluña (11,9), Melilla y Murcia (11,8), Andalucía (11,7), País Vasco y Comunidad Valenciana (11,2), y otras menos tensionadas, como Cantabria (9,1 alumnos por profesor), Extremadura (9,4), Asturias y Galicia (9,9), Castilla y León o Navarra (10).

Con todo, España tiene menos alumnos por profesor, en Primaria y Secundaria,  que la mayoría de Europa, según Educación: 11,3 alumnos/profesor en 2021-22, frente a 12,1% de media en la UE-27, 12,7 en Finlandia, 13,3 en Alemania o 15 en Francia. Eso sí, en España hay más alumnos por clase: 20 en Primaria en los centros públicos (23 en los privados) frente a 19 alumnos por clase en la UE, y 24 alumnos por clase en la ESO (26 en la privada) frente a 21 alumnos de media en la UE. Y aunque en España hay menos días lectivos, los profesores españoles dan más horas de clase: 875 anuales, frente a 800 en la UE y 804 en la OCDE.

El problema no es tanto el exceso de alumnos ni la falta de profesores como la calidad de la enseñanza que se imparte. Dadas las tensiones en algunas enseñanzas y centros (los públicos con alumnos más vulnerables), España tiene un serio problema de resultados de la enseñanza no universitaria, no sólo porque salgamos mal en los estudios PISA (que miden la capacidad en matemáticas y comprensión lectora), fruto de una enseñanza demasiado “memorística”, sino porque hay demasiados alumnos con dificultades, que acumulan problemas y fracasos desde infantil a Bachillerato. Bastan 3 datos para alertarnos. Uno, los repetidores: el 2,1% en Primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en Secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar, el altísimo porcentaje de jóvenes que deja sus estudios sin acabar Bachillerato o FP : 13,6% en España frente al 9,6% en la UE-25. Y tercero, el altísimo porcentaje de jóvenes (18 a 24 años) que son “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 13,8% en la UE.

Así que debemos estar preocupados por la calidad de la enseñanza no universitaria en España, fruto de la tensión educativa y la falta de medios en determinadas regiones y centros, con un alto porcentaje de alumnos que necesitan “refuerzo” y no lo tienen. Por un lado, mejorar la enseñanza exige más medios y más gasto, ya que España sigue gastando menos en educación que la mayoría de Europa: 10.181 dólares por alumno en Primaria, frente a 11.478 dólares en la UE-25 y 11.902 dólares en la OCDE. Y 12.541 dólares por alumno en Secundaria, frente a 13.225 dólares en la UE y 13.324 en la OCDE, según el reciente informe de la OCDE. Y ese mayor gasto evitaría que una parte del gasto educativo recaiga sobre las familias: los padres españoles financian entre el 9% (Secundaria), el 11,6% (Primaria)  y el 12% (infantil) de la educación no universitaria de sus hijos, el doble que los padres europeos (financian el 4,4% en Primaria, el 5,4% en Secundaria y el 10,4% en infantil).

No basta con gastar más para mejorar la calidad de la enseñanza. Hay que gastar mejor y de forma desigual, poniendo más recursos en los centros y estudios más tensionados, en la regiones donde más crecen los alumnos y necesidades. Pero no se hace así. Existe un Plan PROA+ para refuerzo de los alumnos con problemas, para desdoblar aulas y profesores, pero en muchos Colegios e institutos es insuficiente, sobre todo en los centros públicos. Y además, hay una tremenda desigualdad en el gasto educativo por autonomías, con el agravante que algunas de las más tensionadas son las que gastan menos. Así, en 2023, Madrid fue la región que gastó menos en educación por habitante (858,64 euros), seguida de Asturias (988), Aragón (1.020), Canarias (1.026 euros), Baleares y Galicia  (1.031), Cataluña y Castilla la Mancha (1043), mientras que las que más gastan en educación son País Vasco (1.522 euros, casi el doble que Madrid), Navarra (1.398), Extremadura (1.241) y Comunidad Valenciana (1.220 euros), según este estudio de los Directores sociales.

En resumen, los niños y jóvenes han iniciado otro Curso escolar donde nos jugamos avanzar en la calidad de su enseñanza y resolver las graves desigualdades educativas que se dan en España, según en qué centro y en qué ciudad se estudie. No basta con mejorar la enseñanza en general: hay que mirar dónde están los “puntos negros” y reforzar alumnos, centros y enseñanzas, con más recursos, más medios y otra educación. Nos jugamos el futuro.

Coronavirus trastoca desigualmente curso escolar

Casi 10 millones de niños y jóvenes no van al colegio, Instituto o Universidad desde el 11 de marzo, tratando de seguir online la enseñanza en su casa. Y todo apunta a que no volverán a clase hasta septiembre. Por eso, les preocupa cómo van a evaluarlos. El Ministerio propuso a las autonomías que fueran flexibles y que sólo se repita curso en casos excepcionales, porque muchos alumnos tienen problemas para seguir las enseñanzas online. Pero 4 autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León) se han negado y aplicarán la LOMCE: con más de 2 suspensos se repite curso. También el País Vasco evaluará por su cuenta. Esta disparidad de criterios va a perjudicar a muchos alumnos y agravará la tremenda desigualdad educativa que ya existe por autonomías. Además, si son incapaces de pactar una evaluación en condiciones excepcionales, ¿van a lograr pactar una Ley educativa el próximo curso? La politización de la educación perjudica a los estudiantes y al país. 

A partir de una imagen de la película El globo rojo enrique ortega

Los niños y jóvenes de infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (8.237.006) y los universitarios (1,6 millones) llevan sin ir a clase desde el 11 de marzo, siguiendo como pueden sus programas educativos a través de Internet. Este “confinamiento educativo” va a deteriorar seriamente los resultados de este curso escolar, porque la enseñanza online es muy desigual y menos efectiva que la presencial. De hecho, con el confinamiento, los alumnos perderán un 11% de lo que se aprende en un curso escolar “normal”, según el estudio “Efectos de la crisis del coronavirus en la Educación”, elaborado por Ismael Sanz y publicado por la Organización Educativa Iberoamericana (OEI).


Pero este dato es una aproximación media, ya que el “confinamiento educativo” afecta de una manera muy desigual, según las familias, las regiones y los centros. En cuanto a los alumnos, un 10% (1 millón) están “tecnológicamente desconectados”, o bien porque viven en zonas donde la conexión a Internet es muy deficiente (zonas rurales y la España “vaciada”) o porque no tienen acceso a Internet o no tienen ordenador o tienen que compartir los que hay en casa con otros hermanos y con los padres que “teletrabajan”. Y además, no es lo mismo tener unos padres que te pueden ayudar, por su medio o alto nivel educativo, o que no, sin olvidar la ventaja (o desventaja) de tener o no hermanos que también ayudan. Aunque el Ministerio de Educación ha repartido 20.000 tarjetas SIM para conectar a alumnos y varias autonomías han repartido además tablets y ordenadores, hay muchas zonas donde Correos y hasta la Guardia Civil han tenido que colaborar llevando deberes en papel a los niños confinados.


La segunda desigualdad es regional. Sólo un 52% de los centros escolares tienen una plataforma educativa adaptada a Internet, según este estudio de la Fundación COTEC, pero la situación en muy desigual por autonomías: tienen el 71% de los centros adaptados en Castilla y León, el 63% en Cataluña y País Vasco, el 51% en Madrid y sólo el 40% de los centros en Extremadura y el 35% en Aragón. Además, hay una tercera desigualdad tecnológica según el tipo de colegio: el 71,4% de los privados tienen una plataforma educativa en Internet eficaz, frente a un 55% los concertados y sólo un 48,8% los centros públicos, según la Fundación COTEC . Y la misma desigualdad se produce en el manejo de las herramientas online por los profesores (75,5% en los centros privados, 69% entre  docentes de centros concertados y sólo un 45,5% de profesores en centros públicos). En definitiva, los más perjudicados por el “confinamiento educativo” son los centros públicos, colegios e Institutos, no sólo porque tienen menos medios informáticos y menos docentes digitalmente formados sino, sobre todo, porque acogen a un mayor porcentaje de alumnos desfavorecidos, que son los que sufren más la “brecha digital”. 


Toda esta situación, excepcional y muy desigual, es la que ha llevado al Ministerio de Educación a proponer a las autonomías (que gestionan la educación) un método también excepcional para evaluar a los alumnos este curso: que los alumnos pasen de curso, salvo casos excepcionales, y si tienen carencias las recuperen el curso próximo. Y en todo caso, que sean los centros y sus equipos docentes los que tengan autonomía para evaluar, en base a las notas anteriores al confinamiento y el trabajo online realizado estas semanas. Tras la reunión con las autonomías, el miércoles 15 de abril, parecía que había acuerdo. Pero cuatro autonomías gobernadas por el PP se descolgaron: Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia mostraron su desacuerdo a lo que calificaban de “aprobado general”, lo mismo que el País Vasco, las 5 autonomías que seguirán sus propios criterios de evaluación, según se refleja en la orden publicada por Sanidad (por el estado de alarma) este viernes 24 de abril. Incluso Cataluña seguirá la recomendación del Ministerio de Educación.


Habrá que ver cuáles son estos criterios, pero el consejero de Educación de Madrid ya ha dicho que harán lo que dice la LOMCE (la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP en 2013): sólo sacarán el título de Bachiller y pasarán a la Selectividad los estudiantes de 2º que tengan todo aprobado, sólo pasarán de 1º a 2º de Bachillerato los que tengan un máximo de 2 suspensos y en ESO y Primaria sólo se pasará de curso con 2 suspensas (o excepcionalmente con 3, si no son Lengua o Matemáticas). Y en las instrucciones enviadas a los Centros madrileños este martes, recalcan que el tercer trimestre no podrá servir para recuperar los dos anteriores en caso de estar suspensos. Vamos, como si no pasara nada y los alumnos no llevarán semanas confinados en casa. Su argumento es que “defienden la exigencia y premian el esfuerzo”, aunque en realidad es más por una cuestión ideológica: los conservadores siempre han defendido la “meritocracia” y la promoción de los mejores, la estrategia de “la repetición como castigo”, que, según muchos expertos, no ayuda a los repetidores y hunde más a los que tienen problemas, promoviendo el abandono escolar.


En la Universidad, la evaluación tendrá menos controversia, básicamente porque el Ministerio de Universidades deja autonomía a los Campus para que decidan cómo serán las pruebas de evaluación, seguramente online, ya que el ministro no cree que se puedan reabrirse las aulas este curso. Las notas finales tendrán que ver con las notas de los dos primeros trimestres más el trabajo online de estas semanas, donde ya se han realizado preguntas tipo test, exámenes orales, videoconferencias y trabajos. Eso sí, 36.000 universitarios (el 3%) tienen problemas tecnológicos para seguir las clases o examinarse online, según los rectores.  Ahora, todas las Universidades ultiman plataformas para hacer exámenes online en mayo y junio, asegurando la identidad de los alumnos y que en las respuestas no se copian ni hay ayuda externa. El riesgo que temen algunas es que los sistemas informáticos se saturen. Y en el caso de las pruebas de Selectividad (EBAU), se han fijado nuevas fechas para exámenes presenciales, del 22 de junio al 10 de julio, que muy probablemente no se podrán realizar. Eso obligaría a un “Plan B”: o exámenes online o dejar la EBAU para septiembre.


Precisamente, la otra gran preocupación de los 10 millones de estudiantes y sus familias es cuándo van a volver a clase, si regresarán unos días en mayo y junio o no. Todo indica que los estudiantes no volverán a las aulas hasta septiembre, que es la propuesta que han hecho al Gobierno 8 asesores de la Asociación Española de Pediatría. Y eso porque, aunque se pueda salir a la calle a finales de mayo o junio, “los colegios no están preparados para reanudar las clases con garantías sanitarias”: separación entre alumnos, no contacto, mascarillas, flexibilización de horarios… Algo que chocaría con lo que están haciendo algunos paises europeos menos afectados por el coronavirus: en Dinamarca han vuelto a clase el 15 de abril, en Alemania vuelven a clase el 4 de mayo, en Francia y Holanda el 11 de mayo. Pero en Italia no hay tampoco fecha de vuelta a clase y en Wuhan no han vuelto todavía.  


Si no se vuelve a clase en mayo o junio, la clave será reforzar mucho más el próximo curso escolar 2020-21, que podría empezar también con "clases online", según ha anticipado hoy el ministro de Universidades, Manuel Castell. Quizás haya que empezarlo antes y seguro que habrá que incluir materias no dadas en este curso y ayudar a los alumnos que se hayan quedado atrás por el confinamiento educativo. Eso exigirá una programación más personalizada y sobre todo, contar con más profesores de refuerzo. Para ello, el Ministerio de Educación prevé retomar el próximo curso escolar el Programa PROA, un Plan de refuerzo escolar en Primaria y Secundaria, que estuvo en vigor de 2005 a 2012, cofinanciado por el Gobierno central y las autonomías (500 millones) y que los recortes de Rajoy se llevaron por delante. Y también será importante cambiar el sistema de becas, para aumentar su número y cuantía, beneficiando ya el próximo curso a esos millones de familias que sufren la emergencia económica del coronavirus. Además, el ministro Castell ha prometido acordar con las autonomías la bajada de las tasas universitarias el próximo curso.   


Mientras se decide si reabren o no los colegios y cómo será el próximo curso, el hecho ahora es que la división política entre las autonomías provoca un efecto muy desigual del vigente “confinamiento escolar” para los alumnos no universitarios: en casi media España (las 5 autonomías “díscolas” suman el 46,3% del alumnado no universitario) tendrán una evaluación “más exigente” y en algo más de media España les harán una evaluación “más flexible”.  Confiemos en que la "sensatez educativa" de centros y profesores eviten en lo posible esa discriminación regional. Porque si no, esas divergencias "políticas" a la hora de evaluar, además de perjudicar a millones de alumnos (sobre todo a los que han tenido más problemas para seguir el curso online), van a agravar la brecha educativa en España, las diferencias educativas entre autonomías, que ya eran muy importantes antes del coronavirus. 


Haya o no más repetidores por el coronavirus, lo esencial es que España ya es hoy un país líder en alumnos repetidores, según el último Informe PISA 2018: un 28,7% de los alumnos de 15 años han repetido curso, frente al 13% que repiten en la UE-28 y un 11,4% en la OCDE, siendo el tercer país de Europa con más repetidores, tras Luxemburgo (32,2%) y Bélgica (30,8%) y muy lejos del 3,3% de repetidores en Finlandia. Y eso se debe a que en otros paises la enseñanza es diferente, menos memorística y da menos peso a los exámenes y más a la evaluación continua de los alumnos. Pero, además, hay grandes diferencias de repetidores porautonomías. Hay 13 regiones con más repetidores que la media, encabezadas por Ceuta (49,1% alumnos 15 años han repetido curso), Melilla (45,6%), Canarias (35,6%), Extremadura (34,7%), Murcia (34,6%), Castilla la Mancha y La Rioja (34,1%), Andalucía (33,3%), Comunidad Valenciana (32,2), Baleares (31,7%), Aragón (30,4%), Madrid (29,9%) y Castilla y León (29,5%). Y otras 6 autonomías con menos repetidores: Cataluña (15,1%), País Vasco (20%), Navarra (23,9%), Asturias (26,7%), Cantabria (26,9%) y Galicia (27,5%). 


Ahora, con la diferente evaluación este curso, las diferencias regionales en repetidores aumentarán. Sobre todo porque el Informe PISA revela que hay una relación directa entre pobreza y alumnos repetidores: en España, los alumnos pobres repiten curso 4 veces más que las familias con más recursos, siendo el 2º país europeo (tras Eslovaquia) donde más incide la pobreza en los repetidores. Y otro factor que incide en los resultados académicos, en las pruebas de ciencias, matemáticas y lectura que analiza el informe PISA es el índice socioeconómico y cultural de los alumnos: en España, más del 12% del rendimiento en matemáticas, por ejemplo, se debe al nivel económico de las familias, mientras en toda la OCDE sólo afecta al 3% del rendimiento y en Europa al 4%. Ahora, dado que el coronavirus ha deteriorado mucho el nivel de vida y empleo de los más vulnerables, es de esperar que también afecte más negativamente al nivel educativo de sus hijos.


Así que, con el coronavirus y la diferente evaluación por regiones, tendremos un nivel más desigual de repetidores y de abandono escolar, que no sólo es más elevado en España (somos líderes, con el 17,9% de jóvenes de 18 a 24 años que han abandonado sus estudios al final de la ESO y no completan el Bachillerato o la FP, frente al 10,8% de media en la UE-28, el 8,9% de Francia, el 10,3% de Alemania, el 10,7% de reino Unido o el 8,3% de Finlandia, según Eurostat) sino que también está desigualmente repartido por autonomías: hay regiones que superan o rozan el 25% (como Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía o Murcia) y regiones donde apenas existe, como País Vasco (7% de abandono escolar temprano), Cantabria (8,9%), Navarra (11,3%) o la Rioja (12,9%).


Al final, el coronavirus y el “confinamiento educativo” van a dañar a todos los estudiantes españoles, pero todo apunta a que lo harán de forma muy desigual, afectado más a los jóvenes de familias con menos recursos que vivan en zonas rurales y estudien en centros públicos. Eso va a agravar aún más las desigualdades educativas en España, ya muy preocupantes antes de la pandemia. Se ve en el último informe PISA 2018, donde los alumnos de Ceuta sacan una nota en matemáticas (411 puntos) que indica que están 3 cursos por detrás de los de Navarra (503 puntos). Y Andalucía, más de 1 curso por detrás. En ciencias, los alumnos de Ceuta (415 puntos) están también 3 cursos por detrás de Galicia (510 puntos). Y Canarias o Andalucía, más de un curso por detrás. Y también hay grandes diferencias por autonomías en niveles de formación, en empleo y paro juvenil. 


Una parte de estas diferencias educativas por autonomías se debe a que gastan de forma desigual en la enseñanza, además de que España gaste también menos que Europa (el 4% del PIB frente al 5% de la UE-28, unos 11.200 millones menos anuales). Así, Madrid (la autonomía que más empeora en el último informe PISA) es la autonomía que menos invierte por cada escolar (3.945 euros), un 60% menos que el País Vasco, la que más invierte en Educación (6.502 euros). Pero el gasto no es todo, como revela que Galicia o Castilla y León gasten menos y tengan buenos resultados en el informe PISA. Eso exige pensar en otras razones, como el tipo de enseñanza que se da. Y muchos expertos coinciden en que hay que cambiar el modelo de enseñanza en España, buscando centrarse menos en la educación “memorística” y más en desarrollar la capacidad crítica, las habilidades y el trabajo en equipo. "Los docentes deberán cambiar su forma de enseñar en septiembre", ha advertido el director de Educación de la OCDE.


Por todo esto, urge aprobar una nueva Ley de Educación. El Gobierno aprobó el 3 de marzo un proyecto de Ley Orgánica que debía pactarse este año, aunque ahora se retrasará, al menos hasta dentro de dos cursos escolares. Pero si los partidos no son capaces de acordar siquiera cómo evaluar a los alumnos en una pandemia, no parece posible que vayan a pactar una nueva Ley educativa, la 8ª de la democracia. Y hay otra reflexión, a la vista de la actitud educativa de las autonomías en esta pandemia, cada una a su aire (como en la emergencia sanitaria): pensemos si la educación debería ser (como la sanidad) una competencia estatal, unificada en toda España, para reducir las actuales diferencias entre niños y jóvenes, cuya formación no debería depender de dónde vivan, como pasa ahora. Ahí lo dejo.

¿Para qué estudian los universitarios?

Casi millón y medio de universitarios han  vuelto a clase con la duda de todos los años: ¿me servirá de algo estudiar una carrera? Saben que hay muchos universitarios en paro (un 10,7%, el doble que en Europa) y que un tercio trabajan en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron. Es el doble fracaso de una Universidad que lleva ya 7 cursos ya perdiendo alumnos (sobre todo la pública), que investiga mucho menos y que pierde peso internacional, todo agravado por años de recortes donde han perdido 10.000 millones de Presupuesto y 4.730 docentes, con unas plantillas envejecidas (50 años de media) y precarias (42% con contrato temporal). Urge pactar una nueva Ley Universitaria que asegure más dinero para la Universidad y plantillas menos precarias, más becas, reordene la oferta (exceso de grados y Másteres), fomente la investigación, internacionalice los estudios y  logre una mayor conexión con las empresas que contratan, para que los jóvenes estudien profesiones con futuro. Conseguir estudiar para trabajar.

enrique ortega

El primer gran reto de la Universidad española es ser útil, conseguir que su formación le sirva al alumno para trabajar en el futuro. Así había sido hasta el inicio de esta crisis, en 2007, cuando el paro de los universitarios en España era sólo el 5,31%, según la EPA. Pero luego se disparó, como el del resto de españoles, hasta el 14,48% en junio de 2014. Y ahora ha caído y está en el 8,67%, que es casi la mitad del paro global en España (15,28%). Pero esa es la media, la tasa de paro es mucho mayor entre los universitarios jóvenes: el 25,01% de paro entre 16 y 19 años, el 18,72% entre 20 y 25 años y el 14,90% entre 25 y 29 años. Y todavía, el paro entre los universitarios jóvenes españoles duplica la media europea: un 10,7% entre licenciados menores de 39 años frente al 5,1% de paro en Europa (UE-28), el 2,8% en Reino Unido, el 3,2% en Alemania o el 6% de Francia, según Eurostat.

¿Qué carreras tienen más paro? El INE (Estadística) lo publica periódicamente, en la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios (la  última de 2014, publicada en diciembre de 2015). Ahí se ve que hay universitarios que no tienen casi paro: ingenieros en automática y electrónica industrial (0% de paro), médicos (0,6%), ingenieros electrónicos (1,4%), ingenieros aeronáuticos (2,8%), ingenieros informáticos (3,8%), licenciados en investigación y técnicas de mercado (4,4%), ingenieros de telecomunicación (5%) o fisioterapeutas (5,2%). Otros con poco paro, como farmacéuticos (6,3%), ópticos (6,9) o podólogos (10,8%), enfermería (8,1%), ingenieros técnicos en informática (8,9%)  o estadísticos (9,2%). Y hay carreras con un paro disparado: Filología francesa (45,4%) o árabe (44,5%), diplomado en Navegación Marítima (42,3%), Ciencias del Mar (41,5%), Bellas Artes o Historia del Arte (36,3%). Y universitarios con paro elevado: licenciado en Historia (38,1%), Minas (38,5%), Geología (36,2%), Biología (31,3%) o Filosofía (28,6%).

Al final, los universitarios que consiguen trabajar son menos que en Europa: trabajan el 77.3% de los universitarios menores de 39 años, una de las tasas más bajas de la UE-28, donde trabajan el 81% de los universitarios y hasta el 87% en Alemania y Reino Unido, según Eurostat. Pero el problema no es sólo encontrar trabajo sino que tenga que ver con lo que se ha estudiado. Y aquí España tiene un grave problema: somos el país europeo con más porcentaje de universitarios sobrecualificados, que trabajan en tareas que exigen menos formación de la que tienen: son el 37,1% de los graduados empleados, frente al 23,2% de media en Europa y muy por delante de Reino Unido (25,9% de empleados sobrecualificados), Francia (22,6%), Italia (20,6%), Alemania (19,5%) o Portugal (14,4%), según los datos para 2017 de un reciente estudio de la Fundación CYD. Y el problema ha ido a más, porque antes de la crisis, en 2007, los graduados empleados sobrecualificados eran el 34,9%.

La causa principal de que muchos universitarios acaben sirviendo hamburguesas o de cajera de supermercado está en que la economía española crea menos empleos cualificados que otras grandes economías europeas, porque aquí tienen menos peso la industria y los sectores de alto valor añadido y más los servicios (turismo y comercio) y la construcción. Y tenemos una economía menos eficiente y productiva, que también crea menos empleo. Pero además, hay un factor educativo: lo que se estudia en la Universidad tiene poco que ver con lo que demandan las empresas. Y esto agrava el problema, provocando que muchos universitarios acaben en paro o trabajen de cualquier cosa, con empleos y sueldos precarios. Así, el 20,2% de los universitarios españoles tienen contratos temporales frente a sólo el 10,5% de media en Europa. Y el 26,8% de los universitarios que cuentan con un título de máster y llevan trabajando entre dos y tres años perciben un salario que no sobrepasa los 1.000 euros al mes, un 8,8 % cobra menos de 600 euros y un 61% no supera los 1.600 euros. En consecuencia, más de 1 millón de universitarios españoles están en riesgo de pobreza, según un reciente informe de la Red Europea contra la pobreza (EAPN).

Todo esto tiene mucho que ver con lo que estudiaron. Porque todavía son pocos los estudiantes españoles matriculados en carreras de áreas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las que tienen mejores perspectivas de empleo, según todos los expertos (y los datos de paro por carreras del INE). En España, las carreras punteras son Salud y Educación y somos el 8º país europeo con menos matriculados en licenciaturas STEM: sólo un 23,7% de los matriculados en 2016-17, frente al 28,5% de media en la UE, el 37,6% en Alemania o el 30,6% en Reino Unido, según el estudio de la Fundación CYD. Y esto viene de lejos, de las últimas décadas en que no se han promocionado las carreras técnicas. El resultado está ahí: la proporción de graduados STEM entre los jóvenes españoles (20 a 34 años) es de 9 por 1.000, frente a los 11,3 por 1.000 de los grandes paises europeas y de los 14 por 1.000 de los paises más dinámicos, como Eslovenia, Irlanda, Dinamarca o Finlandia.

Así que ya sabemos por qué tenemos más universitarios en paro o subempleados: porque no estudian carreras con futuro (mejor, con presente). Este es el gran reto de la Universidad española: adecuar lo que se estudia a lo que demandan las empresas. Pero hay más. El segundo gran reto es recuperar los alumnos perdidos. Este curso 2018-2019 estarán estudiando en las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas) alrededor de 1.450.000 alumnos de Grado y Máster, siendo el 7º curso consecutivo en que se pierden alumnos. Y eso, porque desde el curso 2012-2013 han bajado los alumnos de Grado (licenciaturas): eran 185.612 menos el curso 2017-2018 (1.284.041) que en 2011-2012(1.469.653). En cambio, han subido los alumnos de Máster (son +77.082), desde los 113.061 en 2011-2012 a 190.143 el curso pasado. Y se espera que superen los 200.000 este curso. Esta pérdida de alumnos se ha dado sobre todo en las Universidades públicas, mientras han crecido en las Universidades privadas  (donde se matriculan un 14,3% de los estudiantes de Grado y el 34,3% de los Másteres) y en las Universidades a distancia (5% de Grados y 13% Másteres).

Una parte de esta pérdida de alumnos universitarios se debe a la demografía, a que hay menos jóvenes de 18 a 21 años: en enero de 2018 había 458.008 jóvenes menos (1.780.923) que en enero de 2002 y 152.351 menos que en enero de 2010. Otro factor es que, con la crisis, muchos jóvenes se han ido a estudiar Formación Profesional de grado superior en vez de matricularse en la Universidad, pensando que así tenían “más salidas”. De hecho, la FP Superior ha pasado de 212.802 alumnos en 2006-2007 a 333.079 en 2016-2017. Y un tercer factor que explicaría la pérdida de alumnos: la subida de matriculas y estudios universitarios desde 2012-2013, con tasas que han subido hasta un 60%.

De hecho, otro grave problema de la Universidad española es que, además de poco útil para trabajar, es muy cara, con grandes diferencias entre Universidades y regiones. Así, el coste de un crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83 euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la privada, según un estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades públicas, las diferencias son abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito, 2.014 un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León (24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de 12,57 a 13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).

Con estos precios, la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises (entre ellos Alemania, Austria, Finlandia o Suecia) donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede estudiar una carrera y completarla con un Máster, según un estudio de CCOO de 2016. En el extremo opuesto, hay 4 paises donde estudiar un Grado es más caro que en España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania (con más de 2.000 euros de coste anual. Al final, el estudio revela que de los 37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado (1.100 euros de media) y un Máster (2.200 euros de media). Y el 6º más caro tomando sólo la UE-28.

Y estos precios altos se agravan porque España tiene menos becas universitarias. Ocupa  el puesto 14 entre los 37 paises analizados en el porcentaje de universitarios con beca: un 23% frente a un 33% que reciben ayudas en Francia, Reino Unido y varios paises más, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (de 37) por el importe medio de las becas, más bajo que en la mayoría de Europa. Y todo esto se debe a que España invierte en becas universitarias un tercio menos que la media de la OCDE, según denunció el presidente de la Conferencia de Rectores. Y además, el sistema de concesión es muy deficiente, por lo que se quiere cambiar: ahora, se solicitan de agosto a octubre pero se conceden con el curso en marcha y una parte variable al final del curso. Y su cuantía es muy desigual por autonomías (más bajas en Madrid o Cataluña, donde estudiar es más caro).

El tercer gran reto de la Universidad española, además de dar trabajo y recuperar alumnos, es cumplir con su vertiente investigadora, ser “un templo para la Ciencia”, una función que se ha perdido en parte por los recortes. El gasto público en investigación (Administración más Universidad) ha caído del 48,3% del total en 2010 (el resto es investigación privada) al 46,1% en 2016. Y con ello, el peso del gasto en Ciencia de la Universidad española es sólo del 0,33% del PIB, frente al 0,44% que supone en Europa (UE28) o el 0,87% en Suecia. La Universidad española ha perdido estos años financiación, proyectos e  investigadores (-9,7%) y eso se ha traducido en una menor producción científica y en menos patentes y “spin-off” de nuestras Universidades, según refleja el estudio de la Fundación CYD.

El cuarto gran reto de nuestra Universidad es tener una mayor presencia internacional, para captar más alumnos extranjeros y más financiación de empresas e instituciones internacionales (sobre todo de la UE). Actualmente, las Universidades españolas no figuran en cabeza de los tres grandes rankings internacionales: sólo hay una (Universidad de Barcelona, puesto 151) entre las 200 mejores universidades del ranking de Shanghái (ARWU), 5 Universidades (puesto 135 la Pompeu Fabra y 145 la Autónoma de Madrid) entre las 400 mejores del ranking The Times Higher y 25 Universidades españolas (puesto 159 la Autónoma de Madrid y 193 la Autónoma de Barcelona) entre las 1.000 mejores del ranking QS Word. Mucho se debe a la menor producción científica e investigadora, pero también a la necesidad de aumentar Grados y Másteres en idiomas extranjeros y con profesores foráneos.

Estos cuatro grandes retos (enseñar para trabajar, carreras asequibles, más investigación y más internacionalización) exigen una Universidad española con más financiación. De hecho, aunque las autonomías han mejorado sus aportaciones en 2016, 2017 y 2018, todavía el gasto público universitario para 2018  (10.203 millones) es inferior al de 2009 (10.780 millones). Y los recortes hechos, sobre todo entre 2012 y 2015, han supuesto que las Universidades hayan perdido 10.186 millones entre 2009 y 2018. Esto se ha traducido en menos gastos, nulas inversiones, menos investigación y menos personal: se han perdido 4.730 docentes entre 2010 y 2016 (un 4%), según los Rectores (CRUE). Y lo peor es la precarización de las plantillas: el 42% del personal docente e investigador de la Universidad pública española tiene un contrato temporal. Y como no se han renovado plantillas, la edad media son 50 años y la mitad de los catedráticos tienen más de 60 años. Además existe una elevada (y perniciosa) endogamia: el 73,4% de los docentes de las Universidades públicas trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis, según la Fundación CYD.

Reformar la Universidad pasa, necesariamente, por dotarla de más recursos públicos, para acercarnos a niveles europeos. El gasto por alumno universitario en España era de 12.489 dólares en 2014 (última estadística de la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares de media que gastaban los 35 paises de la OCDE. Y ese gasto español es aún menor que el de EEUU (29.328 dólares por universitario), Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072), Alemania (17.180) o Francia (16.422) y sólo superior al de Portugal (11.813 dólares/universitario) o Italia (11.510). Y si tomamos el esfuerzo económico que se dedica a la Universidad, en España se aporta el 1,3% del PIB, inferior al 1,4% que se aporta en la UE-22 o al 1,6% que aportan los paises OCDE. Si quisiéramos aproximarnos, España debería gastar entre 1.200 y 2.400 millones más cada año en financiar la Universidad, unos 12.000 millones entre el Presupuesto y las autonomías.

Pero la Universidad no sólo necesita más dinero. Hay que emprender otras reformas, la principal ajustar la oferta de títulos (excesiva: 2.854 grados. 3.540 másteres y 1.120 doctorados) a lo que demandan realmente las empresas, orientando mejor a los alumnos que terminan el bachillerato. Esto pasa por una mayor participación de las empresas en la Universidad, una evaluación constante de la formación y fomentar las prácticas en las empresas en los últimos cursos, evitando los abusos actuales. Y reformar a fondo la gestión de la investigación universitaria, eliminando rigideces y aumentando la participación privada. Y volcarse en la internacionalización, captando más alumnos y profesores extranjeros.

Todo ello exige un Pacto político educativo, para garantizar una financiación estable, y un nuevo marco legal, con una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la de 2001. Los rectores de las Universidades ya la han pedido (junto a más autonomía)  y el ministro Pedro Duque promete una Ley para antes del final de Legislatura. Pero si la presenta, será difícil que salga adelante y menos si se adelantan las elecciones a 2019. Así que los grandes problemas de la Universidad tendrán que esperar dos cursos más, por lo menos. Y mientras, nuestros jóvenes seguirán estudiando con la amenaza del paro y el subempleo. Así es difícil ilusionarles.

Informe PISA: la desigualdad educativa empieza en casa

Vuelta a clase, a proseguir el cuarto curso de los recortes, con menos profesores, menos medios y menos becas y ayudas. Y a la espera de concretar con las autonomías la nueva Ley educativa, que entrará en vigor en septiembre de 2014. Todo ello, teniendo muy reciente el último Informe PISA, que sitúa a España en un nivel educativo similar al de 2003, aunque en línea con  Europa. Preocupa que haya más desigualdad educativa, sobre todo entre las autonomías. Y no se debe tanto a que los jóvenes estudien en un centro u otro como a su origen social, al nivel de vida y educación de su familia y a la región donde viven: las más pobres dan peores resultados educativos. Y con la crisis y los recortes, ha aumentado la brecha económica y educativa entre el norte y sur de España. Ojo: la desigualdad económica (entre familias y regiones) se traduce en desigualdad educativa. Educarse empieza en casa.

Del perfil de Facebook de Literatura Infantil y Juvenil SM

El informe PISA, que la OCDE realiza cada tres años en 65 países, no es un examen de los conocimientos de los jóvenes de 15 años (4º de la ESO) sino sobre cómo saben usar esos conocimientos, la destreza que demuestran. Los resultados de España son polémicos: para unos, son muy malos, porque estamos por debajo de la OCDE en Matemáticas (484 puntos frente a 494), Lectura (488 frente a 496) y Ciencias (496 frente a 501). Para otros, estamos muy cerca de la media europea (489 en Matemáticas y Lectura y 497 en Ciencias) y hemos mejorado respecto al informe 2009, sobre todo en Ciencias. Pero hay un hecho claro: tenemos casi la misma nota que en el primer Informe de 2003 (incluso un punto menos en Matemáticas) mientras España ha aumentado su presupuesto en educación en estos diez años (del 4,4 al 4,8% PIB), sin que mejoren los resultados PISA.

El otro tema preocupante que refleja el informe PISA es que España tiene un menor porcentaje de alumnos excelentes: sólo un 8% de jóvenes españoles están entre los que destacan frente al 12% en la OCDE. Tenemos los mismos en los niveles de notas bajas (23%) y muchos más estudiantes “medianillos” (69%). Y nos baja mucho la nota el tener muchos más repetidores (1 de cada 3 estudiantes repiten curso en España): tienen 150 puntos menos de media que el resto de alumnos evaluados.

España, hasta 2009, daba un buen resultado en el informe PISA sobre equidad: teníamos una educación bastante igualitaria, al nivel de los países nórdicos. Pero con la crisis y los recortes, nuestra educación se ha hecho más desigual: los hijos de familias con mayores ingresos superan (PISA 2012) a los de niveles más bajos en 34 puntos (en Matemáticas), ya muy cerca del nivel de desigualdad de la OCDE (39 puntos de diferencia). Y lo peor, según el último informe: más del  85% de las diferencias en el rendimiento en Matemáticas de los alumnos españoles “es atribuible a diferencias socioeconómicas”, frente al 47% en Italia, el 16% en Canadá o el 26% en Australia. O sea: dime el nivel de ingresos de tu familia y te diré cómo son tus notas. En general, con excepciones que confirman la regla.

Esta desigualdad  no se debe sólo al nivel de ingresos familiar, sino a otros factores que suelen ir unidos, como el nivel educativo de los padres, donde España tiene un gran retraso: sólo el 40% de los españoles entre 25 y 64 años tienen educación secundaria no obligatoria frente a un 62% de media en la OCDE. Y eso tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, que el alumno tenga en casa menos de 10 libros o más de 200 explica una diferencia de nota de 124 puntos (PISA). Y lo mismo, disponer de mayores recursos para ir a guarderías (obtienen después mejores notas), tener clases particulares o más o menos refuerzo en casa. El informe PISA refleja también que los hijos de inmigrantes (que se han triplicado en los colegios españoles, hasta el 9% de los alumnos) han obtenido 150 puntos menos, de media.

Diferencias educativas según clase social y diferencias aún mayores entre autonomías, en perjuicio de las más pobres, del sur de España. Así, obtienen una nota por debajo de la media de España en el informe PISA 2012 (como en los anteriores) Extremadura (461 puntos en Matemáticas frente a 484 España), Murcia (462) y Andalucía (472), las tres con la menor renta per cápita de España, más Baleares (475 puntos, quizás por el peso del turismo, que fomenta el abandono escolar). Y sacan nota por encima de la media (y de la OCDE), Navarra (517 puntos en Matemáticas), País Vasco (505), Madrid (504), La Rioja (503) y Aragón (496), las cinco regiones con más renta per cápita junto a Cataluña (que saca peor nota por el tema de la lengua y la elevada inmigración). También Castilla y León (509 puntos), como fruto de sus planes de refuerzo, y Asturias (500 puntos).

La crisis económica y los recortes han agravado la brecha económica entre las autonomías, con mayores diferencias entre el sur, que cae más, y el norte: en 2012, las autonomías que más cayeron, según el INE fueron Castilla la Mancha (-3,1%, que no se incluyó en el informe PISA 2012), Extremadura (-2,8%), Andalucía y Asturias (-2,1%) y Murcia (-2%), otra vez las tres autonomías que sacan peor nota en el informe PISA. Una brecha escolar entre autonomías que será difícil de corregir en el futuro, aunque mucho pueden paliar sus políticas educativas (Andalucía ha mejorado más que la OCDE en el informe PISA 2012).

¿Qué se puede hacer para mejorar la nota PISA? El ministro Wert insiste en que los países que tienen mejores resultados son los que dan más autonomía a los centros educativos y los que hacen más evaluaciones externas, dos pilares de la nueva Ley de Educación (LOMCE). Pero los expertos dicen que esta Ley Wert y los recortes (que seguirán en 2014-2015), empeorarán las cosas. Primero, porque es falso que la Ley Wert dé más autonomía a los centros: quita poder a los Consejos escolares y refuerza a los directores nombrados por la Administración y no por sus compañeros. Además, refuerza el centralismo, ya que los temarios de las asignaturas importantes los fija el Ministerio. Y segundo, porque los recortes   (-7.300 millones entre 2010 y 2014) devalúan la  calidad de la enseñanza. Por un lado, porque han suprimido 21.800 profesores entre 2010 y 2013, además de reducir un 80% los cursos de formación del profesorado (los CAP y los CEP). Por otro, porque se ha reducido drásticamente la educación compensatoria (Plan PROA), las clases de refuerzo (-68%), claves para mejorar la nota de los rezagados. Y en tercer lugar, por la pérdida de becas (-600.000 sobre 2010) y ayudas a las familias (-1,1 millones menos de becas para libros, -30/-50% ayudas de comedor, becas transporte), claves para compensar el efecto de la desigualdad económica sobre la enseñanza.

Mejorar la educación no es sólo cuestión de dinero, de gastar más, aunque los recortes son claramente un suicidio. Hay que poner el foco en otros temas, a la vista del informe PISA. Primero, en los profesores: los países que  triunfan en educación  dan prioridad al profesorado, desde la selección (rigurosa) a la formación (aquí se recorta), los incentivos económicos por resultados y configurar una carrera profesional, más un mayor prestigio social. Segundo, dan mucha importancia a la autonomía real de los centros, para que configuren una educación  innovadora, más práctica (y menos “de memoria”, como en España). Y tercero, dan mucha importancia al papel de las familias y a una mayor responsabilidad de los alumnos: en Asia, que tiene cuatro países con las mejores notas en PISA (China, Singapur, Corea y Japón), los jóvenes estudian hasta 14 horas diarias y sus padres les exigen mucho y dan prioridad a invertir en su educación sobre otros gastos.  Y en todos los países líderes, la educación es un gran objetivo nacional, al margen de recortes y peleas políticas.

Son varios caminos sobre los que se podría ir avanzando en el terreno educativo, desde los colegios y sus profesores a las familias y los alumnos, siempre que haya un pacto político y social en favor de la educación, la clave de nuestro futuro. Pero sabiendo que si no reducimos la pobreza y la desigualdad, habrá dos Españas también en educación. Porque mucha de la nota que saquen nuestros hijos empieza en casa.