Los Fondos europeos, en marcha

Esta semana llegará a España la 1ª remesa de Fondos europeos, 10.000 millones, que se suman al anticipo de 9.036 recibido en agosto. España es el mejor alumno de la clase de los Fondos europeos Next Generation EU: somos el primer país que presentó el Plan de Recuperación a Bruselas (30 abril), el primero al que se lo aprobaron, con Portugal (16 junio) y al primero que el Consejo aprobó el pago de Fondos (21 diciembre). Ahora, el Gobierno va contra reloj para comprometer estos Fondos (el 71% al 20 de diciembre) y aprobar reformas: la última, la reforma laboral que aprobará mañana martes. Y así habrá que seguir, invirtiendo y reformando, para cobrar los próximos 7 envíos de Fondos europeos, cada semestre, hasta 2026. Un reto difícil, sobre todo para las autonomías, que gestionarán el 60% de los proyectos, con elecciones en Castilla la Mancha y Andalucía. Hace falta eficacia y acuerdos, implicarse todos. Nos jugamos la recuperación y la modernización del país. Tiene que salir bien.

Enrique Ortega

La  llegada de los Fondos europeos a España ha sido un complejo y largo camino. Se inició el 21 de julio de 2020, cuando la Cumbre europea aprueba un Plan de inversiones para luchar contra la tremenda recesión provocada por la pandemia: el Next Generation EU, unas inversiones extras de 750.000 millones, en subvenciones y créditos a repartir por los paises para ayudar a la recuperación. Era un Plan tardío y cicatero (Estados Unidos, con Trump, aprobó en marzo la Ley Cares, con 2,2 billones de dólares de ayudas, al que se sumó, en marzo de 2021, otro Plan de estímulos de Biden, con 1,9 billones de dólares más), pero suponía un gran avance para Europa, porque apostaba por las ayudas en vez de recortes (los que sufrimos de 2010 a 2015) e incluía por primera vez la emisión de deuda europea para financiarlo.

El Plan Next Generation EU tardó en “parirse” pero más en aprobarse, por las reticencias de los paises “austeros” del centro y norte (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Alemania) y el cruce de los problemas políticos con Polonia y Hungría. Finalmente, en la madrugada del 11 de diciembre de 2020, la canciller Merkel logró que otra Cumbre europea aprobara definitivamente el Plan y las ayudas, siendo España el 2º país más beneficiado (tras Italia): 140.000 millones de euros (70.000 millones en subvenciones y el resto créditos).

El Gobierno Sánchez apostó por este Plan europeo de estímulos y ya desde julio de 2020 puso un equipo a trabajar en el Plan de recuperación español, que presentó en la Moncloa el 7 de octubre de 2020, a fuerzas sociales, instituciones y embajadores de la UE. Y en paralelo, su vicepresidenta Calviño multiplicó las reuniones en Bruselas, para ajustarse a las exigencias de la Comisión, en un intento de “trabajar sobre seguro”. Y así, a los cuatro meses de aprobarse oficialmente el Plan europeo, España fue el primer país en presentar en Bruselas su Plan de recuperación, el 30 de abril de 2021. En mayo, sólo lo habían presentado 10 paises.

El trabajo de un equipo en España de 150 personas y cientos de reuniones con la Comisión lograron que España haya sido, junto con Portugal, el primer país europeo al que el ejecutivo europeo aprueba su Plan de recuperación. Fue el 16 de junio y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen viajó personalmente a España para entregar al presidente Sánchez la evaluación del Plan español: recibió la máxima calificación posible de los servicios técnicos de la Comisión en 10 de las 11 variables analizadas. El resultado del análisis “ha sido excelente”, según la Comisión, quien destacó que España “ha puesto en marcha una infraestructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento”.

Este “aprobado con nota” del Plan español se confirma un mes después, el 3 de julio, en la reunión de los ministros de Economía de los 27. Y con ello, el 17 de agosto llega a España un anticipo del dinero europeo: 9.036 millones. El Gobierno y la Comisión siguen negociando, unos exigiendo reformas y proyectos, y otros aprobándolas. Y así se llega a otra fecha crucial,  el 3 de diciembre de 2021: la Comisión Europea avala las reformas del Plan de recuperación español y autoriza el primer pago formal de 10.000 millones de euros, tras constatar el cumplimiento de los 52 primeros compromisos contemplados en el Plan (entre ellos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación , la Ley del Teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el decreto sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, el Plan de digitalización de las pymes, la creación del Comité de expertos para la reforma fiscal, la creación del Instituto para la Transición Justa…)

Otra vez más, la presidenta europea alaba el trabajo de  España en este tuit, donde destaca que la entrega de fondos se debe a que “España ha trabajado mucho en la implementación del Next Generation EU. Y vendrán más”. Y el comisario europeo Gentiloni declara que “en estos tiempos de incertidumbre enviamos una señal de confianza en la puesta en marcha del ambicioso Plan de España para conseguir un crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible”. Con estos avales, el siguiente paso ha sido un mero trámite: el 21 de diciembre pasado, el Comité Económico y Financiero del Consejo europeo (los 27) emitió un dictamen favorable (el 1º que emite) para el desembolso del primer pago de 10.000 millones a España, unos Fondos que se transferirán antes de fin de año.

Estos primeros Fondos europeos (los 10.000 de ahora más los 9.083 del anticipo de agosto) ya están “apalabrados”, porque el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2021 una partida de 24.198 millones con cargo a los Fondos Europeos, de los que casi el 60% corresponden a proyectos que van a gestionar las autonomías (11.247 millones). El Gobierno, y en especial el equipo de Economía y Hacienda que impulsa el Plan han tratado de acelerar los proyectos que van con cargo a los Fondos europeos, sobre todo este mes de diciembre. Y a fecha 20 de diciembre, está autorizado el 78% del gasto y comprometido el 71%, según el balance hecho por la vicepresidenta Calviño en la comisión mixta Congreso- Senado. Y será más para fin de año, aunque el Gobierno se ha cubierto, aprobando en los Presupuestos 2021 una disposición que permite ejecutar en 2022 lo que no se comprometa ahora.

El gran tirón en los proyectos europeos se dará en 2022, donde el Presupuesto contempla otros 26.900 millones con cargo a los Fondos europeos. Las principales partidas serán el Plan de choque para la movilidad sostenible (1.124 millones de euros) y el Plan de rehabilitación de vivienda (1.389 millones), junto a la financiación de una serie de Planes estratégicos (PERTEs): el PERTE VEC para el vehículo eléctrico (3.000 millones: el primer PERTE aprobado por Bruselas a un país, el 9 de diciembre), el PERTE para la salud de vanguardia (aprobado el 30 de noviembre, el PERTE de energías renovables (aprobado el 14 de diciembre), el PERTE del español, el de la cadena agroalimentaria, de la industria aeroespacial y el de la Economía social de los cuidados (pendientes de aprobarlos el Gobierno y luego Bruselas).

En total, España tiene derecho a 69.512.589.611 euros de Fondos europeos (esa es la cifra exacta) hasta 2026 (España quiere adelantar el cobro del 80% de las subvenciones a 2021,2022 y 2023). La Comisión Europea ya ha hecho un anticipo y un primer pago, pero no hará los 7 restantes (semestrales) hasta que España demuestre que invierte bien y que hace las reformas pactadas. Y así, semestre a semestre, aunque el control es diario, telemático: España y la Comisión han establecido un sistema bilateral de seguimiento, que se completa en España con un sistema de seguimiento estatal (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).

La Comisión Europea quiere ser muy estricta con el seguimiento y control de las ayudas europeas, para afrontar la desconfianza de los paises austeros sobre la Europa del sur. Y Bruselas está utilizando a España para demostrar su firmeza, para marcar el camino a los demás paises, lo que ha endurecido los requisitos y retrasado las aprobaciones. Pero ahora, la Comisión confía en los mecanismos de seguimiento y control puestos en marcha. Y cree que España va a cumplir, aunque el reto de gestión es enorme: esos 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos son tantos en 6 años como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100.

Para afrontarlo, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto que pretendía modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Y dicen que han reforzado los equipos de algunos Ministerios, para asegurar el gasto. La mayor duda está en las autonomías, que han de gestionar el 60% de los Fondos europeos, algunas con poca experiencia y recursos para gestionar grandes proyectos. Y con la batalla política por medio, que se agudizará en 2022 con las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Urge unir fuerzas entre la Administración central y la autonómica (y local: en 2021 gestionarán 3.000 millones de Fondos europeos). Y contar en todos los casos con la colaboración de las empresas (y los sindicatos), para que los proyectos se ejecuten en fecha y forma. Porque si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España.

Y no se trata sólo de gastar bien los Fondos europeos, sino de cumplir también con las 170 reformas prometidas a Bruselas, para modernizar nuestra economía. De momento, el calendario se va cumpliendo (a costa de poner dos Consejos de Ministros por semana) y el último avance es la reforma laboral pactada el jueves entre Gobierno, patronal y sindicatos, que ahora debe aprobar Bruselas, como también la reforma de pensiones, aprobada el pasado miércoles en el Senado.

Por una vez, España es el alumno aplicado de Europa y la Comisión Europea nos pone como ejemplo, a pesar de las críticas constantes del PP, que primero habló de “opacidad y falta de transparencia” en el Plan de recuperación y que ahora le reprocha a Sánchez “tacticismo electoral”, personalizando sus ataques en Nadia Calviño, la responsable de la buena marcha del Plan y nuestra mejor “garantía” para Bruselas (por cierto, señor Casado: su prestigio en la UE acaba de llevar a Nadia Calviño a ser elegida presidenta del Comité responsable de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI) . Sería importante que el PP y las autonomías que gobiernan colaboraran a tope y sin reticencias en la puesta en macha del Plan de recuperación y en las reformas exigidas. Nos beneficiaría a todos.

España se juega mucho con la puesta en marcha del Plan de recuperación y sus reformas. Por un lado, este enorme esfuerzo inversor va a ayudar a la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo esperado por el repunte de la pandemia pero que es mayor de lo que algunos dicen, como acaba de confirmar el INE: el crecimiento de España en el tercer trimestre fue del 2,6% (no el 2% que avanzó en octubre), por encima del crecimiento europeo (+2,1% la UE-27 y +2,2% la zona euro) y de Alemania (+1,7%), según Eurostat. Y aunque España fue el país que más cayó en 2020 (-10,8%), también se espera que sea el país europeo que más crezca en 2022 (al menos +6%).

Pero el principal objetivo del Plan de recuperación y reformas es modernizar la economía, aprovechar los Fondos europeos para reformar nuestro sistema productivo, como se hizo a finales de los años 80 con el ingreso de España en la CEE (1986). Podemos dejar de ser un país de bares, hoteles y turistas para intentar convertirnos en un país más competitivo, con más industria, más tecnología, empresas más grandes y competitivas, aprovechando las fuertes inversiones previstas en la transición ecológica (39% del Plan), la transformación digital (29%), la educación y formación (10%), la Ciencia e investigación (7%) y las inversiones en infraestructuras y cohesión territorial (15%). Conseguir en unos años “otra economía”, más productiva, que cree más empleo y riqueza, que sea menos vulnerable ante la próxima crisis. Es una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Tiene que salir bien.

Pandemia: mejoran la salud y la economía

Los contagios por COVID-19 siguen bajando y también los enfermos en hospitales y UCIs. Y sobre todo las muertes: 19 el viernes, la cifra más baja desde agosto. Todo ello gracias al fuerte ritmo de vacunación: un 34,5% de españoles tienen 1 dosis y más de la mitad de los mayores de 60 años tienen las dos, mientras se vacunan los de 50 a 60 años. Gracias a esta mayor inmunización, no hay repuntes por la total movilidad entre regiones, aunque podrían notarse esta semana. Ahora, cuando la salud mejora, la economía muestra signos de recuperación, que podrían hacernos crecer un +1,6% el 2º trimestre. Y España será el país UE que más crezca en 2021 y 2022, según la Comisión Europea. La clave está en la recuperación del turismo este verano, con el certificado COVID para viajar. Y  vacunar hasta llegar al 70% con 1 dosis, a finales de agosto, vigilando que no repunten los contagios. Sin salud no hay recuperación económica.

Enrique Ortega a partir de una escena de la película Gilda

La pandemia lleva tres semanas bajando sus contagios en el mundo, ahora en torno a 478.000 diarios, casi la mitad que a mediados de abril. Hoy se contabilizan 167.178.756 contagiados en 192 paises, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en América (65.979.469 contagiados), seguida de cerca por Europa (54.108.090) y, a más distancia, el sudeste Asiático (30.088.649), el Mediterráneo oriental (9.862.629), África (3.446.089) y el Pacífico (2.860.945 contagiados), según la OMS. Por paises, sigue el liderazgo de Estados Unidos (33.117.684 contagios), aunque crecen mucho menos al tener una dosis la mitad de su población, seguida de India (26.752.447 contagiados), que ha conseguido doblegar su curva (de 414.000 a 250.000 contagios diarios). El ranking  sigue con Brasil (16.083.258), Francia (5.980.325), Turquía (5.186.487), Rusia (4.944.129), Reino Unido (4.478,390). Italia (4.192.183), Alemania (3.657.662) y España (3.636.453), según la Universidad Johns Hopkins.

Los muertos por la pandemia también crecen menos en las últimas semanas (de 15.700 diarios a mediados de abril a 11.128 ahora). En total, son ya 3.463.891 muertos en el mundo por la COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins. Casi la mitad se han dado en América (1.615.101 muertos), seguida de Europa (1.134.768) y más lejos el sudeste asiático (372.277) y el Mediterráneo oriental (197.947), según la OMS. Por paises, destacan EEUU (589.893 muertos), Brasil (449.068) e India (303.720 muertos), seguidos a distancia por Reino Unido (127.983), Italia (125.225), Rusia (116.497) y Francia (108.358), siendo menor la mortalidad en Alemania (87.429) y España (79.620 muertos, 28.783 de ellos este año). Nuestro país ocupa el lugar nº 18 en el ranking mundial de mortalidad por COVID, con 167 muertos por 100.000 habitantes, menos que Reino Unido, Italia, EEUU, México, Brasil y Bélgica.

En Europa, han descendido los contagios durante las dos últimas semanas en todos los paises, con una media de 224 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Sólo tienen una baja incidencia Reino Unido (40 contagios por 100.000 habitantes), porque tiene vacunados ya al 60% de los adultos, Rumanía (60), Portugal (51), Irlanda (109) y Polonia (113).Y les sigue España, con 135,77 contagios por 100.000 habitantes el viernes 21 de mayo. Están peor  Alemania (172,5) e Italia (159,2) y sobre todo Francia (314 contagios por 100.000 habitantes, 34% menos que hace dos semanas), según los últimos datos de Sanidad. Y tienen un alto nivel de contagios Suecia (550), Paises Bajos (457), Bélgica (303), Suiza (204), Austria (144) y República Checa (143).

España lleva 27 días rebajando la cifra de nuevos contagios, desde que el 26 de abril se alcanzó el techo de esta 4ª ola (con 235,59 contagios). Las rebajas diarias han sido pequeñas pero continuadas y el viernes 21 de mayo bajamos a 135,77 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días), todavía por encima del “suelo” con el que acabó la 3ª ola (127,80 contagios el 16 de marzo). La situación es muy desigual por autonomías, pero ya no hay ninguna en “riesgo extremo” (+250 contagios/100.000 habitantes), según los datos de Sanidad. Hay 6 autonomías en situación de “riesgo alto” (150/250 contagios): País Vasco (225,44), Melilla (221,65), Madrid (221,51), Aragón (199,72), Navarra (159,56) y Andalucía (165,23 contagios por 100.000 habitantes).  Hay 10 autonomías con “riesgo medio” (50-150 contagios): Cataluña (145,67), La Rioja (145,04), Castilla y León (136,46), Castilla la Mancha (95,98), Cantabria (94,87), Canarias (83,96), Galicia (81,35), Extremadura (80,92), Asturias (71,26) y Murcia (68,42 contagios por 100.000 habitantes. Y sólo 3 regiones tienen un “riesgo bajo” (25 a 50 contagios): Baleares (42), Comunidad Valenciana (29,88) y Ceuta (10,69 contagios por 100.000 habitantes).

El porcentaje  de positivos baja sensiblemente (del 7,46% hace un mes a 4,99% el viernes 21), ligeramente por debajo del 5% que estipulan los expertos para tener controlada la transmisión. Y sólo tienen un “riesgo medio” de positivos del 7 al 10%) Aragón (8,69%), Andalucía (7,71%) y Castilla la Mancha (7,50%), rozándolo Madrid (6,64%), según Sanidad.  El problema que persiste es que no se rastrean bien los contagios, por falta de personal: sólo se detectan 3 contactos por caso (4 en Euskadi), cuando debían ser entre 6 y 7, según los expertos. Y además, se conoce poco el origen (su  “trazabilidad): se desconoce el origen del 31,6% de los contagios (el 52,5% en Cataluña) frente a casi cero casos sin origen conocido en el País Vasco, el 10,7% en Asturias o el  14,6% en Canarias), según Sanidad.

Lo más positivo de las dos últimas semanas es que han bajado las hospitalizaciones y los enfermos COVID en las UCIs. Las hospitalizaciones han bajado de 8.605 (7 mayo) a 5.717 el viernes 21 de mayo, un 4,57% de camas ocupadas por enfermos COVID (riesgo “bajo”). Ya no hay ninguna autonomía con riesgo “extremo” (+15%) ni “alto” (10-15%) en los hospitales y sólo hay 6 regiones con un riesgo “medio” (5-10% ocupación): País Vasco (9,51%), Madrid (9,49%), Castilla la Mancha (6,49),  La Rioja (6,36), Aragón (5,84) y Andalucía (5,09%), según Sanidad.  Otras 5 regiones tienen una situación hospitalaria “normal” (menos del 2% de camas ocupadas por COVID): Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. Y las 8 autonomías restantes tienen riesgo “bajo” (2-5%).

En las UCIs también han bajado las camas ocupadas, de 2.183 (7 mayo) a 1.655 (21 mayo), con un 16,87% de ocupación media, que es todavía un “riesgo alto”(15-25%). Y todavía hay 4 regiones con un “riesgo extremo” en las UCIs (+25% camas ocupadas por enfermos COVID): Madrid (35,6%), La Rioja (28,3%), País Vasco (27,5%) y Aragón (25,65%). Y otras 4 autonomías más tienen un “riesgo alto” (15-25% ocupación UCIs): Cataluña (24,67%), Castilla la Mancha (22,55%), Castilla y León (21,77%) y Ceuta (17,65%). Sólo 2 autonomías tienen “normalidad” en las UCIs (menos 2% ocupación COVID): Comunidad Valenciana y Galicia. Otras 5 regiones tienen “riesgo bajo” (5-10% ocupación) y 4 más “riesgo medio” (10-15%).

Y llegamos a lo más importante, la bajada drástica en las muertes por COVID: de 1.201 muertes en la quincena anterior (23 abril-7 mayo) se ha pasado a 828 muertes en los últimos quince días (7-21 mayo), con un mínimo de 19 muertes el viernes 21 de mayo, la menor cifra de fallecidos en esta pandemia desde finales de agosto. La causa de esta menor mortalidad es que están vacunados todos los mayores de 80 años y la mayoría de los mayores de 60 años, que es donde se han cebado las muertes durante esta pandemia. En Murcia ya no ha habido ningún muerto por COVID-19 durante la última semana y sólo 1 muerto semanal en Cantabria, Ceuta, Extremadura, Melilla y La Rioja, según la última estadística de Sanidad.

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 20 de mayo: no hay ninguna autonomía en situación de “riesgo extremo”, en “alerta 4” (había 5 hace dos semanas) y en “alerta 3” están 3 regiones (Madrid, País Vasco y Aragón) y 6 provincias (Toledo, Burgos, Gerona, Lérida, Granada y Sevilla).  Al otro extremo, en “alerta 1” (la mejor situación), están 6 regiones (Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia, Extremadura y Ceuta), más 5 provincias (Cuenca, Albacete, Málaga, Cádiz y Tenerife). Y las 10 regiones restantes quedan en “alerta 2”.

Ahora, queda ver si a finales de esta semana repuntan los contagios, como consecuencia de la tremenda avalancha de desplazamientos por toda España que se produjo el fin de semana del 15 y 16 de mayo (y que ha continuado este fin de semana). Podría frenarse la caída del último mes o incluso subir los contagios, obligando a nuevas restricciones en las autonomías más afectadas. A pesar de este riesgo, la tendencia debería ser a una mejoría a medio plazo de contagios, hospitalizaciones, enfermos en UCIs y muertes, gracias al alto ritmo de vacunación alcanzado: ya tienen 1 dosis un 34,5% de españoles, 16,34 millones de personas (lo que supone un 75% de inmunización) y las 2 dosis un 16,7% (7,86 millones de españoles), según los datos al 20 de mayo. Y lo más importante: los mayores de 60 años (los más vulnerables) tienen casi todos 1 dosis (93,5%) y la mayoría (52,5%) las dos. Y ya se están vacunando los españoles entre 50 y 59 años, para completar su vacunación en junio, lo que permite confiar en que a finales de julio haya una mayoría de españoles vacunados al con 1 dosis (y una cuarta parte con 2), lo que augura un verano más seguro.

Si no hay repuntes en los contagios, por el salto en la movilidad, y la vacunación sigue a este ritmo, el turismo se va a recuperar este verano, primero de la mano de los españoles (que ya están multiplicando sus reservas) y también con el turismo extranjero, que empezará a venir sobre todo desde el 1 de junio, cuando entre en vigor el “Certificado digital COVID de la UE”, aprobado la semana pasada por el Parlamento europeo y la Comisión y que ahora deben ratificar los paises y Gobiernos. Se trata de un Certificado digital (para llevar en el móvil) o en papel, que darán las autoridades sanitarias de cada país a los ciudadanos que estén vacunados, los que demuestren su inmunidad por haber pasado la enfermedad (test serológico) o se hayan hecho una PCR en las últimas 72 horas (a un coste más bajo, porque los test estarán subvencionados por la UE). Este Certificado permitirá viajar por toda Europa y además, los paises europeos admitirán turistas de terceros paises que demuestren estar vacunadas (vacunas aceptadas por la OMS) o vengan con pruebas PCR.

Con estas facilidades, España espera recibir este año 45 millones de turistas extranjeros, según la ministra de turismo, más del doble que en 2020 (19 millones) y más de la mitad de los turistas recibidos antes de la pandemia (83,7 millones en 2019). De cumplirse estas previsiones, el turismo (la primera industria española) facturaría más de la mitad que en 2019 (81.000 millones frente a 154.000) y sería el motor de la recuperación económica española, sobre todo en el tercer trimestre.

Pero todo indica que esa recuperación económica se ha iniciado ya, a mediados de abril, empujada por la mejora de los datos sanitarios y el alto ritmo de vacunaciones. Hay una serie de indicadores que anticipan esa mejoría de la economía: mejoría del empleo en marzo y abril (con nueva reducción de los trabajadores en ERTE, hasta los 638.283), subida del indicador de confianza (PMI) de la industria y los servicios, aumento de los pagos por tarjeta (indicador de aumento del consumo), mejora de indicadores de la industria y la construcción (mejora IPI, mayor consumo de energía y cemento), aumento de la creación de empresas en marzo y abril y vuelta a los beneficios de las empresas del IBEX (+12.750 millones ganados en el primer trimestre frente a los -607 millones perdidos al inicio de 2020).

Por todos estos indicadores, más la mejoría que ya se nota en el turismo, el Gobierno espera que la economía vuelva a crecer en el 2º trimestre de 2021 (abril-junio), un +1,4%, tras caer un -0,5% en el primer trimestre, por la tormenta Filomena y la 3ª ola de contagios (en el 4º trimestre de 2020, la economía ni cayó ni creció, tras crecer +16,7% en tercer trimestre, al final del confinamiento). Y después, se espera un fuerte crecimiento en el tercer trimestre (gracias al turismo) y en el cuarto, con las Navidades. De hecho, la Comisión Europea acaba de difundir sus previsiones de crecimiento y España es el país de Europa que más va a crecer este año 2021 (+5,9%, frente al 4,2% la media UE-27 y +3% Alemania) y también en 2022 (+6,8%, frente al 4% la media UE-27 y el 4% que esperan para Alemania).

España fue el país que más cayó con la pandemia (-10,8% en 2020, frente al -6,1% la UE-27 y el -5% Alemania), pero será también el país con el mayor “rebote” en la recuperación. Y una reflexión muy importante: la salida de esta crisis va a ser más rápida y tendrá menos coste social que la salida de la crisis financiera y de deuda de 2008-2014. De la crisis de 2008, España no recuperó su crecimiento hasta 2018: tardamos 10 años. Y ahora se espera recuperar el crecimiento pre-pandemia a finales de 2022: 3 años perdidos. Y  veamos el coste. Tras la crisis de 2008, España nunca recuperó los 20.425.000 empleos que tenía (junio 2008), quedando, tras 6 años de recuperación, con casi medio millón de empleos menos (19.966.900 empleos a finales de 2019). Y ahora, en sólo 15 meses de la nueva recesión, estamos a sólo 285.600 empleos (19.681,300 empleos en marzo de 2021) de recuperar la ocupación de antes de la pandemia (esos 19.966.900 empleos de diciembre de 2019). Una recesión más dura (la pandemia que la crisis de 2008), pero de la que saldremos más rápido y con menos empleos perdidos, gracias a que esta vez no ha habido recortes y ajustes para salir de la crisis, sino ayudas públicas y ERTEs.

Tras tantos meses de pandemia y desesperanza, ahora parece que la salud se recupera y que podemos doblegar los contagios y las muertes, gracias a la vacunación. Y si la salud mejora, ya se ve claro que la economía empieza a mejorar. La recuperación no era cuestión de quitar restricciones o de abrir la mano, como muchos defendían, sino de vencer al virus: sin salud no hay economía. Y ahora, la salud sigue siendo la clave de la recuperación. Vigilemos los contagios y vacunemos a tope. Así saldremos de esta recesión. Y que Europa y el Gobierno no levanten las ayudas públicas hasta que la recuperación sea firme, no antes de 2022. Ojo a la euforia: todavía falta mucho para salir de este túnel.

Deuda pública: dejamos una costosa herencia

En los últimos meses, la Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España por la deuda pública, el problema español que más les preocupa junto al paro y la baja productividad. Somos el 7º país con más deuda pública de Europa y llevamos 6 años con más de un billón de euros de deuda, el triple que antes de la crisis, aunque ha bajado su peso al 95,5% del PIB. El problema es que hay que pagarla y los intereses (31.398 millones en 2019) son el 2º mayor gasto del Presupuesto, más que seguridad, Defensa, empleo, salud y educación juntos. Y si no hacemos nada, para 2030 seguiremos debiendo el 95% del PIB, según la Comisión Europea, que pide recortar más el déficit y la deuda. Hay otra vía: ingresar más, como el resto de Europa (+83.000 millones). Urge un Pacto político para reducir la deuda pública al 60% del PIB para 2030. Si no, les dejaremos una costosa herencia a nuestros hijos y nietos.

enrique ortega

Uno de los graves problemas que ha tenido España a lo largo de su historia ha sido la deuda, el excesivo endeudamiento de los Gobiernos, por gastar más de lo que ingresaban, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015 ”. Empezó con los Reyes Católicos y se aceleró con Carlos V, que dejó en herencia a Felipe II la primera bancarrota de nuestra historia, en 1557, a la que siguieron muchas más, con los Austrias y los Borbones. El primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con Cánovas del Castillo y Alfonso XII), cuando la deuda pública alcanzó el 165% del PIB. En 1898, al acabar la guerra de Cuba, seguía en el 124% y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I (39%) y II Guerra Mundial (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944, alcanzando un mínimo en 1975, a la muerte de Franco: el 7,3% del PIB (39.819 millones de euros de hoy).


Con la Transición y la democracia, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública española se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Y se duplicó para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% del PIB en 1996. A partir de ahí vienen los años de “vacas gordas” y la “burbuja inmobiliaria”, que permiten bajar la deuda a un mínimo en 2007: el 35,6% del PIB (384.662 millones de deuda). Pero viene la gran recesión de 2008 y Zapatero aumenta el gasto y la deuda, que deja al irse, a finales de 2011, en el 69,5% del PIB (744.323 millones). Y Rajoy, a pesar de su histórico aumento de impuestos y sus recortes, no puede afrontar el desplome de ingresos y el enorme coste de las ayudas a autonomías, Ayuntamientos, Cajas y al desempleo, que disparan la deuda pública hasta un máximo del 100,7% del PIB en 2014 (1.039.388 millones). Y Rajoy se fue, en mayo de 2018, dejando a Sánchez una deuda del 98,2% delPIB, 1.155.000 millones de euros, un 55% más de deuda que cuando llegó a la Moncloa.


En estos dos años de Gobierno Sánchez, la deuda pública ha crecido algo en millones (sigue por encima del billón de euros desde 2014) pero ha reducido su peso sobre el PIB. Y así llegamos al dato de 2019, recientemente publicado por el Banco de España: 1.188.893 millones de euros (un máximo histórico de deuda, el triple que en 2007) y el 95,5% del PIB, el porcentaje de deuda más bajo desde 2012 (tras reducirse -2,1% en 2019, la mayor reducción anual del peso de la deuda desde 2007). 


La deuda pública se reparte hoy, según el Banco de España, entre la Administración central (Estado y otros organismos), que tienen el grueso de la deuda (el 91%), 1.083.835 millones a finales de 2019, las autonomías (294.883 millones: 78.600 Cataluña, 47.877 la Comunidad Valenciana, 35.770 Andalucía y 33.692 Madrid, en septiembre 2019), los Ayuntamientos (23.345 millones) y la Seguridad Social (55.024 millones en 2019), la entidad que más ha disparado su deuda (la ha triplicado desde los 17.173 millones que debía en 2016). Y eso se debe a que, con la crisis y la precariedad en sueldos y empleos, las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones y como el Gobierno Rajoy se comió ”la hucha” de las pensiones, el Estado tuvo que prestar a la Seguridad Social en 2017, 2018 y 2019, aumentando su deuda 37.851 millones en esos tres años.


La deuda pública española, aunque haya reducido su peso, es muy abultada y preocupa mucho en Bruselas. Tanto, que la nueva Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España en los últimos tres meses. El primero, el 17 de diciembre de 2019, a través de este Informe sobre el mecanismo de Alerta 2020, en el que llama la atención sobre los 13 paises europeos que tienen “desequilibrios económicos” (Italia, Grecia, Chipre, Francia, Alemania, Paises Bajos, Suecia, España, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Croacia y Rumanía). Y al referirse a España, resalta los tres “desequilibrios” que les preocupan: la deuda (pública y privada), el elevado paro y el estancamiento de la productividad, nuestras 3 principales “asignaturas pendientes”.


El segundo “toque” fue en enero de 2020, a través de este Informe sobre la sostenibilidad de la deuda pública en Europa. Aquí, la Comisión vuelve a mostrar su preocupación por la deuda española, recordando que “España es uno de los 8 paises más vulnerables de Europa por su elevado endeudamiento”. Los datos son claros: España es el 7º país europeo con más deuda pública (97,9% del PIB en el tercer trimestre de 2019), por detrás de Grecia (178,2%), Italia (137,3%), Portugal (120,5%), Bélgica (102,3%), Francia (100,5%) y Chipre (97,8%), según la última estadística de Eurostat. Y tenemos una deuda muy por encima de la media europea (80,1% la UE-27), de Alemania (61,2%) y Reino Unido (84,2%). Además, a nivel mundial, ocupamos el puesto 20ª del ranking de paises más endeudados del mundo, encabezado por Japón (238% del PIB), Grecia, Barbados, Líbano e Italia.


Lo preocupante, advierte este informe de la Comisión Europea de enero, no es que la deuda española sea elevada sino que no se va a reducir en la próxima década: estiman que pasará del 97,6% del PIB en 2018 al 96,6% en 2020 (ya es menor hoy: el 95,5% en 2019), al 96,7% en 2025 y el 95,7% del PIB en 2030. O sea, que crecerá en millones de euros y apenas bajará un 2% en peso sobre la economía. La deuda se hará crónica esta década. Y eso, creen, por dos razones. Una, porque crecerá el gasto en pensiones, sobre todo si se actualizan con el IPC y no se implanta el “factor de sostenibilidad”, la reforma aprobada por Rajoy en 2013 para pagar las pensiones según la esperanza de vida. Y la otra razón, porque la población española va a envejecer mucho en las próximas décadas y creen que eso va a disparar el gasto no sólo en pensiones sino también en sanidad, dependencia y asistencia social.


El tercer “toque” por la deuda pública nos lo ha dado la Comisión Europea el 26 de febrero, en su Informe sobre España 2020: reconoce que el peso de la deuda ha bajado pero cree que “es muy alto” y reitera que España “afronta riesgos en la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo” por las pensiones y el envejecimiento de la población. No se creen que el Gobierno Sánchez consiga bajar el déficit público del 2% del PIB  (prevén que pasará del 2,5% en 2018 al -2,3 % en 2019, el -2,2% en 2020 y al -2,1% en 2021). Y para financiarlo, creen que España seguirá con una deuda muy alta, que sólo bajará al 96% del PIB en 2021 (ahora ya sabemos que eran demasiado pesimistas: estaba en el 95,5% a finales de 2019).


Para las autoridades europeas, España tiene que corregir su déficit para rebajar su deuda. Y proponen, por un lado, aumentar la recaudación, porque tenemos “un nivel de imposición bajo en relación a los gastos”, sobre todo en el IVA, IRPF, sociedades e impuestos verdes. Y por otro lado, insisten en reformar las pensiones, no actualizándolas con el IPC y aplicando mecanismos de ajuste para afrontar una mayor esperanza de vida, porque si no se hace, no será posible reducir el déficit y la deuda a medio plazo. Y ya en 2020, van a mirar con lupa el proyecto de Presupuestos, porque creen que España debe ajustar sus gastos y su déficit entre 6.500 y 10.000 millones de euros para cumplir con Bruselas.


Entre tanto, el Gobierno Sánchez ha aprobado en el Congreso un nuevo “techo de gasto” para 2020, base de los próximos Presupuestos, donde contempla menos déficit y menos deuda que las previsiones de la Comisión Europea. En el déficit público, apuestan por rebajarlo al -1,8% del PIB en 2020 (-2,2% la Comisión) y dejarlo en un nivel mínimo del -0,9% en 2023.Y en la deuda pública, prevén bajarla al 94,6% del PIB en 2020 (96,6% la Comisión) y dejarla en un mínimo de 89,8% del PIB en 2023. 


Aún creyendo estas previsiones, que van a depender mucho de que no haya otra crisis (se desplomarían los ingresos y aumentarían los gastos), ese 89,8% del PIB de deuda pública en 2023 sería demasiado elevado. Estaríamos mejor pero seguiríamos siendo “un país muy vulnerable”, al que en cualquier momento podrían “poner de rodillas” los inversores (los famosos “mercados”) y una subida de tipos. Porque si la deuda pública no preocupa hoy tanto como en 2012, se debe a que el Banco Central Europeo (BCE) nos ha salvado, tanto por comprar deuda como por bajar los tipos de interés al mínimo. Y eso nos ha dado “un gran respiro” para la deuda. Si el 27 de julio de 2012, para colocar la deuda (bono a 10 años), España tuvo que pagar un interés del 7,56%, un año después ya pagaba el 4,80%. Y a principios de marzo de 2020 paga sólo el 0,25% por el bono a 10 años. Y la famosa “prima de riesgo” que nos atenazaba cada día (la diferencia entre el interés de la deuda española y alemana) ha pasado de 511 puntos en 2012 a 83 ahora (0,25 paga la deuda española a 10 años y -0,58% la deuda alemana, que “cobra” ahora por colocarla).


Pero esto puede cambiar cualquier año: el BCE dejar de comprar deuda pública (lo iba a hacer en 2020, pero lo retrasa por la desaceleración europea) y los tipos subir. Y ojo: con un 1% que suba el coste de colocar la deuda pública, España pagaría 3.600 millones más de intereses. Es lo malo de tener tanta deuda y de que crezca cada año: que hay que financiarla, pagando por la deuda en circulación y emitiendo más deuda nueva (para “tapar” o financiar el nuevo déficit). De hecho, en 2019 España emitió 196.504 millones de deuda nueva y este año 2020 está previsto emitir 196.504 millones de euros. Por eso somos muy “vulnerables”: porque dependemos de que nos presten 538 millones diarios.


Y aunque no haya nervios en los mercados y encontremos quien nos compre la deuda (el 48% son extranjeros, el 22% la tiene el BCE, un 17% los bancos españoles, un 10% las aseguradoras y un 4,5% fondos de inversión y de pensiones), hay que gastar una barbaridad en pagar intereses: 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). Gastamos más en pagar la deuda a los inversores que en Seguridad (8.879 millones), Defensa (8.537 millones), fomento del empleo (5.985 millones), sanidad (4.292 millones) y educación (2.722 millones) juntos. El pago de la deuda es una hipoteca tan costosa que ya hemos pagado 321.000 millones de euros en intereses entre 2008 y 2019. Daría para pagar las pensiones más de 2 años.


En definitiva, que tener tanta deuda pública nos hace un país muy vulnerable frente a los inversores (extranjeros y nacionales) y supone una pesada losa para las cuentas públicas, que no pueden gastar más en lo que hace falta (desde empleo a educación o vivienda) porque antes (lo exige el reformado artículo 135 de la Constitución) tenemos que pagar los abultados intereses de la deuda (han pasado de 15.928 millones en 2008 a 31.500 en 2018 y 2019). Por eso hay que reducir la deuda como sea: es un lastre para los próximos años, ya que dos tercios de la deuda (67%) está colocada a más de 10 años.


Para el Gobierno Sánchez, como para Felipe II o la Restauración decimonónica, la deuda pública es un problema crucial de España, aunque se hable poco de él. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y la pobreza”. La cuestión es cómo resolverlo. Y aquí, muchas recetas van en la línea de la Comisión Europea: hay que recortar gastos, rebajar el déficit para reducir la deuda. Pero la solución no es tan fácil.


España tiene más deuda pública porque tiene más déficit (el 2º de Europa, tras Chipre y empatados con Francia). Pero si tenemos más déficit no es porque gastemos mucho sino porque ingresamos muy poco. Lo indican con claridad los datos de la propia Comisión Europea. España gastó en 2019 el 41,7% del PIB, frente al 45,9% de media que gastó la UE-27. O sea, el gasto público español es 52.279 millones de euros menos al año que la media europea. Y, a pesar de eso, tenemos más déficit porque ingresamos mucho menos: el 39,3% del PIB en 2019 frente a una media del 46% del PIB en la UE-27.Eso se traduce en 83.398 millones menos de recaudación cada año. Por eso tenemos más déficit y más deuda.


Así que la solución para rebajar la deuda no puede ser la de siempre de los ideólogos neoliberales y austericidas: más recortes. Sobre todo en un país que necesita gastar más en casi todo, desde el empleo a la tecnología pasando por la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda o la modernización de la economía, porque los recortes han sido muy drásticos y además llevamos décadas gastando menos que Europa. La verdadera solución está en ingresar más, para destinar una parte de la mayor recaudación a rebajar la deuda y otra parte a afrontar los gastos más urgentes. Y se puede hacer, si se implanta una reforma fiscal (en sociedades, IRPF, IVA, nuevos impuestos e impuestos “verdes”) y una eficaz lucha contra el fraude que permita recaudar “como Europa”.


El problema de la deuda pública es tan serio que exige un gran Pacto político, con el objetivo de bajarla al 60% del PIB para 2030, por ejemplo. Eso exigiría acuerdos en el gasto (una reforma realista de las pensiones y pactar las prioridades de gasto del país en la próxima década) y acuerdos sobre cómo recaudar más y cómo repartir más justamente  los impuestos. Es difícil conseguirlo, pero si no lo hacemos, apenas se rebajará la deuda y dejaremos una pesada herencia a nuestros hijos y nietos. Piénselo.

2020: menos crecimiento y empleo, sin crisis

Iba a ser un año “malo”, con gran riesgo de entrar en otra crisis tras 6 años de recuperación. Pero ahora, 2020 se presenta como un año “regular” y podría incluso ser “bueno”. Todo dependerá de que se consolide el amago de “tregua comercial” entre EEUU y China, de que el Brexit avance de forma ordenada, que el petróleo no dé más sustos y que Alemania y la zona euro sigan recuperándose. Y en España, de que salga adelante un Gobierno estable y apruebe los Presupuestos 2020 y las reformas más urgentes. Son muchos condicionantes, por lo que 2020 puede ser “un año imprevisible”. Todos los expertos coinciden en que habrá menos crecimiento y empleo que en 2019, pero que se aleja el peligro de otra recesión. Y que si el panorama internacional mejora, en verano de 2020 podría haber incluso un rebote del crecimiento. Si no, al menos será el 7º año de recuperación, aunque más débil. No pidamos más. ¡Feliz año 2020¡

enrique ortega

En septiembre 2019, a la vuelta de vacaciones, mucha gente sintió que estábamos “en la antesala de otra crisis”, porque todos los indicadores se habían enfriado desde el verano, por culpa de un panorama internacional muy turbio: guerra de aranceles entre EEUU y China, caída del comercio mundial, fuerte crisis en la industria del automóvil, repunte del petróleo, crisis en paises emergentes de Latinoamérica y estancamiento en la zona euro, con Alemania e Italia en riesgo de recesión. Y en España, habían pinchado el turismo y las exportaciones, estabilizándose el crecimiento y rebajándose el empleo.


Pero en estos últimos tres meses, a finales de diciembre, el panorama ha cambiado a mejor. El 13 de diciembre, China y EEUU firmaron una primera fase de acuerdo para frenar la subida de “aranceles” (impuestos a las exportaciones del otro) previstas a partir del 15 de diciembre. Y las dos potencias estudian también reducir los aranceles impuestos en los últimos 18 meses. Aunque con Trump nunca se sabe, parece un indicio de esperanza que podría mejorar el comercio mundial, uno de los factores que se han deteriorado con la guerra arancelaria entre China y EEUU, frenando el crecimiento mundial.


Otro factor de incertidumbre internacional, el Brexit, ha mejorado tras la mayoría absoluta de Boris Johnson, que evita un Brexit duro y posibilita una salida ordenada del Reino Unido de la UE, aunque queda un año de negociaciones que van a ser claves y nada fáciles. Por otro lado, Europa parece mejorar y en el tercer trimestre de 2019, Alemania, “la locomotora del euro”, no entró en recesión, como se temía (había decrecido un -0,2% en el segundo trimestre) sino que creció un tímido 0,1%, mientras la zona euro sólo crecía un 0,2%. Pero el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir con sus tipos negativos y con su compra de deuda, para reanimar las economías, mientras podría aumentar el gasto público en Alemania y en toda Europa para luchar contra el Cambio Climático y relanzar las infraestructuras, dos antídotos contra la desaceleración de la economía europea y la crisis. 


En cualquier caso, las previsiones de los organismos internacionales auguran un año 2020 con un mayor crecimiento de la economía mundial (+3,4% frente a +3% en 2019), gracias a una pequeña recuperación de los paises del euro (de crecer un +1,2 en 2019 pasarían a +1,4% en 2020) y a una mejoría de los paises emergentes (pasarían de crecer el 3,9%  en 2019 al 4,6% en 2020), ya que se espera que crezcan algo menos en 2020 tanto EEUU (2,1 frente a 2,4% en 2019), China (5,8 frente a 6,1%) y Japón (0,5% frente a 0,9%), según la última previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI).


En cuanto a Europa, la Comisión Europea acaba de estimar que en 2020 seguirá la recuperación (por 7º año consecutivo), con un crecimiento similar en la UE-28 (el 1,4% en 2020, como en  2019), con el desempleo más bajo del siglo (6,3% de paro en la UE-28) y un continente con las finanzas públicas saneadas (0,8% de déficit en 2020). Y Alemania duplicará su crecimiento (del 0,4 en 2019 al 1% en 2020), mientras Francia lo mantiene alto (+1,3% en 2019 y 2020), Italia empieza a salir del parón (crecerá 0,4% en 2020 frente a sólo un 0,1% en 2019) y Reino Unido también crece algo más (1,4 frente a 1,3% en 2019). 


España será otro año más el país grande de Europa que más crezca en 2020, aunque las previsiones son dispares: frente a un crecimiento del 2% en 2019, el FMI espera que crezcamos un 1,8% en 2020, la OCDE un 1,6% y la Comisión Europea un 1,5%, la previsión más pesimista. Frente a estas estimaciones, el Gobierno Sánchez estimó hace un mes que España crecería un 1,8% en 2020 (como el FMI) y recientemente, el Banco de España fijó un crecimiento del 1,7% para 2020, 0,3% menos que en 2019.


El motor del crecimiento en 2020 volverá a ser el consumo de las familias (+1,6% frente al +1,2 en 2019), junto a la inversión empresarial (crecerá un 3,3% frente al 2,7% en 2019) y una leve mejoría de las exportaciones (+2,3% de aumento frente a 1,8% en 2019), si se tranquiliza el comercio mundial, mientras no ayudará en 2020 el consumo público, que crecerá menos (+1,7% frente a +2,2% en 2019), por la exigencia de bajar el déficit público. La recuperación del consumo de las familias se deberá a la mejora de los salarios (funcionarios, trabajadores y nueva subida del SMI) y las pensiones (+0,9%, como la inflación), así como al aumento del empleo (aunque sea menor) y a los bajos tipos, que favorecen los créditos al consumo, el uso de tarjetas y las hipotecas.


El peor problema en 2020 será que, con esas tres décimas menos de crecimiento esperadas, España creará algo menos de empleo: +259.426 nuevos empleos en 2020, frente a los +391.292 creados en 2019 y los +474.960 nuevos empleos creados en 2018. Y con ello, seguiremos teniendo una alta tasa de paro, que sólo baja del 14,3% en 2019 al 13,6% en 2020, la segunda más elevada de Europa (Grecia tendrá el 15,4% de paro) y más del doble de la tasa de paro de la UE-27, que será del 6,2% en 2020.


Hasta aquí la “bola de cristal” de cómo puede ser 2020 en el mundo, en Europa y en España. Pero ojo, vivimos en un mundo plagado de incertidumbres, donde cualquier cambio puede deteriorar las previsiones o mejorarlas. De hecho, la tregua entre USA y China es muy débil y más en un año electoral, donde Trump se juega su reelección en noviembre. Y las crisis de Latinoamérica pueden sumir al subcontinente en otra crisis que afectaría mucho a España. Y el petróleo es una amenaza permanente: ha subido un 16,5% en el último año y para 2020 hay quien piensa que el precio podría dispararse. Y el Brexit todavía puede dañar a la economía europea, vista la actitud poco razonable de Johnson.


Pero las mayores incertidumbres están en España. No va a ser fácil conseguir un Gobierno estable y, sobre todo, que dure para aprobar el Presupuesto 2020 y las reformas más urgentes: pensiones, empleo y leyes laborales, educación, sanidad y Dependencia, vivienda y lucha contra la pobreza y la desigualdad, sin olvidar la Ley contra el Cambio Climático.


El primer test van a ser los Presupuestos 2020, que serán muy difíciles de aprobar porque el futuro Gobierno necesitará pactar con demasiados grupos y todos pedirán contrapartidas a cambio. Y en esta ocasión, la elaboración de los Presupuestos 2020 choca con dos problemas. Uno, la advertencia de Bruselas de que España va a incumplir el déficit público en 2019 (2,3% del PIB en vez del 2% prometido) y también en 2020 (2,2 % frente al 1,7% prometido), lo que supone que tendrá que “ajustar” el Presupuesto 2020 en unos 7.350 millones (o bien ingresando más o recortando más o haciendo ambas cosas).


El otro problema, más complicado, es que el 1 de enero de 2020 entra plenamente en vigor la reforma del artículo 135.2 de la Constitución, pactada en agosto de 2011 por Zapatero y Rajoy, por la que España tiene que aplicar el ajuste del déficit al que le obliga Bruselas o rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% marcado por el Pacto de Estabilidad. Eso quiere decir que el nuevo Gobierno Sánchez no puede incumplir las exigencias de Bruselas, porque ahora es “una exigencia constitucional”, con lo que cualquier partido, institución o particular podría impugnar unos Presupuestos más expansivos ante el Tribunal Constitucional.


Esto obliga al futuro Gobierno a mirar con lupa el aumento de gastos (y hace falta subirlos en casi todo, desde la educación o las pensiones a la sanidad y las políticas de empleo, sin olvidar la vivienda, las ayudas sociales, las infraestructuras o las tecnologías) y buscar más ingresos como sea, aumentar la recaudación vía sociedades (las grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos), IRPF (subiendo tipos a los que ganan más de 140.000 euros), IVA (limitando los tipos reducidos y superreducidos) , impuestos energéticos (subida al gasoil y a la gasolina) y nuevos impuestos a las operaciones financieras (tasa Tobin y a las multinacionales tecnológicas (tasa Google), sin olvidar la lucha contra el fraude fiscal.


 A la hora de recaudar más, el Gobierno tiene margen: España recaudó en 2018 el 38.9% del PIB, frente al 45% de media en la UE-28, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos impuestos como la media de los europeos, tendríamos que ingresar 73.703 millones más cada año. No se trata de que paguemos más los que ya pagamos mucho, sino que paguen más ese 5% de contribuyentes que hoy pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Claro que conseguirlo el próximo Gobierno con una minoría parlamentaria no va a ser fácil.


España lleva 4 años largos en una situación de bloqueo político que tiene que acabar en 2020: hay que empezar a gobernar y a pactar. Primero un Presupuesto 2020 que relance la economía y afronte las necesidades más urgentes. Y después, las reformas pospuestas: pensiones, educación, sanidad, Dependencia, vivienda, tecnología y digitalización, infraestructuras y modernización de la economía. Se trata de buscar el “mínimo común denominador”, con un objetivo: aproximarnos a Europa en el gasto educativo, sanitario, social, tecnológico y de fomento del empleo. Y para ello, debemos recaudar más como europeos, pactar una reforma fiscal que aproxime nuestros ingresos fiscales a Europa.


Ahí va a estar la clave de cómo resulte ser 2020. Los españoles somos bastante pesimistas sobre la actual situación económica: el 52,5% de los españoles encuestados en noviembre por el Barómetro del CIS creían que la situación económica era “peor” que 6 meses antes, el 34,5% “igual” y sólo un 7,8% “mejor”. Además, al preguntarles cómo veían la economía dentro de 6 meses, para el verano de 2020, el 46,5% de los encuestados la ven “peor”, un 20,5% igual y sólo el 21,6% peor. Pero los expertos creen que no va a ser un año mucho peor, aunque crezcamos algo menos y se creen menos empleos. Incluso Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, dice que la eurozona “puede tener un rebote a mediados del 2020”. 


Así que recibamos el nuevo año sin tanto pesimismo, pensando que por lo menos no va a llegarnos otra crisis, como muchos temían hace unos meses. 2020 será un año “normalito”, de bajo crecimiento y empleo, pero el 7º año seguido de recuperación. No es poco. ¡ Feliz año 2020 a todos !