El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

La exclusión digital de los mayores

Creemos que toda la gente está conectada a Internet y “enganchada” a todas horas, pero no es así: 3,5 millones de españoles mayores de 65 años no usan nunca Internet ni los servicios digitales básicos. En definitiva, que 1 de cada 3 mayores están “excluidos” digitalmente, mucho más los mayores de 75 años y los que viven en zonas rurales. El problema no es sólo que estos mayores “desconectados” se queden fuera de los servicios digitales sino que esta exclusión les aísla socialmente y tiene efectos negativos sobre su salud, agravando su deterioro cognitivo. No hay Planes específicos para reducir la brecha digital de los mayores y su reciclaje recae en ONGs que dan cursos digitales a mayores. Urge un Plan de reciclaje digital para mayores, con medios y personal, para ayudar a toda una generación a no perder los servicios digitales públicos y privados, desde el acceso a la sanidad a los servicios públicos y las ayudas, la información y el ocio. No podemos dejarles atrás.

                   Cursos digitales para mayores de Cibervoluntarios

En España hay más de 10 millones de personas mayores de 65 años (10.183.437 censados el 1 de enero, según el INE). Y más de 3,5 millones de estos mayores (1 de cada 3) no usan nunca Internet ni los servicios digitales básicos, según un  reciente estudio de UGT. Un grupo enorme de “excluidos digitales”, aunque se haya reducido tras la pandemia : eran 4,9 millones de mayores “desconectados” en 2019. Aunque parece que todo el mundo está conectado y enganchado a Internet, un 10% de la población española vive todavía al margen de Internet. Y el 83% de estos “excluidos digitales” tienen más de 65 años.

Los datos del INE de 2024 revelan los españoles que se han conectado a Internet en los últimos 3 meses, por edades. Si un 95,8% de toda la población se conectó alguna vez a Internet, ese porcentaje sube entre los más jóvenes (99,8% entre 16 y 24 años, 99,1% entre 25 y 34 años y 99,1% entre 35 y 44 años, sigue alto en la madurez (97,4% entre 45 y 54 años y 94,8% entre 55 y 64 años), pero baja drásticamente entre los mayores: sólo el 82,5% de los mayores entre 65 y 74 años se conectaron alguna vez a Internet en los últimos 3 meses. Y sólo el 44,5% de los que tienen más de 75 años. Ese 17.5% de mayores (65-74 años) que no se conecta a Internet en España es mayor que en el resto de Europa: no llegan al 3% los mayores “desconectados” en paises Bajos y paises nórdicos y suponen el 10% en Irlanda, Suecia o paises de Centro Europa, según los datos de Eurostat.

Si miramos los españoles que han utilizado Internet al menos 1 vez por semana en los últimos 3 meses, son el 95% de la población, según el INE, aunque superan el 99% las personas hasta los 34 años y son sólo el 79,9% entre los que tienen de 65 a 75 años. Y vuelve a caer drásticamente el porcentaje entre los mayores de 75 años: sólo el 41% se ha conectado a Internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses. Y si analizamos los que han utilizado Internet diariamente (al menos 5 días a la semana en el último trimestre), resulta que son el 91,5% de los españoles, aunque llegan al 99,8% entre los más jóvenes (16-24 años), al 98,9% entre 25 y 34 años, al 97,1% entre 35 y 44 años, el 94% entre 45 y 54 años, el 87% entre 55 y 64 años y sólo el 70,5% entre 65 y 74 años. Eso supone que un 29,5% de los mayores entre 65 y 74 años (2 millones) no usan diariamente Internet, según el INE. Y si miramos los mayores de 75 años, sólo lo usan así el 34,6%.

Ya no es sólo que un tercio de los mayores no utilicen Internet sino que tampoco utilizan otros servicios digitales, según el informe de UGT, elaborado con datos del INE y Red.es. Así, 4 millones de mayores de 65 años no tienen WhatsApp ni otros servicios de mensajería  para comunicarse: mientras los jóvenes lo tienen prácticamente el 100%, sólo lo utilizan el 60% de los que tienen entre 65 y 74 años y el 39,3% de los mayores de 75 años. Otro dato revelador: 6 millones de mayores (el 60%) no usan nunca el correo electrónico. Y también son 6 millones los mayores de 65 años que no buscan información en Internet sobre productos o servicios ni se informan en periódicos digitales ni operan con bancos online.

Otro dato preocupante es que los mayores no utilizan Internet para hacer trámites ni solicitar servicios públicos digitales. Así, sólo un 29% de los mayores de 65 años conciertan citas médicas a través de Internet (menos de la mitad que la media española), un trámite muy útil que no utilizan más de 7 millones de mayores españoles. Y son más de 5 millones los mayores que no utilizan la tecnología para nada relacionado con la salud (consulta de citas e historiales médicos, tratamientos y pautas farmacéuticas, etc.). En general, la mayoría de los mayores (51,3%) no hacen trámites online en la Administración: ni pagar impuestos, ni solicitar ayudas, ni concertar citas o tramitar solicitudes y expedientes, según el estudio de UGT.

Los mayores también realizan muchas menos compras online, según los datos del INE (2024): sólo un 26,2% de las personas entre 65 y 74 años compran online (más de 5 millones de estos mayores no acceden al comercio electrónico), mientras lo hacen el 44,9% de los que tienen entre 55 y 64 años, el 60,5% de los que tienen entre 45 y 54, el 69,8% de los que tienen entre 35 y 44 años, el 71,8% de los que tienen entre 25 y 34 años y el 63,3% de los jóvenes de 16 a 24 años. Y ojo: sólo compran online el 7,4% de los mayores de 75 años. Y si miramos su acceso a redes sociales, el 75% de los mayores de 65 años (unos 7,7 millones de personas) no participan en redes, aunque el 40% sí tiene una cuenta en TikTok.

La desconexión digital de los mayores tiene mucho que ver con su bajo nivel de competencias digitales, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI): un 47,3% de los mayores de 65 a 74 años tienen un nivel bajo o inferior y otro 32,8% tienen un nivel básico, con lo que sólo un 19,9% de estos mayores tienen un nivel digital avanzado. La menor formación y la mayor desconexión digital se da en las zonas rurales, según el estudio, sobre todo en los pueblos de la España vaciada que además tienen peor acceso a Internet. Y el mayor problema de brecha digital está en los mayores de 75 años (3 millones de personas), según la experiencia de la ONG “Cibervoluntarios”: por su edad, han tenido menos exposición previa a la tecnología y tienen más inseguridad y más temor a todo lo digital.

Sin embargo, los mayores son conscientes de esta “brecha digital” y les preocupa mucho: de hecho, el retraso digital es la 4ª mayor preocupación de los mayores españoles, tras la salud, las pensiones y la seguridad, según una Encuesta a mayores de la Asociación 65ymás. Y no es para menos, ya que los expertos reiteran los múltiples impactos negativos que tiene la brecha digital de los mayores. Uno, la desigualdad de oportunidades que conlleva, al restringir sus oportunidades de desarrollo (personal y profesional) y excluirles de servicios básicos: citas médicas, plataformas de ayudas y cuidados, banca digital…Pero es que además, la brecha digital aísla a los mayores de su entorno (familiares, amigos, vecinos…) y tiene un impacto negativo en su salud, tanto física como mental: la “desconexión puede generar frustración, sensación de inutilidad y depresión, según muchos expertos.

De hecho, varios estudios médicos realizados entre 400.000 mayores han revelado que los adultos mayores que usan móviles e Internet “tienen menores tasas de deterioro cognitivo”, menor riesgo de sufrir problemas de demencia senil y Alzheimer. Y otro estudio reciente, elaborado por la Fundación BBVA e Ivie, coincide en señalar que la formación es clave para que los mayores vivan mejor y más sanos: cuanto más formado esté un mayor (ya desde los 55 años), más sano envejecerá  y menos problemas de salud y dependencia tendrá al final de su vida, tras la jubilación.

El Gobierno español ha dedicado una parte de las inversiones del Plan de Recuperación a reducir la brecha digital de los españoles (mayor que la de la mayoría de europeos), pero con programas más dirigidos a colectivos marginados que a mayores. Así, el Plan Nacional de Competencias Digitales ha formado ya a 344.855 personas en competencias digitales trasversales”, básicamente a “ciudadanos desfavorecidos” (146.419), niños en situación vulnerable (57.846) y habitantes de zonas rurales (otros 85.795). Pero no se ha hecho un Plan específico de formación digital para mayores, algo en lo que trabajan varias ONGs: Cibervoluntarios, Fundación Alicia y Guillermo, Fundación la Caixa, Fundación Esplai, Asociación de Mayores de Telefónica…

Para muchos expertos, el problema de fondo es “el edadismo digital”: los mayores “son objeto en España de una discriminación social y esa discriminación se ha trasladado a la brecha digital”, según un estudio de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Según sus investigaciones, es el edadismo y no la edad de las personas lo que influye en que los productos digitales no estén diseñados para personas mayores. Y nos encontramos ante un “círculo vicioso” que perpetúa la exclusión digital de los mayores: los estereotipos y prejuicios ante los mayores (“no tienen interés y no quieren aprender”) mantienen diseños y ofertas digitales que no están pensados ni diseñados para mayores, lo que les retrae. Por eso, la UOC ha puesto en marcha un proyecto (#viejismo) para adaptar la digitalización a los mayores, atacando el “edadismo” y superando prejuicios y temores.

Parece claro que avanzar en la digitalización de los mayores exige un abanico de medidas en varios campos. Por un lado, poner en marcha Programas de alfabetización digital, cursos accesibles y adaptados para mayores, que faciliten el acceso a Internet, teléfonos inteligentes, ordenadores, tablets. Por otro, facilitar el acceso a Internet y a dispositivos de mayores que viven en zonas rurales y con problemas de vulnerabilidad , apoyados en personas físicas que les ayuden a moverse por la Red (incluso asistencia a domicilio). Y en paralelo, hay que avanzar en un diseño digital más amigable y accesible para mayores: interfaces intuitivas, botones y letras grandes, opciones de asistencia de voz y configuraciones personalizables. Y manteniendo vías alternativas de atención (telefónica, personal) en los servicios, sobre todo sanidad y Administración pública, también la banca.

En resumen, que vivimos en una sociedad cada vez más digital pero una gran parte de las personas (más de 3,5 millones de mayores) están “perdiendo este tren”, “desconectados” y sin acceso a servicios básicos digitales, en especial la salud y la comunicación. Y esta “brecha digital” tiene además un alto riesgo, porque aísla a estos mayores de su entorno y favorece su autoestima y las depresiones, perjudicando su salud y su deterioro cognitivo. Hoy por hoy, los mayores ya suponen un 20% de la población y serán el 30% en 2050. Así que resulta prioritario incorporarlos al reto digital, no sólo para que se beneficien de servicios públicos y privados imprescindibles sino para que se integren mejor en la sociedad y envejezcan más sanos. No podemos “dejar atrás” a 1 de cada 3 mayores.

El desarrollo humano se estanca

Los españoles y el resto de europeos estamos ahora preocupados por nuestra seguridad y por una nueva crisis si se mantienen los aranceles de Trump. Una visión “eurocentrista” de los problemas del mundo, que no escucha la última alerta de la ONU: el desarrollo humano se ha estancado en 2024 y de seguir así, los paises en desarrollo seguirán con problemas en los próximos 25 años. Además, este estancamiento económico global ha aumentado las diferencias entre paises ricos y pobres, otro detonante de tensiones geopolíticas. Y en paralelo, también desoímos otra alerta reciente de la OMS: el atraso económico y la pobreza acortan la vida en los paises más pobres y dentro de los paises, donde los más vulnerables viven menos años. En un momento donde Trump y el nacionalismo ultra atacan la cooperación internacional, es más urgente que nunca mantenerla y avanzar en el comercio y las inversiones internacionales, en reducir las diferencias entre paises ricos y pobres. Porque un mundo menos desigual nos beneficia a todos.

En 1990, la ONU introdujo un índice para medir el desarrollo de los paises: el índice de desarrollo humano (IDH), que mide 3 indicadores claves para reflejar la situación económica y social de un país: la esperanza de vida de la población, el nivel de estudios y educación y el nivel de vida (PIB per cápita descontando la inflación). Sobre estos 3 indicadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica cada año el índice de desarrollo humano del mundo y el índice de los 193 paises analizados. Y el PNUD acaba de publicar el IDH de 2024, una “alerta” para el mundo: se ha estancado en 0,76 puntos en 2024, el mismo índice que en 2023 y casi el mismo que en 2019, antes de la pandemia (0,75).

El objetivo de la ONU era que este índice de desarrollo humano (IDH) llegara a 0,81 puntos en 2030, pero los expertos del PNUD alertan que va a ser difícil conseguirlo y que si seguimos la tendencia de estos últimos años, el IDH podría estancarse en esos 0,76 puntos actuales en 2030, algo que nunca ha pasado en las últimas décadas. Y eso porque los paises ricos crecen poco y se ha estancado el crecimiento de los paises en desarrollo, una situación agravada en los últimos meses por las crisis geopolíticas y las tensiones en el comercio mundial, por la amenaza de aranceles de Trump. Y además, se está frenando la bajada de tipos (en USA y Europa), lo que agrava los problemas de deuda de muchos paises.

El otro problema sobre el que alerta la ONU es el aumento de la desigualdad entre los paises, una brecha que se había reducido y que ha crecido tras la pandemia. Esta desigualdad se refleja en los distintos índice de desarrollo humano (IDH) que publica el PNUD (ver listado). Hay un primer grupo de 74 paises de “muy alto nivel de desarrollo”, con un IDH de 0,914 puntos, encabezado por Islandia (0,972 puntos), Noruega (0,970). Suiza (0,970), Dinamarca (0,962) y Alemania (0,959 puntos). EEUU ocupa el lugar 17 (0,938 puntos del IDH), Francia el 26º, España el lugar 28º (0,918 puntos) e Italia el 29º (0,915 puntos).

El segundo grupo de paises, por su “desarrollo humano” (esperanza de vida, educación y nivel de vida) lo integran otros 50 paises con un “alto nivel de desarrollo” (media IDH 0,777 puntos), donde están China (0,797 de IDH), Brasil (0,786) y muchos paises de Latinoamérica, Asia y Oriente medio. El tercer grupo lo integran 43 paises con un “nivel medio de desarrollo” (0,656 de IDH), entre ellos India (0,685) y varios paises de Asia y África. Y el cuarto grupo lo integran los 26 paises con “bajo nivel de desarrollo” (0,515 puntos de IDH), los paises más pobres y con peor desarrollo humano del mundo. De los 10 últimos, 9 son paises de África: Sudán del sur (0,388 de IDH, la mitad que la media mundial), Somalia (0,404), República Centroafricana (0,414), Chad (0,416), Níger (0,419), Mali (0,419), Burundi (0,439), Burkina Fasso (0,459), Sierra Leona (0,467) y Yemen (0,470 puntos IDH).

El informe del PNUD (ONU) alerta que esta desigualdad en el desarrollo entre paises se ha agravado en 2024, el 4º año consecutivo en que crece la brecha entre paises ricos y pobres, tras haberse reducido en las dos décadas anteriores. Y alertan que esta mayor desigualdad mundial es un riesgo porque alienta el aumento de conflictos y de ruptura económica. Además, el informe muestra su preocupación por el futuro, ya que si se mantienen estas tendencias (estancamiento del IDH y aumento de la desigualdad entre paises), será difícil conseguir los Objetivos del Desarrollo previstos para 2030, entre ellos, acabar con el hambre en el mundo: actualmente pasan hambre 733 millones de personas y la ONU solo puede atender, con el programa de alimentos (WFP) a 123 millones de personas. ”Si sigue el estancamiento actual, los objetivos previstos para 2030 pueden demorarse décadas, haciendo del Planeta un lugar menos seguro, más dividido y más vulnerable a las perturbaciones económicas y ecológicas”, alerta Achim Steiner, administrador del PNUD (ONU).

En paralelo a este informe de la ONU se ha publicado la semana pasada otro informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tampoco ha tenido eco en los medios. Su conclusión es tremenda: la pobreza acorta la vida. El estudio revela que la falta de oportunidades laborales, de educación y vivienda son más determinantes para provocar problemas de salud que los factores genéticos y sanitarios. Y que el nivel de desarrollo supone que las personas vivan más o menos. Un ejemplo: en paises de altos ingresos (como Suecia o Japón), la esperanza de vida es 33 años superior a la de paises pobres (como Chad o República Centroafricana. Y reitera la OMS: “millones de personas sufren más riesgo de enfermedad y muerte por las condiciones socioeconómicas en que han nacido o por el grupo social al que pertenecen. La desigualdad sanitaria no es un accidente, es consecuencia de la forma en que la sociedad distribuye recursos y oportunidades”.

Este informe de la OMS no sólo refleja una desigualdad en la sanidad y esperanza de vida entre paises, según su nivel de desarrollo, sino también dentro de cada país, según las zonas y grupos sociales. Así, revela que en el mismo Japón, los hombres de las regiones más atrasadas viven 2 años y medio menos que los de las zonas ricas. En Canadá, los inuit viven de media 12,5 años menos que el resto de la población. Y en Australia, la población aborigen vive 10 años menos que la media de la población. También en España, los datos del INE reflejan que la esperanza de vida en los municipios más ricos (Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo) es 6 años mayor que en los municipios más pobres y con más paro (Ceuta, la Linea de la Concepción, Melilla, Algeciras o Linares).

La OMS también alerta que el mayor o menor desarrollo afecta también a la mortalidad infantil: los niños nacidos en paises pobres tienen hasta 13 veces más de posibilidades de fallecer antes de cumplir los 5 años que los de las naciones más ricas. Y señala que si consiguiéramos reducir las desigualdades entre los paises (con inversiones en servicios sanitarios, sociales, educación, servicios públicos e  infraestructuras), se podría salvar la vida de 1,8 millones de niños del mundo cada año…

Volviendo al estancamiento del desarrollo humano (IDH), la ONU (PNUD) propone medidas para impulsar el crecimiento mundial, con más cooperación internacional por la vía de inversiones y comercio, al contrario de lo que propone Trump y la extrema derecha mundial. También es clave la inversión en educación y sanidad. Y en su informe, proponen aprovechar la Inteligencia artificial (IA) para impulsar el desarrollo de los paises más pobres, lo que exige solventar las actuales brechas de estos paises en su acceso a la electricidad, a Internet y a las aplicaciones de la IA. En definitiva, creen que la IA puede corregir parte de la actual desigualdad mundial, pero si se aplica mal, sin contar con los paises en desarrollo, puede agravar esa desigualdad, planteando un futuro a 2 velocidades…

El problema de fondo es que la economía mundial se ha estancado tras la pandemia, tras décadas de crecimiento, según revela otro informe, esta vez del Banco Mundial. Y no sólo crecen menos los paises ricos, sino que “ha pinchado” el crecimiento de los paises en desarrollo: crecieron una media del +5,9% entre 2000 y 2010, un +5,1% entre 2010 y 2020 y sólo el +3,5% entre 2020 y 2024, según el Banco Mundial. Y además, estos paises en desarrollo han crecido un 0,5% menos que las economías ricas desde 2014, lo que ha ampliado la brecha de desarrollo entre paises ricos y pobres.

Lo preocupante es su futuro: “los próximos 25 años serán más difíciles para las economías en desarrollo de lo que han sido los últimos 25 años”, augura Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial. Así que no sólo tenemos el problema de que se ha estancado el desarrollo humano de los más pobres (como dice la ONU) sino que seguirá estancado los próximos años. Y eso porque se han frenado las fuerzas que les hicieron crecer, sobre todo el comercio y las inversiones (y la deuda) . Y ahora, con un menor crecimiento también para los paises ricos, preocupa que los paises en desarrollo frenen sus exportaciones y reciban menos inversiones, mientras les sigue pesando la deuda (por los todavía altos tipos de interés) y se agravan las consecuencias negativas del cambio climático.

El futuro de las economías en desarrollo no sólo es importante para ellas sino también para las economías desarrolladas. Y a su vez, el crecimiento de EEUU, Europa y Japón es clave para promover el crecimiento de los paises en desarrollo. Actualmente, ambas crecen poco y se multiplican los problemas en el comercio mundial (aranceles y proteccionismo), las inversiones y la deuda. El informe del Banco Mundial señala que los paises en desarrollo necesitarán en los próximos años un nuevo modelo estratégico que acelere las reformas estructurales, fomente la inversión nacional y extranjera, fomente nuevas áreas de relaciones comerciales y promueva un uso más eficiente del capital, el talento y la energía. Y estos retos serán claves en América Latina, África y Asia, los paises con menos crecimiento futuro. Las dificultades serán el aumento de la incertidumbre de los inversores, las tensiones geopolíticas y comerciales y el temor a una mayor inflación, que frene la bajada de tipos y encarezca la deuda.

“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los paises en desarrollo”, dijo hace un año en Washington el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia, también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas beneficia a todas las economías”, señaló el Banco Mundial. Porque si los 75 paises más pobres mejoran y se reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y conflictos.

Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global, una fuente de conflictos, de más muertes y menos esperanza de vida. Hay que atajarla entre todos, con más comercio, inversiones y colaboración multinacional. Miremos un poco al mundo.

Autonomías: menos peso del gasto social

Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado, pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500 millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad, educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”. Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación. No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos mejor en lo que hace falta.

                             Enrique Ortega

La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a  más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).

Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de recaudación: 271.935 millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14% en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías unas cantidades récord: 147.412 millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán  estos casi 7 años de Gobiernos de Sánchez (2018-2024) unos 300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7 años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018). 

Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo de gasto” y una “senda de déficit”, dos cimientos previos a  todos los Presupuestos. El Consejo de Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre, pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª votación, dado que Junts sigue con su veto (con  PP y Vox ).

Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no debían ser tan polémicos. Por un lado, el “techo de gasto” es un tope que se pone a todo el gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para 2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en 2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar 6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.

El otro documento que también se veta es “la senda de déficit” . En este caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más)  para que las autonomías tengan más margen de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de -0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del +0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en 2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).

Esto es lo que significa, a lo claro, la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en 2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones). Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.

Pero hay más. Si no hay  Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320 millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real). En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).

Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320 millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743 millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta (son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta el próximo verano, no desde el 1 de enero.

Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben. Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la senda de déficit, aunque les cueste dinero.

En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%.  A lo claro, eso significaría que las autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría” un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).

La primera contradicción de las autonomías, al pedir más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez, las gobernadas por el PP (y Vox) reducen su recaudación porque rebajan impuestos, desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente, hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703 millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238), Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199), Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).

En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de 2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros, según la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453 millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para 2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas fiscales: otros -180 millones Madrid, una autonomía que ha renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a 1.635 de media y 2.129 en Asturias) y en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el País Vasco).

Pero la contradicción más flagrante de las autonomías es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos, en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que pagan por su deuda  (era el 5,3% del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos” (desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas o la Formula 1…).

Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía (3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.

En el caso del gasto en Dependencia, los datos son más escandalosos, según otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja” son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia (-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000 dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).

Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema, para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero también es evidente que hay que acabar con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en sanidad y educación (Madrid) o servicios sociales (Canarias). Debería haber unos mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan. Debates que casi nadie plantea.