Es el deporte nacional:
no pagar lo que se debe. Instituciones, autonomías, Ayuntamientos,
empresas, autónomos y tres millones de particulares registrados
como morosos.
Somos el tercer país de Europa con más morosidad.
El sector público tarda 162 días en
pagar y las empresas 98 días. Todos
incumplen la Ley contra la Morosidad
(2010), que desde este 1 de enero
obliga a pagar en 60 días (y en 30
las Administraciones públicas). Los impagos
son un virus que contagia a empresas
y autónomos sanos y fuerzan a un tercio a
cerrar. Ahora, los impagos han
llegado a muchos trabajadores: sus
empresas tienen problemas y ellos no cobran su sueldo o lo cobran tarde y mal.
Y trabajan sin cobrar para no perder
su empleo. La esperanza está en una Directiva
europea que entra en vigor en marzo y obligará a España a cumplir
con la Ley. Pero no bastará. Hace falta
un Plan de choque contra la morosidad.
Y salir de la recesión, porque mientras sigamos así, muchos no podrán pagar.
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| enrique ortega |
En julio 2010, el Gobierno Zapatero aprobó una Ley contra la
Morosidad, para intentar poner freno a la cadena de retrasos e
impagos que arrastraba la crisis. El objetivo era acortar los plazos de pago
con un calendario: 85 días en 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 desde el 1 de enero
de 2013 (50, 45 y 30 días para el sector público). En paralelo, el acreedor
podía reclamar al deudor hasta un 15% de la deuda, como indemnización. Pero las reclamaciones se eternizan en los Juzgados
y la morosidad sigue ahí, con plazos de
pago escandalosos: 162 días en las Administraciones públicas (51 de media en Europa) y 98 días entre empresas (78 en la UE),
según la Plataforma
contra la Morosidad. Y las empresas del Ibex 35 pagaban en 2012 con 215 días de retraso.
España es el tercer
país europeo con más retraso en los pagos, tras Italia (a 180 días paga
el sector público y a 113 el privado) y Grecia (168 y 110 días), muy alejado
del plazo de pago en Europa central (50 y 55 días) y en el norte de Europa (33
y 34 días). Cada año, las empresas dejan de cobrar por impagos un 7,1% de su facturación,
perdiendo
42.600 millones. Esta morosidad es un
virus que contagia a la economía sana y la tumba: se
calcula que un tercio de las 600.000
pymes y 200.000 autónomos que han cerrado
ya durante esta crisis ha sido por no poder cobrar sus ventas y servicios.
Siempre se habla del sector
público como el mayor moroso: en 2011 debían unos
50.000 millones a empresas y autónomos, a los que autonomías y Ayuntamientos pagaron
27.000 millones en mayo de 2012, gracias a un Plan
de pago de facturas con créditos públicos. Pero como les siguen
cayendo los ingresos, han vuelto a las
andadas: las autonomías debían 13.730 millones a proveedores en octubre de 2012, según Hacienda.
Y habrán cerrado el año con 15.000 millones, más otros 5.000 los Ayuntamientos.
Una deuda que sufren sobre todo pymes y autónomos, el sector
educativo, la Dependencia
(ancianos y discapacitados), proveedores
sanitarios (3.000 millones sólo a los laboratorios) y farmacias,
empresas de limpieza y servicios,
sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
El sector público
debe, pero también le deben. Sólo las autonomías
tenían pendientes de cobrar a empresas y particulares 5.875 millones a finales de
2012. Y Hacienda,
unos 20.000 millones en deudas tributarias (a 1,7
millones de contribuyentes), más otros 6.000 millones que está litigando
en los Tribunales. Y la Seguridad Social,
aunque no lo publica, podría tener 10.000 millones sin cobrar en cotizaciones.
Para frenar los impagos, en julio subió los recargos
al 20% aunque sea por un día y eso ha aumentado las peticiones de aplazamientos
de pago: 2.000 millones de cuotas aplazadas en 2012, el doble que antes de la
crisis. Y luego están los que no se retrasan ni aplazan: simplemente no pagan,
por fraude
o porque no pueden. Tal es así que la Seguridad
Social tiene un “ejercito” de 3.257 funcionarios en procesos ejecutivos,
para intentar cobrar cuotas.
Pero el grueso de la
morosidad se da entre empresas y entre particulares. Más de la mitad de las
empresas (56%) han sufrido un impago
significativo en el último año, según el IV Estudio de Crédito
y Caución. Y una de cada diez soporta impagos
que ponen en riesgo su futuro. En el sector del transporte,
por ejemplo, dos de cada tres facturas se cobra a más de 75 días. Y dos de cada
tres empresas admiten tener contratos con clientes que les exigen pagarles a 85
días, cláusulas
abusivas que prohíbe la Ley contra la Morosidad. La banca ha batido récords
históricos de morosidad: un 11,23 % de los créditos concedidos hasta
octubre, sobre todo créditos a promotores inmobiliarios (46.703 pueden ser
fallidos), a empresas (36.810 millones pueden perderlos) y a particulares
(24.800 millones, entre créditos consumo e hipotecas). Y un dato curioso: el
22% de las comunidades
de propietarios tienen recibos impagados, por importe de 1.600
millones, de vecinos, inmobiliarias y bancos.
Al final, muchos trabajadores
están sufriendo en sus carnes los impagos:
sus empresas tienen problemas de liquidez o no cobran y a ellos no les pagan el sueldo, extras, horas o
atrasos (o se los pagan con retraso). Se ha visto en empresas
de limpieza o en trabajadores de la Dependencia y ONGs. Y no pueden hacer
nada, salvo trabajar
sin cobrar, porque si reclaman pueden verse en la calle. Otros, ya sin empleo, no han podido pagar su
hipoteca (siendo desahuciados) o
sus deudas y han acabado en el registro
de morosos de ASNEF, donde en 2009 había 2,7 millones de españoles (que
hoy serán 3 millones). Y acabar fichado como moroso es una lacra que inhabilita para muchas cosas, desde
abrir una cuenta bancaria a contratar la luz o el móvil. También hay mucho
abuso de empresas (sobre todo de móviles)
que llevan sin motivo a este fichero y otras que persiguen
ilegalmente a los morosos.
El 16 de marzo entrará en vigor una Directiva
europea que obliga a pagar en 60
días (30 en el sector público), estableciendo un recargo
del 8,75%. Muchos creen que eso obligará
a España a cumplir la Ley de Morosidad de 2010, empezando por la
Administración. El ministro Montoro
asegura que para este verano, el
Estado, las autonomías y los Ayuntamientos
pagarán a 30 días, gracias a las ayudas del Fondo de Liquidez
autonómico (23.000 millones para 2013). Además, estudia que las empresas puedan cobrar sus facturas directamente de Hacienda, que luego las descontaría de las transferencias públicas a autonomías y Ayuntamientos. Pero no basta. Las empresas piden sanciones más duras por impagos (de
6.000 a 900.000 euros), establecer la
figura del mediador (funciona en Francia) y agilizar los trámites judiciales: hay 39 procedimientos y se tarda 515
días de media para resolver disputas
comerciales.
Con todo, hace falta
un Plan de choque para reducir los impagos públicos y privados, con ayudas
y créditos del ICO, además de quitas para las deudas con la Administración.
Pero el fondo del problema de los impagos y la morosidad es la crisis: no se vende, no se cobra, no se puede pagar a todos. Mientras no se
cambie de política y se acelere la salida de la recesión, habrá empresas y
particulares en apuros que no podrán
pagar. Y muchos morosos serán
fallidos. Seguro.
