Llega la 4ª entrega de Fondos europeos

La Comisión Europea ha autorizado la 4ª entrega de Fondos europeos a España, el tercer plazo de los 8 previstos, tras el anticipo inicial (agosto 2021). España recibe así 37.036 millones, más de la mitad de los 69.528 millones de ayudas adjudicadas. Y somos el país más avanzado en las ayudas: Italia ha recibido 3 entregas (la inicial y dos plazos), Francia, Grecia y Portugal 2 entregas, Alemania 1 (el anticipo) y Polonia ninguna. A pesar de los recelos del PP español y europeo (parte), la Comisión ha felicitado otra vez a España “por trabajar así de bien”. La gestión de los Fondos europeos, que iba lenta, se aceleró en 2022, con un 90% del dinero autorizado y el 75% ejecutado. Y el Gobierno ha pedido a Bruselas una “adenda” al Plan de Recuperación, para recibir más subvenciones (+10.200 millones) y los créditos previstos (84.000 millones), para ejecutar más inversiones y reformas. Objetivo: que los Fondos UE aporten la mitad del crecimiento hasta 2031.

Enrique Ortega

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación para optar a las ayudas y créditos europeos aprobados por la Cumbre europea de julio de 2020, un Fondo europeo (“Next Generation EU) de 750.000 millones de euros creado para paliar los efectos de la pandemia y la recesión posterior. El Gobierno Sánchez aprobó el Plan el 27 de abril de 2021, lo envió a Bruselas el día 30 y mes y medio después, el 16 de junio de 2021, lo aprobó  la Comisión Europea, para ratificarlo los ministros de Economía UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”. Del total de Fondos europeos, 140.000 millones se adjudicaron a España, 70.000 millones como ayudas a fondo perdido y otros 70.000 millones como créditos en condiciones muy favorables, unos Fondos europeos a recibir entre 2021 y 2026, con cuatro objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género.

Tras el aprobado inicial, enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibía la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación” del Plan de recuperación. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos, 8 plazos de entrega de Fondos europeos hasta 2026, a cambio de que España justificara reformas e inversiones. Había que “sudar” para recibir cada entrega.

El primer desembolso oficial  condicionado (tras la entrega inicial de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, la primera entrega oficial que hacía la Comisión a un país de la UE, tras confirmar que España había cumplido 52 “hitos” y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo antes que firmar y aceptar, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una hoja de ruta para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de inversiones y reformas y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó el segundo desembolso oficial a España (la 3ª entrega): 12.000 millones de euros, recibidos tras el cumplimiento de 40 hitos cumplidos para esa fecha, entre ellos la reforma laboral, la primera fase de la reforma de pensiones, la estrategia de movilidad sostenible y conectada, la hoja de ruta de la energía eólica marina, la Carta de Derechos digitales, la Ley de Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción de la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Y así llegamos al tercer desembolso condicionado (la 4ª entrega efectiva de Fondos), autorizada por la Comisión este 17 de febrero: 6.000 millones de euros, que llegarán el próximo 28 de marzo, y que se han concedido tras cumplir España otros 29 hitos y objetivos logrados en 2022, entre los que destacan la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de los autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde ha costado más porque España ha tenido que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantado para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, que han perfilado Hacienda y Economía con la Comisión Europea.

En total, con las 4 entregas autorizadas ya, España recibe 37.036 millones de Fondos europeos, el 53,8% del total de ayudas adjudicadas. Y ha cumplido en estos dos primeros años 121 hitos (objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026.Con ello, España se consolida como el país europeo más avanzado en la marcha del Plan de recuperación UE. Por eso, la Comisión Europea ha vuelto a poner a España como “ejemplo”, con dos tuits escritos el viernes 17 de febrero, el día que autorizó el tercer desembolso condicionado (y la 4ª entrega).”Doy la enhorabuena a España. Que siga trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de Recuperación”, tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión Europea, el halcón Valdis Dombrovskis.

Este apoyo explícito (reiterado) de la Comisión Europea a España tiene un segundo sentido: es un mensaje al resto de los paises, para que tomen nota y avancen en la puesta en marcha del Plan de recuperación europeo, que marcha con retraso. El balance es muy explícito: sólo España ha recibido 4 entregas de Fondos europeos, Italia lleva 3 entregas (la inicial y 2 pagos condicionados), Francia, Grecia, Portugal, Chipre, Croacia, Letonia y Lituania llevan 2 entregas (la prefinanciación y 1 solo pago condicionado); Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovaquia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Malta y Rumania no han recibido todavía el primer pago condicionado (sólo la entrega de la pre-financiación inicial); y Polonia, Paises Bajos, Suecia, Irlanda, Bulgaria y Hungría no han recibido todavía nada, ni un euro de los Fondos UE, porque la Comisión no ha aprobado aún sus Planes de Recuperación. Por eso utilizan a España de “ejemplo y “conejillo de Indias”, para sistematizar el proceso de ayudas y los sistemas de seguimiento y vigilancia.

Este pobre balance de los Planes de Recuperación en Europa y la enhorabuena a España de la Comisión a España, chocan con la actitud crítica del Partido Popular, que lleva año y medio poniendo en cuestión la ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los Fondos europeos. Primero criticó la gestión en España y luego ha llevado sus críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, alimentando las “dudas” de una parte de los populares europeos (alemanes y holandeses, sobre todo) a los que no les gusta mucho el Fondo Europeo de Recuperación, básicamente porque les toca pagar (a los paises “derrochadores” del sur…). Además, una parte de la “familia popular europea”, el ala más “ultra (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) quiere utilizar los Fondos Europeos y a España para atacar a presidenta Von der Leyen (de la democristiana CDU), cuyo puesto quiso ocupar.

Así se explica que la presidenta del Comité de Control Parlamentario del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana de la CSU Mónika Hohlmeier, brazo derecho del crítico Weber, organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero, dos días después de que la Comisión autorizara el último pago, para una misión de “control y auditoría” de los Fondos europeos, acompañada de eurodiputados españoles. Y la propia Hohlmeier “calentó la visita”, al declarar unos días antes sus “dudas sobre la transparencia en la ejecución de los Fondos europeos en España”. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía, autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta el detalle de movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el despliegue de los 31.000 millones recibidos. La misión ha constatado que “España cumple”.

Así que España supera de momento la campaña política (interna y externa) para sembrar dudas sobre la transparencia en el gasto de los Fondos europeos. Otra cosa distinta son las críticas de algunos expertos y empresas a la gestión del Plan de recuperación, que fue al principio lenta pero que parece haberse agilizado en 2022, a la vista del III Informe de Ejecución de los Fondos europeos, presentado por la vicepresidenta Nadia Calviño el 16 de febrero. El resumen: España ha autorizado hasta esa fecha el 90% del dinero de los Fondos Europeos incluidos en los Presupuestos de 2021 y 2022 (42.271 millones de euros).  Y ya se han ejecutado el 75% de esos Fondos UE hasta finales de 2022, concretamente 39.333 millones. Además, en enero de 2023, se han autorizado 9.200 millones más, un tercio de todo lo previsto para este año. En conjunto, se están financiando más de 190.000 proyectos de empresas, centros de investigación, ciudadanos y administraciones en toda España.

Del total de Fondos europeos ya ejecutados (39.330 millones), la mitad (20.600 millones) se han traspasado a las autonomías, tres cuartas partes (15.500 millones  en proyectos autorizados con ellas (y elegidos en 139 Conferencias sectoriales celebradas) y otros 5.100 millones son proyectos pilotos decididos por el Gobierno y de gestión autonómica (todos ligados a ámbitos de su competencia: educación, vivienda, sanidad y políticas sociales). Y otros 4.900 millones de Fondos europeos los gestionarán los Ayuntamientos (rehabilitación de edificios, zonas de bajas emisiones, digitalización). De momento, las autonomías con más Fondos adjudicados son Andalucía (3.262 millones), Cataluña (3.039), Madrid (2.256), Comunidad Valenciana (1.965), Castilla y León (1.283) y Galicia (1.219 millones).

El reto de gestión es enorme: los 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos en 6 años son tantos como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100. Lo importante es que se ha puesto en marcha una maquinaria de gestión, donde España y la Comisión Europea tienen un sistema bilateral de seguimiento diario (online) que se completa en España con un sistema de seguimiento (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).

Ahora, España trabaja con la Comisión Europea en el cuarto desembolso de Fondos europeos (la 5ª entrega de Fondos), otros 10.000 millones de euros, que se quieren recibir en el 2º semestre de 2023. Ello exigirá avanzar en la ejecución de inversiones y reformas, en especial la aprobación de la 2ª reforma de las pensiones, que debería haberse aprobado en 2022 y para la que España ha recibido una prórroga. El ministro de Seguridad Social quiere aprobarla “antes de Semana Santa” y  para ello negocia “a tres bandas”: con Bruselas (que quiere consolidar los ingresos de las pensiones a medio plazo), con los sindicatos y patronal (que rechazan ampliar el plazo de cómputo de pensión de 25 a 30 años y la subida de cotizaciones a los sueldos más altos) y con el resto del Gobierno (Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díez), e medio de un año electoral. Pero sin esta 2ª reforma de las pensiones, España no recibiría el 4º desembolso de Fondos europeos.

El Gobierno Sánchez está dispuesto a seguir cumpliendo con Bruselas e incluso quiere ir más allá: conseguir más Fondos y créditos europeos, a cambio de más inversiones y reformas. Por eso, el 20 de diciembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó una “adenda”, un añadido, al Plan de Recuperación, que envió días después a Bruselas. La petición a la Comisión Europea es triple. Por un lado, que nos adjudiquen los nuevos 7.706 millones de ayudas a fondo perdido que nos corresponden (la recesión en España fue mayor de lo previsto en 2020, al aprobarse el reparto de los Fondos europeos, así que en vez de 69.528 millones nos corresponden 77.234 millones de ayudas, más que los 69.041 millones que le tocan a Italia). Por otro lado, la Comisión aprobó en 2022 un nuevo Fondo europeo para diversificar el abastecimiento energético, el Plan REPowerEU, con 20.000 millones, de los que 2.586 millones corresponden a España y quiere gastarlos. Y en tercer lugar, España quiere disponer ya de los créditos contemplados en el Plan de Recuperación (84.000 millones), para poner en marcha proyectos con financiación subvencionada dado que los tipos están subiendo.

La propuesta del Gobierno español es seguir con la ejecución de las ayudas directas  y disponer ya de las nuevas ayudas directas y de los créditos subvencionados para abarcar más proyectos y más inversiones, ofreciendo a cambio a la Comisión Europea avanzar en 30 nuevos hitos y reformas, que no han detallado. Se trata de aprovechar estos meses que quedan hasta las elecciones generales de diciembre para comprometer más fondos y créditos europeos, aunque su ejecución la tenga que culminar el próximo Gobierno. Es una oportunidad de oro para modernizar la economía y conseguir un crecimiento extra, que compense la crisis desatada por la pandemia, la guerra y la inflación. La importancia de conseguir y gastar estos Fondos europeos se refleja en dos datos que maneja el Gobierno: la mitad de lo que España crecerá esta década, entre 2021 y 2031, será gracias a los Fondos europeos, que permitirán por sí solos un crecimiento extra del PIB del +2,6 al +3% anual. Y además, estiman que el Plan de Recuperación creará en España 800.000 nuevos empleos sólo en los tres primeros años, entre 2021 y 2023.

Así que nos jugamos mucho con los Fondos europeos, lo que exigiría dejar de utilizarlos como arma política y electoral y centrarse todos (desde el Gobierno central a las autonomías, Ayuntamientos, empresas y particulares) en gastarlos bien, para modernizar la economía española y dar un salto en productividad y eficiencia como país, mejorando el crecimiento, el empleo y el nivel de vida en esta década. No podemos perder este tren.

2 meses de guerra "pinchan" la recuperación

Hoy es el día 61 en la guerra en Ucrania, que ya ha provocado un frenazo en todas las economías, especialmente en Europa, que crecerá casi un tercio menos (España, una quinta parte menos). El conflicto sigue subiendo los precios de casi todo y la inflación ronda el 10%, mientras suben mucho menos las pensiones (+2,5%) y los sueldos (+2%). Con esta pérdida de poder adquisitivo, mayor entre los que menos ganan, será imposible mantener la recuperación iniciada, a pesar del tirón del turismo. Si el conflicto se mantiene, creceremos poco y no superaremos la crisis de la pandemia hasta finales de 2023. No hay recetas mágicas: sólo moderar las subidas de precios (reduciendo los márgenes y beneficios empresariales) y subir con cuidado los salarios. Y mantener las ayudas selectivas a las familias y sectores más perjudicados. Bajar impuestos suena bien, pero sería contraproducente, injusto y peligroso, como dice incluso el FMI. Hay que ajustar gastos, costes y precios, vivir algo peor porque la guerra nos empobrece.

Enrique Ortega

La peor parte de esta guerra se la llevan los ucranianos: miles de muertos, 5 millones de refugiados en el extranjero, millones de desplazados internos, ciudades en ruinas y una economía que perderá el 35% del PIB este año, según el FMI. El resto de europeos también sufrimos la invasión de Putin, pero sólo en nuestros bolsillos: la guerra ha provocado una subida generalizada de precios, que se ha “comido” parte de nuestros sueldos, pensiones y ahorros, lo que reduce el poder adquisitivo de la mayoría y aumenta los costes de las empresas, recortando el consumo y la inversión. Y con ello, el crecimiento y el empleo.

El 2º mes de guerra en Ucrania ha disparado la inflación en todo el mundo, con récords históricos de subidas de precios: +7,9% en EEUU (la mayor inflación desde 1981), +7,8% en la UE-27 (récord desde 2002) y +9,8% en España (la mayor inflación en 36 años). La inflación mundial ya era alta desde septiembre de 2021, por el aumento de actividad tras lo peor de la pandemia, pero se ha agravado con la invasión de Ucrania, por tres vías: el aumento de los precios de la energía (petróleo y gas, lo que encarece los carburantes y la electricidad), la subida de las materias primas (alimentos y metales) y los atascos en el comercio mundial (por falta de chips y componentes, problemas de transporte y rebrote del COVID en China). Un aumento generalizado de costes que las empresas han trasladado en cadena a los consumidores.

En España, el primer causante de la actual inflación (que superará el 10% en abril) es la subida de la energía, en especial el petróleo (a 106,56 dólares el barril el viernes, un +9% más caro que el día antes de la invasión), que ha encarecido el gasóleo (a 1,613 euros litro, un +9% más caro que el 23-F) y la gasolina (a 1,590 euros litro, prácticamente el mismo precio que antes de la invasión), más que el gas natural ( 84,68 euros MWh el viernes, un 4,7% más barato que los 88,89 euros del 23-F), aunque el precio de la electricidad en el mercado mayorista varía mucho cada día (entre 85 y 240 euros la semana pasada) y cuesta hoy lunes 226,57 euros MWh, un 15,6% más que antes de la invasión (195,86 euros MWh). Estas subidas de los precios energéticos se han trasladado a algunas materias primas, como metales y cereales o aceites, donde las exportaciones de Rusia y Ucrania eran importantes.

Al final, las subidas de precios de la energía y materias primas por la guerra se han trasladado en España al transporte (sus costes han aumentado del 14%, el sector aéreo, al 20% el ferrocarril), la industria auxiliar de la construcción (+14% costes), las refinerías de petróleo (+12%), la pesca (+10%), la metalurgia (+8%) y la industria química (+7% subida costes), según un estudio de CaixaBank Research, que también destaca subidas importantes en los componentes de automóvil, maquinaria, aceites, piensos y fertilizantes. Al final de la cadena, es el consumidor el que carga con las subidas, sobre todo en carnes y lácteos, bebidas, hostelería, productos agrícolas y ganaderos, coches, ropa, hoteles y restaurantes.

Ahora, si sigue el conflicto en Ucrania, la previsión es que los precios sigan altos en mayo y junio, aunque la energía podría bajar este verano, pero no los carburantes (por la alta demanda en vacaciones). Con todo, las empresas españolas no parecen dispuestas a asumir una parte del aumento de costes (reduciendo sus márgenes), según anticipa la Encuesta que les ha hecho el Banco de España: el 40% de las empresas ha subido sus precios en el primer trimestre, otro 37,5% los subirán en el 2º y nada menos que un 60% de las empresas consultadas “esperan subir sus precios a un año vista”. En definitiva, que mientras el consumidor no retraiga sus compras, las empresas seguirán subiendo precios.

La primera previsión tras la guerra, hecha la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), augura una subida generalizada de la inflación en todo del mundo este año, especialmente  en Europa (+5,3% de inflación media en 2022, frente a 2,6% en 2021), principalmente en Reino Unido (+7,4%), Alemania (+5,5%), Italia o España (+5,3% frente al 3,1% en 2021), más que Francia (+4,1%) o Portugal (+4% de inflación).

De cumplirse estas previsiones de inflación, que pueden ir a peor (si el conflicto se alarga  o se dispara más la energía), la mayoría de europeos perderán poder adquisitivo este año, “seremos más pobres” por los efectos de la guerra de Ucrania. Y más en España, donde los ingresos son más bajos y la inflación está subiendo algo más. Los más afectados (“la inflación sí entiende de clases”) serán las familias más vulnerables (porque gastan comparativamente más en energía y alimentos) y, sobre todo los trabajadores (cuyos sueldos están subiendo en torno al 2%, el 75% de los convenios sin clausula de revisión salarial frente a la inflación) y los pensionistas (que tienen una subida este año del 2,5% en sus pensiones), a quien no se compensará de la subida extra del IPC hasta enero de 2023.

En conjunto, se ha calculado que la inflación se va a “comer” este año 85.000 millones de euros de los ingresos de trabajadores (perderán unos 21.000 millones de poder adquisitivo), pensionistas (15.000 millones que puede costar la revalorización de 2023) y ahorradores (50.000 millones perdidos en sus depósitos por la inflación extra). Este es “el coste de la guerra” para los españoles de a pie, más el coste de las ayudas públicas y la pérdida de ingresos y beneficios de empresas y autónomos.

La consecuencia directa de esta pérdida de poder adquisitivo por la inflación es la caída del consumo y la inversión, los dos principales “motores” del crecimiento. Por eso, el FMI ha revisado a la baja el crecimiento de todas las economías: la economía mundial crecerá un 0,8% menos de lo previsto en enero (3,6% frente a 4,4%). Caerán menos la economía USA (-0,3%, creciendo un 3,7%) y China (-0,4%, creciendo un 4,4%) pero el “pinchazo” será mayor en Europa, que reducirá su crecimiento -1,1% (del 3,9 al 2,8%), en especial Alemania (-1,7%, crecerá sólo el 2,1%) , Italia (-1,5%, crecerá el 2,3%) y Reino Unido (-1%, crecerá el 3,7%, cayendo menos Francia (-0,6%, hasta crecer el 2,9%).

Para España, el FMI prevé una caída del -1% sobre el crecimiento previsto antes de la guerra, que bajará del 5,8 al 4,8%, con todo, el mayor crecimiento de los grandes paises occidentales. Esta semana, el Gobierno Sánchez tendrá que revisar a la baja su cuadro macroeconómico de septiembre pasado, que apuntaba un crecimiento este año del 7%. El Banco de España ha rebajado esta previsión al 4,5% (frente al 5,1% que crecimos en 2021) y otros expertos privados (Funcas, CaixaBank Research) lo rebajan al 4,2% (4,1% BBVA Research). Perder un 1% o más de crecimiento por la guerra de Ucrania frenará la recuperación y permitirá crear menos empleos (entre 200.000 y 300.000, frente a 840.000 empleos nuevos en 2021). Y sobre todo, retrasará la salida de la crisis del coronavirus: si pensábamos en recuperar el PIB de 2019 a finales de 2022, ahora se retrasará conseguirlo hasta septiembre de 2023.

La guerra de Ucrania nos hace más pobres, porque las subidas de precios se comen los ingresos de la mayoría. Y poco se puede hacer, salvo paliar con ayudas a las familias y sectores que más sufren esta nueva crisis, y tratar de no frenar de golpe el consumo, para lo que haría falta un “pacto de rentas”: a lo claro, que las empresas moderen sus márgenes (y beneficios) y que los salarios no suban demasiado, para no alimentar entre unos y otros la espiral de la inflación. Pero la realidad es que no hay un pacto de rentas porque la patronal ofrece una subida de salarios ridícula (+8% de subida en los próximos 3 años) y no renuncia en paralelo a subir precios (ya hemos visto que el 60% de las empresas piensan subir sus precios) ni a recortar beneficios ni dividendos. Un pacto de rentas sería “repartirse el sacrificio” de los costes de la guerra, unos en sus márgenes y otros en sus sueldos. Pero no hay intención por parte de la patronal, lo que podría provocar conflictos laborales.

Ante este panorama, alta inflación y menor crecimiento, el “nuevo” PP vuelve a viejas recetas: bajar impuestos. La propuesta enviada al Gobierno por Feijoo propone actuar por cuatro vías. Por un lado, ayudas directas de 200 y 300 euros a las familias que ganan entre 14.000 y 17.000 euros y que no declaran IRPF. Y a los que sí declaran y ganan hasta 40.000 euros, el PP propone descontarles la inflación de sus ingresos (“deflactarlos”), con lo que pagarán menos (unos 3.800 millones menos). La tercera medida sería rebajar el IVA eléctrico y del gas al 5% (el Gobierno lo ha bajado al 10%), lo que tendría que autorizar Bruselas. Y la cuarta, una rebaja en el impuesto de sociedades que pagan las empresas. En total, unas rebajas fiscales que costarían entre 7.500 y 10.000 millones y que se financiarían con el aumento de recaudación que está teniendo Hacienda por la subida de precios.

Suena bien, pero el “Plan” fiscal del PP es “contraproducente, injusto y peligroso”. Incluso el FMI criticó esta receta el mismo día que Feijoo presentó públicamente su propuesta: “no deben hacerse rebajas indiscriminadas de impuestos ni subsidios generalizados”, mientras llamaba a los Gobiernos a la “prudencia generalizada” ante el “limitado espacio fiscal” (elevados déficits públicos y mucha deuda en la mayoría de paises, entre ellos España) y “los mayores riesgos para las finanzas públicas por la guerra y la inflación”. A lo claro: no están las finanzas de los paises para gastar mucho más. Hay que concentrar las ayudas en los más vulnerables, lo mismo que dijo la OCDE el mes pasado. O sea, ayudas limitadas. Y "nada de bajadas de impuestos a la energía", señala en una carta a los paises el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Pero hay más. Los expertos, desde el FMI a la OCDE, creen que bajar impuestos ahora es “contraproducente” porque alimentaría más la inflación: si la gente tiene más dinero disponible, gastará más y eso hará que las empresas suban sus precios sin resistencia. Además, subvencionar los carburantes y bajar el IVA de la energía va en contra del Cambio climático: lo que hay que hacer es subir los impuestos a los carburantes que emiten CO2, no bajarlos. En segundo lugar, la bajada de impuestos es “injusta” porque beneficia siempre más a los más ricos y aumenta la desigualdad. Y más en el caso de bajar el IVA. La tercera crítica, la más de fondo, es que la rebaja de impuestos es “peligrosa”: el Estado ha tenido que gastar millones en ayudas durante los dos años de pandemia y ahora tiene que seguir haciéndolo con la guerra, con lo que corremos el riesgo de disparar el déficit y la deuda demasiado. Y si eso pasa, las bajadas de hoy serán mañana recortes.

El debate de los impuestos debería ser “económico” y no ideológico: la derecha siempre lo utiliza para captar votantes, pero es poco realista. Por una cuestión de datos, no de política: España recauda menos que la mayoría de Europa. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

España recauda menos que Europa en todos los impuestos (hay demasiadas deducciones, mucho fraude y se ingresa mucho menos en sociedades, por las grandes empresas: 23 multinacionales españolas sólo pagan el 2,6% de sus beneficios, según Hacienda). Y eso nos lastra para poder gastar lo que necesitamos (sanidad, educación, gastos sociales, empleo,  inversiones públicas, tecnología…) y atender a situaciones excepcionales como la pandemia o la guerra (donde las ayudas de España son inferiores a las de Francia o Alemania, que recaudan proporcionalmente más que nosotros). Así que los datos deberían forzar a España a recaudar más (como propone el Comité de Sabios encargado por Hacienda), no menos. Y a ser muy prudentes con las ayudas y bajadas de impuestos, porque tenemos poco fuelle. Y si no tenemos cuidado y la crisis se alarga, habría que volver a los recortes (que ya hizo el PP de Rajoy en 2012). En definitiva, no se puede soplar y sorber a la vez.

Ahora, entramos en el tercer mes de guerra y si el conflicto se enquista, para el verano habrá un nuevo recorte de previsiones, se retrasará la recuperación y harán falta más ayudas (españolas y europeas). Por eso hay que ser prudentes y tratar de repartir al máximo los costes de la guerra (tener conciencia de que “somos más pobres”), entre empresas, trabajadores y consumidores. Por ahora, los que más pagan la invasión son los ucranianos y los europeos más pobres. Es hora de un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, para moderar no sólo los salarios sino también los márgenes (precios), beneficios y dividendos. Y compensar no sólo a  las familias y sectores más vulnerables, como ahora, sino también a las pensiones más bajas, que no pueden esperar a 2023. Se trata de ajustar el shock de la guerra, con solidaridad y prudencia, sin caer en soluciones “milagrosas” como la bajada de impuestos. La realidad es más compleja. 

Más empresas en manos extranjeras

El Gobierno aprobó hace 2 semanas prorrogar el blindaje anti-OPAs durante todo 2022, para evitar que empresas estratégicas españolas puedan ser compradas por extranjeros, ahora que han caído mucho en Bolsa, como pasa con Telecom Italia. El blindaje se aprobó en marzo de 2020, con el estado de alarma, pero la compra de pequeñas participaciones no ha parado en el último año y medio. Y los Fondos y empresas extranjeras ya controlan el 50% de las empresas que cotizan en Bolsa y gran parte de nuestra vida: nacer, estudiar, trabajar, alquilar o comprar un piso, echar gasolina o consumir luz, vivir en una residencia de ancianos o el entierro en una funeraria son actividades controladas también por Fondos y empresas extranjeras. Algo positivo, porque aporta inversión y empleo, pero peligroso porque nos deja en manos de terceros, que suelen buscar beneficios a corto plazo. Es la globalización. Pero hay que defenderse con controles, como hace el resto de Europa. Y promover más la inversión española.

Enrique Ortega

En marzo de 2020, con la pandemia, se produjo un desplome de la Bolsa, que cayó un -39,43% en menos de un mes (el IBEX pasó del 10.083,60 el 19 de febrero al 6.107,20 el 16 de marzo). Eso se tradujo en que las 35 grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, desde Telefónica o Repsol al Santander y Meliá Hoteles,  valían casi la mitad. Y lo mismo el resto de empresas que cotizan en el mercado continuo (129) o en el MAB (otras 41). Eso suponía un peligro potencial: que muchos Fondos o inversores extranjeros se hicieran más fácilmente (a bajo precio) con paquetes de acciones de control de empresas españolas. Y por eso, las grandes empresas pidieron al Gobierno que tomara medidas para defenderles.

Y lo hizo el 17 de marzo de 2020, incluyendo en el Decreto de medidas urgentes contra la pandemia (Real Decreto 8/2020) una Disposición final 4ª que “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros del 10% o más del capital de empresas de sectores considerados estratégicos” : sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad o nanotecnología. Lo que hacía el Gobierno español era trasponer una Comunicación similar hecha por la Comisión Europea el 13 de marzo.

Por si no quedaba claro, el propio Gobierno aprobó unos días después, el 31 de marzo, otro Real Decreto (11/2020, publicado en el BOE del 1 de abril) para aclarar algunos aspectos del blindaje: se consideran inversores extranjeros a los “no comunitarios” y también a las empresas radicadas en Europa pero que sean propiedad en un 25% de extranjeros (caso de muchos Fondos USA y de terceros paises radicados en Luxemburgo o Paises Bajos). Y además, aclaraba que las compras inferiores a 1 millón de euros no necesitaban autorización. Y quitaba la referencia a que la limitación duraría lo que el estado de alarma. Era “sine die”.

El blindaje anti OPAs ha evitado “sustos” de compras hostiles a las grandes empresas españolas, que siguen a precio de saldo aunque haya subido la Bolsa. Pero compras se han hecho, con pequeñas operaciones, aumentando poco a poco las participaciones de algunos grandes Fondos en grandes empresas. Del 17 de marzo a finales de 2020 se contabilizan unos 4.500 millones de euros en pequeñas compras, según se deduce del rastreo de la web de la CNMV, a quien es obligatorio informar de las compras de acciones superiores al 3% (a al 1% si compra un Fondo a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal). Las mayores compras extranjeras se dieron en 2020 en Cellnex Telecom (895 millones invertidos por el Fondo noruego Norges Bank, 819,5 por el Fondo norteamericano GQG y 775,4 millones del Fondo Fidelity, USA), en Amadeus (635,9 millones compró el Fondo T. Rowe Price y un 0,133% el Fondo también norteamericano FMR), en Ferrovial (el Fondo D1 Capital Partners, USA, invirtió 160 millones), en Enagás (Credit Agricole invirtió 152 millones y Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi otros 155,7 millones), en IAG (158,9 millones del Fondo norteamericano Marshall Wallace), en Bankia (BlackRock  invirtió 100 millones y se hizo con el 4% del banco), Solaria (otros 69,6 millones de BlackRock) o en Bankinter (BlackRock invirtió otros 4,84 millones y controla el 5,17% del banco).

Además de estas “compras oportunistas”, pequeñas y no hostiles, se ha aprovechado la pandemia para cerrar 4 importantes operaciones. Una, la OPA amistosa sobre Mas Móvil (la 4ª teleco española) por las gestoras de capital riesgo KKR (USA), Cinven (GB) y Providence (USA), que han invertido 2.760 millones  para hacerse con el 91,2% de la teleco, que ya no cotiza en Bolsa y podría ser vendida en el futuro a Vodafone. La 2ª operación, completada en junio de 2020, fue la OPA de la firma suiza SIX (gestiona la Bolsa de Zúrich) para comprar por 2.570 millones BME, la empresa que gestionaba las Bolsas españolas. La tercera operación, en septiembre, fue la compra por 1.300 millones de El Idealista por el fondo sueco EQT. Y la 4ª y última OPA aprobada, el 3 de agosto de 2021, ha sido la operación del Fondo australiano IFM sobre Naturgy, que sólo ha conseguido hacerse con un 10,8% de su capital.

Ahora, el Gobierno español ha prorrogado el blindaje anti OPAs un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022. Lo iba a hacer seguro, pero el Consejo lo anticipó el 23 de noviembre, tras conocer que, el día antes se había lanzado una OPA sobre el 100% de Telecom Italia, por el Fondo norteamericano KKR, lo que volvía a airear los temores sobre Telefónica (que vale en Bolsa 22.039 millones, dos tercios de su valor en febrero de 2020, 32.403 millones, y la mitad que en 2017: valía entonces 42.186 millones).

Todos los paises europeos están preocupados porque la pandemia y la caída de las Bolsas aceleren las OPAs hostiles. De hecho, 18 paises europeos (entre ellos España) mantienen mecanismos de control  sobre las compras de extranjeros. Y la Comisión Europea ya aprobó en 2019 un Reglamento sobre inversiones extranjeras, que es obligatorio para los 27 paises desde octubre de 2020. Bruselas quiere que todos los paises establezcan blindajes, porque Europa es el continente más abierto a las inversiones extranjeras y se quiere frenar la ofensiva de EEUU, Reino Unido, China (ha multiplicado por 6 sus inversiones en Europa) y Rusia (las ha duplicado), paises más “cerrados” que los europeos. Y además, la Comisión Europea opta por blindarse ante entradas hostiles de extranjeros mientras consigue fomentar una potente industria europea (aún más débil).

España es el 2º país europeo que más inversiones extranjeras recibió en 2020 (un 17,9% del total), tras Alemania (21,3%), por delante de Holanda (13,3%), Italia (9%) y Francia (7,1%), según los datos de la Comisión Europea. Y eso se nota en todos los sectores, empezando por la presencia extranjera en Bolsa: un 49,9% del capital de  las empresas cotizadas está en manos de inversores extranjeros, frente al 41% de media en el mundo, el 42,2% en Francia y el 66% en Reino Unido, según el último informe de BME (año 2020). Y si tomamos sólo a las 35 grandes empresas del IBEX 35, la participación extranjera sube hasta el 57.8%, según BME. En 1992, tenían sólo el 30,6%. La mayor presencia de inversores extranjeros se da en energía, banca e inmobiliarias.

La inversión extranjera en Bolsa se canaliza a través de Fondos internacionales, de inversión o de pensiones, que diversifican entre paises, sectores y empresas. Y no sólo Fondos privados: en España invierten también 15 Fondos soberanos de otros tantos paises. El principal fondo inversor en España es el norteamericano BlackRock, el mayor Fondo del mundo (gestiona 9,45 billones de dólares, casi 7 veces el PIB español), presente en 18 de los 35 valores del IBEX, con una inversión total de 19.679 millones de euros, según BME. Es el mayor inversor institucional de la banca española  (5,91% del BBVA, 5,42% del Santander, 3,61% de CaixaBank, 3,06% del Sabadell y 2,81% de Bankinter) y tiene participaciones importantes en Iberdrola (5,25%), Repsol (5,19%), Telefónica (4,8%) o Amadeus (5,27%).

El 2º Fondo más presente en la Bolsa española es Vanguard (USA), otro poderoso gestor de activos (5 billones de dólares y 20 millones de clientes en 170 paises) que acumula inversiones  en España por valor de 12.340 millones de euros, destacando sus participaciones en BBVA (3,93%), Santander (3,35%), Sabadell (3,38%), CaixaBank (1,58%), Bankinter (2,23%), Amadeus (2,68%), Iberdrola (3,42%), Telefónica (2,57%), Enagás (2,76%), Cellnex (2,56%), ACS (2,17%),Ferrovial (1,86%) o Aena (1,36%)

El tercer Fondo internacional en nuestra Bolsa es Norges Bank, el mayor Fondo soberano del mundo, la gestora que administra el Fondo público de pensiones de Noruega, con un patrimonio de 1,2 billones de dólares y que participa en 9.123 compañías de 73 paises. En España ha invertido ya 12.000 millones de euros en empresas cotizadas, destacando sus participaciones en Iberdrola (5,235%), BBVA (4,37%), inmobiliaria Colonial (3,026%), Cellnex (3,003%), Repsol (3,03%), Indra (2,974%), Telefónica (2%), Santander (2%) o Inditex (1%).

El 4º Fondo extranjero en la Bolsa española es Fidelity (EEUU), con participaciones en Indra (9,809%), Amadeus (4,045%), Cellnex (3,217%), Grifols (2,783%), Ferrovial (2,035%) o Endesa (1,011%). Y también hay otros Fondos extranjeros con importante presencia como el Fondo soberano de Qatar (Qatar Investment, con el 8,71% de Iberdrola) y el Fondo de Abu Dabi (Mubadala Investment, dueño del 63% de Cepsa) o las gestora francesa  Amundi (4,5% de Repsol), la luxemburguesa Invesco (Acciona, Amadeus, BME,  IAG o  Atresmedia) o la norteamericana Capital Group (Grifols, Naturgy, Iberdrola, Inditex).

Vista ya la presencia extranjera en Bolsa, analicemos su importante participación en muchos sectores, algunos estratégicos. Ya hemos visto la banca, donde los tres grandes Fondos extranjeros tienen paquetes de control. También es decisiva su presencia en la energía. La última novedad ha sido en REPSOL, donde los mayores accionistas son extranjeros tras vender la española Sacyr, en octubre, parte de sus acciones (del 8,034 pasa  al  3,96%), con lo que el primer accionista es ahora el banco norteamericano JP Morgan (6,855%), seguido de BlackRock (5,194%), la francesa Amundi (4,5%), el fondo noruego Norges Bank (3,03%), y Vanguard (2,51%), 5 Fondos extranjeros que controlan el 22,08% de Repsol y su gestión. La otra gran petrolera, CEPSA, está controlada por el Fondo de Abu Dabi (Mubadala tiene el 63%) y el Fondo norteamericano The Carlyle Group (37% restante).

En las eléctricas, la presencia extranjera es mayoritaria. Endesa es propiedad en un 70,101% de Enel, perteneciente al Estado italiano, junto a un 1,49% que tiene BlackRock (USA) y un 1,011% el Fondo Fidelity (USA). En Iberdrola, el Fondo soberano de Qatar tiene un 8,71% del capital, junto al 5,235% que tiene BlackRock, 3,42% Vanguard y 3.117% Norges Bank. Y en Naturgy, el primer accionista es CaixaBank (26,7%), pero el resto lo controlan Fondos extranjeros: el británico CVC Capital Partners (20%), el norteamericano Global Infraestructure Partners (20%), Capital Group (2,98%) y Norges Bank (1,43%), además del recién incorporado Fondo australiano IFM Global (10,8% capital). En Red Eléctrica, el Estado controla el 20% pero hay un 66% en manos de inversores institucionales (44% de EEUU y Reino Unido). Y en Enagás, además del 5% del Estado y del 1% de Amancio Ortega, hay muchos Fondos internacionales: BlackRock (3,38%), Bank of America (3,61%), Vanguard (2,76%), State Street Corporation (3,008%), Credit Agricole (3,06%), Mubadala Investment (3,103%), Bank of NY Mellon (3,045%) y Norges Bank (0,84%).

El sector inmobiliario está en un 60% en manos de inversores extranjeros. Por un lado, las inmobiliarias, a través de SOCIMI (sociedades de inversión): Inmobiliaria Colonial (20,2% Fondo de Qatar, 16% Fondo mexicano Finaccess, 6% financiero colombiano Águila LTD, 4,3% fondo alemán DIC, 4,2% Deutsche Bank, 3,7% BlackRock), Merlín Properties (3,99% BlackRock, 2,46% Vanguard y 1,98% Norges Bank), Lar España (73% extranjeros), Arima (4,64% Fidelity, 0,60% Vanguard), GM Property (GIC, Fondo soberano de Singapur) y Testa Residencial (pisos alquiler, 70% del Fondo norteamericano Blackstone).  Y también están plagadas de Fondos las 10 grandes promotoras inmobiliarias: Vía Celere, Neinor, Aedas, Metrovacesa (fondo británico Helikon y Qatar Investment), Kronos o Hábitat.

Los fondos e inversores extranjeros también están presentes en la Sanidad. Estaban presentes en Capio y Quirón, antes que el grupo Quirón, primer grupo hospitalario privado, lo comprara el grupo alemán Fresenius. Y Sanitas es una filial del grupo británico Bupa. Mientras el 90% del grupo Ribera Salud (hospitales en Levante) pertenece al fondo USA Centene Corporation. En 2019, el fondo holandés DIF compró el Hospital Infanta Leonor en Madrid , el Fondo Aberdeen (de Lloyds) compró el Hospital del Sudeste (Arganda, Madrid) y el Fondo Magnum Capital el Hospital de la Caridad en Cartagena. Y en 2020, en plena pandemia, el fondo canadiense Brookfield compró el hospital madrileño de Puerta de Hierro, el fondo australiano McQuarie tomo el control de Viamed Salud y el Fondo francés Meridian compró el Hospital Cunqueiro de Vigo.

La inversión extranjera y los Fondos llevan años comprando colegios privados y Centros de enseñanza, pero ahora están a la caza de Universidades privadas y centros de Formación Profesional. Ya en 2018, el Fondo norteamericano Permira compró la Universidad Europea de Madrid y este verano, el Fondo KKR (USA) compró la red de centros de FP Medac. Antes, en mayo de 2021, la gestora europea Invesindustrial compró CEAC y en septiembre, el grupo inversor suizo Crescendo compró Deusto Formación CCC. Y el Fondo Magnum ha comprado dos centros para crear Metrodora Education, para formación sanitaria.

En paralelo, los Fondos extranjeros llevan años invirtiendo en residencias de estudiantes, para recoger el aumento de estudiantes extranjeros y Erasmus. Sólo en 2020 invirtieron en residencias 904 millones de euros, según la consultora CBRE. Y seguirán haciéndolo, porque esperan que las 97.000 camas actuales pasen a ser 118.000 en 2023. El líder del sector en España es la empresa norteamericana Greystar (11.000 plazas en 40 residencias de 20 ciudades), seguida de la española Urbania y los Fondos V Student Aulis y Stoneshield.

Otro sector que interesa a la inversión extranjera son las residencias de ancianos. La empresa líder, DomusVi, es propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG. La 2ª, Orpea, es filial del grupo francés Orpea, con participación del Fondo canadiense CPPIB. Y la tercera, Vitalia, está controlada por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo). Y hay varios fondos a la caza de pequeñas residencias de ancianos. Además, para “cerrar el ciclo”, también invierten en funerarias: el líder del sector, el grupo Mémora (130 tanatorios), comprado en 1998 por el Fondo británico 3i, se vendió en 2017 a otro Fondo de los profesores de Ontario (Ontario Teachers´ Pension Plan).

Ya se ve que la inversión extranjera está muy presente en nuestras vidas, del nacimiento a la tumba. Eso tiene mucho de positivo, sobre todo la llegada de inversión que dinamiza la actividad y el empleo. Pero también tiene muchos riesgos: el principal, que las decisiones se toman lejos y muchas inversiones son especulativas, buscan el beneficio a corto y vuelan cuando han captado la plusvalía. Y además, pueden interferir en la gestión de empresas estratégicas, forzando a los gestores a seguir sus pautas de dirección. Y presionan a los Gobiernos, porque muchos Fondos tienen más poder que los paises. Por todo ello, parece lógico defender y promover las empresas españolas y europeas, para no acabar siendo filiales de EEUU, Reino Unido o China. Globalización sí, pero interés nacional también.

Cómo bajar el precio de la luz

La luz volvió a subir en septiembre, por 6º mes consecutivo, con precios desconocidos desde hace 20 años. El recibo medio sube un 8% este año y pagamos la 3ª luz más cara de Europa. El Gobierno Sánchez aprobará este viernes suspender el impuesto eléctrico del 7%, pero es “el chocolate del loro”: bajará 1,5 euros al mes el recibo. Un “parche” que va a rebajar más los ingresos públicos, un contrasentido: quieren subir los impuestos a la banca y les  bajan 1.000 millones a las eléctricas. Si quisieran abaratar la luz, deberían hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas lo que les cuesta de verdad producir la luz, no pagarles 3 o 6 veces más el kilovatio hidráulico o nuclear, al precio del kilovatio de gas y carbón (“sardinas a precio de caviar”). Y quitar del recibo costes injustificados o que debería pagar el Presupuesto. Así bajaría el recibo de la luz hasta un 40%. Pero eso supone recortar los enormes beneficios de las todopoderosas eléctricas. Y nadie se atreve.

enrique ortega

En septiembre, el mercado eléctrico, donde se fijan los precios mayoristas de la electricidad, ha sido un tobogán, con tres días de precios récords (75,93 euros/kW el 19 de septiembre), que no se veían en España desde hace 20 años. Y al final, el precio mayorista de la luz en septiembre ha alcanzado los 71,3 euros/kW de media, un 11% más que en agosto (64,33 euros) y un 23% superior al de finales de 2017 (57,94 euros). Como este precio mayorista de la luz influye un 35% en la factura de la luz, la subida media del recibo de enero a septiembre será del +8%. De hecho, una familia con un gasto medio (4,4 kW de potencia y 3.500 kw anuales de consumo) pagará en septiembre un recibo de 70,5 euros, 3 euros más que a finales de 2017 (+ 4,4%) y 10 euros más que en marzo (+18%), según indica el simulador de facturas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).

Los expertos aportan varias razones para explicar la fuerte subida de la luz en el mercado eléctrico 6 meses consecutivos, desde el mínimo de marzo (40,18 euros/kW), y especialmente entre mayo (54,92 euros/kW) y septiembre (71,17 euros/kW). La primera y fundamental, la subida del kilovatio producido en las centrales de carbón y gas, debido a la fuerte subida del petróleo y el carbón en los mercados internacionales. Y esta subida de costes de estos kilovatios se ha trasladado a la luz producida con aire y agua (hidroeléctrica), por la que se paga el precio de la luz más cara (carbón y gas). Eso ha provocado que, aunque ha habido menos agua en los pantanos y menos aire este verano, el agua que había se pagaba más caro porque había subido el carbón y el gas. Además, el calor de este verano y el turismo ha disparado la demanda de electricidad y los precios. Y por último, las eléctricas han pagado más por contaminar este año, porque se han triplicado en el mercado europeo el precio de los derechos de emisión de CO2 (lo que pagan por emitir, al producir electricidad con carbón y gas). Así que contaminan y pagan más. Y de paso, las centrales que producen sin contaminar (hidroeléctricas y nucleares) se benefician del encarecimiento del CO2, porque ahora reciben más dinero por kilovatio (por ser más "sucio") al venderlo al precio del kilovatio de carbón y gas. “Venden sardinas al precio de caviar”, ha dicho gráficamente el director del IDAE.

Una “locura”, pero así funciona desde 1998 el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija el precio de la luz cada hora según este sistema, autorizado por Aznar (Ley Eléctrica 1997): cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual, y más cuando no llueve ni hace viento, es que la energía que falta para asegurar el suministro se cubra con centrales de carbón o gas (que producen a 60 euros kilovatio), el precio que se llevan las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el kilovatio) o las nucleares (22 euros), que además están amortizadas, después de 90 o 40 años de vida. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona de hecho el mercado eléctrico.

Aparte de fijar precios por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), estrecho (pequeño), muy volátil (tiene muchos altibajos de precios) y el sistema promueve el fraude, como ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. Ya en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de este año, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Ante las fuertes subidas de la luz en agosto y septiembre, el Gobierno Sánchez ha optado por un atajo, que es un “parche”: no toca el distorsionado mercado eléctrico y se conforma con suprimir “temporalmente” el impuesto del 7% a la producción de electricidad que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas en 2013, para intentar corregir el déficit eléctrico (una “deuda” de 24.000 millones a las eléctricas, por haber subido la luz desde el año 2.000 menos de los costes que ellas decían). Este impuesto eléctrico, unos 8.000 millones recaudados en estos 6 años, no lo han pagado las eléctricas (que lo recurrieron al Supremo y al Constitucional, perdiendo los recursos) sino que lo hemos pagado los consumidores, porque las eléctricas lo han repercutido en el coste de la luz. Ahora, la intención del Gobierno Sánchez es que al quitar ese impuesto, la luz baje. Pero será “el chocolate del loro”: los expertos creen que la luz bajará una media de 1,5 euros por recibo, sólo un 2%.

Y a cambio, Hacienda dejará de ingresar 1.500 millones de euros al año por este impuesto (en 2017 recaudó 1.510 millones y este año se preveían 1.528 millones, de los que se perderán 382 millones, al suprimirse el impuesto ya desde octubre). Y esto es un contrasentido: el Gobierno Sánchez quiere recaudar 1.500 millones más con un impuesto a la banca y a las operaciones financieras y dejará de ingresar 1.500 millones de las eléctricas (que han “aplaudido la medida”, claro). Y así, será difícil aumentar el gasto público y el gasto social, que tanta falta hace en un país que recauda y gasta menos que la mayoría de Europa.

Con todo ello, el Gobierno Sánchez se conforma con aplicar un parche, ideológicamente criticable (“hay que recaudar más, no menos”), en lugar de afrontar el problema de fondo y “coger el toro eléctrico por los cuernos”: hay que reformar el mercado eléctrico y ajustar costes. Veamos como podría conseguirse bajar el precio de la luz de verdad.


Antes, debemos saber que el recibo de la luz tiene tres partes y el Gobierno debería actuar al menos sobre dos de ellas, tomando medidas de fondo. Una parte del recibo (35%) paga la luz que contratamos y consumimos (más el alquiler del contador), otra parte (44%) son costes regulados cada año por el Gobierno y el 21% restante son impuestos (eléctrico e IVA).

Lo primero que habría que hacer es una auditoría de costes en el mercado eléctrico, para saber lo que cuesta de verdad producir cada kilovatio (hidráulico, nuclear, eólico, solar, de centrales de carbón y gas) y pagarlo según ese coste más la remuneración de las inversiones hechas y un margen de beneficio razonable. Eso supondría bajar radicalmente el precio actual que reciben las centrales hidroeléctricas (Iberdrola tiene la mitad) y nucleares, teniendo en cuenta su menor coste de producción y que la mayoría ya están amortizadas. Y con ello, dejaríamos de pagar costes de más en una parte del recibo (35%), como hacemos cada día (“Sardinas a precio de caviar”). El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, entre 2005 y 2015, por el injustificable sistema de precios que les regaló Aznar.

La segunda medida debería ser ayudar a los consumidores a contratar menos potencia, porque una parte importante de la factura (miren la suya) es pago por la potencia contratada, consuman o no luz. Esto es un “regalo” de Rajoy a las eléctricas: en 2013, con la “reforma eléctrica” se subió mucho el componente de potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de garantizar más ingresos fijos a las eléctricas en un momento que la crisis iba a reducir el consumo de electricidad. El resultado es  que un 20% de los consumidores contratan más potencia de la que necesitan (por el viejo miedo español a que “salte el automático”) y pagan más de lo que deberían, una media de 52,82 euros más al año. El Gobierno Sánchez dice que este viernes tomará medidas para facilitar el reajuste de potencia en los contratos, que ahora es muy rígido: va de 1,1 kW a 2,2, 3,3 y así siguiendo. No se puede contratar 2,5 kW de potencia, por ejemplo. Y nadie nos asesora para saber exactamente la potencia que necesitamos y no pagar de más.

La tercera medida para abaratar la luz es actuar en “la parte regulada” del recibo (44%), los llamados “peajes”,  un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido incluyendo una serie de costes que crecían año tras año. Unos son costes “justificados” aunque demasiado elevados, como los costes por el transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su posterior distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables (17,22% de la factura), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias del riesgo de poder cortarles la luz para asegurar el suministro (no ha pasado nunca, pero se llevan un 3% de nuestro recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (el pago,150 millones anuales, se eliminó el 30 de junio), ayudas para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018) y algunas partidas más. Habría que estudiarlas “con lupa”, recortar o suprimir algunas y otras pagarlas a través de los Presupuestos, no de nuestro recibo.

Con estas tres medidas, actuando en dos de las tres partes del recibo, la luz podría bajar hasta un 40% en un año. Algunos piden también actuar en la tercera parte del recibo, los impuestos, donde pagamos un impuesto especial eléctrico  del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima de Reino Unido (5% IVA luz), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%). Por eso, algunos partidos y la asociación de consumidores Facua piden bajar el IVA para abaratar la luz. Pero ojo: bajar el IVA de la luz al 10% significa que Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para gastar en sanidad, educación, paro o investigación…

De momento, no haría falta tocar los impuestos de la luz para rebajar la factura hasta un 40%, sólo con cambios de fondo en el mercado eléctrico y en los pagos regulados. Con ello, España dejaría de ser el tercer país con la luz más cara de Europa sin impuestos, según Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kWh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa,0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos. Salarios más bajos pero luz mucho más cara...

Tenemos la luz más cara que la mayoría de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos en el recibo explican también un hecho reiterado año tras año: las eléctricas españolas ganan el doble que las eléctricas europeas, en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Nada menos que 5.627 millones en 2017 (+3%) sólo entre Iberdrola (2.804), Endesa (1.663) y Gas Natural-Fenosa (1.360). Y este año 2018, han ganado 2.652 millones hasta junio, aumentando sus beneficios un +27% (Iberdrola), un +22,3% (Naturgy) y un +15% Endesa, al amparo de las fuertes subidas de la luz desde abril.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo más que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (y los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

Ante este panorama, una luz cara y sucia, no valen parches como los que el Gobierno Sánchez aprueba este viernes. Hace falta una reforma a fondo, del mercado eléctrico y del recibo, para que dejemos de pagar costes de más, que llevan décadas engrosando los beneficios y dividendos de las eléctricas. Urge una auditoría de costes y remunerar la luz por lo que de verdad cuesta producirla, transportarla y comercializarla. Luz y taquígrafos para pagar un precio justo por la luz, una asignatura que tenemos pendiente desde la transición. Hasta ahora, ningún Gobierno español se ha atrevido a afrontar esta reforma estructural de un sector con mucho poder económico, político y mediático. Y ahora, el Gobierno Sánchez, muy debilitado, sólo aplica un parche poco efectivo e incoherente con la política fiscal que predica. Así que ya lo saben: ha subido la luz y seguirá subiendo, llueva o no, porque tenemos un mercado de locos y pagamos por todo. Y así será hasta que algún día, otro Gobierno y otros políticos, más audaces, se atrevan a poner orden, en perjuicio de unos pocos y en beneficio de la mayoría. No parece cercano.