Nuevas ayudas contra la inflación

El Gobierno ha prorrogado 6 meses las medidas más eficaces contra la inflación: bajada impuestos a luz y gas, ayudas al transporte público, tope a la revisión de alquileres y ayudas a las familias más vulnerables. Además, mantiene la bonificación de 20 céntimos a los carburantes para profesionales, quitándola al resto. Y aprueba dos medidas nuevas: un cheque de 200 euros para 4,7 millones de familias con menos ingresos y la rebaja del IVA a algunos alimentos. Medida que pedían hipermercados, supermercados y el PP, pero que es poco efectiva: la leche bajará 4 céntimos, el pan 2 y los huevos 8… el chocolate del loro. Urge vigilar la formación de precios y evitar márgenes abusivos entre el campo y las estanterías. Las nuevas ayudas (10.000 millones) paliarán la inflación, pero la clave es que Europa aplique su tope al gas y a la electricidad y ayude a parar (o ganar) la guerra en Ucrania. Y mientras, que apruebe un Fondo de ayudas europeas contra la inflación, como hizo cuando el COVID.

Enrique Ortega a partir de El Capitán Trueno de Víctor Mora y Ambrós

La inflación ha bajado en los últimos 4 meses en España (del +10,8% en julio al +6,8% en noviembre, según el INE), situándose cerca de donde estaba hace un año (+6,5% en diciembre 2021). Y también baja, aunque mucho menos, en la zona euro: del 10,6% máximo en octubre al 10,1% en noviembre, aunque en Alemania los precios suben +11,3%, en Italia +12,6%, en Francia +7,1%, en Polonia +16,1% y en Letonia +21,7%, según Eurostat. Pero lo importante es que el invierno se ha retrasado y es más suave en Europa, que tiene cubiertas sus reservas de gas y petróleo, lo que ha frenado (momentáneamente) la subida del petróleo y del gas, aunque se mantienen las subidas de los alimentos (+15,3% anual en España).

La energía está dando una tregua a esta crisis de inflación, tras más de un año de alzas, anteriores a la invasión de Ucrania (24-F). El petróleo Brent cotiza hoy a 81,5 dólares por barril, por debajo de los 97,9 dólares que costaba el 23-F y muy lejos de los 129,49 dólares que llegó a costar el 9 de marzo, un precio que rozó en junio (123,83 el día 8), aunque luego bajó y en diciembre costó incluso 77,12 dólares (ver gráfico evolución precio crudo). Esta bajada del petróleo ha propiciado que los carburantes cuesten hoy casi como antes de la invasión de Ucrania, tras bajar semana a semana en diciembre: la gasolina cuesta algo menos (1,5906 euros por litro frente a 1,5910 el 23-F) y el gasóleo algo más (1,6433 euros por litro frente a 1,479 euros antes de la invasión), aunque ambos carburantes han bajado sensiblemente desde el verano (costaron más de 2 euros el litro en julio).

La otra energía clave que está bajando es el gas natural, que hoy cotiza en España a 69,83 euros/MWh, por debajo del precio que tenía antes de la invasión de Ucrania (78,76 euros), aunque alcanzó un precio máximo de 230,39 euros/MWh el 31 de agosto. Y en Europa, el indicador TTF señala hoy un precio de 81,35 euros/MWh, también inferior al de antes de la invasión (88,89 euros) y muy alejado de ese máximo histórico de 346 euros que alcanzó el 31 de agosto. Este menor precio del gas ha servido para rebajar el coste de la luz en toda Europa, desde los máximos que alcanzó en julio y agosto. Pero en el caso de España, la bajada de la luz ha sido más drástica, gracias sobre todo a “la excepción ibérica”, ayudada por el aumento de las energías eólica y solar.

España y Portugal consiguieron que una Cumbre Europea aprobara, el 8 de junio de 2022, la llamada “excepción ibérica”, justificada en que la Península es una “isla energética” (sólo se importa el 3% de la electricidad) y ha conseguido un alto porcentaje de electricidad “renovable” (47% en 2021): se autorizó poner un tope al precio del gas (primero 40 euros y luego hasta 70 euros/MWh) utilizado en la generación de electricidad, hasta el 31 de mayo de 2023. Con ello, las demás energías (hidráulica, nuclear, térmica de carbón y renovables) no cobrarán por la luz que produzcan el precio del gas, sino el tope fijado (menor), lo que bajará el precio mayorista de la electricidad. Y las térmicas de gas reciben una compensación.

El efecto de la “excepción ibérica” en los precios mayoristas de la electricidad ha sido decisivo. Si la luz en origen llegó a costar 544,52 euros/MWh el 9 de marzo (al dispararse el precio del gas por la guerra) y se mantuvo en 214 euros el 14 de marzo, este precio mayorista empezó a bajar el 15 de junio, al entrar el vigor la “excepción ibérica: ese día costó 165,59 euros/MWh. Y cinco meses después, el 15 de noviembre, estaba en 109,66 euros, bajando  hasta los 36,41 euros el 24 de diciembre. Incluso sumando a ese precio la compensación a las eléctricas por la diferencia en el precio del gas (compensación que pagamos los consumidores), el precio mayorista final (que supone la mitad de la factura: el resto son cargos fijos e impuestos) es más bajo que antes. Para hoy, 29 de diciembre, el precio mayorista (con compensación) queda en 16,15 euros/MWh, la mitad que en Francia y el precio más bajo de todo el año 2022 y desde febrero de 2021 (ver gráfico evolución precios).

 El Gobierno estima que los usuarios nos hemos ahorrado en la factura de la luz, estos 6 meses, más de 4.000 millones de euros, un ahorro medio de 150 euros anuales por hogar, gracias a la excepción ibérica. Y con ella, hemos pagado la luz un 54% más barata que Alemania, un 59% menos que Francia y un 63% menos que Italia... Un balance muy positivo para una medida que el PP calificó de “timo ibérico”.

Bajan el petróleo, los carburantes, el gas  y la electricidad en los últimos meses, pero siguen subiendo los alimentos, un 15,3% anual en noviembre, según el INE, más del cuatro veces lo que subían hace un año (+3,3% en noviembre 2021). Y lo peor es que hay 18 alimentos básicos que suben más del 10%: azúcar (+50,2%), harinas y otros cereales (+37,6%), mantequilla (+37,5%), leche entera (+30,9%), huevos (+27,1%), aceite de oliva (+25,9%), patatas (+20,5%), queso (+20,3%), carne de ave (+16,6%), pizza (+16,4%), arroz (+15,3%), pan (+14,9%), legumbres y hortalizas (+14,6%), sal y especias (+14,3%), pescado congelado (+13,6%), carne de vacuno (+13,2%), carne de cerdo (+13,2%) y pescado fresco (+10,4%). Ahora, con la Navidad, aún están subiendo más el pescado, los mariscos, las carnes y todos los dulces, además del resto de los alimentos, que no se espera empiecen a bajar hasta enero, afectando sobre todo a los hogares más vulnerables.

Aunque el resto de los precios estén más controlados, la inflación de fondo (subyacente: sin energía y alimentos) es muy alta, en el +6,3%, el triple que en diciembre pasado (+2,1%), lo que indica que la inflación se ha generalizado, contagiando a todos los sectores. Y además, los precios de la energía, desde el gas y el petróleo a los carburantes y la electricidad, pueden remontar en los próximos meses, si el frío arrecia como es de esperar. Por todo ello, el Gobierno Sánchez aprobó este martes un tercer paquete de ayudas contra la inflación, tras los aprobados en marzo (para el 2º trimestre) y junio (para el 2º semestre). Las ayudas (ver cuadro resumen) son en general por 6 meses, hasta junio de 2023, y costarán 10.000 millones de euros, a sumar a los 35.500 millones gastados ya en las ayudas anteriores.

La mayoría de las medidas aprobadas ahora prorrogan las aprobadas en marzo y junio. La principal, la rebaja de impuestos a la luz y el gas (que ha costado 6.500 millones este año): se mantiene la prórroga del IVA al 5% (antes era el 10%) a la luz y el gas, se mantiene la supresión del tributo del 7% a la generación eléctrica (aprobado por Rajoy en 2012) y se continúa con la reducción del impuesto especial a la electricidad al 0,5%, además de mantener la tarifa especial para el gas para calefacción (incluidas comunidades de vecinos) y el precio máximo de la bombona de butano (19,55 euros).

También se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2023 el tope del 2% a la revisión anual de los alquileres, con la excepción de congelar los alquileres que se acaben entre el 1 y 30 de junio (se prorrogan 6 meses sin actualización). Y se prorroga 6 meses la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables, prohibiéndose durante todo 2023 el corte de suministros esenciales (luz, gas y conectividad). Y se mantiene el bono social (ampliado en 2022) y se suben un 15% el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas (las pensiones contributivas suben un 8,5% en 2023). Y se mantiene durante todo 2023 la gratuidad en los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, subvencionando el 30% del transporte público urbano e interurbano (Ojo: la novedad es que Ayuntamientos y autonomías tienen que subvencionar otro 20%, porque si no, el Gobierno no financia).

Otra ayuda actual se modifica: el 1 de enero, se suprime la bonificación de 20 céntimos a los carburantes (vigente desde el 1 de abril) que reposten los conductores particulares, debido a su alto coste (4.269 millones), a que aumenta el consumo y las emisiones, favoreciendo a las rentas más altas y a que el precio de los carburantes, aún sin la ayuda de 20 céntimos, es menor ahora que en abril: la gasolina cuesta esta semana 1,5906 (costaba 1,8182 el 31 de marzo) y el gasóleo 1,643 euros (costaba 1,8371 euros). En cambio, se mantiene la bonificación de 20 céntimos por litro a los transportistas (10 céntimos en el 2º trimestre), agricultores y ganaderos y pescadores. Y otra novedad: se ayuda a la industria que consume mucho gas (cerámica y otras), con 450 millones en ayudas, 500 millones en créditos ICO y un Plan (PERTE) de descarbonización industrial (3.100 millones). Y se incluyen 300 millones para compensar a los agricultores de la subida de los fertilizantes.

La “medida estrella” de este tercer paquete de ayudas es la rebaja del IVA a algunos alimentos, no a todos como pedían la industria alimentaria, supermercados y PP. Y eso, no sólo por su alto coste sino porque España es de los paises europeos con más alimentos al tipo superreducido del 4% (que sólo existe en España, Francia, Irlanda y Luxemburgo): en Alemania, la mayoría de los alimentos pagan el 7% del IVA  y en Francia un 5,5%. Ahora, el Gobierno ha optado por una medida intermedia: baja del 4% al 0% el IVA que pagarán los alimentos básicos desde el 1 de enero: pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. Y baja del 10 al 5% el IVA de los aceites y pastas, sin aplicar esta rebaja a la carne, pescado, agua, conservas y productos de higiene.

Esta rebaja del IVA a los alimentos estará en vigor hasta que la inflación subyacente (hoy en el 6,3%) baje del 5,5%. Y tiene 3 problemas. Primero, que beneficia más a los que más tienen: las familias con más ingresos ahorrarán 400 de los 661 millones que supone la medida. Segundo y fundamental, que existe el riesgo de que la rebaja de impuestos no se traslade íntegramente a los precios al consumidor, como ya sucedió cuando bajó el IVA de las entradas de cine. El Gobierno dice que lo va a vigilar y que “habrá sanciones para los que no trasladen la rebaja del IVA”… Pero no es fácil vigilar los precios de 7.000 productos en 24.000 establecimientos. Y tercero, esta rebaja, muy “vistosa” es “el chocolate del loro”, supone apenas unos céntimos. Basten algunos ejemplos: una barra de pan debería bajar 2 céntimos, un litro de leche 4 céntimos (sobre 0,95 euros), una docena de huevos 8 céntimos y un kilo de naranjas 6 céntimos (sobre 1,59 euros/kilo). Una rebaja que apenas notaremos los consumidores. La verdadera rebaja se conseguiría recortando los márgenes en el camino de los alimentos desde el campo al súper, donde cuadruplican su precio.

Por último, el tercer paquete de medidas busca ayudar directamente a las familias más vulnerables: aprueba un cheque de 200 euros para paliar la inflación, que podrán solicitar a Hacienda desde el 15 de febrero y recibir directamente en su cuenta las familias con ingresos inferiores a 27.000 euros (y menos de 75.000 euros de patrimonio, excluida la vivienda habitual) y que no reciban pensión ni el ingreso mínimo vital. Cheque que llegará a 4.200.000 familias (1 de cada 4,5 existentes), quizás no todas las que lo necesitan, dado que Cáritas estima que hay 6 millones de familias “muy vulnerables”, que no pueden hacer frente a la alta inflación.

Ahora, la clave del éxito de estas ayudas está en la situación internacional, en que no repunten los precios de la energía y los alimentos. Pero también depende de que las autoridades europeas sigan interviniendo en los mercados, para que funcionen y no se generen márgenes y beneficios injustificados. El 19 de diciembre, los ministros de Energía dieron un salto de gigante, al aprobar por fin un tope al precio del gas que compren los europeos, fijado en 180 euros/MWH durante 3 días (o que el precio del indicador europeo TTF supere en 35 euros el precio de los mercados internacionales). Además, aprobaron por fin las compras conjuntas de gas en 2023 (como hicieron con las vacunas del COVID), planes de solidaridad entre paises y acelerar los permisos para las instalaciones renovables.

Está bien, pero es insuficiente. Porque la bajada de temperaturas y las contramedidas de Putin (no venderá petróleo ni gas con precio topado) permiten esperar nuevas alzas de precios, en la energía y en las materias primas y los alimentos en 2023. Y si no hay paz en Ucrania, los precios seguirán altos en Europa, que además sufrirá los nefastos efectos de la subida de tipos (van 4 y seguirán en 2023, según el BCE), que no ayudan a bajar los precios (están más altos que antes de la 1ª subida, en julio) pero sí encarecen los créditos e hipotecas  de empresas y familias, favoreciendo la recesión en Europa.

Por todo ello, los dirigentes europeos deberían aprobar un paquete de ayudas para toda la UE en 2023, como hicieron con las ayudas contra la COVID (Plan de recuperación) en lugar de aprobar ayudas cada país, más los más ricos: Alemania anunció ayudas por 200.000 millones para compensar a sus empresas y familias, lo que favorece la competencia desleal en Europa, donde van a seguirle (con menos recursos), Francia, Italia, Holanda o Bélgica. Hasta ahora, ya sabemos lo que ha pasado: que los paises ricos de Europa se permiten gastar mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

De ahí, que haya expertos que piden un Fondo europeo anti-inflación, de 1 billón de euros, financiado en parte con deuda europea (como el Fondo de Recuperación anti-COVID), con impuestos sobre multinacionales con beneficio extraordinarios y con nuevas fuentes de ingresos más remanentes de otras partidas presupuestarias. Este Fondo permitiría que los paises más pobres o con más deuda no se agobiaran tanto con las ayudas y repartiría más equitativamente el coste de esta crisis, como se hizo con la pandemia. Será difícil aprobarlo, pero también lo fue el Fondo de recuperación. Si no se acaba la guerra para el próximo verano, harán falta nuevas ayudas en otoño e invierno. Y no todos podrán pagarlas. Así que o paz o una mayor cooperación europea.

EPA marzo 2022: el empleo se resiente (poco)

Se temía que la fuerte creación de empleo de 2021 se frenara ahora, por la guerra de Ucrania y la alta inflación. Ha sido así, pero el empleo ha caído menos de lo esperable: -100.200 personas durante el primer trimestre, menos que al inicio de 2020 y 2021 y en línea con la caída de 2019, según la EPA conocida esta mañana. Pero lo más importante es que el empleo que se crea es menos precario: un 22,7% de los contratos del primer trimestre fueron fijos. Y en abril, cuando entró en vigor de verdad la reforma laboral, subieron al 77%. Ahora, se confía en que el turismo salvará el empleo hasta septiembre, aunque se crearán menos empleos que en 2021 (entre 400.000 y 600.000, frente a 840.700), por la guerra y la inflación, que recortarán el crecimiento (por debajo del 5%). La clave para crear más o menos empleo este año está en que los salarios suban algo más y se moderen los precios, algo difícil. Urge aprobar medidas para fomentar el empleo de jóvenes, mujeres y mayores. El empleo debería ser nuestra prioridad. 

Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en “la cuesta de enero”. Así ha sido, año tras año, desde 2007, con bajadas del empleo de -374.300 en el primer trimestre de 2013 a -93.400 en 2019 y -137.500 empleos perdidos en el primer trimestre de 2021. Este primer trimestre de 2022 ha seguido la tendencia, pero no ha empeorado mucho más, a pesar de la guerra de Ucrania y la alta inflación (+8,4% en abril): el empleo cayó en -100.200 ocupados, una caída menor a la de 2021(-137.500) y 2020 (-285.600 empleos), según la EPA publicada hoy. Y con ello, ahora trabajan en España 20.084.700 personas, 117.800 ocupados más de los que había antes de la pandemia (19.966.900 trabajaban a finales de 2019). Eso sí, todavía hay 79.441 trabajadores “aparcados” en ERTEs (finales de marzo), la décima parte que hace un año y muy lejos de los 3,5 millones en ERTEs en abril de 2020.

Este primer trimestre de 2022, el empleo cayó sobre todo en el sector privado (-92.900 empleos) y menos en el sector público (-7.400 empleos, por los despidos en sanidad), bajando más en la industria (-68.000 empleos), los servicios (-50.100 empleos) y la agricultura (-12.500), aumentando sólo en la construcción (+30.300 empleos). Se perdió el doble de empleo, en este primer trimestre de 2022, entre las mujeres (-60.700) que entre los hombres (-39.600). Y curiosamente, aumentó el empleo entre los jóvenes, en los menores de 35 años (+56.700 empleos), mientras caía entre las personas de 35 a 45 años (-138.700 empleos) y entre los mayores de 50 años (-20.300).Y por autonomías, el empleo cayó más en Cataluña (-40.900 ocupados), Andalucía ( -32.000), Canarias (-16.700) y Castilla la Mancha (-12.700), aumentando sólo en la Comunidad Valenciana (+39.900 empleos), Ceuta (+1.600), Navarra(+900), Extremadura (+800), Cantabria (+600) y Galicia (+100).   

Esta caída del empleo al inicio de 2022 (-100.200 ocupados) ha provocado un aumento del paro, aunque menos (+70.900 parados en el primer trimestre), porque en paralelo han bajado los españoles “activos”, las personas que buscan trabajo ahora, tras lo peor de la pandemia: los “activos” se redujeron en 29.400 personas en el primer trimestre de 2022 (mientras caían en -158.900 personas este primer trimestre en 2021), impidiendo bajar más las cifras de paro. Es un proceso que se ha ido viendo trimestre a trimestre: aumentan las personas que buscan trabajo. Y ya hay más adultos “activos” (buscando trabajo o trabajando) que antes de la pandemia: 23.259.400 personas frente a 23.064.100 a finales de 2019. Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo. 

Volviendo al paro, ha subido en +70.900 personas en el primer trimestre, una subida que contrasta con la bajada del año pasado (-65.800 parados) y que supera la subida del primer trimestre de 2019 (+49.900 parados) pero que es menor a la de 2020 (+121.000 parados) ,  según la EPA de hoy. El paro ha subido en 2022 más entre las mujeres  (+41.800 paradas) que entre los hombres (+29.000 parados). Y por edades, menos entre los jóvenes que entre los mayores: el paro subió en 6.600 personas entre 16 y 25 años y en +66.500 parados entre los 25 y 54 años, bajando sólo entre los mayores de 55 años (-2.200 parados).  El  paro subió sobre todo en los servicios (+96.300 parados), seguidos de la industria (-+15.700) y  la construcción (+1.700), bajando sólo en el campo (- 6.300) y entre los que buscan empleo hace más de un año  (-40.600 parados). Por autonomías, el mayor aumento del paro se dio el primer trimestre en Madrid (+68.500 parados), Baleares (+23.100) y Canarias (+15.500), bajando sólo en Andalucía (-45.900), Comunidad Valenciana (-37.900), Cantabria (-2.900) y Cataluña (-1.900).

La cifra total de desempleados sube a  3.174.700 parados, la más baja en España desde 2007 (1.942.000 parados entonces). Y la tasa de paro española sube al 13,65 %, la menor desde 2008 (13,79% de paro), aunque sigue duplicando la tasa de paro europea (6,2%) y la de los principales paises de la UE, como Francia (7,4% de paro), Italia (8,5%) y sobre todo Alemania (3,1% de paro, cinco veces menos que España).Y sigue muy elevada la tasa de paro juvenil (menores de 25 años): el 30,18% de los más jóvenes están en paro, el doble que en Europa (14% de paro juvenil) y más que en Francia (16,4), Italia (24,2%) y sobre todo Alemania (5,7% de paro juvenil, la quinta parte que en España), según Eurostat.

Los datos de paro, aunque mejores que antes de la pandemia y al nivel de 2008, revelan tres cuestiones preocupantes. La primera, que todavía hay 1.052.900 hogares con todos sus miembros en paro (+39.700 hogares que antes de la pandemia). La segunda, que España sigue con 6 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa”: Ceuta (29,21%), Melilla (22,12% de paro), Canarias (20,30%), Andalucía (19,43% de paro),  Extremadura (18,98%) y Baleares (18,03% de paro), según la EPA de hoy. Mientras,  hay 5 regiones con un paro “europeo”, que ronda el 10%: País Vasco (8,69%), Aragón (10,14%), Cataluña (10,23&), Navarra (10,44%) y Cantabria (10,53%). Y la tercera cuestión preocupante es que aumentan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son ya 1.504.200 parados, el 47,38% de todos los parados (eran 1.387.000, el 43,5%, a finales de 2019).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En febrero de 2022, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.844.256 desempleados: menos de la mitad (el 44%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado), de 896 euros de media, y el resto (un 56%) cobraban un subsidio asistencial, de 463 euros mensuales. Pero en esta cifra de parados que cobran desempleo estaban incluidos  los 79.441 trabajadores en ERTE, que cobran el 70% de su sueldo (y el 50% a partir del 7º mes). Así que, en realidad, solo 1.764.815 parados estimados como tales cobra algún subsidio, el 55,58% de los parados que refleja la EPA de hoy (3.174.700). Eso significa que casi la mitad de los parados (el 44,42%) no cobra ninguna ayuda pública, cuando antes de la pandemia, en 2019, eran sólo un 38,5% los parados que no cobraban nada. De hecho, CCOO denuncia que un 35% de los parados  inscritos en el SEPE con experiencia laboral (han trabajado antes) no cobran ninguna ayuda pública por desempleo (y un 41% si se suman los parados que nunca han trabajado).

Visto los datos del empleo y el paro en el primer trimestre de 2022, queda patente (a pesar del “pinchazo”, esperado) que España ha superado el bache de la pandemia, porque tenemos ya más ocupados (+117.800) y menos parados (-17.200)  que en 2019. Con todo, el balance es desigual, tanto por sexo y edad como por sectores y regiones: el empleo apenas se ha recuperado entre los jóvenes (+900  empleos entre 16 y 30 años), es aún menor en la industria (-66.600 empleos que a finales de 2019) y todavía es menor en Baleares (- 37.900 empleos), Castilla y León (-37.100), Canarias (-19.100 empleos), Aragón (-7.800)  y Cantabria (-1.800 empleos que antes de la pandemia). Y además, los hombres todavía no han recuperado el empleo de 2019 (pierden -17.300 empleos), mientras trabajan más mujeres que antes de la pandemia (+135.100), según la EPA.  

Con todo, la mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2022 es menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. Ya en el primer trimestre de 2022, el 22,7% de todos los contratos firmados fueron indefinidos, frente a sólo el 10,9% de los firmados en todo 2021, según los datos de Trabajo. El dato es muy llamativo: sólo en los tres primeros meses de 2022 se han firmado más de 1 millón de contratos indefinidos (1.069.200), la mitad que en todo 2021 (2.113.300). Y en abril, cuando ya se ha terminado el periodo transitorio de la reforma laboral, el 77% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social lo fueron con contratos fijos (fijos o fijos discontinuos, en la hostelería y la construcción), según anticipó el ministro Escrivá. Esto significa que está mejorando la calidad del nuevo empleo que se crea, incluso en sectores con alta temporalidad, como la construcción (ha bajado del 30 al 20%), el turismo y la hostelería (ha bajado al 19%) y las actividades administrativas (ahora con un 25% de temporalidad).

La nueva reforma laboral se va a notar más en los próximos meses y en las contrataciones del verano, donde los contratos que se hagan deben ser fijos y los temporales (por 6 meses) han de ser la excepción (por circunstancias “ocasionales e imprevisibles” o por “picos de producción”). Así que el aumento de asalariados con contrato fijo se verá más en la EPA del 2º y tercer trimestres. Pero de momento, en la EPA del primer trimestre de 2022, el porcentaje de asalariados con contrato fijo ha subido del 73,90% (diciembre 2021) al 75,78% (12.829.800 asalariados con contrato fijo, 381.500 fijos más que a finales de año). Un gran avance, aunque todavía estamos muy por debajo de Europa, donde el porcentaje de trabajadores fijos varía del 89,3% en Alemania al 84,8% de Italia o el 84,7% de Italia, según Eurostat.

Mientras mejora la calidad del empleo que se crea, el gran reto sigue siendo crear más empleo, porque en España trabaja menos gente que en Europa, en relación a la población: aquí trabajan el 62,7% de los que tienen entre 15 y 64 años, frente al 68,4% que trabajan de media en Europa, el 67,2% en Francia, el 58,2% en Italia y el 75,8% en Alemania, según Eurostat (2021). Eso quiere decir (“a lo claro”) que debería haber 1,8 millones de españoles más trabajando si tuviéramos el nivel de empleo europeo. Y  4 millones más trabajando si fuéramos como los alemanes. Por eso  (y por nuestra menor productividad) tenemos menos nivel de vida que los paises del centro y norte de Europa.

Para crear más empleo, España necesita crecer más, lo que ya consiguió en 2021, donde el empleo creció más que la economía (+8,8% frente al +5,1% del PIB), lo que permitió crear 840.700 nuevos empleos en 2021. Ahora, por culpa de la guerra de Ucrania y de altísima inflación, todo apunta a que este año 2022 creceremos menos, entre el 4,5% que prevé el Banco de España y el 4,8% que estima el FMI, casi el doble del crecimiento que prevén para la zona euro (+2,8%). Con este menos crecimiento esperado, el empleo crecerá también menos este año, en torno a 440.000 nuevos empleos, según el panel de Funcas. Todo va a depender de lo que dure la guerra, de si se modera la inflación y de lo que suban los salarios: si no suben al menos un 3,5% (los convenios están subiendo el 2,36%), será difícil que se recupere el consumo de las familias y tire del crecimiento como para crear ese empleo.

La clave no es sólo frenar las subidas de precios (moderando los márgenes y beneficios de las empresas) y mantener el consumo, sino también promover el empleo en los colectivos que tienen más difícil trabajar: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Urge promover un Plan de incentivos a su contratación, a la vez que mejorar el funcionamiento de las oficinas de empleo, para que ayuden a los parados “estancados” a recolocarse, con formación y asesoramiento. Hay que acelerar los proyectos que cuentan con Fondos europeos, para que tiren de la actividad y el empleo y empujen la recuperación, a pesar de la guerra y la inflación. Y pactar salarios y márgenes empresariales, para evitar conflictos laborales. Todos a una para seguir creando empleo, nuestro gran reto como país.

Guerra de Ucrania: así afecta a España

Lo que le faltaba al mundo, tras una pandemia que se ha cobrado 6 millones de muertos, es que estallara una guerra en Europa. Todo patas arriba otra vez. Lo peor son los muertos y refugiados ucranianos, pero esta guerra nos afecta a todos: suben el petróleo, los carburantes, la luz (más) y otras materias primas, bajan turistas o exportaciones y se frena la recuperación, con menos crecimiento y empleo. Pero no podemos quejarnos: “si no pagamos hoy este precio, pagaremos mañana uno más alto”, advierte Borrell, responsable de la política exterior UE. Porque frenar el imperialismo de Putin es clave para asegurar el futuro de Europa y del mundo. Nos jugamos “un nuevo orden mundial”, entre la democracia y las autocracias (Rusia y China), entre el “matonismo” del más fuerte y la defensa de la legalidad internacional. Esta es la guerra de fondo, que no podemos perder, aunque nos cueste más la luz o la gasolina. A Ucrania le cuesta vidas.

Enrique Ortega

El primer efecto de cualquier guerra es que encarece la energía, por el miedo a los cortes de producción y suministro y por la mayor demanda para aumentar las reservas. Y más cuando la amenaza viene de Rusia, el tercer mayor productor mundial de petróleo (tras USA y Arabia Saudí) y el 2º mayor productor de gas natural (tras EEUU). Lo peor es que esta guerra de Ucrania llega cuando la energía ya alcanzaba antes precios récord, tanto en el petróleo (rondaba los 97 dólares antes de la invasión, el precio más alto desde 2014), como el gas (92 euros por MWh antes de la guerra, un récord histórico), la electricidad (195 euros por megavatio el 23 de febrero) o los carburantes (la gasolina y el gasóleo tenían los precios más altos desde 2012 antes de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero). Y con la energía por las nubes, el mundo sufría una inflación histórica antes del conflicto, desde EEUU (+7,5%, la inflación más alta en 40 años) a Europa (+5,8%, la mayor subida en 25 años) y España (+7,4% de inflación en febrero, la más alta desde hace 33 años).

O sea que la invasión de Ucrania se produce en un mal momento económico, con los precios de la energía disparados y una inflación histórica. Y lo primero que ha provocado ha sido empeorar la situación, disparando aún más los precios del petróleo (116,5 dólares por barril hoy, una subida del 19% desde la invasión y el precio más alto en 14 años), el gas natural (163,73 euros/MWh hoy, +77% subida sobre el 23-F), la electricidad (341 euros hoy, cerca del récord histórico de 384 euros en diciembre) y los carburantes (la gasolina cuesta ya 1,65 euros por litro y el gasóleo 1,55 euros, un 7% más que antes de la invasión). Y en paralelo, también suben muchas materias primas y alimentos, producidos en Rusia (aluminio, níquel, paladio) o en Ucrania y Rusia (trigo, maíz y soja), lo que acabará encareciendo los costes de nuestros ganaderos y la factura de la compra.

Y todavía las subidas de la energía pueden ir a peor, si Rusia “corta el grifo” del gas y el petróleo a Europa, donde lo sigue vendiendo porque necesita estas divisas para financiar la guerra. Pero si se interrumpe el suministro energético, será un drama para Europa, porque recibe de Rusia un 40% de todo el gas que consume y un 25% del petróleo. Y hay paises con una peligrosa dependencia energética del gas ruso: República Checa, Letonia, Moldavia, Bosnia Herzegovina y Macedonia del norte (el 100% de su gas viene de Rusia), Eslovaquia (85%), Bulgaria (75%), Serbia (69%), Finlandia (67%), Alemania (65%), Polonia (55%), Estonia (46%), Italia (45%), Rumanía (44%) y Lituania (42%). España es uno de los paises menos dependientes: importamos de Rusia el 5,8% del gas y un 4,3% del petróleo.

La Unión Europea ha aprobado un Plan de contingencia para afrontar el posible corte energético de Rusia, diversificando la oferta de gas con la llegada de barcos metaneros de Estados Unidos y Oriente Medio. España puede cumplir un papel clave en este Plan, ya que es el país europeo con más plantas de regasificación (6) y almacenamiento. Podría jugar el papel de “portaaviones” intermedio de suministro, aunque chocamos con un grave problema: los gasoductos a Europa (por Irún y Navarra) tienen poca capacidad y serían un “cuello de botella” para asegurar la llegada del gas no ruso a Europa. Esto obliga a la UE a plantearse a medio plazo una política de diversificación e independencia energética, que ha llevado ya a Alemania a construir dos plantas regasificadoras de gas en el Báltico, mientras 7 paises centroeuropeos ya están coordinando sus reservas de gas.

Con o sin cortes del suministro ruso de gas y petróleo, los precios de la energía a plazo auguran nuevas subidas, que pagarán los consumidores, en todo el mundo y en Europa. Y eso obligará a los paises europeos a un mayor gasto en ayudas, que ya se había disparado antes de la guerra de Ucrania: la rebaja de impuestos a la electricidad y las ayudas a las familias más vulnerables ya han costado a Europa 23.000 millones de euros, de ellos 7.000 pagados por España. Ya era un gasto insostenible y ahora, con las nuevas subidas, la factura de las ayudas subirá. Por eso, la Comisión Europea está estudiando un cambio en el mercado eléctrico (como llevan meses pidiendo España, Francia y los paises del Este), para excluir el gas natural (con precios disparados”) del cómputo de costes del mercado, para evitar que esta energía (que sólo produce el 20% de la electricidad ) dispare el precio final, al  obligar a pagar todas las energías (hidroeléctricas, nuclear y renovables, mucho más baratas) al precio desorbitado del gas. Urge aprobar este cambio para bajar el recibo de la luz. Mientras, el Gobierno español acaba de prorrogar hasta julio la rebaja fiscal a la electricidad.

La gran novedad de esta crisis, a diferencia de la invasión rusa de Crimea en 2014, es que el mundo ha reaccionado unido y con fuerza frente al “matonismo” de Putin. En pocos días, la Unión Europea y EEUU han aprobado unas durísimas sanciones económicas, para forzar al autócrata ruso a parar la guerra ante el daño a su economía. El abanico de sanciones es muy amplio: prohibición de exportaciones a Rusia de tecnología de defensa, semiconductores, equipos de telecomunicaciones, chips y sensores, congelación de bienes en el extranjero a Putin y los oligarcas, desconexión de los principales bancos rusos del sistema de transferencias internacionales SWIFT (se deja abierto en algunos bancos para poder seguir pagando el gas y el petróleo), cierre del espacio aéreo europeo a las aerolíneas rusas y la medida más importante, congelar las reservas de divisas rusas en el extranjero (la mitad de los 570.000 millones de euros en reservas están en EEUU y Europa, en dólares y euros, y Putin no podrá acceder a ellas para financiar la guerra).

La primera consecuencia de estas durísimas sanciones fue el desplome del rublo, este lunes: la moneda rusa cayó un 32% (de 90,87 rublos por dólar el 23 de febrero a 120 rublos para comprar un dólar el 28 de febrero), lo que supone que Rusia es un tercio más pobre. En los días siguientes, Putin ha obligado a las empresas a vender divisas y comprar rublos, para subir su cotización, pero está hoy en 123,20 rublos por dólar, una caída del -35,5% desde la invasión. Y en paralelo, los rusos hacen cola en los bancos por miedo a que no funcionen las tarjetas de crédito (por la desconexión de los bancos al sistema SWIFT) y se limiten las retiradas de efectivo. Mientras, los rusos empiezan a notar falta de productos occidentales y suben en cadena los precios, mientras el Banco de Rusia ha subido los tipos del 9,5 al 20%, encareciendo créditos e hipotecas. Y numerosas multinacionales, desde BP o Shell a Volvo, Apple, Nike, Adidas, Maersk o VISA han anunciado que dejan de operar en Rusia, castigada también por la FIFA y el Comité Olímpico.

El presidente Biden ha dicho que las sanciones convertirán a Putin en “un paria” en la escena internacional. Y el ministro de Finanzas francés ha ido más allá: ”Vamos a librar una guerra económica y financiera total contra Rusia. Vamos a provocar el colapso de la economía rusa”. Putin trata de evitarlo diversificando sus reservas (las ha aumentado en yuanes chinos y oro), recortando gastos no militares, sustituyendo importaciones, prohibiendo el uso de divisas y manteniendo las ventas de gas y petróleo. Y amenazando con el “botón nuclear”. Pero sabe que aunque sea una potencia militar, Rusia es una economía muy débil, del tamaño de Italia, y con un bajo nivel de vida (su PIB per cápita, 8.846 euros, es la tercera parte del español, 25.410 euros), que ahora se va a empobrecer. Las sanciones golpean al entramado político y económico que sostiene a Putin y afectarán muy negativamente a los rusos, lo que aumentará las protestas, aunque controle los resortes de poder.

Las sanciones económicas y financieras a Rusia también van a dañar al resto del mundo y sobre todo a Europa y España. Lo que más notaremos todos es la subida de los precios, desde los carburantes a la luz y el gas, pero también muchos alimentos y materias primas y el transporte. Además, muchas empresas europeas van a sufrir las restricciones impuestas al comercio con Rusia, dado que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Rusia (sobre todo los Paises Bajos, Alemania, Italia y Reino Unido, que juntos exportan allí más que China) y Rusia es el 4º mayor cliente de Europa (tras EEUU, Reino Unido y China). En el caso de España, en 2021 exportamos por valor de 2.213 millones (moda, cerámica, coches, maquinaria, productos químicos y medicamentos, aceites) e importamos por valor de 6.033 millones (petróleo, gas, metales y aluminio). Y son muy importantes los turistas rusos (1.311.746 llegaron en 2019, antes de la pandemia, el 10º país por llegadas), que gastan más que el resto de europeos, sobre todo en la Costa Brava, Alicante, Málaga y Tenerife.

La guerra de Ucrania subirá más la inflación en todo el mundo y en Europa, lo que puede acelerar la subida de tipos, anunciada ya para marzo en EEUU y que iba a retrasarse a fin de año en Europa, aunque ahora el BCE podría anticiparla. Pero el mayor riesgo es que la inflación y la caída de las exportaciones y la actividad, por la guerra, frenen la recuperación económica iniciada: se estima que el PIB podría crecer un 1% menos este año por la invasión de Ucrania, rebajando al 3% el crecimiento de la UE y al 4,6% el de España. Y eso se traduciría en menos empleo y un deterioro de ingresos, un empobrecimiento general. Para compensarlo, la Comisión Europea estudia aprobar ayudas, reforzar el Plan de recuperación.

El daño a las economías, sobre todo europeas, va a depender de la duración del conflicto. Pero tendrá un alto coste. “Si no pagamos hoy ese precio, pagaremos mañana uno más alto”, ha advertido José Borrell, responsable de la política exterior europea. Porque lo que está en juego en Ucrania es la seguridad de Europa. Incluso más: un nuevo orden mundial, como resultado de la lucha entre la democracia y las autocracias (Rusia ahora y China en un futuro, atacando Taiwán), una lucha entre el “matonismo” de los nuevos imperialistas (que buscan consolidar sus zonas de influencia: la URSS y el Pacífico) y los que defienden la legalidad internacional frente a las amenazas. Es una “guerra” de fondo que la invasión de Ucrania ha dejado muy clara al mundo, que está aislando cada día más a Putin.

Además de este tema de fondo sobre la geopolítica mundial, la invasión de Ucrania ha planteado otra cuestión muy importante: el futuro de Europa. Igual que la pandemia reveló nuestras vulnerabilidades e impuso actuar más unidos que nunca, por las vacunas y la recuperación económica, la guerra de Ucrania ha desvelado la gran vulnerabilidad de Europa en el ámbito militar y energético. La UE necesita claramente una política militar común, para no depender de que “la salve” EEUU (el gasto militar de la UE, el 1,3% del PIB, es la tercera parte del ruso, 4,26%, y del  norteamericano, 3,7%). Por eso, Alemania, el motor europeo, no ha dudado en aprobar un gasto militar extraordinario de 100.000 millones de euros, para subirlo del 1,5% del PIB actual al 2% que defiende la OTAN. Y en paralelo, paises “neutrales” como Suecia o Finlandia han enviado armas a Ucrania, para defenderse (igual que han hecho Alemania y otros 15 paises más, también España), mientras la Comisión ha creado un Fondo de 500 millones para financiar el envío de armas a Ucrania, una decisión “tabú” hace solo una semana. Y Europa necesita una política energética que la haga más autosuficiente, algo que exigirá años.

En definitiva, la guerra de Ucrania es un revulsivo para definir el papel de Europa en el mundo: no basta con ser una potencia económica y comercial, ha de convertirse en una potencia global, con autonomía política y militar para configurar el nuevo orden mundial, para convertirse en bandera de un modelo político y social (la democracia y los Estados del bienestar) frente a los dictadores que quieren repartirse el mundo. Y eso exige cambios profundos, en las instituciones europeas y en los paises, también en España, huyendo de los debates localistas a corto plazo y poniendo las luces largas para afrontar el futuro. Esta adaptación  tendrá costes, económicos y políticos para todos nosotros. Pero ojo: más costes tiene para Ucrania, en muertos y refugiados. Que no sufran en vano.

Vacaciones: pocos turistas y precios altos

Media España está de vacaciones, aunque la otra media no pueda o no quiera viajar, según el Barómetro del CIS. Este verano, el turismo nacional recuperará dos tercios de los viajes de 2019, pero vendrán la mitad de turistas extranjeros que nos visitaban antes de la pandemia, según el sector, que espera facturar 20.000 millones menos que hace dos veranos. Eso sí, agencias, hoteles, apartamentos y restaurantes aprovechan para subir precios estas vacaciones, donde tenemos la luz, los carburantes y los vuelos mucho más caros y cuando también suben los alimentos y el súper. Entre la 5ª ola y las subidas de precios, los españoles saldremos menos días de vacaciones, más al interior, norte, Galicia, Cádiz y Huelva, mientras encontraremos menos extranjeros (sobre todo franceses y alemanes) en Baleares, Canarias y la costa mediterránea. Será el 2º verano en pandemia, con más movimiento que el anterior, pero aún “a medio gas” y con el virus desatado entre los jóvenes. ¡Descansen y cuídense¡

Enrique Ortega

Estas son las vacaciones del escape y la incertidumbre. Tras año y medio de pandemia, la mayoría de las personas quieren “escaparse” y viajar, olvidarse de los problemas más que nunca. Pero también saben que el virus sigue ahí y que la 5ª ola ha disparado los contagios, sobre todo entre los jóvenes y en los lugares de veraneo. Eso ha aumentado la incertidumbre a la hora de coger vacaciones, más cuando en muchas familias han bajado los ingresos y el trabajo por la pandemia (un 34,4% de los hogares no se pueden coger una semana de vacaciones por la crisis, según el INE). El resultado es un país donde la mitad de españoles dicen que se irán de vacaciones y la otra mitad no: el  49,9% no se irá, el 4,9% lo está pensando y el 45,1% restante se han ido ya de vacaciones o están pensando en irse este mes, según el Barómetro del CIS, una encuesta hecha entre el 2 y el 15 de julio. Los que más piensan viajar son los más jóvenes (más de la mitad de los menores de 34 años) y los que menos, los mayores de 55 años (sólo un tercio cogerá vacaciones este verano).

Entre la crisis y la pandemia, la gran mayoría del 45,1% que cogerá vacaciones se quedará dentro de España (el 88,8%), sólo un 6,8% irán al extranjero y otro 3,8% viajarán dentro y fuera del país, según el Barómetro del CIS. La mayoría viajará, en coche (78,6%) o avión (18,1%), a las costas (58,8%) e islas (11,9%), aunque aumentan los viajes a zonas rurales (20,5%), ciudades de interior (15%) y turismo de rutas (8,2%). Al alojarse, un 30,8% irá a un hotel, un 20,1% a un apartamento, el 19,1% a su 2ª vivienda, otro 19,1% a casas de amigos, un 6,6% a campings, otro 6% a casas rurales, el 3,7% a hostales y pensiones y 1,1% optan por la autocaravana. Y este verano se multiplican los viajes cortos, de 1 semana (22,4%) y menos (12,4%), aunque aumentan las vacaciones con duración entre 1 y 2 semanas (28,7%) y de más de 15 días (29,8% de los viajes).

Este 2º verano en pandemia se espera mejor que el verano pasado, pero el sector turístico lo ve con gran incertidumbre, debido al crecimiento imparable de la 5ª ola del virus, que ha sumido a toda la Península en “riesgo alto”, lo que va a retraer a irse de vacaciones a muchos españoles y va a frenar la llegada de turistas extranjeros, sobre todo de Francia (su Gobierno ha desaconsejado viajar a España), Alemania (exige cuarentena a los que vuelvan de vacaciones de España) y de Estados Unidos (nos consideran un país “de alto riesgo”). Con ello, la última previsión de Exceltur, la patronal turística, apuesta por recuperar dos tercios del turismo nacional de 2019 y un tercio del turismo extranjero. Y así, facturar este verano 37.979 millones, 20.000 millones menos que en 2019, antes de la pandemia.

La industria turística espera que quien les salve este verano sean los turistas nacionales, que suponen la mitad de su negocio. La previsión es facturar este verano con los turistas españoles dos tercios del negocio de 2019 (-32,9% de facturación), mejor en agosto y septiembre que en julio. Y en paralelo, con los turistas internacionales facturar sólo un tercio del negocio de 2019 (-61,2% de facturación), más en julio que en agosto y septiembre, según el estudio de Exceltur. Y con ello, esperan que el verano sea más flojo en las zonas que suelen recibir más turistas internacionales (Baleares, Canarias y costa mediterránea) y haya más turismo en las zonas donde se esperan más españoles (norte de España, Galicia, interior de las dos Castillas, la Rioja, Navarra y Aragón, junto a Cádiz y Huelva). Dos Españas con dos veranos y ocupaciones turísticas diferentes.

La mayor incertidumbre sobre cómo acabará siendo este verano está en el turismo extranjero. La última previsión del Gobierno es que lleguen 16,9 millones de turistas internacionales, lo que supondría un tremendo avance sobre el verano pasado (vinieron 6 millones de turistas extranjeros) y algo más de la mitad de los turistas foráneos que entraron en el verano de 2019 (28,8 millones), un año récord. La incógnita está en los turistas británicos (21,5% de los turistas extranjeros en 2019), que pueden viajar a España sin hacer cuarentena a la vuelta (si están vacunados), lo que ha triplicado sus vuelos a España, aunque tienen el hándicap de ser el país europeo con más contagios por COVID 19. En el caso de los turistas franceses (13,2% del total en 2019), Cataluña y la Comunidad Valenciana está sufriendo los efectos de la recomendación del Gobierno galo para que no viajen a España. Y lo mismo pasa, sobre todo en Baleares y Canarias, con los turistas alemanes (otro 13,2% del total), a quienes su Gobierno exigirá cuarentena al volver de España si no están vacunados. Y también EEUU ha incluido a España como “zona de alto riesgo” COVID.

La evolución de la 5ª ola en agosto será clave para la evolución del turismo. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) no es ahora tan pesimista  y su última previsión (jueves 29) apunta que la incidencia no se va a cuadruplicar en Europa (como temía hace 10 días) sino que sólo se va a multiplicar por 1,5 (de 200 contagios el 25 de julio a 304 el 8 de agosto). Pero sigue colocando a España como el 2º país de la UE-27 con más incidencia del COVID, sólo por detrás de Chipre (1.496 contagios): creen que pasaremos de los 700 contagios de la semana pasada a 849 el 1 de agosto y 971 el 8 de agosto, aunque el viernes 30 de julio habíamos bajado a 687 contagios.  Sean 971 o más de 500 contagios este mes, España seguirá siendo un destino “de alto riesgo” en Europa. Y eso es desastroso para mantener el turismo extranjero, que podría anular reservas, lo mismo que los turistas nacionales. Por eso es especialmente urgente tomar restricciones duras para bajar drásticamente los contagios, especialmente en las zonas turísticas: Baleares (951 contagios el viernes), Cataluña (927), Comunidad Valenciana (575), Andalucía (565) y  Canarias (487), las 5 autonomías con más afluencia de extranjeros.

Además de lidiar con un “riesgo extremo” de contagios, los que están de vacaciones o se vayan a ir estos días sufrirán un tremendo aumento de precios. Empezando por las reservas de billetes de avión (con precios disparados en los vuelos nacionales) y las reservas de paquetes turísticos, que subieron un 14,5% en junio, según el INE. También están subiendo mucho los precios de los hoteles y alojamientos (un +6,1% en junio, según el IPC), que aprovechan en algunas zonas (norte de España y zonas rurales) la mayor demanda del turismo nacional para subir precios (y en julio han seguido subiendo los alojamientos, según el IPC adelantado que ha publicado el INE). No ayuda la fuerte subida de la luz mes tras mes (subirá un 35% en julio y costará el triple que en julio de 2020), subida de la que también “se cubren” los dueños de apartamentos y hoteles. Además, en verano suben siempre los alimentos y la mayoría de los productos del súper, por la mayor demanda.

La subida de precios ya la notamos al coger el coche para irnos de vacaciones. Los precios de los carburantes vuelven a marcar máximos la pasada semana: 1,41 euros por litro la gasolina (un 32% más cara que en mayo de 2020, que valía 1,07 euros) y 1,27 euros por litro el gasóleo (un 30% de subida sobre los 0,98 euros por litro que valía en mayo de 2020). Con ello, llenar el depósito cuesta ahora entre 16 euros más (gasoil) y 19 euros más (gasolina) que el verano pasado. Y España sigue teniendo los carburantes más caros de Europa antes de impuestos: 29 céntimos más cara la gasolina y 13,4 céntimos más caro el gasóleo que la media de precios de la UE-27, según el último Boletín Petrolero de la UE. 

Esto pasa, aunque el petróleo esté en máximos para todos (76 dólares barril frente a 31$ en mayo de 2020), porque España tiene una mayor demanda de gasóleo (59,2%) que de gasolina (9,1%) que Europa, lo que tensiona más aquí los precios, hay menos competencia en el refino y en la comercialización por regiones (Repsol, Cepsa y BP controlan el 60% de las gasolineras) y el margen bruto de los comercializadores (25 céntimos por litro en la gasolina y 24 en el gasóleo) es de los más altos de Europa, según la Comisión de Competencia (CNMC).

Si conseguimos pagar todas las subidas que nos esperan, desde la gasolinera al hotel y la paella o mariscada, sólo nos queda cuidarnos para evitar contagiarnos con el virus, que se está multiplicando entre los menores de 40 años no vacunados, aunque también contagia a los vacunados con 1 dosis (el 11,4% de los contagiados) y a los vacunados con las 2 dosis (5,5% de los actuales contagiados), según Sanidad.  Hay que intentar disfrutar estas vacaciones, el que pueda tenerlas, pero sin olvidar que el virus sigue entre nosotros y la pandemia no se ha acabado. 

Así que este verano será otra vez “diferente”, aunque tengamos más optimismo y confianza porque la inmunidad de rebaño está próxima, quizás no para septiembre (los expertos hablan de que la variante Delta obliga a vacunar al 80 y quizás al 92% de los españoles, que no basta con el 70% del que nos hablaban). Eso supondría que no ganaríamos la batalla al virus hasta final de año. Sea como sea, agosto va a ser todavía un mes complicado, para la salud y para el turismo y la economía.

Disfrutemos lo que podamos estas vacaciones,  pero no bajemos la guardia  frente al virus, para volver a casa con más garantías. ¡Descansen y cuídense¡