Más ricos, más pobres y menos clase media

La OCDE ha lanzado la alerta: la clase media se reduce en todos los paises, a costa del aumento de ricos y pobres. Y España es el único país donde los que dejan de ser clase media han bajado a ser pobres. Detrás de esta pérdida de clase media, motor de la estabilidad económica y política, está su caída de ingresos, por el deterioro del empleo y los mayores gastos en educación, sanidad y vivienda. Y lo peor es que la clase media seguirá recortándose, mientras crecen los ricos y pobres, porque mucho empleo actual está en peligro por los cambios tecnológicos (en España más: el 24% de la clase media podría perder su empleo por la automatización). Las recetas de la OCDE son reformar los impuestos y ayudas públicas para compensar la desigualdad, mejorar la política de vivienda, sanidad y educación y apostar por una mejor formación de jóvenes y adultos. Si se pierde clase media, el futuro será más incierto. 

enrique ortega

Ser “clase media” ha sido el gran sueño de todos los europeos desde los años 60 y 70. Para muchas generaciones de españoles, formar parte de la clase media era su gran “aspiración vital”: tener un trabajo estable, una casa, un coche y una familia donde los hijos pudieran estudiar para estar más preparados que sus padres. Nadie quería ya ser “obrero” sino “clase media”, una “nueva clase social” que iba a acabar con la lucha de clases y que se convirtió, a finales del siglo XX y principios del XXI, en el motor de la economía y la estabilidad política en Europa y en España. Pero en esto llegó la gran Recesión de 2008 y todo se trastocó: los empleos y los ingresos dejaron de ser estables, el consumo se retrajo, la vivienda, la educación y la sanidad se encarecieron y los hijos empezaron a vivir peor que sus padres. Y muchos europeos y españoles dejaron de ser “clase media”, pasaron a ser “clase baja”.

Los recientes datos aportados por la OCDE (la organización que integra a los 36 mayores paises del mundo desarrollado) son muy ilustrativos: la clase media, que llegó a suponer el 70% de la población occidental en los años de bonanza, cayó al 64% en 1985 y ahora ha vuelto a caer al 61% de la población en 2016, según el informe “Bajo presión: la exprimida clase media”, publicado en abril. Se entiende por “clase media”, las familias que ingresan entre el 75% y el 200% de la renta media de cada país (entre 11.500 y 30.000 euros de media en la OCDE), lo que para España supone hoy ganar entre 12.911 y 34.488 euros, según Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE.

Con este baremo de ingresos, en España la clase media ha bajado al 58% de la población en 2016, un 3% menos que en Occidente, según el informe específico sobre nuestro país que adjunta la OCDE. Esto supone un retroceso sobre el dato de 2014, donde había un 61% de españoles que eran clase media, según el estudio de Luis Ayala publicado por la Fundación Alternativas. Y también un retroceso respecto al final del franquismo (en 1973, eran el 60,9%) y el inicio de la crisis (66,2% de clase media en 2010, según ese estudio).

España tiene ahora menos clase media que los principales paises europeos, donde los porcentajes más altos se dan en los paises nórdicos, paises del Este y Centroeuropa, según este ranking de la OCDE (datos 2016): Islandia (71,9% de clase media), República Checa (71,2%), Noruega (70,8%), Eslovaquia (69,5%), Holanda (69,4%), Dinamarca (69%), Hungría (68,4%), Finlandia y Francia (68,3%), Austria (67%), Polonia  (65,5%), Luxemburgo (64,7%), Suiza (64,7%), Alemania (64%), Japón (65%) e Italia (59%). Y tienen la misma clase media que España o menos Reino Unido, Canadá y Australia (58%), Rusia (53,1%) o EEUU (51%), así como China (48,2%), India (40,2%), México (44,9%) o Brasil (44,8%).

En la mayoría de los paises, ha bajado la proporción de clase media porque una parte han ido a engrosar a los más ricos (los que ingresan más del 200% de la renta media) y otra parte han pasado a ser pobres (ingresan menos del 75% de la renta media). Sin embargo, España es el país de la OCDE donde casi toda la clase media que se ha perdido (-3,7% entre 1985 y 2016) ha ido a alimentar la clase baja (+3,6%) y sólo una mínima parte (0,1%) han pasado a ser “ricos”. En Suecia (el país que más clase media ha perdido en los últimos 30 años: -7,4%), una parte cayó a la clase baja (4,1%) y casi otro tanto aumentó el porcentaje de ricos (+3,3%). En Alemania, donde la clase media ha caído un 5%, la mayoría han ido a engrosar la clase alta (+2,8%) y menos han pasado a ser clase baja (+2,2%). Y lo mismo en Estados Unidos: pierden un 4,3% de clase media, pero un 3,1% es porque pasan a clase alta y sólo un 1,2% pasan a clase baja. Y sólo tres paises OCDE han visto aumentar su clase media en los últimos 30 años: Dinamarca (+1,4%), Francia (+3,2%) e Irlanda (+3,9%), los tres porque han conseguido que familias de clase baja suban en la escala social.

Este es el panorama general, pero los jóvenes lo están sufriendo más en todos los paises, según el informe de la OCDE. Así, la generación “baby boomers” (nacidos entre 1942 y 1964) llegaba a ser clase media (a los 20 años) en un 68% en la OCDE y un 60% en España. Sus hijos, la “generación X” (nacidos entre 1965 y 1982) sólo consiguieron ser clase media en un 64% en la OCDE y un 58% en España. Y sus nietos, “los millenials” (nacidos entre 1983 y 2002), sólo llegan a ser clase media (al cumplir los 20 años) en un 60% en la OCDE y un 50% en España (por debajo del 58% de toda la población que es clase media). Eso significa que los jóvenes de hoy tienen un 10% menos de posibilidades de ser clase media que sus abuelos.

¿Por qué ha caído la clase media? Básicamente, porque ingresan menos con la crisis y tienen más gastos, según la OCDE. Lo que está pasando es que la clase media se beneficia menos que los ricos de la recuperación e incluso que los pobres (por el contrapeso de ayudas e impuestos). Así, en los últimos 30 años, los ingresos totales de la clase media han crecido un 33% menos que los ingresos del 10% más rico, según la OCDE. Y eso porque sus ingresos anuales han pasado de crecer el 1% (entre 1985 y 1995) al 1,3% (entre 1995 y 2006) y sólo un 0,3% anual entre 2007 y 2016, básicamente porque se han deteriorado sus empleos y sus sueldos con la crisis. Con ello, se ha acrecentado la desigualdad y ahora, el 10% más rico acumula ahora casi el 50% de toda la riqueza de los paises OCDE, frente a sólo el 3% el 40% más pobre y el 47% de la riqueza que se lleva la clase media.

Además de tener menos ingresos, la clase media ha deteriorado su economía porque ahora tiene más gastos, según detalla el informe de la OCDE. Y más gastos en 3 partidas que son claves para la clase media: la vivienda, la educación y la sanidad. El repunte de los precios de la vivienda ha hecho que si en 1995, el gasto en vivienda se llevaba la cuarta parte del gasto total de las clases medias (24% en España y 25% en la OCDE), en 2015 se lleva ya casi un tercio del gasto total (33% en España y 32% en la OCDE). Eso se traduce en un mayor esfuerzo para comprar un piso: si en 1995 suponía 7,4 años de ingresos, en 2015 suponía ya 10,2 años de media, según la OCDE. Lo mismo pasa con la educación: las familias de clase media han disparado su gasto en los estudios y másteres de sus hijos. Y también se gastan más en sanidad privada, como complemento del deterioro de la sanidad pública.

El resultado de este doble efecto (menos ingresos y más gastos) es que muchas familias de clase media tienen problemas para llegar a fin de mes, aunque la mayoría tengan 2 sueldos: en 24 de los 36 paises de la OCDE, 1 de cada 2 hogares de clase media tienen dificultades económicas (y son 2 de cada 3 en el sur de Europa). Y un 40% de los hogares de clase media no pueden hacer frente a “imprevistos”, lo que les obliga a endeudarse cada año más. Y todo esto lleva a que muchas familias de clase media se hayan “despeñado” a la clase baja entre 2007 y 2015: 1 de cada 7 hogares de clase media (14%) en la OCDE y el 20% en España, según el informe de la OCDE.

Ante este panorama, la clase media que todavía se sigue considerando como tal (aunque muchos, por sus ingresos, no lo sean) contempla el futuro con mucho pesimismo, sobre todo por sus hijos: un 60% de los padres occidentales temen que sus hijos vivan peor que ellos (y un 70% en Francia, Italia y Grecia), según una Encuesta de la OCDE hecha en 2018. Y es que la crisis, la globalización y el reto tecnológico han acrecentado la desigualdad y bloquean “el ascensor social”, la posibilidad de que los hijos vivan mejor que sus padres. Así, ahora hay menos “movilidad social” y el 60% de la población más pobre está atascada en su escalón social y  no puede mejorar, según la OCDE. Y los niños occidentales nacidos en familias con bajos ingresos tardarán 4,5 generaciones en pasar a ser clase media, mientras en España serían 4 generaciones, 2 en Dinamarca, 3 generaciones en Finlandia o Suecia y 6 generaciones en Alemania o Francia, según el estudio  “¿A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility”, de la OCDE (2018).

Así que el futuro de la clase media y sus hijos parece muy problemático. Y sobre todo por la enorme incertidumbre que se cierne sobre el futuro del empleo. Si ya en los últimos 20 años, la clase media ha visto cómo subía la exigencia sobre su trabajo (si en 1995, un 33% de sus empleos eran altamente cualificados, en 2015 lo eran el 48%), ahora, el gran riesgo es que una parte de sus empleos desaparezcan con la tecnología y la automatización, que van a penalizar más a la clase media. Así, un 18% de los empleos (1 de cada 6 empleos)  de los actuales trabajadores de clase media están en peligro en la OCDE, frente al 11% de los empleos de clase alta y el 22% de los empleos de los más pobres. Y en el caso de España, el riesgo es mayor, según la OCDE: pueden desaparecer el 24% de los empleos de la clase media (1 de cada 4 empleos), frente al 15% en riesgo de los trabajadores ricos y el 29% de los trabajadores de clase baja. Con ello, España es el tercer país con más riesgo de empleo futuro para la clase media, tras Eslovenia y Eslovaquia. Las mayores pérdidas de empleos se darán en operarios, administrativos, comerciales y servicios, según la OCDE.

Así que el futuro se vislumbra preocupante para la clase media, “un barco que navega en aguas turbulentas”, según dice el informe de la OCDE. Y esto supone un gran riesgo económico y político para el mundo, porque la clase media ha sido y es un elemento clave para el crecimiento económico (consumo, ahorro, inversión, capital humano) y la estabilidad política. Ahora, alerta la OCDE, su deterioro provoca sentimientos de “vulnerabilidad, incertidumbre y ansiedad”, que promueven “nuevas formas de nacionalismo, aislamiento, proteccionismo y populismos”, que desafían a las instituciones y a la democracia (Trump, Bolsonaro, Brexit…) y debilitan la recuperación (menos clase media son menos ingresos fiscales y cotizaciones, con un deterioro del Estado del Bienestar y las pensiones).

La OCDE advierte a los Gobiernos que el deterioro de la clase media les obliga a  afrontar 3 retos, para que estas familias dejen de pensar que el sistema es injusto (porque ellos contribuyen más que los demás y reciben menos), que su modo de vida (vivienda, educación, sanidad, estatus) es insostenible y no teman por su futuro, ante la incertidumbre del empleo. Para conseguirlo, la OCDE plantea medidas en tres frentes: mejorar los impuestos y las ayudas sociales (para que sean más progresivos y compensen más a la clase media), ofrecer un mejor acceso a la vivienda (con más oferta de viviendas públicas y ayudas al alquiler y a la compra, bonificando intereses y dando garantías), a la sanidad y a la educación y luchar contra la vulnerabilidad del empleo, con más formación, más protección social  y una combinación de flexibilidad y seguridad en el trabajo. Y añaden que “los Gobiernos tienen muchas herramientas para atajar los problemas de la clase media”.

En España, hay que trasladar estas recetas al próximo Gobierno, que debería promover y pactar un Plan de apoyo a la clase media, asentado en 4 medidas. Una, reforma fiscal, para reducir la desigualdad y gravar más a los que más tienen. Dos, ampliar y reformar las ayudas sociales, que son pequeñas y poco eficaces, según nos ha dicho la OCDE. Tres, mejorar el Estado del Bienestar (sanidad, educación y dependencia) y el acceso a la vivienda de la clase media, sobre todo de los jóvenes. Y cuatro, una reconversión a fondo de la enseñanza y la formación de jóvenes y adultos, para adaptarse a los empleos futuros.

En definitiva, perdemos clase media porque cada año hay más ricos que tienen más y más pobres que sobreviven a duras penas. Y esto crea “un mal clima social” que provoca el desinterés por la política y los extremismos y populismos, atacando las bases de la democracia y la construcción europea. Por eso, la advertencia de la OCDE: ojo a seguir perdiendo clase media, es un gran riesgo para la economía y la estabilidad política. Tomen medidas.

Rajoy hunde más el Estado del Bienestar

El Gobierno ha informado  a Bruselas que recortará más el gasto público en sanidad, educación, pensiones, desempleo y familia de aquí a 2020. Si España era uno de los paises europeos con menos gasto social antes de la crisis y más tras los drásticos recortes 2010-2014, Rajoy quiere ahora reducir aún más el Estado del Bienestar, a pesar de la recuperación. Estos futuros ajustes son especialmente preocupantes en educación, clave para mejorar la competitividad y el empleo. También en sanidad, porque el envejecimiento, la tecnología y  los medicamentos forzarán aumentos del gasto. Y en pensiones (España gasta menos que Europa), parados (más de la mitad no cobran) y familias (cuando cae la natalidad y la población). Urge frenar estos futuros recortes, por injustos y antieconómicos. Y actuar por el otro lado, ingresando más, porque España recauda mucho menos que Europa. Se puede, siempre que algunos paguen más impuestos. Este nuevo ataque al Estado del Bienestar es  una cuestión ideológica, no económica. Hipoteca nuestro futuro.

 

                                                                                      enrique ortega

España siempre ha sido un país con menos gasto público que el resto de Europa. Ya con Franco, que apenas nos cobraba impuestos a cambio de un mínimo gasto social paternalista. Con la democracia, crece la presión pública por gastar más en todo, pero España sigue con menos gasto público que Europa: un 40% del PIB en 1997-2001 frente al 46% en la UE-28, según Eurostat. Sube algo más los primeros años de la crisis, con Zapatero tratando de frenarla a base de gasto (poco útil): al 43,5% del PIB en 2007-2011 en España frente al 45,7% en Europa. Pero luego, llega el primer Gobierno Rajoy con las tijeras y el gasto público baja año tras año, hasta el 42,8% del PIB en 2016, muy por debajo de la UE-28 (46,9% del PIB) y que los 19 paises del euro (48% del PIB de gasto público). Y más lejos aún del gasto público que hacen Francia (56,5% de su PIB) o los paises nórdicos (57,3% Finlandia o 54,8% Dinamarca), e incluso Alemania (44,1%) o Italia (49,7%).

En definitiva, que si antes de la crisis España gastaba menos que el resto de Europa, ahora ha aumentado la brecha del gasto público con la UE y los paises euro, gracias a los recortes hechos por Zapatero y sobre todo por Rajoy, básicamente desde  2012 a 2015 : -9.878 millones recortados en sanidad desde 2009 (1 de cada 7 euros), -7.613 millones recortados en educación (1 de cada 6 euros), -11.364 millones en ayudas al paro, -2.865 millones  en ayudas a la Dependencia, -1.200 millones en ayudas a las familias… Y gracias a estos recortes, España tiene un Estado del Bienestar más reducido que Europa.

Así, en sanidad, España gastó en 2015 unos 66.000 millones de euros, el 6,2% del PIB, por detrás del 7,2%  que gastaron de media los 28 países UE y los 19 del euro (o sea, gastamos 10.750 millones de euros menos), según los últimos datos de Eurostat. Y bastante menos que Dinamarca (8,6%), Francia (8,2%), Reino Unido (7.6%), Alemania (7,2%) o Italia (7,1%), cinco de los 14 paises que gastan más que España en sanidad. En educación, España gastó en 2015 unos 44.000 millones de euros, el 4,1% del PIB, también por debajo del 4,9% que gastó la UE-28 y del 4,7% que gastaron los países euro (o sea, que gastamos 6.500 millones menos al año. Y somos el 7º país europeo que menos gasta en educación, según Eurostat, muy por debajo del 7% de Dinamarca, del 6,5% de Suecia, del 6,2% de Finlandia, del 5,5% de Francia, del 5,1% de Reino Unido o del 4,2% de Alemania y similar al 4% de Italia.

En protección social, la principal partida del gasto público, España gastó en 2015 unos 184.000 millones de euros, un 17,1% del PIB, según Eurostat, también por debajo del 19,2% que gastó en protección social la UE-28 y del 20,1% que gastaron los paises euro (a lo claro: gastamos 32.000 millones menos que ellos al año). Desglosado, el mayor gasto social es en pensiones y aquí también gastamos menos que los europeos: un 9,2% en 2015, frente al 10,3% de la UE-28 y 10,8% de los paises euro, según Eurostat (17.500 millones menos al año). El gasto en la vejez es muy inferior al de Francia (13,6% del PIB) o Italia (13,8%), similar al de Alemania (9,2%) y superior al de Reino Unido (8,8%). En paro, España gasta más que la media europea, pero tenemos el doble de paro y el triple o cuádruple que muchos paises (por eso, aunque gastemos más en subsidios, el 53,7% de los parados EPA, 2.285.137 parados,  no cobraban nada en marzo). En 2015, España gastó en desempleo 21.500 millones de euros, el 2% del PIB, frente al 1,4% de la UE-28 y el 1,7% de la zona euro. Y gastamos lo mismo en desempleo que Francia (2% PIB), cuando ellos tienen menos de la mitad de paro (10,4% en 2015 frente a 22,1%) y sólo algo menos que Alemania (1,7% PIB, con 4,6% de paro). En ayudas a la familia, España gastó en 2015 unos 6.500 millones de euros, el 0,6% del PIB, casi la tercera parte que Europa (1,7% del PIB en UE-28 y zona euro). Y hay paises con más ayudas a las familias, como Francia (2,5% PIB), Dinamarca (4,6%) o Finlandia (3,2%).

Como se ve, los recortes no sólo han desmantelado parte del Estado del Bienestar sino que nos han alejado del gasto social que se hace en Europa. Ahora, con la recuperación de la economía, parece que era el momento de apuntalar este gasto público, recuperando parte de lo perdido. Pero el Gobierno Rajoy apuesta por más recortes, aunque públicamente “venda” lo contrario. Así, este año 2017, el ministro Montoro insiste en que “aumenta mucho el gasto social”, en que suben las partidas para sanidad, educación y prestaciones sociales. Y es verdad en millones (se gastan más, pocos más), pero estos gastos crecen menos que la economía. Y por tanto, el Estado de Bienestar sigue perdiendo peso. Así, el porcentaje del gasto sanitario baja en 2017, del 6,07 del PIB (2016) al 5,95%, el nivel más bajo desde 2007.  Lo mismo el gasto en educación, del 4,01% (2016) al 3,93% (2017), el gasto educativo más bajo de este siglo. Y en protección social (pensiones, paro y familia, sobre todo), el porcentaje de gasto público baja del 16,9% del PIB al 16,58%. Esta es la verdad: se destina menos porcentaje de ingresos a los gastos sociales que en 2016 y que en 2011.

Así que el Estado del Bienestar sigue “cuesta abajo”. Y lo peor es que el Gobierno Rajoy se propone recortarlo aún más, de aquí a 2020, según ha comunicado a Bruselas, dentro del Programa de Estabilidad 2017-2020. Las cifras, sus cifras, son muy evidentes: el gasto público total, que ya cayó del 45,80% del PIB en 2011 al 42,20% en 2016, volverá a caer, al 41,48% en 2017 y al 39,19% en 2020. Significa que si España gastaba en 2011 casi 46 de cada 100 euros que producía, en 2020 gastará sólo 39 euros. Montoro podrá intentar engañarnos con que son más millones (claro, porque la economía producirá más), pero comparativamente (porcentualmente), el Estado gastará mucho menos en el Estado del Bienestar.

Y gastará mucho menos en todo, en las 10 partidas que componen el gasto público, según el Programa de Estabilidad 2017-2020 (ver Cuadro A.8b de la página 101). Pero sobre todo en las que tres donde más gasta y que más nos afectan: protección social (pensiones, paro y ayudas a la familia), que bajará del  16,89% del PIB (2016) al 15,91%, sanidad (del 6,07 en 2016 al 5,57% en 2020) y educación (del 4,01% del PIB en 2016 al 3,67% en 2020). Su excusa para este nuevo recorte del Estado de Bienestar es doble: que hay que rebajar el déficit público y que aunque gasten porcentualmente menos “gastarán mejor”.

La realidad es que el Gobierno Rajoy apuesta por estos nuevos recortes para 2020 por ideología, no por economía. Porque algunos de estos recortes, como los de educación, atentan contra la recuperación. Todos los expertos, como señala este artículo de La Caixa, han demostrado que el gasto en educación favorece la competitividad y la productividad de la economía. Y más en España, donde el nivel de formación de los adultos es muy bajo, según revela el informe “Panorama de la Educación 2014” (OCDE) : el 45% de los adultos españoles (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 países), y muy lejos de Suecia (sólo 12% adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%). En medio, también tenemos menos adultos con formación media (Bachillerato y FP Básica): un 22% en España frente a un 48% en Europa y un 44% en la OCDE. Y sin embargo, por arriba, estamos en cabeza de universitarios: un 32% en España frente al 29% en la UE-21 y en 33% en la OCDE. Y así, tenemos más difícil competir por el empleo.

Recortar el peso del gasto educativo, como ha apostado Rajoy, es un suicidio económico y social, razón por la que hasta la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha pedido “frenar los recortes en educación”, porque cree que necesitamos un sistema educativo “mucho más robusto”, por lo que “deberíamos aumentar la financiación”. Lo mismo llevan años pidiendo a España la OCDE, el FMI y la Comisión Europea. Pero nada. Y lo mismo el gasto en Ciencia, en I+D+i: el Gobierno Rajoy apuesta porque suba sólo del 1,23% en 2015 al 2% en 2020, cuando el objetivo europeo ese año es gastar el 3% en Ciencia. Así, con esta racanería presupuestaria, será difícil conseguir un Pacto educativo.

En sanidad, gastar porcentualmente menos de aquí a 2020 es dar la puntilla a una sanidad pública agobiada por los recortes de gastos y plantillas (41.000 médicos y enfermeras), las listas de espera, instalaciones viejas y tecnología obsoleta. Porque el futuro augura un aumento inevitable del gasto, por cuatro poderosas razones: envejecimiento de la población y más esperanza de vida, aumento de las enfermedades crónicas, necesidad de renovación tecnológica y nuevos medicamentos cada vez más caros. Si en vez de gastar más (11.000 millones extras al año para gastar “como los europeos”), se propone gastar porcentualmente menos, el colapso está asegurado, en perjuicio de los más débiles y en beneficio de la creciente sanidad privada (11 millones de españoles tienen un seguro médico privado).

En protección social, la mayor amenaza de estos futuros recortes es para las pensiones, donde España ya gasta hoy menos que la media de Europa (17.500 millones menos al año), pero donde habría que dedicar más recursos en el futuro (no menos) por el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, así como por el lógico aumento de las nuevas pensiones. Si el Gobierno Rajoy quiere rebajar este gasto, como promete a Bruselas, es porque piensa aprobar más recortes en la reforma de las pensiones que se aprobará este año. Y lo mismo en las ayudas al desempleo, donde ya más de la mitad de parados no cobran. Y en las ayudas a la familia, en un país que necesitaría promover con urgencia y seriedad la natalidad, porque está cayendo la población (hay 726.295 españoles menos que en 2012, según el INE) y habrá menos adultos para trabajar: el INE estima que para 2029 caerá la población activa en 1.736.300 personas.

Además, el gasto en protección social debería subir y no bajar porque España es uno de los paises europeos con más pobreza (13.180.000 españoles, un 28,6% de la población frente al 23,7% en la UE-28, según Eurostat) y con más desigualdad: España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de renta, según el FMI (el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza y el 1% el 20,3%, según datos del Banco de España). Y esto debería llevar a reforzar las ayudas contra la pobreza (sobre todo, contra la pobreza infantil) y aprobar medidas para paliar la situación de los 3,3 millones de españoles que están en pobreza extrema, según Cáritas. Y sobre todo, las 648.300 familias sin ningún ingreso (EPA).

Vayamos al fondo de la cuestión: España tiene menos gasto público que Europa porque también recaudamos menos que los demás paises. Eso ya pasaba antes de la crisis, se agravó con ella y sigue pasando ahora: en 2016, España ingresó (total ingresos públicos) el 38% de su PIB, por debajo de la media UE-28 (44,9%) y sobre todo de la zona euro (46,2%), según datos de la Comisión Europea. Traducido, esto quiere decir que si recaudáramos como los demás paises euro, España habría ingresado 90.200 millones de euros más en 2016. No habríamos tenido déficit público  (47.630 millones) y aún nos habría dado para gastar más en sanidad, educación y prestaciones sociales. Así de claro.

Así que la otra vía de salida, que el Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente, es conseguir recaudar más, para lo que la Comisión Europea nos ha marcado el camino: subir el IVA, subir los impuestos al alcohol, tabaco, carburantes y otros impuestos medioambientales, reducir las deducciones de las empresas en sociedades (las grandes empresas pagan sólo el 7,3% de sus beneficios), hacer que paguen más las multinacionales y los más ricos, poniendo más personal y más medios en la lucha contra el fraude fiscal. Con una reforma fiscal de verdad, para reducir el fraude y conseguir que paguen más los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y fortunas), se podrían recaudar 40.000 millones más al año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA). Con esos recursos extras, se podrían destinar 10.000 millones a rebajar el déficit y otros 30.000 a recomponer el Estado del Bienestar, a recuperar lo perdido en sanidad, educación, dependencia, pensiones y ayudas a parados y familias.

Las cuentas pueden salir de otra manera, con más ingresos, no con menores gastos. Pero para ello, el Gobierno Rajoy tendría que hacer pagar más impuestos no a la mayoría (que ya pagamos) sino a colectivos y sectores que pagan poco y a los que no quiere enfrentarse, ni el PP ni su socio político Ciudadanos (que rechaza cualquier subida de impuestos): grandes empresas, petroleras, eléctricas, industria del automóvil, multinacionales y los más ricos. Para no “tocar” su bolsillo, cuando las empresas ganan más que antes de la crisis, apuestan por “tocar” (recortar) el Estado del Bienestar. Y de paso, como “creen” más en el mercado que en el Estado”, reducen el peso del sector público en beneficio de los negocios privados (sanidad, educación y pensiones privadas para el que pueda pagarlo). “No alimentar al monstruo del Estado, sino recortarlo”. Eso es lo que se esconde detrás del Programa de Estabilidad 2017-2020, recién enviado a Bruselas. Una apuesta ideológica, no económica.

Pacto y segundo rescate a las autonomías

Todos han hecho el paripé en la Conferencia de presidentes autonómicos, para tranquilizar a Bruselas y los mercados. El precio ha sido un nuevo rescate a las autonomías, 18.000 millones para tapar sus agujeros más urgentes. Rajoy gana tiempo y las autonomías llegan a fin de año. Pero el problema sigue ahí: las autonomías no tienen recursos suficientes para financiar los servicios básicos, al margen de que gasten mejor o peor. Y el Gobierno les fuerza a recortar el déficit más que el Estado. No salen las cuentas y por eso han necesitado dos rescates en cuatro meses. Y unos duros recortes, que seguirán en 2013. El problema es el reparto de fondos y de poder entre el Estado y las autonomías, cuya solución se retrasa hasta 2014.Pero está ahí y volverá a salir, porque la recesión asfixia a las autonomías. Y a nosotros con ellas.

enrique ortega

Entre alfombra roja, banderas y sonrisas, Rajoy y las autonomías han alcanzado un pacto de mínimos: sois buenos y os comprometéis a hacer los recortes que impone Bruselas y a cambio os ayudo a llegar a fin de año, a que paguéis a los bancos los 15.000 millones de vencimientos de deuda que tenéis este trimestre. Y aparcamos para 2014 los dos problemas de fondo: la reforma del sistema de financiación autonómica (que debía entrar en vigor en 2013) y el reparto del recorte del déficit público (menos drástico para el Estado). Para 2013, las autonomías aceptan que del 4,5 % de déficit comprometido por España con Bruselas, 3,8% lo tenga el Estado (unos 38.000 millones) y 0,7% las autonomías (sólo 7.000 millones de déficit, la mitad que este año) . Y  Rajoy acepta cambiar el reparto del déficit 2014, que no es tan problemático: 2,7% para el Estado (27.000 millones) y 0,1 % (1.000 millones) para las autonomías.

Rajoy gana tiempo y vende unidad frente a Bruselas. Y las autonomías consiguen sobrevivir, a cambio de la ayuda del Gobierno. De momento, las dos más contestatarias, han conseguido dos anticipos de urgencia: 560 millones a Cataluña para pagar los gastos más urgentes (y van cuatro anticipos este año) y otros 1.000 millones a Andalucía para vencimientos de deuda. Además, el Gobierno ha abierto la ventanilla para un segundo rescate a las autonomías: un Fondo de Liquidez que va a prestarles 18.000 millones para que paguen sus vencimientos de deuda, a algunos proveedores (sanitarios, farmacias, conciertos educativos y Universidades) y a los Ayuntamientos (les deben 800 millones).

De momento, ya han pedido la ayuda del Fondo 6 autonomías: Cataluña (5.023 millones), Comunidad Valenciana (4.500), Murcia (528), Andalucía (4.906),Castilla la Mancha (848) y Canarias (756), lo que supone el 92 % de los recursos disponibles. A cambio de estos créditos, Hacienda reforzará el control sobre las autonomías y sus planes de ajuste, con “hombres de negro” vigilando sus cuentas (como Bruselas hace con Grecia, Irlanda, Portugal o España).

Es el segundo rescate del Gobierno a las autonomías en cuatro meses, ya que en junio puso en marcha un Plan de créditos para que 14 autonomías pagaran 17.000 millones de deudas a proveedores. Un nuevo parche que no resuelve el problema de fondo: la insuficiencia de fondos de las autonomías y más cuando la recesión les está tirando por los suelos sus ingresos y se les  recorta la aportación del Estado. En los dos últimos años, pero más en 2013: las transferencias del Presupuesto a las autonomías bajarán un 12 % y, lo más grave, la inversión pública que el Estado hace en sus territorios caerá un 16,2%. Perderán 2.065 millones en inversiones públicas, sobre todo Galicia (-397 millones), Comunidad Valenciana (-358), Castilla la Mancha (-243) y Andalucía (-220), aunque en porcentaje las que más inversión pierden son Navarra (-68%), Baleares (-45%) y Aragón (-30%). Y se incumplen los compromisos de inversión de los Estatutos de autonomía de Cataluña (-55% de inversión en 2 años) y Andalucía.

Por eso saltaron las críticas de Cataluña, Andalucía y varios barones del PP, ahora acallados con el segundo rescate. Pero con ese dinero no resolverán su problema para 2013: bajar el déficit autonómico del 1,5% este año (que será más) al 0,7%. Eso les va a obligar a hacer unos Presupuestos 2013 mucho más duros que los de este año, con más recortes y subidas de impuestos. Y no lo tienen fácil. Poco pueden hacer para subir ingresos con los impuestos cedidos, ya que los importantes (IRPF, IVA, especiales, sociedades) están en manos del Estado. Y en los gastos, el 70% van a financiar educación, sanidad, Dependencia y servicios sociales. Aquí han metido ya un buen tajo y poco pueden hacer, aunque darán otra vuelta de tuerca en 2013, en perjuicio de  los servicios públicos, ya muy deteriorados. Y tendrán que hacer un mayor ajuste en el sector público autonómico.

Rajoy se ha comprometido con Bruselas a que las autonomías recortarán 9.500 millones en gasto corriente, por tres vías: recorte de 3.600 millones en gasto de personal (más despidos a sumar a los 176.000 despidos públicos en el último año) y cierre de 127 empresas públicas, recorte de subvenciones (a particulares, empresas y Ayuntamientos) y “reprogramación” de inversiones (en castellano: ni una inversión nueva, a pesar de riadas, incendios y clases en barracones).

En resumen, que los recortes del Estado se agravan para 2013 en las autonomías, que será donde más los notemos los ciudadanos, con una educación de peor calidad, una sanidad menos eficiente y con más listas de espera, menos ayudas a la Dependencia y un drástico recorte en los gastos sociales cuando más se necesitan. Y como la recesión seguirá ahí y a las autonomías les volverá a caer la recaudación, tendrán que hacer nuevos recortes para intentar cumplir con Bruselas y con Hacienda. Y eso conllevará más recesión y más recortes. Un callejón sin salida.

En el fondo, lo que ha pasado es que la crisis ha hecho estallar por los aires el modelo autonómico: España es uno de los países más descentralizados de Europa, donde las autonomías gastan el 37%, frente al 50% de la Administración central (20% el Estado y 30% la Seguridad Social) y un 13% los Ayuntamientos. Y sin embargo, el Estado no les ha transferido ingresos suficientes, con lo que cada año van acumulando déficit y deudas (como le pasa a la Sanidad). Podemos pensar que había que recortar las autonomías. Pero si no se da marcha atrás y se les recorta competencias, hay que darles recursos. Y eso pasa porque el Estado central ceda ingresos. O sea poder. Y claro, se resisten a ceder parte de su pastel. El otro problema es revisar el sistema de financiación y los criterios de reparto del pastel autonómico, que no convencen a la mayoría. Ahora, ambos temas se aparcan: no toca.

Pero el sistema hace aguas por todas partes y saltará de nuevo, harán falta más rescates. Y mientras, los ciudadanos pagaremos las duplicidades de poder, la pelea de dos administraciones por nuestros impuestos y los agobiantes recortes en los servicios públicos. Ellos ganan tiempo, satisfechos con el Pacto, pero los problemas los sufrimos nosotros.