España, tercer país con más pobreza de Europa

España crece más que Europa, pero la pobreza ha aumentado en España, en 2023 y desde 2019. Y somos el tercer país europeo con más pobreza, tras Rumanía y Bulgaria: un 26,5% de la población, 12.746.710 españoles en riesgo de pobreza, según las estadísticas europeas. “¿Donde estarán los pobres en Madrid?, se pregunta el portavoz de Ayuso. Los “pobres” son quienes ganan menos de 916 euros mensuales (1.923 euros una familia con dos hijos), no sólo los que piden por la calle sino muchos vecinos: inmigrantes, parados, madres solas con hijos, mayores y jóvenes, incluso personas con empleo (hay 2,5 millones de trabajadores “pobres”). Y tenemos 2,32 millones de niños viviendo en familias pobres, siendo España líder europeo en pobreza infantil. No basta con crecer y crear empleo, hay que mejorar las ayudas a los más vulnerables y resolver el problema de la vivienda. Urge un Pacto de Estado contra la pobreza: no es una cuestión ideológica sino “un cáncer” social, económico y político.

                       Enrique Ortega

Europa es, con Norteamérica, la región más rica del mundo, pero también tiene mucha pobreza, aunque no se habló de ella en las elecciones europeas. En 2023 había en la UE 94,6 millones de europeos “pobres”, un 21,4% de toda la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social, según las estadísticas europeas (Eurostat). Y aunque son 700.000 europeos “pobres” menos que en 2022, la cifra ha aumentado en 2,2 millones de pobres desde 2019 (cuando había 92,4 millones de pobres en la UE-27), por las consecuencias negativas de la pandemia y la alta inflación en los hogares más vulnerables.

¿Qué es ser pobre? Europa tiene una estadística, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”) que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne tres veces por semana a pagar recibos). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Según Eurostat, en la UE-27 hay 94,6 millones de pobres, algo más de 1 de cada 5 europeos (el 21,.4%, frente al 24% de pobres en 2015). Su perfil son mujeres (22,3% frente al 20,3% hombres), parados (66,3% pobres) o inactivos (43,2%), jóvenes de 18 a 24 años (26,1%), mujeres solas con hijos (22,4% pobres), menores (24,8%) y personas con bajo nivel educativo (más de un tercio son pobres).

España es el tercer país con más pobreza en Europa, con una tasa AROPE del 26,5% de la población en 2023 (12.742.621 personas “en riesgo de pobreza o exclusión social”) según publicó Eurostat la semana pasada. Sólo tienen más pobreza Rumanía (32% población) y Bulgaria (30%). Y hemos empeorado, porque en 2019 éramos el 5º país con más pobreza (nos superaban Grecia y Letonia) y en 2020,2021 y 2022 éramos el 4º país (nos superaba Grecia, que ahora tiene un 26,1%). Estamos por encima de la media de pobreza de la UE-27 (21,4% en 2023) y por encima de Italia (22,8%), Alemania (21,3%), Francia (20,4%) o Portugal (20,1%). Los paises europeos con menos pobreza son la República Checa (12,8%), Eslovenia(13,7%), Finlandia (15,8%), Polonia (16,3%), Chipre (16,7%) y Paises Bajos (17%).

La tasa de pobreza ha aumentado en España tras la pandemia, pasando del 26,2% de la población en 2019 al 26% en 2022 y al 26,5% en 2023, según el INE y Eurostat, lo que indica que hay 445.364 españoles pobres más que en 2019. Frente a estos datos oficiales, la derecha política se empeña en que hablar de pobreza es “una obsesión de la izquierda” (Ayuso). Incluso el portavoz de la Comunidad de Madrid (que tiene 1.300.000 “pobres”, según Eurostat), Enrique Osorio, ha dicho “¿Dónde están los pobres en Madrid” (ver vídeo). Quizás piensa que los pobres son sólo los que piden en los semáforos o los que duermen bajo cartones. Pero no es así. Como lleva años insistiendo Cáritas, “muchos de nuestros vecinos son pobres y no nos damos cuenta”. Y es que la pobreza se ha hecho estructural y afecta ya a muchas personas. Por eso la estadística AROPE indica que afecta al 26,5% de españoles en 2023, 12.746.710 personas que tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media española), poco empleo o muchas privaciones.

¿Quiénes son estos pobres en España? La estadística AROPE detalla los colectivos con una tasa de pobreza superior a la media (26,5%): mujeres (27,5% de pobreza frente al 25,5% los hombres), inmigrantes (57% de pobreza entre extranjeros no UE y 36,5% entre extranjeros europeos), parados (56,7%) y personas inactivas (38% de pobreza), hogares con poca educación (36,7%), menores de 16 años (el 34,3% viven en familias pobres), familias monoparentales con niños (32,4% son pobres y el 80% son mujeres solas), hogares con discapacitados (31%), parejas con niños (28,5% son pobres) y jóvenes de 16 a 29 años (27,4% pobres), según el detallado análisis de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Por autonomías, hay 9 regiones con más pobreza que la media española (26,5% en 2023): Ceuta (¡ 41,8% de la población es “pobre”!), Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%), Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla la Mancha (31,7%), Murcia (30,5%) y Comunidad Valenciana (29,6%), según la EAPN. Y las que tienen menos pobreza son, lógicamente, las autonomías más ricas: País Vasco (15,5% es pobre), Navarra (17,2%), Madrid (19,4%, casi 1 de cada 5), Aragón (20,4%), Cataluña (21,2%), Cantabria (22%) y Castilla y León (22,4%). Pero hay algo chocante: 10 autonomías españolas tienen hoy (2023) más porcentaje de pobres que antes de la pandemia, en 2019. Algunas están entre las más ricas, como País Vasco, Navarra, Cataluña, la Rioja, Cantabria, Baleares o Comunidad Valenciana, y otras que han empeorado son pobres, como Castilla la Mancha, Castilla y León y Galicia.

La mayoría de los 12,7 millones de pobres en España que revela Eurostat lo son porque tienen “pobreza monetaria”, porque ganan menos del 60% del ingreso medio en nuestro país. En 2023, esos “pobres monetarios” (por bajos ingresos) eran 9.715.577 personas, el 20,2% de la población (+8.446 “pobres monetarios” que en 2022 y +1.172 que en 2019), según la EAPN. Para incluirlos como “pobres monetarios”, la estadística europea y el INE fijan un nivel de ingresos: 10.990 euros anuales (916 euros al mes) para un soltero y 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para una familia con dos hijos. Esos son los que la estadística señala como “pobres”, porque con esos ingresos considera que no pueden vivir “decentemente”. Así que busque a su alrededor y ya verá que “conoce a muchos pobres”.

Hay otro nivel de pobreza peor, la llamada “pobreza severa”, que sufren los que ingresan menos del 40% del ingreso medio en España. Para 2023, integran este grupo los solteros que ingresan menos de 7.326 euros al año (611 euros al mes) y las familias con dos hijos que ingresan menos de 15.384 euros anuales (1.282 euros al mes). En 2023 eran 3,9 millones los españoles que estaban en situación de pobreza severa, el 8,3% de la población española( ha mejorado: eran el 9,2% en 2019) y 2 de cada 5 personas pobres, sobre todo inmigrantes, parados y mujeres solas con niños, además de jóvenes y mayores. Lo positivo es que esta pobreza severa se reduce: 900.000 españoles han salido de ella desde 2021.

Con todo, lo más preocupante es la elevada pobreza infantil en España: 2,32 millones de  niños y niñas vivían en 2023 en hogares “pobres” (que ingresan menos de 1.923 euros al mes), un 28,9% de los menores de 18 años, según el INE. Y el 13,7% de los niños viven en hogares con “pobreza severa”. Con estos datos, España es el país europeo con más pobreza infantil, superando a Rumanía y la alta tasa de pobreza infantil en Europa (25% de los menores), según un informe de UNICEF. Y además, España ocupa el puesto 36 con mayor pobreza infantil de los 39 paises OCDE: con una media del 28% (entre 2019 y 2021) sólo tienen más pobreza infantil Colombia (35,8%), Turquía (33,8%) y Reino Unido (20,7%), destacando la baja pobreza infantil  de Dinamarca (9,9%) Eslovenia (10%) y Finlandia (10,1%).

La gran mayoría de los “pobres AROPE” (9,7 millones de los 12,7 millones totales) lo son porque tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media de cada país). El resto son personas que no pueden atender sus necesidades básicas (otros 2 millones) o tienen un bajo nivel de empleo (1 millón más), aunque muchas personas vulnerables cumplen dos o tres indicadores a la vez (pobreza  monetaria, privaciones y bajo empleo). Lo preocupante de los datos del INE (Encuesta de Condiciones de Vida 2023)  no es sólo el alto nivel de pobreza sino que un 37,1% de todos los hogares no tienen capacidad para atender gastos imprevistos y casi la mitad (el 48,7%) tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y hay otros datos llamativos: un 33,1% de los españoles no puede coger una semana de vacaciones, un 20,7% no pueden calentar (o enfriar) su casa, un 11,7% pagan con retraso hipoteca o recibos y el 6,4% no pueden comer carne o pescado cada dos días.

En definitiva, sí hay pobres en España (12,7 millones, de ellos 9,7 millones por bajos ingresos) y la mayor pobreza se da entre las mujeres y jóvenes, los inmigrantes, parados o con trabajos precarios, las familias que tienen niños y discapacitados, sobre todo en el sur de España, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo positivo es que, tras la pandemia, la acción protectora del Estado (ayudas, ERTES, gastos e impuestos) ha evitado que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza (2,4 millones en pobreza severa), según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Y destaca también el efecto positivo de las pensiones públicas, que son “una vacuna contra la pobreza”: estiman que evitan que 7,8 millones de personas (jubilados y sus familias) acaben en la pobreza.

Pero el informe de la EAPN llama la atención sobre un hecho: el crecimiento de la economía y el importante empleo creado en España (1.280.000 empleos entre 2020 y 2023)  no han evitado que haya crecido la pobreza desde 2019 hasta hoy. Es evidente que el crecimiento y el empleo ayudan, pero “no son una vacuna contra la pobreza”, reflexiona la EAPN. Primero, porque mucho del empleo creado es precario (a tiempo parcial o temporal, a pesar de la mejoría por la reforma laboral) y mal pagado, con un alto nivel de paro (duplica al europeo), casi la mitad de jóvenes, mujeres y mayores con paro de larga duración. De hecho,” tener un trabajo no evita la pobreza”, según reitera la EAPN. Los datos revelan que un 32% de los “pobres” en España tienen un trabajo remunerado. Y cada vez hay más “trabajadores pobres”, casi 2,5 millones en 2023 (el 12% de los que trabajan).

Lo decisivo para que haya aumentado la pobreza desde 2019 ha sido, para la EAPN, la fuerte subida de la inflación y los problemas de la vivienda, el dispararse los alquileres. Por un lado, la alta inflación daña más a las familias con menos ingresos, porque les supone un mayor esfuerzo pagar los alimentos, la energía y las facturas que a las familias con más recursos. Y además, les ha afectado también más la fuerte subida de los alquileres (han subido tres veces más que sus ingresos). De hecho, vivir en alquiler es más frecuente entre los ”pobres” (el 33,3% son inquilinos) que entre los ”no pobres” (en alquiler sólo el 15,7%). Y tras las fuertes subidas de estos años, la tasa de pobreza de los que viven en alquiler (33,1%) duplica a la de quien tiene su casa en propiedad (15,7%), porque han tenido que afrontar alquileres disparados y mayores gastos (luz, gas, agua, seguros y múltiples recibos).

Ahora, los expertos de la EAPN reiteran que “no se puede atajar la pobreza sólo con más crecimiento y más empleo”, que hay que actuar sobre la inflación y sobre la vivienda, aumentando la oferta de alquileres subvencionados para las familias pobres. Y piden que no se reduzcan las ayudas contra la inflación : mantener la rebaja del IVA de los alimentos y la luz, que el Gobierno prorrogará después de junio. Además, piden un Pacto de Estado contra la pobreza, para que todos los partidos acuerden medidas (ayudas, fiscalidad, vivienda, educación, sanidad…) para ayudar a las familias más vulnerables. En paralelo, UNICEF pide un Pacto contra la pobreza infantil, que provoca daños económicos, educativos y mentales en nuestra infancia. Y si no se resuelven, estos niños serán  los adultos pobres de mañana. De momento, el Gobierno Sánchez ha creado un grupo de trabajo con ONGs para impulsar después este Pacto con autonomías y Ayuntamientos a lo largo de 2024.

España firmó en 2015 la Agenda 2030 aprobada por la ONU, que pretende reducir drásticamente la pobreza al final de esta década. Y en 2018, el nuevo gobierno Sánchez aprobó un Plan de Acción, con una posterior Estrategia contra la Pobreza 2019-2023, aprobada en marzo de 2019. Pero no estamos cumpliendo el objetivo:  reducir la pobreza a la mitad entre 2015 y 2030 (del 28,7% al 14,3%), sacar de la pobreza a 6 millones de españoles en estos 15 años. A medio camino, en 2023, la pobreza sólo se había reducido en -581.561 personas. Debería haberse reducido en 2,6 millones de personas más en estos 8 años. Por este enorme retraso, hay que dar un empujón a la lucha contra la pobreza en lo que queda de década.

Así que todos (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos y organizaciones sociales) tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza , que está entre nuestros vecinos, aunque sólo se visualice en “las colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en las campañas electorales, ni en España ni en Europa. No podemos “mirar para otro lado”: la pobreza y la desigualdad están ahí, no son “un invento de la izquierda”, como defiende la ultra liberal Ayuso. La pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se frena cuando un 25% de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca a la democracia, porque las personas vulnerables no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza refleja una grave injusticia social. Por todo ello, urge extirpar la pobreza y no dejar atrás a la cuarta parte de los españoles.

Pensiones: más agujero y urgente reforma

La pandemia ha destrozado las cuentas de la Seguridad Social: se han desplomado los ingresos por cotizaciones y se han disparado las ayudas. El déficit de la SS ha crecido un 38% y las pensiones tendrán este año un “agujero” de -22.871 millones. Y si no se hace nada, tendremos ese déficit los próximos tres años, por las secuelas del coronavirus. Si ya antes había que reformar las pensiones, porque las cuentas no salían, ahora urge esa reforma. El Gobierno la ha propuesto en dos fases. Primero, quitar a las pensiones 22.871 millones de gastos “impropios” (prestaciones que no debería pagar) y cargarlos a los Presupuestos. Y luego, ya sin déficit, buscar más ingresos y menos gastos, retrasando la edad real de jubilación (que está en 64,6 años). Pero no es suficiente. Hay que pactar una reforma a fondo, que aumente ingresos y atempere el gasto, porque habrá  15 millones de pensionistas en 2050. Y porque el sistema debe asegurar también las pensiones de nuestros hijos. 

 

El coronavirus no sólo se ha cebado sobre los mayores sino que ha destrozado aún más las cuentas de las pensiones. Desde marzo, los ingresos de la Seguridad Social se han desplomado, al haber ahora menos españoles cotizando (había 755.000 afiliados menos a finales de agosto que a principios de marzo) y al haberse perdonado cotizaciones a las empresas en ERTEs (hasta 3,4 millones en marzo y abril) y a los autónomos (1,2 millones). Y en paralelo, la SS ha tenido más gastos, tanto en desempleo (556.767 parados más) como con esos trabajadores en ERTEs y autónomos cobrando parte de su sueldo y todas las ayudas vinculadas al COVID 19. El resultado es que este año 2020, la Seguridad Social espera un déficit de -22.191 millones de euros (2% del PIB), frente a los -16.052 millones de déficit (1,3% del PIB) con que se cerró 2019. Y el agujero sería mucho mayor de no ser por los 14.500 millones que el Estado ha aportado a la SS para cubrir parte de las ayudas de la pandemia.

El problema es que llueve sobre mojado, que este déficit extraordinario se suma a 10 años de déficit creciente de la Seguridad Social (ver gráfico déficit SS): -2.433 millones en 2010, -1.063 en 2011, más de -10.000 millones en 2012,2013 y 2014, -13.038 millones en 2015 y sobre -17.000 millones de déficit en 2016, 2017 y 2018, para acabar con -16.052 millones en 2019. En total, un “agujero” acumulado de -116.642 millones de euros en los últimos 10 años, que se ha “tapado” con deuda, aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero). Y ahora, con la pandemia y la recesión que acarrea, el Gobierno prevé que el déficit suba hasta  -30.000 millones en 2021 (2,5% del PIB) y se mantenga en -20.000 millones en 2022 y 2023. Un agujero insostenible para las cuentas públicas y que pone en grave riesgo el sistema de pensiones.

Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte presionan a España para que reforme cuanto antes las pensiones. En septiembre, los diputados integrados en el Pacto de Toledo han iniciado sus debates para perfilar una nueva reforma (tras la de 2011 de ZP y la de 2013 de Rajoy), que deberían haber aprobado hace años. Y allí, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteó el pasado 9 de septiembre (ver aquí su intervención íntegra), las bases de una reforma, en dos fases. Reforma que el Gobierno quiere pactar con los demás partidos y con las fuerzas sociales, para aprobarla a lo largo de 2021.

La primera fase de la reforma sería descargar a la Seguridad Social de una serie de gastos “impropios”, partidas que pagan las cotizaciones sociales pero que debería pagar el Estado vía Presupuestos (con impuestos). La lista es larga y costosa (ver documento): subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas de autónomos y reducciones de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado hijos (2.953 millones), pago complemento de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.014 millones), costes extras cálculo pensiones (788) y gastos de funcionamiento del Ministerio de Seguridad Social (3.911 millones), que se paga con cotizaciones en vez de financiarlo el Presupuesto (como los demás Ministerios). En total, 22.871 millones de euros, el equivalente al déficit de la SS previsto para este año.

La propuesta  del ministro Escrivá es cargar estos gastos al Presupuesto del Estado y descargar así a la SS y a las pensiones de estos costes “impropios”. Es un “apaño contable”, cambiar quien paga las partidas, porque pagarlas hay que pagarlas. Eso sí, liberaría a la SS de su déficit y las cotizaciones podrían ir a pagar sólo las pensiones. La idea es empezar a hacerlo ya en el próximo Presupuesto 2021: que una parte de esos 22.871 millones se financien con impuestos y dejen de lastrar a las pensiones. El problema  es de dónde sacar ingresos públicos para asumir parte de esta factura, dado que la pandemia va a multiplicar los gastos del Presupuesto de próximo año y no se podrán subir mucho los impuestos.

Supongamos que se puede hacer y que en varios años se descarga a la SS de ese lastre de “gastos impropios”, de esos 22.871 millones. Eso permitiría afrontar el futuro sin déficit. Pero si no se hacen reformas, el “agujero” surgiría y aumentaría enseguida, porque el problema de fondo de las pensiones es que el gasto crece más deprisa que los ingresos: cada vez hay más pensionistas, con pensiones más altas y que hay que revalorizar cada año, mientras el empleo y los cotizantes crecen menos y además el nuevo empleo es muy precario, con bajos sueldos y cotizaciones. Y encima tenemos un país muy envejecido, con alta esperanza de vida, por lo que las casi 10 millones de pensiones de hoy serán 15 millones en 2050. Y la población apenas crece y lo mismo el empleo, con lo que los cotizantes crecerán menos que los pensionistas: si hoy hay 3 españoles trabajando para pagar 1 pensión, en 2050 habrá 2 trabajando. Y ese es el problema de fondo, que exige una reforma en profundidad de las pensiones, no solo ajustes contables para cambiar los costes de sitio.

Para afrontar este futuro, el ministro Escrivá plantea una segunda fase de reforma de las pensiones, consistente en aumentar ingresos y reducir costes. Por un lado, plantea que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales, ya que el 85% cotiza ahora por sus bases mínimas. Y no se descarta subir algunas cotizaciones, sobre todo las de los sueldos más altos (hoy “topadas”). Eso sí, también se contemplan más gastos, porque el Gobierno defiende una revalorización de las pensiones con el IPC, abandonando el sistema que aprobó la reforma de Rajoy (las pensiones se revalorizarían según las cuentas de la SS: como hay déficit, no más del 0,25% en los últimos años de su Gobierno). Y además, el Gobierno quiere que este compromiso, revalorizar las pensiones con la inflación, se incluya en la Ley de Seguridad Social, para que todos los Gobiernos la tengan que aplicar.

La gran “baza” de la reforma que propone Escrivá es aumentar la edad real de jubilación, que los españoles se jubilen más tarde: teóricamente, la edad legal será de 67 años en 2027 y este año 2020 es ya de 65 años y 8 meses, pero la edad real de jubilación es de 64,6 años en 2020 (de enero a julio), según la última estadística de la Seguridad Social, porque muchos españoles  (el 37,6% este año) se jubilan anticipadamente. El ministro Escrivá señala que subir 1 año la edad real de jubilación (de 64,6 a 65,6) supondría un ahorro anual de 15.000 millones de euros para el sistema de pensiones, porque aumenta el ingreso por cotizaciones y reduce el coste de las pensiones. Para lograrlo, propone aprobar dos medidas complementarias. Una, incentivar que los españoles se jubilen más tarde, algo que hoy no hacen porque tampoco les compensa mucho. De hecho, la bonificación que se concede en España por retrasar la jubilación es de sólo un 2%, frente al 10,4% en Reino Unido, el 6% en Alemania o el 5% en Francia. Y la otra medida sería penalizar más las jubilaciones anticipadas, corrigiendo lo que pasa ahora: que la penalización a los sueldos altos es del 2% y a los sueldos medios y bajos del 6,5% al 8%, lo que resulta regresivo. Por eso, el Gobierno está pensando sobre todo en penalizar las jubilaciones anticipadas más altas.

Esta propuesta, aumentar la edad real de jubilación, ha sido ya criticada en el seno del propio Gobierno, por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), que cree que sería una forma de “quitar empleo a los jóvenes”. Algo que no es cierto (como tampoco que las mujeres o inmigrantes “quiten el trabajo” a los hombres), porque el mercado de trabajo no es un juego de suma cero sino que un aumento del empleo de los mayores provocaría un mayor consumo y crecimiento y más empleo para todos, como han demostrado varios estudios hechos recientemente en EEUU, Reino Unido y en 22 paises del mundo. Lo que necesita España no es “repartir” el trabajo escaso sino aumentar el empleo, porque aquí trabajan menos personas que en Europa: trabajan un 68% de los españoles (20-64 años), frente al 73,1% de media en la UE-27, el 82,1% en Suecia, el 80,6% en Alemania o el 80,1% en Holanda, por ejemplo, según Eurostat. Eso significa que hay 1.500.000 españoles menos trabajando de los que deberían si tuviéramos la tasa de empleo europea. Por eso, porque trabajamos menos gente (y trabajamos peor, con menos productividad) somos más pobres que la media europea. Aquí tendría que trabajar más gente (mayores y jóvenes), no menos.

Y la última baza de esta reforma que defiende el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que en España tienen poco peso (sólo los tienen 2 millones de trabajadores, según INVERCO) frente a otros paises (como Alemania, Austria o Reino Unido). No creen que haya que apoyar los planes de pensiones privados individuales, porque las ayudas fiscales (1.100 millones anuales) son  utilizadas en un 70% por las rentas más altas y los mayores, no por la mayoría de españoles ni los jóvenes. El objetivo es promover que estos planes de pensiones de empresa (pagados por las compañías y sus trabajadores) se pacten más en los convenios, cubran a trabajadores jóvenes (como complemento de su pensión pública) y tengan más ayudas fiscales.

Toda esta estrategia de reforma de las pensiones puede ser un buen punto de partida, pero es insuficiente a medio plazo. Porque el desajuste de fondo, entre ingresos y gastos, no se corrige sólo con aumentar un año la edad real de cotización. Hay que hacer un reajuste más drástico, con la vista puesta en 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Y para conseguirlo, los expertos recomiendan actuar en varios frentes. Por un lado, “atemperar” el gasto en pensiones, no recortarlo sino que crezca menos, con medidas como  aumentar los años de cómputo de cotizaciones (hasta llegar a toda la vida laboral) y los años exigidos para jubilarse con el 100% de la pensión. Y por otro, tratar de aumentar los ingresos, con una subida  de cotizaciones, que son ligeramente más bajas (35,4%) que en Francia (35,5), Alemania(36%) o Italia (37%), sobre todo la parte de los trabajadores (mejor que coticen más que se tengan que pagar un plan de pensiones privado, con altas comisiones y baja rentabilidad).

Y a corto plazo, el debate va a estar en cuánto se revalorizan las pensiones en 2021. Algunos, como los expertos de FEDEA plantean congelar las pensiones el año que viene, salvo las mínimas, porque eso ahorraría 2.500 millones. Pero lo más lógico sería que subieran como la inflación prevista para 2021, un 1%. Eso sí, hay que seguir gastando en subir las pensiones mínimas, porque 1 de cada 8 pensionistas (1.091.454) reciben menos de 600 euros al mes de pensión. Y corregir en unos años el hecho  de que más de la mitad de los pensionistas (4.831.416) cobren menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las últimas estadísticas de la Seguridad Social.

Este otoño y todo el año 2021, las pensiones van a ser uno de los centros del debate político y económico, porque son el mayor gasto del país (140.000 millones al año) y la recuperación tras la pandemia va a obligar a fijar prioridades. Y Europa presiona para que hagamos una reforma, argumentando que el gasto en pensiones “es inasumible”. No es verdad, porque gastamos en pagar pensiones menos que Europa: un 10,9% del PIB en 2019, frente al 12,4% de media en la UE-27 y mucho menos que Italia (16,8%), Austria (14%), Francia (13,9%) o Finlandia (13,5%), aunque más que Alemania (9,5%) o Portugal (8,1%), según datos del Ministerio de SS. El problema es el futuro, porque somos el país más envejecido de Europa y en unas décadas tendremos más jubilados y pocos trabajadores.

Por eso hay que buscar ya nuevas vías de ingresos (cotizaciones e impuestos) y nuevas vías para “atemperar el gasto”, no recortando las pensiones que están en mínimos o no superan el salario mínimo sino consiguiendo que crezcan menos las pensiones futuras, teniendo en cuenta que se van a cobrar durante más años (20 y más). Y sobre todo, si tenemos en cuenta que las nuevas pensiones españolas son “más generosas” que las de otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Al final, la pandemia y la grave recesión que ha provocado obligan a acelerar la reforma de las pensiones, que ya era urgente antes. Y hay que hacerlo sin demagogias, con datos reales y medidas eficaces, no electoralistas. El futuro de las pensiones es un problema complejo y exige soluciones complejas, no simplificaciones populistas. Y no vale con pensar sólo en esta Legislatura, hay que reformar pensando en 2050 y después, no sólo en asegurar nuestras pensiones sino también las de nuestros hijos y nietos. Porque las decisiones que tomemos ahora, si solo pensamos en nuestras pensiones, pueden poner en peligro las suyas. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Reformar con la vista puesta en el futuro.

Los alquileres, en máximos e imparables

El alquiler de vivienda no tiene enmienda: tras cuatro años subiendo un 37% al menos, en 2019 han subido otro +5,1%. Y alquilar una casa (10,18 euros por m2) supera ya el récord histórico de 2007. Los expertos creen que seguirán subiendo en 2020, entre un 4 y un 10%. Todo ello agobia a millones de familias, porque pagar el alquiler se lleva un tercio de sus ingresos y más. Urge tomar medidas efectivas, porque la vivienda y el empleo precario son hoy las principales vías a la pobreza. Pero no atajos populistas, como el control de alquileres que propone Podemos: sólo conseguiría que menos propietarios alquilen. Y el problema de fondo es que faltan pisos en alquiler. Hay que acordar un Plan para conseguir 1 millón de alquileres en 5 años, incentivando el alquiler de los pisos vacíos y en manos de bancos, además de promover viviendas públicas para alquiler desde Ayuntamientos, autonomías y el Estado. Consigamos más pisos en alquiler y así bajarán seguro. 

enrique ortega

El alto coste del alquiler es una de las mayores preocupaciones de muchos españoles, sobre todo de las familias con menos recursos y los jóvenes. Los alquileres cayeron cada año entre 2008 (-7%) y 2014 (-1,9%), con la crisis, pero llevan subiendo desde 2015, una media del +50% (entre 2014 y mayo de 2019), según el portal Fotocasa (que analiza los anuncios que ponen los propietarios que alquilan), y la mitad, un +24,6% (entre 2014 y 2018), según los últimos datos del Ministerio de Fomento, que utiliza las estadísticas de las fianzas. A falta de una estadística oficial, que Fomento se ha comprometido a elaborar, podemos hacer una media y estimar que los alquileres subieron el menos un +37% entre 2015 y 2018. Y en 2019, han vuelto a subir, otro +5,1%, según el estudio hecho por Fotocasa entre sus ofertas de alquileres.


La subida de los alquileres en 2019 es desigual, como también pasó en los años anteriores, aunque se dio en todas las autonomías, salvo en Baleares (los alquileres bajaron un -0,3%). De hecho, los alquileres subieron en 2019 en 43 provincias y en 81 municipios  (de los 85 analizados por Fotocasa). Por ciudades, destacan las subidas de Elche (+24%), Murcia (+20,4%), Bilbao (+17,8%) y Badalona (+17,1%), mientras los alquileres subían en Madrid capital un 2% y en Barcelona capital un 2,7%, bajando en Cáceres (-1,8%), Burgos (-1,5%), Sitges (-0,3%) y Palencia (-0,2%). Al final, el precio medio del alquiler se situó en 2019 en 10,18 euros/m2, un récord histórico que supera el precio de mayo de 2007 (10,12 euros/m2.). Las ciudades más caras para alquilar son Ibiza (18,05 euros/m2), Barcelona capital (17,67 euros), San Sebastián (16,74 euros), Madrid capital (16,41 euros), Hospitalet de Llobregat (15,61 euros), Sant Cugat del Vallés (15,49 euros), Sitges (14,85 euros), Bilbao (14,70 euros), Calviá (14,32 euros) y Alcobendas (13,94 euros). Y los alquileres más bajos están en Elda (3,91 euros/m2), Puertollano (4,54 euros), Ferrol (4,74 euros), Sueca (4,96 euros) y Ponferrada (5,13 euros/m2), según el estudio de Fotocasa.


Hasta aquí la subida de alquileres en los últimos 5 años, casi un 50% o más. Y lo peor es que van a seguir subiendo, según creen todos los expertos, aunque quizás algo menos en las ciudades más caras y en los extrarradios. El fondo estadounidense Blackstone, el mayor “casero” privado de España (gestiona  20.000 alquileres), “avisa” que, en 2020, los alquileres van a subir un +10% en Madrid capital (y  más, entre el 14% y 16% en la periferia) y un +7% en Barcelona capital (y hasta un +12% en las ciudades de su periferia). Otros expertos auguran también subidas para 2020, aunque menores: entre un +4 y un +6% el portal pisos.com y Locare y un +2,5% de media Fotocasa.


El problema de los alquileres es que se ha disparado la demanda (muchas familias y jóvenes, con la crisis y sus empleos precarios no se atreven ni pueden ahora comprar piso) y ha crecido mucho menos la oferta, a pesar de la alta rentabilidad del alquiler para los propietarios y la fuerte  llegada de inversores extranjeros. De hecho, en 2019, un 14% de los particulares adultos han intentado alquilar o han alquilado (muchos más que el 9% de 2018), mientras sólo un 5% de los particulares adultos han intentando alquilar o han alquilado su vivienda (menos del 6% que eran en 2018), según Fotocasa. Los que más buscan son los jóvenes  (un 30% entre 25 y 30 años), sobre todo en Andalucía y el País Vasco (el 17% de particulares buscan o alquilan), Madrid (15%) y Cataluña (13%).


El perfil del inquilino (que ha alquilado o intentando alquilar en 2019) es mayoritariamente mujer (el 75%), joven (la edad media son 36 años), de clase social media (40%) y media alta (25%) más que media baja (20%), la mayoría con ingresos por debajo de 2.000 euros mensuales (el 33%), que ya viven con su pareja (28%) o con sus padres (24%) y la mayoría alquilan en Andalucía (21%), Cataluña (16%), Madrid (15%) y la Comunidad Valenciana, según un estudio hecho por Fotocasa en 2018 y 2019. Enfrente, los arrendadores tienen un perfil muy diferente: hombres (58%), maduros (50 años de edad media, aunque están aumentando los propietarios que alquilan con 55-75 años), de clase media (41%) y media alta (25%).


Los inquilinos valoran sobre todo el precio del alquiler, por delante de la localización (aunque la mayoría busca en su mismo barrio), no tener que hacer reformas y el tamaño. Los arrendadores, sobre todo, el tener un ingreso extra. Y lo que más miran es la capacidad de pago de su inquilino. Al final, alquilar no es tan fácil, si tenemos en cuenta que un 42% de los intentos de alquiler son fallidos, según el sondeo de Fotocasa. Y en la mayoría de los casos, el alquiler se hace rápido (en horas), porque hay muchos inquilinos buscando, lo que hace también que un 59% de los precios que se piden no se negocien. Y que los inquilinos lo paguen, aunque 7 de cada 10 creen que “el precio es muy caro”.


Realmente, los alquileres son muy caros y resultan una pesada losa para la mayoría de los que viven de alquiler (el 17,5% de los hogares en 2018, según el INE). En 2019, el pago del alquiler se llevaba el 37,31% de los ingresos de las familias, según un estudio hecho por la web alquiler seguro. Y eso es la media, porque hay 4 autonomías donde el alquiler se lleva el 40% o más: Baleares (45% de los ingresos), Madrid (42%), Cataluña y Canarias (40%). Y otras 4 más donde se lleva más del 30% de la renta: Comunidad Valenciana (32,85%), Andalucía (32,66%), País Vasco (33,09%) y Ceuta). Sólo en La Rioja, Aragón, Asturias y Castilla y León, pagar el alquiler ronda el 22/23% de los ingresos.


El alquiler es un problema para la mayoría pero sobre todo para las familias más pobres y los jóvenes, a quienes el pago del alquiler conduce directamente a la pobreza. Lo revela un reciente informe de la OCDE: España es el tercer país europeo (tras Reino Unido y Finlandia) donde hay más familias pobres que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar un alquiler, frente al 33% en la OCDE y el 17,2% en Francia. Son el 46%, casi la mitad de las familias que están en el 20% más bajo de ingresos del país y que viven de alquiler (unas 300.000 familias). Las que están en un 20% superior de ingresos pagan de alquiler el 15,8% de sus ingresos y en el 20% siguiente el 7%, mientras apenas pagan alquiler el 40% de españoles con más ingresos (compran casa).


Para la mayoría de los jóvenes, muchos con trabajos precarios y sueldos que ni llegan a ser mileuristas, el pago del alquiler es una losa mayor. En junio de 2019, el pago de un alquiler medio se llevaba el 94,4% de los ingresos de un joven, cuando en 2008 suponía sólo el 55,7%, según el Consejo de la Juventud. Y si los jóvenes pretenden compartir un piso de alquiler (lo que hacen el 84% de los que se emancipan), les toca pagar el 30,8% de sus ingresos, una media que sube al 30/40% en 21 capitales y a más del 40% de los ingresos medios de un joven si quiere compartir alquiler en Madrid o Barcelona. El resultado de este alto coste del alquiler es que el 81,4% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres, no pueden emanciparse (son el 70% en Europa).


El problema del alto precio de los alquileres es muy serio y urgen soluciones. Hace casi un año, en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó un decreto que ampliaba el plazo de los alquileres (de 3 a 5 años), limitaba la subida anual al IPC, fijaba un límite de 3 meses a las fianzas, limitaba los desahucios y se comprometía a crear un índice estatal de alquileres en 8 meses (incumplido) para que los Ayuntamientos puedan tomar medidas para frenar las subidas. En este blog califiqué el decreto como “un parche” y por desgracia acerté, ya que no ha servido para frenar la subida de los alquileres. Ahora, el Gobierno de coalición estudia nuevas medidas pactadas sobre los alquileres, desde más recursos, promover la rehabilitación, reforma alquileres turísticos, actuar sobre las viviendas vacías y el parque de los bancos o promover más viviendas protegidas. Y sobre todo, la “medida estrella”: permitir a los Ayuntamientos que establezcan controles y topes a los alquileres en las zonas más caras.


Esta medida, empujada por Podemos, si finalmente se aprueba (hay ministros del PSOE en contra), sería “un atajo populista” contraproducente: reduciría la oferta de alquileres y subiría los precios, lo contrario de lo que se busca. No hay que ser economista para entender que si a un propietario (o a una inmobiliaria) se le pone un tope a lo que puede cobrar de alquiler, retirará el piso del mercado y tratará de venderlo o lo tendrá cerrado. Es lo que ha pasado en muchas zonas de París o Berlín en que se ha intentado. Otra cosa es incentivar a los propietarios a que pongan alquileres “razonables”, a cambio de bajarles el IBI o de reducirles el pago del IRPF o de Sociedades (inmobiliarias).


La solución al alquiler pasa por aumentar la oferta, no controlar los alquileres. Y eso puede hacerse por dos vías. Una, sacando más viviendas privadas en alquiler, lo que requiere actuar en varios frentes. Por un lado, animando a los propietarios de las 3,44 millones de viviendas vacías (según el último  Censo del INE, de 2011) a que las alquilen, con rebajas fiscales e incentivos municipales (rebaja del IBI), pero sobre todo con una mayor seguridad jurídica y práctica (una Agencia pública que asegure cobros). Por otro, mejorando las ayudas a la rehabilitación privada de viviendas, para ampliar el parque de pisos que se pueden alquilar. Y en tercer lugar, comprando viviendas de particulares, del parque de impagados de los bancos, para crear un gran parque público de viviendas para alquilar, junto a las 40.000 viviendas de la SAREB (el “banco malo”) y las 15.000 VPO que hay vacías. 


La otra vía de actuación debe ser promover viviendas nuevas (públicas y privadas) para alquiler. El parque público de viviendas sociales (VPO) para alquiler representa en España el 4% de la oferta, frente al 37,7% que supone el parque público en Holanda, el 21,2% en Dinamarca, el 20% en Austria, el 16,5% en Reino Unido y el 14% en Francia, países donde el parque público de alquiler ayuda a que haya una oferta de alquileres sociales y contrapesa a la baja los alquileres privados. El drama en España es que, con el “boom inmobiliario”, se desplomó la promoción de viviendas públicas (VPO): de 85.028 VPO en 1997 se pasó a 68.587 en 2008, 58.308 en 2011, 15.046 en 2014 y … 5.191 VPO en 2018, según las Estadísticas de Fomento. De ellas, se promovieron 11 VPO en Galicia, 30 en Murcia, 35 en Asturias, 55 en Aragón, 86 en Andalucía, 110 en Valencia ,171 en Extremadura, 198 en Castilla la Mancha, 588 en Navarra, 633 en Cataluña, 859 en el País Vasco  y 2.418 en Madrid. Y cero (sí, 0 VPO) en Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla.


Tampoco los promotores privados hacen VPO, porque no se les facilita suelo, se les ponen demasiadas trabas burocráticas y se les fijan precios de venta ridículos: los módulos de VPO están sólo un 31,2% por debajo de la vivienda libre y en 10 provincias se da el contrasentido de que la VPO es más cara que la vivienda libre. La clave ahora sería incentivarles, con suelo gratis y financiación, para que se lanzaran a construir viviendas para alquilar a precios que se puedan pagar. Los promotores han hecho una oferta impactante al Gobierno: si les ceden suelo gratis (40% del coste de una promoción), a 70 años, se comprometen a construir viviendas en Madrid con alquileres por debajo de los 500 euros. Y aseguran que hay muchos fondos dispuestos a invertir en promociones para alquiler.


Por estas dos vías, sacar más viviendas en alquiler y promover viviendas nuevas para alquilar, se podría aumentar la oferta de alquileres en 200.000 al año, un objetivo de 1 millón más de alquileres en 5 años. Eso sí frenaría el alza de los precios, no poner topes administrativos “populistas” a los alquileres. Y además, resolvería buena parte de la demanda de vivienda actual y futura, sobre todo de los jóvenes y las familias con hijos. 


Hay que volcarse con el problema de la vivienda, aumentando drásticamente la oferta y ayudando a los inquilinos más pobres, que no puedan pagar ni siquiera un alquiler de mercado razonable. Y eso exige más recursos que los ridículos 679 millones destinados a la política de vivienda en el Presupuesto 2019. Habría que multiplicarlo por 10, al menos. Pero exige, como digo casi siempre, recaudar más. Si no se gasta más, en promover viviendas para alquiler y en ayudar a los inquilinos, será imposible cumplir la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47). Sean de verdad constitucionalistas.

Jóvenes, los "paganos" de la crisis

Los jóvenes son los que más han sufrido la crisis y los que menos se benefician de la recuperación. El dato del Banco de España es demoledor: los ingresos de los menores de 30 años han caído un 18% desde 2011, los de sus padres han caído ligeramente o se han recuperado y los de sus abuelos han subido un 18%. La crisis ha agravado la desigualdad entre generaciones. Al final, el fracaso de los jóvenes se refleja en este otro dato: un 81% siguen viviendo con sus padres porque no se pueden emancipar. Y menos si la mitad de los jóvenes están “infrautilizados” (inactivos, subempleados o parados), como denuncia la OIT. Es un grave problema, como las pensiones o el Cambio Climático, que exige un Plan de choque, con medidas desde la enseñanza (menos fracaso escolar y estudios que ayuden a trabajar) al empleo (menos trabajo precario), la vivienda y las ayudas a las familias jóvenes. Urge dar una salida a nuestros jóvenes, porque son los "paganos" de la crisis. Apoyémosles más.

enrique ortega

El primer gran cambio con la crisis es que ahora hay menos jóvenes: si en 2007 había en España 8.357.000 jóvenes de 16 a 29 años, en 2019 había 6.707.100, o sea, 1.650.000 jóvenes menos, por la caída de la natalidad y el número de hijos de las familias. Y además, segundo gran cambio, estos jóvenes de hoy trabajan menos y están más parados que antes de la crisis: hay menos jóvenes activos (trabajando o buscando trabajo: un 56,14% frente al 69% en 2007), menos jóvenes trabajando (el 42,4% frente al 60,16% en 2007) y más jóvenes parados (el 13,71% en 2019 frente al 8,84% en 2007), según el último balance publicado por Trabajo. La crisis ha hecho pues que haya más jóvenes “inactivos” (el 43,8%, frente a sólo 31% en 2007), debido a que muchos jóvenes siguen estudiando o no hacen nada (ni-nis: ni estudian ni trabajan, un 20,2%, 619.000 jóvenes de 18 a 24 años).


Estos datos indican claramente que los jóvenes españoles están hoy peor que antes de la crisis (2007) y que apenas se han beneficiado de los 6 años de recuperación (2014-2019). El mayor problema está en el empleo, porque los jóvenes perdieron más empleo que los mayores y se han beneficiado menos de los 2.923.700 empleos creados desde 2014 (sólo la quinta parte de los nuevos empleos, 561.800, fueron para los jóvenes de 16 a 29 años, según el INE). Y además, los jóvenes se encuentran con nuevos empleos más precarios aún que los más mayores. Así, de los 2.845.400 jóvenes que trabajan (según los últimos datos de Trabajo) más de la mitad (el 56,78%) tienen un contrato temporal, según la EPA, el doble de temporalidad que la media de trabajadores españoles (el 26,7% tienen un contrato temporal). Y además, una cuarta parte de los jóvenes que trabajan (el 24,26%) tienen un contrato a tiempo parcial (por horas o días), casi el doble que el conjunto de trabajadores (un 14% tienen contratos a tiempo parcial), según la última EPA.


Ya no es sólo que trabajen pocos jóvenes (recordemos: el 42,4% de los que tienen entre 16 y 29 años) sino que muchos jóvenes están subempleados (el 14,5% querrían trabajar más horas, pero no encuentran) y otros está sobrecapacitados para el trabajo que hacen, porque tienen demasiada formación: es lo que les pasa al 37,6% de los universitarios españoles, que trabajan “sobrecualificados” (de camarero o cajera con una carrera, por ejemplo), frente a sólo un 23,4% de universitarios que lo hacen en Europa, según la Fundación CYD. Dos motivos de frustración (subempleo o sobrecualificación) que se traducen también en bajos salarios. Pero además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de dar un dato impresionante: el 48% de los trabajadores jóvenes españoles están infrautilizados, porque están subempleados, desanimados (ni buscan empleo) o parados, un problema que afecta  sólo una cuarta parte de los jóvenes (al 28%) en Europa, según la OIT.


Este empleo escaso y precario de los jóvenes españoles se traduce en unos salarios más bajos que los del resto de trabajadores. Así, el salario neto de los jóvenes de 16 a 29 años era de 15.500 euros anuales (1.107 euros mensuales en 14 pagas), según los últimos datos del Consejo de la Juventud. Y en el caso de un hogar joven (familia), su ingreso medio es de 28.000 euros, 2.000 euros netos al mes. Pero el sueldo es menor con la edad. Así, los jóvenes de 16 a 24 años ganaban 1.091,7 euros brutos al mes (927 euros netos), según el Decil de salarios del INE/EPA(2018), muy por debajo del sueldo medio bruto de los españoles, estimado en 1.944,4 euros brutos (1.652 euros netos al mes). Y los que tienen entre 25 y 34 años también ganan menos que la media: 1.615,2 euros brutos (1.372 netos).


Al final, entre que trabajan menos jóvenes y que ganan menos, la renta de las familias jóvenes (menores de 35 años) ha caído más que la del resto de familias españolas, según un reciente informe del Banco de España. Cayeron más durante lo peor de la crisis, entre 2011 y 2014 (-23,10%), y han mejorado menos durante la recuperación (+7%). El resultado es que las familias jóvenes tienen hoy una renta, unos ingresos (22.800 euros anuales) que son un -17,7% menores que antes de la crisis (27.700 euros en 2011), cuando el conjunto de familias españolas han recuperado prácticamente sus ingresos (25.600 euros frente a 25.800). Y mientras los jóvenes todavía ingresan mucho menos, las familias más mayores ingresan más (las de 35 a 44 años, un +3,8%) o sólo un poco menos (-10,12% las familias de 45 a 54 años y un -5,22% las familias de 55 a 64 años). Y los pensionistas ingresan más que en 2011: un +27,5% las familias de 65 a 74 años y un +18,3% las familias de más de 74 años, según este informe sobre renta y riqueza durante la crisis y la recuperación.


El balance es claro: los jóvenes han sido los que han visto más recortados sus ingresos, mientras sus padres los mantenían o recortaban menos y sus abuelos eran los que salían mejor parados de la crisis. Y lo mismo en el patrimonio, en la riqueza de las familias, que ha caído un -26,8% de 2011 a 2017, por el desplome del precio de la vivienda y los ingresos: el patrimonio de los jóvenes ha caído un -92,6%, menos el de las familias de edades medias (del -46% para 35-44 años al -32% para 45-54 años y  el -28,7% para familias de 55 a 64 años) y mucho menos los jubilados (-10,6% para familias de 65 a 74 años), según ese estudio del Banco de España. Y en paralelo, los jóvenes tienen un porcentaje de deudas (62,1%) mayor que la media de familias (53,2% con deudas).


Todo este panorama (menos empleo, sueldos bajos y más deudas) se acaba trasladando a otro dato muy esclarecedor de la situación de los jóvenes: el 81,4% de los menores de 30 años siguen viviendo con sus padres. Sólo el 18,6% han podido “emanciparse”, el dato más bajo en España desde 2002, según el Consejo de la Juventud, un dato que contrasta con el 30% de emancipación en Europa. Significa que de 6,67 millones de jóvenes (16-29 años), sólo 1,2 millones se han marchado de casa. Y la proporción es aún menor entre los chicos (14,8% emancipados) que entre las chicas (22,5%) y sobre todo en Cantabria (14% jóvenes emancipados), Andalucía (15%), Canarias (15,1%) y Castilla y León (15,4%), siendo más alta en Cataluña (23,1%) y Madrid (19,6% emancipados). En todos los casos, la tasa de emancipación es menor entre los jóvenes que tienen menos formación y empleos precarios.


El problema básico que tienen los jóvenes para no irse de casa de los padres es el coste de la vivienda, sobre todo  por los elevados alquileres. En junio de 2019, el pago de un alquiler medio se llevaba el 94,4% de los ingresos de un joven, cuando en 2008 suponía sólo el 55,7%, según el Consejo de la Juventud. Y si pretenden comprar un piso, la hipoteca se les lleva el 62,4% de un sueldo joven medio, menos que el alquiler, pero con un problema insoluble: necesitan un fuerte desembolso para la entrada y los gastos, además de que en muchos casos lo bancos no les prestan por su precario trabajo. Y si los jóvenes alquilan compartiendo piso (lo que hacen el 84% de los que se emancipan), el alquiler todavía se lleva el 30,8% de sus ingresos, del 30 al 40% en 21 capitales y más del 40% de los ingresos de un joven que comparta piso en Madrid o Barcelona. 


Al final, todos estos datos confirman con creces algo que ya intuíamos: la mala situación de los jóvenes españoles. El Banco de España ha dado la alerta: tenemos un problema de desigualdad entre generaciones, “hay que poner más énfasis en la equidad intergeneracional”. Es hora de pensar en nuestros hijos y nietos, que han sufrido la crisis con más dureza que nosotros. Como pasa con las pensiones, hay que buscar soluciones “solidarias entre generaciones”, pensar en mejorar su futuro y no sólo en el nuestro.


¿Qué se puede hacer? Como en todos los problemas de fondo, no hay atajos ni soluciones mágicas. Hay que actuar en varios frentes, a 20 o 30 años vista. El primer frente ha de ser mejorar la formación de los jóvenes, desde la escuela a la Universidad. Es vital reducir el alto porcentaje de repetidores (el 28,7% de jóvenes de 15 años repiten curso frente al 13% en la UE-28), mejorar el tipo de enseñanza (ocupamos el puesto 19 y 17 de Europa en matemáticas y ciencias en el informe PISA), reducir el abandono escolar temprano (España es líder en Europa, con un 17,9% de jóvenes que no acaban Bachillerato o FP frente al 10,6% en la UE-28) y los jóvenes que ni estudian ni trabajan (20,2% de “ni-nis” frente al 13,1% en Europa y el 9,6% en Alemania). Son eslabones de una “mala educación”, que se traducen en que los jóvenes españoles (25-34 años) están peor formados que los europeos: el 32,3% están poco formados (tienen la ESO o menos) frente al 13,6% de los europeos, el 23,4% tienen una formación media (Bachillerato y FP grado medio) frente al 43,5% en Europa y el 44,3% de los jóvenes son universitarios, incluso más que en Europa (42,9%), según los datos del “Panorama de la Educación 2019” (OCDE). 


Y en la Universidad, hay también malos resultados académicos y un exceso de títulos que se corresponden poco con lo que demandan las empresas, por lo que el paro de los universitarios españoles (12%) duplica al de la OCDE y Francia (6%) y cuadruplica el de Alemania (3%) y Reino Unido (2%). Y además, 1 de cada 3 universitarios (37,6%) están “subempleados”, trabajan en empleo de menos cualificación, el porcentaje mayor en Europa (23,4%) y por encima de Reino Unido (27%), Francia (23%), Italia (22%) o Alemania (19%). 


Otro frente de actuación debe ser mejorar el empleo de los jóvenes, con un Plan de choque que favorezca la formación dual (estudiar y trabajar), los contratos para la formación, la contratación de jóvenes y su supervisión y apoyo por mayores en las empresas, luchando contra la explotación juvenil y los falsos becarios. Y un mayor control de la Inspección de Trabajo. En paralelo, avanzar de una vez en la reforma de las oficinas de empleo (SEPE), para que sean verdaderas oficinas de contratación que ayuden a los jóvenes (y no jóvenes) a emplearse, con cursos de reciclaje ligados a lo que necesitan las empresas.


Un tercer frente clave es una política de vivienda que tenga como prioridad la emancipación de los jóvenes, con ayudas al alquiler (más elevadas y eficaces que las actuales) y con una mayor oferta de viviendas públicas (VPO) en alquiler para jóvenes (incluidas residencias y apartamentos) y para familias jóvenes con niños, impulsadas sobre todo por autonomías y ayuntamientos, que deberían aportar suelo público y facilitar estas promociones.


En cuarto lugar, hace falta toda una política pública de ayuda a la familia, para animar a los jóvenes a salir de su casa y formar un nuevo hogar, con ayudas por hijo, permisos de paternidad y maternidad, facilidad de guarderías y colegios, incentivos fiscales y un apoyo público decidido a las mujeres/hombres solos con niños, volcándose sobre todo en las familias con niños y jóvenes pobres: 1 de cada 4 niños y adolescentes (el 26,8%) menores de 18 años está en situación de pobreza en España, según el Alto Comisionado para la pobreza infantil. Y también son pobres 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 34 años (el 25,3%).


Urge mejorar la situación de la juventud, con un Plan global de apoyo a los jóvenes que deberían apoyar todos los partidos y grupos sociales, porque es una asignatura pendiente de todos, una “deuda” de padres y abuelos con hijos y nietos. Es otro reto urgente de las próximas décadas, de una enorme envergadura, como el empleo, las pensiones, la lucha contra el Cambio Climático o la modernización de nuestra economía. Tenemos que volcarnos en los jóvenes, porque tenemos una deuda con ellos tras esta crisis: viven ahora peor mientras otras generaciones se recuperan. Apoyémosles más.