La "mini reforma" de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal han pactado esta semana una primera reforma de las pensiones, que deshace parte de la reforma impuesta por Rajoy en 2013. Se aprueban 3 cambios claves: subida anual de las pensiones con el IPC, penalización de las jubilaciones anticipadas y derogación del factor de sostenibilidad. Y se acuerda pagar la mitad del déficit de las pensiones con impuestos. Más que una reforma de las pensiones, es “un parche” para atajar lo más urgente, porque se dejan para 2022 los temas más polémicos: ampliar los años de cotización exigidos, subir las cotizaciones máximas y de autónomos o cómo sustituir el factor de sostenibilidad para “atemperar” el gasto futuro. Así que la verdadera reforma sigue pendiente: cómo conseguir más ingresos y contener un gasto creciente para pagar al doble de pensionistas en 2050. Un problema complejo, que exige tomar medidas polémicas y repartir el esfuerzo entre los pensionistas de hoy y los futuros. Urge una reforma a fondo de las pensiones, pactada y realista. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Enrique Ortega

La pandemia ha sido “la puntilla” para las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, al reducir mucho los ingresos por cotizaciones (pérdida de empleo y ERTEs) y disparar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. Al final, la Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de -29.685 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia. Y eso que el Estado transfirió a la SS una cantidad de 22.000 millones de euros, para compensarla de los gastos extras derivados de la pandemia (ayudas y reducción de cotizaciones para EREs y autónomos). Así que, sin esa aportación extra del Presupuesto, el déficit real de la SS en 2020 hubiera sido de -51.685 millones de euros.

Pero el “agujero” de la SS no se debe a la pandemia, aunque lo haya agravado. La realidad es que el déficit de las pensiones se arrastra desde hace 10 años (ver gráfico déficit SS), desde que perdió -2.433 millones de euros en 2010. Posteriormente, el déficit superó los -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016,2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de euros en 2019 y rozar los -30.000 millones en 2030 (con la aportación extra del Estado, sino superaría los -51.000 millones). En total, un “agujero” acumulado  en la última década de -142.620 millones de euros, que se han “tapado” con deuda (la SS tiene una deuda acumulada de 85.355 millones), aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones.  

Y lo peor es que el déficit no iba a mejorar en el futuro, una vez pasada la pandemia. La previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo de 2020, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones de euros en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea ha exigido a España que la reforma de las pensiones sea una de las tres reformas exigidas (junto a la reforma laboral y fiscal) para acceder a los 140.000 millones de euros de los Fondos europeos. La negociación empezó en 2020 y se ha cerrado esta primavera, con un principio de acuerdo con Bruselas: la reforma de las pensiones debe ser pactada y para conseguirlo, se aprobará una primera reforma este año (los temas más fáciles) y se dejará el grueso de la reforma (lo polémico) para 2022.

Tras meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, este lunes se llegó al acuerdo de esa primera fase de la reforma, “la más sencilla” (aunque ha costado decenas de reuniones), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 6 de julio y que luego irá al Parlamento, para convertirla en Ley que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Una “mini-reforma” que viene precedida de un compromiso del Gobierno para afrontar el problema más urgente, el déficit de la SS. El acuerdo establece que el Presupuesto, los impuestos, financiarán parte de los gastos de la Seguridad Social, los considerados “gastos impropios” (22.871 millones), que hasta ahora se pagaban con cotizaciones: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementario de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1,14 millones), costes extras en el cálculo de pensiones (788) y los propios gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto como en el caso de otros Ministerios).

El compromiso del Gobierno con sindicatos y empresarios es que el Presupuesto se hará cargo de estos “gastos impropios”, descargado de ellos a la SS, lo que supone quitarle casi todo el déficit. El compromiso ya se ha hecho efectivo en el Presupuesto de este año 2021, donde se han asumido 13.929 millones de esos costes de la SS, con la intención de asumir más en 2022 y asumirlos todos (22.871 millones) en 2023, para conseguir así que la Seguridad Social no tenga déficit dentro de dos años.

Con el compromiso de que el Gobierno “tapará el agujero” de la SS en 2023, sindicatos y empresarios han apoyado las otras 3 medidas de este primera reforma de las pensiones. La primera, el sistema de revalorización anual de las pensiones: subirán cada año según la inflación del año anterior (IPC medio anual) y si bajan los precios un año, no se tocarán (ni bajarán). Eso supone asegurar que las pensiones mantienen el poder adquisitivo, gobierne quien gobierne, frente a la reforma aprobada por Rajoy en 2013, que fijaba una subida anual del 0,25% mientras las pensiones tuvieran déficit. Eso sí, la medida tiene un coste extra para la Seguridad Social, estimado en unos 30.000 millones de euros.

Para contrarrestarlo, esta primera reforma aprueba una segunda medida: penalizar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores se jubilen más tarde, una medida que el Gobierno estima ahorrará 15.000 millones anuales (otros estudios rebajan este ahorro a la tercera parte). El problema hoy es que la edad legal de jubilación (66 años en 2021 y 67 años para 2027, según la reforma de pensiones de 2011 hecha por Zapatero) no se cumple y la edad real de jubilación está en 64,6 años, lo que encarece la factura de las pensiones. Ahora se pretende rebajarla, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo (el palo) e incentivando a los que trabajen más años sin jubilarse (la zanahoria).

Si esta reforma se aprueba en el Congreso, el 1 de enero de 2022, los que se quieran jubilar anticipadamente (antes de los 66 años) cobrarán menos pensión. En el caso de un despido, el trabajador podrá jubilarse 4 años antes (a los 62), con una penalización del 0,5%  al 30% de recorte de su pensión, según el tiempo cotizado y los meses que se anticipe (ahora se contará los meses, no los trimestres como hasta ahora).En el caso de una jubilación anticipada “normal” (sin despido), sólo se podrá adelantar 2 años (a los 64) y el jubilado tendrá una penalización del 2,81% al 21%, según los años cotizados y los meses que adelante la jubilación  (ver cuadro con los recortes en cada caso).

Y veamos “la zanahoria”, el incentivo que tendrán los que decidan trabajar después de los 66 años. Podrá elegir entre un aumento extra de su pensión (del 4% por cada año que retrase, cuando ahora se le bonifica el 2%) o un cobro único, una prima que oscilará entre 12.060 euros (para los que tienen derecho a pensiones máximas y un alto periodo de cotización) y 4.786 euros (para los que se van a jubilar con pensiones mínimas), con una media de 8.230 euros de pago único a los que corresponda jubilarse con una pensión media (20.000 euros).

La tercera medida pactada en esta primera reforma de las pensiones es derogar el factor de sostenibilidad, la medida estrella de la reforma de Rajoy, que pretendía ajustar la pensión futura de los nuevos pensionistas a sus años de vida: si ahora viven más años, se repartiría el pago de la pensión y cobrarían menos cada año. La estimación de algunos expertos era que la aplicación de este factor de sostenibilidad rebajaría las futuras pensiones, entre un -5 y un -6% dentro de 10 años y un -22% a los que se jubilaran dentro de 30 años. Al final, este factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero la polémica hizo que Rajoy retrasara su entrada en vigor para 2023. Ahora se deroga esta medida, que pretendía ahorrar 11.000 millones de euros en la factura de las pensiones para 2050. Y en paralelo, se acuerda pactar, antes del 15 de noviembre un “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que se aprobaría a fin de año y entraría en vigor en 2027.

Hasta aquí la “mini-reforma” de pensiones ahora aprobada, un “parche” que deja fuera los temas más polémicos, que se retrasan para negociarlos en los próximos meses y en 2022, con el compromiso ante Bruselas de que el resto de la reforma (la parte más dura) estará aprobada antes de finales de 2022 (año preelectoral). El primer tema pendiente, muy polémico, es el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular la pensión: actualmente se tienen en cuanta los últimos 24 años cotizados y desde 2022 serán ya 25 años (hasta 2013 se miraban los últimos 15 años). El debate ahora es subir a 35 años o incluso tener en cuenta toda la vida laboral, dos medidas que no quieren los sindicatos porque rebajarían las futuras pensiones. Otra medida pendiente, que no gusta a los empresarios, es subir las cotizaciones de los autónomos (la mayoría cotizan en mínimos) y subir las cotizaciones máximas (ahora tienen un tope), lo que obligaría también a subir las pensiones máximas.

En definitiva, la “mini reforma” pactada ahora cambia de sitio el “agujero” de las pensiones (de la Seguridad Social al Presupuesto) y retoca lo más urgente, pero no afronta el problema de fondo de las pensiones, que es estructural: los ingresos no llegan para pagar las pensiones y eso se va a agravar en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy tenemos 9,27 millones de españoles mayores de 65 años (el 19,6%), en 2050 serán 15,67 millones (el 31,4%), según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más que ahora (de media, estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años.

Este es el verdadero problema de las pensiones, un problema demográfico (muchos más jubilados y menos personas para trabajar) que es una verdadera “bomba de relojería”, frente a la que no valen “parches” ni politiqueos. Sólo queda actuar, tomar medidas realistas y rigurosas por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar el mayor gasto en pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales (no ahora, cuando se consolide la recuperación), porque son más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen en España un 12,9% del PIB frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, los tres paises con los que competimos. Esto significa que si las cotizaciones sociales fueran como las europeas, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Sería un coste extra para empresas y trabajadores, pero mejor subir la cotización pública que tener que pagarse una pensión privada. Y el otro frente, aumentar la recaudación fiscal del Estado y así poder financiar parte de la factura de las pensiones cuando haga falta. Aquí también, España recauda menos por impuestos que la media europea: 85.889 millones menos en 2019, según Eurostat. Si se hace la reforma fiscal (que también nos exige Europa) habría más dinero para todo, también para las pensiones.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no nos guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050. Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque sean impopulares. Sobre todo dos: ampliar los años de cotización  que se toman para calcular la pensión (habría que subirlos de 25 a 35 y quizás a toda la vida laboral) y, además, si hace falta, aumentar los años de cotización  exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y la otra medida, tener en cuenta la mayor esperanza de vida (más de 20 años de cobro de pensión) para repartir cuantías. Un factor de sostenibilidad más justo que el anterior, pero que sirva para atemperar la factura. Suena mal, pero al ritmo actual (de aumento de pensionistas, con pensiones más altas) será imposible pagar las 15 millones de pensiones de 2050, con los ingresos y empleo previstos hoy.

Así que no queda más remedio que abordar una reforma a fondo de las pensiones, no quedarse en “parches”. Por responsabilidad con los pensionistas actuales y, sobre todo, con los futuros. Y además, porque nos lo va a exigir Europa, que lleva años diciendo que España debe ajustar su gasto en pensiones, como vía para ajustar el déficit público. También critican  que sean “demasiado generosas” (aunque más de la mitad de los pensionistas, 4,8 millones, cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes). El dato es claro:  la pensión media en España supone el 78,7% del último salario, frente al 45,5% del salario que suponen las pensiones en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE. Y además, cotizamos menos de lo que recibimos de pensión: quien ha cotizado 37 años ha pagado con ello 13,2 años de pensión media, así que los 8 años restantes que cobra pensión (21,2 años de media) los cobra sin haber cotizado por ellos, según este detallado estudio de FEDEA. Y otro estudio del Banco de España insiste en lo mismo: cotizamos entre el 40 y el 60% de la pensión que recibimos. Y que por cada 1.000 euros aportados a la SS por un jubilado, se lleva 1.740 euros de pensión.

En definitiva, que las cuentas de las pensiones no salen y menos que van a salir cuando se dupliquen los pensionistas. Y aunque muchos reciban pensiones de miseria, la pensión media es superior a lo que se cotiza por ella, lo que genera déficits permanentes que hay que solucionar, ingresando más y atemperando las nuevas pensiones. Y todo ello, en un difícil equilibrio entre los pensionistas actuales y los futuros, a los que no se les puede dejar un sistema quebrado. Hay que pactar una reforma realista, que garantice nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos, repartiendo esfuerzos. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Pensiones: llega una reforma a medias

Todos los partidos (salvo Vox, ERC y Bildu) han acordado 20 recomendaciones para reformar las pensiones, tras casi 4 años de debate en el Pacto de Toledo. El Gobierno ya ha tomado  2 medidas en los Presupuesto 2021: revalorizar las pensiones con el IPC y cargar con 14.000 millones de gastos “impropios” que pagaba la SS. Así pretende acabar con el déficit de las pensiones en 2023. Además, promoverá los planes de pensiones de empresa, penalizará más las jubilaciones anticipadas y fomentará el trabajo después de los 67 años. Está bien, son cambios que mejorarán las cuentas de las pensiones, pero falta una reforma más profunda, para afrontar el aumento de gasto a partir de 2027, cuando se disparen las jubilaciones y bajen los trabajadores por la caída de la natalidad. No valen parches: hay que aumentar ingresos (cotizaciones e impuestos) y “atemperar” los gastos para que el sistema no estalle en 2050 (o antes). No podemos dejar el problema a nuestros hijos y nietos.

 La pandemia ha hundido aún más las cuentas de las pensiones, al reducir mucho los ingresos de la Seguridad Social (caída de cotizaciones, por los ERTEs y el paro) y aumentar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. El hecho es que la SS cerrará este año 2020 con un déficit histórico, según la última previsión del Gobierno: -45.321 millones de euros (el 4,1% del PIB), casi el triple que el “agujero” de 2019 (-16.502 millones). Un déficit que se suma a una década de “agujeros” (ver gráfico déficit SS) :  la Seguridad Social empezó perdiendo -2.433 millones en 2010, elevó el déficit por encima de -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016, 2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de déficit en 2019, a los que ahora se suman los -45.321 previstos en 2021. En total, un “agujero” acumulado de -161.963 millones de euros en estos 11 años, que se han “tapado” con deuda, aportaciones del Estado a la SS y tirando de la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero).

Lo peor es que la previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo,  era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte de Europa (Holanda, Austria, Finlandia y Suecia, más Alemania) llevan meses presionando a España para que reforme cuanto antes las pensiones. Y por ello, en junio pasado, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reinició sus trabajos, comenzados en noviembre de 2016, para pactar una nueva reforma de las pensiones, tras las reformas de 2011 (pactada por Zapatero) y la de 2013 (impuesta por Rajoy).

Finalmente, el martes 27 de octubre, la Comisión del Pacto de Toledo pactaba (con el voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y Bildu) 20 recomendaciones para la reforma de las pensiones. Las 2 primeras han sido ya incluidas por el Gobierno en los  Presupuestos 2021 presentados la semana pasada en el Congreso: la revalorización de las pensiones con el IPC y el reequilibrio financiero, gracias a que las cotizaciones van a pagar sólo las pensiones contributivas y serán los impuestos (el Presupuesto) quien cargue a medio plazo con una serie de gastos “impropios” de la Seguridad Social, estimados en 22.871 millones al año: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementos de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.14 millones), costes extras en el cálculo pensiones (788) y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto).

En consecuencia, los Presupuestos 2021 contemplan una revalorización de las pensiones del 0,9% en 2021 para los 8.861.000 pensionistas que hay en España (una subida media de 9 euros al mes) y un 1,8% de aumento para los 450.000 que cobran pensiones mínimas. El coste de esta revalorización será de 1.406 millones de euros en 2021, con lo que el gasto total en pensiones (ya son 9.765.352) será de 163.297 millones de euros el año que viene, más de un tercio (el 35,8%) de todo el gasto público en España. Un gasto que se lleva ya un 13,3% de la riqueza (PIB) y que se ha disparado en la última década, ya que en 2008 se gastaba en pensiones 98.012 millones de euros (el 8,8% del PIB) y 112.216 millones en 2011 (el 10.54% del PIB español).

La otra novedad de los Presupuestos 2021 es que se hacen cargo de parte de los “gastos impropios” de la Seguridad Social, concretamente de 13.929 millones que hasta ahora se pagaban con cotizaciones. El objetivo es seguir pagando con impuestos más gastos” impropios” cada año, hasta asumirlos todos (los 22.871 millones) en 2023. Además de esta “ayuda”, otra: los Presupuestos 2021 cargan con más de la mitad del déficit esperado de la Seguridad Social en 2021 (el 1,7% del 3% del PIB que sería el agujero), para lo que la transfieren otros 18.396 millones de euros más. Y gracias a este trasvase de fondos del Presupuesto (unos 32.000 millones en total), la Seguridad Social tendrá sólo un déficit de -15.921 millones de euros en 2021 (el 1,3% del PIB), que el Estado cubrirá con un crédito, como hizo en los últimos años. Y el objetivo es seguir tapando el agujero, cargando con más gastos en los Presupuestos, para que la SS no tenga déficit en 2023, como pide la primera de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo.

Las demás recomendaciones, tras la revalorización con el IPC y el equilibrio financiero, son menos explícitas y los políticos “se mojan menos”. Están a favor de acercar la edad de jubilación real (64 años y 6 meses) a la oficial (65 años y 10 meses en 2020), pero no dicen cómo. Defienden reconstruir la hucha de las pensiones y dificultar que los Gobiernos la utilicen, pero no detallan cómo. No son partidarios de tocar los periodos de cómputo para jubilarse (25 años en 2022), pero defienden que se puedan elegir los mejores años. Y reconocer la pensión de viudedad a los convivientes no casados legalmente. Están a favor de promover los planes de pensiones de empresa (hoy poco utilizados) y que la Seguridad Social informe a los trabajadores de la pensión que les quedará cuando se jubilen. Y piden que se cree una Agencia para gestionar la Seguridad Social.

Ahora, el Gobierno tiene que transformar estas recomendaciones en propuestas de reformas y llevarlas al Congreso. Y primera reforma será acercar la edad de jubilación real a la legal, porque es la que más ahorro conlleva: se consigue reducir el gasto en 14.400 millones anuales (1,2% del PIB) por cada año que suba la edad real (la media de los jubilados este año tenía 64,6 años, luego hay 2,4 años de margen hasta los 67 años en que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo, hay 2 vías. Una, penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 37,47 % de los jubilados este año), que ya sufren recortes del 1,65 al 2% por cada trimestre (y encima, el sistema actual penaliza menos a los que tienen pensiones más altas, algo que el Gobierno tiene que cambiar en 3 meses, por otra recomendación del Pacto de Toledo). La otra, incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde: ya se hace hoy, pero poco (un 2%, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivarlo más (4,6% anual) y hacerlo con un cheque, para “visualizarlo”.

La segunda reforma que estudia el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que hoy sólo tienen las grandes compañías, menos de 2 millones de trabajadores, con 35.000 millones en primas (frente a 75.000 los planes de pensiones individuales). Se trata de promover que se hagan planes de pensiones en muchas empresas, también en pymes, incentivándolos con más deducciones fiscales. De hecho, en los Presupuestos 2021 se bajan las aportaciones que se pueden deducir los planes de pensiones privados individuales (de 8.000 euros a 2.000) y ese ahorro se destina a subir las aportaciones con deducción a planes de empresa (de 8.000 a 10.000 euros). Un modelo que gustaría imitar es el británico, donde hay 800.000 empresas y 9,1 millones de trabajadores con planes de pensiones. Para animar el mercado, el Gobierno ha anunciado incluso que va a crear un Fondo público de pensiones de empleo, donde podrán entrar autónomos, pymes y funcionarios.

Todas estas reformas están muy bien pero son insuficientes. No basta con tapar el déficit para 2023 y esperar que la recuperación y el empleo saneen las cuentas de las pensiones. Porque hay un problema a medio plazo que es estructural: los pensionistas van a crecer exponencialmente y no podrán crecer tanto los ingresos. El problema se agravará a partir de 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1.960 y 1975. Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy hay 9,27 millones de españoles mayores de 65 años, en 2050 serán 15,67 millones, según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más (estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años).

Este doble problema demográfico (envejecimiento y caída de la natalidad y los activos) es una verdadera “bomba de relojería” para el futuro de las pensiones. Y sobre el que no entran las recomendaciones del Pacto de Toledo, quizás para obviar polémicas. Pero hay que afrontarlo con medidas estructurales, a medio plazo. Y todos los expertos apuntan que hay que actuar por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar las pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar la recaudación fiscal, lo que se puede hacer si tenemos en cuenta que recaudamos menos que la mayoría de Europa: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Una parte de estos mayores ingresos (cuando puedan subirse impuestos, a partir de 2023) deberían ir a apoyar el pago de las pensiones, al menos en los años que haga falta. Y el otro frente es actuar sobre las cotizaciones sociales, también más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen el 12,9% del PIB, frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, tres paises con los que competimos. Eso significa que si tuviéramos unas cotizaciones como la zona euro, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Podrían subirse esas cotizaciones a partir de 2023, para no dañar ahora la necesaria reconstrucción del país.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050.Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque no sean populares. Sobre todo, dos: ampliar los años de cotización que se toman para tener derecho a pensión (en 2011 se decidió subirlos de 15 a 25 años en 2022 y ahora habría que pensar en subirlos a 35 años y después a toda la vida laboral) y, si hace falta,  aumentar los años exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y habría que tener en cuenta la mayor esperanza de vida, el cobrar pensión más de 20 años, para repartir cuantías. Suena mal, pero al ritmo actual de aumento de las nuevas pensiones, será imposible pagar 15 millones de pensiones en 2050, con el empleo e ingresos previsibles hoy.

Por eso, cuando salgamos de esta pandemia y de esta recesión, habrá que plantearse otra nueva reforma de las pensiones, más profunda que la que plantea ahora el Pacto de Toledo. Europa nos va a presionar a hacerlo, porque será una de las vías para rebajar el déficit, una exigencia que nos van a recordar a partir de 2023. De hecho, ya llevan años diciendo que España tiene que ajustar su gasto en pensiones, porque creen que son “demasiado generosas”, aunque más de la mitad de los pensionistas (4,8 millones) cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las estadísticas de la SS. Pero la OCDE insiste: las nuevas pensiones españolas son más generosas que en otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Así que, deberíamos hacer una reforma más a fondo de las pensiones, en cuanto salgamos del túnel de esta pandemia, en 2023. Si no reformamos nosotros, nos impondrá la reforma Europa. Pero sobre todo, hay que hacerlo por las generaciones futuras, para evitar graves problemas a los que se jubilen dentro de 20 o 30 años. No vale “poner parches” para “tapar” el déficit de las pensiones en 2023 y no afrontar el reto demográfico posterior. No vale “el que venga detrás, que arree”. Hay que pensar en nuestros hijos y nietos.    

Pensiones: el que venga detrás, que arree

A nadie parece preocuparle el futuro de las pensiones. Sólo “el hoy”: lo que subirán en enero y los años próximos, mientras vivamos. Después, qué pasará con las pensiones de nuestros hijos, no preocupa tanto. No se plantea el grave problema de las pensiones como lo que realmente es: una cuestión de “solidaridad entre generaciones”, donde hay que combinar las pensiones que se pueden pagar hoy con asegurar las que hay que pagar mañana. Eso exige pensar muy bien los criterios de revalorización de las pensiones (una subida del 2% hoy cuesta 327.000 millones en 20 años), la pensión que se puede pagar durante 20 años y la que se podrá pagar en 2050, cuando haya 15 millones de pensiones y no 10 millones. Hay que hacer cuentas con rigor, forzar al máximo los ingresos y atemperar el gasto, para asegurar unas pensiones dignas hoy y a mediados de siglo. No pensar sólo en nosotros, sino en las pensiones de nuestros hijos y nietos. Esa es la reforma que necesitamos.

enrique ortega

La factura de las pensiones bate récords mes a mes. En septiembre, pagar las pensiones ha costado 9.643 millones de euros, un 53% más que hace solo una década (6.332 millones en septiembre de 2009: ver gráfico evolución del gasto). La factura ha subido un +6,56% este año (enero-agosto) porque sube el número de pensiones (son ya 9.760.220), porque las nuevas pensiones son más altas que las anteriores (y sube la pensión media a 993 euros, a 1.140 euros la de jubilación y a 713 euros la de viudedad) y, sobre todo, por la revalorización de pensiones (+1,6% y +3% las mínimas), que supone más de la mitad de la subida (+3,7%). Y aunque también han subido los ingresos por cotizaciones, por el aumento de algunas bases de cotización (máximas y autónomos), del empleo y los salarios (incluida la subida del salario mínimo a 900 euros, que cotiza más), no ha sido suficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social, que tuvo -5.703 millones de déficit hasta agosto.


La previsión de la Seguridad Social es que la factura de las pensiones será de 153.800 millones en 2019 (421 millones diarios), un 57% más que en 2008 (98.000 millones) y casi el doble que en 2005 (79.200 millones). Eso supone que gastaremos el 12,5% de lo que produzcamos (PIB) en pagar pensiones, cuando en 2011 era el 10,43% y en 2008 el 8,8% del PIB. Un tremendo esfuerzo que, otro año más, no se podrá pagar con cotizaciones y provocará otro déficit en la SS, estimado por el Gobierno en -17.430 millones de euros en 2019, incluso superior al déficit de 2018 (-17.088 millones) y similar al de 2017 (-16.775) y 2016 (-17.720 millones). Con ello, serán ya 10 años de déficit en las cuentas de la Seguridad Social (desde 2010), un “agujero” de las pensiones que suma -118.022 millones de déficit entre 2010 y 2019, tras 11 años antes de superávit, desde 1999 (ver gráfico).


Para “tapar este agujero” de la SS, el Gobierno Rajoy tiró de “la hucha” de las pensiones, creada por Aznar en el año 2000 y "engordada" por Zapatero (la recibió en abril de 2004 con 12.025 millones y la dejó a finales de 2011 con un máximo de 66.815 millones). En 2017 ya sólo quedaban en la hucha 8.095 millones y los gobiernos de Rajoy y Sánchez han tenido que hacer préstamos a la Seguridad Social (37.660 millones entre 2017 y 2019) para poder pagar las pensiones, además de seguir tirando de la hucha (sólo quedaba 5.043 millones en junio 2019), que se quedará con 1.500 millones a finales de 2019. Así que el agujero de las pensiones se ha financiado con la hucha (se han sacado 80.000 millones si contamos lo que había más los intereses ganados al invertirla en deuda y lo que se ha cogido de las Mutuas) y con deuda (la SS tendrá 54.833 millones de deuda a finales de 2019), que tendremos que pagar a los inversores en las próximas décadas.


Pero no podemos seguir así, porque si no se toman medidas el agujero de las pensiones crecerá, y ya no hay “hucha” ni podemos endeudarnos más. Esto es lo que hay que tener in mente cuando ahora se debate la revalorización de pensiones para 2020. Nadie dice que no haya que subir las pensiones, sólo que hay que hacerlo pensando en las cuentas que tenemos y cómo se puede compatibilizar una subida razonable con que el sistema no quiebre.


La propuesta de Pedro Sánchez, en víspera de las elecciones del 10-N, es que si gana, subirá las pensiones un 0,9% en enero, lo que se prevé que suba el IPC a finales de 2020, según el Plan presupuestario enviado la semana pasada a Bruselas. Eso costará 1.404 millones en 2020, según sus cuentas. Pero ese es el coste en un año y no tiene en cuenta que la subida se incorpora a la pensión y afecta al coste de las futuras subidas. De hecho, una revalorización del 2% anual cuesta 2.365 millones en el primer año, pero como se consolida, al cabo de 20 años (la vida media de un pensionista), cuesta a la SS un total de 327.000 millones de euros, según un estudio hecho por FEDEA a raíz de la revalorización de 2019 (+1,6% todas las pensiones y un 3% las mínimas). Ojo a la revalorización que se hace, porque es una hipoteca a las pensiones de aquí a 20 años.


Por eso, algunos expertos y el Banco de España creen que “es insostenible económicamente” una revalorización de las pensiones con el IPC: supondría aumentar el gasto en pensiones en 24.000 millones para 2035 y en 36.000 millones para 2050 (casi la cuarta parte de la factura de las pensiones hoy). Son puras cuentas. También es cierto, como dice la ministra de Trabajo, que no subirlas con el IPC es “insostenible social y políticamente”: a ver qué Gobierno se atreve a hacerlo. Y más cuando dos tercios de las pensiones actuales (6.164.441 pensiones) son inferiores al salario mínimo (900 euros), un tercio cobran menos de 650 euros y el 12% menos de 400 euros al mes.


El debate de la revalorización de pensiones hay que inscribirlo en el debate sobre las cuentas de las pensiones y su tremendo déficit. Porque no se trata solo de una cuestión de justicia social (que también) sino de una cuestión de evitar la quiebra del sistema. Por eso, primero hay que ver cómo se pueden encajar las cuentas, a corto y medio plazo, y en este contexto decidir cuánto se pueden revalorizar las pensiones.


A corto plazo, lo más urgente es reequilibrar las cuentas de las pensiones, “tapar el agujero” para no tener que endeudarse más. Y puede hacerse. Por un lado, hay que quitar gastos que cargan sobre las pensiones y no deben pagarse con cotizaciones, sino con el Presupuesto: el coste de las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a la cotización de empresas, poco útiles para crear empleo además), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que salen también de las cotizaciones), los 1.585 millones de prestaciones familiares, el pago del desempleo no contributivo (5.967 millones en 2018) y hasta los 4.000 millones que cuesta mantener el Ministerio de Trabajo (y que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto). Si quitamos a la SS estos costes (17.500 millones anuales), que financian las cotizaciones, no tendría déficit.


Pero aunque tapemos el déficit a corto de la SS, seguimos con el problema a medio y largo plazo: los ingresos por cotizaciones no cubren unos gastos crecientes, que se van a disparar a medida que España envejezca más. Sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Por eso, el verdadero problema es que los 9,7 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por pensión. Y así no salen las cuentas.


Como no nos podemos “inventar” empleos y los pensionistas serán los que sean, sólo queda un doble camino para intentar ajustar las cuentas: aumentar los ingresos y atemperar los gastos. Para aumentar los ingresos de la SS, los expertos señalan tres caminos. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones: en España son más bajas que en la media de Europa (según Eurostat) y podrían subirse algo (las de las empresas y también las de los trabajadores: mejor eso que tener que pagarse una pensión privada), todas y en especial las de los sueldos más altos (hoy hay topes). El segundo camino sería trasvasar ingresos del Presupuesto, una parte de la recaudación actual y otra de ingresos nuevos (tasa Tobin sobre operaciones financieras) o cambios en los ingresos actuales (subir el IVA reducido a algunos productos y servicios, por ejemplo). No olvidemos que España recauda 73.000 millones menos que Europa y tenemos margen para ingresar más por IRPF, IVA, sociedades, patrimonio e impuestos verdes: una parte podría ir a financiar las pensiones.


Pero no bastaría con recaudar algo más con cotizaciones o impuestos, entre 20.000 y 30.000 millones extras para 2050. Haría falta además, “atemperar” el gasto en pensiones, otros 30.000 millones, porque si no, la inercia del aumento de pensionistas, la subida de las nuevas pensiones y la revalorización se comerían los ingresos, incluso con una recaudación extra. Por eso, nos guste o no, hay que ver las pensiones que se pueden pagar a medio plazo, no las que nos gustaría cobrar. Y sobre todo porque ya hoy, las pensiones en España son de las más generosas de Europa (la pensión media supone en 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE) y no hemos cotizado suficiente por ellas: si se ha cotizado 37 años, se pagan 13,2 años de la pensión media, con lo que los 8 años restantes que se cobran no se ha cotizado por ellos, según explica este detallado estudio de Fedea.


No se trata de recortar el gasto en pensiones sino de que crezca menos, para asegurar su futuro. Para ello, habría que actuar en varios frentes. Uno, aumentando la edad real de jubilación, que hoy está en 64,2 años aunque la oficial se subió a 65 años y 8 meses para este año 2019 (y 67 años para 2027). Conseguir frenar las jubilaciones anticipadas y hacer que la edad real de jubilación suba sólo 1 año (hasta 65,2), como plantean Trabajo y la Autoridad Fiscal (AIReF) permitiría reducir el gasto en pensiones un 1% anual (acumulativo). Otra medida eficaz para atemperar el gasto sería aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los últimos 25 años cotizados ahora (previstos para 2027) a 35 años de cómputo, con la idea de ampliarlos después y tener en cuenta toda la vida laboral. Y en tercer lugar, habría que decidir un sistema de revalorización de las pensiones que se pueda pagar a medio plazo.


En este tema de la revalorización, hay que dejarse de demagogias y plantear una solución justa y financiable. Revalorizar las pensiones con el IPC puede ser muy costoso en años de alta inflación y en otros, como 2019, poco “justo”: las pensiones han subido un 1,6% y la inflación media (la que habría que mirar) subirá un 0,77%, ganando más poder adquisitivo las pensiones altas que las mínimas. Por eso, algunos ven más justo revalorizar con el IPC sólo las pensiones más bajas y compensar al resto periódicamente si pierden poder adquisitivo. Y dedicar recursos sobre todo a subir las pensiones más bajas, ya que un 0,9% de subida no les compensa de la miseria y no supone casi nada para los que reciben 1.200 euros (10 euros al mes). Pero sepamos que si se aprueba “IPC para todos”, en 20 años el sistema se resiente.


Al final, se trata de echar cuentas y ver qué pensiones se pueden pagar hoy y dentro de 30 años, con los ingresos previsibles y otros nuevos. Y parece indudable que eso pasa por unas pensiones más altas para los que cobran las mínimas y unas pensiones que crezcan menos para el resto, durante más años de vida, para asegurar que cobramos los pensionistas de hoy y que cobrarán también pensiones dignas las generaciones futuras. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Urge aprobar una reforma de las pensiones que valga para 2050. No vale exigir que me suban mi pensión ahora “como sea”, sin pensar si esa revalorización pone en peligro las pensiones del futuro. Porque son las de nuestros hijos y nietos.

Pensiones: la "ocurrencia" populista de Sánchez

Las pensiones cerraron 2017 con un agujero de 18.000 millones, similar al de 2016. Y se espera otro déficit de 17.000 millones este año. Mientras, el secretario general del PSOE ha tenido una ocurrencia “milagrosa”: poner dos impuestos a la banca para recaudar 1.860 millones. No sólo es “el chocolate del loro”. El problema de las pensiones es estructural (ingresos no cubren unos gastos crecientes) y para resolverlo hay que aumentar los ingresos por cotizaciones e impuestos, entre 50.000 y 80.000 millones en unos años, y eso no se consigue con propuestas simplistas y cargando contra la banca. Sánchez debería saber que España recauda 72.000 millones menos que el resto de Europa, porque hay más fraude y porque grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan poco. Y que trabajadores y empresas cotizan también menos. Hay que recaudar más por muchas vías, no hacer demagogia populista. Y menos tras un año largo sin hacer propuestas, ni el PSOE ni los demás, en el Pacto de Toledo. Por favor, sean serios.

enrique ortega

Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones, con lo que ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para este año 2018, los expertos creen que se mantendrá en -17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno Rajoy a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (seremos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.308 euros las nuevas en octubre 2017). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizarán un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Y frente a este gran reto de ingresos, el secretario general del PSOE se ha descolgado con una propuesta “milagrosa” para salvar las pensiones: aprobar dos nuevos impuestos que pagaría la banca, uno un recargo del 8% en su impuesto de sociedades (conseguiría 1.000 millones al año) y otro un impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras (que recaudaría otros 860 millones). En total, 1.860 millones para que la banca “salvada por todos los españoles, contribuya a salvar las pensiones”. Es como para llorar que al primer partido de la oposición sólo se le ocurra esto para afrontar el grave problema de las pensiones. Primero, porque es “el chocolate del loro”. Segundo, porque la propuesta acabaría siendo pagada por los clientes de los bancos, a los que la banca trasladaría el coste de estos nuevos impuestos vía más comisiones, créditos más caros y menos remuneración al ahorro. Y tercero, porque cualquier impuesto a la banca debe ser a nivel europeo, para que el dinero no se desplace a donde paga menos. Por eso hay una propuesta europea de implantar una tasa a las transacciones financieras (Tasa Tobin), que apoya España (el Gobierno Rajoy) y 9 países más, una propuesta más dura que la del PSOE (el recargo sería el 3%) y que supondría 4.500 millones extras de recaudación para España.

Pero la mayor crítica que puede hacerse a la propuesta de Sánchez, además de inútil y al margen de Europa, es que es “simplista” y “populista”, al estilo Podemos (que la aplaude ahora, porque ya la incluyó en su programa electoral de 2016). Porque no se puede vincular el grave problema de las pensiones a la banca (aunque haya hecho muchas cosas mal) y porque la solución al problema de las pensiones es complejo y exige tomar muchas medidas a medio plazo, no “soluciones mágicas” aprovechando la mala imagen de la banca. Y de paso, recordemos que el Gobierno Rajoy tampoco da soluciones, porque su reiterada fórmula es “esperar” a que crezca más el empleo y con ello se corrijan los ingresos. Pero es también una “falsa salida”, porque ahora hay 1.241.500 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa y sin embargo, el déficit de la Seguridad Social se ha multiplicado por 36 durante su Gobierno (era de -487 millones en 2011).

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 53% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque, como debería saber Sánchez, España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudará el 44,6% del PIB, según la Comisión Europea. Traducido, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 72.000 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a Sánchez: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medioambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones.

Y todavía queda el grueso de mejora de la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas (bancos incluidos), multinacionales y los más ricos. Las grandes empresas pagan el 7,3% de su resultado contable, según Hacienda (2015), cuando las pymes pagan el 12,2% y los ciudadanos de a pié el 14,9% de sus ingresos con el IRPF. El impuesto de sociedades tiene tantas deducciones y exenciones que el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar un euro y Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones por el impuesto de sociedades en 2013 y 2014. Tienen que pagar lo que deben, como todos,  no “ir a por ellos” porque les hemos rescatado. Y lo mismo las multinacionales, que utilizan trucos y paraísos fiscales para evadir “legalmente impuestos (como Inditex) y que tributan a un tipo efectivo del 6%, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y lo mismo las grandes fortunas, con las SICAV (tributan al 1%). Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores contra el fraude (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino una propuesta que resume las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y pensando a 20 años vista al menos. Y en paralelo, hay que aprobar ayudas a la familia, para que aumente la natalidad y los cotizantes futuros. Y poner en marcha una “cruzada” contra el empleo precario, incentivando el empleo fijo a tiempo completo y sancionando duramente con la inspección de trabajo el falso empleo temporal y por horas, que hunde las cotizaciones.

Pero, sobre todo, hay que moverse. La Comisión del Pacto de Toledo lleva más de un año de reuniones en el Congreso, sin aportar soluciones, ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras, cada mes hay que pagar más pensiones y se mantiene el agujero de la Seguridad Social, en medio de la inquietud de los españoles. Hagan algo sensato, por favor. Por los pensionistas actuales pero, sobre todo, por los pensionistas futuros.