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lunes, 15 de julio de 2019

Pincha la industria y vienen despidos


Las ventas de coches se han desplomado de enero a junio, un 12%, tras caer un tercio las ventas de diesel. Y se anuncian recortes temporales de plantillas en el automóvil. Es la puntilla para la industria, que ha perdido peso en 2018, siendo el consumo y la construcción los que mantienen la recuperación. La industria se ve muy afectada por la crisis del comercio mundial y el bajo crecimiento europeo, que frenan las exportaciones. De momento, ya se han perdido 27.672 empleos industriales en el primer trimestre de 2019 y los sindicatos temen que continúen los despidos y los ERES, que pagamos todos. Por eso, urge poner en marcha un Plan industrial, que pactaron hace casi 3 años sindicatos y patronal, sin haberse tomado medidas, salvo un parche laboral y otro para abaratar la luz industrial. Necesitamos apostar por la industria para consolidar la recuperación y el empleo. No podemos ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas. El futuro está en la industria.


La industria española está “de capa caída”, tras varias décadas donde ha perdido peso, en favor de los servicios (turismo, hostelería, comercio) y la construcción. Conviene recordar que la industria suponía un tercio de la economía en 1970 (aportó el 38% del PIB) y todavía en 1980 España era la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). Y en los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera, Iberia), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Y el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1997 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% en 2013, el peor año de la crisis. Luego se recuperó ligeramente, estabilizándose en el 16% del PIB en 2014 y 2015, para subir al 16,2% en 2016 y al 16,3% del PIB en 2017. Y en 2018, ha caído de nuevo al 16,06% del PIB, el mayor retroceso en la aportación de la industria al crecimiento desde 2009.

Con ello, España se aleja del objetivo propuesto por la Comisión Europea a todos los paises UE para 2020: que la industria aporte el 20% del PIB. En 2018, el peso de la industria europea (UE-28) era el 17,5%, según Eurostat, y había ya 9 paises cuya industria superaba el 20% del PIB: Irlanda (32,9%), República Checa (27,4%), Rumanía (23,7%), Eslovaquia y Eslovenía (23,5%), Alemania (23,2%), Polonia (22,9%), Hungría (21,8%) y Bulgaria (20,1% del PIB). España (16,06% del PIB) ocupa el puesto 16º en el ranking industrial de la UE, por detrás de los 9 paises anteriores más Lituania (19,7%), Finlandia (18,4%), Estonia (18,1%), Italia (17,1%), Suecia (16,9%) y Croacia (16,7%). Y sólo tiene menos peso la industria en Portugal (15,9%), Reino Unido (12,6%) y Francia (12,2%).

La industria española no sólo redujo su aportación al crecimiento en 2018 sino que entró en recesión, al caer un -0,3% en el tercer trimestre de 2018 y un -1% en el cuarto, algo que no se veía desde finales de 2012, según los datos de Contabilidad Nacional del INE. Y en consecuencia, el empleo en la industria se redujo en 3.000 trabajadores en 2018, siendo el único sector con pérdida de empleo en un año en que se crearon +566.200 puestos de trabajo (+428.100 en los servicios, +136.300 en la construcción y +4.900 en la agricultura). Y el paro en la industria alcanzó los 179.900 desempleados en marzo de 2019, según la última EPA, 9.900 parados más que antes de la crisis (había 169.000 parados industriales en marzo de 2008).

Menos mal que en el primer trimestre de 2019, la industria española volvió a crecer, un 1,1%, según el INE, aunque el empleo industrial se estancó (mientras caía en los servicios) y creció sólo en 200 trabajadores. Otros indicadores, como la cifra de negocios o el índice de producción industrial mejoran muy ligeramente, pero las perspectivas no son esperanzadoras: el índice PMI, que anticipa la actividad industrial futura bajó en febrero y más en junio, tras cinco años de recuperación (desde 2013). Y sobre todo, está cayendo el empleo industrial: la gran empresa ha destruido 27.672 empleos en el primer trimestre de 2019, según un reciente informe de Randstad y Cepyme. Y sigue habiendo empresas que presentan EREs para reducir su plantilla de forma definitiva o temporal (ERTE).

El “pinchazo” de la industria española se debe a dos causas externas más que internas. Por un lado, la “guerra comercial” (proteccionismo y subida de aranceles) de Trump con China y la Unión Europea, ha frenado el comercio mundial y las exportaciones, afectando muy negativamente a la industria española, muy volcada en vender fuera (automóviles, alimentación, textil y calzado). Y la otra razón, más importante aún, es que la economía mundial crece menos y, sobre todo, que Europa“ se ha desinflado”, con un bajo crecimiento en la zona euro (del 2,4% de 2017 se pasó al 1,9% en 2018 y al 1,2% en 2019), según las previsiones de mayo de la Comisión Europea. Y un pinchazo” de Alemania (del 2,2% que creció en 2017 pasa al 1,4% en 2018 y al 0,5% en 2019) e Italia (del 1,7% que creció en 2017 y el 0,9% de 2018 pasará a crecer un 0,1% este 2019), mientras baja también el crecimiento de Francia (del 2,2 y 1,6 al 1,3% en 2019) y Reino Unido (del 1,8% y 1,4% al 1,3% en 2019). Y no olvidemos que dos tercios de las exportaciones españolas van a Europa y que el 80% de esas ventas exteriores las hace la industria.

Estos dos problemas exteriores se han traducido en un frenazo de las exportaciones españolas que ha lastrado a la industria. Así, nuestras exportaciones han crecido sólo un 0,9% entre enero y abril de 2019, según los datos de Comercio, tras haber aumentado un 2,9% en 2018, muy lejos del 7,7% que crecieron las exportaciones en 2017. Y lo que han “pinchado” han sido las exportaciones de automóviles (-6,9% en 2019), ropa (-3,2%) y calzado (-2,5%), más algunos alimentos, como bebidas (-2,4%), azúcar (-0,2%) y aceites (-0,1%), y las ventas de electrónica de consumo (-18,9%) y hierro y acero (-6,4%).

El mayor problema de la industria está en el sector del automóvil, la tercera mayor industria española, tras el turismo y la alimentación, que aporta el 5% del PIB y da trabajo a 2.708.500 españoles (el 14,01% del empleo total). Y la industria del automóvil lleva meses cayendo en picado, por una fuerte caída de ventas en España y en Europa, fruto del menor crecimiento pero sobre todo de las dudas sobre el futuro de los coches diesel y gasolina, ante el temor de que se restringa y prohíba su uso en Europa por sus altas  emisiones contaminantes.

En España, las ventas de coches volvieron a caer en junio de 2019 (-8,3%), acumulando un descenso de ventas del -5,7% en el primer semestre. Pero esas son las ventas totales. Si sólo vemos las ventas de coches a particulares (sin contar flotas de alquiler y empresas), la caída de ventas es del -12,3% entre enero y junio. Y son ya 10 meses seguidos de caída de ventas a particulares, con un descenso del 5,7% en la caída de ventas de turismos en el primer semestre (se han vendido 692.472), caída que se ha dado en toda España salvo en Murcia (+6,2% venta turismos en 2019), Ceuta y Melilla (+5%) y Madrid (+0,2%). Y la cifra real de caída de ventas es mayor, porque los concesionarios están auto matriculando vehículos (30.000 sólo a finales de junio), para intentar “mantener” el mercado.

La causa principal de esta caída de ventas es la desconfianza de los españoles ante el futuro del diesel, cuyas ventas han caído un 33% este año y sólo representan el 27% de todas las ventas, frente al 33% en 2018, el 56,8% en 2016, el 66% en 2014 y el 71% de las ventas en 2007. Un desplome del diesel que beneficia a los coches de gasolina (61,7% de las ventas este año, frente al 32,3% en 2014 y el 25% en 2007), que emiten entre un 20 y un  25% más CO2 que los nuevos coches diesel, aunque producen menos partículas de NOx. Y están subiendo las ventas de “coches alternativos”, aunque todavía son muy bajas: suponen el 10,5% de las ventas en 2019 (vendidos 73.021 turismos alternativos), la mayoría híbridos no enchufables (50.324 turismos), seguidos de turismos a gas (13.739), eléctricos (5.459 vendidos de enero a junio, el 0,79% del total) e híbridos enchufables (3.499 turismos).

A la caída de ventas en España se suma la caída de exportaciones de coches fabricados aquí. Entre enero y mayo se han exportado 1.024.704 coches fabricados en España, un 5,7% menos que el año pasado, según Anfac, que destaca la caída de ventas de coches a Reino Unido (-3,1%, por el Brexit), Italia, Holanda y Portugal.

Con este doble problema, menos ventas en España y en el extranjero, la industria española del automóvil ha fabricado 1.275.891 vehículos entre enero y mayo de 2019, un 5,6% menos que el año pasado. Y son ya 7 meses consecutivos de caída de la producción de coches en las 17 fábricas españolas, que dependen de 7 multinacionales. Con ello, España ha perdido el 8º puesto en la fabricación mundial de automóviles, superada por Brasil, tras China (29 millones de coches fabricados en 2018), EEUU (11 millones), Japón (9,6 millones), Alemania (5,6), India, Corea del Sur y México.

De momento, esta caída continuada de ventas, exportación y fabricación de coches, ha traído consigo el anuncio de expedientes de regulación de empleo, de momento temporalmente. Uno, en la fábrica Ford de Almusafes (supresión turno de noche y un ERE temporal de 2 semanas) y otro en la factoría Nissan de Ávila (un ERTE para 100 trabajadores a partir de septiembre). Pero los sindicatos se temen un tsunami de expedientes y despidos en la mayoría de las fábricas de coches si persiste la caída de ventas. Y una parte de ese ajuste lo pagaremos todos, vía presupuestos para el desempleo, porque los trabajadores que entren en un expediente de regulación cobran el paro (el 70% de su salario) y sus empresas se ahorran su sueldo durante los días o meses que no trabajen.

España juega con dos desventajas ante la crisis mundial del automóvil. Una, el gran peso que tiene el coche diesel en las 17 fábricas españolas: producen 1,4 millones de vehículos diesel y 1 millón de motores, que dan empleo a 40.000 trabajadores. Y la otra, España fabrica pocos coches eléctricos, que es donde está el futuro: sólo se fabrican 4 modelos de furgonetas eléctricas en Vigo (Citroën Berlingo y Peugeot Partner), Vitoria (Mercedes Vito) y Barcelona (Nissan e-NV200) y un mini vehículo en Valladolid (el Renault Wizy), además de un híbrido en Valencia (el Ford Mondeo Hybrid). Y además hay una tercera: las fábricas españolas de coches dependen de 7 multinacionales, radicadas en Alemania, Francia, Japón, EEUU o Corea del sur, que van a decidir dónde y qué fabrican pensando en una estrategia industrial multinacional, de costes y ventas, no en el empleo en España.

Para hacer frente a esta crisis del automóvil, el Gobierno Sánchez, las empresas y los sindicatos constituyeron en marzo una Mesa de trabajo, donde van a hacer un seguimiento y proponer medidas para frenar la crisis del automóvil, sobre la base de un Plan estratégico 2019-2025 de apoyo integral al sector, aprobado por el Gobierno el 4 de marzo. Un Plan que tiene 5 ejes: creación de una mesa por la movilidad sostenible, revisión de la fiscalidad del automóvil y los carburantes, impulso de las inversiones tecnológicas en vehículos sostenibles, ayudas a la compra de vehículos de bajas emisiones y refuerzo de la formación de los jóvenes (FP y Universidad) para afrontar los retos futuros del automóvil. En paralelo, la patronal ANFAC ha propuesto un Plan con 50 medidas, entre las que destaca destinar 600 millones en tres años a ayudas para incentivar la compra de coches nuevos. Y además, en diciembre pasado, el Gobierno Sánchez aprobó “otra medida de alivio” para el sector del automóvil: permitirles jubilar anticipadamente a trabajadores mayores o que trabajen menos horas a cambio de cubrir su puesto con trabajadores jóvenes, en vacaciones o picos de producción, un privilegio que no tienen el resto de las empresas en España.

Algo es algo, pero lo que necesita el automóvil es un Plan a 20 años, donde se combine el medio ambiente, la innovación y el empleo, pactándolo con multinacionales y sindicatos. Y todo ello, dentro de un Plan industrial a medio plazo, que identifique los sectores con futuro en los que debería volcarse España. Ya hace casi 3 años, el 26 de noviembre de 2016, la patronal y los sindicatos españoles firmaron un Pacto de Estado por la Industria, algo poco usual. Trabajadores y empresas, acordaron un decálogo de medidas que pidieron al Gobierno: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento del tamaño de las empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora de la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).

Hoy, casi 3 años después, poco se ha hecho para poner en marcha este Pacto industrial, salvo las medidas de apoyo al automóvil y las ayudas a las grandes industrias consumidoras de electricidad (91millones aprobados en marzo 2019), que de momento han permitido la venta de Alcoa a un fondo de inversión suizo (suena a compra especulativa). Y mientras, la industria pierde peso y empleo. Algo preocupante porque la industria es el sector con el empleo más estable, más formado y mejor pagado, lo que afianza la recuperación. Por eso, una de las prioridades del futuro Gobierno debería ser pactar un Plan de apoyo a la industria, con financiación, ayudas tecnológicas, fiscales y laborales, junto a una apuesta por la formación profesional para hacer frente a la digitalización y la robotización. Y apostando por la reconversión energética de la industria, que además de ayudar a salvar el Planeta puede crear entre 250.000 y 364.000 empleos anuales en energías renovables, ahorro y eficiencia energética, según el Plan nacional de Energía y Clima enviado a Bruselas en febrero. 

Hay que relanzar la industria, porque es la garantía de un crecimiento y empleo estables, de una mejora de la productividad que aumente nuestro nivel de vida. No podemos seguir apostando por ser un país de grúas, bares, hoteles y tiendas, por ser la California de Europa. El futuro está en la industria.

jueves, 16 de enero de 2014

El automóvil remonta con ayudas (públicas)


El Gobierno ha aprobado un nuevo Plan de ayudas para comprar vehículos, el PIVE 5, destinando ya 578 millones de dinero público en 15 meses para reanimar las ventas de coches, que crecieron en 2013. El automóvil, la segunda industria del país (tras el turismo) ha recibido más de 7.000 millones de ayudas públicas en la última década. Y gracias a ello, España es el segundo fabricante europeo de coches y mantiene un 12% del empleo del país. Pero es momento de pensar si el automóvil ha de seguir enchufado a estas ayudas públicas a los compradores o si sería mejor destinar esos recursos a fortalecer la competitividad industrial del sector, con un Plan que mejore su innovación, logística, impuestos y costes. Y también hay que recordar que esos millones públicos favorecen a empresas extranjeras, que en cualquier momento pueden decidir irse a fabricar coches a otros países. Ayudas sí, pero con garantías.
enrique ortega

El Plan PIVE 5 es el que contempla más ayudas, 175 millones, destinados a entregar 1.000 euros a los que compren un coche nuevo (y recibirán otros 1.000 euros del fabricante). Con ello, son ya 540 millones en los cinco Planes PIVE iniciados por el Gobierno Rajoy en octubre 2012, que han permitido vender 202.500 coches más de los que se habrían vendido sin estas ayudas, más los 38 millones destinados al Plan PIMA Aire (vehículos industriales y motos eléctricas). Un dinero público bastante rentable, ya que cada euro destinado a subvencionar la compra de vehículos reporta tres euros al Estado en impuestos. Y luego está el empleo que se mantiene (14.500 puestos con los 5 PIVEs), el menor consumo de carburantes y la mayor actividad en doce sectores económicos que dependen del automóvil. En total, diez euros de más actividad económica por cada euro de ayudas.

Pero estas no son las únicas ayudas públicas que recibe el automóvil en España. Además del Plan PIVE, la industria automovilística recibió en 2013 otros 180 millones en créditos blandos (al 4,9%) para proyectos industriales, tras haber recibido otros 220 millones en 2012 y 1.154 millones más de préstamos entre 2009 y 2011, más 110 millones en subvenciones directas. En 2009, el sector recibió 4.070 millones entre ayudas y préstamos del Plan Integral de la Automoción (PIA), aprobado por Zapatero dentro del Plan E. Y antes habían recibido ayudas de los Planes PREVER (1.997-2007) y RENOVE (1.994-95). En total, más de 7.000 millones de ayudas públicas en la última década, a los que añadir el coste de los múltiples EREs aprobados en el sector: miles de trabajadores que se van a casa temporalmente (por días o meses) y les pagamos todos el paro ese tiempo que no trabajan.

Estas ayudas, sobre todo los últimos Planes PIVE, han permitido mejorar las ventas en 2013 (por primera vez desde 2010), con 722.000 vehículos matriculados, un 3,3% más. Y se han creado 2.400 empleos en el primer semestre, tras perderse 74.000 durante la crisis. Además, se han consolidado nuevas inversiones: entre 2012 y 2013, las multinacionales del automóvil han invertido 3.500 millones en nuevos proyectos y plantas en España, a las que se sumarán otros 1.000 millones en 2014. Y si en 2011 se fabricaban en España 34 modelos, en 2015 se fabricarán 45, algunos de mayor tamaño y valor añadido, lo que reportará más beneficios. El problema es que sólo tres de los 10 turismos más vendidos en Europa en 2013 (Renault Clío, Volkswagen Polo y Opel Corsa) se fabrican en España.

El automóvil remonta su marcha, gracias a las ayudas públicas, pero aún con debilidad: en 2013 se fabricaron 2,2 millones de coches en España (frente a 3 millones en los buenos años 2000-2004) y se matricularon 722.000, menos de la mitad de los vendidos en 2007 (1,6 millones). España es el segundo fabricante europeo de vehículos (por  detrás de Alemania, que fabrica más del doble, 5,7 millones) y el 8º del mundo (tras China, Japón, Alemania, USA, Corea del Sur, India y Brasil), pero su futuro está marcado por muchas incertidumbres, a pesar de las indudables fortalezas de nuestra industria del automóvil: gran flexibilidad laboral (ajuste jornadas y horarios), plantas de montaje muy productivas (10 de las 17 factorías españolas están entre las más eficientes de Europa), salarios más bajos que los grandes (25€ por hora trabajada frente a 45 en Francia o Alemania, pero más del doble que los 8,7 euros por hora de Eslovaquia, 6,9€ de Polonia o 11,5€ de la República Checa), un personal muy formado y con experiencia y una importante y competitiva industria auxiliar cerca de las factorías.

Pero la industria del automóvil en España cuenta también con una serie de debilidades estructurales, según un reciente estudio de PwC : costes laborales más altos que Europa del Este y países emergentes competidores (Turquía o Marruecos), mayores costes de la energía (la luz industrial cuesta en España un 31,5% más que en Alemania, un 49% más que en Francia o un 19% más que la media UE28, tras haberse encarecido un 23,4% desde 2007), menos innovación y tecnología (España vive de ensamblar vehículos, pero no interviene apenas en el diseño, clave para completar la cadena de valor) y un problema logístico, el más importante: estar a 1.200-1.500 kilómetros de los principales mercados europeos del automóvil (Centroeuropa), transporte que encarece los vehículos más de un 10%. Además, España es el país donde los coches pagan más impuestos (23.315 millones en 2013) y el único europeo donde se paga impuesto de matriculación, lo que retrae más las ventas.

El automóvil es la segunda industria española (tras el turismo), aporta un 10% de la riqueza (PIB) y el 12% del empleo (241.715 directo más 350.000 indirectos y 1,8 millones inducidos), siendo el tercer sector exportador (16,1% del total) y la segunda industria que más invierte en innovación (I+D+i). Razones suficientes para volcarse en ayudar al automóvil, como hacen la mayoría de países. Pero es el momento de plantearse si las ayudas deben seguir siendo a los compradores, a fondo perdido, o si deben dirigirse a las industrias, a reforzarlas, para que las 17 plantas españolas puedan competir mejor con las otras 152 plantas europeas (y centenares en el mundo) que están dispuestas a robarnos modelos y trabajo.

La patronal del sector ha propuesto al Gobierno destinar 500 millones de ayudas (50 veces menos que el rescate a Bankia) a poner en marcha un Plan 3 millones, para volver a fabricar 3 millones de coches al año, gracias a una serie de medidas: menos impuestos, más créditos blandos a empresas y concesionarios, mejorar el trasporte ferroviario y marítimo de vehículos, impulsar la investigación y el diseño (I+D+i), mejorar la formación y reducir los costes energéticos (luz y gas). Así se consolidaría a España como uno de los mejores países del mundo para fabricar automóviles, mejorando el empleo y las exportaciones.

Hay que volcarse con el automóvil, pero sin perder de vista que es un sector muy vulnerable, con dos grandes riesgos. Uno, que es muy dependiente del exterior: el 87% de los vehículos que se fabrican en España se exportan, así que estamos en manos sobre todo de que los europeos (82% exportaciones) nos compren. Y segundo, es una industria en manos de las multinacionales, donde las decisiones sobre las plantas españolas se toman en Wolfsburgo (Volkswagen) o Stuttgart (Mercedes), París (Grupo PSA), Yokohama (Nissan), Detroit (GM) Dearborn (Ford) o Turín (IVECO). Y estos fabricantes tienden a fabricar donde se vende (en España, la mitad que antes). De ahí que el mayor riesgo sea a medio plazo: para 2020, las ventas de coches crecerán sobre todo en el Sudeste asiático y Latinoamérica, según los expertos, con lo que las multinacionales tenderán a fabricar allí y no en Europa.

España tiene un gran dilema con el automóvil: si no le sigue dopando con ayudas públicas, no subirán las ventas y las multinacionales pueden optar por irse a otros países, pero aunque las mantenga, corremos el riesgo de que en una década se vayan igual a fabricar donde estarán las ventas, a Brasil, México (VW ha empezado a fabricar el Golf en Puebla), Rusia, Turquía, Marruecos, India, China o Indonesia. Y se habrá gastado en vano dinero público. Por eso, es clave gastarlo bien, en reforzar las factorías españolas en innovación, tecnología, calidad y eficiencia, para que sean imprescindibles para las multinacionales. No es fácil, pero es la única salida. Invertir bien y no regalar nuestro dinero.

miércoles, 20 de marzo de 2013

Recorte pensiones:mayores 55 años,los "ni-ni-ni"


El Gobierno Rajoy ha aprobado por decreto una segunda reforma de pensiones, desde el 1 de abril, para recortar 4.000 millones hasta 2027 retrasando dos años las prejubilaciones y bajándolas. Una reforma que se suma a la de Zapatero, en vigor este 1 de enero, que supone un recorte del 20 % en las pensiones para 2027. Y falta la tercera reforma (más recortes), que se anuncia en 6 meses, presionada por Bruselas. El problema de fondo es que hay menos gente trabajando y más pensionistas, por lo que no salen las cuentas. Los que más sufren ahora este nuevo recorte de las pensiones son los mayores de 55 años, a quien el Gobierno ha puesto además más trabas para cobrar el desempleo (426 €). Con ello, casi tres millones de españoles mayores de 55 años son ahora “ni-ni-ni”: ni trabajan, ni cobran desempleo ni se pueden jubilar. Y así, a esperar los 65 años.
 
enrique ortega

La primera reforma de las pensiones la hizo el Gobierno Zapatero, en febrero de 2011,con una Ley pactada con sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (PP se abstuvo e IU votó en contra). Entró en vigor este 1 de enero, con tres medidas básicas: subir la edad de jubilación (un mes cada mes) hasta llegar a los 67 años en 2027, elevar el periodo de cotización de 35 a 37 años para tener derecho al 100% de pensión y ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión de 15 a 25 años. Resultado: un recorte del 20% en la pensión para 2027.

Ahora, el Gobierno Rajoy, presionado también por Bruselas, pone en marcha una segunda reforma de las pensiones (esta vez por decreto y en solitario), que entra en vigor el 1 de abril. Se trata de recortar otros 4.000 millones de gasto de aquí a 2027, retrasando dos años las jubilaciones anticipadas y dificultando la jubilación parcial. Así se pretende retrasar la entrada en el sistema de muchos pensionistas, ya que la mitad de los que se jubilan cada año (280.000) son prejubilaciones (80%) o jubilaciones parciales (20%).

El cambio afecta por un lado a las prejubilaciones forzosas, por despidos (EREs), que podían hacerse a los 61 años y ahora suben (un mes cada mes) hasta llegar a la prejubilación a los 63 años en 2027. Un cambio que llega cuando la mayoría de grandes empresas ya han hecho ERES masivos (25.000 despidos entre Telefónica, Vodafone, Iberia, Bankia y otras Cajas, Santander+Banesto y otros bancos…) con prejubilaciones a los 61 años. Otra novedad: si ahora las empresas tenían que pagar el paro y las cotizaciones de los despedidos hasta la jubilación, ahora volverá a pagarlo el Estado (si no despiden a más mayores de 50 años de la proporción en plantilla), con lo que les saldrá aún más barato “aligerar plantillas”.

La reforma penaliza sobre todo las prejubilaciones voluntarias, que podían hacerse a los 63 años y se suben (un mes cada mes) para no poder prejubilarse hasta los 65 años en 2027. Además, se exigirán 35 años cotizados (ahora son 30) y sube el recorte de la pensión por cada año antes que uno se jubile: quitan del 6,5% al 8%, según los años cotizados. O sea, si alguien se jubila en 2027 a los 65 años, dos años antes de la edad legal (entonces 67), tendrá que haber cotizado 35 años y perderá hasta un 16% de pensión. También se sube dos años la jubilación parcial (a los 65 años en 2027), que permitirá ahora trabajar la mitad de jornada (antes hasta el 25%), con más cotización y más recorte de la media pensión.

Como “guinda” de esta reforma, se permite que los jubilados puedan seguir trabajando y cobrando la mitad de la pensión después de los 65 años (67 años en 2027), no a los que se prejubilen, a cambio de una baja cotización (6% la empresa y 2% el jubilado). Está bien, pero es “pura imagen” (para ingresar más cotizaciones), ya que bastantes problemas tienen los mayores para que no les despidan (para cambiarles por un joven por la tercera parte de sueldo) o encontrar un trabajo con más de 50 años como para encontrar un empleo jubilado.

Esta segunda reforma de las pensiones afecta a todos, porque retrasa dos años las prejubilaciones y baja su importe, pero sobre todo a los mayores de 55 años, un colectivo de 5.222.392 personas, de los que la mitad son inactivos (2.270.192) o están parados (530.700), con lo que son firmes candidatos a prejubilarse. Y ahora se les obliga a esperar dos años más (hasta los 65 en 2027) y tener 5 años más cotizados para pagarles hasta un 16% menos de pensión si se jubilan antes de los 67 años.

Además, el Gobierno Rajoy les ha hecho otro cambio: desde el 1 de abril, los futuros parados mayores  de 55 años (ahora hay 598.600 registrados)  no podrán cobrar el desempleo hasta la jubilación (426 euros al mes, que cobran ahora 347.000 parados +55 años) si tienen ingresos su mujer o un hijo menor de 26 años (+ 967 € al mes) o ambos (+725 € al mes cada uno).Un recorte que se suma a los dos recortes que les hizo el Gobierno en julio: subir este subsidio de 52 a 55 años (dejó fuera a 90.000) y cotizar por estos parados el mínimo (antes el 120% del mínimo), recortando así su futura pensión.

Con estas medidas, el Gobierno transforma a los mayores de 55 años en losni-ni-ni”: ni trabajo, ni desempleo (si tienen a un mileurista en casa), ni pensión (a esperar a los 65/67 años). En total, casi tres millones de españoles sin salida, que serían 6,2 millones de personas si bajamos el listón a los 50 años, una edad con la que las empresas ya no contratan.

Volviendo a las pensiones, los recortes no han acabado. El Gobierno va a crear un grupo de expertos para que preparen en 6 meses un catálogo de más reformas, como ha pedido Bruselas en febrero. Todo apunta a que este año habrá nuevas medidas. Por un lado, se suprimirá el revalorizar las pensiones con el IPC, como ya ha hecho Rajoy este año. Por otro, se podrían revisar los baremos de las futuras pensiones: exigencia de más años de cotización (ahora son 35) o más años de cómputo para calcular la pensión (ahora 25 y podría llegarse a toda la vida laboral). O adelantar cinco años la jubilación a los 67 años (prevista para 2027).Y en el futuro, retrasarla a los 68 o 69 años.

El problema de fondo es que las pensiones son una bomba de relojería, porque no salen las cuentas. Por un lado, crece la esperanza de vida (de 81 años ahora a 86,5 en 2048), con lo que las pensiones se van a duplicar (de las 9 millones actuales a 17 millones en 2050) y con ellas el gasto (del 10,1% del PIB al 13,7% en 2060), más que en el resto de Europa porque España es el país más envejecido. Y por otro, no crecerán igual los que trabajan y pagan las pensiones: hoy hay 3,4 personas en edad de trabajar (16-64 años) por cada pensionista (y sólo 1,9 trabajando), mientras en 2060 sólo habrá 1,6 activos por pensionista (y quizás 1,2 trabajando).

En definitiva: o aumentamos drásticamente el empleo o no habrá dinero para pagar las pensiones en el futuro y habrá que ir de recorte en recorte. La clave es reanimar la economía, recuperar los 3,5 millones de empleos perdidos y más, con un crecimiento basado en la industria, la tecnología y la exportación. Pero además, habrá que buscar nuevos ingresos para las pensiones, vía impuestos y más cotizaciones, porque si no, los recortes serán drásticos. No podemos conformarnos con repartir la miseria entre los pensionistas. Hay que aumentar el pastel, para que, tras una larga vida trabajando y cotizando, nos quede una pensión digna. Es lo mínimo.