El miedo acelera las jubilaciones

En 2017 se jubilaron cada día 848 españoles, la 2ª cifra más alta de la historia, tras el récord de 2013, el año de la reforma (recortes) de Rajoy. En ambos años, el miedo al futuro de las pensiones disparó las jubilaciones anticipadas, aunque se pierda dinero. Y en  2018 puede batirse otro récord de jubilaciones, porque en enero de 2019 entran en vigor dos cambios que van a recortar las nuevas pensiones, un 5% cada década. Así que muchos mayores optan por anticipar su jubilación y más si están en paro (casi un millón). Mientras, el Gobierno Rajoy miente con las pensiones (“no han perdido poder adquisitivo”/ “han mejorado las cuentas”) y lanza “globos sondas” (“tener en cuenta toda la vida laboral, quitando 5 años malos”) que esconden nuevos recortes. Y la oposición se empeña en un impuesto a la banca, insuficiente y poco eficaz. Todos han perdido un año sin aprobar medidas. Pero recuerden: si no deciden aumentar ingresos, lo demás que propongan serán más recortes. Que no les engañen.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años están muy preocupados por su pensión y por eso, en cuanto pueden, se jubilan sin esperar a cumplir  los 65 años aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que ha pasado en 2017: hubo 309.709 nuevas jubilaciones, 848 al día, la segunda cifra más alta de la historia tras las jubilaciones de 2013 (314.204), un récord provocado por la reforma de las pensiones (recortes) aprobada por el Gobierno Rajoy. El salto anterior en las jubilaciones se había dado en 2012 (308.400 jubilaciones desde las 286.143 de 2011), debido también a las reformas (recortes) aprobadas por Zapatero en 2011.

De las 308.400 jubilaciones de 2017, casi la mitad (133.602, el 43%) se produjeron con 64 años y menos, a pesar de que el año pasado, la edad oficial de jubilación era ya de 65 años y 6 meses. Una parte importante de las prejubilaciones fueron a los 61 años (56.518) y otras a los 63 (41.175) y 64 años (41.175). Con ello, la edad media de jubilación en España está en 62 años, por debajo de la media de los 35 países de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de los occidentales (salvo Japón), pues aumenta más el gasto en pensiones.

Es indudable que el envejecimiento es una de las causas del récord de jubilaciones en 2017, pero todavía juegan más otros dos factores. Uno, el miedo, la preocupación por el futuro de las pensiones, que impulsa a jubilarse cuanto antes aunque se pierda dinero. Actualmente, todavía se puede uno jubilar a los 63 años si ha cotizado 35 años (o incluso a los 61, con 33 años cotizados, si uno viene de un ERE o un despido improcedente), aunque pierde un porcentaje de pensión por cada año que anticipe el retiro: le quitan entre el 8% y el 6,5% por año anticipado, según los años cotizados (ver la normativa). Pero muchos no lo dudan: prefieren jubilarse cuanto antes y perder un 14% de pensión que esperar y sufrir más recortes.

Sobre todo si esa espera le pilla al mayor en paro, el segundo factor que dispara las jubilaciones anticipadas. A finales de 2017, había en España 949.100 mayores de 50 años sin trabajo, según la EPA, más del triple que antes de la crisis (281.600 en 2007). Y de ellos, 170.400 parados tienen entre 60 y 64 años, el único grupo de parados que no ha notado la recuperación, sino que ha aumentado (eran 169.800 parados de 60 a 64 años en 2013). Así que si un mayor está en paro y la mitad encima no cobra desempleo, en cuanto puede se jubila: deja de pagar una cotización al mes y empieza a cobrar algo, aunque sea un 14% menos que si espera a los 65 años y 6 meses.

Así que ya entendemos por qué hay un récord de jubilaciones, sobre todo entre funcionarios (3 de cada 4 son prejubilaciones voluntarias). La cuestión es que el récord se va a superar este año 2018. Primero, porque sigue la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, gracias a la inacción y los “globos sonda” de nuestros políticos. Pero sobre todo, porque el 1 de enero de 2019 se van a producir dos cambios, por la reforma de pensiones de Rajoy (2013), que van a recortar las nuevas pensiones a partir del año que viene. Así que los expertos se temen una avalancha de jubilaciones este año, para evitar esos recortes.

El primer recorte vendrá de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, del llamado “factor de sostenibilidad”: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece año tras año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (menos pensión durante más años). Este factor de sostenibilidad no está todavía fijado (el Gobierno espera a saber la cifra oficial de fallecimientos en 2017), pero los expertos del BBVA ya han determinado que supondrá un recorte del 0,5% en las nuevas pensiones de 2019: si la pensión media de jubilación es de 1.074 euros (2017), perderían 75 euros al año. Y así, año tras año, las nuevas de 2020, 2021 y siguientes. Los expertos estiman que las nuevas pensiones serán entre un 4 y un 6% más bajas en una década, para 2029. Así que cuanto más tarde se jubile uno, peor, lo que presiona a acelerar las jubilaciones estos años.

El otro factor que aumentará las jubilaciones en 2018 será que en enero de 2019 se endurecen las jubilaciones anticipadas, porque la reforma de Zapatero, que daba un plazo hasta 2024 para beneficiarse de las actuales condiciones ventajosas para prejubilarse, fue endurecida por Rajoy, que redujo ese plazo a enero de 2019. Así que todo el que esté pensando en jubilarse antes de los 65 años y se informe, aprovechará este año para hacerlo porque luego le exigirán más tiempo cotizado y peores condiciones.

Estos son recortes ciertos y a plazo fijo en las nuevas pensiones, pero hay más que sufrirán los futuros pensionistas y los actuales. Por un lado, los recortes derivados de la reforma Zapatero de 2011, básicamente dos: ampliar la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027) y ampliar los periodos de cotización exigidos (de los 36 años y 6 meses actuales a 38 años y 6 meses en 2017). Y por otro, los recortes derivados de la reforma de Rajoy en 2013: revalorizar las pensiones sólo un 0,25% (probablemente hasta 2040) y fijar la pensión en función de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad). Estos recortes ya están haciendo efecto: así, en 2017, la pensión inicial fue de 1.318 euros, un 1% inferior a la de 2016. Y así será cada año: caerá el importe de las nuevas pensiones. La consecuencia será que los españoles que se jubilen en 2050 (los nacidos en 1983) cobrarán un 40% menos de los que se han jubilado en 2017, según estimaciones sindicales. O sea, 790 euros de los de entonces.

Esta es la realidad: con las dos reformas ya en vigor, las pensiones futuras serán casi la mitad de las actuales. Y la inflación se comerá además parte de las pensiones de hoy. Así que el problema es doble. Por un lado, asegurar que habrá dinero para pagar esas pensiones recortadas casi a la mitad. Y por otro, intentar buscar recursos para mejorarlas. En total, para tapar el déficit actual de las pensiones, asegurar el futuro y mejorarlo, haría falta ingresar entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Frente a este gran reto, ni el Gobierno ni la oposición proponen medidas serias. Y encima, la ministra de Empleo miente a los pensionistas y al país. Miente cuando dice que “en 2017 se revertió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones…”. Es falso: el déficit de las pensiones aumentó en 263 millones, hasta los -18.800 millones y si bajó en términos relativos (del 1,67% al 1,61% del PIB) es porque la economía creció. Además, si los ingresos crecieron más que los gastos (5,3% frente al 3%), por primera vez, fue porque se empezaron a notar los efectos de los recortes de 2011 y 2013, no porque el sistema se haya saneado. Y miente cuando dice que “las pensiones no han perdido poder adquisitivo”, manipulando las cifras con la subida especial de las pensiones mínimas hecha entre 2008 y 2011: realmente, las pensiones perdieron un -2,2% con la crisis (2007-2017), según datos oficiales.

Además de mentir y tratar de ocultar el grave problema de las pensiones, el Gobierno Rajoy se dedica a lanzar “globos sonda” en TVE y declaraciones, mientras no ha hecho todavía ninguna propuesta oficial de reforma donde debe hacerlo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se reúne desde diciembre de 2016 sin tomar medidas. La primera idea que lanzó la ministra Fátima Báñez, en enero pasado, fue ampliar el plazo de años que se consideran para determinar la pensión (ahora son 21 años y serán 25 años en 2027), hasta toda la vida laboral del trabajador, pero “pudiendo quitar los 5 años peores” (como un “caramelo” para endulzar la propuesta). Se diga lo que se diga, para la mayoría de trabajadores, considerar toda la vida laboral (en vez de los 21 o 25 últimos años) supone tomar en cuenta cotizaciones más bajas (las de hace 30 o 40 años) y por tanto, rebajar la pensión resultante, entre un 15% y un 35%, según los expertos del Instituto Santa Lucía.

Otra “propuesta milagro” adelantada por la ministra Báñez es permitir que los mayores de 65 años puedan trabajar estando jubilados, para que así coticen y mejoren las cuentas de la Seguridad Social. Actualmente sólo se permite seguir trabajando si se cobra el 50% de la pensión y la idea sería permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión, una propuesta que también ha hecho la OCDE, donde sólo hay 7 países de los 35 que restringen trabajar a los jubilados. La iniciativa “suena bien”, pero tiene dos graves problemas de fondo: uno, que muchos mayores no tienen fácil seguir trabajando e incluso trabajar a secas (recordemos: hay casi un millón de mayores de 50 años en paro). Y el otro, que un 37,4% de los jóvenes españoles está en paro y hay que darles una oportunidad, dejarles paso.

Mientras la ministra Báñez lanza “globos sonda”, el Gobierno Rajoy utiliza el BOE para aprobar por decreto ley, una medida que refleja su forma de pensar: apoyar a los Planes de pensiones privados, aprobando el viernes pasado que los Planes se puedan rescatar en 10 años, para “quitar el miedo” a que los trabajadores los contraten por ser un dinero “cautivo”. Y además, le bajan las comisiones, a ver si así evitan que los Planes de pensiones privados sigan decayendo : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Así que Rajoy trata ahora de reanimarlos.

Si el Gobierno no propone medidas para salvar las pensiones públicas y sólo aprueba un decreto (muy criticado por los expertos) para salvar los Planes de pensiones privados,  la oposición tampoco hace mucho. El PSOE se descolgó en enero con imponer un impuesto especial a la banca, similar al que propuso antes Podemos, una propuesta que “suena bien” a muchos pero que no deja de ser una “ocurrencia populista”. Primero, porque es insuficiente: sólo aportaría 1.860 millones, el “chocolate del loro” para lo que necesitan las pensiones. Y, sobre todo, porque se penaliza a un sector frente al resto, la banca, que nos trasladaría a los clientes ese mayor coste, en forma de comisiones y tipos, además de penalizar a la banca española frente a la del resto del mundo.

Es hora de dejarse de “globos sonda” y “propuestas populistas”, para afrontar con seriedad el grave problema de las pensiones, que es estructural: los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente (aunque haya 2 millones más de españoles cotizando, pero con sueldos bajos) para hacer frente al aumento de las pensiones, que pasarán de los 9,5 millones actuales a 15 millones en 2050, con menos activos que hoy (por la caída de la población) . Un problema que es doble: poder pagar las pensiones futuras y tratar de revertir los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy, porque si no, las pensiones futuras serán un 40% más bajas que las actuales.

Para afrontar ambos retos hace falta ingresar esos 50.000 a 80.000 millones más en 20 años de los que antes hablaba. ¿Cómo? No hay una solución mágica y los expertos coinciden en abordar un abanico de medidas a medio plazo, en dos frentes: por un lado, quitar lastre, costes, a la Seguridad Social, y por otro, conseguir más ingresos.

La Seguridad Social puede conseguir ahorros importantes por cuatro vías. Una, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas”: son 3.700 millones anuales de pérdida de cotizaciones, que deberían suprimirse o pagarse con cargo a los Presupuestos. Y lo mismo el coste del Ministerio de Empleo, 4.000 millones, que paga la Seguridad Social. Otra fuente de ingresos sería pagar el subsidio de desempleo a más parados (el 49,5% no lo cobra) y cotizar por ellos a la SS, lo que le aportaría 1.000 millones más. Y en cuarto lugar, subirla cotización a los sueldos más altos (hoy tienen un tope en 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), con lo que se podría ingresar 7.500 millones más. En total, con estas 4 medidas, se conseguirían 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y poder subir más las pensiones actuales. Y si no queremos aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos caminos: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir cotizaciones a empresas y trabajadores, es viable porque tenemos unas cotizaciones más bajas que en Europa: ingresan el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo de Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Igualarnos a las cotizaciones de la zona euro permitiría a la SS ingresar 34.000 millones más cada año. Y si se aprobara una subida menor, para no penalizar tanto el empleo, podrían ingresarse 20.000 millones más en un horizonte de 4 años. Es defendible que empresas (ahora con beneficios) y trabajadores coticen más, sobre todo si se defiende que ahorren para pagar un Plan de pensiones: mejor que peguen ese extra a la Seguridad Social.

Y quedaría recaudar entre 12.000 y 42.000 millones más, por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer porque, como reiteran la Comisión Europea y los expertos fiscales, España recauda mucho menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a asegurar las pensiones y el resto a bajar el déficit y aumentar los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar la sanidad, la educación, la Dependencia y los gastos sociales.

Al final, el PP y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de aumentar los ingresos, sino que prometen bajarlos, lo que complica aún más el futuro (de las pensiones y del gasto social). Y por eso, todas sus propuestas van dirigidas a la otra parte de la ecuación, a reducir el gasto con más recortes, como sería considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. No se engañen: todos los que no propongan aumentar ingresos, vía ahorro de costes en la SS, cotizaciones y mayor recaudación fiscal, están proponiendo más recortes. Que lo sepan.

Pensiones: muchos Planes y ninguna reforma

Diciembre es el mes de los Planes de pensiones privados: bancos, financieras y aseguradoras nos bombardean con campañas, aprovechando el temor por las pensiones públicas. Pero los Planes están de capa caída : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Todo porque es un dinero "cautivo" y los Planes son poco rentables y pagan altas comisiones, El Gobierno Rajoy ha tratado de reanimar a los Planes, aprobando medidas para hacerlos más atractivos, “un parche” según la OCDE. Entre tanto, Gobierno y “oposición” llevan más de un año debatiendo la reforma de las pensiones públicas, sin alumbrar ninguna medida. El parto se retrasa, mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo, sigue el déficit (-17.500 millones) y se agota la “hucha” de las pensiones, obligando a pedir un crédito para pagar la extra de Navidad. Urge tomar medidas para garantizar las pensiones públicas. 

enrique ortega

Los Planes de pensiones privados cumplieron este verano 30 años, al aprobar el gobierno de Felipe González, en junio de 1987, la Ley de Planes de pensiones, que ya existían en toda Europa. Entre 1998 y 2006 fue la época dorada de los Planes, triplicándose los partícipes y el dinero aportado. En 2007, el empuje aflojó, al suprimirse algunas ventajas fiscales, y empezó el declive a partir de 2008, con la crisis, hasta hoy: se han perdido 1.100.000 partícipes (hay 8 millones de españoles, 3 de cada 10 personas entre 25 y 65 años), se han reducido las aportaciones (de 8.093 millones en 2008 a 4.972 en 2016) y han subido los rescates (de 3.301 a 4.728 millones, por los parados que han pedido su Plan), con lo que en 2017, por primera vez en 30 años de Planes, el saldo será negativo: los rescates superarán a las aportaciones. Y los partícipes aportan cada año menos dinero a sus Planes: de los 800 euros de media en 2004 se ha pasado a 400 aportados en 2016. Y dos tercios de los partícipes (64,6%) no aportaron nada el año pasado, mientras otro 22% aportaba menos de 900 euros.

Como se ve, los Planes de pensiones privados están de capa caída, por muchas campañas que hagan los bancos, financieras y aseguradoras, campañas que son “engañosas”: ofrecen un regalo (del 2 al 4% de lo aportado o traspasado), pero la mayoría exigen una aportación mínima de 3.000 euros, aportación que sólo hacen una minoría, el 4% de los partícipes. Actualmente, hay 35 entidades que venden un rosario de Planes (más de 2.700), aunque es un negocio controlado mayoritariamente por los tres grandes bancos, CaixaBank (23,6% del mercado), BBVA (20%) y Santander (13,3 % si le sumamos los Planes de Allianz Popular), a los que añadir Bankia (6,2%), Ibercaja (5,7%), Mapfre (4,8%), Fonditel (3,5%) y Sabadell (3,3%), para totalizar el 80% del mercado. Los Planes tienen un patrimonio de 109.244 millones, sólo un 5,5% del ahorro de los españoles, colocado en depósitos (860.562 millones, el 40% del ahorro), Bolsa (450.000 millones, el 21%), Fondos de inversión (302.000 millones, el 14%) y seguros (243.000 millones, el 11,4%), según los datos de INVERCO (2017).

Los Planes de pensiones han tocado fondo porque los trabajadores (hay 7,5 millones de planes individuales, el 40% de los empleados) no los ven atractivos: supone inmovilizar un dinero durante muchos años (que sólo se puede rescatar en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o desahucio) y saben que recuperarlo luego supone pagar un buen pico a Hacienda en impuestos. Además, hay que pagar altas comisiones anuales (el 1,50% y más), mayores que en el resto de Europa, y los Planes tienen una baja rentabilidad (2,04% de media en 2016), inferior a la de la Bolsa o los Fondos de Inversión. Y tampoco ven claros los Planes de pensiones las empresas (sólo un 0,4% de empresas los tienen, con 2 millones de trabajadores incluidos en planes de empleo), que han recortado sus aportaciones y ya no incluyen en los Planes, en muchos casos, a los nuevos contratados.

Las entidades que venden Planes de pensiones (bancos) han lanzado un SOS al Gobierno, pidiendo ayuda para insuflar oxígeno a un producto de ahorro que languidece. Y además, han tenido la peregrina idea de proponer una aportación “cuasi obligatoria”  a Planes privados de pensiones: un 2% de los sueldos lo aportarían las empresas y otro 2% los trabajadores… Así tendrían un negocio “cautivo” y “redondo”. Y nadie les dice que sería mucho más sensato subir las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, que son más bajas en España que en otros paises, para consolidar así las pensiones públicas y reducir su déficit, en lugar de alimentar un negocio privado plagado de comisiones.

Pero el Gobierno Rajoy ha recogido de alguna manera el guante de salvar los Planes de pensiones y ha aprobado por decreto, el 13 de noviembre, dos medidas, para reanimar la campaña de Planes de la banca. Una, rebajar la comisión máxima de los Planes del 1,75 al 1,45% (a partir de mayo de 2018). Y la otra, permitir que los partícipes de un Plan recuperen el dinero a los 10 años, no al jubilarse. La OCDE ha calificado este “reforma de urgencia” del Gobierno como “un parche”, porque las comisiones siguen siendo más altas que en Europa (en Reino Unido tienen un tope del 0,9%) y, sobre todo, porque “desvirtúan” lo que es un Plan de pensiones (ahorrar para la jubilación), transformándolos en “Planes de ahorro” sin más.

Eso sí, Planes de ahorro con desgravación fiscal, algo muy injusto y que la Comisión Europea ha calificado en varias ocasiones de “fiscalmente regresivo”. Porque todos los españoles costeamos que una parte, los que tienen Planes, se desgraven en el IRPF por ellos. En 2015, la desgravación por Planes costó 5.000 millones de euros y benefició sólo a 2,8 millones de contribuyentes, 1 de cada 6 españoles que declaran a Hacienda. Y los que más se benefician de esta desgravación son los que más ganan: 1,23 millones de contribuyentes, el 44% de los que desgravan por Planes, ganan más de 30.000 euros al año. Y cuanto más ganan, más aportan (el límite son 8.000 euros anuales) y  más desgravan. Así que tenemos  unos Planes en claro declive que sólo sobreviven gracias a una desgravación costosa que beneficia sobre todo a los más ricos. Urge cambiarlo.

Mientras el Gobierno Rajoy auxilia a los Planes de pensiones privados, deja languidecer la reforma de las pensiones públicas. La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia en el Congreso las medidas a tomar, lleva ya más de un año de reuniones (desde el 22 de noviembre de 2016), sin avances, mientras el Gobierno no ha vuelto a reunir desde marzo a sindicatos y patronal para hablar de las pensiones. Y todo apunta a que, con el problema de Cataluña, no habrá avances hasta 2018. Incluso se habla de que las posturas entre PP, PSOE, Podemos y C´s están muy encontradas y que la reforma de las pensiones podría retrasarse sine die, máxime si Rajoy convoca elecciones en junio de 2018, como es posible.

La reforma de las pensiones públicas está atascada y eso es especialmente grave porque se mantiene la asfixia financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit previsto en 2017 será de  -17.299 millones de euros (según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas), tras cerrar 2016 con un “agujero” de -18.500 millones, porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, debido a la mala calidad del empleo (más empleados que cotizan menos). Y ahora , la Seguridad Social ha casi agotado la “hucha” de las pensiones (quedan 8.095 millones, tras haber tenido 66.815 millones en 2011), con lo que ha tenido que recurrir a un crédito del Estado para pagar la extra de diciembre y la pension del mes (17.400 millones de desembolso total). Y cada mes aumentan los pensionistas (ya hay 8.679.378 pensionistas), que se jubilan con pensiones más altas (1.308 euros de media las altas en octubre).

Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Las pensiones públicas exigen una reforma urgente para hacer frente a dos problemas. Uno, la falta de recursos para revalorizar las pensiones actuales, lo que llevó a Rajoy a aprobar en 2013 un ajuste (el “Factor de Sostenibilidad”) para que las pensiones sólo suban un 0,25% anual hasta que las cuentas mejoren. Y eso no pasará hasta 2040, según el Banco de España, con lo que estos 25 años, las pensiones perderán hasta un 35% de poder adquisitivo. O sea, que una pensión de 700 euros hoy (son la mitad) quedaría en 455 euros reales en 2040. Y si se quiere evitar, subiendo las pensiones como los precios, el déficit de la SS subiría a 70.000 millones anuales, según FEDEA. El otro problema, más grave, es demográfico: en 2050, España será el país más envejecido de Europa y un tercio de los españoles tendrán más de 65 años, con lo que el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años (90 frente a 83 hoy). Y mientras este envejecimiento aumentará el coste de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando (900.000 activos menos en 2025). En definitiva, más jubilados viviendo más años y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones. Oscuro panorama.

Para hacer frente a estos dos grandes retos, revalorizar las pensiones actuales y pagar las futuras, hace falta una cosa: más ingresos, entre 50.000 y 80.000 millones más de aquí a 20 años. Y hay que conseguir este dinero extra por dos razones. Una, por justicia, porque se debe, ya que España gasta en pensiones menos que el resto de Europa: un 10,6% del PIB en 2016, inferior al 11,6% de la UE-28 y muy por debajo de ocho paises europeos menos envejecidos como Italia (15,8%), Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%), Portugal (13%), Eslovenia (11,4%), Polonia (10,8%) y Alemania (10,6%), según la OCDE. Y la otra, porque se puede: España ingresa menos que la mayoría de Europa tanto por cotizaciones sociales como por impuestos.

Hay pues dos vías para conseguir esos ingresos extras que necesitan las pensiones. Una, subir las cotizaciones sociales, aunque no le guste a nadie porque puede penalizar el empleo (según  se haga). Pero hay margen para subirlas: los ingresos por cotizaciones netas suponen en España el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Y otro tanto pasa con los impuestos: la recaudación fiscal en España supone el 38,2% del PIB (2016) frente al 46,1% del PIB que recaudan los paises euro y el 44,8% del PIB que ingresa la UE-28. Eso significa que si recaudáramos como la eurozona, España ingresaría 86.900 millones más en impuestos cada año.

Así que se pueden salvar las pensiones, con más ingresos, siempre que se acuerde subir las cotizaciones (a empresas y trabajadores, que ya gastan dinero extra en contratar Planes de pensiones poco rentables) y se suban los impuestos, no a los trabajadores y pensionistas que ya pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, que pagan legalmente menos y que defraudan más (en España y en los paraísos fiscales). Además, habría que hacer algunos ahorros en la Seguridad Social, como quitar las bonificaciones de cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones de ingresos anuales que pierde la SS), porque son poco eficaces. Y quitar del presupuesto de la SS el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. Y por último, tomar medidas serias para fomentar la natalidad (para aumentar los cotizantes futuros) y mejorar la calidad del empleo, porque los contratos temporales y por horas son un torpedo letal para las cotizaciones y las pensiones.

La prioridad debería ser salvar el sistema público de pensiones, no los Planes privados. Es una irresponsabilidad, del Gobierno y la “oposición”, haber perdido más de un año sin aprobar la reforma. Cataluña es importante pero no más que asegurar las pensiones actuales y futuras. Hay que acelerar la reforma, porque las medidas tardan décadas en hacer efecto. Hay soluciones, pero no sin subir cotizaciones e impuestos. Los trabajadores tendrán que pagar algo más para asegurarse una pensión digna. Y una minoría de españoles, las empresas y contribuyentes más privilegiados, tendrán que ayudar pagando más impuestos. Así que si oye al PP y a Ciudadanos que van a bajar los impuestos en 2018, sepa que están poniendo en peligro sus pensiones, además de la sanidad, la educación y el resto del Estado del Bienestar. No se pueden salvar las pensiones sin más ingresos, salvo que haya más recortes, como los aprobados en 2011 (ZP) y 2013 (Rajoy). Si es así, que lo digan.