Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

Dependencia: las autonomías racanean

Media España protesta por la preocupante situación de la sanidad pública, pero apenas se oyen quejas por los graves problemas de la Dependencia, que tiene desatendidos a 353.965 dependientes, la mayoría mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía. Y encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia. Además, las autonomías intentan atender más dependientes con los mismos recursos, ofreciéndoles pequeñas ayudas y servicios low cost, que obligan a las familias a copagos y muchas horas para atender a sus dependientes. En resumen: la Dependencia es un derecho social sin recursos y donde las autonomías, que la gestionan y medio financian, “racanean”, mientras hay 6.230.000 españoles potencialmente dependientes. Urge forzar a las autonomías a que atiendan mejor a nuestros mayores. Piénselo al votar el 28-M.   

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado de Bienestar en España, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Echó a andar en enero de 2007, con la Ley de la Dependencia, pero ha sido siempre “la pariente pobre” del sistema de protección social, con una escasa financiación desde el origen, que se agravó a partir de 2012, cuando el Gobierno Rajoy y las autonomías aprobaron drásticos recortes: entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en -6.321 millones, lo que ha provocado retraso en los expedientes, una abultada lista de espera y ayudas y prestaciones escasas, para tratar de atender a más dependientes con menos recursos públicos. Si la sanidad o la educación sufren falta de recursos y medios, en la Dependencia la escasez es la norma.

Para afrontar esta persistente falta de recursos, en enero de 2021, el Gobierno y las autonomías pactaron un Plan de Choque, para relanzar la Dependencia, con un compromiso del Estado central de aportar 1.845 millones extras (+600 al año) para Dependencia de 2021 a 2023. Eso suponía más que duplicar la aportación estatal a financiar la Dependencia, pasando de 1.348 millones que aportó el Estado en 2020 a 3.229 que aporta en los Presupuestos de 2023. En contrapartida, las autonomías se comprometían también a aportar más recursos y a agilizar la gestión de la Dependencia, que es de su competencia. Pero apenas lo han hecho. En 2021, sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y en 2022, a falta de datos de cierre, su gasto habrá sido similar. Con un agravante: hay autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado a la Dependencia para “hacer Caja”, para ahorrar ellos y gastarse menos.

Lo ha denunciado la Asociación de Directores de Servicios Sociales: 10 autonomías aprovecharon el primer año del Plan de choque (2021) para gastar menos en Dependencia del aumento que les aportaba el Estado, “ahorrándose” en conjunto 309 millones, que gastaron en otras cosas (no en los dependientes). Son Castilla y León (recibieron 52,17 millones más y gastaron 39,02 millones menos: 91 millones “ahorrados”), Galicia (58 millones “ahorrados”), Aragón (26), País Vasco (36 millones), Navarra (10), Murcia (18), Extremadura (22), Canarias (17), La Rioja (6 millones) y Castilla la Mancha (la única que gastó más, 1,94 millones, pero una cifra menor a los 27,98 millones extras recibidos: “ahorro” de 25 millones). Sólo 3 Gobiernos autonómicos aumentaron más su presupuesto en Dependencia que el dinero extra que recibieron del Estado central: Comunidad Valenciana (recibió +43,38 y gastó +51,40), Cantabria (gastó 8 millones más de los recibidos) y Asturias (+16 millones).

Por si esto fuera poco, las autonomías no se han gastado todo el dinero recibido del Estado para financiar el nivel mínimo (la aportación fijada a cada dependiente, según su Grado). En 2002, se han quedado sin gastar 55 millones (según los Directores de Servicios Sociales), que se suman a los 75,77 millones para la Dependencia que tampoco se gastaron en 2021. Consecuencia: Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero no gastado por las autonomías a Hacienda. El sistema establece que el Estado central aporta una cantidad por dependiente  (nivel mínimo) y la autonomía tiene que completarla con otra aportación similar. Si no lo hace, porque busca ahorrar o “hace Caja”, esa ayuda presupuestaria se pierde y el dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

La escasa financiación de la Dependencia, ahora sobre todo por las autonomías, sigue provocando problemas a los dependientes y sus familias. Los gobiernos autonómicos llevan años tratando de “estirar el chicle” de los recursos escasos, con varios “trucos” para frenar gastos. El primero es “retrasar” las valoraciones de los dependientes que solicitan ayuda, para así retrasar los pagos y ayudas. Los datos del IMSERSO son claros: a finales de 2022, había 1.982.018 solicitudes de dependencia (casi 90.000 más que un año antes) y sólo se habían valorado 1.850.208 solicitudes, por lo que había 131.810 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados” y en espera, una cifra que se mantiene alta desde 2009 (120.213 en espera de valoración) y que apenas bajó en los últimos años (141.556 en espera de valoración en 2019). El tiempo de espera para ser valorado, según la Ley de Dependencia, son 180 días, pero el tiempo medio real era de 344 días (a finales de 2022). Y hay autonomías donde esta espera media se duplica o triplica, como Canarias (977 días), Andalucía (544) o Murcia (486 días), según los Directores de Servicios Sociales.  

Segundo “truco”, tras “embolsar” solicitudes sin resolver: retrasar la entrega de ayudas y servicios a dependientes a los que ya se ha reconocido una dependencia (grado I, II o III, la más grave). En enero de 2023, había 1.490.860 dependientes con un grado reconocido, pero sólo 1.313.437 eran beneficiarios de alguna prestación o servicio. Así que había 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención, dependientes que tienen legalmente reconocida una ayuda (prestación o servicio), pero que no la reciben, porque la autonomía en cuestión utiliza esta demora para frenar gastos.

Esta lista de espera de atención se ha reducido en los últimos años (era de 310.120 dependientes con derecho reconocido en enero de 2017, bajó a 269.834 en enero de 2019, a 193.436 en enero de 2021 y a 177.423 ahora), pero aquí también hay “truco” de gestión: las autonomías están reduciendo más las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I, 96.561 en lista de espera, los más “baratos” de atender) y menos la de los dependientes más graves (grado II y II, 80.862 en lista de espera, con derecho a prestaciones y servicios más caros). Además, hay gran diferencia en las listas de espera por autonomías. Si la media es del 11,90% (dependientes en espera/total dependientes con derecho), es más del doble en Cataluña (27,08%: 1 de cada 4 dependientes con derecho no reciben nada) y superan la media en la Rioja(18,94%), País Vasco (17,53%), Canarias (16,93%), Extremadura (17,53%), Murcia (17,43%) y Andalucía (11,91%). Y apenas es un problema en Castilla y León (0,18% dependientes en lista de espera), Castilla la Mancha (3,71%), Aragón (4%), Galicia (4,58%), Cantabria (4,74%), Navarra (4,80%) y Madrid (5,38%), según datos del IMSERSO.

Al final, los expertos de la Asociación de Directores de Servicios Sociales suman las dos listas de espera, las de los dependientes que esperan ser valorados y los dependientes ya valorados que no reciben ayudas para hablar de una “lista de espera de dependientes desatendidos”, la lista de espera real, que estiman en 353.965 dependientes: 131.810 en espera de valoración, 177.423 en espera de recibir la ayuda reconocida más otros 21.903 solicitudes que estiman no grabadas (increíble) y otras 22.829 con prestación reconocida pero no efectiva. En total, casi un 18% de dependientes “desatendidos”.

Lo grave no es sólo que estén desatendidos 1 de cada 5,5 dependientes (de una u otra forma), sino que muchos de los dependientes en espera son muy mayores, el 80% con más de 80 años. Y bastantes se mueren antes de recibir ninguna ayuda. Sólo en 2022, 45.360 dependientes fallecieron a la espera de ser atendidos: 19.961 en espera de valoración y otros 25.699 muertos a la espera de recibir una ayuda que tenían legalmente reconocida (ojo, 17.490 de ellos muy vulnerables, con dependencia severa Grado II o gran dependencia Grado III). Son 124 dependientes muertos cada día sin recibir atención. Tremendo.

El tercer “truco” que utilizan las autonomías para frenar el gasto en Dependencia, junto al retraso en la valoración y en la concesión de ayudas, es atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 10 autonomías que “hicieron Caja” en 2021). Para eso, en la última década han apostado por dar ayudas económicas (bajas) a las familias que atienden a sus dependientes en casa y por aumentar los servicios “low cost”, la atención más barata, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los Centros de día, mientras se estancan las ayudas para ir a una residencia, la atención más costosa. De hecho, el gasto por dependiente atendido ha bajado, de 8.145 euros en 2010 se bajó a 7.346 euros en 2015 y a 6.066 en 2021, quedando en 6.124 euros en 2022, según los Directores de Servicios Sociales. Pero aquí, como en las listas de espera, hay una gran desigualdad por regiones: hay autonomías que gastan más, como La Rioja (7.159 euros por dependiente), Castilla la Mancha (6.835 euros) y País Vasco (6.752 euros), y otras mucho menos, como Asturias (4.101), Aragón (4.155), Castilla y León (4.377) y Baleares (4.537 euros).

La ayuda que llega a más Dependientes es la prestación económica a los familiares que los cuidan, que reciben casi el 30% (517.053 beneficiarios de los 1.1313.437 que reciben ayudas). El importe medio que se paga es bajísimo (234,96 euros en 2022, variando entre 139,40 para dependientes con Grado I, 240,70 los de Grado II y 334,80 euros los de Grado III). La 2ª ayuda más utilizada por las autonomías es la teleasistencia, la que menos les cuesta y la que más ha crecido: la reciben 351.993 dependientes, el 20,38% del total. La 3ª más usada es la ayuda a domicilio, que reciben 322.595 dependientes y que supone una atención mínima, que va de 15,2 horas al mes a los de Grado I a 57,1 horas al mes (una media de 2 horas y media diarias de lunes a viernes, claramente insuficiente para ayudar a la familia con un dependiente que no se puede valer). Le sigue la prestación vinculada a servicio (187.214 beneficiarios, el 10,84% del total), un cheque que se entrega a las familias para que contraten una ayuda a domicilio, un centro de día o noche o una residencia, aportando una parte y teniendo que pagar la familia el resto (en el caso de una residencia, se les aporta 513 euros de media, menos de la tercera parte del coste). En 5º lugar está la concesión de una plaza en una residencia, donde sólo hay 175.756 dependientes, el 10,19% del total. Y la 6ª ayuda, que reciben 97.929 dependientes (el 5,67% restante) es una plaza en un centro de día, otra prestación barata y donde se han perdido plazas desde 2019.

Estas ayudas son también muy desiguales entre autonomías, porque unas utilizan más el cheque (supone la mitad de prestaciones en Extremadura y un tercio en Castilla y León y Canarias) y otras la teleasistencia o los centros de día, apostando todas por las ayudas económicas a las familias, con importes muy diferentes. El resultado es que las familias de los dependientes cada vez pagan más servicios y más porcentaje del gasto total en Dependencia: si en 2009 aportaban el 14,7% de la financiación total (572 millones), en 2019 ya aportaban el 20,7% y en 2022 siguen financiando el 20,5% del gasto total (aportaron 1.994 millones). El Estado central ha pasado de aportar el 15,5% en 2019 (menos que las familias) al 26,5% en 2022, tras el Plan de Choque. Y las autonomías, que financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019 ahora financian el 53% (y será menos en 2023). El objetivo es aumentar la aportación del Estado central y que los Presupuestos y las autonomías financien al 50% la mayor parte del gasto en Dependencia.

De momento, el Plan de Choque ha ayudado algo, pero no ha tenido éxito por la escasa mayor aportación de las autonomías, con 10 de ellas “haciendo Caja”. Su primer objetivo, reducir la lista de espera en 60.000 personas en 2021 no se ha cumplido: se redujo en 38.807 personas y otras 15.923 en 2022. Tampoco han mejorado mucho las prestaciones: se buscaba que el 100% de los dependientes tuvieran acceso a teleasistencia y el 69% de los dependientes atendidos en domicilio no la tienen. Tampoco han mejorado lo previsto (+17%) las horas de atención domiciliaria (+0,6%). Ni se ha logrado la mejora en las prestaciones económicas (+17%): de hecho, han caído un -1,7% (de 239 euros en 2020 a 234,96 euros de media en 2022). Solo el Presupuesto estatal ha cumplido, duplicando la aportación del Estado central a la Dependencia (de 1.383 millones en 2020 a 2.575 en 2022).

A pesar del Plan de Choque, la realidad es que la gestión de la Dependencia está en manos de las autonomías y cada una va a su aire, desde el presupuesto que dedican hasta la gestión de las valoraciones y listas de espera, las ayudas y los servicios que prestan y sus modelos de organización y gestión. Teniendo en cuenta todos estos factores, la Asociación de Directores de Servicios Sociales lleva valorando cada autonomía y dándoles una nota desde 2008. En el último ranking de 2022, suspenden la gestión de la Dependencia 10 autonomías: Murcia (2,4 puntos sobre 10 y ya era el farolillo rojo en 2008), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8 puntos, ojo: tenía un notable en 2014 y 5,3 puntos en 2021), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7). Aprueban otras 9 regiones, destacando el notable de Castilla y León (8,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Andalucía (7,6), con aprobados altos de Madrid (6,5) y Comunidad Valenciana (6,2, una autonomía suspendida hasta 2020 y que era la 2ª peor en 2008).

Ahora, todo dependerá del resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aunque las campañas están más centradas en la sanidad y la Educación que en la Dependencia. Tras los resultados y las elecciones generales de diciembre, haría falta otro Plan de Choque para la Dependencia, donde el próximo Gobierno y las nuevas autonomías pactaran de verdad un empujón de fondos y mejor gestión. Acabar con las listas de espera tiene un precio: aumentar +1.086 millones anuales el gasto en dependencia, según estiman los Directores de Servicios Sociales. Se puede, porque el gasto total en  Dependencia es asumible, 10.495 millones en 2022, el 0,8% del PIB, la mitad que los paises de la OCDE y muy por debajo del gasto en pensiones (12% del PIB). Y hay que reforzarlo porque se estima que hay 6.230.355 españoles potencialmente dependientes (y hoy atendemos sólo a 1.313.437). Habrá que gastar más en Dependencia en el futuro y por eso urge reforzar los ingresos del sistema y mejorar su gestión. No podemos desatender a nuestros ancianos y jóvenes dependientes.

Plan de choque para salvar la Dependencia

La pandemia ha afectado más a los mayores y especialmente a los dependientes, porque más de la mitad superan los 80 años. Con el confinamiento y la menor movilidad, se han reducido las solicitudes y resoluciones y también los beneficiarios de la Dependencia. Y si hay menos dependientes esperando ayudas es porque muchos murieron en 2020: lo más dramático es que fallecieron 55.487 dependientes esperando una resolución (21.079) o recibir una ayuda que ya tenían reconocida (otros 34.408 fallecidos). Fueron 152 muertos diarios desatendidos por el sistema de Dependencia, que ha cumplido 14 años con serios problemas de fondo: falta de financiación, recortes, demasiada burocracia y exceso de prestaciones “low cost”. En enero, Gobierno y autonomías acordaron un Plan de choque para la Dependencia, para reducir las “listas de espera” (en 66.000 de los 232.243), recortar trámites y mejorar servicios, aportando 3.600 millones más en tres años. Y destinando una parte de los Fondos europeos al cuidado de los mayores dependientes. Se lo debemos.

Enrique Ortega

El primer año de la pandemia ha sido nefasto para los dependientes y sus familias. El confinamiento de marzo a junio y la Administración a medio gas, más los contagios y muertes, provocaron que hubiera menos solicitudes de ayuda de dependientes (-43.794 durante todo 2020) y menos resoluciones de expedientes (-26.157), con lo que hubo menos beneficiarios de una ayuda a la dependencia: 1.356.473 dependientes, -28.564 beneficiarios que en 2019. El número de beneficiarios de la dependencia cayó en 14 autonomías y sólo aumentó en la Comunidad Valencia (+12.378), Canarias (+722), Baleares (+537) y Asturias (+386), según los datos oficiales del IMSERSO. Y en enero de 2021, las solicitudes, beneficiarios y beneficiarios han vuelto a caer (son ahora 1.354.272 beneficiarios).

Lo que ha mejorado son los beneficiarios que reciben alguna ayuda: 1.124.230 dependientes a finales de 2020, +9.047 que en diciembre de 2019. Pero eso se debe, por desgracia, a que muchos beneficiarios con derecho a prestación han muerto (por la edad, ya que el 52% tienen más de 80 años, o por la COVID 19). De hecho, en 2020 han muerto 245.638 dependientes que tenían una solicitud de dependencia, 41.735 más que en 2019 (por la COVID 19), según los datos del MoMa. De ellos, 170.593 dependientes fallecieron recibiendo una prestación, pero otros 34.408 la estaban esperando, con una resolución favorable, pero ya nunca la recibirán. Como tampoco los 21.079 dependientes fallecidos y que estaban pendientes de valorar por su autonomía, que han muerto sin resolverse su expediente. En total, son 55.487 dependientes que han muerto desatendidos, sin recibir una ayuda que tenían reconocida (34.408) o sin que se resolviese su solicitud (otros 21.079).

Son 152 dependientes “en espera” muertos cada día,  1 cada 9 minutos, a los que ha fallado estrepitosamente el sistema de la dependencia. Y además, el reparto de estos dependientes muertos sin atender (55.487) es muy desigual por autonomías: son muchos en Cataluña (10.525 con derecho reconocido más otros 3.683 pendientes de valorar), Andalucía (6.596+5.387) y  Madrid (5.347+ 2.000), siendo menos en la Comunidad Valenciana (2.127+2.220), País Vasco (2.256 +608) Castilla la Mancha (1.017+1.194), Extremadura (986+900) y Canarias (352 con derecho reconocido+2.220 muertos pendientes de valorar), según los datos del MoMa. Y es también muy llamativo el dato de los beneficiarios con prestación que han muerto en residencias: 44.436 fallecidos, más de la cuarta parte del total de dependientes fallecidos  que recibían ayudas (170.593). El mayor número de fallecimientos en residencias se ha dado en Madrid (323/1000 habitantes), Castilla la Mancha (300,2), Cataluña (282,7), Navarra (277,7) y Aragón (257,7).

Con este aumento de muertes entre los dependientes se explica que “la lista de espera” de la dependencia (los dependientes con derecho reconocido que esperan recibir una ayuda) haya “mejorado”, bajando en -37.611 dependientes durante el año 2020. Aún así, la cifra de los que esperan era muy elevada: 232.243 dependientes en diciembre, el 17,12% del total con derecho reconocido (y ha aumentado a 234.039 en enero de 2021, según el último dato del IMSERSO). Además, hay 6 autonomías que están peor, con un porcentaje de dependientes en espera muy superior a la media nacional: Cataluña (31,86% dependientes reconocidos en espera de ayuda), la Rioja  (29,32%), Canarias (24,38%), Andalucía (19,83%), Cantabria (18,55%) y Madrid (17,60%), todas aumentando en 2020 su porcentaje de dependientes en espera (salvo Cantabria, que los mantiene). Y de las 13 autonomías con menor lista de espera que la media, hay 5 que apenas tienen dependientes en espera de recibir ayudas: Castilla y León (0,11% esperando), Ceuta (2,03%), Navarra (5,5%), Galicia (7,3%) y Castilla la Mancha (7,6%), según los datos del IMSERSO.

Lo que han hecho las autonomías, en los dos últimos años, es bajar más la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I, cuyas ayudas son más baratas) que las de los dependientes severos (Grado II) y los grandes dependientes (Grado III), cuyas ayudas son más costosas. Así, entre 2018 y 2020, la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I) bajaron -15.909 (-10,48%) y la de los dependientes con más problemas (Grados II y III) bajaron -1.885 (-1,9%). Un “efecto escaparate” que atiende antes a los más baratos.

El sistema de la dependencia ha cumplido 14 años en enero de 2021 (la Ley de la Dependencia entró en vigor en 2007) y hay dos datos que señalan su fracaso, al hacer el balance de 2020. Uno, que hay 141.556 dependientes en espera de que se resuelva su expediente, lo que tarda una media de 257 días. Y el otro, los 232.243 dependientes con derecho reconocido pero que esperan que les llegue una ayuda (los que están “en lista de espera”, una media de 173 días). En total, 373.799 dependientes “desatendidos” por el sistema, un tercio de los 1.124.230 beneficiarios con prestaciones. Y como el 52% de los solicitantes de la dependencia son mayores de 80 años, muchos se mueren antes de atenderles (incluso sin pandemia, ya morían 100 dependientes al día sin atender).

¿Por qué ha fallado el sistema de la Dependencia? Básicamente, por falta de financiación. La Dependencia nació sin asegurar sus recursos y con la crisis, fue uno de los primeros objetivos de los recortes de Rajoy, ya en 2012. De hecho, la Administración central recortó su aportación a la Dependencia en -5.864 millones entre 2012 y 2019. Y también hubo recortes en las autonomías, que han tenido que cargar con el 80% del gasto público en Dependencia (cuando la Ley preveía que se costeara a medias entre el Estado y las autonomías): en 2019 aportaron 8.607 millones (83,9% del gasto público) y la Administración central 1.386 millones (el 16,1% restante), lo que obligó a las familias de los dependientes a un copago del 21% del gasto total en dependencia (2.656 millones restantes), según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos recortes y la escasez de Presupuestos han obligado a las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, a buscar “trucos” para mantener el sistema, para intentar atender a más dependientes con pocos recursos: retrasar la resolución de expedientes, mantener las listas de espera para retrasar las ayudas y buscar ayudas “low cost” (más baratas) para los dependientes (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…). En definitiva, retrasar la atención y tratar de hacer más con menos, deteriorando el servicio.

El sistema de la Dependencia hacía aguas por todas partes y la pandemia ha sido la puntilla, con el trágico balance de 55.487 dependientes muertos sin atender. Pero también ha sido una oportunidad para tomar medidas: el 15 de enero se aprobó por unanimidad, entre el Gobierno y las autonomías, un Plan de choque que aportará 3.600 millones extras para la Dependencia en tres años. Los primeros 623 millones se han incluido ya  en el Presupuesto 2021, en 2022 habrá otros 1.200 millones y 1800 más en 2023. Este dinero extra irá para aumentar la financiación del Estado a la dependencia y para aumentar un 20% las cuantías mínimas que se pagan a los dependientes (quedarán en 60 € mensuales las ayudas al grado I, 94 € las ayudas al grado II y 235 € las ayudas al grado III). 

Con ello, se espera que en 2021 haya 100.000 dependientes más que reciban ayudas, lo que permitirá reducir la lista de espera en 66.305 dependientes (1 de cada 4), dejándola en cero en 11 autonomías que hoy la tienen baja (todas salvo Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria y Madrid). Y no habrá “lista de espera” de la Dependencia a finales de 2023.

Además, el Plan de choque se compromete a reducir la burocracia de la Dependencia, unificando los dos expedientes actuales (uno para determinar el grado y otro para reconocer la ayuda) y agilizando los trámites de las autonomías, que ahora tardan 430 días. Y se pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan: generalizar la teleasistencia (en 2022 la recibirán todos los Dependientes), ampliar las horas de asistencia a domicilio (de 32,7 a 38,3 semanales), mejorar las prestaciones familiares (+18%) y, sobre todo, mejorar la atención en las residencias, paliando la falta de profesionales y cubriendo las 15.000 plazas en las residencias públicas que han quedado “vacías” con la pandemia. Además, hay un compromiso de los Gobiernos autonómicos a gastar más en Dependencia, sobre todo las 9 regiones que gastan menos que la media (183 euros/habitante): Canarias (95 €/habitante), Galicia (142), Baleares (143), Murcia (152), Andalucía (161), Comunidad Valenciana (168), Cataluña (171), Aragón (174) y Madrid (179), según datos de los Directores de Servicios Sociales.

Además, la Dependencia va a beneficiarse también de los Fondos europeos, dado que la economía de los cuidados es uno de los 10 programas de inversión de Plan de recuperación aprobado por el Gobierno en octubre y enviado a Bruselas. Este año 2021, la previsión es invertir 910 millones en cuidados a los mayores y dependientes, de los que 730 millones serán ejecutados por autonomías y Ayuntamientos. Y la mitad de toda esta inversión de los Fondos europeos en cuidados  (al menos 361,7 millones en 2021) va a destinarse a mejorar y ampliar las residencias de ancianos, donde existe un déficit de plazas públicas.

Al final, parece que la pandemia va a conseguir lo que no se ha logrado en 14 años: que haya recursos para atender a los dependientes, la 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, educación y pensiones), aún más desatendida que el resto. Con poco dinero (3.600 millones en tres años) se conseguirá suprimir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes, además de generar 25.000 nuevos empleos en los cuidados, un sector con mucho futuro. Y tras este Plan de choque y las ayudas europeas, habrá que aprobar un Plan de Dependencia a medio plazo, para afrontar uno de los mayores problemas estructurales de España: el envejecimiento (los mayores de 65 años pasarán de ser el 22,9% de la población hoy al 31,4% en 2050, la tercera parte con más de 80 años) y el aumento de la esperanza de vida (86,9 años en 2050), lo que duplicará el número de dependientes, según el CSIC.

Por fin hay un Plan de choque para atender mejor a los dependientes, pero habrá que preparar futuras medidas para atender al doble de dependientes en 2050, igual que habrá que consolidar el futuro de las pensiones, la sanidad y la educación. La Dependencia es una necesidad social y un problema para casi 2 millones de familias, que se encuentran muy desatendidas. Y es también un sector económico de futuro, que aportará   mucho empleo e inversiones en las próximas décadas. Pero sobre todo, es un derecho que les debemos a los mayores, tras toda una vida trabajando: atenderles si no pueden valerse y que no se mueran sin recibir ayuda, como les ha pasado a 155 mayores cada día en 2020. Debe ser una prioridad de la reconstrucción. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.