La vivienda, una "emergencia nacional"

La vivienda agrava sus problemas, con nuevas subidas de los pisos y alquileres. Y el gasto en  vivienda supone ya un tercio del gasto total de las familias, hasta el 42% para las que ganan menos. El problema de fondo sigue siendo que faltan viviendas: la oferta aumenta en 95.000 casas nuevas cuando se crean 240.000 nuevos hogares al año. Así tenemos un déficit de 750.000 viviendas, lo que dispara precios y alquileres. El Banco de España alerta de que estamos ante “una emergencia nacional”, que exige una mayor coordinación entre el Estado y las autonomías, hoy inexistente. Una “emergencia económica”, que frena el consumo, el crecimiento y el empleo, pero también una “emergencia social”: 10 millones de inquilinos agobiados, frente a 5 millones de caseros que ingresan 28.000 millones al año. Dos nuevas “clases sociales” enfrentadas por la vivienda, que agrava las desigualdades sociales. Urge tomar medidas sobre el suelo, la financiación, la rehabilitación de pisos vacíos, los pisos turísticos y de temporada, construyendo más, para aumentar la oferta de viviendas.

              Los alquileres transfieren 28.000 millones al año de los inquilinos a sus caseros

El problema de la vivienda en España sigue de mal en peor, a la vista de los datos del primer semestre. Los precios de la compraventa de vivienda han subido otro +3,5% en el primer trimestre, con lo que los pisos son ya un +12,9% más caros que hace un año, según el INE. El precio medio de venta en junio era de 2.823 euros/m2, según el portal Idealista, un máximo histórico que se dispara en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (6.013 euros/m2) y Barcelona (5.269 euros/m2). Con ello, el precio de la vivienda ha subido un +65,3% en los últimos 7 años (junio 2019-.junio 2026), más del doble que el IPC (+24,8%) y el triple de lo que han subido los sueldos (+21,32%).Y además, la subida de los pisos se acompaña con una subida de los tipos de interés: el Euribor ha subido un +0,717% en el último año (hasta el 2,798% en junio), lo que encarece ahora una hipoteca media (173.331 euros a 25 años) en 66 euros más al mes (792 euros más al año).

Y el panorama de los alquileres es aún peor, con subidas reiteradas impulsadas por una alta demanda de familias que no pueden comprar piso y sólo les queda alquilar. En junio, el precio medio del alquiler era ya de 15,3 euros/m2 (1.377 euros por un piso de 90 m2), según el portal Idealista, pero se disparaba hasta 23,7 euros/m2 en Madrid (2.133 euros por 90 m2) y 23 euros/m2 en Barcelona (2.070 euros por 90 m2), con 29 de las 52 capitales en máximos históricos del alquiler. Unos precios que obligan a muchos jóvenes (y familias) a alquilar por habitaciones, a precios aún más disparados: 521 euros de media, según Fotocasa, que suben hasta 650 euros en Barcelona y 620 euros en Madrid. Y eso después de que los potenciales inquilinos sufran un duro proceso de “selección” (donde quedan fuera muchos jóvenes y familias, sobre todo inmigrantes) y múltiples exigencias, muchas ilegales.

Este oscuro panorama está agravando las cuentas de los 4 millones de hogares (el 20%, con unos 10 millones de personas) que viven de alquiler en España. Según los últimos datos del INE, el gasto de todas las familias españolas en vivienda (alquiler, hipoteca y recibos de agua, luz y calefacción) fue de 11.665 euros por hogar en 2025, el 33,2% de todo el gasto familiar, un porcentaje que ha subido año tras año (suponía el 30,98% del gasto total en 2016). Es la mayor partida de gasto familiar, muy por delante de dos partidas cuyo porcentaje de gasto también crece, la alimentación (16%) y el transporte (11,5%). Pero lo más preocupante es que en las familias con menos ingresos (el 20% con menos renta), el peso de los gastos de vivienda es muy superior: el 41,9% en 2025 (40,1% en 2016). Casi la mitad de su gasto se lo lleva la vivienda, lo que reduce su consumo en otras partidas de gasto, frenando así el crecimiento económico y el empleo.

El problema de fondo es la falta de viviendas: hay poca oferta y mucha demanda. En 2025 se sumaron al parque de vivienda 94.791 nuevas viviendas, según el Ministerio de Vivienda, frente a los 238.990 nuevos hogares creados en el país, según el INE. Y desde 2019, sólo se han sumado 636.486 viviendas al parque existente (27.099.556 viviendas en 2025), mientras la población española crecía cuatro veces más (+2.633.665 habitantes desde 2019). Eso ha ido acumulando un “déficit de vivienda” que el Banco de España acaba de subir de 600.000 a 750.000 viviendas que hacen falta, la mitad concentradas en 6 provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Una “brecha” de viviendas que seguirá creciendo, porque el INE estima que se crearán 2,2 millones de hogares en España los próximos 15 años.

La construcción de nuevas viviendas va muy lenta: las 93.650 viviendas terminadas en 2025 (80.792 “libres” y 12.858 protegidas (VPO) son el tercer peor dato del siglo, frente a las 647.179  construidas en 2007 (579.665 libres y 65.514 VPO), que bajaron a 276.883 en 2010 y al mínimo de 44.630 en 2016, según los datos del Ministerio. Este año, la construcción ha mejorado algo, pero poco: se han iniciado 39.196 viviendas en el primer trimestre (35.148 “libres” y 4.048 VPO, el mejor dato de iniciación de viviendas protegidas desde 2012), un 12,7% más que en el primer trimestre de 2025 (34.779 viviendas iniciadas). Pero, a este ritmo, se terminarán este año unas 105.000 nuevas viviendas, la mitad de las que necesitamos.

Además de construir más viviendas nuevas, habría que poner en venta y alquiler una buena parte de los 3,8 millones de viviendas vacías, la cifra estimada por el Observatorio del Alquiler. Pero ojo, esta medida no sería la panacea, porque la mayoría de estas viviendas vacías están en zonas rurales, en municipios de menos de 100 habitantes (ahí están el 75%), con lo que sólo un 10% de viviendas vacías están en zonas tensionadas, donde ayudaría conceder más ayudas a los propietarios para rehabilitarlas y alquilarlas a precios asequibles.

Otra vía para aumentar las viviendas para alquiler es frenar el desvío de viviendas a los usos turísticos y al alquiler de temporada, dos destinos que buscan muchos caseros para evitar la normativa de los alquileres normales. En España había en mayo 341.001 pisos turísticos, concentrados en Andalucía (90.649), Cataluña (51.305), Comunidad Valenciana (51.268), Canarias (48.356) y Baleares (21.304). Un número que se ha reducido este año, por las trabas de algunas autonomías y Ayuntamientos, aunque han recibido el espaldarazo del Supremo, que emitió en mayo una sentencia que anuló el registro estatal de estos alquileres turísticos, por considerar que es una competencia autonómica. Y otros alquileres que habría que frenar son los de temporada (por meses, para estudiantes y trabajadores), que suponen ya el 27% de todo el mercado del alquiler, según Idealista, superando esa media en Barcelona (55% alquileres son de temporada), San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44%), Girona y Pamplona (41%), Santander (36%) y Granada (35%).

Si se redujeran los pisos vacíos y los alquileres turísticos y de temporada, podría haber 1 millón más de viviendas para alquilar y comprar, bajando los precios. Pero la clave del problema sigue siendo construir más, aumentar la oferta, construyendo al menos 200.000 viviendas al año, una gran parte para destinarla al alquiler a precios asumibles y VPO de renta social. Para relanzar la construcción de viviendas en España , hay que actuar sobre varios factores: suelo, financiación, normativa, costes y mano de obra. Veámoslos. La clave es aumentar la financiación para la vivienda. Se da el contrasentido de que España es el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda (52.200 millones en impuestos estatales, autonómicos y locales, el 6,90% de toda la recaudación), pero es uno de los paises que menos gasta, que menos invierte en vivienda: 7.614 millones en 2025, el 0,45% del PIB, frente a paises que destinan del 1 al 3,5% de su PIB a la vivienda.

La clave está en que las autonomías, que gestionan la vivienda, y los Ayuntamientos gasten mucho más en vivienda, dado que el ladrillo les aporta gran parte de su recaudación. Hasta ahora invierten poco y el 70% de lo que invierten es dinero que les transfiere el Estado. Las autonomías que menos gastan en vivienda son Castilla y León (174 millones entre 2021 y 2024), Cantabria (102 millones) y Murcia, mientras las que más gastan son Cataluña (1.971 millones entre 2021 y 2024, Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones).

Como se ve, inversiones mínimas para afrontar el primer problema de los españoles. El Gobierno Sánchez ha multiplicado la inversión estatal en vivienda, que saltó de los 453 millones que gastaba Rajoy en 2017 a 3.500 millones en 2025. Ahora, el Gobierno aprobó en abril el Plan de Vivienda 2026-2030, que pretende triplicar el gasto del anterior Plan , hasta los 7.000 millones de euros (ojo, sólo 1.400 millones al año). El Plan tiene una novedad importante: el Estado central aporta un 60% de esos Fondos para la vivienda pero sólo a cambio de que las autonomías aporten el 40% restante (en los Planes anteriores sólo aportaban el 28% del gasto total ). En principio, las autonomías gobernadas por el PP (11) se mostraron en contra del Plan, dentro de su política de “desgaste” al Gobierno. Pero luego han echado cuentas y han visto que si lo apoyan van a recibir mucho más dinero para gastar en vivienda. Unos ejemplos: Andalucía recibirá 1.197 millones (+877 millones que en el Plan anterior), Madrid 1.113 (+815 millones), Cataluña 1.015 millones (+473), Comunidad Valenciana 798 millones (+558), Galicia 399 millones (+293), Castilla y León 378 millones (+277) o Murcia 308 millones (+258). Esto explica el “milagro” de que en la reunión de la ministra con las autonomías para desarrollar el Plan de Vivienda 2026-2030, celebrada el 21 de mayo, todas votarán a favor del reparto… Ahora falta que colaboren en la aplicación concreta del Plan y en la efectividad de sus ayudas.

Tras la financiación, el 2º cuello de botella de la vivienda es el suelo, la falta de suelo urbanizado, listo para construir. Los promotores se quejan de que no hay suelo disponible, salvo a precios disparados, pero un experto que lo ha analizado con detalle concluye que hay suelo disponible para construir 7 millones de viviendas… Y de ese suelo, en zonas urbanas hay suelo finalista para construir 3 millones de viviendas (1,5 millones en las 15 principales capitales y áreas metropolitanas). El problema, añade, es que estos suelos llevan bloqueados dos décadas, por problemas en la propiedad (el 70% de este suelo es privado y sólo un 30% municipal), que no quiere o no puede ponerlo en el mercado, porque requiere hacer inversiones que no se hacen: antes los bancos financiaban a dueños del suelo y promotores a ponerlos en el mercado, pero ahora no. Además, mucho suelo urbanizable está pendiente de litigios y recursos  a los  Planes, que se podrían agilizar si se aprobara la reforma de la Ley del suelo que el PP y partidos autonómicos vetaron en el Congreso. 

Además de aumentar la financiación y desbloquear el suelo urbanizable, urge facilitar financiación a los promotores privados y públicos (Ayuntamientos) para promover viviendas, agilizando los complicados trámites administrativos y coordinando las actuaciones (Estado, autonomías, Ayuntamientos, dueños del suelo, promotores, bancos y el ICO), junto con la empresa pública de vivienda (Casa 47). Deberían crearse Comisiones de vivienda autonomía por autonomía y ciudad por ciudad, donde todos buscaran la manera de promover más viviendas. Algo que piden todos los expertos y que no se hace. Y en paralelo, tomar medidas para convencer a los propietarios de que alquilen sus viviendas, con empresas estatales que aseguren los alquileres (como Bizigune en el País Vasco) y con incentivos fiscales a los caseros que alquilen pisos vacíos y a precios “razonables”.

Llevamos años hablando del grave problema de la vivienda pero apenas se avanza en soluciones, básicamente por los enfrentamientos entre el Gobierno y las autonomías que gestionan la vivienda. El Banco de España acaba de alertar de que estamos ante una “emergencia nacional”, que exige acuerdos para evitar que la vivienda frene el crecimiento y el empleo (al reducir el consumo de inquilinos e hipotecados) y la actividad de muchas empresas (turismo, agricultura, industria, comercio) e instituciones (hospitales, enseñanza), que no pueden contratar porque sus trabajadores no encuentran alojamiento.

Pero el problema de la vivienda es también una “emergencia social”, porque condena a no llegar a fin de mes (incluso a caer en la pobreza) a los 4,1 millones de hogares que viven en alquiler (unos 10 millones de españoles). Y esto aumenta la desigualdad. Así, los inquilinos (1 de cada 5 españoles) tiene una renta media anual de 21.335 euros, muy inferior a los 32.120 euros de renta media que tienen los propietarios (14,05 millones de hogares, unos 34 millones de españoles). Y si vemos la renta media de los propietarios que alquilan (el 39% de los caseros tienen una vivienda alquilada y un 61% son particulares con varias viviendas o empresas), es de 51.000 euros anuales (2,39 veces las de su inquilino) y hasta 80.000 euros si alquilan 2 o más viviendas (3,7 veces la renta de sus inquilinos), según un reciente estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC.

A lo claro: el problema de la vivienda se ha convertido en un negocio para unos (2,4 millones de caseros individuales) y en una losa para otros (10 millones de inquilinos), que les “trasfirieron” de sus ingresos 28.000 millones anuales (que agobian sus cuentas y hacen más ricos a otros). Una transferencia de rentas que alimenta la desigualdad, porque casi la mitad de los alquileres se pagan al 10% de españoles más ricos, según el estudio. Y además, encubre otra transferencia, de jóvenes a mayores: un tercio de los pagos por alquiler (el 62% de jóvenes) los ingresan caseros mayores de 65 años…

En conclusión, la vivienda no es sólo un problema sino también “una bomba de relojería social”, porque enfrenta a inquilinos y propietarios y a jóvenes con mayores, provocando una penosa “emergencia social”, que alimenta el descontento y la polarización política. Es hora de alcanzar un Pacto político y social por la vivienda, que reparta costes e ingresos, que ayude a los que más lo necesitan y controle un negocio que antepone la inversión al derecho a la vivienda. O resolvemos esta emergencia económica y social o nos estallará cualquier día.

Zonas bajas emisiones: 100 Aytos rebeldes

Acaba la Semana Santa y volvemos a la rutina, los atascos y la contaminación de nuestras ciudades, que provoca enfermedades y 22.000 muertes al año en España. La principal culpa es del tráfico, razón por la que se aprobó en 2021 una Ley de Cambio Climático que obligaba  a los Ayuntamientos de las grandes ciudades (+ 50.000 habitantes) a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a los coches más contaminantes. Debían implantarlas el 1 de enero de 2023, pero más de 3 años después, los consistorios de 100 grandes ciudades no las han implantado (10 se niegan a hacerlo). Y la mayoría de las 53 ciudades que sí lo han hecho aplican las restricciones en zonas pequeñas y no multan. Además, Madrid acaba de aprobar que los coches sin etiqueta puedan seguir circulando. Esta actitud se explica porque el PP y Vox defienden posiciones negacionistas del Cambio Climático, mientras los límites de contaminación se superan en zonas donde viven 8,4 millones de españoles. Tremendo.

                           Enrique Ortega

La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó en 2021 que 327.000 europeos mueren prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Y en España, un informe de Countdown refleja que 22.000 muertes anuales pueden atribuirse a la contaminación, mientras otras fuentes suben a 30.000 muertes. Esta alta mortalidad se debe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños. Y recuerdan que los grupos más vulnerables a la alta contaminación son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Además de los daños a la salud, el Banco Mundial estima que la contaminación tiene unos costes sanitarios y laborales en España de 44.000 millones de euros.

En España, el aumento del número de vehículos (31,3 millones en 2024, 2 millones más que en 2019) sigue aumentando la contaminación en las grandes ciudades, sobre todo porque casi un tercio del parque de vehículos tienen más de 20 años de vida. Eso provoca que casi 8,4 millones de españoles (1 de cada 6 habitantes) viven en ciudades donde se superan los límites vigentes (Directiva UE 2024/2881 y Decreto 102/2011) de partículas (PM 2,2 y PM 10),ozono y NO2, afectando a una superficie de 83.000 km2 (el 16,5% del territorio), según el último estudio sobre contaminación de Ecologistas en Acción. Pero si tomamos los nuevos límites de contaminación aprobados por la Comisión y el Parlamento Europeo para 2030 (más estrictos, la mitad que los actuales), resulta que 30,95 millones de españoles (2 de cada 3 habitantes) respiran un aire contaminado, en 22 grandes ciudades. Y si somos más estrictos y aplicamos los límites de la OMS aprobados en septiembre de 2021 (la cuarta parte de los vigentes), toda España respira un aire que excede estos límites OMS.

Ante este panorama de contaminación, el Gobierno Sánchez aprobó en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, que no fue aprobada por el Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta contaminación) estaban obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de 2023 (casi 2 años después).

El problema es que la gran mayoría de consistorios (gobernados por PP y Vox) han “remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de 2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se han sumado 8 ciudades más, con lo que son 57 las ciudades grandes (53 de más de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes) que tienen implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las 153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de acceso restringido, 100 ciudades no las aplican más de 3 años después del plazo fijado: 90 están en proceso de instalarlas ("no tienen prisa") y otras 10 ciudades no han iniciado siquiera el proceso, se han declarado “en rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).

Entre las 90 grandes ciudades que tramitan la instalación de una Zona de Bajas Emisiones (3 años y tres meses después del plazo legal: ver listado) hay 3 grandes capitales (Valencia, Murcia y Las Palmas), 7 ciudades grandes-medianas (Vigo, Gijón, Vitoria, Oviedo, Jerez, Móstoles y Santa Cruz de Tenerife), otras 25 ciudades de 100.000 a 200.000 habitantes (Alcalá de Henares, Leganés, Burgos, Albacete, Castellón, Santander, Alcorcón, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Logroño, Huelva, Dos Hermanas, Tarragona, Parla, Mataró, Algeciras, León, Santa Coloma, Cádiz, Jaén, Reus, Ourense, Roquetas, Girona y Barakaldo), más otras 55 ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes (capitales como Lugo, Cáceres, Melilla, Toledo, Ceuta, Ciudad Real, Zamora, Huesca o Ibiza y grandes ciudades como Santiago, Lorca,  San Fernando, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Vélez Málaga, Torrevieja, Talavera, Coslada, Manresa, Gandía, Avilés, Majadahonda, Paterna, Sagunto, Collado Villalba, Irún, Mérida, Granollers, Pinto o Elda).

Pero además, en las 53 grandes ciudades donde sí funcionan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en muchas se dan dos problemas que denuncian expertos y ecologistas. Una, que la zona a la que se aplica la restricción de entrada de vehículos es muy pequeña, con lo que tiene poco impacto real en la reducción de la contaminación (son ZBE “de cara a la galería”). La otra, que muchos de los Ayuntamientos que aplican estas restricciones no multan a los infractores: primero les dieron un plazo de gracia de un año (avisos sin multa) y después muchos Ayuntamientos los han prorrogado y no sancionan realmente, otro factor que resta efectividad a estas 53 ZBE (57 con los 4 municipios pequeños) que si funcionan.

¿Qué ha hecho el Gobierno Sánchez para que los Ayuntamientos cumplan la Ley? La verdad es que poco, dado el constante enfrentamiento político con los consistorios gobernados por el PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de CC, pero que ahora está en una posición más negacionista del Cambio Climático, por presión de Vox). En 2025, tras los 2 primeros años de retraso, el ministro de Transportes (Oscar Puente) amenazó a los Ayuntamientos incumplidores a no transferirles los Fondos europeos destinados a subvencionar el transporte público y fijó una fecha: el 2º trimestre de 2025. Pero al día de hoy, no se conoce ningún caso de un Ayuntamiento que no haya recibido estas ayudas. La otra medida anunciada (sin fecha) es la aprobación de un Decreto-Ley (de los Ministerios de Transición Ecológica y Transportes) para obligar a los Ayuntamientos a multar realmente a los conductores con vehículos contaminantes que entran en las ZBE.

Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo han pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción han llevado a los Tribunales a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.

Otra medida muy criticada por expertos y ecologistas ha sido la reciente decisión (25 marzo 2026) del Ayuntamiento de Madrid de prorrogar indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y poder aparcar en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular esté empadronado en la capital. Estos vehículos sin etiqueta (11.309, el 1,08% de los que circulan) ya tuvieron dos prórrogas antes: una para poder circular hasta finales de 2025 y otra hasta finales de 2026, lo que provocó que muchos propietarios los vendieran. Y ahora se quejan del cambio normativo del Ayuntamiento, provocado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (17 de septiembre 2024) que anuló la prohibición de circular aprobada por el consistorio y recurrida por Vox en noviembre de 2021. Así que ahora, “bula” para los coches sin etiqueta en Madrid.

En definitiva, tenemos un grave problema de contaminación del aire en gran parte de España (recordemos: 2 de cada 3 españoles respiran un aire que supera los límites aprobados por Europa para 2030, una Directiva que el Gobierno debe transponer) y sin embargo, dos de cada tres grandes ciudades incumplen la Ley y no han implantado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y las que sí lo han hecho, ha sido en zonas pequeñas o no multan a los que entran con coches muy contaminantes. Esto es especialmente preocupante porque casi el 60% de los coches que circulan en España no tienen etiqueta (el 29,4%) o tienen etiqueta B (otro 29,7%), mientras el 36,4% tienen etiqueta C y sólo un 5,8% tienen etiqueta ECO y un 1,6% tienen etiqueta 0, según ANFAC. Y el 92,7% de los vehículos que circulan por nuestras ciudades y carreteras son diesel (58,9%) o gasolina (33,8%), los motores de combustión que más contaminan (y sobre todo los viejos: 1/3 vehículos tienen más de 20 años).

Nos quejamos de las inundaciones, olas de calor o los incendios forestales, pero no se toman medidas eficaces para paliar los efectos de la emergencia climática, sobre todo los relacionados con el tráfico en las ciudades. Y a pesar de los informes de los científicos, que aseguran que el origen del problema está en los combustibles fósiles y en el tráfico, crecen los políticos negacionistas, en Europa y en España, muchos en los grandes Ayuntamientos, que no están dispuestos a tomar medidas contra el tráfico y la contaminación, retrasando y boicoteando las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y no se espera la incorporación este 2026 de muchas de las 100 ciudades pendientes, sobre todo porque en mayo de 2027 hay elecciones municipales y tanto PP como Vox irán con la bandera “negacionista”.

Nuestra esperanza sigue siendo Europa, aunque en Bruselas crece el peso de los políticos negacionistas: a la extrema derecha se ha sumado la mayoría del PP europeo, en una alianza que ha conseguido un triunfo en diciembre de 2025: retrasar la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) a después de 2035, retraso que todavía ha de aprobar el Parlamento europeo. Pero, de momento, sigue vigente la nueva Directiva de emisiones (Directiva UE 2024/2881), aprobada en octubre de 2024, que reduce a la mitad los límites actuales de emisiones en los paises miembros para 2030. España tiene que transponer ahora esta Directiva y tomar medidas para cumplir estos límites de contaminación más estrictos (se reducen a la mitad las emisiones permitidas de partículas, ozono y N02) en 2030. Eso puede reforzar al Gobierno frente a los Ayuntamientos “rebeldes”, aunque todo va a depender de la duración de la Legislatura y de las municipales y generales de 2027.

En cualquier caso, reducir la contaminación de nuestras ciudades (que enferma, mata y cuesta mucho dinero) no debería ser objeto de “pelea política”, ya que nos afecta negativamente a todos y deberían pactarse medidas eficaces. Pero la realidad es que la lucha contra las medidas ambientales es una de las banderas de la extrema derecha y de la derecha (de momento en autonomías y Ayuntamientos, pero lo será en toda España si llegan a la Moncloa), a costa de agravar la emergencia climática y de nuestra salud. Deberíamos apostar por ciudades más limpias y con menos coches, aunque nos cueste cambiar de hábitos. Y votar en consecuencia cuando nos toque.

Cotizaciones autónomos: mucha demagogia

Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el 40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos, patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA (patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado: las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y contribuyentes. Una demagogia injusta.

                           Enrique Ortega

Los autónomos en España son una parte importante de los empleados y llevan casi dos décadas superando los 3 millones de personas. En octubre de 2025, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social 3.438.744 ocupados, el 15,74% de todos los cotizantes (21.839.592). Al comienzos de este siglo XXI (1 enero 2000), había en España 2.528.340 autónomos cotizando, el 17,34% de los ocupados, y en 2012 superaron los 3 millones (3.049.047 cotizantes, el 18,47% de todos los ocupados), porque la crisis transformó a muchos parados en autónomos. Y después, la cifra ha ido aumentando poco a poco, hasta los 3.264.711 en 2019 (el 16,93%) y 3.369.335 de media en 2024 (15,93%), aunque perdiendo peso en el total de ocupados porque han crecido más estos años los asalariados que los autónomos. Y la gran mayoría de autónomos (2.958.654 hoy) no tienen asalariados.

Esos 3.438.744 ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso, según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad” (2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades (577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante de “falsos autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización UPTA estima que hay más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la Inspección de Trabajo ha detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.

Veamos el perfil de los autónomos en España, según los datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros) y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55 años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%), las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura (6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%), la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid (439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3) y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.

Un problema tradicional de los autónomos es que la mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado a cotizar más, el 82% de los autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637 cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros 2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y cotizaciones)  por los que cotizan la mayoría de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.

Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012 euros de jubilación media (octubre 2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados (1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad (683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos si se cogen la baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el 4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su base). Y tienen más complicado cobrar el paro (por “cese de actividad”).

Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril 1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS. En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de este año.

En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17 euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000 euros (ver cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas” de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.

La consecuencia de toda esta presión ha sido que el Gobierno ha rectificado y ha congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide “nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas condiciones que sólo se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…

Mientras, los sindicatos se quejan de que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.

Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88% de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus pensiones, al ser tan bajas, han de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos (en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.

Con todo ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones en sus cuentas de 2024, con lo que sólo cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79% que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones, pero porcentualmente mucho menor).

En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones, un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros (que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas) cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”). Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.

Otra reflexión que nadie hace, por parecer  “políticamente incorrecta”: si un autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en que su actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.

En resumen, que las cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo demás es populismo y engañar a los autónomos.

¿Nucleares? No, gracias

Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028. Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en 2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de  cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian, apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir, entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios). Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en 2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.

                 Almaraz debía cerrar en 2020, se prorrogó a 2027 y ahora quieren mantenerla hasta 2030 

Para entender mejor el debate actual sobre Almaraz, conviene hacer primero un poco de historia. En la madrugada del 22 de marzo de 2019, las tres grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y la portuguesa EDP alcanzaban un difícil pacto para cerrar las 7 centrales nucleares de su propiedad: Almaraz I (1 noviembre 2027), Almaraz II (1 octubre 2028), Ascó (1 octubre 2030), Cofrentes (1 noviembre 2030), Ascó II (1 septiembre 2032), Vandellós II (1 febrero 2035) y Trillo (1 mayo 2035). El acuerdo fue posible tras la negociación días antes con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), a la que arrancaron dos cesiones antes de acordar el cierre. Una, ampliar la vida de esas centrales (que debían cerrarse a partir de 2020) entre 7,5 y 10 años más (ver calendario). Y la otra, conseguir que la tasa nuclear (para pagar la gestión de residuos) subiera como máximo un 20% y no el doble que habría subido con el cierre.

¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas (importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el 38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas, una “burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de 15.000 millones en decenas de centrales (67 hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años (de 2002 a 2009), pero aportando el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o agua suficiente).

Y así, las eléctricas estaban contentas con su cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar” las olvidadas nucleares. La Cumbre del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la primera Cumbre nuclear de la historia”.

En paralelo y después, paises y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80, por la gran contestación popular  tras 3 grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil (1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de 14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo ello, la energía nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares, con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos paises de Europa y el mundo. Por eso, la Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.

En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras. Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024 (son como 7 centrales de Almaraz). Y  por otro, las propias eléctricas han reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24 de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y evitar apagones.

Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3% Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8 meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica (7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019), una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.

Los “argumentos” de las eléctricas para prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el 19,4% de la electricidad generada este año (enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7% de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).

Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura. Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la región española con más cuota de energía solar instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables  (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800 MW más). Y que la central fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres) produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía limpia a 334.000 hogares”, según nota de Iberdrola, su dueña…

Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”. La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser desastroso. El 2º problema grave es que generan unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo de la luz) y peligrosos de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El Cabril (Córdoba). El tercer problema, la dependencia de otros paises para el suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón, Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la tecnología de las centrales.

Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio nuclear es más caro (el doble) que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla. Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz. Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo. Veámoslos.

La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9% en 2024, tras caer desde 2018 (salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda (el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en 2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW (2019) a 85.144 MW renovables en 2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW), la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica (17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para 2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última, Trillo, hasta mayo de 2035).

Evidentemente, el debate nuclear no se plantea hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a inaugurar la central fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos (y la abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…) tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP, no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las inversiones en renovables.

Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El presidente Sánchez dice que no está en contra de la prórroga solicitada, aunque pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir, mientras Sumar le presiona a no ceder y las eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a 2015, y que nos ha costado 5.717 millones extras…).

Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II , porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una energía que nos suministra luz más barata (España tiene la tercera  electricidad más barata de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa, según Eurostat: ver cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.

La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3 años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”, a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales (como la 5 restantes) están más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46 y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no necesitamos a unas eléctricas que ganaron 11.249 millones en 2024…

Pero la consecuencia más grave es que la prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio mundo. Y un sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos (hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara, además de invertir más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables en España. Mientras, el Gobierno ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800 millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la industria.

En resumen, que las eléctricas vuelven  a pedir otra prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo sensato sería seguir apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses, oscuramente mezclados. Que no nos engañen.