Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir
o bajar impuestos. Es un debate
político, no económico: la prioridad
de España debe ser recaudar más,
porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con
beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y
necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y
hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas.
Y menos a los más ricos, como defiende el
PP y sus autonomías. Ahora, a falta
de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un
parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y
bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de
autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023.
Por economía, no por ideología.  |
| Enrique Ortega |
Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la
situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión
Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos
poco, menos que el resto de Europa.
Y no es un problema de ahora, de este
Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así,
en
2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9%
que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue
menor en España (36,5% del PIB)
mientras se mantenía estable en Europa (45%)
y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según
la Comisión Europea.
No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de
que España
recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”.
Si se toma un periodo amplio, la década entre
2011 y 2020, España recaudó el 38,7%
de su PIB, frente al 46,1% la UE-28.
Significa que hemos ingresado 85.000
millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones
en la pasada década. Y si tomamos los
datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue
ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y
las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de
Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8%
de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los
demás europeos, España ingresaría entre
38.562 millones (UE-27), 49.407
millones más (Alemania) o 109.600
millones más (Francia)… cada año.
¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo
Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan
comparativamente menos). Porque recaudamos menos
en todos los impuestos. En el
IRPF, somos el tercer país europeo
que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o
Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más
bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras
Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La
culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido
(4%). En el impuesto de Sociedades
(empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB,
por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las
enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes,
alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3%
de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el
alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos
menos por las herencias (-3.250
millones menos cada año que la media UE), las
tasas y los precios públicos.
Al final, tenemos unos impuestos similares a los
europeos, con tipos algo más bajos, pero que
recaudan menos porque son “un queso de
gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación:
las deducciones, exenciones y
bonificaciones fiscales, que además benefician
más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato
reciente: en 2021 se concedieron 39.049
millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación
fiscal. O sea, las deducciones suponen 1
de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la
Renta (11.178 millones) y en
Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital
(intereses y dividendos) pagan un tipo
efectivo (9,2% sobre beneficios)
inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos
porque hay mucho fraude fiscal: la economía
sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13%
en Europa, según
el FMI.
Así que tenemos un
serio problema de baja recaudación, que
acarrea dos consecuencias. Una, que
como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa.
Así ha sido en el pasado (en
2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que
gastaba Europa), después de la crisis
financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en
2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la
pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que
Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público
fuera como el del resto de los países europeos.
Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos
acucian y hay que pagarlos, cubrimos una
parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para
financiarlo. El resultado de que “la
recaudación no nos llegue” es que España
tiene el
6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la
4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000
millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675
millones de euros en intereses, más
“la herencia” de la devolución del
principal a nuestros hijos y nietos.
En definitiva, que por
culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y
encima gastamos menos en lo que hace
falta. Así, España gasta menos en
sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en
Alemania y el 9% en Francia), en
educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2%
Suecia), en gastos sociales (suponen
el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en
Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32%
de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse
de una lista larga de necesidades públicas: vivienda, infraestructuras,
obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación…
Todo menos en pagar el desempleo,
donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.
Visto así, no parece que subir la recaudación sea una
opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en
lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis
seguidas,
la pandemia y la inflación disparada
con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por
“la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el
camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación
(850.000 millones, 140.000 para España)
y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el
4º país con más ayudas públicas
(35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%),
Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su
PIB), según Bruegel.
Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y
la inflación se prolonguen y exijan más
ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino
para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI
y la
OCDE, y más recientemente la
Comisión Europea y el
BCE, organismos poco sospechosos de
ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a
las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se
benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del
BCE, Philip Lane acaba
de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más
rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de
recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más
motivo.
La excepción internacional ha sido la nueva ministra
británica, la conservadora Liz Truss,
que aprobó un plan para bajar
los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año
(172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome
de la libra, porque los
inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la
crisis (lleva
gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su
recaudación. Incluso sus colegas
conservadores estaban en contra,
forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en
Europa es el PP español, con
Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida
estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.
Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas
de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo
que supone descontar la inflación a lo
que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la
medida reducirá la recaudación (que
tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual:
pagarán menos los que más
tienen. En
Madrid, por ejemplo, la
deflactación ahorrará 19 euros
anuales a las rentas más bajas y 110
euros a las más altas. Además, Andalucía
se suma a Madrid y también suprime el
pago por el impuesto de patrimonio a
sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de
recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508
declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de
recaudación al año.
Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las
demás autonomías gobernadas por el PP
(Murcia, Galicia, Castilla y León)
se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar
la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades
gobernadas por el PSOE, Valencia,
Baleares
y Castilla
la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen
bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos,
con un saldo de pérdida de recaudación.
Esta rebaja
autonómica de impuestos es
injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos
contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos
cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido),
que saldrán de sus bolsillos. Injusta
con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica
actual, hay
regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2%
de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja,
Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto
(Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y
sobre todo, injusta con la mayoría de
los ciudadanos: las autonomías
que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid,
Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos
gasta) y gastos sociales (Murcia,
Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se
gasta menos.
El Gobierno ha
querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando
varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo
que España necesita, pero que es
imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar
impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de
subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y
2024.
La bajada de
impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta
a tres grupos. El primero, entre
4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de
21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el
IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en
Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista
medio y 746 euros un soltero). El segundo, los
autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los
módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del
5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y
el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En
total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.
Para compensarlo, se suben
los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos
empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las
pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los
más ricos, con la creación de un nuevo
impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935
contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan
donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000
euros anuales en intereses y dividendos
(del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814
contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera
ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que
se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.
Estos cambios fiscales se suman a los dos
nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la
banca, para recaudar 7.000 millones
extras en dos años, que el Gobierno pondrá en marcha en 2023, con una
Ley ad hoc que tampoco apoya el
PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no
ideológica. Por eso digo que subir
o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos.
Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y
más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar
la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del
país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.
