Auditor que no ve, crisis que te cae encima

El detonante de la crisis de Bankia (y del rescate a la banca) fue una auditoría que revelaba un agujero no aceptado por Rato. Pero ese mismo auditor había dado antes por bueno que Bankia tenía 305 millones de beneficios cuando ahora se sabe que tenía 3.318 de pérdidas. Otros auditores bendijeron antes las cuentas de siete Cajas y bancos intervenidos, sin que tampoco el Banco de España detectara nada. En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado tres datos de déficit público en seis meses y han sido incapaces de detectar ni la corrupción de Gürtel o los ERES ni las facturas sin pagar desde 2002. Ha fallado estrepitosamente el control de las cuentas, públicas y privadas, y eso nos sale muy caro. El Gobierno quiere privatizar parte del control de las cuentas públicas, empezando por Ayuntamientos y empresas públicas.

enrique ortega

Rato entregó a principios de mayo las cuentas de Bankia-BFA sin auditar, por una discrepancia con su auditor (Deloitte), que quería aflorar un agujero de 3.500 millones, lo que provocó la nacionalización. Pero ese mismo auditor no tuvo problemas en bendecir, en julio de 2011, la salida a Bolsa de Bankia como una operación “redonda” para los 347.000 inversores que han perdido ya tres cuartas partes de su dinero. Y otros auditores acaban de decirnos que los 305 millones de beneficios de Bankia en 2011 son en realidad unas pérdidas de 3.318 millones. Y que su saneamiento nos costará 19.000 millones más.

Hace dos años, en junio 2010, nacía Bankia con la fusión de Caja Madrid, 5 cajas pequeñas y Bancaja, auditada también por Deloitte, que dio el visto bueno a sus cuentas 2010. Pero ahora, otra auditoría encargada por  Rato en febrero (a través del responsable de Auditoría de BFA, el exministro del Interior Ángel Acebes), ha revelado que Bancaja estaba en quiebra técnica, con un patrimonio de -4.465 millones. Y Deloitte también auditaba (“sin problemas”) al Banco de Valencia, controlado por Bancaja, intervenido por el Banco de España en noviembre 2011.  

No son casos aislados. La auditora KPMG no detectó ninguna irregularidad en las cuentas de los últimos veinte años de la CAM, intervenida en julio 2011 por el Banco de España (“la CAM es lo peor de lo peor”, dijo el Gobernador, pero cuando ya le había caído encima). Ni tampoco los auditores de Catalunya Caixa (Deloitte), Unnim (Price Waterhouse) o NovaCaixa Galicia (sólo una salvedad de Deloitte en las cuentas de 2011, no antes), intervenidas por el Banco de España en junio 2011. Sólo en Caja Castilla la Mancha (CCM), intervenida en marzo 2009, y Cajasur (mayo 2010), los auditores (Ernst Young para CCM y Deloitte) pusieron salvedades (tarde) en sus auditorías, que llevaron al Banco de España a intervenir y cambiar sus gestores.

Salvo en estos dos casos (y tarde), el Banco de España no fue capaz de anticipar y evitar las  crisis bancarias que han supuesto el rescate de la banca española y costarán 60.000 millones en ayudas públicas. Los inspectores se defienden diciendo que ellos no deciden los planes de inspección y piden más independencia. Pero el prestigio del Banco de España está por los suelos y más después de que el Gobierno haya contratado 7 auditoras privadas (dos “ sospechosas”, Goldman Sachs y Oliver Wyman, y otras cuatro, Deloitte, Ernst  Young, KPMG y PWC, que llevan años auditando a bancos y cajas, incluidos los intervenidos…) para analizar las cuentas de la banca, junto al BCE, el FMI y la autoridad bancaria europea (EBA).

En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado el visto bueno a tres cifras distintas de déficit público en  menos de seis meses: 6% en noviembre, 8,5 % en febrero, 8,9% en mayo. Y si Europa ya no se fiaba, por lo que mandó dos misiones de inspectores de Eurostat en marzo, ha vuelto a mandarlos en mayo para revisar otra vez nuestras cuentas públicas. Cuentas que legalmente fiscalizan los interventores, funcionarios que trabajan en el  Estado, las autonomías y Ayuntamientos. Y también el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas que tienen 13 de las 17 autonomías.

Pero estos interventores tampoco han visto los problemas, desde el desvío de los déficits a las facturas impagadas desde 2002 o los casos de corrupción, como los de la Comunidad Valenciana (en especial, el caso Gürtel), Baleares (caso Matas) o Andalucía (EREs), donde la propia Guardia Civil han censurado a la Intervención General por “ignorar su deber”. La ley les obliga a fiscalizar pagos, pero o no ven o firman presionados por los políticos de turno.

La falta de credibilidad de los auditores está también detrás de la actual crisis mundial: no detectaron el problema de las hipotecas basura y las agencias de rating que ahora nos descalifican (Moodys, Standard &Poors y Finch) les otorgaron la máxima calificación hasta unos días antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y en 2001, la crisis de Enron, tras falsear sus cuentas, ya supuso la desaparición de Arthur Andersen, la primera auditora del mundo.

Sin embargo, con la crisis, las auditoras son de los pocos negocios boyantes. Parece que “la transparencia vende”: en 2011, un 25% de las auditorías hechas en España fueron voluntarias. Las auditoras facturan 896 millones, pero un 76% lo mueven las cuatro grandes (Deloitte, Ernst Young, PwC y KPMG) que llevan muchos años auditando a los mismos: la mayoría de  los grandes bancos y empresas del IBEX llevan con el mismo auditor desde 1.990. Algo que quiere cambiar la Comisión Europea, con dos importantes cambios que tienen revolucionado al sector: las empresas tendrán que cambiar de auditor cada 12 años y no les podrán dar otros servicios (consultoría, legal, etc., que suponen ahora el 55% de la facturación de las auditoras).

Con esta norma, habrá más competencia y Bruselas quiere dar cancha a las medianas y pequeñas auditoras. Por eso, las auditoras presionan al Gobierno para que obligue a más empresas a auditarse (no sólo a las que cotizan). Y además, quieren entrar a saco en el sector público. El Gobierno ya les permite, en la Ley de Estabilidad,  participar en las futuras auditorías de los Ayuntamientos. Y también podrían entrar en las auditorías de las 20.630 entidades públicas, un jugoso pastel ya que sólo el 8% se auditan.

En definitiva, que en lugar de controlar y sancionar a los auditores, inspectores e interventores que no ven, el Gobierno busca corregirlo dando el  trabajo ( y la minuta) a las empresas privadas (que tampoco han visto), privatizando la fiscalización de las cuentas públicas. Para eso no hay recortes. Es nuestro dinero y debería controlarse con medios públicos. Eso sí, eficaces e independientes. Y si no vigilan y nos cae la crisis, que lo paguen.

Europa salva el euro a medias

La Cumbre del euro de este jueves ha sido más efectiva de lo esperado. Europa ha visto las orejas al lobo y los pasajeros de primera clase (Francia y Alemania) han visto tan cerca el hundimiento del euro (el Titanic) que han aceptado medidas que llevaban año y medio rechazando, la última vez en la Cumbre de junio. De entrada, se le da un respiro a Grecia (también a Portugal e Irlanda) para que paguen su deuda, con algún coste para los bancos. Y se utiliza al Fondo de rescate como fuerza de choque para defender a la Europa del sur de la especulación de los mercados, que de momento han plegado velas. Pero los líderes europeos se han quedado a medio camino y no han avanzado en crear la deuda y el Tesoro europeos. Y no reaniman la economía de la UE, que apenas crece. Y así no se sale de la crisis.

Europa sólo parece reaccionar cuando se encuentra el borde del precipicio. Y las últimas dos semanas, el euro ha estado al borde de la ruptura. A las tensiones sobre la deuda de Grecia, Portugal e Irlanda, habituales en el último año, se sumó un grave encarecimiento de la deuda española y algo inédito: los ataques a Italia, uno de los cinco fundadores de Europa. Y para colmo, los seguros de la deuda francesa llegaron a duplicar a los de la deuda alemana. Era la luz roja definitiva. Merkel y Sarkozy, acompañados del presidente del BCE, estuvieron hasta la madrugada para acordar las medidas de urgencia que llevaban año y medio sin aceptar. Y el jueves, a los demás sólo les quedó hacer el paripé y firmar.

La primera decisión ha sido dar un respiro a Grecia, para evitar que suspenda pagos. Para ello, la UE y el FMI le van a prestar otros 109.000 millones de euros, a devolver en más plazo (un mínimo 15 años y hasta 30, frente a los 7,5 años del Plan de ayudas 2010) y con menos interés (3,5% en vez del 5). Además, Merkel salva la cara ante sus contribuyentes y logra que Francia y el BCE acepten que la banca privada acreedora de Grecia también ayude, aportando otros 50.000 millones, de una de estas tres formas: canje de la deuda actual por otra con otras condiciones (menos tipo), ampliación del plazo de devolución de la deuda actual y recompra por Grecia de la deuda que tienen las entidades. Al final, les supondrá una pérdida media (quita) del 21%, pero los principales bancos europeos (BBVA entre ellos) ya lo han aceptado. Mejor eso, dar un respiro a Grecia, a que suspenda pagos y no cobrar.

Bruselas acuerda también bajar los tipos y ampliar los plazos para que Irlanda y Portugal devuelvan mejor los créditos de la UE y del FMI. Pero Sarkozy dice que implicar a la banca privada ha sido una excepción sólo para Grecia, aunque Merkel no ha sido tan radical. La realidad es que si ambos países siguen estancados, sin crecer, no podrán pagar y habrá que repetir el esquema griego: más facilidades de la banca privada si quieren cobrar.

Otra decisión importante ha sido dotar a Europa de armas para defender la deuda de los países atacados por los mercados. Para ello, se permite que el Fondo europeo de rescate (dotado con 440.000 millones de euros) pueda hacer tres cosas básicas: comprar deuda en el mercado secundario (para que no caiga), dar créditos a los países atacados para defenderse (sin tener que pasar por la humillación de pedir un rescate) y dar ayudas para recapitalizar los bancos con problemas por tener deuda de países atacados (caso de los bancos griegos si las agencias bajan el rating de Grecia por este acuerdo). Tres medidas que son una respuesta eficaz al pulso a los mercados, ahora más calmados.

En resumen, se trata de dar oxígeno a Grecia, Irlanda y Portugal (con algún coste para la banca, que les prestó sin tino) y defender la deuda de los países atacados por los mercados, lo que beneficiará a España. Si estas dos decisiones se hubieran tomado en mayo de 2010, Europa se hubiera ahorrado muchos disgustos y los ciudadanos de Grecia, Irlanda, Portugal y España no habrían sufrido en sus carnes ajustes tan duros. Además, no habríamos estado año y medio pagando un coste extra por la deuda, más de 15.000 millones, que se han llevado los especuladores. Y los bancos y las empresas no tendrían tantos problemas para financiarse, invertir y crear empleo. Es el coste de año y medio de parches, nacionalismos egoístas e indecisiones de los dirigentes europeos, con Merkel y Sarkozy a la cabeza.

Ahora, han avanzado, pero se quedan a medio camino. No han decidido la creación de una Agencia europea de rating, que se enfrente al chantaje de las tres hermanas (Mody´s, Standard &Poors y Finch). No han hablado de emitir deuda europea, la solución definitiva para evitar las tensiones (como en EEUU, con estados, como California, en quiebra), algo que no quiere Alemania, porque pagaría más con la deuda común. Y no quieren ni hablar de un Tesoro único europeo, el único instrumento de intervención rápida que tienen 15 países para defenderse juntos sin toda la burocracia y lentitud actual.

Y sobre todo, los dirigentes europeos (casi todos conservadores) no han hablado de reanimar la economía europea, de un Plan Marshall no para Grecia, sino para Europa. De acabar con la política de recortes y reactivar selectivamente la economía (lean este artículo del Nobel Krugman). Media Europa, sobre todo la del sur (incluso Francia), está estancada. Y en lugar de reanimar la actividad, como ha hecho EEUU, promoviendo la inversión y el empleo, se deja que el BCE suba los tipos (y lo volverá a hacer). Habría que lanzar un mensaje no sólo a los mercados, sino a los ciudadanos: vamos a tomar medidas para salir de la crisis, para crear empleo. Pero no. Esperarán otro año más, a que la Europa del sur no vea una salida, a que los ciudadanos se indignen más, a que los mercados vuelvan a la carga. Y quizás entonces hagan algo. Otra vez tarde.