Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018

Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.

El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.

Ayuntamientos con superavit, castigados (Madrid)

Imaginemos una familia en números rojos, donde el padre impone un duro ajuste. En unos años, el déficit mejora, aunque sigue ahí. Pero el hijo menor ha gestionado mejor y tiene superávit. Y quiere comprar cosas, pero el padre se lo prohíbe, porque el resto de la familia sigue con déficit. Y cuando empieza a gastar, le interviene las cuentas. Es la historia entre Montoro y el Ayuntamiento de Madrid, cuyas cuentas han sido intervenidas porque intentaba gastar más, tras 6 años con superávit y la deuda a la mitad. Y así están muchos Ayuntamientos: tuvieron 7.083 millones de superávit en 2016, pero no pueden gastar más porque Montoro necesita su superávit para tapar el agujero del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos, saneados, dicen que es injusto y piden cambiar la regla de gasto impuesta en 2012. El Gobierno se niega, hasta finales de 2018, cuando España ya no tenga déficit. Mientras, los Ayuntamientos con superávit no pueden invertir en cosas que necesitan sus vecinos.

enrique ortega

En diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, se encontró con que la mayoría de Ayuntamientos (y muchas autonomías) estaban quebrados, sin liquidez, sin poder pagar a los proveedores y llenos de deudas. El Gobierno puso en marcha Planes de rescate y los Ayuntamientos han recibido 18.298 millones de euros (2012-2017), según los datos de Hacienda. A cambio, el ministro Montoro les exigió duros planes de ajuste, con los que recortaron drásticamente gastos y plantillas: redujeron 48.268 empleos (1 de cada 12), entre 2012 y 2015, según la Administración. Al cabo de estos años, el ajuste municipal ha dado sus frutos: de los 8.115 Ayuntamientos, sólo 240 (Jerez o Parla entre los grandes) siguen en un Fondo de saneamiento especial. Eso sí, todavía hay 688 municipios que tardan más de 60 días en pagar sus facturas (el plazo máximo legal ahora son 30 días) y el ministro Montoro acaba de mandar una carta a los 22 Ayuntamientos morosos más grandes en la que les advierte que o pagan en menos plazo o interviene sus cuentas. Entre ellos están Jaen (paga a 430 días), Parla (430 días), Algeciras (400), Jerez (284), Alcorcón (190),Granada (148), Leganés (125), Lugo (80), Huelva (72), Cádiz (67) y Sevilla (paga a 62 días).

Aunque algunas son capitales importantes, la gran mayoría de los Ayuntamientos españoles están saneados. Y el vuelco en las cuentas municipales ha sido espectacular. De tener un déficit global de -5.050 millones en 2010 (y -4.069 en 2011) pasaron a reducirlo a la mitad en 2012 (-2.148 millones) y tener superávit después: +5.474 millones en 2013, +5662 millones en 2014, +5.094 en 2015 y +7.083 millones en 2016, según los datos de Hacienda. Y así, los Ayuntamientos son la única parte de la Administración pública con superávit, mientras el resto sigue con déficits, aunque menores que en 2012: -28.019 millones el Estado (2016), -18.096 euros de déficit la Seguridad Social y -9.155 millones las autonomías. O sea, que, gracias al superávit de los Ayuntamientos, España tiene un déficit público de “solo” -50.576 millones de euros, el -4,5% del PIB en 2016, que sería del -5,1% del PIB sin la ayuda de los municipios. 

Y esta tendencia a la mejoría de las cuentas municipales sigue este año 2017: en el primer semestre, los Ayuntamientos han tenido un superávit de +1.874 millones, un 60% más que el año pasado, según los datos de Hacienda. Y mientras, el Estado, la Seguridad Social y las autonomías siguen con déficit (aunque bajándolo).Los Ayuntamientos no sólo han pasado de déficit a superávit, algo que no han conseguido ni el Estado, ni la SS ni las autonomías. Además, han reducido también su deuda: de 44.003 millones de euros que debían en 2012 a 30.635 millones a septiembre de 2017, un 30% menos, según el Banco deEspaña. Y mientras, las demás administraciones públicas deben más ahora que en 2012, con lo que la deuda pública total de España ha pasado de 891.502 millones (2012) a 1.135.869 millones (septiembre 2017) y ya debemos más de lo que produce el país (el 102% del PIB).

En mayo de 2015 hubo elecciones municipales y en muchos Ayuntamientos llegaron a las alcaldías gobiernos del PSOE y Podemos, que se plantearon gastar más, una vez que los municipios estaban con superávit y con menos deuda. Pero no podían hacerlo. Porque en abril de 2012, el Gobierno Rajoy había impuesto con su mayoría absoluta la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 2/2012), aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN. Una Ley para amparar el ajuste de gastos en toda la Administración y que a los Ayuntamientos les imponía dos corsés. Uno, que la deuda municipal tenía un tope (el 2,9% del PIB). Y el otro, el que más importa ahora, la famosa “regla de gasto”: los Ayuntamientos tenían un tope de gasto anual (el del crecimiento de la economía) y si tenían superávit, lo tenían que dedicar a devolver deuda (amortizar), no a gastar más de ese tope anual.

Los nuevos Ayuntamientos, sobre todo los gobernados por la izquierda, se dedicaron en 2016 y 2017 a gastar más sin que Montoro les llamara la atención. Sobre todo, las grandes ciudades, con muchas necesidades no cubiertas e importantes superávits en 2016: Madrid (+1.115 millones), Valencia (+126 millones), Barcelona (+113), Zaragoza (+110), Málaga (+69) o Sevilla (+59 millones), según datos de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima en +1.784 millones el superávit de los 16 mayores Ayuntamientos españoles en 2016. Hacienda ha apercibido a algunos, pero la mayoría ha aprobado nuevos gastos en 2017. Y en agosto de este año, la AIReF alertaba al Gobierno: 9 de los 16 mayores Ayuntamientos de España se saltarán este año la “regla de gasto” impuesta por el Gobierno en 2012. Serán los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma, Murcia, Barcelona y Zaragoza. Todos con superávit y menos deuda.

El ministro Montoro se decide a dar un escarmiento y el 8 de noviembre interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, al que lleva “advirtiendo” dos años. Al igual que ha hecho con Cataluña, Hacienda pasa a controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, autorizando cada semana los gastos que puede hacer. Y les paraliza 364 millones de gasto que habían aprobado. La Corporación de Carmena decide frenar 18 expedientes de gasto y paraliza distintas inversiones en la capital, entre ellas 2 escuelas infantiles, 2 centros de mayores y diversas obras en centros deportivos, piscinas, naves industriales, parque de bomberos y escuela de hostelería. En paralelo, presenta un recurso solicitando que se permita realizar 127 millones de gasto porque son inversiones muy avanzadas. 

Montoro dice que todo el mundo tiene que cumplir con la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad y que los Ayuntamientos tienen que seguir colaborando en recortar el déficit. Y el Ayuntamiento de Madrid considera injusto que se tengan que apretar el cinturón cuando tienen superávit desde hace 6 años (desde 2011) y su deuda ha caído de 5.637 millones (al llegar Carmela) a 3.567 millones, por lo que mejor gastar en lo que hace falta que devolver dinero a los bancos (con el alto coste de las amortizaciones anticipadas).

El problema más serio lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque tiene sus cuentas intervenidas, pero en realidad es un problema que comparten la mayoría de los grandes Ayuntamientos de España, que volverán a cerrar 2017 con superávit (+1.075 millones los 16 más grandes, según la AIReF) y no pueden gastar lo que quieren. La propia Federación de Municipios (FEMP) considera injusto que no se permita a los Ayuntamientos hacer inversiones necesarias para sus vecinos para contribuir a enjugar parte del déficit del Estado, la Seguridad Social y las autonomías. Y denuncian que les imponga la regla de gasto un Gobierno y un ministro, Montoro, que no ha sido capaz ni uno solo de estos cinco años de cumplir con los recortes de déficit prometidos a Bruselas, mientras los Ayuntamientos se saneaban.

Los Ayuntamientos, a través de la FEMP, intentaron “suavizar” la regla de gasto este año, en el debate parlamentario del Presupuesto 2017, sin conseguirlo. Ahora, PSOE, Podemos y el resto de los grupos (salvo PP y Ciudadanos) acaban de aprobar (165 votos a favor, 157 en contra y 6 abstenciones) una proposición no de ley que “insta al Gobierno a modificar la regla de gasto para que los Ayuntamientos con cuentas saneadas puedan destinar esos fondos a mejorar los servicios a sus vecinos”. Pero es una moción simbólica, que no irá más allá, porque el Gobierno se escuda en la Ley de estabilidad presupuestaria y en las exigencias de Bruselas. Eso sí, Montoro está dispuesto a revisar la regla de gasto en el futuro, “cuando España salga de la situación de déficit excesivo”, o sea, a finales de 2018. 

Eso quiere decir que los Ayuntamientos saneados no podrán gastar mucho más hasta 2019. Y eso pasa cuando, tras los ajustes del pasado, los municipios españoles necesitan gastar más en casi todo, desde contratar personal (lo tienen limitado) a invertir en obras y servicios. Un ejemplo. De los 384 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, más de la tercera parte tiene unos servicios sociales con presupuestos “pobres” (41 Ayuntamientos, con 2.100.000 habitantes) o “precarios” (106 Ayuntamientos, con 6.700.000 habitantes), según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. O sea. 8.800.000 españoles con servicios sociales municipales que no tienen los recursos necesarios. Y así muchos otros servicios, desde guarderías a centros educativos o polideportivos, sin olvidar obras y servicios que están en primera línea de la atención a los ciudadanos. Y todo ello, no se puede atender, aunque hay dinero, porque Montoro prefiere que lo destinen a devolver deuda a los bancos.

La pelea de Montoro con el Ayuntamiento de Madrid es una pelea que no se justifica desde una perspectiva económica (están saneados y pueden gastar más sin problemas) y tiene mucho “trasfondo político”: la defensa a ultranza del fundamentalismo de la austeridad, el “santo temor al déficit”, tan querido por el PP y sus colegas de Bruselas, que siguen defendido ajustes en España para 2018 cuando afirman que este año acabará con el 3,1% de déficit ( ¿para qué bajarlo más el año que viene, hasta el 2,2 % para 2018, cuando se fijó el suelo en el 3% ?). Una postura intransigente que ya ha costado muchos sacrificios a la mayoría de españoles desde 2010 y que ahora quieren que la sigan pagando los vecinos de los Ayuntamientos.

Pero hay más. El debate no es sólo si los Ayuntamientos pueden gastar más. Habría que ampliar el foco y abrir el debate de la futura financiación de losAyuntamientos, en paralelo al debate más conocido sobre la futura financiación de las autonomías. Porque en España, los Ayuntamientos son “los parientes pobres” de la Administración pública. Comparados con Europa, los municipios españoles ingresan menos (9% del total frente al 13% en la UE-28) y gastan también menos (8% frente al 24% en la UE-28), en beneficio del Estado y sobre todo de las autonomías. Como señala la Comisión Europea en su informe de febrero, España es uno de los países más descentralizados de Europa (el 42% del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos, frente al 32% en la UE-28), pero el problema es que las autonomías tienen más porcentaje de gasto que en Europa y los Ayuntamientos menos.

Así que ahora, si se trata de reformar el sistema de financiación de las autonomías, también habría que reformar la financiación de los Ayuntamientos, para repartir así de una vez los ingresos y los gastos del Estado central (52%), autonomías (34%) y Ayuntamientos (8%), para hacerlo más justo, a costa de recortar quizás la parte del Estado central (al 40%) y subir la de los municipios (al 20%) y autonomías (40%). Un debate complicado porque se trata de una pelea por el reparto del poder y eso son palabras mayores. Pero parece claro que los Ayuntamientos deberían tener más recursos, porque son los que están más cerca del ciudadano. Y si estamos en un país descentralizado, los Ministerios tendrán que perder recursos y poder en beneficio de las autonomías y los municipios. Ese es el gran debate de fondo que los políticos no abordan. Y los ciudadanos sufrimos las consecuencias, cada día.