Un parche de liquidez para las autonomías

Tres semanas ha tardado Rajoy en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por el PP. El riesgo de suspensión de pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado  las alarmas y se ha aprobado una inyección de liquidez de 11.000 millones, más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos proveedores, pero que no resuelve el tema de fondo: poner orden en las cuentas autonómicas. El Gobierno aprueba este viernes una Ley para controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías son culpables del 70% de desviación del déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.

enrique ortega

Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar de las promesas hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que el déficit público era del 8,2% (en vez del 6%) y que las autonomías eran culpables del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos subió los impuestos a todos. Cuatro autonomías son las culpables de tres cuartas partes de  la desviación: Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la Mancha (11,4%).

Además de “descubrir” el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad Valenciana era un polvorín: no podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.

El Gobierno dejó claro que no iba a dejar caer a ninguna autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar a 10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en dos meses una línea de crédito en el ICO para que paguen parte de  las deudas a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y empresas sanitarias.

Dinero contante y sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas autonomías. No todas, ya que el problema se concentra en cinco : Comunidad Valenciana (la más endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea), Cataluña (segunda más endeudada, 19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda), Murcia (4,7% de déficit y un 10% de deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y 16,8% de deuda).  

Resueltos los pagos más urgentes, queda hacer frente a la deuda autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla, a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o que lance hispabonos, para pagar menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.

El salvavidas del dinero llegará a las autonomías a finales de enero y ahora falta que, a cambio, pongan orden de verdad en sus cuentas. Cataluña es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto 2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535  millones entre recortes y subida de impuestos (con tasa turística y euro por receta). La Comunidad Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a funcionarios y más impuestos. Y Castilla la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.

El Gobierno aprueba este viernes una Ley de estabilidad presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que incumplan. Y habla incluso de reformar el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una “ocurrencia” de cara a la galería, ya que lo que hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y “sustos”: el ministro de Economía propone el control previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.

Más control sí, pero hay que ir al fondo de la cuestión autonómica: cuánto deben gastar y cómo se financian. Definir con claridad sus competencias, suprimiendo duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359 empresas públicas). Y revisar el sistema de financiación, del que se quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la población) y Galicia, Murcia o Aragón, por primarla demasiado, Después, habrá que forzar a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios, no que tengamos que pagar los demás la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps, por ejemplo.

Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o no, van a tener que hacer las tres cuartas partes de los recortes de España en 2012. Tendrán que recortar de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y empleo, dos tercios de sus gastos. Unos 15.000 millones para cumplir con Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión. Una cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que revisar. Salvo que queramos que cierren.

Autonomías:recortes malabares y tijera tras 20-N

No hay día sin anuncios de recortes en las autonomías. Pero hay mucho “recorte escaparate”, de cara a la galería. Los gobiernos autonómicos tienen que recortar 12.000 millones de euros antes de fin de año, entre el 10 y el 20% del presupuesto. Un ahorro que no se consigue sin meter la tijera en las grandes partidas de gasto: sanidad, educación y gasto social, el 80% del presupuesto. Pero como esto hace mucho ruido, las autonomías del PP han optado por hacer malabarismos con los recortes y retrasar los grandes ajustes hasta después del 20-N, para no entorpecer el triunfo de Rajoy. Pero tendrán que hacer recortes duros  a fin de año, como Cataluña. Y también para 2012.

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A principios de septiembre se confirmó el temor: las autonomías seguían gastando a su aire: doce incumplían lo pactado con Bruselas y siete ya habían superado en junio el déficit previsto para todo el año (1,3% PIB). El caso más grave era Castilla la Mancha (4,16% de déficit), seguida de Extremadura (2,59%) y Baleares (2,11%). Otras cuatro estaban muy mal: Comunidad Valenciana (1,92%), Murcia (1,82%), Andalucía (1,49%) y Cantabria (1,40%). Y  cinco más superaban el déficit objetivo (0,75 % en junio): Asturias (1,37%), Castilla y León (-1,10%), Cataluña (1,01%), Galicia (0,92%) y Navarra (0,89%). Las demás tenían pequeños déficits, salvo el País Vasco, la única autonomía con superávit.

El Gobierno llamó a capítulo a las doce autonomías incumplidoras y todas prometieron recortes para cumplir a fin de año, salvo dos que lo tienen imposible: Castilla la Mancha y Cataluña (su déficit real subió en 2010 al 4,2% y de ahí tienen que bajar). Para poder conseguirlo, las autonomías tienen que recortar 12.000 millones de euros hasta diciembre, una cifra enorme (Zapatero recortó 15.000 millones en  2010), del 10 al 20% de sus presupuestos.

¿De dónde van a recortar? Cataluña, que lleva meses haciéndolo, es la única que ha puesto en marcha un duro plan de ajuste, del 10%, con recortes en sanidad (1.000 millones), educación y gastos sociales. Las demás autonomías, en su mayoría gobernadas por nuevos políticos del PP, van mostrando poco a poco sus cartas, con más promesas y malabarismos que recortes reales. Dolores de Cospedal, la abanderada popular, ha prometido un recorte del 20% (1.815 millones), pero entre este año y el próximo (no vale: Bruselas nos va a examinar a fin de año).Y con recortes sin explicar, como el ahorro de 400 millones en Sanidad.

Para la mayoría, la primera fórmula de recorte es no pagar, retrasar el pago a proveedores: las autonomías deben 10.000 millones a laboratorios y suministradores, pagan con uno o varios meses de retraso a las farmacias, no pagan a clínicas concertadas o geriátricos, retrasan el pago a ancianos y discapacitados por la ley de Dependencia y hasta dejan de pagar el IBI de edificios públicos (Castilla la Mancha). Otra vía es retrasar obras e inversiones hasta 2012 (que será 2013). La tercera, recortar las transferencias a los Ayuntamientos, el eslabón más débil. Y la cuarta, recortar ayudas a empresas (incluso para formación, como Navarra) y a familias.

Todo esto hace poco ruido, aunque afecta a millones de personas, muchas veces los más débiles. Pero como buscan dar imagen de rigor, muchas autonomías han empezado por “recortes escaparate”, mediáticos pero con poco ahorro: reducción de consejerías y altos cargos (0,04% del presupuesto de Castilla la Mancha), reducción de coches oficiales (los conductores se quedan), reducción de liberados sindicales (89 en Baleares, con un ahorro del 0,09%). Más efecto tiene la reducción de empresas públicas (1.895 en las autonomías), aunque eso lleva aparejado pérdida de empleos, de momento interinos. Y no se tocan aún las televisiones autonómicas (1.500 millones de gasto) ni las “embajadas” en el extranjero.

La mayoría de los dirigentes autonómicos, salvo Cataluña, no han tocado de verdad las grandes partidas de gasto: sanidad (40%), educación (24%), gastos sociales (7%), transportes (7%), ayudas a vivienda y empleo (4%). Y tampoco las plantillas, que suponen el 45% del gasto corriente (el empleo autonómico creció en 254.000 personas entre 2007 y 2011).Y sin tocar estas partidas, es imposible recortar 12.000 millones para diciembre. Pero hacerlo es muy impopular, por lo que las autonomías del PP tienen una consigna: dejar los recortes más duros para después del 20-N, para no entorpecer el esperado triunfo de Rajoy.

Con todo, es muy poco tiempo y demasiado déficit para hacer sólo recortes. Habría que conseguir más ingresos, pero eso es un tabú ideológico para las autonomías del PP, que han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones (sobre las herencias), que recaudaba 2.500 millones. Resulta una provocación que Artur Mas quitara el impuesto de sucesiones a los 100 días de llegar al poder (perdiendo 150 millones de ingresos en 2011) y ahora cierre quirófanos y ambulatorios o deje de pagar la asistencia a ancianos. Otra vía de ahorro sería revisar el Estado autonómico y eliminar duplicidades (de servicios y gastos) con el Estado y los Ayuntamientos. Pero haría falta un gran pacto político y nadie está por la labor.

Entre recortes de verdad y otros maquillados, el tiempo pasa y la Comisión Europea ya ha advertido a España que no se cree que cumplamos este año (ni en 2012) con el recorte del déficit prometido a Bruselas, por culpa de las autonomías. Y tampoco se lo creen los mercados. Ni las agencias de calificación: creen incluso que con los recortes, las autonomías van a crecer menos, van a ingresar menos y no van a poder recortar tanto el déficit ni pagar su abultada deuda (133.172 millones). Vamos, que a Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares o Cataluña les puede pasar como a Grecia: que tanto ajuste les meta más en la UVI. Pero si no lo hacen, tendrá que recortar más el Estado y será peor para todos. Un siniestro dilema. Lo seguro es que con estos recortes autonómicos, que hay que hacer, España crecerá menos y tendrá más paro, este año (sólo en septiembre, la Seguridad Social ha perdido 65.000 afiliados entre personal autonómico, docentes y sanitarios) y el que viene. Por eso, Bruselas y el próximo Gobierno tienen que reanimar la economía con urgencia.

Sigue la "barra libre" de los medicamentos

El Gobierno aprobó en agosto un nuevo recorte en el precio de los medicamentos, que suponen el 8% del gasto total de las autonomías (un tercio del gasto en educación). Desde el 1 de noviembre, los médicos tendrán que recetar por principio activo y no por marca y los boticarios tendrán que vender el medicamento más barato. Las medidas pretenden ahorrar 2.400 millones al año. Una decisión que asfixia aún más a los laboratorios y las farmacias y que no deja de ser un parche, ya que no se afronta el problema de fondo: 7 de cada 10 recetas son de pensionistas, que tienen las medicinas gratis total. Y por eso, el número de recetas sigue creciendo (4 millones al día), aunque baja el gasto. O se frena esta “barra libre” de medicamentos con algún copago por receta o se comerá a la sanidad.

En julio, Gobierno y autonomías pactaron este paquete de medidas, el tercero en año y medio, para reducir el gasto en medicamentos. Desde el 1 de noviembre, los médicos tendrán que recetar por principio activo, en lugar de marcas o genéricos. Si ahora podían recetar un antibiótico prescribiendo la marca (Clamoxil) o un genérico (amoxicilina Normon), ahora sólo podrán prescribir el principio activo: amoxicilina. Y el farmacéutico sólo podrá vender el genérico más barato. Además, los medicamentos nuevos, con más de 10 años y sin genéricos, bajan de precio un 15%.

La medida ha sido apoyada por los médicos, que podrán recetar excepcionalmente medicamentos de marca, aunque les preocupa los problemas que pueda causar a algunos pacientes el posible cambio al medicamento más barato, con otra caja, color y sabor , sobre todo a los enfermos mayores, con mala vista y que toman muchos medicamentos distintos.

A quien sí afecta el cambio es a los laboratorios, que sufren 1.800 millones del recorte y que ven reducir su facturación un 30%, con los dos recortes de 2010 (2.500 millones) y el de ahora. Un sector clave en la innovación (gastan el 21% del I+D en España) y en la exportación, que ha reducido ya 5.000 empleos (Pfizer acaba de anunciar el despido de 220 trabajadores y Merck otros 140), que está perdiendo su capacidad de investigar y descubrir nuevos medicamentos y que amenaza con irse de España (Sanofi Aventis ha vendido su planta de Madrid y Merck cierra la suya a partir de 2012), el tercer país con los medicamentos más baratos de Europa.

Y más aún lo sufren las 21.364 farmacias, un eslabón clave en la atención sanitaria. Ya no se trata sólo de que facturen menos, después de 20 recortes de precios en diez años, sino que además tienen que devolver una parte a las autonomías, el 7,5 % de las ventas de recetas de la Seguridad Social y Mutualidades (MUFACE, ISFAS y MUJEJU). Una farmacia en Madrid viene a pagar de media 615 euros al mes, la cuarta parte de los beneficios de una botica modesta (y las grandes pagan otra deducción adicional, de hasta el 20 % de las ventas del seguro). El Consejo de Farmacéuticos estima que una de cada seis farmacias está en apuros y ya hay 23 boticas en Cataluña que han suspendido pagos.

Al final, estos recortes de precios acogotan a farmacias y laboratorios pero no resuelven el problema de fondo: el despilfarro farmacéutico. El gasto se frenó en 2010 (-2,36%), por primera vez en diez años, y sigue cayendo en 2011 (-10,29 % hasta julio), pero el número de recetas sigue creciendo (+2,28% hasta julio) y este año rondarán los 1.000 millones, casi 4 millones de recetas por día de consulta. Una pelota que sigue creciendo porque se basa en un sistema perverso: el gratis total. Actualmente, el 68,17% del gasto farmacéutico lo hacen los pensionistas, con su receta roja, y no pagan nada. Y aunque los activos pagamos el 40% con la receta verde, el sistema sólo recibe una aportación del 6,83%.

La pelota es creciente porque cada año hay un millón y medio más de pensionistas con derecho a ir a la farmacia con su taco de recetas gratis total. Su farmacéutico le puede hablar del acaparamiento, de medicamentos que acaban en Ecuador o Rumanía, de las bolsas con medicinas caducadas y sin abrir…Miles de millones de euros tirados a la basura. Un problema que no se soluciona porque bajen los precios. Sigue la “barra libre” y es como cuando uno ve el self service de un hotel: los clientes se llenan los platos de comida y luego se dejan la mitad. Ahora se baja el precio, pero sigue siendo gratis para los que más consumen, con lo que sigue el despilfarro. Y las autonomías se defienden no pagando a los laboratorios (les deben 5.400 millones y amenazan con no suministrar a los hospitales, como en Grecia) ni a las farmacias, a las que pagan las recetas con meses de retraso. Este verano ha saltado el problema de Castilla la Mancha, pero también hay deudas pendientes en Baleares, la Rioja y Murcia, mientras se anuncian retrasos en la Comunidad Valenciana. Y se temen más en el último trimestre.

Sólo hay dos formas de evitar el despilfarro farmacéutico. Una, que los médicos receten menos, algo difícil dada la presión de los pacientes en consultas contrarreloj. La otra, la más efectiva (aunque impopular), que los pensionistas paguen algo por cada receta, un copago. Un euro por receta supondría un ahorro directo de unos 700 millones y podría reducir en un tercio el número de recetas gratis total, lo que serían otros 3.000 millones de ahorro. Y si hiciera falta, subir del 40 al 50% lo que pagamos los activos por cada receta, lo que aportaría 900 millones más. Son medidas de fondo, que frenarían la bola de nieve de las recetas, que corre el riesgo de comerse a la sanidad (un 22 % del gasto sanitario es por la factura farmacéutica) Lo que se hace ahora, rebajas de precios y no pagar a las farmacias, son parches para ir tirando y retrasar el ajuste. Y cuando más se retrase, más duro será.