Los sindicatos denuncian que desde el 1 de abril están paralizadas
las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos,
porque la nueva normativa exige sustituirlos por jóvenes con contrato fijo y
eso no lo pueden hacer los Ayuntamientos, autonomías y la Administración
central sin convocar oposiciones. Además, los funcionarios de carrera no
pueden acogerse a la jubilación parcial desde 2012 y la nueva Ley de
Función Pública que se lo permitirá está paralizada en el Congreso desde
julio de 2024. Así que hay problemas para que los jóvenes sustituyan a los empleados
públicos, más envejecidos que el resto de los trabajadores: el 57% de
los funcionarios tienen más de 50 años y casi 90.000 se jubilarán en los
próximos 10 años. Por eso es importante facilitar su relevo por jóvenes, permitiendo
su jubilación parcial a partir de los 62 años, algo imposible hoy y que sí
pueden hacer las empresas privadas. Hay que fomentar la entrada de jóvenes en la Administración, para dinamizarla y modernizarla.
Así que los que trabajan para la Administración
pública (3.521.900 empleados en junio, según la EPA) tienen más edad media que el resto de
trabajadores, lo que va a provocar que en los próximos 10 años se jubilen casi
la mitad, algo que hay que preveer desde ya porque si no se deteriorarán más
los servicios públicos, en general faltos de personal y con plantillas muy
precarias: 908.800 trabajadores públicos, el 27,8% del total tienen
contrato temporal, un dato por el que nos ha llamado la atención
Bruselas y los Tribunales europeos. Mientras el Gobierno se compromete a bajar
esta tasa al 8% a medio plazo, con oposiciones y regularizaciones.
El reciente estudio
del Ministerio de la Función Pública se centra sólo en el envejecimiento de
una parte de los empleados públicos, los funcionarios de carrera y el personal
estatutario (de la sanidad) de la Administración General del Estado, en total
539.257 personas (de los 3,5 millones que trabajan para el sector público), sin
informar de los funcionarios y empleados que trabajan en autonomías,
Diputaciones y Ayuntamientos. De ellos, 282,003 son personal de las Fuerzas
Armadas, Policía, Guardia Civil y Administración de Justicia, por lo que el
estudio se centra en los 242.409 empleados públicos restantes que
trabajan en Ministerios, empresas públicas , Agencias estatales y Universidades
no transferidas.
Pues bien, de estos 242.409 empleados públicos en la
Administración Central, el estudio se fija en el envejecimiento de los
funcionarios de carrera (141.426 personas, el 57,58% con más de 50 años) y
del personal laboral fijo (39.504 personas, el 66,29% con más de 50 años),
el “cogollo” del personal de la Administración central del Estado, con una tasa
de envejecimiento (57,16% tienen más de 50 años) muy superior a la del conjunto
de los trabajadores españoles (el 33,4% tienen más de 50 años).
Este alto envejecimiento del núcleo de nuestra
Administración pública se traduce en que la
mitad se van a jubilar en los próximos 10 años, según el estudio
del Ministerio: para 2035 se habrán jubilado el 49,53% de la plantilla actual: serán
89.690 empleados públicos jubilados en los próximos 10 años, 67.448
funcionarios de carrera y 22.242 del personal laboral, concentrados más en
algunas categorías y Departamentos. Una pérdida de personal (repito, el 49,53%
de los empleados actuales) que será muy importante en sus trabajos y cuya
sustitución hay que preparar desde ya para mantener y no deteriorar los
servicios públicos.
El estudio
del Ministerio prevé convocar nuevas plazas y oposiciones en la próxima
década, para incorporar a 104.789 nuevos empleados públicos (82.665
funcionarios de carrera y 22.124 personal laboral fijo), con lo que se
cubrirían con creces las 89.690
jubilaciones previstas (con un saldo neto de 15.099
empleados, todos funcionarios de carrera). El problema es que el estudio no
informa de las jubilaciones previstas en el conjunto de la Administración
pública, es decir, cuántos de los 3,5 millones que hoy trabajan para la
Administración central, empresas públicas, autonomías, Diputaciones y
Ayuntamientos se van a jubilar de aquí a 2035. Si la tasa de envejecimiento es
similar, habría que sustituir a 1,7 millones de trabajadores públicos en
la próxima década, una tarea muy compleja, que exige convocar múltiples
oposiciones y preparar numerosas contrataciones de personal público, si no
queremos que se deterioren aún más los servicios públicos y la atención al
ciudadano.
Una medida que podría ayudar a rejuvenecer las plantillas
públicas es la jubilación anticipada o parcial de funcionarios
y empleados públicos, para dar entrada a jóvenes en la Administración. En
los últimos años, algunos empleados públicos han optado por la jubilación parcial:
trabajar menos horas y cobrar una parte de jubilación anticipada y otra de
sueldo, acogiéndose al Real Decreto1991
de 1984, modificado en
2011. Pero a finales de 2024, los sindicatos, la patronal y el Gobierno
pactaron una nueva reforma de la jubilación parcial, que entró
en vigor el 1 de abril de 2025. Y esta reforma ha frenado todas las
peticiones de jubilación parcial que habían pedido muchos trabajadores públicos
en Ayuntamientos, autonomías y Administración central. En paralelo, los
funcionarios de carrera y el personal estatutario (sanidad) siguen sin
poder pedir la jubilación parcial desde 2012, cuando lo prohibió Rajoy para
colaborar así en la reducción del gasto público (los famosos “recortes”).
La reforma
de la jubilación parcial que entró en vigor el 1 de abril permite a
todos los trabajadores solicitar trabajar menos horas (un mínimo de 25% de la
jornada y un máximo del 75%), sustituyendo ese menor sueldo con una parte de la
pensión, siempre que tengan cotizados 33 años y 6 meses. Y la edad a la que se
puede solicitar la jubilación parcial es de 62 años (si ha cotizado más de
38 años y 3 meses) y 63 años y 8 meses (si ha cotizado menos de 38 años
y 3 meses pero más de 33 años y 6 meses). Pero además, la
nueva norma plantea una exigencia nueva: el trabajador que se
jubila parcialmente ha de ser sustituido por un joven relevista (que
esté en el desempleo) al que la empresa debe hacer un contrato indefinidos a
tiempo completo ( o un contrato fijo discontinuo), que debe mantenerse 2
años después de la jubilación parcial del trabajador relevado.
Este cambio, el que obliga a sustituir al jubilado
parcial por un joven con contrato indefinido a tiempo completo es el que imposibilita
que los trabajadores públicos consigan ahora una jubilación parcial:
exigiría que su Administración (Ayuntamiento, autonomía, Administración central
o empresa pública) contratara fijo a un joven, algo que no
pueden hacer porque el proceso de contratación en la Administración
exige convocar pruebas y oposiciones, limitadas por sus maltrechas economías y
las normativas vigentes. Y por eso, un Juzgado de lo
social de Gijón ha rechazado en julio la petición de una enfermera de la Consejería
de Derechos Sociales de Asturias para acogerse a una jubilación parcial, como informa
el sindicato CSIF, que denuncia la
situación de muchos empleados públicos que ahora no pueden conseguir la
jubilación parcial, al menos hasta que sus Administraciones convoquen nuevas
plazas.
El problema se ha ido agravando y los
sindicatos presionan a la Seguridad Social para que busque una solución
que permita la jubilación parcial de los empleados públicos, como sí pueden
hacer el resto de los trabajadores. Todo indica que la
solución pactada será
volver a la situación anterior al 1 de abril y permitir por un tiempo que los
empleados públicos se puedan jubilar parcialmente siendo sustituidos por
interinos “temporalmente”, como sucedía antes, a la vez que se
aceleran las convocatorias de nuevas plazas de empleo público para que los
sustitutos sean personal fijo (como en el resto de empresas).
El problema es que este “parche” puede resolver el problema
del personal laboral que quiere optar a la jubilación parcial, pero no
resuelve el problema de los funcionarios de carrera y personal estatutario
(sanidad), que no pueden solicitar la jubilación parcial desde 2012. Se les
buscó una solución, introduciendo una enmienda en la Ley de
la Función Pública, para que ellos también se puedan jubilar parcialmente. Pero
la Ley sigue paralizada
en el Congreso desde julio de 2024, junto a otras tantas Leyes que sufren
el actual bloqueo político.
A la vista del tremendo envejecimiento de las plantillas
públicas, urge acelerar estos cambios, tanto para facilitar la
jubilación parcial de los empleados públicos y de los funcionarios como para
retrasar la jubilación de los funcionarios (hasta los 72 años), para impedir
que desaparezcan la mitad de los empleados públicos en la próxima década. Se
trata de redimensionar
las plantillas públicas (escasas en muchos Departamentos tras los
recortes de 2012 y la no reposición de los jubilados), reducir
su precariedad (elevadísima en la sanidad y en parte de la educación) y
planificar con tiempo el futuro, para afrontar las jubilaciones previstas y
las necesidades crecientes de muchos servicios públicos.
Y no solo se trata de planificar el futuro de las Administraciones
públicas y sus empleados. Otro reto es incorporar
a la juventud a la función pública, porque en una gran mayoría de
casos optan por las empresas privadas, generalmente porque pagan mejor. Y
cuando hacen una oposición, es muchas veces por asegurarse un empleo más
que por apostar por el servicio público, que lleva décadas
denigrado y poco valorado en España. Pero es importante que la Administración
pública del futuro cuente
con los jóvenes, que pueden aportarla innovación, digitalización y
modernización. Para eso, el camino del contrato de relevo, que un joven
sustituya a un empleado público o a un funcionario con experiencia es la mejor
escuela y una garantía de eficacia y calidad en los servicios públicos. Por eso, urge arreglar los problemas actuales y facilitar el
relevo laboral en la Administración pública.
